Un análisis de vídeos e imágenes de satélite muestra cómo los ataques estadounidenses e israelíes en Irán han dañado hospitales y escuelas cerca de otros objetivos militares, según revela una investigación realizada por la cadena estadounidense CNN.

En el reportaje emitido por la cadena se aprecian algunos de los impactos de las bombas, los cráteres que han dejado y los lugares en los que cayeron, como la que destruyó la torre de comunicaciones de la emisora estatal iraní, conocida por sus siglas IRIB.

Estas bombas, utilizadas tanto por Estados Unidos como por Israel, pueden matar o herir a personas a más de 300 metros de distancia, y a tan solo 30 metros de la sede de la IRIB se encuentra el Hospital Gandhi, uno de los más grandes de Teherán. "Los vidrios se rompieron, las paredes se derrumbaron y los pacientes, incluidos bebés, fueron sacados rápidamente", denuncia CNN.

Desde la cadena aseguran que a medida que iban recibiendo más vídeos, empezaron a verificarlos y a identificar los hospitales a los que correspondían. Así, han confirmado daños en el Hospital Mutahari, que tiene cerca la sede de la policía iraní, y que aunque según las informaciones de CNN se mantiene en pie, habría sufrido daños importantes en su interior. También las bombas de Estados Unidos e Israel habrían afectado al hospital Khatam y a la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní.

Estas no son las únicas denuncias de espacios sensibles que habrían resultados afectados por los bombardeos estadounidenses e israelíes. Una de las acciones más polémicas, y que aún está bajo investigación, fue el ataque del pasado 28 de febrero contra el complejo donde se encontraba la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán.

En la primera jornada de la ofensiva, el bombardeo al centro infantil habría provocado la muerte de entre 150 y 180 personas, la mayoría niñas de 7 a 12 años y personal docente. Irán acusa directamente a Estados Unidos e Israel de haber bombardeado deliberadamente un objetivo civil.

Mientras la Casa Blanca y el Pentágono dicen que el bombardeo "está bajo investigación" y que "no hay conclusiones por ahora", filtraciones a medios estadounidenses consideran "probable" que Estados Unidos sea responsable del ataque por "error de selección" o "actualización de blancos".

La factura de la Comunidad de Madrid con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria en la región, continúa incrementándose. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó hace unos días en el Consejo de Gobierno un gasto de más de 17 millones de euros para dar cumplimiento a dos fallos judiciales favorables al gigante de la sanidad en relación con algunos de los hospitales concesionados de la comunidad. El desembolso no es, sin embargo, un hecho puntual. Solo en el último año, el Gobierno conservador ha tenido que dar luz verde, en base a numerosas sentencias, a gastos por más de 56 millones –incluyendo los de la semana pasada– para el grupo Quirón.

Los dos últimos desembolsos acordados tienen que ver con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, joya de la corona del grupo en la región. En el primer caso, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de noviembre, tras una larga batalla judicial, el derecho de IDC Servicios Móstoles –sociedad que forma parte de Quirón y que gestiona este centro sanitario privatizado– a que se le reintegrasen las cantidades abonadas por concepto de IVA facturado entre 2012 y 2014, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se negaba a asumir. En total, 6,82 millones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso deberá ahora abonar a la concesionaria.

El segundo gasto se hace en ejecución de otro fallo reciente. En este caso, sale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y condena al Sermas a abonar 10,89 millones de euros al gigante sanitario por el retraso en la aprobación de las liquidaciones y pagos a cuenta correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2021 derivados del convenio suscrito para que este centro hospitalario atienda a pacientes del sistema público, cobrando y facturando no una cantidad fija, sino en función de la asistencia ofrecida. La empresa exigía 10,93 millones, frente a los 10,89 millones que reconocía la Administración regional y que, finalmente, han terminado fijando los magistrados.

Es la segunda vez en el último año que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acuerda gastos de estas características. El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otros cuatro desembolsos para el grupo Quirón en ejecución de resoluciones judiciales. Todas ellas, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En tres casos, apenas hubo debate. El gigante sanitario solicitó 6,31 y 17,86 millones en concepto de intereses compensatorios por las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 en relación con la Fundación Jiménez Díaz. Y otros 5,17 millones por la actividad realizada en el mismo centro en el ámbito de la libre elección en 2016. Cantidades que la Administración madrileña aceptó.

Más discrepancias hubo, sin embargo, en el último pleito. En este caso, la mercantil IDCSalud Villalba pretendía que se le abonasen 9,38 millones de euros en relación con la liquidación de 2015 de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario General de Villalba, otro de los privatizados en la etapa de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo aceptaba 9,03 millones. La empresa, según consta en la sentencia, manifestaba que la diferencia se correspondía a la facturación por las altas atendidas en la Unidad de Corta Estancia, pero la Administración defendía que las mismas debían considerarse como "urgencias no ingresadas", por lo que no procedería su financiación. Al final, la cantidad que los magistrados acabaron reconociendo es la propuesta por la Comunidad de Madrid.

Solo en 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Ejecutivo regional pagó en concepto de convenios y conciertos para atención especializada 1.957 millones de euros, un 65,7% más que el año anterior. De esa cantidad, 1.755 millones se fueron para los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón, Hospital Infanta Elena y Fundación Jiménez Díaz. De todas ellas, esta última es la que más recibió, cerca de 900 millones, seguida de los 350 millones del centro sanitario de Móstoles. Los tres restantes percibieron cada uno algo más de 100 millones.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes, según informa EFE.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedará sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que "se abran vías de diálogo". "No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo pedimos es justo".

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. "Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", asegura Lucía.

"Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina.

El Ejecutivo da el primer paso para poner "coto a las garras especuladoras y privatizadoras" en la sanidad. Y lo hace con la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, que ahora será revisada por los distintos ministerios antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros y su envío a las Cortes, promete ser un torpedo en la línea de flotación de un modelo de gestión sanitaria que comenzó a florecer a finales de los noventa, al calor de la ola neoliberal que recorría Occidente y que terminó por consolidarse en la Comunidad de Madrid de la mano del PP. De ahí, la respuesta airada de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "Quieren ahora acabar con la sanidad en la región, llevándonos a la revolución, a que nada funcione".

Para entender este proceso hay que acudir al primer Gobierno de José María Aznar. Por aquel entonces, la normativa fijaba como preferente la gestión pública directa de los recursos sanitarios. Pero todo cambió en 1997, con la aprobación de una ley que abrió la posibilidad de la gestión privada. Solo un par de meses después se puso en marcha la construcción del Hospital de La Ribera, en la localidad de Alzira, bajo un modelo PPP (partenariado público-privado) en el que la Administración cede la financiación, construcción y gestión del hospital, también su personal, a una unión de empresas. No es el único posible. También está el PFI (iniciativa de financiación privada), en el que la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales).

El anteproyecto aprobado deroga la ley de 1997. Y establece un marco normativo con el que se busca poner coto a una gestión privada disparada en la última década –actualmente, el 30,7% de todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen dependencia funcional privada–. La propuesta no supone una reversión inmediata, sino que se trata, más bien, de un freno de seguridad de cara al futuro. De hecho, en su disposición transitoria única deja claro que la ley no será de aplicación "a los expedientes de conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración" que se hubieran "iniciado con anterioridad a la entrada en vigor" de la norma.

La ley, cuya aprobación definitiva depende de la capacidad del Ejecutivo para articular una mayoría suficiente con sus socios parlamentarios y de la agilidad de los trámites –hay elecciones generales previstas para mediados de 2027–, establece que la gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios "se llevará a cabo preferentemente de manera directa". De esta manera, la "gestión y administración indirecta" tendrá un carácter "excepcional", de forma que la externalización solo pueda impulsarse cuando no sea posible la prestación pública, cuando la financiación de la misma resulte "sostenible y eficiente, justificada y motivada" y cuando se garantice "la sostenibilidad social del servicio".

Requisitos que, además, deberán quedar perfectamente acreditados. Para ello, la norma contempla el establecimiento de un procedimiento de evaluación previa en esos supuestos de gestión indirecta que deberá "contemplar" la "emisión de un informe preceptivo y debidamente motivado" previo a la externalización del servicio "elaborado por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta". "Estarán integrados por personas expertas del ámbito sanitario designadas por la propia administración pública, por personas representantes de las profesiones sanitarias y por representantes de la sociedad civil organizada", recoge el anteproyecto. El comité recibirá de la administración una "memoria justificativa" con razones que motiven la la necesidad de privatizar.

Quedan prohibidos, además, los modelos por los que la empresa construye el centro y, a cambio, se queda con la gestión del mismo durante décadas. "Construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema", explican desde el Ministerio de Sanidad. En el departamento que dirige Mónica García consideran que la ley propuesta "normaliza la reversión a la gestión pública" cuando un contrato finaliza, como ya hiciera el Gobierno valenciano de Ximo Puig con el hospital de Alzira y otros tantos centros de la región. En el caso de la Comunidad de Madrid, los contratos de los grandes hospitales privatizados no expiran, como poco, hasta finales de la próxima década.

La participación del sector privado en el sistema sanitario no lleva aparejada una mejora de los servicios. Pese a que las administraciones suelen vender que estas externalizaciones reducen costes y benefician a los enfermos, lo cierto es que los estudios apuntan en dirección contraria. Así consta, por ejemplo, en uno de la Universidad de Oxford publicado en marzo de 2024 en la revista especializada The Lancet, en el que se señala que los gestores privados suelen sacrificar "la calidad" para conseguir "grandes reducciones de coste", con recortes de personal, reducción de salarios o tratamiento preferente a pacientes "rentables".

"En nuestro contexto, cabe destacar un estudio que comparó los resultados en salud del modelo Alzira de la Comunidad Valenciana entre 2003-2015 con hospitales públicos de características similares. Este estudio observó que el modelo Alzira presentaba peores resultados en hospitalizaciones evitables, mortalidad por infarto de miocardio o ictus isquémico, o en la eficiencia tecnológica", recoge el Ministerio de Sanidad en un documento del pasado mes de diciembre.

Alrededor de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, y 80.000 según los convocantes, han recorrido este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño, según informa EFE.

La marcha, que ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevaban pancartas en las que se puede leer 'la sanidad no se vende, la sanidad se defiende', mientras los manifestantes gritaban 'Pobre sanidad, o tienes talonario o te vas para el otro barrio'.

Entre los asistentes, Elena, enfermera en un hospital público de Madrid, resumía el sentir de muchos manifestantes. "Cada vez hay menos medios y menos personal, y eso nos afecta a todos", ha explicado a EFE mientras sostenía la mano de su hija.

Los miles de manifestantes han presentado sus demandas en la Puerta del Sol, donde han reclamado una financiación pública suficiente para la sanidad y han exigido frenar la privatización de los servicios sanitarios.

También han pedido un refuerzo de la atención primaria, reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, y el aumento de la red de salud mental, alegando que la salud es un derecho y la sanidad un patrimonio colectivo.

Entre las reivindicaciones, los convocantes han destacado la mejora de las condiciones laborales y la conciliación del personal sanitario, así como el desarrollo de un plan de gestión consensuado entre consejerías y un mayor control del poder de la industria sanitaria con perspectiva de género.

Maribel ha denunciado en declaraciones a EFE los problemas de acceso: "La última vez que pedí una cita me dieron para dentro de 24 días; antes se daba para el día siguiente o, como mucho, en tres días. Ahí se ve el deterioro".

Pilar y Gema comparten el sentimiento de abandono por parte del Gobierno regional: "Todo va para la privada, estamos abandonados".

Elena, además de enfermera, ha destacado cómo la falta de personal y recursos afecta al trabajo diario y a la conciliación familiar: "Durante un año y medio tuvimos que doblar turnos para cubrir bajas, la conciliación familiar se complica y no se respetan los tiempos necesarios.

"Cuando pides una cita en un centro de salud te dan para 15 días. En ese tiempo, un problema médico puede empeorar", ha añadido Elena.

Los organizadores insistieron en que esta protesta forma parte de un compromiso permanente con la sanidad pública y destacaron que "salvar la sanidad pública es una urgencia".

También han acudido políticos a la manifestación, entre ellos el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, líder del PSOE de Madrid, que ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "robar el dinero a la sanidad pública" y "convertir el derecho de todos en un negocio".

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha expresado que "las élites económicas y políticas" de la ciudad están "robando" al municipio y a la región, así como a la sanidad pública.

Y su compañera de partido Manuela Bergerot ha defendido que la "sanidad pública madrileña está bajo el asedio de los buitres" como los de Ribera Salud o Quirón, así como en las manos de su "mejor empleada", la presidenta madrileña.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido el alta del Hospital Vall d'Hebron y a partir de esta tarde continuará en casa con un sistema de hospitalización domiciliaria el tratamiento de su osteomielitis púbica, han informado fuentes del Govern y recoge EFE.

"Ha salido del hospital caminando, por su propio pie, con muletas", ha explicado en una rueda de prensa este viernes el gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Illa llegó al Hospital Vall d'Hebron el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas, y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.

Después de trece días en el hospital barcelonés, el presidente catalán "evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria", ha detallado Vall d'Hebron.

El hospital ha convocado una rueda de prensa a las 17.30 horas para ofrecer más detalles de la evolución y el tratamiento que debe continuar el president en su domicilio.

La osteomielitis púbica es un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'. Cuando se comunicó el diagnóstico, el pasado 19 de enero, el equipo médico ya estimó que el presidente catalán estaría dos semanas ingresado para recibir tratamiento antibiótico endovenoso y rehabilitación fisioterapéutica que le permita recuperar la movilidad mermada.

Illa no ha terminado el tratamiento, sino que lo seguirá en su casa con un sistema de hospitalización domiciliaria, es decir, seguirá recibiendo en su domicilio los cuidados o fármacos propios del ámbito hospitalario.

Según indicaron en el momento del diagnóstico los doctores de Vall d'Hebron, la osteomielitis púbica es una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Al estar ingresado, Illa delegó sus funciones temporalmente en el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien está al mando de la Govern en un momento muy marcado por la crisis de movilidad a raíz del accidente ferroviario en un tren de Rodalies el pasado 20 de enero.

Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido, y todavía es, un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público, iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta: “¿Cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu comunidad autónoma?”, y solo el 42,4% contesta que bien o muy bien.

Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba bien o muy bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9%). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población.

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5%, prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y lleva razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA. Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, ascendería a 300.000 millones de euros. Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad, “blindando la universalidad de la sanidad pública”.

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero, ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. 

Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional y nacional que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello, entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad, sería muy conveniente una refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y, en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. 

Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa), no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

El presidente catalán, Salvador Illa, "evoluciona favorablemente" y en las últimas horas "ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", de modo que ha comenzado caminar de acuerdo con el proceso de recuperación previsto, según ha informado el Hospital de la Vall d'Hebron en un comunicado.

Illa ingresó el pasado sábado en el centro hospitalario tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores causados por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

El hospital ha explicado este miércoles que el president "evoluciona favorablemente y prosigue con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico". "En las últimas horas ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", añade la nota.

Se prevé que Illa pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento a seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y el president debe hacer trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores. 

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva", informa EFE.

Así lo ha explicado el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa para exponer la última hora del estado de salud de Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'".

Está previsto que el president deje la UCI mañana y pase a planta para seguir con el tratamiento adecuado para su dolencia, ha indicado el equipo médico.

Los doctores han señalado que se trata de una patología infecciosa poco frecuente pero con un buen pronóstico, pues los pacientes tienen una "recuperación completa", no solo de la infección sino también de la disfunción motora.

"El president está en forma y es una persona sana y con ánimos de recuperarse lo antes posible, así que no tenemos dudas de que la recuperación funcional será favorable", ha subrayado Salazar.

La especialista en enfermedades infecciosas de Vall d'Hebron Dolors Rodríguez ha explicado que el origen de la dolencia es en la unión de dos huesos del pubis que habitualmente soportan muchas cargas, lo que hace que a veces se puedan producir pequeñas lesiones.

Es en esta zona donde se ha colado el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria que habitualmente está en el tracto gastrointestinal de los humanos pero que a veces se infiltra en la sangre y llega a otras zonas del cuerpo.

"Habitualmente esto no da problemas, pero si hay un lugar especialmente frágil, donde haya una lesión previa, se engancha allí", ha explicado Rodríguez, que ha añadido: "Quizás había una inflamación de la articulación y es allí a donde fue a parar la bacteria para causar la osteomielitis".

El tratamiento a seguir es el antibiótico, que ya se le empezó a administrar al president ayer ante las sospechas de que era un proceso inflamatorio, acompañado de analgésicos, si fuera necesario, para el dolor, ha explicado Rodríguez.

Habitualmente, las dos primeras semanas de tratamiento antibiótico son endovenosas (a través de una vía) y a partir de ahí, si la evolución es buena, se puede pasar a tratamiento oral (por pastillas), ha señalado.

En este sentido, los doctores mantienen de momento la previsión de unas dos semanas de ingreso de Illa, si bien Rodríguez ha señalado que no es descartable que pueda ser menos y que el president pueda seguir haciendo el tratamiento endovenoso en el domicilio.

Por el otro lado, el president deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores, que es la parte que se ha visto afectada por la infección pero que mejorará con el tratamiento.

Como Illa no tiene fiebre y está estable, no tiene ninguna limitación a nivel intelectual, si bien debe guardar reposo, ha indicado Rodríguez.

Al ser preguntada por cuándo Illa podrá volver a correr, su afición favorita, la doctora ha dicho que es difícil de pronosticar, pues puede ser cuatro, seis u ocho semanas, y ha señalado que el president deberá seguir las recomendaciones de los servicios de rehabilitación.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará un día más en la UCI antes de pasar a planta y, a la espera de acabar de afinar el diagnóstico, todo apunta a que el origen de los síntomas que padece es una patología inflamatoria, según el gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, según recoge EFE.

Illa está ingresado en este hospital barcelonés desde el pasado sábado tras sufrir una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. 

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Salazar ha dicho que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta. 

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio".

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos, según recoge EFE. 

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 por millón de población, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras "absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países", ha resaltado la ministra, que ha destacado que España, con 17 trasplantes y 8 donantes diarios, "nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa".

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, ha añadido Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60 % de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32 % los 70 y un 5 % los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Sólo el 3 % murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52 %).

El nuevo balance de la ONT dibuja así una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su propio máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron como consecuencia de la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030 que estará en marcha este año; uno de sus principales objetivos será el de aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo las negativas a donar (22 %), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y 11 de intestino.

Pese al descenso del trasplante hepático (-5 %) y pulmonar (-11 %), el renal se mantuvo estable y aumentaron de forma significativa los cardíacos un 12 %, de páncreas un 6 % y de intestino un 175 %.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56 % del total con 1.416, un 8 % más que en 2024.

Con esta técnica se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardíacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara, algo que fue posible por la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española que sólo realizan 9 países en el mundo.

Gracias al esfuerzo de la ONT por priorizar pacientes con dificultades para recibir un órgano, en 2025 se realizaron 298 trasplantes en urgencia cero y 180 en niños y se trasplantaron 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares.

Pese a todo, se mantiene un número importante de pacientes en lista de espera: 5.163, de los que 77 eran niños.

Doce comunidades superaron los 50 donantes p.m.p y 7 sobrepasaron los 60; Cantabria volvió a encabezar la tabla con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3).

Entre las que superan los 5 millones de habitantes, destacó la actividad de la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4), aunque las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, el 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su autonomía de residencia.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio, según recoge EFE.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en la disolución del fármaco administrado a un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, ha explicado en rueda de prensa que el error se ha detectado en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que "no se hizo cómo debía haberse hecho". Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

Cartón ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que ha afectado a un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita, aunque los cinco pacientes afectados recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos.

La gripe ha comenzado a remitir y ha bajado su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3, según recoge EFE.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad -entre el 15 y el 21 de diciembre- refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha subido de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente a la covid, que se ha duplicado en este periodo de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos por cada 100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos por cada 100.000 habitantes (9,3 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de 1 a 4 años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso (de 2,6 a 3,1), pero la subida continúa es pronunciada aún en los menores de 1 año, en lo que ha aumentado de 58,6 a 74,9 en una semana.

Hace tan solo unas semanas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron mandar una serie de recomendaciones para intentar mitigar la presión de la gripe como el uso de mascarillas cuando se tuvieran síntomas y, obligatoriamente, en centros hospitalarios.

No sé cuál puede ser la palabra más indicada para calificar la cara de espanto que se nos queda a los españoles cuando oímos la barbaridad de las concesiones sanitarias a empresas privadas. Se privatiza la sanidad pública a costa de nosotros mismos, de los españoles, que somos quienes la financiamos con nuestros impuestos.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

¿Dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos? Pues, en gran parte, se lo embolsan nada más y nada menos que las empresas sanitarias privadas que, sobornando a los políticos responsables, consiguen que se les conceda la gestión de los hospitales públicos. Pero las empresas solo piensan en enriquecerse y no cumplen los objetivos que –se supone– han pactado. En consecuencia, la precariedad de la asistencia sanitaria aumenta vergonzosamente y el desmantelamiento progresivo de lo público es un hecho constatado.

Una empresa, según la RAE, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

¿Y cómo se lucran estas empresas que se encargan de gestionar los hospitales públicos? Pues se lucran desatendiendo a los pacientes, que no se curan y mueren sin haber recibido los cuidados necesarios. Está claro que el dinero, que reciben de los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas, no lo emplean en que la población goce de una sanidad adecuada y digna, sino que se lo apropian de forma fraudulenta y lo convierten en beneficios crematísticos (efectivo contante y sonante).

Pero no solo se lucran las empresas, pues al haber sido seleccionadas por las Comunidades Autónomas para la privatización pagan un canon sustancioso a los políticos que las han elegido (o a su pareja) que, sin duda, será proporcional a los beneficios que ellas mismas obtienen.

Y todos contentos.

Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estas empresas que se enriquecen a costa del abandono y muerte de los españoles son asesinas. Y, en consecuencia, los políticos que se lucran a costa de ese abandono y muerte de los enfermos, que esas empresas privadas no han atendido, son también cómplices de esas muertes.

Así las cosas, tras el escándalo del grupo Ribera Salud en Torrejón de Ardoz y el de la empresa Quirón, en la Comunidad de Madrid, ya nos estamos acostumbrando a que la señora presidenta, cuando se pone nerviosa y carece de argumentos, enarbole la bandera de la ETA que, según dice ella, se está preparando para cometer muchos desmanes en Euskadi y en Navarra. Lo hace para meter miedo al personal y desviar la atención; y porque, al parecer, no se ha enterado de que ETA ya no existe desde el 20 de octubre de 2011. Aun así, yo en su lugar tendría la boca cerrada y me plantaría ante el señor MAR para decirle que, si quiere mentir, sea él quién lance esos bulos al aire, porque afortunadamente llevamos década y media sin muertes.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

Isabel Díaz Ayuso lleva años insultando y llamando demagogos a la oposición y a todo el que denunciara la apuesta de Madrid por convertir la sanidad en rentabilidad y negocio. El daño a la pública a costa de la rentabilidad de quienes absorben los fondos públicos del sistema de salud. Eso que Ayuso llamaba demagogia ha sido un boomerang con toda crudeza en boca del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallard. La llamada a incrementar las listas de espera para ser más rentables, “desandar el camino” de atender al paciente cuando lo necesita, es lo que sufren miles de madrileños que no pueden pagarse un seguro privado. Escucharlo de manera tan elocuente les da la razón a quienes llevan años denunciándolo y sintetiza en tres palabras un modelo que pone la salud en jaque.

Para que unos cuantos empeoren el sistema y ganen por ello hace falta un proyecto político. Ayuso, como Esperanza Aguirre, ha volcado su apuesta a la cesión privada. Al deterioro y desmantelamiento de lo público para los holding privados. La presidenta de Madrid también sabe que es su mayor zona de riesgo. La demolición del aparente blindaje de su mayoría absoluta. La única vez que tuvo que ceder ante la presión social, con sanitarios y sindicatos al frente, fue con las manifestaciones masivas a tres meses de las elecciones de 2023. Ganaron las protestas como ganó la marea blanca consiguiendo la ilegalización de las privatizaciones de Aguirre. Esta vez ha tenido que dejar el lenguaje trumpista para hablar de un “sistema sanitario que no deja a nadie atrás” para salir del paso. 

El CEO de Ribera Salud ordenó dar prioridad a los pacientes rentables porque Ayuso se lo permite. Porque el sistema de salud se está diseñando para que pueda pasar. Pacientes rápidos, caros al erario público y baratos para la gestión privada. Torrejón es el hospital que más consultas rápidas y partos hace. Los servicios mejor pagados. El negocio con las listas de espera es una decisión. Donde no se ponen sistemas de control ni reglas del juego. Por eso Ribera Salud puede imponer en este hospital público no atender a pacientes con tratamientos costosos a favor de la cuenta de resultados. Y la grabación es elocuente porque no es un arrebato ni una frase aislada en un despacho grabada. Pablo Gallard comunica la estrategia a una veintena de trabajadores que la despliegan. Lo hace con el conocimiento de que es absolutamente irregular. Con el despido de los cuatro directivos que lo denunciaron internamente, como ha desvelado El País, se expulsó a quien intentó frenar el plan empresarial al máximo nivel. La propia gerente despedida, Pilar Navarro, tuvo que acudir al canal ético interno para intentar ponerle freno. Cayó como el director médico, el de enfermería y el de calidad del paciente. 

Ribera Salud se sabía impune al despedir a las cuatro direcciones de mayor peso en la protección de los derechos de los pacientes. Mucho ha tardado la Fiscalía (esperemos que a esta hora ya haya actuado) en reaccionar al audio del CEO Pablo Gallard. Una investigación que acabará con la imputación de Gallard por vulnerar los derechos de los pacientes. Veremos si es la única investigación o si esto no ha hecho más que empezar para Ayuso. Si acaban metiendo mano a la gestión privada de los centros públicos. La relación directa con cómo se han disparado los seguros privados no es causal. 

Y no es un modelo aislado. Afecta a la sanidad y la educación. De los hospitales a los colegios concertados, el desmantelamiento de los ascensores sociales del estado de bienestar. Con uno te juegas el futuro, con el otro la vida. Y por lo mismo el PP sabe que la sanidad les pone en jaque en el larguísimo ciclo electoral. Juanma Moreno Bonilla tiene lejos revalidar la mayoría absoluta en todas las encuestas coincidiendo con la crisis de los cribados. Miles de mujeres con cáncer de mama tienen más credibilidad que cualquier estrategia electoral que pretenda aunar mayorías. Y se la juega Feijóo. La reacción contra Ayuso, pidiendo una autoría en profundidad de Ribera Salud y dando por hecho que además de sancionable puede ser delictivo, va en dos direcciones. Contrarrestar un liderazgo que le hace sombra de manera permanente y no hundirse. El directivo de Ribera Salud después del escándalo de los cribados en las mamografías son dos estallidos de un mismo modelo de gestión del PP. Las vías de agua de las dos mayorías absolutas que pueden afectar más a Feijóo.  

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa, según informa EFE.

Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. También han amenazado con tomar medidas legales contra el gobierno de Ayuso por permitir que al hospital seleccionar y rechazar la atención a algunos pacientes priorizando sus beneficios económicos.

El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".

Más Madrid y el PSOE han anunciado este miércoles acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por permitir hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz seleccionar y rechazar la atención a algunos pacientes priorizando sus beneficios económicos.

Según unos audios publicados por el diario 'El País', la empresa gestora del hospital público de gestión privada de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más. "Hacemos actividad que nos perjudica", afirma el CEO del grupo Ribera, que gestiona el centro, que pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de "cuatro o cinco millones".

Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, ha escrito en X que "este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

Desde Bruselas, García ha dicho que los audios del grupo Ribera ponen de manifiesto que, dentro de la colaboración pública-privada, "hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes, haciendo una selección" de "los más rentables", mientras que "los más complejos" se van a la sanidad de gestión puramente pública.

A su juicio, la presidenta madrileña es "cómplice" de un modelo que está "alimentando tanto al grupo Ribera como al grupo Quirón", algo "intolerable, que pone en jaque la salud de los pacientes" y que no va a permitir, por lo que estudiará todas las acciones legales que sean necesarias.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado en X que "hacen crecer las listas de espera a cambio de engordar las cuentas de resultados de los hospitales públicos de gestión privada".

"¡Están rechazando pacientes! Este es el modelo Ayuso, ponerlo todo en venta a costa de lo más sagrado: tu salud", ha indicado López.

Los servicios jurídicos del PSOE-M están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones al respecto.

"Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad pública. Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha afirmado el secretario general del PSOE-M.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han subrayado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza una gestión de la lista de espera "transparente y eficaz", en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, y que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media.

En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas "vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta", han agregado las mismas fuentes.

Desde el pasado 30 de octubre hasta el 4 de noviembre, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) llevan a cabo una huelga nacional que paraliza una parte esencial de la Sanidad española, con seguimientos que alcanzan entre el 80% y 90% en muchas áreas. Pretenden exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo, entre otras reivindicaciones.

Este lunes, 3 de noviembre, celebrarán una manifestación nacional en Madrid, como punto álgido de su protesta. Pretenden pasar frente a los tres ministerios "responsables de la situación": Hacienda, Sanidad y Educación.

La huelga está causando la anulación y el retraso de miles de mamografías del cribado de cáncer de mama, sumando una crisis grave a la ya precaria situación de los programas de detección precoz. Además, se están suspendiendo y retrasando miles de pruebas diagnósticas y sanitarias, incluyendo laboratorio, imagen, radioterapia y anatomía patológica, poniendo en riesgo tanto la salud pública como el diagnóstico de numerosos pacientes. En muchos centros se están tirando numerosas muestras y el funcionamiento de los servicios diagnósticos es precario. Como recuerdan los propios profesionales, “sin Técnicos Superiores Sanitarios, la Sanidad no funciona”.

Así lo han trasladado los representantes de las Comisiones por el Grado universitario de los TSS, responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. "Somos un único país de sociedades avanzadas que para estos profesionales sanitarios tiene una formación totalmente deficiente de dos años, sin la imposibilidad de asimilar todos los avances científicos tecnológicos (...) y tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos", ha afirmado uno de sus portavoces, Francisco Javier Montero.

Pese a que tienen una formación de grado superior, una categoría enmarcada en el grupo funcionarial B, los TSS cobran por debajo de ese nivel. Esto ocurre, a pesar de que "el Ministerio de Sanidad tenga desde 1998 tres informes propios públicos en las que se constatan estas diferencias de formación en comparación con Europa", ha añadido. "No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, en definitiva, se paran los hospitales. Hemos estado muchos meses intentando negociar, pero no ha sido posible", ha lamentado otro de los representantes, Juan Carlos Rodríguez.

Los TSS dirigen su huelga también contra el Ministerio de Hacienda, "culpable" de que después de 18 años los TSS sigan "trabajando por amor al arte". Según sus cálculos, deberían estar cobrando como grupo B desde 2008: "Son miles y miles de euros los que se le debe a cada técnico superior, los cuales se sienten continuamente ignorados por el poder ejecutivo", ha censurado Juan Felipe Rodríguez.

Los especialistas, que no descartan una huelga indefinida, defienden que "no van a esperar más". "Lo único que estamos pidiendo —ha añadido Rodríguez— es que se nos haga caso y que no se nos trate como la escoria de la sanidad". Además, denuncian una falta de calidad de formación en el sector, por lo que tienen que actualizarse continuamente en base a sus propios recursos porque el Ministerio de Educación "no sabe ni conoce" lo que es un técnico superior sanitario y ni las funciones que desempeña.

"Si tú sales de España y le dices a cualquiera que está estudiando radioterapia online, no se lo cree. Pues aquí ocurre. Hay una proliferación de escuelas con formación inadecuada permitida por Educación y las comunidades autónomas", ha criticado, por su parte, Francisco Javier Montero. Crear diplomas de acreditación avanzada, transformar el FP superior en una carrera universitaria y que haya una función como coordinador de los diferentes superiores sanitarios son otras de sus reivindicaciones.

El colectivo insiste en que su lucha no es solo laboral, sino también esencial para la atención sanitaria: llevan décadas exigiendo la equiparación de sus funciones, el reconocimiento de su titulación al Nivel 2 del MECES y el fin de la intrusión laboral. Según los profesionales, el Gobierno y los ministerios implicados han incumplido reiteradamente estos compromisos, lo que ha hecho necesaria la huelga.

Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur (Sudán) tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado fin de semana, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha informado EFE.

El director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su cuenta oficial en X que la organización está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre el Ejército y las FAR, la OMS ha verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con 1.204 muertos y 416 heridos, incluyendo pacientes y trabajadores sanitarios.

Estos ataques "deben detenerse de forma inmediata e incondicional, y todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario", subrayó Tedros en X.

Ya el lunes, un día después de que las FAR anunciaran la toma de Al Fasher tras año y medio de asedio, Naciones Unidas denunció que las fuerzas paramilitares estaban perpetrando ejecuciones sumarias de civiles que intentaban huir de la ciudad.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que muchas de esas ejecuciones podrían tener motivación étnica.

Los intensos bombardeos a la ciudad del 22 al 26 de octubre, que concluyeron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés, también causaron la muerte de numerosos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios voluntarios, según Naciones Unidas.

Un estudio ha comprobado que la contaminación atmosférica durante el embarazo se asocia con una maduración cerebral más lenta en los bebés, según recoge EFE.

La investigación, publicada en la revista Environment International, es una colaboración entre investigadores del Hospital del Mar, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) (centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”) y del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP).

Según ha informado el Hospital del Mar, es el primer trabajo que ha analizado el desarrollo cerebral en el primer mes de vida, teniendo en cuenta la mielinización. Este es un proceso clave en la maduración del cerebro, en el que la mielina recubre las conexiones neuronales y las hace eficientes para la transmisión de información. 

Los bebés de madres expuestas a niveles más altos de partículas finas en suspensión durante el embarazo muestran una mielinización más lenta en esta etapa tan temprana de la vida, lo que puede ser perjudicial para el niño. 

Ahora bien, aún queda por determinar si el efecto observado en este estudio tendrá consecuencias negativas en las capacidades de los niños.

Para llevar a cabo el estudio se reclutaron mujeres embarazadas en seguimiento en el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de Sant Pau y el Hospital Sant Joan de Déu. 

Los investigadores monitorizaron los niveles de contaminantes atmosféricos a los que estaban expuestas durante la gestación y, después del parto, se seleccionaron 132 bebés. 

A estos neonatos se les realizó una resonancia magnética antes de cumplir el primer mes de vida para observar el grado de maduración cerebral según sus niveles de mielinización.

Los resultados muestran una correlación clara entre una mayor exposición materna a PM2.5 (partículas diminutas de 2,5 micras de diámetro en aire contaminado) durante el embarazo y una menor mielinización en el cerebro de los bebés.

La contaminación analizada incluye esas partículas diminutas, unas treinta veces más finas que un cabello humano, y que están formadas por elementos nocivos derivados del proceso de combustión y compuestos orgánicos tóxicos, pero también por elementos esenciales para el desarrollo cerebral, como el hierro, el cobre o el zinc. 

Por ello, todavía es necesario investigar cómo afecta cada uno de estos componentes al desarrollo del cerebro de los bebés. 

Los investigadores han resaltado que el estudio se hizo en Barcelona con la zona de bajas emisiones ya en vigor, así que reclaman seguir avanzando en los planes para descontaminar las ciudades.