El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según recoge EFE.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.

"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

También el PSOE ha lamentado profundamente el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".

"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social. 

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, anunció su familia y recoge EFE.

Jospin se había sometido en enero pasado a una intervención quirúrgica importante, de la que no transcendieron detalles.

Además de jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, Jospin fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Se da la circunstancia de que este eminente socialista francés falleció el domingo, el día que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en las que dos candidatos de su partido consiguieron mantener en manos de la izquierda las dos ciudades más importantes de Francia, París y Marsella.

En declaraciones a France Info, el actual líder del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó su "profunda tristeza" y "gran emoción" por el fallecimiento de Jospin, a quien designó como un maestro.

"Él era el elegido. Nos educó y nos formó a todos. Todos pertenecemos a esa generación que se forjó con Lionel Jospin, con la izquierda plural. Y fue él quien nos apoyó con su bondad. Fue él quien participó en cada lucha y quien fue un referente, un modelo a seguir para muchos de nosotros", declaró Faure. Era, añadió, "un hombre íntegro, un hombre de principios" y, con él, durante su gobierno "fueron sin duda los últimos años en que la izquierda estuvo unida".

Pero esa historia de unidad terminó mal el 21 de abril de 2002, que marcó un punto de inflexión, reconoció Faure, en alusión a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Jospin terminó en tercera posición, desbancado por Le Pen, algo que el ex primer ministro definió como la caía de un "rayo" sobre el socialismo francés.

"Por primera vez en mi vida, vi no al héroe que él representaba para mí, sino a un hombre golpeado por el destino. Y fue una imagen terrible. Incluso mencionó un rayo. Fue como si el cielo se nos hubiera caído encima ese día, y, sinceramente, no se lo merecía", lamentó Faure retrospectivamente.

La noche del 21 de abril de 2002, tras quedar eliminado en la primera vuelta de las presidenciales francesas, Jospin pronunció una breve declaración que marcó la vida política del país. Su frase más recordada fue: "Asumo plenamente la responsabilidad de este fracaso y saco las consecuencias retirándome de la vida política tras el final de la elección presidencial".

Con este anuncio, Jospin no solo reconocía la derrota, al haber quedado por detrás de Chirac y de Le Pen, sino que también comunicaba su retirada inmediata de la política, lo que constituye unas de las declaraciones más contundentes de la política francesa reciente.

"Recuerdo que a Lionel Jospin le faltaron solo dos votos para pasar a la segunda vuelta. Y lo más probable es que, de haberlo logrado, la historia hubiera sido diferente, ya que todos creían que la victoria contra Jacques Chirac era posible. Las cosas siempre se han dado de forma distinta. Así es el destino y lo acepté", dijo Faure.

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y recoge EFE.

Además de esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y la posición de España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo lleva tiempo preparando un plan de respuesta "integral" ante los efecto de una guerra que España, ha recordado, no avala.

El objetivo ahora es intercambiar ideas con los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos, escuchar sus propuestas y seguir monitorizando la situación para poner en marcha una respuesta "calibrada y eficaz".

Saiz ha planteado una respuesta con una doble vertiente: un plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas; y en un plano estructural, con programas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica del país.

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer, porque estamos preparados", ha recalcado la portavoz, quien ha ratificado el "no a la guerra" y la apuesta "firme" del Gobierno por el derecho internacional y la vía diplomática como "única salida responsable" al conflicto.

Saiz ha garantizado que el Gobierno se está volcando en garantizar los intereses de todos los españoles y, en ese contexto, ha destacado también la labor del Ministerio de Exteriores para proteger a los nacionales que viven en Oriente Medio y facilitar las evacuaciones.

“Cuando el resto de nosotros nos estamos matando para crear riqueza y casi nada de ella está volviendo a nuestras comunidades, se está yendo a otro lado. Hacia arriba, hacia los bolsillos de los superricos”. Quien habla es Zack Polanski, líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, en un vídeo de la formación que se ha viralizado en internet. Diversas personalidades, como el actor Dani Rovira o el político Gabriel Rufián, han compartido el spot del Green Party que denuncia el encarecimiento del coste de la vida y la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. La repentina popularidad de esta formación ha sido descrita por algunos medios de comunicación como el “efecto Polanski”, en alusión al conocido “efecto Mamdani” que llevó a la victoria en las urnas al ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. 

El Partido Verde inglés y galés crece en números, tanto en afiliados como en intención de voto, en un momento caótico para la izquierda de Reino Unido. Mientras que el Gobierno laborista se desploma en apoyo electoral, los cofundadores de la formación Your Party –Jeremy Corbyn y Zarah Sultana– han tenido varios encontronazos internos desde el anuncio de la creación del partido el pasado julio. Al otro lado del arco parlamentario, el partido de extrema derecha liderado por Nigel Farage, Reform UK, saldría vencedor si las elecciones se celebrasen ahora, según las encuestas.

Zack Polanski frecuentemente presenta a su formación como una alternativa al Partido Laborista para frenar al anteriormente conocido como Brexit Party. “Solo el Partido Verde puede parar a Reform”, aseguró en un post de X. Judío, pero antisionista, homosexual y actor, Polanski lidera el partido ecologista desde el pasado septiembre, cuando fue el ganador de las primarias con casi el 85% de apoyo. Nacido como David Paulden (Salford, 1982), a los 18 años escogió el apellido original de su abuelo, que este había sustituido para evitar el antisemitismo en Reino Unido. Antes de conseguir un escaño por los Verdes en la Asamblea de Londres, Polanski formó parte de los liberaldemócratas.

Desde su llegada a la dirección del partido, la intención de voto a los Verdes ha crecido entre cuatro y seis puntos (hasta llegar a en torno al 15%), según sondeos como los de Politico y YouGov. Incluso han llegado a estar cerca del empate con los laboristas de Keir Starmer, que atesoran alrededor del 20% de los votantes británicos. De hecho, una quinta parte de los electores del Partido Laborista en 2024 votaría ahora a los Verdes, según una encuesta de enero de YouGov. Este mismo sondeo apunta a un considerable respaldo joven: el 45% de los jóvenes de entre 18 y 24 años apoyaría electoralmente a la formación.

Los expertos consultados coinciden en que el creciente interés por el Partido Verde se debe a la figura del propio Polanski y también al rechazo hacia el jefe del Ejecutivo británico. “Polanski es un líder populista, y mucho más carismático que líderes anteriores o, incluso, que el actual primer ministro”, asegura a infoLibre Beatriz Valero, analista de El Orden Mundial. Según la experta, este político “no tiene miedo a hacer intervenciones polémicas o combativas”, algo aprendido de Farage, además de hablar desde el punto de vista “del hombre de a pie”.

Al igual que Valero, Louise Thompson, profesora de la Universidad de Manchester, incluye al Partido Conservador como responsable de la entrada en escena de nuevos partidos: “Nuestros gobiernos se ven cada vez más inestables, sacudidos por una serie de crisis aparentemente interminables que ha provocado la pérdida de confianza de los votantes. Polanski y los Verdes ofrecen una alternativa clara”. 

Valero señala que la economía es la principal preocupación de los británicos –y con ella el encarecimiento del coste de la vida–, y que los Verdes han sabido identificar este problema. Además de su compromiso medioambiental, el actual discurso de este partido, descrito por el propio Polanski como “eco-populista”, propone medidas como los impuestos a las grandes fortunas, la semana laboral de cuatro días o la legalización de ciertas drogas. 

“El cambio más grande no ha sido tanto el contenido del programa como la forma de comunicarlo”, asegura Valero. Precisamente, Thompson señala que lo que distingue a Polanski es el “excelente uso de los medios (tradicionales y online) para insertarse en la conversación nacional y mantener a los Verdes en la agenda política y noticiosa”. El dirigente de la formación está presente en varias redes sociales y también dirige el pódcast Bold Politics with Zack Polanski.

La victoria del socialista Zohran Mamdani en Nueva York trajo un halo de esperanza para las formaciones progresistas de todos los rincones del planeta en un momento de auge de las extremas derechas. La popularidad del líder de los Verdes ha provocado que se haya empezado a especular sobre un posible ‘efecto Polanski’, al igual que se habló del ‘efecto Mamdani’. Unai Gómez-Hernández, investigador de la Universidad de Edimburgo, explica que el interés por Polanski y su comparación con Mamdani se debe al “fenómeno mundial de rechazo a las derechas”, en el que también se incluye a políticos como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez.

Sin embargo, los expertos consultados están de acuerdo en que todavía es pronto para hablar de este posible ‘efecto’. Primero el Partido Verde tendrá que medir sus fuerzas en las elecciones parciales (by-election) de la circunscripción de Gorton y Denton el próximo 26 de febrero, además de los comicios locales de Inglaterra en mayo. “El ‘efecto Polanski’ todavía tiene que materializarse”, sostiene Valero. 

Según Gómez-Hernández, la circunscripción objetivo de los Verdes son las áreas urbanas de tradición laborista. “Los entornos rurales se les siguen escapando, con la excepción de Gales”, añade. Además, un obstáculo para los ecologistas es el sistema electoral first-past-the-post, en el que solo consigue escaño el candidato más votado, lo que perjudica a los partidos no bipartidistas. “No es imposible que otro partido gane unas elecciones, ahora mismo ganaría Reform”, recuerda Valero. 

A esta problemática se le añade la presencia de Your Party, formación liderada por el ex laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana y que trata de captar el mismo electorado que los Verdes. Sin embargo, tanto Valero como Thompson no consideran que este nuevo partido sea “una amenaza” porque, según Valero, “no tiene la estructura política ni la base de votantes que los Verdes han ido construyendo a lo largo de los años”. “No tienen un líder claro y hay luchas internas constantes, con poca identidad real en torno a lo que realmente representan”, razona Thompson.

En cuanto a las citas electorales, el distrito de Gorton y Denton podría aupar al Green Party, pero el escaño está muy disputado. “Existe un peligro real de que la fuerte presencia de los Verdes pueda dividir el voto de izquierda y permitir a Reform una victoria fácil. A largo plazo, este será el problema de los Verdes”, apunta Thompson.

En cuanto a un hipotético enfrentamiento electoral con Reform, Valero descarta que Polanski pueda canalizar el voto protesta, que actualmente lidera Farage, mientras que Thompson considera que ambos capitalizan “el mismo sentimiento antipartido hacia los grandes partidos tradicionales”, pero que los ultras lo tienen más fácil por la falta de apoyos al Partido Conservador. Por su parte, Gómez-Hernández sostiene que “se hace difícil imaginar que la misma persona vaya a votar a un partido netamente pro-Brexit y a otro anti-Brexit”.

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, casi diez puntos por encima del PP, que se queda en una estimación del 22,9%, según recoge EFE. Vox, con un 18,9% de los sufragios, iguala su mejor resultado, alcanzado en julio de 2025, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio del CIS publicado este lunes se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón, que revelaron un fuerte empuje de Vox en esta comunidad que ahora se ratificaría en toda España.

Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7% de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9% al subir cuatro décimas en este último muestreo. El anterior barómetro del CIS, publicado el pasado 16 de enero, dio un 31,7% de los votos al PSOE, un 23% al PP, un 17,7% a Vox, un 7,2% a Sumar y un 3,5% a Podemos.

De este modo, las mayores subidas detectadas en febrero corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas; y Se Acabó la Fiesta, que escala seis décimas hasta alcanzar el 2,4% de los votos.

ERC pierde una décima y se queda con el 2,5% de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2%; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1%, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8%, y CC y UPN, con el 0,1.

El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3%) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2% y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9%.

Eso sí, también una cuarta parte de los entrevistados (25,3%) dice que no tiene ningún favorito entre los dirigentes de las principales formaciones políticas para ocupar la Moncloa. Además, un barómetro más suspenden todos los líderes políticos al ser evaluados por los ciudadanos ya que ninguno alcanza el aprobado.

Sánchez sigue en primera posición, con 4,23 puntos de media, seguido de la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (3,97), con Feijóo en tercer lugar (3,45) y Santiago Abascal el último (2,97).

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8% de los encuestados, dos décimas más que en el anterior barómetro.

La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3%, por delante de la crisis económica (18,1%), el Gobierno y los partidos políticos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

Una mayoría (55,4%) cree que la situación económica del país es "mala o muy mala" pero las respuestas se invierten cuando se pregunta al ciudadano por su situación económica personal. La mayoría (63,5 %) dice que es "buena o muy buena" y quienes dicen que es mala o muy mala bajan al 26,2%.

El 84,3% de los españoles cree que la Constitución necesita en estos momentos de alguna reforma, por un 12,5% que no lo ve necesario cuando la Carta Magna se convierte en la más longeva de la historia de España. De los que contestan afirmativamente a esa pregunta, dos de cada tres (66,5%) consideran que la Constitución de 1978 necesita reformas "importantes" y el 32,1% que "pequeñas".

Preguntados con más detalle -en este caso solo los partidarios de la reforma- en qué aspecto o cuestión concreta habría que introducir modificaciones -"importantes" o "pequeñas"-, más de un tercio (36,7%) señala en primera o segunda posición que en derechos sociales, económicos y laborales; un 16,6% que en el modelo de Estado (monarquía o república) y un 16,3% que en cuestiones territoriales.

Un 13,3% piensa que en transparencia y control de la actividad política; un 12,5% que en materia de justicia, defensa y seguridad; un 11,5% que en el sistema electoral, los procedimientos para elegir gobierno y en la participación política de los ciudadanos; y un 11,3% que en materia de derechos y libertades de los ciudadanos.

Otros aspectos mencionados en menor medida son migración y extranjería (5,1%), igualdad entre hombres y mujeres (3,9%), garantizar la separación de poderes (3,2%), igualdad ante la ley (1,1%), obligaciones de la ciudadanía (1,0 %), nuevas tecnologías (0,9%) y economía (0,7%). El 58% confía poco o nada en que la Constitución ayude a resolver los problemas actuales 

La encuesta del CIS, realizada del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, revela que el 58,1% de los españoles tiene poca (41,1%) o ninguna (17,0%) confianza en que la Constitución pueda ayudar a resolver los problemas actuales de los españoles, por un 37,3% que tiene bastante (25,0%) o mucha (12,3%) confianza en que sí tiene esa capacidad.

El 43,4% de los encuestados tiene ahora peor opinión sobre la Constitución que hace 10 años, el 20,3% mejor y el 27% la misma.

El 82,3% considera que ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en España -por un 15,2 que piensa lo contrario-; el 71,6% que ha ayudado a que el país tenga un papel más destacado en Europa y el mundo -un 24,7% lo rechaza-; y el 65,3% cree que ha contribuido a la prosperidad económica y a las mejoras de los empleos -un 20,9 entiende que no-.

Que garantiza la libertad es lo más importante y significativo de la Constitución para el 31,8% de los encuestados, que permite resolver los conflictos por medios pacíficos para el 21,2%, que se aprobó por acuerdo de casi todos/as para un 15,6%, que limita los poderes del Gobierno para un 10,0%, que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones para el 8,3% y que restauró la monarquía para el 4%.

Según el CIS, casi la mitad de los españoles, el 49,2% sabe que la Constitución de 1978 se ha convertido este mes de febrero en la más longeva de la historia de España, mientras el 50,3% lo ignora.

Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.

La falta no es nueva ni accidental. El propio Consejo ya la había señalado en 2024 y formuló recomendaciones expresas que, un año después, han sido ignoradas por todos.

El resultado es un panorama en el que la transparencia partidista avanza solo de forma parcial y selectiva. Los partidos mejoran en algunos indicadores formales —organigramas, estatutos, memorias de actividad—, pero mantienen blindada la información más sensible desde el punto de vista del control ciudadano: los sueldos de quienes toman las decisiones políticas y gestionan recursos públicos.

Aunque no todos son igual de opacos. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de 2025 refleja una evolución a dos velocidades. En la parte alta de la tabla se sitúan el PSOE, con un 83,1% de cumplimiento, y Podemos, con un 74 %. Ambas formaciones han mejorado de forma significativa respecto al año anterior y han aplicado aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas por el CTBG en 2024. También Izquierda Unida y Sumar registran avances, aunque con puntuaciones más modestas, del 50,5% y el 46,1%, respectivamente.

Sin embargo, la mejora global no alcanza a la cuestión clave de las retribuciones. Ninguno de los partidos analizados, asegura el Consejo de Transparencia, publica de forma clara, accesible y actualizada el sueldo de sus máximos responsables, una obligación explícita en la normativa de transparencia. En este punto, no hay diferencias sustanciales entre formaciones: la opacidad es total.

En el extremo inferior del ranking se encuentran el Partido Popular y Vox, con índices de cumplimiento del 34,2% y el 33,2 %. Ambos no solo cierran la clasificación, sino que han desoído por completo las recomendaciones del Consejo: aplicaron cero de las doce que recibieron en la evaluación anterior.

El caso del PP destaca especialmente porque, además de no avanzar, retrocede. Su puntuación cae más de diez puntos tras haber eliminado de su página web información que anteriormente sí estaba disponible, como el organigrama del partido o la descripción de su estructura organizativa.

Los informes del CTBG muestran que la información económica es, con diferencia, el ámbito más problemático de la transparencia partidista. Más allá de los salarios ocultos, las carencias se repiten en varios frentes.

En materia de contratación pública, PP, Izquierda Unida y Vox no publican ningún dato sobre contratos o convenios con las administraciones. PSOE, Podemos y Sumar optan por una fórmula defensiva: declaran que no son adjudicatarios de contratos públicos, sin aportar documentación adicional que permita verificar esa afirmación o conocer la existencia de convenios, subvenciones finalistas u otras relaciones económicas.

Los presupuestos y las cuentas previsionales tampoco escapan a la opacidad. Vox mantiene como información presupuestaria más reciente la correspondiente a 2022, mientras que PP y Sumar ni siquiera publican sus cuentas previsionales actuales.

En otros casos, la información existe, pero carece de calidad mínima: no está fechada, no se indica cuándo fue actualizada o se presenta en formatos que impiden el tratamiento y el análisis de los datos. El CTBG señala expresamente el caso de Vox, cuyas cuentas anuales están publicadas en archivos que no permiten copiar ni reutilizar la información.

Esta combinación de ausencias, desactualización y formatos opacos vacía de contenido práctico el deber de publicidad activa y convierte los portales de transparencia de los partidos en repositorios incompletos, más orientados al cumplimiento formal que a la rendición de cuentas efectiva.

La base jurídica de estas exigencias no ofrece margen a la ambigüedad. Los partidos políticos están sujetos a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en tanto que perceptores de financiación pública. La norma les obliga a difundir de oficio información relevante sobre su organización, su actividad económica y la retribución de sus altos cargos.

Sin embargo, el propio diseño institucional del sistema de transparencia explica en parte la persistencia del incumplimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de un régimen sancionador efectivo en materia de publicidad activa. Su capacidad se limita a evaluar, formular recomendaciones e instar al cumplimiento, además de hacer públicos informes como los de 2025, cuyo principal efecto es el reproche reputacional. Las sanciones económicas y las consecuencias jurídicas más severas quedan, en la práctica, fuera de su alcance.

La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f), son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3).

Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización” (artículo 5.4).

Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).

El balance que dejan las evaluaciones de 2025 apunta a un patrón reconocible: los partidos cumplen cuando el coste político es bajo y se resisten cuando la información afecta al núcleo del poder interno. Publicar estatutos, códigos éticos o memorias de actividad tiene un impacto limitado; revelar cuánto cobran los líderes, en cambio, expone a las formaciones a la crítica pública y a comparaciones incómodas en un contexto de desafección política.

Bajo el título Los jóvenes son más de derechas que nunca,  El País (02/11/2025) destaca tres factores determinantes:

Este giro se confirma atendiendo al sondeo de Sigma Dos en El Mundo (17/01/2026) que subraya la consolidación de la desconexión con el Gobierno por parte de la juventud que critican ferozmente la gestión de fondos y la falta de soluciones reales al problema de la vivienda. Los jóvenes ya no compran el discurso de los "logros macroeconómicos" cuando su realidad microeconómica (alquileres que consumen el 70% del salario) es asfixiante, y revela una juventud que busca respuestas fuera de los partidos tradicionales (PSOE/PP), moviéndose hacia una derecha más radicalizada.

Estos datos parecen confirmarse si atendemos a los Barómetros del CIS (2023-2025) que muestran el cruce de curvas donde los jóvenes de 18-24 años superan en autoubicación ideológica (escala 1-10) al grupo de 45-55 años por primera vez.

Por otra parte una Encuesta Social Europea (ESS) confirma que la "reacción" contra el cambio cultural es el motor principal de los varones jóvenes, pues según la teoría de la "Sociedad del Riesgo" de Ulrich Beck) los jóvenes perciben que el Estado ya no les protege de los riesgos globales (clima, crisis, inmigración), por lo que optan por la seguridad del discurso de soberanía y fronteras, lo que explica que Vox y formaciones similares tengan su mayor nicho de crecimiento en los menores de 35 años, superando en intención de voto directa al PSOE en ciertos subgrupos.

Este cambio en la mentalidad juvenil no es uniforme, ya que parece que está surgiendo un abismo ideológico entre mujeres jóvenes (más escoradas al progresismo/feminismo) y hombres jóvenes (hacia el conservadurismo), aunque en ambos sectores los partidos de izquierda han perdido el monopolio de la esperanza y la innovación política y posiblemente esta tendencia se volverá irreversible, si los partidos de izquierda no reformulan su mensaje sobre vivienda y seguridad laboral, lo que implicaría una base de votantes fieles y renovada a la derecha que podría garantizarle  la hegemonía en la próxima década.

Podríamos hablar de fractura generacional de género, donde el dato clave es que la suma de PP y Vox ronda el 51,5% del voto entre los menores de 30 años, pero este porcentaje esconde realidades muy distintas según el sexo:

Para los hombres jóvenes de la Generación Z/Alpha la derecha ha dejado de ser una opción de "orden" para convertirse en una opción de "resistencia", lo que ocasiona que un 21% se sitúe en la derecha radical causado por diversas causas como el sentimiento creciente de que la igualdad institucional y las leyes de género los señalan directamente, y les hacen percibir al feminismo actual como "excluyente", lo que se une al sentimiento de frustración por su difícil acceso a la vivienda y la inflación en todos los sectores que precariza sus salarios. Estas creencias son alimentadas por las redes sociales (TikTok, YouTube, Twitch) que son su principal dieta informativa,  y que les incitan a "reaccionar" contra los medios de comunicación tradicionales, que se consideran como parte del establishment progresista.

Resultado: El crecimiento de Vox es especialmente fuerte en este grupo, pasando del 13% a casi el 20% en algunos tramos de edad masculina.

Si analizamos al sector femenino joven también encontramos un ligero desplazamiento hacia el centro-derecha (especialmente hacia el PP),  ya que las mujeres mantienen un perfil mucho más vinculado a valores progresistas y solo un 11% se identifica con la derecha radical. La mayoría se sitúa en posiciones de centro-izquierda o progresismo liberal.

Esta disparidad viene originada porque para ellas las políticas de igualdad, diversidad y protección climática siguen siendo pilares fundamentales en su identidad política y aunque igual que los hombres, también sufren precariedad laboral,  su respuesta suele ser la demanda de mayores servicios públicos y protección social, no el desmantelamiento del Estado, a lo que se une la desconfianza al auge de figuras hipermasculinizadas en las redes sociales, generándose una barrera de entrada para votar a partidos que cuestionan consensos feministas.

Este hecho explica que aunque el PP crece entre ellas como opción de "gestión útil", el bloque de izquierdas (PSOE/Sumar) resiste mucho mejor en este segmento que entre los varones.

Es un hecho que el uso de las redes sociales es el motor de la fragmentación ideológica, pues para los jóvenes las redes ya no son solo herramientas de comunicación, sino espacios de socialización política, donde TikTok es la red principal para el votante de 18 a 24 años orientado al storytelling rápido, donde los hombres: consumen contenido de "reacción" y cortes de intervenciones parlamentarias agresivas y las mujeres un contenido más ligado a la identidad, derechos civiles y blogs personales de políticas que muestran su día a día (estilo Sumar o perfiles jóvenes del PSOE).

En segundo lugar esta Twitch que se ha convertido en el sustituto de las tertulias nocturnas, de perfil mayoritariamente masculino controlado por partidos como Vox o figuras como Alvise Pérez, que han capitalizado este formato participando en programas de streamers donde el tono es informal, permitiendo lanzar mensajes radicales sin el filtro de un periodista crítico.

Instagram esta más orientado a la mujer joven urbana y de clase media-alta, dominando aquí el PP con una estética muy cuidada, enfocándose en un estilo de vida aspiracional y en la "libertad" de gestión.

Esta separación en el uso de las redes está provocando que hombres y mujeres jóvenes vivan en realidades paralelas, donde los algoritmos que controlan las redes hace que a un hombre rara vez se le mostrará contenido sobre brecha salarial y una mujer joven rara vez le mostrará contenido sobre la crisis de la masculinidad o críticas a la ley de libertad sexual.

Esta segmentación algorítmica es la que explica por qué, en una misma cena, un hermano y una hermana pueden tener visiones del país que parecen de siglos diferentes.

 La diferenciación de contenidos de las redes no es fruto de una sola causa, sino de una confluencia perfecta de tres factores: el modelo de negocio, la psicología del usuario y la respuesta de los partidos políticos.

Para una red social (propiedad de corporaciones como Meta, ByteDance o Google), el contenido es secundario; lo primario es el tiempo de permanencia, para ello cada red vende un "estado de ánimo" distinto para atraer diferentes presupuestos publicitarios, mientras Instagram vende aspiración y estética (ideal para marcas de moda y partidos que quieren parecer modernos/moderados), TikTok vende entretenimiento y autenticidad cruda (perfecto para mensajes rápidos y emocionales). Su orientación esta orientada comercialmente, a la red le conviene mostrarte lo que ya te gusta para que no cierres la app. Esto crea las "cámaras de eco": si un joven interactúa con un video de "crítica al feminismo", el algoritmo le dará 100 más, no por ideología, sino porque sabe que eso lo mantiene conectado.

¿Por qué se orientan a los jóvenes? Porque la juventud es el grupo demográfico más valioso por dos razones que no son estrictamente comerciales: la primera es su plasticidad ideológica, ya que a diferencia de un votante de 60 años, que suele tener el voto decidido, el joven está en una etapa de formación de identidad. Es el momento donde los "impactos" pueden cambiar una trayectoria vital de voto. La segunda el que los jóvenes siempre buscan diferenciarse de la generación anterior. Si la generación de sus padres o profesores es percibida como "progresista institucional", la nueva rebeldía (y el algoritmo lo potencia) se mueve hacia el extremo opuesto.

Este hecho ha causado que los partidos políticos han entendido que las redes sociales son canales de desintermediación que evitan filtros periodísticos, así en un video de TikTok o un directo de Twitch, el político no tiene a un periodista que le repregunte o verifique sus datos. Pueden lanzar mensajes directos al "sentimiento" del joven. por otro lado la segmentación por género orienta a los partidos a lanzar mensajes "a medida, mensajes diferentes para los hombres jóvenes de Twitch/YouTube de los orientados a las mujeres en Instagram/TikTok". Esto no es casualidad; es microtargeting político.

En conclusión: La segmentación es una estrategia comercial (las redes quieren tu tiempo), pero su orientación política es una causa estratégica de los partidos, que aprovechan esa infraestructura para moldear a la generación que decidirá el futuro del país. 

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José Luis Carpintero Avellaneda es socio de infoLibre.

El mundo está en plena transformación, con un Donald Trump que parece más que dispuesto a golpear a quien no se muestre dispuesto a doblegarse a su dictado, empezando por Venezuela y siguiendo con Groenlandia. Sin embargo, y pese a las repercusiones geopolíticas de todos los movimientos del presidente de Estados Unidos, muchos actores políticos se resisten a analizar las consecuencias y a tomar partido de manera clara. En el plano europeo, Bruselas evita soliviantar al presidente estadounidense. En este contexto, la derecha europea está siendo especialmente tímida, tanto en gestos como en palabras.

Los políticos evitan, a menudo, realizar un análisis sosegado sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Un trabajo que sí le suelen dedicar las fundaciones de los partidos. El objetivo primordial de estas organizaciones es desarrollar el pensamiento político de una determinada ideología o grupo de interés. En el caso de la derecha española, son dos las fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos: Reformismo21 (PP) y Disenso (Vox). Sin embargo, ninguna de ellas le ha dedicado ni una línea a Trump en las últimas semanas, aunque en el caso de la fundación de Vox sus análisis son mucho más numerosos.

La que sí lo ha hecho es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente José María Aznar, tras el ataque de EEUU sobre Venezuela en la madrugada del 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "Un relevo en el liderazgo sin una transición hacia la democracia no es la expectativa que merece una nación hecha prisionera por la narcodictadura que usurpa su Gobierno. Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta”, señaló FAES. "Lo que demanda la Venezuela devastada por el chavismo es un proceso de nation-building, precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad", añadió.

También calificó de "suma torpeza" que las declaraciones de Trump nada más producirse la intervención militar cuando denostó a la oposición venezolana. "En Venezuela no se puede ir 'de la ley a la ley' [como dijo Trump] porque no existe la mínima institucionalidad desde la que transitar, apoyándose en ningún 'chavismo reformista", remarcó la fundación de Aznar. Desde hace dos décadas FAES ha sido el sustento ideológico de la derecha, tanto en política nacional como, sobre todo, en política exterior, pero ni el PP ni Vox respaldaron el editorial. En el caso de la formación de Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que "el PP no es FAES".

Lo cierto es que a pesar de la ruptura formalizada en el año 2016 tras años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión del expresidente Mariano Rajoy –el hombre que Aznar eligió para liderar el PP–, FAES sigue siendo una brújula para el PP. Es, sin dudas, más influyente que cualquiera de los intentos posteriores de Génova de crear una fundación propia. Ni Humanismo y Democracia (H+D), vinculada al PP de Rajoy, ni Concordia y Libertad, auspiciada por Pablo Casado, ni tampoco Reformismo 21, el nombre con el que la bautizó Alberto Núñez Feijóo en 2023, han logrado alcanzar el protagonismo que sí tiene FAES. Desde la dirección de Reformismo21 explican a infoLibre que su trabajo es "de puertas para dentro" y dejan el papel de laboratorio de ideas a la sombra del poder a la organización dirigida por Aznar, que también alberga a muchas caras conocidas del PP.

Un año después de su aterrizaje en Madrid, Feijóo marcó como uno de sus grandes objetivos relanzar la fundación del PP. El dirigente gallego presentó Reformismo21 en marzo de 2023. Su nombre, en palabras del líder del PP, se debe a que los mejores momentos de la historia coinciden "con periodos reformistas". "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", dijo durante su presentación, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper". Aunque el líder del PP aseguró que con este proyecto se buscaba la participación de la sociedad civil, ya desde el primer momento la presentó acompañado de exministros como Fátima Báñez, Román Escolano y exdirigentes como Luis Garicano. Todos ellos forman parte del Consejo Asesor, presidido por Feijóo.

El líder del PP eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista ligado a los Gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en La Moncloa. También hay nombres del mundo deportivo como el de Toni Nadal, tío y exentrenador del famoso tenista, y otros como el de Noah Higón, especialmente conocida tras su paso por La Revuelta, programa en el que contó cómo es vivir con siete enfermedades raras.

Reformismo 21 reconoce que "no es independiente del Partido Popular, al que está adscrito mediante un convenio", pero asegura que "es autónoma". La última publicación de la fundación del PP data del 24 de julio de 2025, y en ella se abordaba el "fenómeno complejo" de la inmigración tras los incidentes de Torre Pacheco bajo el título Inmigración: menos eslóganes y más acción. La anterior es del 6 de junio de ese mismo año, y en ese caso tenía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como protagonista, por la "estrategia de socavamiento de la independencia e imparcialidad de las instituciones", incidiendo en el caso del Banco de España.

Hay que remontarse al 14 de marzo del pasado año para encontrar en la web de Reformismo 21 un análisis en clave internacional. Con el título Europa dormía y ha despertado, la ilustración que lo acompaña es un montaje con las caras del estadounidense Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin. Así, el editorial afirma que "la hostilidad manifiesta de Trump a Europa, a quien considera un enemigo en lo comercial y un lastre en lo militar, y su cambio de postura sobre la invasión rusa de Ucrania dejan a la UE en una situación vulnerable e inédita". Una crítica que no ha verbalizado ningún dirigente del PP.

Es más, la publicación destaca que hay una "nota optimista" y es que PP y PSOE "comparten alineamiento con la causa europea, lo que demuestra que la más firme oposición al Gobierno es compatible con los consensos de Estado básicos". Lo cierto es que la postura del líder de la oposición no se aleja demasiado de la del presidente del Gobierno pese a sus ingentes esfuerzos por tratar de escenificar lo contrario. Es más, el internacional es un terreno de juego en el que Sánchez se maneja mucho mejor que él y que ha logrado auparlo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia.

Tras la victoria del magnate, en noviembre del 2024, la fundación de referencia del PP también publicó una reflexión sobre lo que podría implicar un segundo mandato del estadounidense. "La victoria de Donald Trump es un indicador elocuente de la crisis del liberalismo, y no solo por su defensa de un orden económico que reniega del librecambio y evoca un proteccionismo de otro tiempo: ni sus problemas con la justicia, ni su desdén por las instituciones parecen pasarle factura, porque ha cundido el descreimiento en el sistema. Y esta es una verdad transoceánica", se lee. Sin embargo, en Génova se limitaron a felicitar a Trump, sin mayor análisis, y a través de su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, pidieron "un tiempo de entendimiento con la Unión Europea y la OTAN".

De los recientes acontecimientos internacionales no hay rastro en en las publicaciones de Reformismo 21.

En el caso de la Fundación Disenso, se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Según los datos de la fundación, lo suscribieron 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. También aparece José Antonio Kast, presidente electo de Chile y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Su presidente es el líder del partido, Santiago Abascal, y tiene entre sus patronos al eurodiputado Herman Tertsch, al exministro de Relaciones Exteriores de Brasil con Bolsonaro, Ernesto Araújo, y al editor jefe de La Gaceta de la Iberosfera, Agustín Benito, entre otros. El programa de Disenso mira especialmente a Latinoamérica y reivindica la "Iberosfera", uno de los conceptos fetiche de Vox, que incluye España, Estados Unidos y América Latina.

Es más, la formación de líderes se inserta en una línea estratégica de Vox: la búsqueda de alianzas con derechas radicales americanas, incluido el trumpismo, y la incorporación de sus discursos y prácticas en España. Su objetivo es "dotar a los futuros líderes de la Iberosfera de herramientas para combatir el avance del comunismo", en palabras del director de la fundación, Jorge Martín Frías, que esta misma semana ha viajado a la capital estadounidense y ha mantenido reuniones y contactos en distintos niveles del Ejecutivo de Donald Trump y del Capitolio, según el diario ABC.

Sus publicaciones abordan desde asuntos como la catedral de Toledo (en su última publicación que data del 13 de enero, en el marco de su octavo centenario), a editoriales celebrando la victoria de Kast, pero no hay rastro del ataque sobre Venezuela y tampoco de sus amenazas sobre Groenlandia, una cuestión a la que Vox admitió no haber dedicado "ni medio nanosegundo" por ser "incompetentes" sobre la materia.

En el análisis sobre Kast, además de celebrar el éxito de uno de sus grandes aliados en Latinoamérica, también tratan de desmentir "la creencia demoscópica más dañina para la derecha española desde la Transición, la de que España es un país de centroizquierda". "El PP está convencido de que sólo puede derrotar a los socialistas cuando a éstos les sacude una crisis económica o una oleada de escándalos de corrupción, y siempre que prescinda de las ideas propias y sólo hable de 'gestión'", señalan.

Para encontrar una publicación con Trump en el titular hay que remontarse al 2 de diciembre, escrita por el periodista Víctor Leonore. En ella, titulada Trump y Ronaldo, encuentro en la Casa Blanca con 1500 millones de fondo, se aplaude la decisión de EEUU de "albergar la Copa del Mundo durante las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia" y se asegura que la cena posterior fue "uno de los más masivos y efectivos [acontecimientos] de 2025 en el plano mediático y diplomático".

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular, según informa EFE.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6%, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

El PSOE ha concluido el expediente abierto al exasesor de Moncloa Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual presentadas por dos militantes y ha confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita, según informa EFE.

En rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido, que les ofrece también asistencia psicológica si lo precisan.

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que “… se sufre a diario. En las listas de espera…, y en los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Ponía un ejemplo: “Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas…”. Y añadía: “El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo”. La pregunta es: ¿el Gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del Gobierno y del Parlamento de la Nación.

El SNS, después de casi cuarenta años desde su creación, ha rendido un excelente servicio a la sociedad. Ha contribuido a lograr un buen nivel de salud de la población y un alto grado de cohesión social, ofreciendo una cartera de servicios completa, que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medicamentos y otros servicios complementarios. Pero desde 2010 se detecta un deterioro progresivo, con peor valoración de la población, y con aumento del número de personas que debe recurrir a la sanidad privada (un 25,9% de la población ya tiene seguro privado).

Sin duda parte de ese deterioro tiene que ver con las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PP que apuestan por la gestión privada de los servicios sanitarios. Pero la mayor parte de ese deterioro se debe a los recortes que se realizaron en 2010-2014, que no se han recuperado; a un aumento de la demanda por envejecimiento de la población; a un gasto ineficiente en medicamentos por sobre precios abusivos; y a dificultades de coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA, incluyendo la capacidad de control y garantía de calidad para asegurar una atención sanitaria equitativa en todo el SNS. Es decir, la sanidad pública española, además de la orientación privatizadora de gobiernos del PP, tiene problemas de financiación y problemas estructurales (de coordinación y de gobierno) que requieren un replanteamiento a fondo. Por tanto, la salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del Gobierno de España, asegurando, por un lado, la financiación suficiente en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo una gestión más eficiente con los cambios estructurales precisos.

En cuanto a los recursos necesarios, según el Ministerio de Hacienda, los ha habido: “Durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores”. Además, el Estado asume una deuda de 83.252 millones que pesaba sobre las CCAA. Esto habría supuesto 54.714 millones de euros anuales más para las mismas. Por otro lado, los recortes de la sanidad pública realizados en 2010 y años siguientes se estiman en 20.000 millones de euros anuales. Quiere decir que, en los últimos años, se han transferido a las CCAA recursos suficientes para haber podido recuperar el gasto sanitario público y responder a las necesidades de atención actuales. Pero, sin embargo, mientras la sanidad pública continuaba su lento proceso de deterioro, esos recursos se han destinado a otros fines. Esta cuestión debería resolverse en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (anunciada por la ministra de Hacienda el pasado 17 de noviembre): el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación deben asegurar que en el nuevo modelo la sanidad recibe los recursos necesarios y equitativos en todas las CCAA (instaurando los mecanismos de reparto, los controles de ejecución y los sistemas de corrección que se precisen).

En lo referido a los cambios estructurales nos referimos a la necesidad de refundar el SNS, dotándole de mayor capacidad de gobierno, reforzando el Ministerio de Sanidad y convirtiendo el Consejo Interterritorial del SNS en un órgano de carácter federal que pueda adoptar decisiones vinculantes, y se dote de unidades cualificadas (agencias o similares) que le permitan establecer estándares de calidad (incluyendo dotación suficiente de personal y tiempos máximos de espera), así como optimizar los sistemas de compras y fijación de precios (especialmente de medicamentos), los sistemas de información, la coordinación en la prestación de servicios, los sistemas de evaluación, la formación continuada de personal y la exigencia de unos mecanismos de remuneración adecuados. El SNS (Gobierno de España y de las CCAA) debe garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad en cualquier lugar del territorio nacional, contemplando la posibilidad de recuperar, de forma excepcional, la gestión de los servicios transferidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de las CCAA, para evitar el deterioro de la sanidad pública y el sufrimiento de los pacientes. Muchas de estas medidas requieren el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos y de los Gobiernos nacional y autonómicos. Parece imposible, pero es absolutamente necesario, y cada vez más urgente, si queremos consolidar y mejorar el SNS.

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

Los detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería han subido a cinco, tras confirmarse el arresto de un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines (Almería), según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.

Estos arrestados se suman a los tres cargos públicos arrestados inicialmente: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluye el desarrollo de registros en distintos domicilios y dependencias oficiales durante la mañana, sin que por el momento hayan trascendido los delitos concretos investigados ni si esta actuación se enmarca directamente en el caso mascarillas, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una pieza separada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que la operación “viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno”, al sostener que la UCO “ha encontrado los indicios que había desde hace años” y que apuntarían a la existencia de “una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación”.

Martín ha calificado los arrestos de este martes como “la punta del iceberg” y ha reclamado la salida inmediata de los detenidos “de las instituciones y de todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular”.

Ha añadido que esta exigencia política “recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo”, a quienes ha pedido que “aparten urgentemente a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa”.

El dirigente socialista ha recordado que el PP “ha sido capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche”, y que el propio presidente provincial “ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación pese a las imputaciones que hay sobre ellos”.

Martín ha explicado que, según la información que manejan, la operación incluye registros “en despachos oficiales y en domicilios particulares de las personas implicadas”, aunque ha reiterado que el PSOE evitará efectuar declaraciones que puedan interferir en la investigación judicial.

El caso mascarillas, en el que ya se encontraban investigados Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

A principios de mes, el PSOE había solicitado que se tomase declaración como testigo a Javier A. García por “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y por nuevos datos del atestado de la UCO fechado el 25 de abril.

La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha exigido este martes la dimisión inmediata de todos sus cargos del presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, Javier Aureliano García, tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso mascarillas.

En dicha causa fue detenido e investigado el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien es también sobrino de Rodrigo Sánchez. “Estaba claro que Liria no había actuado sin que los demás se enteraran”, ha manifestado Amate en declaraciones a EFE.

“Lo que esperamos es la dimisión inminente de Javier Aureliano de todos sus cargos. Óscar Liria dimitió de todos sus cargos inmediatamente, algo que fue solicitado por sus propios compañeros”, ha añadido.

Ha recordado que Giménez, investigado, no había dimitido, y ha precisado que aunque no fue detenido en su día, sí lo ha sido ahora junto a García. “Cuando lo han detenido es porque habrán visto algo en el grupo de WhatsApp de los Naranjitos, ha apostillado.

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El magistrado Leopoldo Puente ha acordado mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él, pese a que aprecia un cierto riesgo de fuga, "no lo suficientemente intenso", y avanza que conforme se acerque el juicio se pueden endurecer esas medidas.

Puente ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, una solicitud a la que no se ha sumado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que Ábalos se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo al alegar "indefensión".

De este modo y pese al último informe de la UCO, Ábalos ha salido del tribunal al cabo de cinco horas por la misma puerta y con las mismas medidas cautelares que ya pesaban sobre él: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

El juez indica que persisten los indicios de criminalidad que aparecían ya seriamente consolidados en la causa y que el último informe de la UCO ha incrementado su existencia y robustez, poniendo de relieve que Ábalos, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó sin embargo significativos ingresos en esas mismas cuentas.

Además, destaca que se ha puesto de manifiesto la existencia de muy estrechos vínculos entre los patrimonios de Ábalos y de su exasesor Koldo García - citado para declarar este jueves- quien ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos del exministro.

Tras su declaración, se ha celebrado una vistilla para revisar su situación de libertad en la que la acusación popular, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido el ingreso en prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, al alegar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Al respecto, Puente rechaza que exista riesgo de alteración de fuentes de prueba, sin embargo coincide con el fiscal en que existe un cierto riesgo de fuga, aunque no lo suficientemente intenso, de que el diputado pueda sustraerse a la acción de la justicia.

Puente explica que "es verdad que el señor Ábalos ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas, así como de ciertos contactos y vínculos internacionales" pero entiende que "la existencia de dicho riesgo, sin embargo, ha sido conjurada hasta el momento con las medidas cautelares que tiene vigentes".

Con todo, lanza una advertencia porque el riesgo de fuga crece "conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece, y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral, lo que, acaso, pudiera justificar, como sugirió el fiscal en su informe, la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir".

Dice el juez en su auto, que "no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, sobre la que gravitan tan consistentes indicios" de delito, "estrechamente relacionados con el viciado ejercicio de la función pública", pueda seguir siendo diputado. "Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión", añade.

Por eso, subraya que "el derecho constitucional, de máxima relevancia, a la presunción de inocencia, no sería obstáculo, necesariamente, para que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedirlo", dejando claro que "en cualquier caso, no es, desde luego, la modificación de las normas competencia que corresponda a los miembros del Poder Judicial".

El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha reclamado este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, que deje el poder para que puedan convocarse elecciones presidenciales, que es lo que puede garantizar el desbloqueo de la crisis actual, de la que le considera el responsable, según informa EFE.

"La salida de Emmanuel Macron es una exigencia legítima", ha subrayado Mélenchon en una declaración leída ante la prensa rodeado de los lugartenientes de su partido, tras la que no ha aceptado preguntas.

Esta escenificación se produce en el día en que se espera que Macron nombre a un primer ministro, ya que el actual, Sébastien Lecornu, está en funciones desde que presentó su dimisión el lunes por la mañana, apenas 14 horas después de la presentación de su Gobierno por disensiones internas.

Sobre todo, responde al hecho de que LFI no ha sido invitada por el jefe del Estado a una reunión a las 14.30 con los líderes de los partidos políticos, como tampoco ha sido invitada la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha.

Mélenchon ha indicado que su declaración se explica porque quieren influir en los acontecimientos pese a haber sido excluidos, aparentemente porque se han quedado fuera las dos formaciones que exigen elecciones anticipadas.

"Para nosotros la responsabilidad del caos no está en la Asamblea (Nacional), sino en el Elíseo", ha insistido para señalar a Macron y repetir que "se tiene que ir".

El líder de LFI ha lanzado un mensaje en dirección de los otros partidos de izquierdas, con los que constituyó el Nuevo Frente Popular (NFP) para presentarse a las legislativas anticipadas del verano de 2024, para que cumplan con los compromisos y con el programa que consensuaron entonces.

Una forma de pedirles que no participen en compromisos con Macron y con el resto de las formaciones que sí acudirán a la reunión de esta tarde en el Elíseo.

Mélenchon ha considerado que en la situación actual la alternativa para desbloquear la situación sería, bien la convocatoria anticipada de legislativas, bien la celebración de presidenciales, también adelantadas si el jefe del Estado aceptara renunciar a continuar.

Pero ha hecho notar que la primera opción no garantizaría ese desbloqueo ya que se presentan tres riesgos: que los resultados sean similares a los del verano de 2024, que Macron no respetara esos resultados a la hora de designar a un primer ministro para formar Gobierno, y que no podrían organizarse nuevas legislativas hasta un año después.

Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha exigido su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

Los populares han conseguido recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja reprueba a Redondo por "su negligente gestión al frente del Ministerio" y exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "cese inmediato" debido a los "graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato".

La iniciativa también solicita que se ofrezca información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido esos fallos y sobre las medidas adoptadas para solventar los "graves perjuicios causados a las víctimas afectadas".

En la moción también se pide actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.

PP, Vox y UPN han votado a favor, mientras que ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria se han abstenido. Los votos favorables han sido 170, frente a 162 en contra. 

Junto al bloque de PSOE y Sumar, contrarios a la reprobación, se han mantenido Podemos, EH Bildu y el PNV.

La sobreactuactuación tiene riesgos no siempre fáciles de calcular, y a Feijóo todo parece indicar que le está costando mucho calcularlos. Priorizar este viernes un acto de campaña más de Ayuso antes que la inauguración oficial del curso judicial, con el rey y el resto de altas autoridades del Estado al frente, es un error obvio que quienes le han aconsejado, y él mismo, reconocen con meridiana claridad, con incuestionable transparencia y certidumbre. Pero no pueden no sabotear ese acto institucional porque la elevación del listón de sus agravios patrióticos es tal que nada emite con suficiente fuerza el mensaje implícito a la mayoría de sus actuaciones y declaraciones desde hace dos años, es decir, desde la impotencia para gobernar ante la suma del resto de las fuerzas parlamentarias contra Feijóo y Abascal. 

La delirante hipótesis del estado de colapso democrático al que ha llevado a España el gobierno de coalición les obliga a exceder cualquier forma de sensatez en la acción de la oposición y llevar tan al extremo (extremo derecha) su posición política y pública que se solapa no solo con la de Vox sino con la perpleja incomprensión de buena parte de su electorado, incapaz de interiorizar racionalmente que su jefe de filas se vaya con Ayuso en lugar de irse con el rey para no mancharse con la proximidad de un fiscal general (a la vista de la deplorable instrucción del caso, impoluto) y del abominable monstruo de la Moncloa. Hacer las cosas mal a sabiendas suele ser síntoma no solo de impotencia sino de desesperada huida hacia adelante a la espera de que un mal tren, una tromba desatada o un tsunami teledirigido arrolle al adversario mientras las propias huestes jalean sin ton ni son la misma estrategia que ya ejecutaron contra el PSOE los confesos miembros del sindicato del crimen a finales del siglo XX, es decir, Luis María Anson, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Camilo José Cela y algunos más. Recuerden las declaraciones de Anson de 1998, cuando la faena había culminado con éxito: “Para terminar con Felipe González se rozó la estabilidad del Estado”.

A Vox se le ve sonreír sin disimulo cada vez que el PP mete la pata en decisiones tan absurdas como esta, tan inútiles para sus propias aspiraciones y tan corrosivas de su propia credibilidad política ante la ciudadanía menos enfervorizada. Llevan dos años de alarmismo artificialmente cebado por sus propios medios (El Confidencial está brillando con luz verdaderamente ejemplar, como subrayan en el último número de TintaLibre Lilith Verstringe y Rodrigo Amírola), sin que sus expectativas de gobernar hayan mejorado sustancialmente y sin que el beneficio deje de ser repartido y basculante con Vox. 

¿Qué sentido tiene perseverar en la versión más extremista y liante, verborreica, hiperbólica e inconsistente? Solo se me ocurre que el PP esté mimetizando a otros líderes políticos a quienes les ha funcionado la herramienta de la excitación pornográfica de las redes, sin que nada permita ahora mismo deducir el éxito de esa misión de Estado, aunque sí la intención de hacerlo tambalear.

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Jordi Gracia es filólogo, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ensayista y codirector de TintaLibre.