El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo a España por parte de EEUU, según recoge EFE.

Tras la reunión mantenida este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del Ministerio de Trabajo, Díaz ha reiterado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a ciudadanos y empresas, y ha subrayado que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores.

"Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz, que ha explicado que esa mesa de seguimiento ha sido petición tanto de patronal como de sindicatos.

"Nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester", ha incidido Díaz, que ha recordado tanto a patronal como sindicatos todas las medidas ya disponibles y no ha descartado añadir nuevas si es necesario. "Serenidad y tranquilidad. Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", ha subrayado la vicepresidenta que ha destacado el "escudo laboral y económico" que "está tejido desde hace 6 años".

Según el documento que la ministra ha llevado a la reunión, España cuenta ya con medidas a disposición de empresas y trabajadores como los ERTE o el mecanismo RED para evitar los despidos, instrumentos que son "activables" de forma inmediata "ante caídas de actividad derivadas de un shock energético".

Asimismo, se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

También cabría la posibilidad de establecer bonificaciones a las empresas o permitir el fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, lo que llevaría aparejado para estas empresas la restricción del despido por causas relacionadas por la crisis.

Otras medidas pasan por facilitar el teletrabajo, establecer permisos climáticos y por catástrofe, aplicar el Plan MeCuida de flexibilidad horaria o impulsar planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios para formar trabajadores o recuperar infraestructuras ante catástrofes o situaciones adversas.

El documento cita también medidas de otra índole como la excepción ibérica, el control de precios energéticos, las bonificaciones al gasóleo, el escudo social (que fue rechazado recientemente en el Congreso) o el impulso a las renovables.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que, además de esa mesa de diálogo social para monitorizar el impacto en empresas y trabajadores, sería necesario que se abriera una mesa "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Ambos han explicado que han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos".

No ha habido declaraciones por parte de la patronal, aunque a la reunión han asistido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ya que el presidente, Antonio Garamendi, se ha ausentado por motivos de agenda. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

El aumento de las bajas en España es una dinámica que denuncian tanto los empresarios como los sindicatos, aunque desde posiciones muy diferentes. Desde 2017, el número de incapacidades temporales (IT) casi se ha duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según AIReF. Las patronales tienden a hablar de ausencias injustificadas o de abuso, mientras que los sindicatos insisten en factores diversos como el aumento de los riesgos laborales psicosociales, el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública o el envejecimiento de la población trabajadora. Esta semana el asunto ha acaparado gran parte del debate político, ya que se han anunciado varias medidas que podrían tener incidencia en estos comportamientos.

Por un lado, el Gobierno acaba de anunciar que creará el Observatorio de la Incapacidad Temporal con la intención de “promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social” y hacer un seguimiento de estos procesos. El mecanismo se había anunciado en 2024, aunque se activa ahora y en él participarán también representantes del Ministerio de Sanidad y agentes sociales. Por otro, este mismo martes los sindicatos y el Ministerio de Trabajo ratificaban la firma de un acuerdo para modernizar la prevención de riesgos laborales, una norma que databa de 1995, poniendo el foco en los riesgos psicosociales y la salud mental. "Los daños a la salud mental cuando una persona acumula estrés son una responsabilidad colectiva", remarcaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La creación del Observatorio se anunciaba días después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalase que en España existía una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas e insistía en la descoordinación entre médicos de atención primaria y la Seguridad Social. Algo que, según ellos, encarece el coste del proceso y alarga de forma “innecesaria” los procesos. Los sindicatos protestaban por este enfoque y señalaban que el informe obviaba “el hecho de que la principal causa que explica el crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público”. Con estos mimbres, la polémica sobre el absentismo ha vuelto a protagonizar el debate en lo laboral.

“La AIReF ha hecho un informe sobre la evolución del gasto, pero la prestación por incapacidad temporal es más compleja e involucra tanto a los sistemas sanitarios de las comunidades como a las mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dice, por ejemplo, que los procesos de IT se han duplicado y que el gasto ha pasado de 8.000 a 11.000 millones, pero lo que hay que plantearse es si ese gasto es el que tenemos que tener”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO).

Bravo señala otros factores que se deben considerar en este análisis: “Hay más trabajadores, lo que se traduce en más bajas potenciales. En segundo lugar, la evolución demográfica hace que la edad media de los trabajadores haya subido, lo cual tiene un impacto en las bajas y en su duración. Y luego está la incidencia de los problemas de la salud mental, porque somos el país líder del mundo en tratamientos farmacológicos con antidepresivos”, concluye. A esto se unen, además, las listas de espera en todo lo relacionado con la salud mental dentro del sistema público. "La clave sobre la incapacidad temporal no es verlo en términos de gasto, sino del tiempo que el trabajador necesita para recuperarse", sentencia el responsable sindical.

Sobre el Observatorio que ha anunciado el Gobierno, Bravo se muestra favorable. "Nosotros queremos que se refuercen los controles públicos, que se hagan los que sean necesarios, pero siempre que sean públicos y no con quienes tienen conflictos de intereses", señala el responsable de CC OO en relación a las mutuas.

Todos estos matices que forman parte del debate tratan de atajar el discurso que vincula las bajas con el fraude. Y es que el absentismo laboral se ha convertido en el indicador que unos y otros esgrimen desde esquinas opuestas para pedir o frenar medidas en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas, pero dejando dentro derechos adquiridos como el permiso por fallecimiento de un familiar. Esas ausencias pueden ser justificadas o no, pero en un 80% de los casos las respalda una baja médica, de acuerdo con Randstad y en el 20% restante hay que considerar además permisos retribuidos, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

El indicador se calcula en base a los datos de horas pactadas y horas realmente trabajadas, pero muchas veces se emplea para tratar de sugerir que los trabajadores se comportan de forma negligente o eluden sus obligaciones. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reforzaba esta idea en diciembre, cuando al criticar el absentismo laboral, aseguraba que las bajas de los empleados tenían lugar los lunes y los viernes.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, señalaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales”, concluye.

Desde los sindicatos venían insistiendo en las deficiencias de una ley de riesgos laborales que databa de 1995 y en la que los problemas de salud mental o los riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión no estaban contemplados. Tampoco los riesgos climáticos, que sí figuran en la propuesta que han firmado Trabajo y sindicatos sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

El texto del acuerdo refuerza la prevención de los riesgos en lo relativo a la salud mental, desconexión digital y los efectos del cambio climático como olas de calor o danas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, también puso el foco en la necesidad de ampliar el catálogo de enfermedades profesionales en el que, según él, se da un "infrarregistro". Y se ha referido a este hecho como "el mayor vacío de protección" para los trabajadores. "De las muertes totales por cáncer en España, entre un 4% y un 8% son ocupacionales, causadas por exposición durante el trabajo. Pues bien, en Europa el cáncer es la primera causa de muerte laboral, con una tasa de alrededor del 53%. O somos Superman, o en España el nivel de subregistro es gigantesco", concluyó Sordo.

El acuerdo, que debe pasar por el Congreso, amplía los controles que las empresas deben mantener y las obliga a contemplar criterios ligados a la edad del trabajador o al género y no solamente a las características del puesto como hasta ahora.

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales, según informa EFE.

Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. 

La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Fuentes de Semaf han destacado que la reunión de hoy ha transcurrido "mejor enfocada que la de ayer", ya que se han abordado medidas sobre la seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, que es la principal reivindicación del sindicato de maquinistas.

Sin embargo, destacan que la convocatoria de huelga se mantiene, ya que de momento no cuentan con las garantías que aseguren el cumplimiento de las reivindicaciones para que se produzca un cambio estructural en la seguridad y calidad ferroviarias.

Fuentes de Transportes han explicado que durante este fin de semana se va a mantener abierta la interlocución y los contactos para "poder alcanzar consensos", y valoran de forma muy positiva la voluntad de continuar dialogando de los sindicatos."Voluntad que suscribimos plenamente y que hacemos nuestra", han remarcado.

"Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo", añaden las fuentes.

El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha hablado a la salida de la reunión en nombre de los tres sindicatos y ha dicho que seguirán trabajando en mesas técnicas para concretar asuntos, sobre todo con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Hasta ahora no se ha hablado de cifras sobre las reivindicaciones y los sindicatos desconocen si los contactos del Ministerio de Transportes con el de Hacienda para conseguir una dotación presupuestaria adicional han dado algún resultado.

Por el momento, ha añadido el secretario general de Semaf, Transportes les ha presentado propuestas "preliminares", con medidas técnicas, en las que seguirán trabajando las partes.

Los representantes sindicales piden que se establezcan medidas estructurales más allá de las puntuales que ya se están aplicando para mejorar los procedimientos, la seguridad y las plantillas en todo el sistema ferroviario.

Ello exige cambios en "todos los actores", tanto en la Agencia de Seguridad como en el administrador de la infraestructura, Adif, y en el operador, Renfe. Puente ha estado acompañado por los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; de Adif, Pedro Marco, y otros altos cargos.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, capitanea la primera reunión con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- para buscar un acuerdo que permita evitar las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, según recoge EFE.

Además de Puente, por parte del ministerio asisten el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

La reunión de hoy, que se celebra tras una concentración convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario que tuvo lugar el martes delante del ministerio, se considera como "una primera toma de contacto" por parte de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales la consideran "una reunión preliminar", en la que se abordará el conflicto -surgido a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida- "a grandes rasgos".

Según fuentes del sindicato de maquinistas Semaf, las posiciones son "distantes", ya que piden "un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España".

La parte social exige un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Dado que el ministerio solo ha convocado a la reunión a los sindicatos mayoritarios, aunque las movilizaciones están convocadas también por CGT, SF y SCF, estos últimos lo tachan de "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

CGT ha denunciado este miércoles la decisión del ministro de anunciar reuniones con organizaciones sindicales del sector ferroviario, "excluyendo deliberadamente a parte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio CGT". "No es un error administrativo, es una decisión política consciente", ha subrayado CGT, que incide en que "es uno de los sindicatos con mayor implantación en el conjunto del sector ferroviario, tanto en empresas públicas como privadas, con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo".

Para CGT, este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril", ya que, en su opinión, la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y la representación legal de las personas trabajadoras, ha agregado.

Tras las reivindicaciones de Comisiones Obreras de hace unos días es las que exigían al Ministerio de Interior que tomara medidas para proteger a los comunicadores, periodistas o humoristas de izquierdas ante la oleada de ataques de la ultraderecha, el sindicato UGT (AGP-UGT) también pide contundencia. En un comunicado este lunes, el sindicato recuerda que ningún profesional de la información debe trabajar bajo amenazas, insultos o agresiones físicas.

Después de que varios comunicadores como Elena Reinés o Hector de Miguel hayan anunciado que se retiran temporalmente, desde el sindicato temen que este tipo de intimidaciones se puedan estar asentando como una práctica política habitual con el objetivo de "amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz". Las consecuencias, según el comunicado, podrían suponer que la propia estabilidad de la democracia se quebrara. Argumentan que si la violencia contra la prensa se asume como un coste más del oficio, el Estado de derecho quedaría degradado.

Desde el sindicato se detienen en cómo se construyen estas narrativas. Consideran que todo comienza en el lenguaje y la deslegitimación sistemática con comentarios que identifican a los periodistas como "enemigos" o unos "vendidos". De ahí se puede pasar al señalamiento para pasar a una situación de hostigamiento. Este tipo de acoso no es universal para todos, en el caso de las mujeres, la violencia puede ser incluso mayor, según apuntan. Para ellas el acoso llega en forma de comentarios machistas o amenazas sexualizadas. Muchas como Carla Galeote o Inés Hernand han tenido que soportar vejaciones y constantes comentarios sobre su cuerpo. En el caso de Galeote, fotografías suyas han llegado a aparecer en páginas pornográficas. Desde el Sindicato exigen medidas que refuercen la protección de las mujeres periodistas frente a este tipo de amenazas.

En el comunicado también consideran que aquellos que perpetúen agresiones o amenazas contra periodistas o comunicadores deberían ser identificados y sancionados. También piden que en las coberturas en directo, haya protocolos específicos para contextos de alto riesgo cuando existan antecedentes. De los políticos solo piden que se comprometan a no alentar discursos de odio contra la prensa y condenar cualquier tipo de intimidación. Por último, exigen cooperación con las plataformas para preservar pruebas, retirar amenazas con rapidez y evitar que denunciar suponga un castigo para la víctima.

El comunicado llega después de que varios comunicadores hayan denunciado amenazas e intimidación por parte de la ultraderecha. En las últimas semanas, tanto Elena Reinés, comunicadora y fundadora de Woke Up News, como Héctor de Miguel, humorista y presentador de Hora Ventipico en la Cadena SER, han anunciado su retirada temporal del ojo publico por distintas amenazas.

En el caso de Reinés, la comunicadora publicó una nota en Instagram en la que declaraba que se marchaba con un rotundo "voy a parar", después de recibir una multitud de mensajes con amenazas de muerte por parte de ultraderechistas y sufrir una campaña de acoso en redes sociales.

En declaraciones a elDiario.es, la creadora indicaba que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte".

En el caso de Héctor de Miguel, todo llegó a raíz de su último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). La asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Para Sarah Santaolalla, las amenazas no llegaron solo a través de las redes sociales. El pasado enero, aparecieron varios mensajes con amenazas de muerte a la analista política y tertuliana, pintados en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena. En letras rojas se podía leer: "Sara Santaolalla RIP".

Telefónica ha rebajado este jueves a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, han informado fuentes sindicales tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

A falta de conocer la postura de CCOO, se prevé que el acuerdo, que contempla también la renovación de tres convenios colectivos, se firme el próximo lunes.

La multinacional planteó en un primer momento hasta 6.088 despidos, por lo que esta nueva cifra supone un 25,45% menos de afectación, aunque esas salidas podrían ampliarse hasta las 5.040 siempre que sean voluntarias, informan fuentes sindicales.

El grueso de los siete EREs corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.  Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos.

UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10% a través de nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios. El sindicato ha asegurado haber alcanzado sus objetivos marcados en la negociación y por ello defiende que refrendará los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos, que se realizará durante la mañana del lunes.

Asimismo, la dirección ha planteado que el convenio especial de cotización asegure las aportaciones a la Seguridad Social, mientras que las personas no prejubilables contarán con un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector". En cualquier caso, UGT ha reivindicado que la voluntariedad será el principio vertebrador de la adscripción, cuyos resultados se conocerán a finales de enero, pues en las próximas semanas se abrirá el periodo para inscribirse en el ERE a través de las prejubilaciones.

Por otro lado, UGT asegura que las revisiones salariales y la jornada de 36 horas se extenderán a los tres convenios colectivos que amparan a las siete filiales afectadas por los ERE: empresas vinculadas, GBUs (que incluye a Telefónica SA, Global Solutions e Innovación) y Movistar+.

"Este acuerdo supone un avance relevante frente a la lógica de destrucción neta de empleo, contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas y refuerza la viabilidad a largo plazo, demostrando que es posible abordar procesos de reestructuración sin renunciar a la creación de empleo ", ha defendido el sindicato.

El cierre de año está siendo una carrera de fondo para el Ministerio de Trabajo respecto a un diálogo social en el que hace tiempo que la patronal ya no quiere participar. Y es que los acuerdos tripartitos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, son ya una rareza en lo que a las medidas laborales se refiere. Esta misma semana Trabajo cerraba con los sindicatos y sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) un acuerdo para incrementar hasta en 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 para cuidados paliativos. Tampoco en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, en el fichaje digital o en el anteproyecto del Estatuto del Becario encontraron un punto de acuerdo. En cuanto a la subida del SMI, las últimas cinco veces los empresarios dijeron no, y solo en 2020 participaron de ella. En la que toca ahora, la distancia entre las partes ha dejado un primer encuentro sin acuerdo.

Este martes ha tenido lugar la primera reunión para acordar la remuneración mínima legal en 2026 y el acuerdo no parece estar cerca. A la salida, Comisiones Obreras ha hablado de un encuentro en el que se han ponderado “los márgenes de negociación” en relación con las posiciones de cada grupo y en el que el Gobierno no ha lanzado aún una propuesta concreta. Se trata, en principio, de porcentajes de aumento muy dispares, CEOE ha cuestionado el cálculo que se hace para llegar al 60% del salario medio y mantiene que una subida del 1,5% es “más que suficiente”. Los sindicatos se han posicionado en un 7% y los expertos de Trabajo han dado una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. “Confiamos en que haya margen para poder analizar las propuestas entre el conjunto de agentes sociales y sabemos de las dificultades de conciliar con las organizaciones empresariales”, señaló a la salida de la reunión Javier Pacheco, secretario confederal de acción sindical de CCOO.

“El Gobierno tendrá que adoptar finalmente una posición y nosotros exigiremos que, tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción (para que las empresas no descuenten la subida de los complementos salariales), sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores”, señaló Pacheco. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaban a última hora de la tarde del lunes que este primer encuentro ha servido solo para ver las posiciones y apelaban a mantener un maltrecho diálogo social. “Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social”.

Aunque lo cierto es hubo un tiempo en el que existía sintonía con la patronal. Eran aquellos tiempos en los que se prorrogaban los ERTE (hasta seis veces), o se acordaba la reforma laboral en 2021. De hecho, en 2023, preguntado ante un hipotético cambio en el Gobierno, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “defender la reforma laboral” que habían firmado conjuntamente con Trabajo y sindicatos. Pero en este último año, ni rastro de diálogo o puntos de acuerdo. “La patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas”, lanzaba Garamendi a principios de diciembre y hablaba de un espacio de diálogo “minado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía calificando de “inhumana” su negativa. “Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común”, protestaba Díaz. Los reproches en una y otra dirección han ido erosionando aquel espejismo de diálogo social y no parece que ese patrón vaya a cambiar de cara a la negociación del SMI. 

Y es que el tono se ha ido elevando a medida que algunas propuestas progresaban, pero la revalorización del salario mínimo se ha convertido en una fuente habitual de desencuentros. “La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos de Trabajo que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, explica a infoLibre Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO. 

En las cinco últimas subidas el SMI ha pasado desde los 950 euros a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, ha crecido un 24% en contra del criterio de la patronal. Pero, ¿bajo qué supuestos se ha dado esta negativa? El principal y la que más ha repetido es “la supervivencia de las pymes” o la “baja productividad”, dos temas usuales cuando la mejora de las condiciones laborales vuelve a debate en la mesa de diálogo social. 

Sobre el impacto en las pequeñas empresas, en las anteriores negociaciones la patronal pidió establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario (en el que los salarios son en general más bajos y, por tanto, tienen una mayor incidencia las subidas) y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público, para poder repercutir el incremento en los contratos en ejecución. Algo que también está presente en las quejas de este año. 

En cuanto a la productividad, es uno de los argumentos que más se han repetido en las notas de la patronal para oponerse a la reducción de la jornada o a los cambios en el SMI. Este indicador hace referencia a lo que cada hora trabajada de un empleado genera en rentas a la empresa. Y, si bien es cierto que España crece por debajo de la media europea, es difícil establecer una causalidad entre organización del trabajo y productividad. La razón, advierte el Banco de España, es que los mayores cambios en este aspecto vienen de la inversión en tecnología y la innovación, algo más lento en un país de empresas pequeñas (con menor margen para invertir en i+D), como es el nuestro. 

Entre los factores macroeconómicos también se suele hablar de la repercusión negativa en el empleo, bajo la hipótesis de que si aumenta el gasto en salarios, se recortan las plantillas o caen las contrataciones. Aunque este es un riesgo reconocido por todos, el informe de los expertos de Trabajo y de otros organismos como la AIReF, descartan que, por el momento, haya un impacto pernicioso y hablan de “un muy limitado efecto negativo del aumento del SMI sobre el crecimiento del empleo”.

En la misma línea se expresa la OCDE. “Entre los trabajadores directamente afectados, la subida del salario mínimo aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6% (unos 7.400 puestos de trabajo), lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario, muy pequeña”, señala su estudio para España relativo a 2023. 

Pero además de la batalla, que se repite año tras año, con el SMI. La fractura en la mesa diálogo social se aprecia también en la falta de acuerdos tripartitos recientes. Antes que los permisos por fallecimiento, ya mencionados, el nuevo marco sobre riesgos laborales tampoco se consiguió debatir y el cruce de acusaciones llegó se elevó con acusaciones de Díaz hacia la patronal de “jugar con la vida de los trabajadores” y respuestas que acusaban a la titular de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas”. En este clima, se dirime en vísperas de Navidad el salario mínimo legal.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".

Telefónica ha planteado reducir otro 5% la afectación por el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de las siete compañías del grupo, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y su matriz, Telefónica SA, ha informado UGT en un comunicado.

La dirección ya planteó el pasado día 4 reducir el número de despidos en un 5%, lo que, unido a este 5%, permitiría que la afectación fuera del 10%. Inicialmente, la medida afectaba a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según el sindicato, Telefónica ha propuesto que el ERE rebaje 38 despidos respecto a la propuesta presentada por la dirección la semana pasada, que ya planteaba reducir en 38 personas la primera cifra del ERE para estas tres empresas.

Con esta nueva oferta, la multinacional plantea que los despidos en la matriz sean 359, mientras que en Telefónica Innovación Digital propone 221 salidas y 133 en Telefónica Global Solutions, lo que elevaría 713 despidos en estas tres filiales. En total, el cambio que proponen es reducir los despidos a 5.961 en el total del grupo.

UGT considera que la reducción es "totalmente insuficiente" y continúa "muy alejada" de un posible escenario de acuerdo, al tiempo que reclaman explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo. Así, han destacado que no existe "posibilidad de acuerdo real" en estas condiciones y urgen a acelerar la negociación porque los avances "siguen siendo claramente insuficientes".

Asimismo, Telefónica ha propuesto actualizar los tramos de renta para las prejubilaciones, con un 68% del salario para los trabajadores hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, aunque UGT pide mejorar "todavía más los márgenes", que son, a su juicio, poco atractivos. El sindicato también exige ampliar la edad mínima para poder inscribirse como salida voluntaria a aquellas personas nacidas en 1971, y años anteriores. 

Telefónica ha propuesto que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tengan las mismas condiciones que el efectuado en 2024, que afecten a empleados nacidos en 1971, o con anterioridad, sin descartar despidos forzosos, según han informado fuentes sindicales.

El plan, que lleva negociándose con sindicatos este último mes, afectará a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. En total, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según han informado los sindicatos, la multinacional ha negociado este lunes las condiciones para sus tres filiales principales: Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, en las que contempla 5.040 salidas. Ha planteado que los nacidos entre 1969 y 1971 cobren el 68% del salario hasta los 63 años (el 38% entre 63 y 65); los nacidos entre 1965 y 1968, el 62% hasta los 63 años (34% entre 63 y 65 años); y los nacidos en 1964 y anteriores, el 52% hasta los 63 años (el 34%, entre los 63 y 65 años).

En las condiciones ofrecidas, se incluye una actualización anual del 1% del salario en el tramo entre los 63 y 65 años; la posibilidad de que la familia mantenga el cobro si el empleado fallece; el pago de la seguridad social y el seguro médico; una aportación extra al plan de pensiones; y asumir las cotizaciones mientras el trabajador esté en desempleo. 

La oferta de Telefónica ha sido criticada por UGT y CCOO, quienes han rechazado que la compañía no descarte cubrir las 5.040 bajas con despidos forzosos y que elimine la posibilidad de que afecten estas salidas a áreas no excedentarias y críticas.

Según han recordado a EFE fuentes sindicales, en el ERE de 2024 Telefónica incluyó un margen de voluntariedad en áreas críticas, a diferencia del actual. Sí reconocen que, en el ERE de 2024, se mantuvo la posibilidad de que hubiera ERE forzosos, una situación que aceptaron porque creían que se iban a cubrir las plazas de forma voluntaria, según han asegurado. Esta situación es distinta a la actual, según han explicado, porque el número de afectados es mayor en la actualidad y entran en los ERE empleados nacidos en varios años. 

Con estos condicionantes, no tienen tan claro que se cubran las salidas solo con voluntarios, motivo por el que quieren que se elimine esta posibilidad de la propuesta.

Telefónica plantea la salida de 6.088 trabajadores de siete de sus filiales, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Movistar+, Telefónica S.A. y Telefónica Global Solutions, en el arranque de la negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según han apuntado este martes fuentes sindicales.

El pasado lunes tuvo lugar la primera reunión en la que se comunicó el número de despidos en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las tres filiales principales, donde la cifra ascendió a 5.337 personas, siendo estas sedes las más afectadas por el ERE.

Este martes se ha constituido la mesa de negociación para Telefónica Global Solutions, donde se verán afectados inicialmente 140 personas, un 21,94% de una plantilla de 638 trabajadores; así como para Telefónica Innovación Digital, donde la empresa plantea 233 salidas, lo que supondría un 23,46% de la plantilla de 993 trabajadores de dicha filial. En el caso de Telefónica S.A. se han comunicado 378 bajas en la constitución de la mesa de negociación para una plantilla de 1.160 trabajadores, lo que supondría un 32,58% de la misma. Estas 751 salidas de dichas filiales se suman a las planteadas por la empresa el lunes.

UGT y CCOO señalan que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que consideran deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo. Por lo tanto, no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Así, apuntan que su prioridad será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa. También exigirán que sean procesos voluntarios, basados en prejubilaciones y universales.

En el mismo comunicado señalan que no aceptarán acuerdos parciales y apuntan que las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que puedan respaldar. 

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, pretende llevar a cabo, entre otras medidas, una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10%, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.

La subida planteada hoy mantiene que en los dos primeros años, 2025 y 2026, el incremento sólo podrá alcanzar el 4%, dejando el resto de la subida para la segunda parte del periodo, algo que a los sindicatos no les gusta pero que se abren a estudiar en el marco de un acuerdo que incluye más medidas.

Según ha trasladado a los medios CSIF, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, les ha asegurado que "no hay un plan B" y ha emplazado a los sindicatos a "hablar con sus organizaciones para decidir una respuesta", que escuchará en la reunión convocada el próximo lunes.

Para el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, "es el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable que permita desbloquear la congelación salarial que, de facto, sufren las personas trabajadoras del ámbito público".

No obstante, ha añadido que para llegar a un acuerdo es "imprescindible" desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio, entre otros asuntos.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha considerado que, "a la espera de hacer números", la oferta "le podría valer" al sindicato, siempre que el acuerdo global incluya otros aspectos como la promoción interna o la eliminación de la tasa de reposición de efectivos.

A la espera de que UGT Servicios Pública estudie internamente esta oferta hoy mismo, Araque ha incidido en que es imprescindible que la mayor parte de la subida salarial se complete en 2027.

Si en 2025 y 2026 la subida conjunta no puede pasar del 4%, según ha trasladado el Gobierno, Araque cree que el alza para 2027 tendría que ser del 5%, de manera que en enero de ese año los empleados públicos ya acumulasen una mejora salarial del 9%.

CSIF ha valorado el punto adicional añadido a la oferta de este miércoles, pero ha considerado necesario "poner el acento en la subida de 2025 y 2026 por seguridad jurídica" y ha advertido al Gobierno de que si se mantiene ese criterio "tendremos que volver a las calles".

"Pensamos que todavía hay flexibilidad", ha dicho CSIF, que ha asegurado que la subida salarial es "fundamental" y que "continuará negociando hasta el último minuto".

CSIF ha detallado que esta oferta salarial tendrá un coste de 222.000 millones de euros, contando con el 1 % adicional que se ha incluido en la oferta de este miércoles (2.000 millones de euros más).

Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.

En la primera reunión hace dos semanas, el Gobierno ofreció una subida para 2026-2028 que incluiría una parte fija y otra variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo".

En dicho encuentro, los sindicatos reclamaron un incremento diferenciado para 2025.