Empiezo por lo incómodo. Creo que si todas las izquierdas fueran juntas y hubieran hecho ese proceso de otro modo, el resultado de las elecciones en Andalucía el próximo día 17 de mayo sería otro. Deseo con todo mi corazón además que ese camino, el de la reconstrucción del proyecto de izquierdas en nuestro país, sea al que se dirijan todos nuestros esfuerzos. Es con este ánimo que escribo este artículo, para darte argumentos para votar Por Andalucía, a ti que, como yo, ya empiezas a estar francamente hasta el moño.

Claro, ya nadie recuerda lo que es ir a votar con ilusión. Tampoco me quiero imaginar lo que tiene que ser hacer un mitin en esta campaña con las encuestas que estamos conociendo estos días, en las que, y en el mejor de los casos, lo que está en juego es un triste escaño que puede evitar que el PP gobierne en solitario (por cierto, llamemos a ese gobierno de la muerte por su nombre; Bonilla en el norte son unas patatas fritas estupendas, el resto, neoliberalismo del de toda la vida). Habrá incluso alguna sede izquierdosa orgullosa de no sé qué negociación o decisión política que les ha blindado el puesto 87 por Huelva. De agradecer es que siga habiendo quien, aun así, trabaja para el reino (mención especial a José Manuel Jurado, que encarna como nadie el auténtico y noble significado de que nuestro país debe ser la prioridad). Dicho esto, quiero dar argumentos para ir a votar, porque en ello consiste hacer campaña electoral, y a nadie se le escapa que lo que pase en esa cuarta parte de nuestra España que es Andalucía será una antesala del ciclo que está por terminar de abrirse. Con claridad lo digo, si votase este próximo domingo lo haría por la Sanidad, por la Vivienda; votaría Por Andalucía. Creo que lo decimos demasiado poco las gentes de izquierdas mientras que, sin embargo, las circunstancias nos urgen más que nunca a hacerlo, que de diagnósticos sin propuestas están las urnas de las derechas llenas.

Lo primero que me gustaría decir es que Adelante Andalucía tiene un muy buen candidato (y no, no me estoy equivocando con las preposiciones, que hay que tener mala follá) que hizo buen debate la semana pasada en RTVE y que la propuesta de su organización en estas elecciones encaja con frescura con la necesidad, por un lado histórica y por otro, coyuntural, de reivindicar más autonomía política para un pueblo que siempre ha visto subordinados sus intereses a los del resto del Estado. Es tan buen candidato y tan importante y compartida su reivindicación que no consigo encontrar ningún motivo para que este espacio político no comparta su camino con el resto de fuerzas de izquierdas, como IU y Podemos, como han hecho en otras ocasiones. Le escuchaba estos días en una entrevista afirmar que quizás una de sus grandes diferencias con el espacio de izquierdas que conforman Podemos, IU y el resto de partidos tiene que ver con que se niegan a tener una relación amable con el PSOE, que van a decir las cosas como toca decirlas. La verdad que me vais a permitir que me ría, después de haber metido la pata en innumerables ocasiones precisamente por decirle al PSOE cosas como hay que decírselas, estando en el propio Gobierno. Pero el debate político, por mucho que nos hayamos empeñado en ello estos años, no es una cuestión de tono, queridos compañeros anticapitalistas. Lo que yo le pido a un partido de izquierdas es primero que diga lo que hace falta decir, pero además y sobre todo, ahora que ya sabemos que se puede, que lo haga. Y aquí está la clave.

Una izquierda que haga lo que dice que va a hacer es hoy una rara avis, una cosa excepcional, casi random, absolutamente inusual; y si no, que se lo digan al PSOE. Y este argumento no es cualquier cosa. De la política hoy no esperamos casi nada, es terrible que hayamos llegado a estas circunstancias. Hemos votado con rabia, con miedo, con esperanza de cambio, con hambre y con ganas, pero nada de eso opera hoy. Si queda hoy una emoción a la que apelar tiene que ver con la calma, con el deseo de certeza y seguridad. Y haríamos bien en no despreciar ese anhelo de certidumbre que la gente tiene y que tan bien la extrema derecha sabe leer.

Parece que el fin del mundo puede suceder. Ya nadie puede prometer que no habrá guerras, pandemias, extraterrestres; ya nadie piensa que gobernar será sencillo. ¿Entonces por qué ir a votar? ¿Cuál es el pacto? Llamémosle garantía social, seguridad ciudadana, certeza, república, socialismo. Lo que pueden asegurar el grupo de personas que lidera Antonio Maíllo en estas elecciones andaluzas es que aquello con lo que se han comprometido en esta campaña es aquello que van a hacer una vez lleguen al Gobierno, suceda lo que suceda. Y esa certeza, ese compromiso ético inquebrantable con la mayoría es el único espacio político que lo puede afirmar con claridad. Por supuesto, nada esperamos de quien ni se atreve a poner por escrito cuál es su plan de Gobierno, pero claro, quién se atrevería a firmar un programa que propusiera dejar a la gente morir de cáncer o esperando una ayuda a la dependencia. Tampoco nada esperamos de aquellos que con una mano dicen derecho a la vivienda y con otra fondo de inversión, pero qué decirle al pueblo andaluz que no sepa de la mediocridad del socialismo que pasó de liderar el cambio de un país nuevo a retozarse en casos de corrupción, candidatos impuestos desde fuera y promesas que no valen nada, nada, nada.

Por Andalucía es hoy esa rara avis. Con sus mítines simultáneos de ministros y lideresas desperdigados y enfadados, su absoluta impronunciabilidad oral por causas que nada y todo tienen que ver con lo preposicional, siendo en Madrid a la vez martillo y sostén de la esperanza del progresismo mundial (ya no sé si decirlo o no con ironía), con el cansancio acumulado de quién sabe que tiene que rehacer lo construido la última década al mismo tiempo que se presenta a unas elecciones sin poder acumular ni un gramo de ilusión. Con todo ello, yo votaría Por Andalucía. Primero porque en política hace falta hacer las cosas además de decirlas y eso implica costes y contradicciones, tales como asumir la complejidad de gobernar con otros partidos. Conviene recordar que cuando IU gobernó Andalucía evitó miles de desahucios, gobernando sin corrupción en una comunidad que llevaba décadas acostumbrada a otra cosa, defendiendo los servicios públicos desde dentro de una coalición difícil, que es exactamente donde la aritmética política andaluza permitiría una alternativa al gobierno del PP. Que a esta experiencia se pueda añadir lo logrado en el Gobierno del Estado por Podemos o Sumar es sin duda la mejor de las cartas de presentación.

Y hablando de aritmética, esta semana van a usarse retorcidamente los números y conviene tenerlos claros. La encuesta de 40dB. de estos días da al PP 56 escaños. La mayoría absoluta está en 55. Moreno va a gobernar solo gracias a un escaño de margen que la izquierda le está regalando yendo dividida, porque Por Andalucía y Adelante se quedan cada una a medias de escaño en provincias donde juntas podrían haber llegado. Por supuesto sonarán los cantos de sirena para seducir a ese voto progresista que no quiere tirar su voto a la basura: que votes al PSOE, que es lo útil, que así se concentra el voto progresista. Es terrible, pero el PSOE está en 28 escaños con toda la movilización que ha pedido, colocando a la vicepresidenta del Gobierno y con el presidente de nuevo en las portadas de medio mundo. La realidad electoral es tozuda, y en muchas provincias ese voto ya no va a mover ningún diputado porque el PSOE ya tiene los suyos contados. El voto útil al PSOE lleva semanas siendo útil para el PSOE y para nadie más. El voto Por Andalucía, en cambio, trabaja en los restos, que es donde Moreno tiene su colchón, y es donde se decide esa mayoría. Dice Maíllo estos días que no está todo el pescado vendido. Y está la cosa jodida, pero yo lo tengo claro, y si pudiera, votaba Por Andalucía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Desde que convocó las elecciones para el 17 de mayo, Juanma Moreno recurre continuamente en sus apariciones públicas a la palabra “estabilidad”, entendiendo que la estabilidad consiste en mantener su actual mayoría absoluta y que todo lo demás es un “lío” como el que hay en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde sus correligionarios del Partido Popular han tenido que pactar con Vox para poder gobernar. Le aterra al líder andaluz seguir el mismo camino que Guardiola, Azcón y Mañueco que tras adelantar las elecciones confiando en conseguir la mayoría absoluta, el resultado es que se han puesto en manos de la extrema derecha, más de lo que estaban antes. Por eso el líder de los populares andaluces apela continuamente a la estabilidad. No lo dice directamente pero su mensaje es “el caos o yo”.

Por otra parte, Moreno mantiene desde que accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 una imagen de “moderación” que le ha dado excelente resultado. De hecho, se puede hablar en la actualidad de dos modelos bien diferenciados del Partido Popular, el representado por Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho suyos muchos postulados de Vox y le ha quitado sus votantes, y el liderado por Juanma Moreno, que practica las mismas políticas privatizadoras de lo público que plantea el PP allá donde gobierna, pero de una manera más “discreta”. El presidente andaluz ha utilizado también —en concreto en las elecciones de 2022— una imagen de andalucista “auténtico” envolviéndose en la bandera verde y blanca. En ese momento llegó a esconder incluso el logotipo y las siglas de los populares para rentabilizar el “personalismo”, estrategia electoral clásica: no se vota al partido sino al candidato. Similar estrategia utilizó de forma exitosa Feijóo en Galicia

Pero Juanma Moreno se enfrenta a la cita electoral del 17 de Mayo afectado por un preocupante “estigma”, el del escándalo del cribado del cáncer de mama que salió a la luz el pasado mes de octubre cuando se detectaron retrasos y fallos en la lectura de mamografías que afectaron a miles de mujeres. Aunque la Sanidad Pública andaluza tenía ya graves y crónicas carencias, listas de espera quirúrgica, saturación en la atención primaria etc., la crisis del cribado del cáncer de mama ha provocado una importante movilización de las mujeres afectadas que sigue en la actualidad y que sin duda tendrá repercusión en el resultado electoral. Resulta escandaloso en este sentido que el Servicio Andaluz de Salud saque ahora una oferta de empleo cuyo plazo de inscripción va del “4 al 15 de mayo”, es decir, en plena campaña electoral. También en estos días la Junta de Andalucía ha abierto una nueva “campaña de cribado cancerígeno”, en esta ocasión de “cuello de útero”. Parece evidente el temor de Juanma Moreno a que su desastrosa gestión de la Sanidad Pública le lleve a perder la mayoría absoluta y a depender de Vox y de sus políticas xenófobas y machistas para seguir en el Palacio de San Telmo. Además, hay que tener en cuenta que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, está utilizando la defensa de la Sanidad Pública como eje fundamental de su campaña electoral.

Así pues, y volviendo a la continua apelación a la estabilidad que practica Juanma Moreno desde que convocó las elecciones, hay que recordar que esta ha sido una estrategia clásica de la derecha. La del recurso al orden frente al caos que pueden representar las opciones de gobierno que procedan de la izquierda. Saben que es un truco que no falla, especialmente en sectores del electorado de escasa conciencia política. Se plantea a los ciudadanos la disyuntiva falsa de elegir entre dos opciones contrapuestas, en este caso la de la seguridad, la estabilidad, etc. o el “lío”, representado en esta ocasión por la presencia de Vox como fuerza política necesaria para gobernar. Conviene recordar también el eslogan de campaña que utilizó Ayuso en las elecciones de 2021, “Comunismo o libertad”, con el que convenció a buena parte del electorado madrileño del riesgo de la opción que representaba en ese momento Pablo Iglesias. El Partido Popular siempre juega con este tipo de recursos que funcionan muy bien a “nivel psicológico” en sectores de la población con escasa formación política.

Este es el truco de Juanma Moreno, el de manipular e influir a los andaluces con el temor de que o se elige la “estabilidad” y la moderación que representa él, o lo que llega es el “caos”. El resultado de las elecciones andaluzas está en el aire, de aquí al 17 de mayo probablemente habrá sorpresas, nada está decidido, pero de lo que nadie duda es de la importancia de esta cita electoral, y no sólo para el futuro de Andalucía, sino también como preámbulo y claro indicador de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales. Esperemos que los andaluces voten con inteligencia y no se dejen influir con las falsas alternativas que plantea el “moderado” Juanma Moreno.

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Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre.

El próximo jueves comienza una campaña electoral, la última de esta serie de comicios autonómicos, esta vez en Andalucía. Casi siete millones de andaluces están llamados a las urnas en una convocatoria con algunas preguntas sin fácil respuesta.

¿Revalidará Moreno Bonilla su mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox? ¿Se confirmará el frenazo de la ultraderecha? ¿Será cierto que el PSOE registra su peor resultado histórico? ¿Habrá sido creíble para los electores la unión de la izquierda en Por Andalucía y qué diferencia habrá entre el resultado de esta coalición y el de Adelante Andalucía?

Estos son los interrogantes que, encuestas en mano, planean hoy sobre esos comicios. Su análisis no puede hacerse sin contextualizar el momento en que los andaluces y andaluzas irán a votar. En el plano externo, la situación geopolítica. Sabemos que Trump hoy es una amistad peligrosa que contamina a quien tiene cerca —ver datos aquí—. ¿Es este el motivo del estancamiento de Vox que ven algunas encuestas? Es posible.

Por otro lado, repercute de forma insoslayable la política nacional, con las evidencias que dejan los pactos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León. Acuerdos ambos que se firman desde el marco de la ultraderecha en cuestiones tan sensibles como la migración —de ahí el debate sobre la “prioridad nacional”—, la impugnación de las políticas ambientales, el cuestionamiento de la fiscalidad o ese concepto indeterminado que es la “desregulación” y que en Aragón tendrá el rango de una vicepresidencia.

Andalucía tiene ahora una buena ocasión para calibrar si quiere seguir apostando por estas prioridades nacionales o por otras. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión. ¿Cuáles son las prioridades nacionales de quienes concurren por la izquierda?, ¿de qué manera las formaciones progresistas van a anteponer a la deriva neoconservadora y neofascista un programa alternativo claro y bien definido?, ¿o se pondrán de perfil ante cuestiones esenciales como la migración, la defensa de los derechos o el sostenimiento de los servicios públicos? A un modelo político no se le puede oponer la nada, sino un planteamiento estratégico en el que se dibujen esas prioridades por la izquierda, resignificando la expresión de la ultraderecha francesa.

Queda toda una campaña electoral por delante para que unos y otros expongan cuáles son esas prioridades. Vox no engaña a nadie: en Aragón y Extremadura —y con pretensiones de extenderlo más allá— han aplicado las políticas que defienden en sus discursos habituales, ninguna sorpresa. Al Partido Popular parece que se le han acabado ya los tiempos de la indeterminación; esos en los que el presidente Azcón pactaba con Vox pero no lo firmaba él personalmente y mandaba a la secretaria general a hacerlo. Ahora presume de ello y dice que es un pacto para dar estabilidad y avanzar “en la dirección adecuada”. De la misma manera, la presidenta Guardiola ha pasado de negarse a pactar con la ultraderecha a proclamar en sede parlamentaria: “He alcanzado un acuerdo con Vox. Lo digo con la naturalidad y con la serenidad de quien sabe lo que hace”. Recordemos lo que decía la misma Guardiola en 2023: “Iremos a elecciones, si hay que ir. [...] No puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”.

Ha llegado, por tanto, el final de la ambigüedad en el PP. Y si hay líderes críticos con estos acuerdos —Moreno Bonilla a escasos días de comenzar la campaña y Ayuso en su papel de eterna díscola— habrá que recordarles que la dirección nacional ha estado detrás de estos acuerdos y cuentan con todo su aval.

Queda en el aire la segunda pregunta: ¿Qué modelo oponen las izquierdas a estas “prioridades nacionales”?

El peor momento de Vox ha llegado. Los iconos de su ecosistema ideológico están hundidos y tocados, el partido vive un shock interno sin saber si lo próximo será otra dimisión o la explosión de un escándalo –a los críticos los carga el diablo– y la cita andaluza juega a la contra. En solo una semana ha caído el régimen húngaro de Viktor Orbán —financiador y anclaje en la UE—, y Trump, valedor absoluto, está aislado incluso dentro de la ultraderecha europea. La acumulación de salidas de fundadores y cargos clave —responsables de gobiernos autonómicos incluidos— tiene un denominador común: la denuncia de irregularidades en las cuentas y la gestión interna. Están metidos en un sándwich demoscópico a la baja, tras el frenazo en Castilla y León y la posibilidad de no llegar al 15% en Andalucía. Donde todo parecían éxitos se abre ahora la incertidumbre de cómo llegarán a las generales. No hay un colapso como tal, pero sí cierto derrumbe. 

El último episodio de Vox encaja con la frase de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo: “Nos tratan como salvajes”. Exactamente el tipo de comportamiento que tuvo el diputado José María Sánchez en el Congreso. El incidente de Muñoz bebe de la cultura política del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Igual que Trump contemplaba a la turba a unos metros, Abascal siguió desde su escaño la embestida de Sánchez sin inmutarse. Nunca antes había ocurrido un asalto a la Mesa del Congreso. Esa amenaza prácticamente física a un centímetro del vicepresidente. Y ante la gravedad de unos hechos sin precedentes, la falta de arrepentimiento. Para que no sigamos normalizando comportamientos inaceptables, el Grupo Popular pudo haber salido en tromba a condenar el incidente, presionar al socio, forzarle a rectificar. Demostrar que en la derecha manda el PP. La respuesta ha sido tibia y el “y tú más” hacia el Gobierno la neutraliza. 

Feijóo está aliviado ante un Abascal más débil. Lejos de aprovecharlo, no hay signos de que vaya a beneficiarse de esa debilidad. No consigue imponerse, ni salir de la agenda de Vox, que es precisamente donde gana el original. Ojalá no estuviera librando esa batalla ideológica a costa de los migrantes. Dijo que no les daría la espalda al aceptar la tramitación de la regularización extraordinaria, pero ahora se refiere a ella como un coladero “a granel” de agresores de mujeres y delincuentes. Una cosa es la letra pequeña del Consejo de Estado para reforzar el trámite, y otra, una criminalización cogida del molde de Vox e impropia de un partido liberal. 

La exageración absurda hace imposible que se escuche al PP. Mientras toda Europa celebra la caída de Orbán, su lectura pasa por llamar a Sánchez el Orbán del sur, una etiqueta ridícula hacia fuera. La realidad desmantela cada intento de descrédito burdo desde enero. Génova apuesta por desechar el liderazgo de España y que sean los socios europeos quienes hablen primero. Ahora que Trump ha cargado contra el socialista británico Starmer, el liberal Macron en Francia y la ultraconservadora Meloni, ¿qué tiene que decir el PP?  

En la etapa más tóxica de Vox (los verdaderos Orbán del sur), a Feijóo le toca cerrar los gobiernos autonómicos, lo que sitúa al PP en la peor coyuntura para esa fiesta. En la otra pantalla internacional, Trump carga cada día contra un nuevo aliado. Lo que demuestra que Sánchez se anticipó y habló primero. La derecha no está sabiendo leer el pulso del país. Por eso gana Sánchez desde la izquierda y Meloni desde la ultraderecha. 

El patinazo de la portavoz Ester Muñoz dejando solo al soldado español mientras Italia y España defendían que “un casco azul” nuestro “no se toca” es la imagen de un PP en tierra de nadie por no molestar ni a Israel ni a Trump. Igual tienen razón los estrategas de La Moncloa. Con ese pulso no se ganan elecciones autonómicas, pero es el necesario para las generales. Y, sobre todo, para anclar la cita en 2027. El debate del adelanto electoral ha desaparecido por algo.

El pasado jueves, tras una reunión de más de diez horas, Podemos se integraba en Por Andalucía para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El acuerdo realizado con Izquierda Unida y Sumar y que evitará la existencia de tres listas a la izquierda del PSOE (Por Andalucía, Adelante Andalucía y la propia Podemos), no ha dejado demasiado satisfecho, sin embargo, al cofundador del partido morado, Pablo Iglesias.

El exlíder ha declarado este lunes en una charla en Las mañanas de RNE que aceptaron el acuerdo en Andalucía "por responsabilidad", pero que no están muy satisfechos porque considera que los morados no lograrán representación. "Ahora mismo hay una inmensa desilusión en la gente de izquierdas", ha asegurado el expolítico.

La supuesta falta de mecanismos participativos es el motivo de la crítica, ya que el exvicepresidente ha explicado que ni la candidatura de Antonio Maíllo ni la de los demás candidatos se ha puesto a disposición de la decisión de los votantes. "Creo que genera en mucha gente una sensación... como de cierta desafección, porque se expulsa no solo a los militantes, sino a la ciudadanía". “¿Quién ha votado a Maíllo para ser el candidato? ¿Quién ha votado a los demás candidatos? Nadie".

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que Sumar siempre ha tenido los "brazos abiertos" a Podemos para formar coaliciones y que los que decidieron irse fueron los morados, aunque el espacio celebra que ahora vayan a ir juntos en las elecciones andaluzas.

"Podemos ahora ha decidido regresar a Por Andalucía, y nosotros siempre hemos tenido los brazos abiertos para quien quiera estar aquí", ha dicho Urtasun. "Este es un espacio político que saben que logró un grandísimo resultado el pasado 23J, y fue Podemos el que decidió no estar en este espacio político (...). Quien no está aquí es porque en su momento no quiso", ha insistido.

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha iniciado ahora el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un cambio de guion que llega después de la desaparición de los morados en Aragón y en Castilla y León.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo adelantó el pasado viernes y lo ha vuelto a dejar claro este lunes: son favorables a ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía.

"Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Los morados han ofrecido su mando tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito.

El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Fuentes de Sumar señalan a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones que están llevando los compañeros en Andalucía.

Al igual que Sumar, IU siempre se ha mostrado a favor de la unidad a la izquierda del PSOE y, de hecho, el propio Maíllo lleva días diciendo que no es necesario que Podemos haga nada en especial en Andalucía, ya que basta con decir que sigue en la actual coalición.

Ahora hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto y las tres partes alcanzan un acuerdo de aquí al viernes, cuando finaliza el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones andaluzas.

Esta actitud de Podemos de mano tendida a Sumar llega tras su debacle en las elecciones de este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados concurrieron en solitario y desaparecieron de ambos parlamentos autonómicos, al perder el único representante que conservaban en cada uno de ellos.

La única alegría electoral que se ha llevado Podemos recientemente ha sido en las autonómicas extremeñas del pasado mes de diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura pasó de cuatro a siete escaños (tres para Podemos y cuatro para IU).

Más allá de los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Andalucía, donde Podemos cuenta con tres diputados en cada uno de ellos, los morados solo mantienen un representante en Murcia y otro en Navarra, después de haber desaparecido progresivamente de otros lugares tan relevantes como Madrid.

La pérdida de poder autonómico de Podemos es evidente y ha podido pesar en su estrategia en Andalucía.

Pero este cambio también puede evitar un cisma interno, ya que fuentes de Podemos reconocen que los diputados del partido en el Parlamento andaluz eran favorables a seguir en la coalición, mientras la dirección estatal era partidaria de mantener el veto a Sumar.

Las desavenencias de Podemos con Sumar vienen de lejos y acabaron en ruptura poco después de las elecciones generales de 2023, cuando los morados abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y pasaron al grupo mixto.

Ahora, la duda es si el deshielo de Podemos con Sumar en Andalucía se mantendrá en otras elecciones como las generales, previstas en 2027, algo que no aclaran por el momento en el partido.

Por parte de Podemos, la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas en las próximas generales.

Y por parte de Sumar, Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no repetirá como candidata, algo que podría facilitar la incorporación de Podemos a una coalición de la que ya forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el más antiguo del país, que en su día dominaba entre las clases populares, está al borde del colapso. Dos semanas después de su dura derrota en las elecciones regionales de Baden-Wurtemberg, los socialdemócratas sufrieron un nuevo revés el domingo 22 de marzo, en las elecciones regionales de Renania-Palatinado.

En este Estado federado del oeste de Alemania, fronterizo con Bélgica, Francia y Luxemburgo, el SPD era el principal partido desde 1991. Desde la creación del land, en 1949, nunca había obtenido un resultado inferior al 30% de los votos. Pero el domingo, el SPD solo obtuvo el 25,9% de los votos, lo que supone un retroceso de 9,8 puntos con respecto a las últimas elecciones regionales, celebradas en 2021.

En cinco años, los socialdemócratas han perdido 165.282 votos, lo que supone el 24% de su electorado. Con 525.680 votos obtenidos para su lista, el SPD registra su resultado más bajo en número de votos desde 1955. Pero en aquella época, el censo electoral del land contaba con 900.000 inscritos menos. Se trata, por tanto, de un desastre que se suma al de Baden-Wurtemberg, el 8 de marzo, donde el SPD también obtuvo el peor resultado de su historia con solo el 5,5% de los votos, apenas por encima del umbral necesario para entrar en el Landtag, el parlamento regional.

Elecciones regionales en Renania-Palatinado: el SPD pierde casi diez puntos con respecto a 2021 y es superado por la CDU, que gana 3,3 puntos. La AfD, por su parte, más que duplica su resultado.

Como las desgracias nunca llegan solas, el SPD también perdió el domingo el cargo de alcalde principal (Oberbürgermeister) de Múnich (Baviera). El alcalde saliente del SPD, Dieter Reiter, en el cargo desde 2014, perdió en la segunda vuelta frente a su rival ecologista Dominik Krause, que obtuvo el 56,4% de los votos. También en este caso se trata de un golpe histórico.

Aunque el SPD perdió la mayoría en el ayuntamiento ya en 2014, había conservado el cargo de alcalde principal. Entre 1948 y 2026, ese cargo solo se le escapó durante seis años, entre 1978 y 1984. Se trata, por tanto, también de una derrota simbólica en uno de los últimos bastiones urbanos de Baviera.

De estas elecciones se desprende que el SPD parece haber entrado en una fase de debilitamiento estructural imparable. Para entenderlo, hay que echar un vistazo a la evolución de su electorado. En el apogeo de su esplendor, a finales de la década de 1990, el SPD contaba con dos grandes bases electorales: la de los centros urbanos, basada en una clase media con estudios, y la de los grandes centros industriales, basada en la clase obrera representada por los grandes sindicatos.

Las elecciones de Renania-Palatinado y Baden-Wurtemberg muestran un debilitamiento masivo de esos dos electorados. En Renania-Palatinado, según los análisis postelectorales del instituto Infratest Dimap para la cadena pública de televisión ARD, el SPD ha perdido aproximadamente la mitad de sus votos de 2021 en beneficio de la CDU, el partido democristiano, y alrededor del 20% a favor del partido de extrema derecha AfD. El resto se ha ido mayoritariamente a la abstención.

En esta oleada, los primeros en abandonar el SPD son los obreros y los empleados. En 2021, el SPD aún lideraba el voto obrero con un 36% de los votos, un nivel cercano a la media del Estado federado. Esta vez, solo obtiene el 21% del voto obrero, mientras que la AfD pasa del 18% al 39%. Un salto conseguido principalmente entre los abstencionistas, principal fuente del aumento global de la AfD, que en el land pasa del 8,5% al 19,5% de los votos.

Entre el resto de los trabajadores, el fenómeno es similar. El SPD pierde 13 puntos en esta categoría, hasta el 22%, en beneficio de la CDU, que obtiene el 26% de sus votos (+3 puntos), y de la AfD, que avanza 14 puntos y empata con el SPD en el 21%. Por último, el SPD también pierde muchos votos entre los jubilados, cediendo 10 puntos hasta el 35%, en beneficio de la CDU (+4 puntos hasta el 39%) y de la AfD (+9 puntos hasta el 14%).

Esta desafección de la clase trabajadora al SPD se observa en las zonas obreras de Renania-Palatinado. En Kaiserslautern, bastión socialdemócrata que se apoya en una antigua fábrica de Opel ahora cerrada y que tiene dificultades para reconvertirse, el SPD pierde 7 puntos y la AfD gana 15. El candidato socialdemócrata directo de la circunscripción de Kaiserslautern-1 solo aventaja a su rival de la AfD en 1,7 puntos (27,7% frente a 26%).

La encuesta de Infratest Dimap destaca dos ideas compartidas mayoritariamente por los votantes de Renania-Palatinado: El 71% (frente al 62% en 2021) considera que el SPD “ya no está del lado de los trabajadores”, y el 36% (frente al 60% en 2011) que “se preocupa por la justicia social”.

Al mismo tiempo, el SPD no logra reforzar sus posiciones en los centros urbanos acomodados, donde sufre la competencia de los Verdes y, cada vez más, de Die Linke. En la capital renana, Maguncia, el SPD gana las dos circunscripciones directas, pero pierde puntos. Por el contrario, Die Linke gana 7,9 puntos en la circunscripción de Maguncia-1, donde el SPD pierde un punto, y 3,1 puntos en la circunscripción de Maguncia-2, donde el SPD pierde dos puntos. Cabe recordar también la derrota de Múnich como ejemplo de este debilitamiento urbano.

El SPD se enfrenta, por tanto, a un colapso de su base electoral: los trabajadores optan cada vez más masivamente por la AfD, y las clases medias urbanas por los Verdes o Die Linke. El declive parece inevitable y el resultado del 16,4% obtenido en las elecciones federales de febrero de 2025, el peor registrado desde 1887, puede que no sea el último peldaño de la caída del partido.

El SPD se ha visto atrapado en la trampa de su obsesión por el poder. Se pueden distinguir varias etapas en este descenso a los infiernos. En primer lugar, hasta 2005, pierde una parte de su electorado popular hostil a las reformas neoliberales del canciller Gerhard Schröder. Pasa del 40% de los votos en 1998 al 34% en 2005. Pero, en ese momento, la política de defensa de la competitividad industrial del país le permitió conservar sus bastiones obreros, aún prósperos.

En segundo lugar, las tres grandes coaliciones con Angela Merkel (2005-2009 y luego 2013-2021) debilitan el interés en votar al SPD. El partido tiene dificultades para imponer sus decisiones y su defensa de la clase trabajadora. El precio de la preservación de los polígonos industriales es una creciente precariedad de los empleados del sector terciario, cuyos salarios ya no aumentan o apenas lo hacen. Se presenta como un aliado fiel de la CDU y no logra erigirse como alternativa a los gobiernos en los que participa.

El SPD comienza a perder terreno en los centros urbanos y fuera de los grandes núcleos industriales. En 2009 se produce un nuevo retroceso y sus resultados se estabilizan entre el 20% y el 25% de los votos, un mínimo histórico. El partido pierde algunos de sus bastiones, como el land de Renania del Norte-Westfalia, y se debilita en los länder del Este.

La coalición “semáforo”, formada en 2021 con los Verdes y los liberales del FDP, es un nuevo fracaso. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz es incapaz de hacer frente a la crisis inflacionista y a la crisis industrial estructural que azota al país. Los trabajadores abandonan progresivamente el partido, que no parece capaz de defender los intereses de la industria alemana. El SPD desciende un escalón más al situarse por debajo del 20%.

En 2025, se ve obligado a aliarse con la CDU como socio menor y, una vez más, su identidad se debilita. El partido aparece como un chiringuito electoral que permite a sus dirigentes seguir ocupando cargos en el Gobierno, sin preocuparse realmente por los problemas de la población.

Los socialdemócratas no logran convencer de su capacidad para modificar las políticas de derechas del canciller Friedrich Merz, cuyas líneas generales adoptan en gran medida, desde el rearme hasta la “modernización” fiscal que prevé recortes en sanidad y bajadas de impuestos para los más ricos. Al igual que la CDU, tampoco disponen de una propuesta creíble para restablecer la posición de una industria alemana que ahora compite directamente con China.

El descenso electoral al infierno sigue ahí y esta situación lo encierra en una lógica letal. El SPD, debilitado, a veces no tiene más remedio que ser el socio de coalición secundario de la CDU, lo que le conduce a una impotencia que le hace perder aún más apoyo entre el electorado.

El SPD se presenta como un partido envejecido, que ya no tiene mucho que ofrecer. El lunes 23 de marzo, sus dirigentes regionales y nacionales no ocultaban su preocupación. “Nos encontramos en una situación extremadamente difícil”, señaló el jefe del grupo parlamentario del SPD en el Bundestag, Matthias Miersch.

En Berlín se organizó una reunión de emergencia del presidium del partido para abordar “la evolución de la política federal” y nuevas conversaciones con la CDU. Pero se trata ante todo de dar una imagen de normalidad, ya que el líder federal del partido, Lars Klingbeil, apenas tiene margen de maniobra.

En caso de ruptura con la CDU, se convocarían nuevas elecciones federales que podrían suponer un desastre para el SPD y para Alemania, ya que la AfD saldría aún más reforzada y las posibilidades de coaliciones alternativas seguirán siendo inexistentes. El SPD no tiene pues más remedio que permanecer en el Gobierno, y Friedrich Merz lo sabe. Por lo tanto, no tiene ningún motivo para andarse con miramientos con su socio, que, cada vez más, parece ahogarse en su propia estrategia.

Durante mucho tiempo, el SPD se presentó en Francia como un ejemplo de reformismo exitoso, que contrastaba con una izquierda socialista francesa aún demasiado “dogmática”. Además de que la comparación era discutible, olvidaba que la lógica reformista del SPD, dominante desde hace casi un siglo, se convirtió en una trampa cuando el sistema ya no se dejó reformar.

Cuando, para salvar el capitalismo alemán, hubo que abandonar a los desempleados, luego a los trabajadores precarios, después a los jubilados y, por último, a los obreros, el SPD siempre respondió apoyándose en los fundamentos de la doctrina reformista: la buena salud del capital garantiza la mejora de la condición de las clases populares.

Pero dado que esta doctrina se está hundiendo y que el SPD no tiene otra, su coherencia se desmorona y, con ella, su utilidad política. Triste decadencia para este partido que fue el primero en situar la defensa de los obreros en el centro de la política alemana.

El liberal FDP, partido clave de la República Federal, capaz de hacer y deshacer coaliciones, como cuando abandonó a Helmut Schmidt por Helmut Kohl en 1982, está ahora en vías de desaparición.

Excluido del Bundestag en febrero de 2025, este partido ha sufrido desde entonces duras derrotas electorales que lo empujan, cada vez más, hacia la insignificancia. Ha sido excluido de los parlamentos regionales en Hamburgo, en Baden-Wurtemberg y en Renania-Palatinado. El mismo destino parece esperarle en septiembre en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Este partido, defensor de las clases medias altas y de las profesiones liberales, se centró en la década de 2010 únicamente en la cuestión de las rebajas fiscales. Pero su incapacidad para mantener una línea coherente durante la coalición “semáforo” lo ha desacreditado por completo.

Su electorado se inclina ahora hacia la abstención, la CDU y la AfD. En Renania-Palatinado, perdió 60.000 votos, de los cuales 30.000 habrían ido a parar a la CDU, 10.000 a la AfD y casi 20.000 a la abstención. Lo que amenaza ahora al FDP es, sin duda, su desaparición.

Traducción de Miguel López

“Ojalá”. Es la palabra que más pronuncian cuando infoLibre les pregunta si serán capaces de vivir el proceso sin guerras internas que vuelvan a abrir fracturas. La intención es coser, mostrar alianzas y fortaleza, caminar de la mano; pero saben que la política (y el poder) también se vuelve pasión. Y, teniendo en cuenta los antecedentes, no confían del todo en que las chispas que salten provoquen algún fuego difícil de apagar. Aún así, son conscientes de que la única manera de salir del atolladero es proyectando una imagen unida y sin heridas. Tras la debacle electoral del 21D, cuando el PSOE de Extremadura tocó fondo llegando a su mínimo histórico –lo que provocó la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general–, el partido ya está inmerso en las primarias para elegir nuevo jefe. O jefa. Esta herramienta democrática permite a cualquier militante ser líder de la formación si reúne los apoyos necesarios, pero igualmente puede crear batallas que no siempre se dejan atrás.

De momento, si bien todos los implicados apuestan por un nombre de consenso “porque eso es lo que pide la militancia”, la realidad es que ha habido récord de precandidaturas: cinco voces han dicho que quieren tomar los mandos. Dos mujeres y tres hombres: Blanca Martín Delgado, Soraya Vega Prieto, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias. Una expresidenta de la Asamblea de Extremadura, una exportavoz del grupo parlamentario socialista y tres alcaldes de pueblo. 

Los cinco coinciden en que se debe acabar con la división entre las dos provincias (Martín y Cotrina son de Cáceres; los otros tres, de Badajoz) y apostar por un partido regionalista, que mire más a Extremadura que a Madrid. 

Igualmente, creen que defender los derechos sociales frente a la derecha y la ultraderecha les ayudará a reconectar con sus votantes, muchos de los cuales prefirieron quedarse en casa y no acudir a las urnas en los últimos comicios autonómicos.

Y frente al panorama político actual, mantienen, por diversos motivos, su ‘no’ a una abstención del PSOE para que el PP gobierne en solitario en Extremadura sin depender de Vox. Pretenden ser una oposición combativa.

Más allá del bloqueo actual y sus posibles consecuencias (como una eventual repetición electoral el 28 de junio), afrontan este proceso con la mirada puesta en las municipales de 2027, donde se juegan su fortaleza en los ayuntamientos.   

Formaba parte del círculo más íntimo del fallecido Guillermo Fernández Vara, al que considera un maestro. Con él ejerció de presidenta de la Asamblea de Extremadura, un cargo que después ha repetido en la legislatura a medias de la popular María Guardiola, dado que el desacuerdo entre PP-Vox provocó que la Cámara regional quedara en manos del PSOE. 

Ahora sigue siendo diputada. Dice que tras el resultado del 21D se planteó la opción de tomar las riendas del partido: “Durante la campaña electoral yo hice lo que tenía que hacer”.

En referencia a Gallardo y a cómo ejerció su liderazgo, expresa: “Los procesos de primarias sabemos abrirlos pero no cerrarlos”.

“En estos momentos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y dar una imagen de partido unido y no dividido, que luche por nuestra gente, por los jóvenes y también por los mayores, que necesitan recursos para vivir en los pueblos”, subraya. 

Asimismo, añade: “Yo no he venido a librar ninguna batalla, formamos parte de la misma familia. Hay que escuchar a los demás y quiero un proyecto fuerte y unitario”.

Ella ve como algo positivo que haya “tanta gente preocupada y dispuesta” para hacerse cargo del partido. Considera que votar en unas primarias es “darle voz a la militancia”. Vega Prieto, exportavoz del grupo parlamentario socialista y actualmente diputada, cuenta que ya en las Navidades, justo después del 21D, se planteó ser candidata. “Me escribió mucha gente para proponérmelo”, afirma. Es de las que más ha defendido frente a las cámaras la figura de Gallardo. De hecho, entre sus apoyos públicos está la sucesora de él en la Diputación de Badajoz (Raquel del Puerto) y en la alcaldía de Villanueva de la Serena (Ana Belén Fernández).

Subraya que en este proceso de primarias debe haber “mucha generosidad y saber qué es lo importante”. “No nos podemos hacer trampas al solitario. Hemos desconectado con la gente y tenemos que volver a salir a la calle para explicar cuáles son nuestras políticas de izquierda, porque las tenemos”.

En este sentido, tiene claro que el papel del PSOE a nivel regional, ahora mismo, debe ser el de una oposición responsable “que no entre en debates estériles”. “Tenemos que pararnos a pensar, ir a la profundidad de las cosas”.

Es quien más pone el foco en un partido que, si es necesario, mire hacia Extremadura más allá de las siglas del PSOE: “Tenemos de ejemplo lo que está pasando en el PP y en Vox. Desde Madrid les dicen qué día pueden reunirse”. Sánchez Cotrina es alcalde de Salorino (522 habitantes) y ha dejado temporalmente su puesto como secretario general del partido en la provincia de Cáceres mientras se desarrollan estas primarias.

Su precandidatura no ha sido ninguna sorpresa; su nombre lleva meses sonando. Por eso él se considera esa persona de consenso capaz de convencer a los demás. “La verdad es que me ha sorprendido que al final seamos tantos”. Sabe que será difícil aunar todas las sensibilidades.

¿Que qué le pasa al partido? “La izquierda está apagada y aburrida. Tenemos que pelearnos por la cosa del comer. ¿Ahora todos los agricultores son de derecha? Ni mucho menos. Pero hay que saber explicar las cosas. Y, por ejemplo, decirle alto y claro a la ultraderecha que somos internacionalistas y que queremos migrantes en Extremadura. Hay que dar la batalla en el Parlamento y en los bares de los pueblos”.

Asevera que las grietas y las heridas del partido se superarán en función de quién asuma el liderazgo: “No solo vale cambiar las caras, también hay que hacer lo mismo con las políticas”. Así lo manifiesta González Andrade, alcalde de Olivenza (11.800 habitantes) y presidente de la Fempex (Federación Extremeña de Municipios y Provincias).

Se distanció de Gallardo en las anteriores primarias y ahora declara: “Yo vengo sin tutelas, libre, dispuesto a jugar mis cartas, con el ánimo de los que me han empujado a que me presente y con el apoyo de alcaldes de ambas provincias, y no es necesario tener detrás a ningún nombre conocido”. 

Del mismo modo, manifiesta: “Estamos en un momento complejo, pero lo fundamental es que el partido salga fuerte y unido”.

Teniendo en cuenta el contexto político, expone: “El PSOE debe aportar estabilidad, y ha de estar preparado para cualquier escenario”, indica en referencia a la falta de acuerdo PP-Vox y a esa posibilidad en el aire de volver a las urnas.

Anunció en un vídeo en redes sociales que también quería pelear por la secretaría general del PSOE extremeño. Y para grabarlo se desplazó a la carretera nacional que une Badajoz y Cáceres. Se colocó justo a mitad de camino entre ambas ciudades para reivindicar que hay que derribar el muro que existe entre las dos provincias. Díaz Farias es alcalde de Villanueva del Fresno (3.250 habitantes) y vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz.

Habla de manera directa y afirma que las primarias son complejas en cuanto a la búsqueda de apoyos por las consecuencias de posicionarse públicamente: “Yo siempre digo que prefiero ilusionarte que presionarte”.

Él tiene claro que para reconstruir el partido hay que empezar desde la base, “desde los alcaldes”. En cuanto a la debacle electoral del 21D, remarca que “las ideas socialistas están más vigentes que nunca”. “Lo que ocurre —prosigue— es que a veces no se ha sido coherente. Se puede cambiar de opinión y no pasa nada, pero hay que explicar las cosas”. “Y hay que defender los intereses de Extremadura —apostilla—, pero para eso no hace falta meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez”.

Hasta aquí las propuestas y visiones de los cinco aspirantes a reparar el PSOE extremeño. Pero para llegar a esa meta, antes han de recoger los apoyos necesarios para seguir en la pugna. Habrá tiempo de buscarlos hasta el próximo martes 24 de marzo. 

Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla, se deben presentar el 12% de avales como mínimo (1.124) y el 15% como máximo (1.405) para convertirse en candidatos de manera oficial.

La siguiente fecha clave es el 11 de abril. Ese día, 9.366 militantes están llamados a las urnas si no se logra un nombre de consenso. De ese cuerpo electoral, el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres. 

El proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional, que será en Mérida el sábado 25 de abril. De esa cita saldrá el nuevo jefe o jefa que tendrá como misión reconstruir el partido después de su peor momento de la historia democrática.

Hay comunidades donde los medios son el poder, o cuando menos, una pieza indisociable de él. Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas, lo harán después de haber sido informados, durante años, por un ecosistema mediático cuya estructura de propiedad, cuyas fuentes de financiación y cuyos vínculos con la política regional constituyen uno de los casos más reveladores —y más perturbadores— del estado de la libertad de prensa en España.

El mapa es tan singular que merece ser contemplado en toda su crudeza. La comunidad más extensa del país, con nueve provincias y una dispersión geográfica que convierte el acceso a la información en un reto estructural, carece de televisión pública propia. En su lugar, desde 2009, el servicio lo presta Radiotelevisión Castilla y León S.A. (RTVCyL), una empresa privada cuya propiedad se reparte al 50% entre dos grupos empresariales: Promecal, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, vinculado a la familia del constructor José Luis Ulibarri. Dos rivales que comparten negocio. Dos socios que, más allá de la televisión, dominan el grueso de la prensa escrita y la radio local de la región.

Para entender cómo llegó Castilla y León a este modelo insólito, hay que retroceder al año 2009. El entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, quiso poner en marcha una televisión autonómica en plena gran recesión, pero decidió externalizar completamente su gestión al sector privado. El problema era que los dos grandes grupos mediáticos de la comunidad —Promecal y Edigrup— se disputaban ferozmente la concesión. La solución fue salomónica: obligarles a compartir el pastel al cincuenta por ciento. Así nació una empresa que es privada en su titularidad, pero pública en su función y en gran parte de su financiación.

Las biografías de sus propietarios añaden una dimensión inquietante al análisis. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación. Dos empresarios con condenas por corrupción son, en 2025, los gestores del servicio público audiovisual de una de las comunidades más grandes de España. Y cada año reciben, solo en concepto de subvención para RCyLTV, más de 21 millones de euros de dinero público a pesar de que el promedio de audiencia de sus dos canales es ridículamente bajo.

El flujo de fondos públicos hacia estos grupos no se limita a la televisión. La Junta de Castilla y León destinó 19,4 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Sumados a los más de 21 millones de la subvención a RTVCyL, el dinero de todos que alimenta directamente el ecosistema mediático controlado por Méndez Pozo y Ulibarri supera los 40 millones de euros anuales.

Una cifra disparatada que pone de relieve lo que los estudiosos del fenómeno denominan “captura de medios”: la conversión de los grupos de comunicación en instrumentos al servicio de intereses políticos y empresariales, más que en contrapoderes independientes. Porque ese dinero condiciona lo que publican las cabeceras, de papel y digitales, de los dos empresarios que controlan la televisión autonómica.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detectó que el 60% del gasto en publicidad institucional de la Junta se concentra en la prensa de papel, precisamente el soporte que más audiencia pierde. Para la AIReF, esto equivale a una subvención encubierta destinada a sostener estructuras empresariales a cambio de coberturas favorables. Es el diagnóstico de un organismo oficial que cuantifica la deformación del mercado mediático regional.

Los partidos de la oposición llevan años denunciando lo que consideran una orientación sistemáticamente favorable al PP en los informativos . El PSOE y Ciudadanos apuntan al sesgo en la cobertura del Gobierno regional; Unidas Podemos y Soria ¡Ya! añaden que la cadena blanquea a Vox y sobrerrepresenta a Valladolid en detrimento del resto de provincias.

Sin embargo, y esto es significativo, no constan denuncias de manipulación por parte de los propios periodistas de la cadena. Sus movilizaciones han sido por razones laborales —los sueldos son bajos—, no por presiones editoriales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León nunca ha firmado un pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

En junio de 2025, sin embargo, algo amenazó con poner patas arriba el tablero. Los partidos de la oposición en las Cortes autonómicas —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— lograron imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que ha levantado una polvareda sin precedentes en el sector. La medida estrella de la norma establece que ningún medio podrá recibir de la Junta más del 33% de su facturación anual en concepto de publicidad institucional. Se añade, además, un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido objeto de condenas reiteradas en sentencia firme.

La reacción del sector fue inmediata y contundente. Una plataforma que agrupa a 29 empresas periodísticas y 33 medios de la comunidad —una cifra abultada, pero fácil de reunir a través de los dos grandes grupos hegemónicos— ha impugnado la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando su suspensión cautelar.

Se apoyan en un dictamen del Consejo Consultivo —elaborado a petición de la propia Junta, que se resiste a aplicar la ley— según el cual la norma invade competencias estatales al fijar límites en la contratación y prohibiciones a la hora de percibir fondos públicos. El Colegio de Periodistas, por su parte, advierte de que la ley ya ha provocado los primeros despidos en algunos medios y que, de no modificarse, podría abocar al cierre a numerosas cabeceras muy dependientes de los ingresos institucionales.

La paradoja es reveladora. Una ley pensada para limitar la captura de medios es impugnada por los propios medios. Y el argumento más potente para defenderla —la necesidad de que el dinero público no sirva para comprar cobertura favorable— choca con la realidad de que muchos pequeños medios locales han construido su modelo de negocio sobre esa dependencia. La reforma toca un nudo gordiano: si se aplica, puede limpiar el sistema, pero destruir parte de su tejido; si no se aplica, el statu quo de la captura mediática se perpetúa.

Todo este entramado cobra especial dimensión cuando se analiza cómo consumen información los ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el contexto electoral. Uno de los territorios por excelencia de la España vaciada, lo que signidficia dispersión, envejecimiento y muchos municipios de menos de mil habitantes.

En el ámbito digital, el Diario de León (Edigrup) se ha consolidado como el periódico más leído de la comunidad con 64.000 lectores diarios, superando al histórico El Norte de Castilla (Vocento), con 62.000. En el universo online, las cifras del Diario de León alcanzan los diez millones de páginas vistas mensuales. La televisión regional —CyLTV— tiene una penetración del 79,3%, pero su audiencia efectiva es "residual", con cuotas que rondan el 1,1% para La 7 y el 0,7% para La 8. Un medio con tan escasa audiencia acapara más de 21 millones de euros anuales de financiación pública.

Aquí son las cadenas estatales las que lo dominan todo. Manda la conservadora Antena 3, con datos extraordinarios, en particular en los espacios informativos, tan importantes para dominar el debate político. Le sigue La 1 de TVE, aunque a cierta distancia todavía.

Pero la fotografía más preocupante llega cuando se analiza la brecha entre el mundo urbano y rural. En los municipios de menos de 5.000 habitantes —que en Castilla y León representan la mayoría del territorio, aunque no de la población—, el acceso a internet es un 10% inferior a la media nacional. La desigualdad es especialmente drástica en redes profesionales: el acceso a LinkedIn es un 38% menor en el mundo rural. Un 35,5% de la población rural asegura no consumir nunca vídeos en línea.

En ese contexto, la radio y la televisión siguen siendo los pilares informativos y de cohesión social de la España interior. Y la radio, cuyo mercado está dominado por las cadenas nacionales SER, COPE y Onda Cero a través de desconexiones locales gestionadas precisamente mediante acuerdos con Promecal y Edigrup, cierra el círculo de un ecosistema mediático donde los dos mismos grupos empresariales están presentes en todos los soportes relevantes.

Hay, sin embargo, una presión externa que puede forzar una transformación que la política regional no ha sido capaz de impulsar desde dentro. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de cumplimiento venció en agosto de 2025, introduce un concepto que dinamita el escudo jurídico de CyLTV: el de "proveedor de servicios de comunicación social de servicio público". La definición no atiende a quién es el propietario, sino a qué función cumple el medio y cómo se financia.

CyLTV cumple ambos criterios: tiene encomendada una misión de servicio público mediante contrato con la Junta y recibe financiación pública para cumplirla. Por tanto, le es de aplicación el reglamento europeo en todos sus apartados.

Esto implica, entre otras cosas, que la financiación deberá dejar de ser una subvención anual —que puede usarse como palanca de presión política— para convertirse en un modelo plurianual basado en criterios claros y transparentes. Que los nombramientos de directivos tendrán que realizarse mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios. Que la estructura de propiedad deberá hacerse pública con detalle de los beneficiarios finales.

En la práctica, esto supondría sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo. Y obligaría a proteger la independencia de los periodistas mediante estatutos de redacción y consejos de redacción efectivos, al margen de los intereses de la propiedad y del Gobierno regional.

Este domingo, los ciudadanos de Castilla y León votan con toda esta arquitectura invisible de fondo. La información que les ha llegado durante la campaña ha transitado por canales cuya independencia es, como mínimo, discutible. Los principales prescriptores de la agenda política son medios que dependen financieramente de la Junta, que son propiedad de empresarios con condenas judiciales y que operan en un entorno regulatorio que se debate entre la reforma y la impugnación.

No es un problema exclusivo de Castilla y León —la captura mediática tiene expresiones en muchas comunidades autónomas— pero sí es en esta región donde el modelo alcanza una forma más cristalina y más extrema: una televisión autonómica privada, gestionada por dos condenados por corrupción, subvencionada con más de 21 millones de euros anuales sin un control parlamentario efectivo, con informativos acusados de sesgo sistemático y sin que los propios periodistas que trabajan en ella hayan elevado queja alguna por presiones editoriales.

Conviene recordar que el silencio de los periodistas no es necesariamente garantía de independencia. Puede ser también la señal más elocuente de hasta dónde llega la normalización de lo que, en cualquier democracia mediática sana, sería considerado inaceptable. La reforma llegará, quizás, de la mano de Bruselas. Lo que no llegará sola es la rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido durante décadas en el ecosistema mediático de la comunidad más grande de España.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que esta semana en el Congreso se ha demostrado "una vez más" que el Gobierno no tiene mayoría para gobernar y ha asegurado que los ciudadanos españoles "no se merecen la agonía de un gobierno acabado", según informa EFE.

"Que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran", ha dicho el líder de los populares durante su intervención en un mitin del PP en Ávila para acompañar el candidato de esta formación a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco.

Para Feijóo, "tener un gobierno que no gobierna impacta directamente en la gente" y hace que "todo funcione peor", y ha criticado que el Ejecutivo presuma de que "España va como nunca" cuando "se está abandonando lo esencial".

El candidato a la Presidencia de la Junta por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, su formación los cumplirá y los hará cumplir.

Fernández Mañueco ha lanzado este mensaje durante su intervención en el mitin central de la campaña electoral del PP abulense, al que han asistido más de un millar de personas que ha llenado la sala central del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, de Ávila.

El candidato del PP a la reelección ha presumido de gestión, no solo en sus siete años de gobierno, sino en las cuatro décadas de ese partido al frente de la Junta de Castilla y León, con un recuerdo especial para quien fuera presidente del Gobierno autonómico durante una década, Juan José Lucas, que ha seguido el mitin.

En este contexto, ha resaltado la "gestión eficaz" y la "estabilidad" que a su juicio supone el PP, frente quienes le acusan de no ser nuevos, algo de lo que ha presumido, ya que "el Partido Popular no llegó ayer a Castilla y León".

Al respecto, ha presumido de "resultados" en diferentes ámbitos, lo que ha situado a la Comunidad líder en educación y atención en servicios sociales, mientras ocupa la segunda posición en sanidad, algo que a su juicio se traduce en "un sobresaliente en gestión gracias al esfuerzo de todos y a una dirección política del PP".

En referencia al lema de la campaña de los populares Aquí, certezas, Alfonso Fernández Mañueco, en referencia a Vox, se ha dirigido a los potenciales votantes para decirles que si votan al PP pueden tener "la certeza" de que el Partido Popular "se quedará trabajando toda la Legislatura".

"Nosotros no abandonamos el barco a mitad de trayecto. Otros no pueden decir lo mismo", ha añadido, en referencia a Vox, que cuando llevaba dos años y medio formando parte de la Junta de Castilla y León, decidió abandonar el Ejecutivo autonómico.

En este línea, Fernández Mañueco ha vuelto a echar mano del lema de campaña para certificar: "Si llegamos a acuerdos con otras formaciones políticas, nosotros los cumpliremos y, además, los vamos a hacer cumplir". Al respecto, el candidato a la reelección por el PP ha asegurado que la palabra de los populares "vale todo" y es "un contrato".

En este contexto, ha augurado que "va a haber un gobierno del PP una vez más", para lo cual ha pedido que todas las direcciones provinciales de la formación funcionen "a toda máquina".

"Necesitamos una movilización total", ha señalado, dirigiéndose a los responsables del PP, así como a los concejales, alcaldes, diputados provinciales y parlamentarios, para conseguir que "nadie se quede en casa" el próximo 15 de marzo, que es el día en el que las "ganas" se tienen que hacer efectivas entre quienes deseen apoyar al Partido Popular.

En su discurso ha repasado algunas de las 1.031 medidas incluidas en el programa electoral, señalando que su objetivo es conseguir, entre otras cosas, que "el hijo de un trabajador de Ávila tenga las mismas posibilidades que el hijo de un empresario de Madrid".

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, según informa EFE.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos ha intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado este lunes en rueda de prensa su secretario general, Ignacio Garriga.

La socialista Pilar Alegría, que este domingo igualó el suelo histórico del partido en las elecciones aragonesas, con 18 escaños, no se ha planteado "en absoluto" dimitir, porque su compromiso es "absoluto" con Aragón, donde ejercerá la oposición con responsabilidad y la vista puesta en las municipales del próximo año, informa EFE.

Tras perder el PSOE cinco diputados en los comicios de ayer, Alegría ha reunido este lunes a la Ejecutiva regional para analizar los resultados de las elecciones después de que esta mañana se haya reunido en Ferraz la Ejecutiva nacional, que ha presidido el líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que han cerrado filas en torno a la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno, pese a reconocer que los resultados no han sido los deseados.

En declaraciones a los medios tras la Ejecutiva regional, la también secretaria general de los socialistas aragoneses ha asegurado que su partido está unido en Aragón y ha pedido hacer una "lectura sosegada" de los resultados, que ha achacado a una "combinación de elementos", y poder mejorar lo que sea necesario para poder tener buen resultado en las municipales de 2027 y ganar.

Y aunque ha incidido en que es "prematuro" trasladar qué ha podido configurar el resultado del PSOE tras una "muy buena" campaña, de la que ha asegurado que está "muy satisfecha", ha apuntado que ella se ha dedicado a hablar "de Aragón", aunque "se ha colado" el debate nacional. Habrá tiempo para hacer un diagnóstico "más certero, aprender de los errores y mejorar de cara a municipales de 2027", ha ahondado.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocó las elecciones por no tener presupuesto y con el propósito de tener mayor posibilidad de gobernar en solitario, ha recordado, pero el resultado es que hoy es "más rehén de lo que lo era ayer" de Vox, que ha doblado el número de escaños, de 7 a 14.

Alegría ha asegurado que ella asume sus responsabilidades en la oposición desde las Cortes de Aragón, donde le han mandado las urnas, por lo que Azcón tiene que asumir "las suyas", y por eso no se plantea la posibilidad de una abstención para que Vox no entrara en el Gobierno autonómico.

Y preguntada por la posibilidad de que se repitan las elecciones, ha señalado que se acaban de celebrar unas, las de ayer, que "no correspondían ni estaban en la agenda de los aragoneses" y que fueron "capricho de Azcón respondiendo al mandato de Feijóo", por lo que tendrán que ser PP y Vox los que hablen, ha insistido.

El líder del Partido Laborista en Escocia, Anas Sarwar, pidió este lunes la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, al considerar que supone un obstáculo para el avance del laborismo en las elecciones autonómicas escocesas del próximo 7 de mayo.

"Ya son demasiados errores", dijo en una rueda de prensa en Glasgow Sarwar, hasta ahora aliado de Starmer, y añadió que su liderazgo "se ha convertido en una distracción", en medio de continuas polémicas por la gestión del Gobierno de Londres.

"No podemos permitir que los fracasos en el corazón de Downing Street signifique que continúen los fracasos también aquí en Escocia, porque las elecciones de mayo no son irrelevantes para la vida de los escoceses", afirmó.

El líder laborista escocés señaló que, sin un cambio de rumbo a nivel nacional, Escocia afronta "la tercera década de un gobierno del (independentista) Partido Nacional Escocés (SNP)".

Según los últimos sondeos de intención de voto, de cara a los comicios al Parlamento escocés el SNP recibe un apoyo estimado del 32%, seguido del ascendente partido populista de derechas Reform UK, con un 20%, y el Partido Laborista Escocés, con un 16%. Los conservadores se sitúan en torno al 11%.

Pese a la creciente presión sobre Starmer, un portavoz oficial aseguró que el primer ministro no piensa dimitir, "pues tiene un claro mandato de los británicos por cinco años", tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales en julio de 2024.

Por el contrario, varios ministros, entre ellos la de Economía, Rachel Reeves, salieron a respaldar al líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno británico, que en las últimas horas ha sufrido la dimisión de dos estrechos colaboradores, su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y el director de Comunicación, Tim Allan.

McSweeney dimitió el domingo tras asumir la responsabilidad por aconsejar el nombramiento en febrero de 2025 como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, que fue destituido siete meses después por sus lazos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La oposición política pide que Starmer asuma la responsabilidad última por ese nombramiento, mientras que queda por ver si los diputados laboristas respaldan en las próximas horas a su líder o deciden desafiarlo con un candidato a sustituirle.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura, según informa EFE.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia.

La secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista de su partido a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado que el resto de las formaciones de izquierda en la Comunidad no hayan llegado a un acuerdo para constituir una candidatura única frente a la derecha.

Alegría, que ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras un encuentro con vecinos de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, ha señalado que consideraba importante que estos partidos pudieran ir en una candidatura única, porque cree que "siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida", sobre todo cuando en unas elecciones el adversario está muy claro.

"El adversario para la izquierda y para los progresistas en esta Comunidad está en el Partido Popular y en Vox, en la derecha y en la ultraderecha", ha añadido la candidata, para quien el modelo de política que ha desarrollado el Gobierno de Jorge Azcón es "un modelo de privatización, recortes y confrontación".

Tras argumentar que a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo han generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.

Ha admitido que a pesar de que el PSOE aragonés le ofreció una "mano tendida" para la aprobación de los presupuestos, la respuesta de Azcón fue "morder esa mano".

Según ha explicado, tras la convocatoria de elecciones, el adversario del PSOE lo conforman Partido Popular y Vox, y por eso consideraba "importante que el resto de la izquierda hubiera podido llegar a esa candidatura única", y ha lamentado que "evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo".

A pesar de no conocer todas las razones de estos partidos, ha asegurado que el PSOE aspira a llegar a esas elecciones "siendo el principal partido, el más votado por todos los aragoneses y, desde luego, contar con el apoyo fundamental de toda la ciudadanía progresista".

Los buenos resultados de Podemos en Extremadura han motivado que la formación morada haya propuesto a María Goicoechea como candidata a las elecciones autonómicas del 8 de febrero tras lamentar que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda, han indicado.

Por otro lado, Jorge Pueyo, diputado nacional, será el candidato de Chunta Aragonesista (CHA) por la provincia de Zaragoza, Verónica Villagrasa por la de Huesca y Javier Carbó por la de Teruel. Sumar e IU, sí irán en una candidatura conjunta y harán el anuncio de su programa y sus candidatos en los próximos días.

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia "organizada" para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

"Nos están robando la democracia", ha afirmado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida, donde ha dado a conocer este suceso.

Según ha explicado, durante la madrugada algunas personas "de manera coordinada" han irrumpido en estas oficinas con el objetivo de sustraer estos votos y aún desconoce si ha habido más localidades afectadas.

En concreto, ha explicado, han entrado en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, que recoge el voto por correo de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, y "se han llevado la caja fuerte con todo el voto por correo dentro".

En el caso de Torremejía han accedido también en la oficina y han abierto la caja fuerte, comprobando que no había votos por correo, debido, ha explicado Bautista, a que esta localidad deposita diariamente los sufragios recibidos en la ciudad de Mérida.

La misma situación se ha repetido en Santa Amalia, donde "tampoco han podido sustraer nada porque no había voto por correo".

Para el dirigente popular, se trata de estrategia "absolutamente organizada", no de una cuestión puntual, con el único objetivo de "llevarse el voto por correo".

En el caso de Fuente de Cantos, ha precisado, se está estudiando conocer a cuántos votantes afecta la situación, una cifra que desconocen debido a motivos de protección de datos.

Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad los detalles que tengan de estos sucesos con el fin de que se abra una investigación este mismo jueves.

De igual manera, ha propuesto que se establezca un "procedimiento extraordinario" para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto.

Según Tellado, "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado" de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

El secretario general del PP ha pedido al ministerio de Interior que despliegue "todos los medios necesarios" para investigar el robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños y para evitar que vuelva a producirse.

En un mensaje a través de X, Tellado ha calificado lo sucedido como "un hecho de enorme gravedad". "Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos", ha reclamado.

"En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", ha añadido el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Queda oficialmente inaugurado el nuevo ciclo electoral. 21 de diciembre Extremadura, marzo de 2026 Castilla y León, antes del verano Andalucía, quién sabe si por medio Aragón, y en mayo de 2027 autonómicas y municipales, en espera de conocer la fecha de la convocatoria de elecciones generales.

A la hora de analizar el voto, los politólogos solemos acudir a los clivajes, líneas divisorias que definen su distribución. En España nunca hubo una sola, ya que al tradicional eje izquierda-derecha (que jamás desapareció pese a lo que pudo parecer en los años de la nueva política), le ha acompañado siempre el de la cuestión nacional identitaria. 

Desde el año 2015, a estos dos ejes se les unió el del cabreo. Con una enorme intensidad que iría descendiendo con el tiempo, tanto izquierdas como derechas, nacionalistas o no, contaban con opciones que representaban el establishment y otras que eran la encarnación de lo contrario. Nadie duda de que Podemos y las candidaturas municipales del cambio fueron hijos del 15M y la indignación, pero a menudo se olvida que el ya extinto Ciudadanos representó la respuesta a la indignación por parte de la derecha. Unos y otros pedían más y mejor democracia, cada cual desde su punto de vista ideológico, pero a diestra y siniestra se buscaban fórmulas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la convivencia democrática… Unos, articulando propuestas de parámetros liberales y neoliberales; los otros, volviendo a las esencias de la izquierda.

Ahora, buena parte de esa indignación ha tornado en decepción, y el cabreo, en aumento, ha mutado para convertirse en un cuestionamiento de los valores de convivencia democrática. Un cabreo que capitaliza la extrema derecha en diferentes versiones y que no encuentra quién lo represente por la izquierda. Podemos lo intenta, pero ha dejado demasiados cadáveres por el camino y no pocas contradicciones que le impiden tener ese papel, al menos en el corto plazo. Este eje del cabreo antisistémico deja a los demócratas en la posición conservadora, incapaces en la mayoría de los casos de entender que la defensa de la democracia necesita una ofensiva: avanzar en derechos, profundizar la participación y recuperar la cohesión social declarándole una guerra sin cuartel a la desigualdad. Por contra, quienes convierten el cabreo en un cuestionamiento de la democracia aparecen a ojos de un porcentaje creciente de población como la vanguardia, lo novedoso, lo rompedor que trae consigo lo nuevo. Curiosa paradoja, cuando su propuesta de futuro es una vuelta al pasado.

A estos tres ejes –el ideológico, el nacionalista y el del cabreo–, se les une un cuarto, cada vez más presente y con mayor importancia, que tiene también mucho de indignación, pero con otra perspectiva, la territorial. El caso más llamativo fue el de Francia en las pasadas elecciones europeas: en toda Francia ganó la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional, con la única excepción de una pequeña isla donde ganaron los de Macron, la lista socialista y la Francia insumisa. En efecto, se trataba de la ciudad de París y sus departamentos colindantes. 

En España, manifestaciones de sentimiento de agravio territorial se han dejado sentir en opciones como Teruel Existe, Soria ya! u otras formaciones que, con mayor o menor fortuna, han expresado la indignación de la despoblada España interior. Más allá de estas provincias, la divisoria entre los ámbitos urbanos y los rurales se muestra cada vez de forma más clara.

En el último CEO (el llamado “CIS catalán”), se puede observar cómo los votantes de la ultraderecha urbana y nacionalistas españoles optan por Vox, mientras que quienes se declaran también de ultraderecha pero en el ámbito rural, y además son independentistas catalanes, lo hacen por Aliança Catalana. He aquí un ejemplo de cómo estos cuatro ejes se entrecruzan: se trata de votantes de derechas, cabreados con el sistema, con visiones sobre el nacionalismo antagónicas, y ubicados en distintos espacios.

Esa madeja de intereses, sentimientos, percepciones, enfados y miedos se combinarán a lo largo y ancho del periodo electoral que se aproxima. En Extremadura, y en tantos otros lugares, la lucha por los votos incorporará y combinará la encrucijada de estos cuatro ejes hasta trazar un nuevo mapa político. Habrá sorpresas –o no tantas, porque algunas ya se intuyen–, euforias, decepciones y seguramente más motivos para el cabreo. Ojalá quienes consigan darle respuesta sean los que buscan más y mejor democracia, y no quienes cuestionan cada día sus valores con propuestas negacionistas, xenófobas, machistas y excluyentes que proponen encarar el futuro volviendo al pasado.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, será el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026, según ha confirmado a EFE este viernes el propio candidato.

Maíllo, natural de Lucena (Córdoba), de 59 años, será el candidato de la coalición, tras una decisión adoptada el pasado miércoles en la mesa de partidos de Por Andalucía, con representantes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y la ausencia de Podemos, según ha avanzado el diario El País.

Con esta designación, Antonio Maíllo volverá a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que ya se presentó en las elecciones de 2015 y 2018.

Noticia en ampliación.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, informa EFE. Esto supondrá que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a solo unos meses de las elecciones previstas para marzo.

Tras un debate ante el pleno de las Cortes marcado por las referencias a la cercanía de los comicios autonómicos, la votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto.

Han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -exmiembros de Vox-. Por su parte, el procurador de Por Ávila se ha abstenido.

Es la primera vez en la historia autonómica que el Gobierno ve cómo las Cortes rechazan su proyecto de ley de presupuestos para el año siguiente. Se trata de la sexta vez desde 2019 que los presupuestos son prorrogados, y la segunda consecutiva.

Las diferencias entre PP y Vox las explicó este lunes el portavoz del partido de ultraderecha, David Hierro, que culpó a Mañueco de rechazar negociar medidas acordadas en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Hierro llegó a comparar a Mañueco con Guardiola, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero restó importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, afirmó que Mañueco ha mostrado una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda de su "socio natural".

El adelanto electoral extremeño no genera ningún entusiasmo en el PSOE. Ni en la federación autonómica ni en la calle Ferraz. El próximo 21 de diciembre arrancará con estos comicios un nuevo ciclo electoral en España, con la popular María Guardiola como favorita pulsando el botón de las urnas en connivencia con la calle Génova.

Y es que los populares han convocado a los ciudadanos también conscientes de que el PSOE extremeño no está en un buen momento. Los socialistas viven en el ojo del huracán por el procesamiento de su líder autonómico, Miguel Ángel Gallardo, por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Las encuestas sitúan de manera clara al PP como principal fuerza y, además, internamente la federación socialista ha vivido varias guerras en los últimos años con motivo de la sucesión de Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido.

El nombre de Gallardo aparece más en las páginas nacionales de tribunales que en las de política desde hace un tiempo al estar investigado dentro de la causa del hermano del presidente del Gobierno, ya que era el líder de la Diputación de Badajoz cuando la institución contrató a David Sánchez. La Justicia está dirimiendo si cometió delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Él siempre ha defendido su inocencia y ha recordado que esa contratación se hizo cuando Pedro Sánchez no era secretario general del partido.

Gallardo ha reivindicado constantemente que se trata de un “caso fabricado” y ha denunciado que la Junta de Extremadura financia a pseudomedios para destrozar a los socialistas con este tipo de noticias. Además, ha cuestionado la instrucción de un caso que ha buscado la “pena del telediario”. El actual secretario general del PSOE de Extremadura ha argumentado que nunca recibió una llamada de Sánchez para recomendar a su hermano y que tampoco le dio ninguna instrucción a funcionario alguno para la asignación de la plaza.

El líder de los socialistas extremeños también ha sido protagonista en los últimos meses por su decisión de hacer correr la lista y ocupar un puesto en la Asamblea de Extremadura, lo que le fraguó muchas críticas externas e internas porque ese movimiento convertía a Gallardo en aforado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura vio “fraude de ley” en ese aforamiento exprés y devolvió la causa a la instructora de Badajoz.

Gallardo, a pesar de estas polémicas, será el candidato, una decisión hablada entre él y la dirección socialista. La Comisión Ejecutiva del PSOE propuso este martes su nombre de manera unánime, una decisión que deberá ser ratificada este miércoles por el Comité Regional. Y, por la excepcionalidad del momento electoral, no habrá un proceso de primarias (algo pactado, según el propio secretario general, con la dirección en Madrid).

Uno de los principales retos que tiene, asimismo, el partido para resolver en apenas días es la unidad interna. Y todo dependerá en buena parte de las listas que se hagan para las elecciones, que deben estar confeccionadas, por el calendario electoral, entre el 11 y el 16 de noviembre. Gallardo debe apaciguar a las distintas familias del PSOE extremeño, que no han encontrado armonía desde que se abrió la sucesión de Guillermo Fernández Vara tras su renuncia al perder el Ejecutivo autonómico en las elecciones de 2023.

Gallardo ha ganado en los dos últimos congresos del partido frente a los candidatos que han presentado sus críticos. En marzo del año pasado se impuso en las primarias a Lara Garlito, con un 56,2% frente a un 42,8%. Después de ese proceso no se cerraron las heridas internas y, en unas nuevas primarias en el congreso de enero de este año, el secretario general tuvo que ir a las urnas de nuevo contra Esther Gutiérrez, venciendo con un 62,6% frente a un 36,2%. Los críticos no se plantean maniobrar para frenar la candidatura de Gallardo en estos momentos, como señala uno de ellos: "Si el secretario general quiere ser candidato, lo será y todo el partido se pondrá detrás a remar para que ganemos las elecciones".

Desde el Gobierno y el PSOE quiso mostrar su apoyo Pilar Alegría, ministra de Educación y nombrada desde el lunes como responsable de Política Autonómica de los socialistas, que remarcó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Los militantes de Extremadura han ido en dos ocasiones a las urnas y han hablado con claridad. Trasladamos todo el apoyo al secretario general de Extremadura”. De esta manera se quiso zanjar cualquier dilema interno después también de algunos choques en los últimos tiempos entre Gallardo y Ferraz por temas como la financiación singular de Cataluña.

Fuentes de la actual dirección del PSOE de Extremadura señalan que esa unidad de la federación es uno de sus grandes objetivos y consideran que el partido está “bastante más cohesionado que hace algunos meses, salvo algún sector en Cáceres”.

A pesar de lo que indican las encuestas, el PSOE “sale a ganar” (ganó en porcentaje de voto en las anteriores autonómicas pero no pudo gobernar por el pacto entre el PP y Vox), sostienen fuentes cercanas a Gallardo, y consideran que María Guardiola “se ha pegado un tiro en el pie convirtiendo a la comunidad en el laboratorio experimental de Alberto Núñez Feijóo”. Además, consideran que la popular tiene muy lejos esa mayoría absoluta que sueña.

Salvo entre 2011 y 2015, que gobernó el PP con José Antonio Monago, y desde 2023 con María Guardiola, Extremadura ha estado siempre en manos del PSOE desde la creación de la comunidad autónoma en 1983; primero con Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1983-2007) y después con Fernández Vara (2007-2011 y 2015-2023).

El PSOE va a incidir mucho en la campaña en los problemas en los servicios públicos, en la educación y en la sanidad en la comunidad, además de remarcar que Guardiola es una “mujer que no tiene palabra”, algo que, afirman, demostró pactando con Vox después de toda una campaña rechazando a los de Santiago Abascal. También ponen sobre la mesa la inestabilidad de la presidenta, que no ha podido sacar los presupuestos y tiene como único bagaje parlamentario haber derogado la ley de memoria histórica. Para los socialistas, los votantes dirán no a la “Extremadura de Los santos inocentes” que, según ellos, pretende Alberto Núñez Feijóo.

La campaña de los socialistas estará marcada también de manera triste por el reciente fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta y gran referente en las últimas décadas del socialismo. Él logró la victoria en las últimas autonómicas, pero perdió el Gobierno por el acuerdo entre Guardiola y la ultraderecha.