El Tribunal Supremo ha reprochado a la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles que utilizara hechos "retorcidos y falsificados" para presentar una querella, que fue redactada por el juez inhabilitado Elpidio Silva, contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por el presunto delito de prevaricación. Para los magistrados esto supone un "insulto para cualquier mediana inteligencia", por lo que ha multado a la asociación con 5.000 euros.

La mencionada asociación presentó en abril del año pasado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella en la que también se incluía a todos los vocales del órgano de Gobierno de los jueces y a magistrados de la Audiencia Nacional, por la condición de todos ellos de aforados. En ella denunció una supuesta "trama cuya única finalidad era la de colocar a magistrados afines al Partido Popular para que conocieran de las causas de corrupción de mayor calado que este partido político o sus integrantes tienen aperturadas en las instancias judiciales españolas".

El pasado 14 de enero, la Sala rechazó esta querella al entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. En este sentido, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que las discrepancias sobre "decisiones discrecionales" son legítimas, pero ello no puede "degenerar en una precipitada y alegre reconducción al territorio del delito de prevaricación administrativa, interpretando toda una secuencia de hechos como un estrafalario complot" entre múltiples cargos y autoridades.

Los magistrados, además, decidieron abrir una pieza separada al considerar que la interposición de esta querella puede ser un supuesto de abuso procesal y así poder estudiar si procede o no imponer una sanción intraprocesal. En un nuevo auto, con fecha del pasado 26 de julio y al que también ha tenido acceso Europa Press, el Supremo reprocha a la asociación que haya expuesto "hechos retorcidos y falsificados (quizás de forma inconsciente) para amoldarlos a una fantasiosa e imaginaria trama desplegada para conseguir presentar como delictivas actuaciones realizadas en el desempeño de las funciones constitucionales del órgano de gobierno de los jueces".

"Groseros Gazapos"

Por ello considera que elaborar una querella con "esos groseros gazapos", y que después se amplíe con más hechos que "se ligan arbitrariamente a aquellos", para tratar de justificar la criminalidad es un "acrobático y muy arriesgado salto no tolerable". Todo esto "supone un insulto para cualquier mediana inteligencia", añade el Supremo.

La Sala afirma que la existencia de precedentes de actuación delictiva de magistrados del alto tribunal o de vocales del CGPJ, o de titulares de otros altos órganos jurisdiccionales no justifica la interposición "de querellas gratuitas e infundadas". Así, asegura que de esta actuación de la asociación se "desprende un apenas disimulado aroma de instrumentalización del proceso penal para ponerlo al servicio de un, al menos aparente, aunque no fuese real, propósito de desacreditación de las instituciones".

Los magistrados reproducen parte del anterior auto en el que ya aseguraron que el "hablar de una conspiración relevante de número de cargos públicos" basándose en "suposiciones carentes de toda base y que rozan en momentos lo extravagante" suponía "traspasar las fronteras de lo razonable". Ahora señalan que es difícil encontrar en sus archivos un "supuesto tan paradigmático de abuso de la acción popular". Por esta razón justifican la multa de 5.000 euros impuesta a la asociación para "dignificar" la acusación popular que, según recuerda, es "una muestra de cauces de participación de los ciudadanos en un estado democrático".

Los taxistas de Madrid han iniciado este miércoles su décimo día de huelga. Después de llevar ante el presidente madrileño, Ángel Garrido, una nueva propuesta para regularizar la relación entre el sector y los vehículos VTC, los manifestantes han vuelto a congregarse frente a la sede del PP nacional, en la calle Génova.

En las negociaciones, estancadas desde hace varios días, los taxistas exigen medidas como que se establezca un tiempo mínimo en la precontratación de VTC —como ha aprobado la Generalitat en Cataluña—, pero la Comunidad de Madrid ha reiterado que no está dispuesto a negociar esa propuesta al considerarla una "línea roja". Los taxistas también exigen que cuando se contrate, el servicio de estos vehículos deba hacer un recorrido de, al menos, cinco kilómetros.

Ángel Garrido ha rechazado la propuesta por ser "un planteamiento aún más radical" y los taxistas han reaccionado congregándose en la Puerta del Sol y han cortado el tráfico en Gran Vía durante su marcha hacia Atocha: han anunciado que presentarán nuevos planteamientos a la Comunidad para "obligar" al Gobierno a negociar, pero en esta ocasión a través de una reunión, "no a través del plasma", porque el problema "sigue enquistado".

El portavoz de Élite Taxi, "Tito" Álvarez, y el abogado Elpidio José Silva han viajado este miércoles a Bruselas con la intención de trasladar a las autoridades comunitarias el conflicto y pedir la regulación de los VTC.

21.22: Un numeroso grupo de taxistas ha vuelto a cortar el tráfico en Gran Vía por segundo día consecutivo en su marcha hasta Atocha. Tras la concentración en Sol, parte de los manifestantes han subido por Montera y han invadido la calzada de Gran Vía. En Cibeles, un importante dispositivo policial ha encauzado la protesta para que el numeroso grupo caminara por la acera hasta Atocha, con efectivos desplegados en el carril bus del Paseo del Prado. En este tramo, el tráfico privado ha estado cortado durante unos 30 minutos aunque sí ha podido circular algún autobús. "Somos una marea", ha indicado uno de los taxistas congregados.

Tras esto, los taxistas tendrán una asamblea en la sede de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, en Vallecas, donde darán apoyo a los siete compañeros que mantienen una huelga de hambre desde el pasado viernes.

Para este jueves está prevista una nueva concentración en la calle Génova, en las inmediaciones de la sede del PP, y en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Se han pedido ya los permisos para concentraciones en estos dos puntos para los próximos siete días.

19.06: Las asociaciones del taxi de la Comunitat Valenciana reclaman al Gobierno regional que obligue a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que operan en la Comunidad a contratar sus servicios con plazo de antelación mínimo de doce horas. Así consta en el documento de propuestas para esta regulación que los taxistas valencianos han presentado a la Conselleria de Vertebración del Territorio de la Generalitat.

19.03: El Gobierno Vasco, la Federación Vasca del Taxi y representantes de las VTC en la Comunidad han acordado abordar una regulación para estos transportes canalizando en una mesa de diálogo las "exigencias y necesidades" de cada parte y renunciando a "todo acto que altere el orden público", según informó el Ejecutivo autonómico.

18.59: Las asociaciones del taxi de Madrid estarían dispuestas a presentar otra propuesta de regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a la Comunidad de Madrid, pero en esta ocasión a través de una reunión con el Gobierno regional para conocer sus planteamientos, "no a través del plasma", según el presidente de Élite Taxi Madrid, Sergio Vega, y el portavoz de la Federación Porfesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha indicado que los taxitas van a "obligar" a la Comunidad a negociar. Fúnez ha criticado que el "conflicto sigue enquistado" por parte del Gobierno regional con su decisión de no convocar al sector.

A su vez, ha lamentado que una persona como Garrido que no va a continuar en el cargo mantenga una actitud que se puede "cargar" el sector y habrá que ver si acaba en "otra puerta giratoria". "Lo que queremos es que nos convoque pero parece que ni están ni se les espera", ha apuntado sobre el Gobierno autonómico.

17.33: Los taxistas de Madrid reaccionan en la Puerta del Sol al rechazo de su propuesta al grito de 'Garrido dimisión'.

17.28: La patronal de los VTC, Unauto, ha considerado "temerario" el acuerdo entre las asociaciones de taxistas de Sevilla y el Ayuntamiento de proponer a la Junta que la futura regulación autonómica de los VTC supedite sus servicios a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y les sea obligatorio regresar a base tras cada porte.

Asimismo, Unauto avisa que se introducen "palos en la rueda, trabas y barreras burocráticas artificiales" a esta actividad, para así conceder "ventaja competitiva" al sector del taxi.

16.53: El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha manifestado su rechazo a la nueva propuesta de los taxistas para regular el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), al considerar que constituye un planeamiento "aún más radical" y que persigue la "eliminación de este sector".

Así lo ha indicado Garrido en una comparecencia ante los medios de comunicación tras analizar la propuesta de reforma regional de los vehículos VTC presentada este mismo miércoles por las principales asociaciones de taxistas.

13.50: Ciudadanos, también a favor de los vehículos VTC, ha pedido a los taxistas en huelga que "flexibilicen" su propio sector y que no plantee propuestas para "complicar la vida al sector de enfrente" ni a los usuarios. Lo ha expresado el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que ha tildado la décima jornada de huelga de los taxistas de "frustrarte" y "cansada" de ver "cómo cortan las calles y cómo complican la vida a los madrileños".

13.45:

 Desde el PP, muy críticos con las movilizaciones de los taxistas, su candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que los taxistas "tienen que valorar en su conjunto" que la Comunidad y el Ayuntamiento son los "únicos" que ponen "soluciones encima de la mesa" para solventar la huelga del sector.

13.15:

 En vista de las movilizaciones en Barcelona y Madrid, el Gobierno andaluz se reunirá este jueves con los taxistas para "analizar la situación del sector" y ver cuáles son sus demandas. Lo ha anunciado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

13.10:Ha finalizado la protesta de taxistas frente a la sede nacional del PP, en la calle Génova. Está previsto que esta tarde, a las 17:00, los huelguistas vuelvan a congregarse en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

13.00: La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado este miércoles que su formación no cederá al "chantaje" después de diez días de huelga de los taxistas. Además, ha señalado que "a lo mejor" esas protestas deberían dirigirse a la sede del PSOE en la calle Ferraz o el Ministerio de Fomento.

12.45:

 La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital trabaja en una ordenanza con la que plantea que los VTC se sometan al sistema de libranzas de los taxis. Carmena ha destacado que los taxistas "tienen una base de conflicto legítima, el incumplimiento de la Ley del Transporte, pero que los VTC son "necesarios". "Son una nueva manera de movilidad", ha sostenido. A los taxistas les ha mandado un mensaje "firme" para que "no haya violencia ni entre ellos ni con los VTC ni ocupando el espacio público", ha sentenciado.

12.30: Los taxistas de Madrid preparan una "gran manifestación" para reivindicar la defensa del servicio público en caso de que no haya una solución al conflicto actualmente abierto con los VTC. La movilización, que todavía no tiene fecha, prevé "compensar" a los usuarios por los perjuicios causados por la huelga, que ya dura 10 jornadas. El sector del taxi ha adelantado que están trabajando para coordinarse con otros sectores como el sanitario, la educación, plataformas de jubilados o de trabajadores con empleos precarios.

12.05:

 Según ha indicado el portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, las asociaciones de taxistas de la ciudad aseguran que no aceptarán que la contratación de VTC siga siendo inmediata para poder lograr un acuerdo que ponga fin a su paro y sus movilizaciones, si bien consideran que el sector ha "flexibilizado" su postura respecto a las reivindicaciones iniciales.

12.00:

 Además del recorrido mínimo de cinco kilómetros o la precontratación con una hora de adelanto, —que piden que cada municipio pueda ampliarla— los taxistas le han exigido a la Comunidad de Madrid que los VTC no puedan circular por la vía cuando terminan el servicio con la obligación de regresar a una base que corresponderá al domicilio que figure en la autorización de actividad. También piden que se suprima la geolocalización "hasta el arrendador acepte efectuar de forma expresa el trayecto".

El portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, este miércoles

11.55: Las normas y regulaciones que están aplicando las diferentes administraciones públicas en España para solucionar el conflicto entre taxi y VTC "contradicen el fondo y la forma de la legislación comunitaria", según el Informe Taxi/VTC y el derecho europeo del Instituto de Coordenadas. El documento apunta que estas normativas "no encajan" en el conjunto de leyes que trasponen al ordenamiento jurídico español las diferentes directivas y normas de carácter comunitario y que son de obligado cumplimiento por parte de los países de la Unión Europea.

11.50:

 En la concentración de taxistas frente a la sede central del PP, en la calle Génova, un grupo de manifestantes ha quemado una camiseta con el rostro del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Este martes en la Puerta del Sol los huelguistas quemaron otra camiseta con una fotografía de Garrido.

11.45:

 Mientras tanto, se ha disparado en España la descarga de las aplicaciones de vehículos VTC, Uber y Cabify desde que los taxistas están en huelga —primero pararon en Barcelona, donde ya finalizaron y después se les unieron los de Madrid—.

11.40:

 Díaz Ayuso también ha asegurado que podría decir que ha aguantado "cuatro escraches en dos días". Evidentemente, ha continuado, "es por todo el mundo" y ha indicado que empieza a "ser preocupante y molesto porque la ciudad entera está secuestrada". Y es que ha manifestado que si "se ponen de moda" las protestas, va a generar el "hartazgo general" de los ciudadanos y ha instado en pensar "en el bien común", haciendo énfasis en la gente que necesita moverse por la ciudad y que "también se juega el pan de sus hijos".

11.35: La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cree que la protesta de los taxistas empieza a ser "cansina" y muestra su apoyo al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, tras lo ocurrido ayer en la concentración de la Puerta del Sol, donde unos manifestantes quemaron una camiseta con su foto.

11.30: Los taxistas han vuelto a concentrarse frente a la sede del PP nacional, en la calle Génova de Madrid, que ha quedado cortada en ambos sentidos.

11.20:

 A primera hora de esta mañana y a través de las redes sociales, "Tito" y Silva han subido una foto de los dos juntos en el avión con el mensaje "Camino de Bruselas, Parlamento Europeo". Además de su presencia en el Parlamento Europeo, también se explora la posibilidad de que taxistas con sus vehículos también luzcan en Bruselas dicha reclamación.

11.15:

 El portavoz de Élite Taxi, "Tito" Álvarez y el abogado Elpidio Silva han viajado este miércoles a Bruselas con el objetivo de mostrar a las autoridades comunitarias la problemática del sector y la necesidad de regular la actividad de los VTC.

El portavoz de los taxistas Tito Álvarez y el abogado Elpidio Silva han viajado a Bruselas para pedirle a Europa que regule las VTC

11.10: En contra de las exigencias de los taxistas también se sitúa Ciudadanos. Albert Rivera comparó este martes la situación del taxi con la de los carteros: "¿Se imaginan una huelga de carteros para acabar con los emails?", dijo.

11.05:

 Garrido también ha señalado que parte del colectivo se está equivocando en las reclamaciones que se están pidiendo, así como en la elección de sus interlocutores, que está en manos de "radicales podemizados". "Hemos firmado decenas de acuerdos con todos los sectores", ha recalcado.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, durante un acto este miércoles

11.00: El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha advertido a los taxistas que no va a ceder al "chantaje" y ha aseverado que si pretenden eliminar al sector de los vehículos VTC, la respuesta va a ser "no". Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foto Justicia de ICAM, donde ha señalado que mirarán y revisarán el acuerdo puesto encima de la mesa por parte de los taxistas.

10.55: Especial beligerancia existe con el Partido Popular —que gobierna la Comunidad de Madrid—. Desde el taxi critican la pretensión del PP de liberalizar el sector y aseguran que el partido ha mostrado su cara "más radical". No han ayudado a la conciliación valoraciones como las del vicepresidente regional, Pedro Rollán y la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

10.50:

 En un principio, los taxistas exigían un mínimo de 6 horas de antelación para pedir un VTC, pero finalmente lo han dejado en una. El portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, asegura que "la diferencia de actividad marca que sea precontratación temporal", ha apuntado Fúnez para añadir que no quieren que la VTC "desaparezca" sino que aspira a que se "regule" con una ley y reglamento propio.

10.45: Entre las propuestas que este miércoles llevarán los taxistas ante la Comunidad de Madrid se encuentra la fijación de un recorrido mínimo de cinco kilómetros, o un tiempo mínimo de una hora para precontratar VTC. El tiempo mínimo ya se ha puesto en vigor en Cataluña —allí es de 15 minutos extensibles a una hora—. Con estas medidas pretenden evitar la competencia "desleal".

10.30: Este martes, después de concentrarse ante la sede del PP nacional en la calle Génova, los taxistas acudieron a la Puerta del Sol, donde encendieron bengalas, repitieron cánticos como "esta es una historia de puertas giratorias", e incluso quemaron una fotografía del presidente regional, Ángel Garrido.

10.05: Las negociaciones entre el sector del taxi y la Comunidad de Madrid se encuentran estancadas. Mientras que los primeros exigen que se establezcan medidas como estipular un tiempo y distancia mínimos en la precontratación de VTC, la segunda ha reiterado que no está dispuesta a negociar lo que considera una "línea roja".

10.00:

 Los taxistas de Madrid continúan este miércoles con la huelga que iniciaron el 21 de enero —es la décima jornada de paros— y a lo largo del día volverán a concentrase ante la sede del PP nacional, en la calle Génova, y en la Puerta del Sol —allí se encuentra la sede del Gobierno regional—, para exigir la regulación de los vehículos VTC.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará desde el próximo 13 de junio a trece testigos, entre los que se encuentra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, uno de los abogados de la infanta Cristina Miquel Roca, el directivo de Caixabank Jaime Giró y al de Banco Sabadell Gonzalo Barettino en la causa en la que investiga a Ausbanc y Manos Limpias por presuntos delitos de extorsión.

También han sido citados altos directivos de BBVA como Ignacio Moliner y Javier Ayuso [este ya no trabaja en el banco], así como el exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui, el presidente de Credit Services Francisco Javier López, el expresidente de Novacaixagalicia Banco José María Castellano Ríos, el directivo de Caixa Catalunya Joan Rafols Llach y los abogados Ramón Luis García Torre y Monserrat Trinidad Suárez Abad. El último en comparecer será el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez García.

Manos Limpias y Ausbac presentaron en su momento varias querellas contra Blesa, que fue enviado a prisión por el juez Elpidio Silva. Meses después, el caso Blesa, que fue excarcelado, se convirtió en el caso Elpidio Silva, y por el que el magistrado acabó inhabilitado para ejercer de juez. "¿A usted no le consta si antes de las querellas contra Blesa había habido una reclamación económica a Caja Madrid?", preguntó el fiscal que investiga en la Audiencia Nacional la trama, Daniel Campos, a Miguel Bernad, según publicó infoLibre. Este contestó: "En absoluto, lo desconozco de una manera total y absoluta, y lo niego rotundamente".

El magistrado investiga además la reclamación de un pago de tres millones de euros por parte de los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad, y Luis Pineda, para retirar la acusación contra la infanta en el caso Nóoscaso Nóos. Además, la causa afecta a la petición de un millón de euros a Unicaja para dejar de ejercer la acción contra uno de sus reponsables en el caso de los ERE.

Blesa, el 16 de junio

El juez ha citado para el 16 de junio a Blesa, para el 14 de junio a Miquel Roca, a Giró y Barettino para el 13 de junio, mientras que tomará declaración hasta el 17 de junio a varios responsables de comunicación de entidades bancarias que conversaron con Pineda. Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.

El juez sospecha que Pineda aprovechó la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias, alcanzar "acuerdos económicos enmascarados" en contratos publicitarios y conseguir un beneficio "personal" utilizando en su provecho a Manos Limpias.

Elpidio Silva, a quien encarcelar a Miguel Blesa le costó ser inhabilitado como juez, reaccionó este viernes con estupefacción tras conocer que la jueza que le sucedió en el juzgado 9 de Madrid ha dado carpetazo al caso del banco de Miami no solo sin hacerse previamente con un informe pericial "objetivo" sino "confundiendo" los propios datos aportados por Bankia, como desveló infoLibre este viernes.

El exjuez remacha que tampoco comprende por qué su sucesora ha dictado el sobreseimiento libre -definitivo- "sin tener en la mano el contrato de venta" del banco. Según Ausbanc, que ejerce la acusación popular en nombre de Manos Limpias y que recurrirá el archivo de la causa, ese contrato, cuyo original se redactó en inglés, estaba siendo ya traducido. 

"No puedes archivar una causa con informe de parte interesada", afirmó Silva en declaraciones a infoLibre y en referencia a Bankia. En su opinión, la entidad que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri era "la más interesada en el archivo para que la venta del banco de Miami [el City National Bank of Florida, recién adquirido por el BCI chileno] no se viese sombreada por la criminalización" de una investigación por presunta administración desleal.

"Obviamente -concluye el ahora abogado- tienes que ir a un perito objetivo" para conocer el valor real del perjuicio económico que la compra del banco americano, efectuada en noviembre de 2008, ocasionó a Caja Madrid primero y a Bankia después.

Pero, además -advierte Silva- "si Bankia te está diciendo que ha perdido 120 millones y la juez dice que hubo un saldo negativo de 2,5 millones eso significa que se ha equivocado al leer la información, la ha trastocado y ha confundido unos valores contables con otros".  

Como ha informado este diario, la jueza Esperanza Collazos dictó el sobreseimiento libre -es decir, definitivo- esgrimiendo de forma errónea uno de los datos contables que Bankia le había facilitado en marzo. Según la jueza, la operación del banco de Miami tuvo un resultado prácticamente "neutro" al registrar un saldo negativo de 2,5 millones. En realidad, el informe que Bankia le había aportado en marzo reflejaba que el perjuicio había alcanzado 119 millones.

El informe de la entidad precisaba cuál había sido el precio de compra del banco de Miami (833 millones de euros) y cuál el de venta (714 millones), con lo que, incluso sin tener en cuenta los fondos provisionados luego -es decir, los más de 500 millones que Bankia reservó en sus cuentas para compensar el deterioro del valor del banco-, la pérdida ya asciende a 119 millones. 

En otro apartado de ese informe, Bankia detallaba los números de una operación posterior y distinta a la de compra del banco y consistente en la adquisición de unos préstamos del banco de Miami por 79 millones de dólares. Es esa operación, cerrada en diciembre de 2010, la que arrojó un saldo negativo de 2,5 millones de euros.

En conversación telefónica con este diario, Silva llamó la atención sobre una coincidencia temporal: "Hace unos días -rememora el jurista- se publica que el banco está ya vendido y a los pocos días se publica el archivo de las diligencias. ¿Es una casualidad o se ha esperado a que se venda para no perjudicar esos valores o lo que ha sucedido tiene sencillamente que ver con que la jueza no se entera de cuáles son los movimientos contables?"

El exjuez se refiere a cómo la autorización definitiva de la Reserva Federal de EEUU para que Bankia traspasase el City National Bank of Florida al grupo chileno BCI se produjo el 21 de septiembre pero no trascendió en España hasta el viernes de la semana pasada, 16 de octubre. Y a cómo, tres días más tarde, el lunes 19 de octubre, la jueza dictó el sobreseimiento, aunque no se conoció hasta el miércoles. 

El viernes 16, Bankia informó de que la operación había quedado desbloqueada. Y lo hizo con una nota que cifra en 117 millones la plusvalía neta.

En realidad, esa plusvalía solo existe en los libros. Es decir, se trata de un fenómeno de ingeniería contable -perfectamente legal y habitual en los balances- que se explica justamente por los 514 millones de euros que provisionó en sus cuentas para la partida del banco de Miami. Pero en términos contantes y sonantes, la realidad es otra: la operación le ha costado a Bankia los 119 millones de diferencia entre el precio de compra y el de venta más, como mínimo, esos 514 millones de dotación contable.

Según la jueza, la operación arrojó para Bankia un saldo negativo de 2,5 millones. En realidad, y teniendo en cuenta las cifras aportadas al juzgado por la propia Bankia, muy inferiores a las que maneja la acusación popular, la pérdida real alcanzó los 120 millones de euros.

Los 2,5 millones que menciona Collazos se refieren a una operación tangencial y muy posterior a la de compra, y así lo especifica el informe de Bankia que Collazos tenía en su poder desde marzo.

Pero dado que la juez cuantifica en solo 2,5 millones el saldo negativo y no en los 120 que admite Bankia, en su auto despliega un razonamiento exculpatorio para Blesa: "Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico ni para los socios, ni depositarios, ni cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren de [sic] Caja Madrid".

Titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid, Collazos asumió la investigación del caso una vez defenestrado Elpidio Silva, a quien encarcelar dos veces a Miguel Blesa le terminó costando la pérdida de su condición de juez tras una condena que fue ratificada por el Supremo.

El auto por el que Collazos exonera a Blesa al archivar de manera definitiva las diligencias abiertas por presunta administración desleal se sustenta sobre varios pilares. Y uno de ellos, justamente el relativo a si la compra del banco de Miami entrañó o no perjuicio económico, cuestión esencial en el delito de administración desleal, es un pilar de barro. O sea, directamente falso. 

Porque el auto sostiene que aquella operación de compra, cifrada en 833 millones, alcanzó finalmente un resultado "prácticamente neutro" que terminó por registrar el ya citado saldo negativo de 2,5 millones de euros. La operación, opina la jueza en su resolución, "incluso tuvo resultados positivos" por cuanto Bankia acabó recibiendo tres ofertas de recompra del banco de Miami.  

Pero no es así. Portavoces de Bankia confirmaron este jueves a infoLibre que los 2,5 millones de saldo negativo que computa la juez se refieren exclusivamente a una operación distinta, de mucha menor entidad que la de compra y acometida dos años después, en diciembre de 2010, tal como especificaba el informe entregado a Collazos en marzo. 

Las mismas fuentes corroboraron que la diferencia —es decir, la pérdida o perjuicio contante y sonante— entre el precio de compra del banco de Miami y el de venta figuraba en ese mismo informe: 833 millones de euros fue el precio de adquisición y 714 millones de euros, el de venta. Es la resta de ambos dígitos la que conduce a la cifra de 119 millones. O a 120 en números redondos.

Si se tienen en cuenta los 2,5 millones de saldo negativo que registró la operación por la que Bankia destinó en diciembre de 2010 a adquirir préstamos del banco de Miami, la cuenta empeora. Y lo hace incluso si se prescinde de los llamados provisionamientos de fondos. O, lo que es lo mismo, el dinero que la entidad fue reservando en sus cuentas para compensar el deterioro del valor del banco de Florida.

Estos últimos aparecen en la primera página de un informe del comité de desinversiones de Bankia fechado en mayo de 2013 y también incorporado al sumario. "Dotación contable: 514 millones de euros", se lee en el primer cuadro visible. Si se suman los provisionamientos de fondos a la diferencia entre el precio de compra y el de venta, la pérdida real para Bankia es, claro, muy superior y se coloca por encima de los 600 millones de euros. 

Un informe de dos páginas

El informe entregado por Bankia al juzgado 9 de Madrid el 6 de marzo de este año consta de dos páginas más una previa de presentación dirigida a la jueza. En su primer punto -"A- Adquisición de la Participación"- , incorporaba un cuadro. Y en ese cuadro figuraban como valor de compra los 833 millones de euros ya señalados.

Inmediatamente después, y bajo el epígrafe "B- Desinversión", el informe incluía el siguiente aserto: "En la hipótesis de que la conclusión y liquidación financiera de la venta tuviera lugar el 24 de marzo próximo, Bankia deberá contabilizar como importe de venta un total de 714 millones de euros".  

Finalmente, la Reserva Federal de EEUU autorizó la venta en septiembre a un banco chileno. Y, aunque Bankia no ha difundido a cuánto se eleva finalmente la pérdida real —la plusvalía neta declarada de 117 millones, es pura ingeniería contable aunque perfectamente legal—, sus portavoces conceden que no hay gran diferencia respecto de lo que manifestaba el informe de marzo.

Es el cuarto apartado del informe de marzo —el tercero, de dos líneas, carece de interés— el que contiene el entrecomillado que la jueza Collados utilizó erróneamente en favor de Blesa. Titulado "D-Otros impactos", ese punto aborda la compra por parte de Caja Madrid, en diciembre de 2010 y por 79,3 millones de dólares, de unos préstamos del banco de Miami para "reforzar" su estructura de capital".

Y es aquí donde el informe de Bankia dice lo siguiente: "Como se puede comprobar por los datos del cuadro, el resultado económico final de este acuerdo en particular ha sido prácticamente neutro registrando un saldo de -2,5 millones de euros equivalentes a los gastos de recuperación de los préstamos".

Del entrecomillado anterior, "perjuicio económico" para la caja ni sus accionistas, factor esencial en el delito de administración desleal, que era el que se investigaba. La operación, escribió Collazos, "incluso tuvo resultados positivos".

A renglón seguido y en apoyo de esa tesis, la titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid transcribió parte del informe entregado en marzo por Bankia y según el cual "el resultado económico final de este acuerdo en particular ha sido prácticamente neutro registrando un saldo de -2,5 millones de euros equivalentes a los gastos de recuperación de los préstamos".

Falsedad documental en el aire

La jueza dictó este miércoles el sobreseimiento libre -es decir, definitivo y no sujeto al hallazgo de nuevos indicios de delito- del caso del banco de Miami sin haberse pronunciarse sobre si el antiguo secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, debía o no ser imputado por falsedad en documento mercantil.

La imputación de De la Torre había sido pedida el día 5 de este mes de octubre por la acusación popular que Ausbanc ejerce en nombre del colectivo Manos Limpias. Ausbanc anunció este jueves que recurrirá el archivo del caso.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias de investigación del conocido como caso City National Bank of Florida.

Precisamente, el exmagistrado Elpidio José Silva, que fue expulsado de la carrera judicial, acordó el ingreso en prisión de Miguel Blesa en el seno de esta investigación. Según un informe del Banco de España, con esta inversión Caja Madrid podría haber perdido cerca de 500 millones de euros.

La magistrada afirma en su sentencia: “Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico (en la operación denunciada), ni para los socios, ni depositarios, ni cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren de Caja Madrid”.

Este es el motivo por el que la magistrada acuerda, después de las “muchas diligencias que han sido practicadas”, que estas deben ser archivadas dado que “las actuaciones acreditan que los hechos objeto de la causa con son constitutivos” de los tipos penales (delito societario y administración desleal, entre otros) objeto de la denuncia.

“A esto hay que añadir los eventos producidos desde la operación, que corroboraron que la operación no fue arriesgada sino que, incluso tuvo resultados positivos, al constar según informe que emitió el FROB, el City National Bank of Miami recibió tres ofertas de adquisición, incluso españolas”, completa la magistrada.

Además, la jueza cita un informe de Bankia que concluye que el resultado económico final de este acuerdo en particular ha sido “prácticamente neutro” registrando un saldo de menos 2,5 millones de euros equivalentes a los gastos de recuperación de los préstamos. “En dicho informe, muy clarificador, se incluyen no solo en precio, sino la compensación financiera por el retraso en la liquidación de la transacción”, según la sita de la jueza Esperanza Collazos Chamorro.

"Este verano estoy leyendo sobre el tema de moda, que es la corrupción", asegura el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Y por ello, el dirigente recomienda hasta tres ensayos relacionados con el asunto: La hora de la verdad, del periodista Jesús Cintora; Código Mariano, del politólogo Antón Losada; y La verdad sobre el caso Blesa, del juez Elpidio José Silva.

Las tres obras, explica Revilla, tienen en común una conclusión: que en España "hay una cierta impunidad con estos delitos, porque la Justicia funciona con mucha lentitud, está muy politizada y además hay barra libre para grandes capitales a través de los paraísos fiscales, donde las grandes empresas camuflan parte de sus beneficios", denuncia el presidente de Cantabria. La crítica, resume Revilla, se resume en que "la economía está totalmente dirigida por los grandes poderes económicos".

El ensayo de Cintora se nutre de entrevistas con políticos como Pablo Iglesias y Albert Rivera, economistas como José Carlos Díez o la periodista de infoLibre Alicia Gutiérrez. Código Mariano, por su parte, supone una deconstrucción de la figura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que en La verdad sobre el caso Blesa el juez Silva relata, según la editorial, la "historia de terrorismo político y económico, de corrupción y estafa sistemáticas" acaecida, a su juicio, en Caja Madrid desde que Miguel Blesa ocupó su presidencia.

La hora de la verdad. Jesús Cintora. Espasa. Madrid, 2015. 276 páginas. 19,90 euros.

Código Mariano. Antón Losada. Roca Editorial. Barcelona, 2014. 160 páginas. 9,95 euros. 

La verdad sobre el caso Blesa. Elpidio José Silva. RBA. Barcelona, 2015. 400 páginas. 20 euros.

La Sala ha estimado el recurso de apelación que fue presentado por la defensa del imputado contra el auto de la instructora Susana Polo que acordaba transformar las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, contra el juez que envió a Blesa en dos ocasiones a la cárcel.

En un auto, dictado el pasado 9 de julio, los magistrados José de la Mata, Eduardo Gutiérrez e Ignacio José Fernández Soto reconocen que había "algo más que sospechas o conjeturas" sobre la autoría de Silva para investigarle y que es "incuestionable que a día de hoy es la única persona sobre la que se han vertido indicios de estar detrás de la divulgación pública del contenido de correos con conversaciones privadas que estaban sujetos a secreto sumarial".

Sin embargo, afirman que solo hubo dos testigos que le atribuyeron la filtración y que sus testimonios no tienen la suficiente "calidad" ni el "grado de racionalidad" preciso como para soportar la acusación sin haber más elementos que enerven su presunción de inocencia.

Se trata de dos mujeres que mantuvieron sendas relaciones sentimentales con Elpidio Silva y que se conocieron en Twitter tras sospechar que el imputado les era infiel. Los jueces afirman que ambas dieron una "versión similar" sobre cómo el entonces instructor del caso Blesa se jactaba de conservar los emails en un pendrive y "tener el caso en una habitación de color verde". "Sin embargo, no comprobaron la realidad de tales afirmaciones, que el juez tuviera los datos en dicho soporte y que tuviera guardada copia de la causa en el domicilio", añade el auto.

Los magistrados creen que en la declaración de una de las mujeres, a la que se reconoció su condición de testigo protegido, concurren "importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio".

Esta manifestó que el imputado la sometió a "vejaciones" y le acusó de ser "una enviada de Blesa que quería matarle porque no fue a comprarle una medicina para la tensión". Añadió que Silva era partidario de "empezar a poner bombas" y presumía de "haber matado gente en la guerrilla colombiana cuando tenía 17 años y que tenía un teléfono secreto" para hablar con "altos dirigentes de países como Venezuela".

Para los magistrados, sus manifestaciones son de "dudosa credibilidad" y es además "extraño" que fuera testigo "privilegiado" de unas supuestas reuniones en las que Silva hablaba de la entrega de los correos a cambio de dinero cuando ambos mantenían una relación "conflictiva".

La segunda testigo relató que Silva le dijo que guardaba una copia de los emails, le mostró una habitación verde "llena de papeles" en su casa y le manifestó que "estuvo en la guerrilla porque se marchó con 18 años tras discutir con sus padres". Los magistrados entienden que su testimonio no ofrece "datos útiles" sobre la culpabilidad del acusado y que su referencia a la magia negra que practica el acusado "revela un carácter crédulo y sugestionable".

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado archivar la causa abierta por la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid y defiende que es necesario comprobar si la adquisición incluyó un sobreprecio de 450 millones de euros. En su opinión, si esto se demuestra, Blesa podría haber causado "menoscabos directos, importantes y económicamente cuantificables a la sociedad española, obligando a todos los ciudadanos a realizar serios y prolongados sacrificios".

En un auto, la Sección 15 de la Audiencia resuelve los recursos presentados contra la imputación de Blesa y otros exdirectivos de Caja Madrid por un delito de administración desleal y recuerda que la entidad atravesó "una delicada situación" que llevó a que hubiera que aportar una "importante cantidad de fondos públicos para poder solventar la seria crisis de solvencia en la que terminó incurriendo".

Los jueces madrileños aceptan parcialmente los recursos y levantan la imputación de cinco altos cargos: los miembros del Comité Financiero Juan Bartolomé, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo y Matías Amat. En el caso de Blesa, consideran no obstante que, como "máximo responsable" de Caja Madrid, "necesariamente hubo de tener una intervención determinante en la decisión cuya legalidad penal se cuestiona".

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga la relevancia penal en la adquisición por parte de los responsables de Caja Madrid del City National Bank of Florida en 2008 por valor de 1.134 millones de dólares.

La magistrada Esperanza Collazos relevó al frente de la investigación al exjuez Elpidio José Silva, quien encarceló en el curso de esta causa al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en dos ocasiones durante la primavera de 2013.

Bankia vendió en mayo de 2013 el City National Bank de Florida por 882 millones de dólares, unos 682 millones de euros. Caja Madrid había en abril de 2008 el 83% del que fuera el sexto mayor banco privado del estado de Florida por un importe de 927 millones de dólares, un desembolso al que se sumaron otros 190 millones de dólares en 2010.

Recientemente confirmada por el Supremo la sentencia que expulsa a Elpidio Silva (Granada, 1959) de la carrera judicial, el exjuez que primero investigó los correos secretos de Miguel Blesa y envió a prisión provisional al financiero por su ruinosa gestión de Caja Madrid, publica su segundo libro, La verdad sobre el caso Blesa (RBA).

Y lo hace teniendo ante sí un horizonte penal aún más inquietante: una eventual condena a prisión, esta como presunto responsable de la filtración de los correos secretos de Blesa, adelantados por infoLibre y parte de los cuales ya ha incorporado la Audiencia Nacional al caso Bankia, entidad a la que Silva define en su nueva obra como "un delta de incertidumbres".

Blesa, escribe Silva disparando el dardo, tenía una doble misión en Caja Madrid: "Por una parte, debía gestionar la tercera entidad bancaria del Estado español bajo estrictos criterios de rentabilidad y marca reputacional. Por otra parte, debía repartir favores y privilegios entre los elegidos por el Régimen". Y ahí, esa es su tesis, estriba la clave de lo sucedido: "Si chocaban los amigos con los intereses de Caja Madrid, prevalecerían los primeros".

Con una condena sobre sus espaldas y la conciencia de que no sólo sus enemigos van ganando sino que lo que ahora está en juego no es su carrera sino su libertad, Silva exhibe en esta entrevista con infoLibre un comedimiento mayor o más visible que el acostumbrado.

Pero eso no le impide definir como "montaje” la acusación lanzada contra él por una supuesta testigo "espontánea" que entre otras cosas le atribuye nada menos que la práctica de magia negra. La Policía desacreditó a esa testigo. Pero, argumenta Silva, un potente motor ha mantenido la causa en marcha: una denuncia de José María Aznar, el "amigo" de Blesa, como repite una y otra vez en esta segunda crónica sobre los desmanes en Caja Madrid. “El montaje –dice el exjuez– ya sólo se podía sostener si la persona que estaba detrás de todo esto firmaba. Ya no bastaba la firma del fiscal Manuel Moix. Hacía falta otro tipo de sostén, la denuncia de Aznar”.

PREGUNTA: Cuando publicó su primer libro sobre lo sucedido en Caja Madrid, La justicia desahuciada (Península), usted tenía una gran confianza en que no le condenarían. Pero le condenaron. Y La verdad sobre el caso Blesa llega a las librerías cuando el Supremo acaba de ratificar esa condena, que ha terminado con su carrera como juez. ¿Cómo se siente?La justicia desahuciada (Península)La verdad sobre el caso Blesa

RESPUESTA: Lo que ha ratificado el Supremo es que no hay justicia en España. Esto no lo digo yo, sino que lo saben ya varios organismos internacionales. Estamos esperando que salga la lista de magistrados con cuentas en Suiza, creo que son varios centenares de…

P.: … ¿Se refiere a la lista de los 715 políticos, jueces y altos funcionarios que se acogieron a la amnistía fiscal y sobre los que Hacienda ha pedido al Sepblac, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que investigue si blanquearon dinero ilícito? lista de los 715 políticos, jueces y altos funcionarios

R.: Sí, es muy importante saber qué pasa con la Justicia española, en qué historia estaba metida, qué quiere decir ser magistrado del Supremo en España, a qué pactos se llega o no se llega… Porque lo que no puedes comprender, y por eso yo entendía que nunca iba a ser condenado, es que para una persona en particular cambies una jurisprudencia pacífica de decenas de años. Han cambiado la jurisprudencia sobre prevaricación…

P.: ¿No se cambió en la práctica ya con la condena a Baltasar Garzón?

R.: No, no. Ahora lo que han venido a decir es que para prevaricar no hace falta que dictes una resolución manifiestamente injusta. Se inventan ahí una doctrina que no tiene el menor fundamento, una doctrina según la cual basta que haya unos elementos subjetivos que ellos deducen de lo que dicen unos testigos que entran en contradicción con ellos mismos y con otros y que ni siquiera dicen que yo prevaricaba, que yo iba contra Blesa.

Lo que dicen es que yo no les atendía bien, que no les preguntaba correctamente…. ¿qué es eso?, ¿cómo pueden montar una prevaricación con eso? Que yo sepa, a los jueces que han interrogado a etarras de una manera que pudiera ser cuestionada nadie los ha acusado de prevaricación, ¿o sí?

P.: O sea, que no sólo no discrepa de ella, sino que le resulta difícil entender la condena.

R.: Es que no entendemos nada porque además ese juicio no tiene sentido. Jamás, que yo sepa, a una persona se le ha admitido una prueba, como ocurre con los correos de Blesa en este caso, para luego impedirle verla. Si tú admites como prueba a un testigo y luego dices: “Bueno, se admite pero el testigo no declara, ¿eh?”, eso es un mal chiste, ¿no? O te admiten un cuchillo como prueba pero no te dejan que analices el ADN.

Eso ha pasado con los correos de Blesa: se admite la prueba y sin embargo no los hemos podido ver. Eso sabotea todo el proceso de una manera tan grande que yo no entiendo nada. Es una causa de nulidad profunda como otras. Por ejemplo, no entiendo por qué me juzgó el Tribunal Superior de Justicia Madrid dado que ya no era juez.

P.:Usted ve entonces confirmados sus temores de que le perjudicaba que le juzgase el TSJM y no un tribunal ordinario.

R.: Claramente. Pero no lo digo yo, lo dice el propio Arturo Beltrán [presidente del tribunal que juzgó a Silva en el primer juicio, que no llegó a culminarse, y en el segundo]. Acuérdese que se abstuvo motu proprio y se le rechazó la abstención. Se abstuvo porque él mismo estuvo resolviendo temas del juicio anterior que quedó anulado [por la presencia en el tribunal de una antigua consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa, la juez María Tardón]. Y lo hizo porque el mismo juez no puede intervenir varias veces en la prueba.

P.: Pero paradójicamente fue el único que pidió su absolución.

R.: Sí, pero eso es otro tema. Que un juez pida la absolución no sana todas las nulidades que hay porque entonces todo sería tan sencillo como hacer un voto particular estratégico para salvar al tribunal y eso sería un delito de fraude procesal mayúsculo.

P.: Mire, me pareció que su primer libro tenía mucho de ajuste de cuentas con Blesa y con quienes emprendieron el primer proceso contra usted mientras que en La verdad sobre el caso Blesa hay más de vindicación de lo que hizo al investigar al financiero y su gestión. ¿Es así?La verdad sobre el caso Blesa

R.: Hummm, no. Yo lo que quería y lo que quiero es que la gente tenga la oportunidad de leer en 400 folios la verdad de lo que ha ocurrido aquí, sabiendo que la verdad es patrimonio de muchísima gente, no de uno solo. Pero creo que puedo ofrecer una visión muy directa de todo aquello.

P.: No hay ninguna gran revelación inédita sobre el banco de Miami. ¿Qué ha pasado?

R.: Yo he querido ser objetivo. Por tanto, lo que con datos objetivos no es contrastable no lo he dicho. Y sabe perfectamente que no lo puedo decir porque no se investiga.

P.: Pero usted había sugerido de manera muy abierta que en el banco de Miami había conexiones con Aznar y su yerno, Alejandro Agag.

R.: En el libro cito esas conexiones pero hay un problema, que como no tengo los correos no los puedo utilizar. Cuando yo decía que lo iba a contar todo, todo, lo que jamás me pude imaginar es que no me iban a dejar ver los correos, pero no los tengo. No obstante, creo que marco los raíles. Es decir, ¿cómo es posible que se declare nulo el caso Blesa [nucleado en torno a los créditos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán] y que sin embargo siga adelante el caso del banco de Miami?

P.: ¿Y cuál es la explicación?

R.: Mire, jurídicamente podríamos organizar congresos enteros sobre esto y no nos enteraríamos porque las mismas causas que hay para entender nulo uno existen para entender también nulo el segundo. ¿Por qué este sí se salva? Porque tiene que ver con un elemento político muy importante que Blesa y su equipo se saltan al comprar el banco. El caso se salva porque ese elemento, esa jefatura política del asunto, la que la Comunidad de Madrid ejerce como propietaria de la Fundación Caja Madrid, no tolera que alguien compre cosas sin una autorización que no se iba a dar, la suya.

P.: ¿Lo que está queriendo decir es que el Gobierno madrileño ha mantenido viva la causa por la compra del banco de Miami?

R.: Quiero decir lo que estoy diciendo: que cuando hay una infracción grave que tiene que ver con que te saltas al que manda políticamente, eso no se perdona.

P.: ¿Y quién no ha perdonado aquí?

R.: La Comunidad de Madrid, la gobierne quien la gobierne, no tolera que le hayan quitado la caja, que se haya gestionado mal y que se archive una causa que…

P.: Pero entonces lo que está diciendo es que la presión política de la Comunidad de Madrid mantiene abierta esa causa. ¿Es así?

R.: Digo que la Fiscalía valora que la infracción relativa a saltarte al propietario es una línea roja y ahí no archivamos. Igual que no había que haber archivado el caso Blesa, pero ahí no hay ninguna autoridad política de por medio.

P.: Le veo midiendo sus palabras con un tono de prudencia muy marcado. ¿Habrían sido distintas las cosas de haber sido esa su actitud en el juicio? En su nuevo libro escribe usted que necesitaban dibujar a “un justiciero desquiciado que, dinamitando todas las garantías judiciales, encarceló a un inocente”.

R.: Se equivoca totalmente en eso de la prudencia. Porque si yo hubiera seguido la línea que seguí para anular el juicio ahora no estaría condenado. Ese tribunal siempre fue machacable.

Yo fui una persona desamparada en ese juicio. Lo que verá cualquier francés que sepa de esto, cualquier islandés o belga o noruego es lo siguiente: “¡Qué espectáculo más deshonroso! No dejan al juez defenderse. El juez no sabe ya qué hacer y tiene que ponerse a defender sus derechos porque su aparato de defensa no vale nada, tiene un abogado que se quiere ir y el presidente del tribunal no le deja irse”.

P.: ¿No hubo entonces paripé en esa decisión de que su primer abogado, Cándido Conde-Pumpido hijo, abandonase su defensa?R.: Cándido Conde-Pumpido hijo, abandonase su defensa

En absoluto. No hubo paripé. No podía seguirse el juicio adelante porque el tribunal estaba tocado. No hubo paripé desde el momento en que el tribunal para el juicio.

Y lo que el francés o el belga o el noruego de antes piensan es: “Cuánta razón no llevaría el ajusticiado para que el tribunal, que no estaba precisamente muy inclinado a parar el juicio, tuviera que hacerlo”. Todo está grabado y hay una instancia europea a la que acudir.

P.: ¿Irá finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

R.: Sí, si el Constitucional no nos da la razón. Le hemos dicho al Supremo que reconsidere su decisión y lo anule todo, trámite que no tiene ni pies ni cabeza pero que es el que se ha establecido. Y si el Supremo no lo hace iremos al Constitucional.

P.: Y en medio tiene otro frente abierto, peligroso para usted: la causa por revelación de secretos, en la que se le atribuye haber difundido los correos secretos de Blesa y en la que la principal testigo de cargo le acusa a usted nada menos que de haberle hecho magia negra. ¿Correcto?

R.: Es incorrecto. Porque me acusa de la magia negra, de que le doblé un tobillo estando a 500 kilómetros de distancia, de que he participado en la guerrilla de las FARC siendo juez… Verá, mis viajes son perfectamente verificables pero es que, además, es muy difícil participar en una guerrilla en periodos vacacionales porque las guerrillas pues tienen digamos que unas logísticas… En fin.

Esto en Colombia se conoce como testigo falso corrupto, el testigo falso que se busca dentro del aparato de la corrupción. Aquí estamos hablando de unas diligencias de Moix [Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid] que ya de por sí son insólitas y políticas al cien por cien. Esas diligencias van al aparato policial y, creo que no con una gran comodidad, la Policía dice: aquí no hay nada, archive.

P.: ¿Y si la Policía dice que no, por qué ha seguido adelante la causa?

R.: Aquí ha pasado lo siguiente. Como si se tratase de un ritual previamente concebido, en primer lugar, abrió diligencias penales de oficio la Fiscalía y, a la semana, formuló una denuncia Aznar, el 26 de diciembre de 2013. Pasadas las navidades, el 16 de enero de 2014, apareció una testigo supuestamente espontánea.

Pero esto es inconcebible si reparamos en que esa testigo formula denuncia a las siete de la tarde en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A esas horas y en ese lugar, no cabe hablar de hechos espontáneos sino, más bien, de una declaración que, de alguna manera, ya se había preparado.

De hecho, aunque la Policía dijo que no concurrían indicios de imputación por la filtración de los correos, sin embargo, se continúa con las diligencias adelante.

P.: ¿Y qué tiene que ver en eso la denuncia de Aznar?

R.: La denuncia de José María Aznar dice claramente lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando es que el montaje ya sólo se podía sostener si la persona que estaba detrás de todo esto firmaba.

Ya no bastaba la firma de Moix. Para que prosiguiesen unas diligencias judiciales sin el menor fundamento, hacía falta otro tipo de sostén: la denuncia de Aznar. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Usted ve a los presidentes del Gobierno poniendo denuncias por ahí?

Aznar pone una denuncia que no tiene fundamento alguno. De hecho, así lo concluyó expresamente la Policía ¿La firma de Aznar suple el trabajo de la Policía? Mi anterior abogado, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ahora diputado andaluz de Podemos [y vicepresidente tercero del Parlamento autonómico], llegó a indignarse. Entonces, no sólo no se archiva sino que siguen adelante y piden ya cárcel.

P.: ¿Teme que el fiscal reclame una condena que obligue a su ingreso en prisión?

R.: Sí. Estamos esperando que el fiscal presente su escrito de acusación pero podría pedir cuatro años.

P.: ¿Y cuánto le pueden pedir a Blesa en el 'caso Bankia' o en el del banco de Miami?

R.: Según cómo se interprete, pero de dos a 12 años.

P.: O sea, ¿me está diciendo que puede terminar ocurriendo que a Blesa le pidan menos años de cárcel que a usted?

R.: Ah, sí. Pudiera acabar ocurriendo que no le pidan nada porque se archive todo. Porque, que yo sepa, no hay un solo escrito de acusación contra Blesa. Yo creo que todo es posible en España.

P.: Durante mucho tiempo usted ha sostenido que el expresidente de Caja Madrid se sentía impune. ¿Aún lo cree?

R.: Yo creo que sí. Lo dicen los datos.

P.: Pero ahora está imputado también por la Audiencia Nacional en el 'caso Bankia'. 

R.: Han pasado dos años, ¿y qué ha ocurrido? Las imputaciones son para algo, no son para decir “te nombro imputado” y ahí te quedas. En cualquier país normal, las cosas marchan a un ritmito, esa es la esencia de la Justicia. Hablamos de un poder del Estado, por muy denostado que esté, en parte por lo que me ha pasado a mí, pero un poder al que hay que facilitarle lo que pida para que ocurra como en otros sitios: que, como mucho en poco más de un año en casos complicados, se acusa o no se acusa, se archiva o no se archiva, va a juicio o no va, enjuiciamiento y sentencia.

P.: ¿Quiere usted decir que aquí se eternizan las investigaciones?

R.: Es algo más que eternizarse, es que no se sabe lo que hay. El mundo del Derecho, de la Justicia, se parece en España a esa cosa que nunca se ha definido correctamente por los teólogos que es el limbo. ¿Cómo no se va a sentir tranquilo Blesa en este marco?

P.: Justo ahora infoLibre está desvelando que Caja Madrid repartió dinero a espuertas entre fundaciones de todos los partidos, sindicatos y hasta a la Iglesia. ¿Sabían los partidos lo que ocurría?repartió dinero a espuertas entre fundaciones de todos los partidossindicatos Iglesia

R.: Los partidos tienen aquí una responsabilidad que hay que considerar relativa. Habría que analizar a esta gente que estaba en Caja Madrid cómo utilizaron el salvoconducto de su pertenencia a un partido para llegar la entidad.

Analizar a personas, por ejemplo a Virgilio Zapatero, expulsado del PSOE. Da la casualidad de que su hermano, Justino Zapatero, es teniente fiscal e inspector de fiscales. Hay que investigarlo porque aquí hay personas concretas.

¿Sabía la cúpula del PSOE de ese probable nicho criminal que era Caja Madrid? Pues no lo sé, pero puede que no lo supieran. Estamos hablando de una actividad oscura. ¿Había signos, indicios…? No era fácil saber lo que pasaba ahí dentro. Ahora lo sabemos pero no podemos caer en el espejismo de que entonces lo sabían. Para mí, hay que investigar primero a las personas, para mí, por ejemplo, Virgilio Zapatero es la persona, no el PSOE…

P.: ¿Y por qué ha enfilado justamente a Virgilio Zapatero?

R.: Pues porque es muy importante saber aquellas personas que estaban en el PSOE que no hicieron un uso adecuado del salvoconducto del partido y porque su hermano no es un fiscal de destacamento sino teniente fiscal. Hay unas tramas de personas que hay que investigar en España.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 17 años y medio de inhabilitación impuesta al exjuez Elpidio José Silva por un delito de prevaricación continuada cometido durante su investigación sobre el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.

El alto tribunal ha rechazado el recurso presentado por el exjuez contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que supone la confirmación de la sentencia en todos sus términos. La resolución del tribunal madrileño impuso también al juez inhabilitado el pago de una multa de 6.310 euros y el pago de 10.000 euros a Díaz Ferrán por daños morales.

El tribunal le acusó de adentrarse en una "inquisición general" contra Blesa, extralimitándose en sus funciones, sin motivar sus resoluciones y actuando con una "execrable" parcialidad a favor de la acusación ejercida por Manos Limpias. "Le importaba poco la ley", dice.

"Desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión de Blesa al frente de la caja, adentrándose en una inquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías", determinó el tribunal.

La juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo considera que hay indicios suficientes de que el exjuez Elpidio José Silva llevó a cabo acciones encaminadas a hacer públicos los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 9 y la causa contra el banquero, declarada secreta, estaba en su poder.

En un auto en el que termina la instrucción y transforma las diligencias previas abiertas en su contra en procedimiento abreviado, la juez imputa a Silva delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Indica que a lo largo de los años 2013 y 2014, mientras los correos estaban custodiados por su Juzgado, Silva se reunió "con varias personas" para comentar el contenido de los correos.

Además manifestó públicamente que los iba a filtrar y llegó a decir que había vendido a un medio de comunicación su contenido. El exjuez también dijo que había entregado copia de la correspondencia a algún amigo y que se los había falicitado al responsable de un partido político. La magistrada da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral o pida el sobreseimiento de la causa.

La juez Polo ha tomado declaración durante la instrucción a nueve testigos que negaron haber colaborado con la filtración de los emails del exbanquero, a quien se llegaron a intervenir 8.777 correos corporativos.

Una antigua amiga íntima de Silva afirmó que él le dijo que disponía de ellos y que guardaba el sumario en su domicilio. La Fiscalía Superior de Madrid apuntó a la existencia de indicios de delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, después de que el magistrado Jesús Gavilán, que fue el que instruyó la causa contra el juez inhabilitado Silva, preguntara por la conveniencia de esclarecer estos hechos.

Blesa denunció el "gran daño" personal y familiar que Silva le causó durante la instrucción y le ha acusado de intervenir sus correos para "arruinar" su "reputación personal y profesional" y de "auspiciar" que su contenido tenga la máxima difusión. Mañana está previsto que ratifique esta versión ante la juez.

El juez Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada y dos delitos contra la libertad individual de Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel. El líder de Movimiento Red también ha sido denunciado por una testigo protegida por supuestos malos tratos psicológicos, una causa que será investigada en los Juzgados ordinarios de Madrid al concernir a hechos presuntamente cometidos al margen de su cargo como magistrado.

La defensa de Elpidio Silva, condenado a 17 años de inhabilitación por haber enviado a prisión al expresidente de Caja Madrid y haber incorporado a su investigación sobre la extinta entidad los llamados correos secretos de Miguel Blesa, anunció este martes que su cliente no piensa regresar a la judicatura.

Así lo expresó el abogado Gonzalo Boye, formulando su anuncio ante los jueces del Tribunal Supremo que deben resolver sobre el recurso planteado por Silva. En la vista, el fiscal, José María Casado González, calificó como "disparate jurídico" el recurso. Y el abogado de Blesa, que vuelve a actuar como acusación particular, remarcó que Silva "prevaricó a ciencia y a conciencia" para enviar a su patrocinado a prisión por dos veces, una con fianza y la segunda de manera incondicional. Según el abogado de Blesa, Silva prevaricó al admitir la participación en la causa de la asociación Manos Limpias.

Para la defensa de Silva resulta sustancial que, justamente, el presidente del tribunal que en octubre de 2014 condenó al entonces juez, el magistrado Arturo Beltrán, emitiera un voto particular favorable a la absolución. Beltrán remarcó que la Fiscalía nunca había recurrido las resoluciones de Silva en el caso Blesa.

Este martes, el abogado del financiero, Carlos Aguilar, aseguró que Beltrán se equivocó porque la Fiscalía recurrió al menos 10 resoluciones de Silva. Blesa continúa imputado por partida doble: en la Audiencia Nacional dentro del caso Bankia y en la causa donde un juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) investiga la compra por Caja Madrid del banco de Miami City National Bank of Florida.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, imputado en la Audiencia Nacional por las preferentes y por las tarjetas black, eludió este miércoles contestar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el contenido de los correos electrónicos adelantados por infoLibre en los que se muestra la participación activa del banquero en al menos una decena de casos bajo sospecha.

Blesa, que declaró este miércoles como testigo a propuesta del exjuez Elpidio José Silva, a quién se investiga como presunto autor de la filtración de los correos, evitó reconocer que es el autor de los e-mails publicados por los diferentes medios de comunicación. El banquero intentó limitar el contenido de su declaración asegurando que al estar imputado en "una serie de causas" las preguntas "podrían perjudicar su derecho de defensa". 

Durante su declaración ante la magistrada Susana Polo, encargada de la investigación de la filtración, el banquero eludió responder de forma directa a las preguntas formuladas e insistió, durante casi una hora de interrogatorio, en que no recordaba si escribió varios de los correospublicados por la prensa.

Algunos de estos casos ya están siendo investigados en los tribunales, como por ejemplo las tarjetas black, los sobresueldos de los directivos de Caja Madrid, la compra del Banco de Miami o las preferentes. Blesa está imputado en tres sumarios, y en el tercero, el de los ingresos irregulares de los directivos, su nombre aparece como el principal beneficiario de los aumentos de percepciones al margen de la normativa y de las instituciones de control de la entidad financiera, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en 14,8 millones de euros.

En otros casos bajo sospecha, Blesa juega también un papel activo, según se desprende de sus correos electrónicos. Como por ejemplo el intento de privatización del Canal de Isabel II (la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid); la implicación de Caja Madrid en las inversiones de los derechos del fútbol de Telemadrid; la financiación "irregular" de Martinsa y otras promotoras inmobiliarias; inversiones del expresidente del Gobierno José María Aznar vinculadas a la Fundación Caja Madrid; la condonación de las deudas al PP y al PSOE; así como la financiación de los mismos con subvenciones a sus fundaciones.

Pero también la presunta implicación de Aznar y Blesa en negocios de una empresa que vendía armamento a entre otros países a Venezuela, presidida entonces por Hugo Chávez, y a Libia, dirigida por Muammar el Gadafi, tal y como publicó este diario.

Estos son los correos más comprometidos de Blesa en esta decena de casos bajo sospecha:

1. Negocios con Aznar y una empresa de armas

Los correos secretos de Miguel Blesa constatan que en octubre de 2008 José María Aznar negoció un contrato de comisionista con la empresa española Einsa, que ya entonces vendía equipos militares a la Venezuela de Hugo Chávez, tal y como adelantó infoLibre, el primer medio de comunicación que publicó los correos de Blesa.

Con la ayuda del expresidente español, Einsa trató de abrir en Libia y en Argelia. Fue Miguel Blesa, amigo de Aznar, quien hizo de puente entre Einsa y el que fuera presidente del Ejecutivo entre 1996 y 2004. Los correos constatan que el consejero delegado de Einsa informaba con asiduidad y detalle a Blesa sobre cada paso de la compañía.

Otro e-mail dirigido a Blesa, el 16 de diciembre de 2008, indica que en esa fecha Aznar ya se había entregado a la tarea de abrir mercado a Einsa en Argelia: "Me confirmó que ya está en marcha en Argelia y que lo que acordemos con Agag es como si lo acordásemos con él". Aznar había sido recibido en Argel por el presidente del país magrebí, Abdelaziz Bouteflika.

Aznar envió un comunicado a los medios de comunicación en el que aseguraba que "no había recibido retribución o comisión alguna". El expresidente del Gobierno denunció ante la Fiscalía la publicación de los correos electrónicos.  

2. tarjetas black con "bendición presidencial"

La Fiscalía Anticorrupción reactivó el caso de las tarjetas B de Caja Madrid aportando a la Audiencia Nacional una decena de correos electrónicos de Miguel Blesa publicados por infoLibre. De su lectura se desprende que los integrantes de la comisión de retribuciones de la entidad financiera incluían en sus negociaciones las tarjetas black, denominadas así porque eran negras a “efectos fiscales”, tal y como indica otro de los mensajes de Blesa incorporados ahora a la causa.

Uno de los correos de Blesa, de julio de 2007, anuncia una reunión "no formal" de la comisión de retribuciones de Caja Madrid en la que, además de un bonus de 25 millones, los representantes de la entidad financiera acordaron subirse las dietas: "Aquí se tratará de la previsión voluntaria, retribuciones incluida la tuya [Blesa] y de la tarjeta de consejeros; pero que se van a reunir sin Guillermo [Marcos]. Es decir Estanis, Antonio y él a las 9.30 (reunión no formal de la Comisión de Retribuciones) para tratar de lo suyo (imagino que es dieta de participadas) y quiere que yo esté presente", especifica el e-mail.

En otro mensaje electrónico, adelantado por eldiario.es, de 1 de septiembre de 2009, el secretario general Enrique De la Torre contesta al directivo Jesús Rodríguez Fernández con copia al propio Blesa. En este correo se deja claro que todo el sistema de retribuciones de los integrantes del comité de dirección, la comisión de control y de los consejeros en general tenía "la bendición presidencial y de la comisión de retribuciones".

3. Perjuicio de 14,8 millones por sueldos de directivos

Los correos de Blesa muestran que desde 2006 el propio expresidente de Caja Madrid y su equipo directivo crearon un plan para blindar sus jubilaciones. Además, los mensajes evidencian que los directivos de Caja Madrid convencen a los integrantes del comité de retribuciones de la entidad financiera, que según el acta del 19 de julio de 2007 acaban aprobando "un incentivo retribuido de fidelización a largo plazo". Lo cual consiste en la percepción de un número determinado de anualidades del salario en el momento de la jubilación o del fallecimiento.

En otro correo, de 24 de noviembre de 2006, se puede leer un mensaje del director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj: "Presidente, he hablado con Moral Santín y le he reiterado el interés en tener cerrado el asunto para el consejo de diciembre. Me dice que prefiere tasajear". Asimismo, Barcoj le dijo a Moral Santín que era muy importante que se hiciera este año: "Porque si lo hacemos el año que viene se podría usar la demagogia de que con las plusvalías de la cartera industrial el presidente y su equipo se aseguran una jubilación dorada y zarandajas de esa clase".

4. atajarON con las preferentes un problema de solvencia

En un documento adjunto a uno de los mensajes de Blesa, se especifica: "Ante el difícil panorama de este ejercicio, hemos tomado acciones muy importantes para apuntalar la solvencia del Gruposolvencia , destacando la emisión de 3.000 millones de preferentes, la mayor emisión realizada hasta el momento por un grupo español, a la que han acudido 80.000 clientes de la caja".

Otro correo a Blesa da cuenta de que un exempleado de Caja Madrid en Linares fue despedido por sus reticencias a comercializar las preferentes. "Ante mi profunda desesperación decidí llamarle. Al no ser posible el contacto por su ocupación evidente, y aconsejado por su secretaria, paso a relatarle de manera resumida mi problema: Señor presidente, con la mano en el corazón, tengo una edad difícil para el tema laboral, me quedo desamparado y principalmente mis dos hijos, perdone, no es mi intención dramatizar pero es lo que siento. Le pido una oportunidad con el correctivo correspondiente, no lo hice bien". De esta forma suplicaba el 15 de enero de 2007 a Blesa. Pero el expresidente de Caja Madrid no respondió a su empleadoAntonio Gómez Ortega.

5. Privatización de la empresa del agua de Madrid

Directivos de Caja Madrid y del Canal del Isabel II prepararon desde 2004 la privatización de la empresa que gestiona el agua en Madrid, y su intención era llevarla a cabo mediante un concurso amañado. Esta es la principal conclusión del contenido de cinco correos electrónicos requisados a Miguel Blesa. El primero de estos correos se envía el 31 de mayo de 2004 y el último el 21 de mayo de 2007, y en ellos se pone de manifiesto la intención de que el Canal de Isabel II acabe en manos de un consorcio dominado por la Caja Madrid de Blesa.

"Su objetivo es preparar un concurso público en el que lo importante en cuanto a puntos de valoración sea un concurso de méritos en cuanto a sinergías, con competencia, características de las aportaciones, etc, de manera que tengamos ventajas obvias para adjudicarnos la participación en la joint venture (empresa conjunta)", llega a indicar uno de los correos mencionados.

6. Blesa participó en la compra de derechos del fútbol para Telemadrid

Los correos ponen de manifiesto que el Gobierno de Esperanza Aguirre promovió en 2006 la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe pese a "aceptar que los números generaban déficit", según dice un mensaje enviado por Carlos Contreras, que fue director general de Caja Madrid Business.

En el e-mail, el empleado de Caja Madrid da cuenta al expresidente de la entidad financiera de una reunión mantenida con los entonces consejeros de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y Engracia Hidalgo. En la entrevista, que según el mensaje se celebró el 27 de octubre de 2006, los integrantes del Ejecutivo de Aguirre trataron de convencer a Caja Madrid para entrar en el negocio de los derechos audiovisuales del fútbol: "Enorme presión. Dos horas de reunión. Quieren firmar algo hoy". Granados, ahora en la cárcel, confirmó entonces a infoLibre su participación en la reunión.

7. Un agujero de 1.000 millones en Martinsa

El magistrado Elpidio José Silva se refirió en su declaración tras ser querellado por Blesa en el TSJ de Madrid que los correos reflejan una de las operaciones más polémicas de Caja Madrid: la refinanciación hasta los 1.000 millones de la promotora Martinsa. La entidad financiera salvó a la sociedad de Fernando Martín, imputado en el caso Gürtel, con créditos que no devolvió al caer en concurso de acreedores poco después. Ahora Martinsa está en liquidación, provocando un importante agujero.

Además, según los peritos del Banco de España asignados al caso Bankia, Miguel Blesa financió el mayor pelotazo de la trama GürtelGürtel, la de Arganda del Rey (Madrid), según se desprende del informe realizado por los funcionarios. Los empleados del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda, en la que Francisco Correa habría percibido 25 millones, según la Policía Judicial.

8. Negocios de Aznar con obras de arte

El expresidente José María Aznar envió el 18 de septiembre de 2008 un correo electrónico a Blesa en el que le contaba que José Luis Rueda, heredero del pintor y escultor Gerardo Rueda, ofrecía a la entidad financiera una parte de su colección de arte y otra parte en préstamo a cambio de 54 millones. Rueda, fallecido en 1996, es considerado uno de los artistas españoles más importantes del siglo XX, según publicó el diario El País.

Pero Aznar contestó que las "gestiones" mencionadas en las informaciones como la relacionada con la obra del pintor y escultor Gerardo Rueda, las referidas a la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes u otras –desde la Huerta de San Vicente y el Centro García Lorca en Granada hasta las ampliaciones del Museo de El Prado y del Museo Thyssen, entre otros muchos–, han tenido por objeto "la promoción de la cultura y el arte españoles y sus autores".

9. Condonación de créditos al PP y al PSOE

Un correo electrónico del directivo de Caja Madrid Matías Amat a Blesa indica que Caja Madrid perdonó al PP y el PSOE entre el 72% y el 80% de sus créditosPP y el PSOE , respectivamente. En concreto, la quita al PSOE fue del 79,5% en un crédito de 2,94 millones de euros concedido en 1985. La del PP fue del 72,7% en un préstamo de 1,34 millones otorgado también en 1985.

Fechado el 10 de noviembre de 2005, Amat informa a su jefe: "Dado que ha vuelto el tema de financiación histórica de los partidos, te reenvío la nota que te preparé en julio (PSOE, PP, CDS y UGT)". Este e-mail incluye un informe titulado "Partidos políticos, sindicatos, estimación de quitas", en el que se puede ver estas quitas, que hasta el momento permanecían secretas para los ciudadanos.

Además, otro correo indica que el PP, el PSOE y Comisiones Obreras especificaban a Caja Madrid qué fundaciones eran las que se tenían que beneficiar de los 1,2 millones de ayudas que aprobó en 2004 la Fundación Caja Madrid. En el e-mail se especifica que la entidad abonaba el dinero en las fundaciones "designadas por ellos". El mensaje lo recibe Blesa el 15 de julio de 2004 y tiene su origen en un correo corporativo del exconsejero delegado de Caja Madrid Cibeles, Luis Gabarda Durán.

10. Un contrato secreto para comprar el Banco de Miami

El equipo de Blesa en Caja Madrid cerró la compra del City National Bank de Florida seis días antes de que la aprobase el consejo de la extinta entidad de ahorro. Y lo hizo con la firma de un pacto secreto que introducía una penalización de 50 millonespenalización de 50 millones de dólares para la caja si finalmente la operación no se llevaba a término.

Según los correos electrónicos, el exconsejero de Economía madrileño Antonio Beteta, ahora secretario de Estado de Administraciones Públicas, forzó una reunión con el equipo de Blesa tras tener conocimiento de que un informe del Banco de España apuntaba a que se había comprado el Banco de Miami saltándose el permiso de Esperanza Aguirre.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha evitado este miércoles reconocer que es el autor de los correos electrónicos filtrados a la prensa y que le fueron enviados al exjuez Elpidio José Silva cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El banquero ha intentado suspender su declaración antes de que se produjera mediante la presentación de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ha declarado como testigo, el banquero ha sido increpado por decenas de preferentistas que intentaron evitar que llegara hasta su coche y golpearon con saña el vehículo mediante patadas, puñetazos y pancartazos.

Durante su declaración ante la magistrada del Susana Polo, encargada de la investigación por la filtración, el banquero ha eludido responder de forma directa a las preguntas formuladas y ha insistido, durante casi una hora de interrogatorio, en que no recordaba si escribió varios de los mails publicados por la prensa.

Blesa alegó ante la juez que se encuentra imputado en "una serie de causas" en las que las preguntas que se le iban a formular "podrían perjudicar su derecho de defensa. En esas investigaciones "existe controversia" respecto a sus correos electrónicos, cuya nulidad fue declarada. Pidió que se dispensara tener que contestar sobre los emails para no verse obligado a declarar "contra sí mismo" respecto de una prueba declarada nula y obtenida mediante una resolución prevaricadora.

La magistrada no ha autorizado que le fueran mostrados los mensajes originales por lo que la defensa de Silva ha enseñado al testigo recortes de prensa dónde se reflejaba su contenido. "Serán míos si alguien los filtró", ha respondido a la pregunta de si redactó los mensajes cuyo origen –ha insistido– fue "ilícito".

La defensora de Elpidio, Isabel Elbal, le ha cuestionado sobre uno de los mensajes en los que se citaba al expresidente del Gobierno José María Aznar y otros dónde se hacía referencia a Esperanza Aguirre.

"Ha dirigido el debate"

"Él ha dirigido el debate negándose a responder y yo he reiterado a la magistrada que venía como testigo y tenía la obligación de decir la verdad, salvo en aquellas preguntas relacionadas con otros procedimientos como las preferentes y otras que están en la audiencia nacional, ahí no tenía que responder", ha explicado Elbal en declaraciones a los medios a su salida de la declaración.

La abogada ha agregado que no contar en la causa con los correos originales ni poder interrogar sobre ellos al testigo impide la instrucción. "El procedimiento debería decaer", ha dicho y ha agregado que Blesa ha cometido durante el interrogatorio una evidente obstrucción a la justicia.

Hasta el momento, la juez Polo ha tomado declaración a ocho testigos que han negado haber colaborado con la filtración de los e-mails del exbanquero, a quien se llegaron a intervenir 8.777 correos corporativos. Una antigua amiga íntima de Silva afirmó que él le dijo que disponía de ellos y que guardaba el sumario en su domicilio.

Daño personal

Por el momento, Miguel Blesa, ha denunciado el "gran daño" personal y familiar que Silva le causó durante la instrucción y le ha acusado de intervenir sus correos para "arruinar" su "reputación personal y profesional" y de "auspiciar" que su contenido tenga la máxima difusión. Mañana está previsto que ratifique esta versión ante la juez.

El juez Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada y dos delitos contra la libertad individual de Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel.

“Los correos aportados a la causa han sido obtenidos sin que media resolución motivada, por lo que entendemos que han sido extraídos sin autorización por Bankia y entregados a Price WaterHouse (PWC) para que los procese”, resalta el abogado Carlos Aguilar en nombre de Blesa en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, Blesa reitera, al igual que con el juez Elpidio José Silva, inhabilitado, que la cesión de los correos “supone una vulneración de los derechos fundamentales de mi representante, ya que al no contar previamente con resolución judicial, convierten a dichos elementos en una prueba nula que, como tal, deberá ser excluida del procedimiento para evitar que contagie las diligencias de investigación posteriores”.

En el escrito, Blesa explica que el pasado 15 de diciembre de 2014 envió un burofax a la asesoría jurídica de Bankia advirtiendo de que no contaban con su consentimiento para entregar sus correos electrónicos a un tercero. Esta cesión, según el expresidente e Caja Madrid, vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y, además, les requirió para que se abstuviesen de entregar los correos electrónicos a PWC, resaltando que el acceso y la cesión de tales correos, sin mandato judicial, “supondría la vulneración de sus derechos fundamentales con las consecuencias jurídicas que pudiera provocar”.

“Por lo tanto, habiéndose vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de mi representado por parte de Bankia y de PWC, se habrá de declarar nula la aportación de dichos correos”, destaca el abogado Carlos Aguilar.

Blesa sostiene, además, que Bankia y el FROB “lejos de solicitar o promover la obtención de la correspondiente autorización judicial para obtener dicha correspondencia electrónica, decidieron hacer caso omiso al requerimiento de mi representado”.

Otro de los motivos a los que alude Blesa para impedir que se aporten al caso los correos es que este nunca trabajó para Bankia ni para el Banco Financiero y de Ahorros (BFA): “Y en ningún momento autorizó a Caja Madrid ni a Bankia para que sus correos quedasen depositados en una entidad ajena”.

Al igual que en ocasiones anteriores, Blesa alude a la forma “accidental” de obtención de los mensajes: “Se trataría de correos previamente borrados por Caja Madrid, y accidentalmente borrados por Caja Madrid, accidentalmente alojados en un servidor secundario, ilegalmente aprehendidos, e ilegítimamente revelados a terceros, por lo que poca duda cabe albergar sobre la nulidad de tales elementos y la procedencia de expulsarlos de la causa”.

La acusación popular de UPyD ya ha anunciado su intención de oponerse a la petición de Blesa al considerar que los correos electrónicos "en ningún caso afectan a su derecho a la intimidad”.

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que practique una declaración conjunta, en calidad de testigos-peritos, a los inspectores del Banco de España que realizaron sendos informes "aparentemente contradictorios" sobre la compra del City National Bank de Florida durante la presidencia de Miguel Blesa en Caja Madrid.

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Enrique Remón solicita también a la magistrada Esperanza Collazos que requiera al Banco de España el acta de la reunión mantenida el 10 de marzo de 2009 entre representantes de Caja Madrid y el equipo de inspección del supervisor bancario.

Además, insta al Banco de España a "aclarar" si, al margen de los informes del 13 de agosto de 2008 y del 19 de abril de 2010, cuenta con algún otro análisis acerca de la adquisición del banco de Miami, "aunque se haya elaborado en el marco de otro procedimiento de la naturaleza que sea".

El Ministerio Público explica que la Comisión Ejecutiva del Banco de España autorizó la compra en 2008, si bien el supervisor emitió dos años después un informe que arrojaba "dudas sobre la legalidad de la operación que no fueron detectadas" anteriormente por los miembros del Banco de España.

"Parece inferirse del presente informe del 2010 que la operación se diseñó con el fin de evitar los preceptivos controles de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, así como que dicha adquisición vino acompañada de importantes tensiones en el seno del Consejo de Administración de Caja Madrid", explica.

Es decir, añade, este último informe "arroja determinadas dudas sobre la legalidad de la operación que no fueron detectadas por los miembros del Banco de España en 2008, a pesar del fraccionamiento de la operación y las vicisitudes" en la adquisición".

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga la relevancia penal en la adquisición por parte de los responsables de Caja Madrid del City National Bank of Florida en 2008 por valor de 1.134 millones de dólares, según el fiscal.

A este efecto, el fiscal advierte de que resulta necesario determinar si los directivos aprobaron dicha adquisición "abusando de las funciones de su cargo, si obtuvieron algún beneficio económico, si se causó algún perjuicio a la entidad o a terceros", así como las razones y circunstancias que rodearon el negocio.

La magistrada Collanzos relevó al frente del Juzgado de Instrucción número 9 al exjuez Elpidio José Silva, quien encarceló en el curso de esta causa al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en dos ocasiones durante la primavera de 2013.

El juzgado investiga la comisión de presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta en la compra del banco de Miami por parte de Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa.

Bankia vendió en mayo de 2013 el City National Bank de Florida por 882 millones de dólares, unos 682 millones de euros. Caja Madrid había en abril de 2008 el 83% del que fuera el sexto mayor banco privado del estado de Florida por un importe de 927 millones de dólares, un desembolso al que se sumaron otros 190 millones de dólares en 2010.

Arturo Beltrán, presidente del tribunal que juzgó a Elpidio Silva, se ha desmarcado de la sentencia que condena al juez a 17 años de inhabilitación por prevaricación y dos delitos contra la libertad individual. Y lo ha hecho con un voto particular que subraya cómo la Fiscalía no recurrió “nunca ninguna de las resoluciones que se consideran prevaricadoras” aunque, en ocasiones, se adhirió “a los recursos de los señores Blesa y Díaz Ferrán”.

A renglón seguido, Beltrán elogia la “firmeza, temple y sosiego” del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, antes de asestarle un mazazo: “Se hace difícil pensar que alguien así percibiera con claridad como delictiva la conducta del juez y no la combatiera”.

Con su voto particular, Beltrán se convierte paradójicamente en el principal aliado de Elpidio Silva en el recurso que su abogado, Gonzalo Boye, interpondrá en el Tribunal Supremo.

La paradoja estriba aquí en que Arturo Beltrán fue uno de los miembros del tribunal a quienes Silva intentó apartar del juicio después de que otra de las integrantes originales, María Tardón, tuviera que alejarse de la causa porque, como desveló infoLibre, había sido consejera general de la Asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Miguel Blesa.

Silva intentó echar a Beltrán del proceso presentando una demanda contra el magistrado, aunque no llegó a manejar como argumento el hecho de que Beltrán es la pareja sentimental de la magistrada que justamente anuló la incorporación de los correos secretos de Blesa.

La tesis de Beltrán sobre el comportamiento de Silva en el caso Blesa podría resumirse así: la instrucción fue chapucera pero en ningún caso delictiva. Sobre el punto más controvertido del asunto, el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid por dos veces, el magistrado introduce un recordatorio de calado: “En la práctica diaria son centenares las veces que cada mes los tribunales de apelación acuerdan la libertad provisional de quien ha recurrido ante ellos la prisión preventiva, sin que ello traiga para quien la acordó consecuencia penal alguna”.

En otras palabras, multitud de jueces ven cómo una instancia superior tumba sus órdenes de prisión provisional sin que a continuación un fiscal les siente en el banquillo por prevaricación.

Al inicio del voto particular, Beltrán ya había plasmado esa idea como una de las premisas que sustentan su tesis: que “resoluciones que se dictan con frecuencia sin merecer reproche penal alguno, conforme dicta la experiencia diaria, dificilmente serán soporte de la conciencia de ilegalidad, menos aún de lo palmario de su injusticia, conciencia  que exige el tipo penal: 'a sabiendas'”. O sea, que aquellas decisiones judiciales que se repiten por doquier difícilmente pueden entrañar un delito de prevaricación.