Castilla y León TV: privada, pero dependiente del poder político

Cuando Juan Vicente Herrera, por entonces presidente de Castilla y León, decidió en 2009, en plena gran recesión, que ya era hora de poner en marcha una televisión autonómica en su comunidad, optó por un modelo insólito: dejar en manos privadas la gestión del servicio público. Pero, al tomar esta decisión, tuvo que optar por una solución salomónica. Para evitar un enfrentamiento entre los dos grupos rivales que querían hacerse con el negocio, les obligó a compartir el pastel.

Es así como nació Radiotelevisión Castilla y León, una empresa privada constituida por dos enemigos íntimos, los empresarios José Luis Ulibarri y Miguel Méndez Pozo, a través de Promecal (50%) y Edigrup Media (50%).

La biografía de ambos habla por sí sola. José Luis Ulibarri es un controvertido constructor de Ponferrada (León) con numerosos intereses en el sector de medios de comunicación locales en su comunidad, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. En 2022 fue condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla como autor responsable y colaborador necesario de una trama de corrupción, por lo que se le condenó a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, seis meses de cárcel por fraude a la administración pública, otros seis meses de cárcel por falsedad documental continuada, tres meses de cárcel más por un delito contra la Hacienda Pública y una multa de 40.000 euros y otros tres meses de cárcel por tráfico de influencias. Pudo ser peor: al colaborar con la justicia y reconocer los cinco delitos se libró de una condena de 7 años de prisión.

Méndez Pozo también es constructor y editor. E, igual que Ulibarri, también fue condenado por corrupción urbanística en 1994, en su caso a 7 años de prisión (apenas cumplió nueve meses) y 12 de inhabilitación.

Figuras clave

Los dos reciben una enorme suma de dinero público cada año, a través de la televisión que comparten y en forma de publicidad que también alcanza generosamente a los periódicos y emisoras de radio de los que son propietarios, a través de los cuales llevan años condicionando la política regional: sus medios han sido cuestionados por sesgo y por influencia en adjudicaciones públicas y campañas institucionales.

Castilla y León TV recibe cada año dinero público en forma de subvención, lo que limita la fiscalización pública de sus gastos. Solo en 2023, la suma ascendió a 21,4 millones de euros. La tarea de control se limita a la supervisión que lleva a cabo la Comisión de Evaluación de la TDT de las Cortes de Castilla y León (integrada por un representante de cada grupo parlamentario) que define anualmente objetivos y supervisa su cumplimiento, aunque la dirección general la deciden los propietarios de la empresa.

Durante años, sus informativos han sido objeto de críticas por parte de los partidos de oposición. PSOE y Ciudadanos denuncian su orientación favorable al PP. Unidas Podemos y Soria ¡Ya! aseguran que blanquea a Vox y prioriza Valladolid sobre las demás provincias.

Con todo, no constan quejas de manipulación informativa por parte de sus trabajadores. En los últimos años se han movilizado —y siguen haciéndolo— por motivos laborales, en protesta por los bajos salarios. Pero nada más. El Colegio de Periodistas de Castilla y León les ha apoyado en estas demandas, pero nunca ha firmado ningún pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

Abocada a adaptarse

Su estatus de empresa privada no la salvará a ella ni al Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco de acometer reformas para cumplir, a partir del 8 de agosto, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La clave para entender por qué le afecta, a pesar de ser una empresa privada, reside en que el reglamento europeo no se fija únicamente en la titularidad del capital de la empresa (si es pública o privada), sino en la función que desempeña y en cómo se financia.

El reglamento europeo introduce el concepto de “proveedor de servicios de comunicación social de servicio público”. La definición es funcional y no se limita a las corporaciones de derecho público. Un medio cae bajo esta categoría si cumple dos condiciones principales: tener encomendada una misión de servicio público y recibir financiación pública para el cumplimiento de dicha misión.

Así que CyLTV, al tener encomendada la misión de servicio público audiovisual en Castilla y León a través de un contrato con la Junta y recibir una importante subvención anual de los presupuestos de la Comunidad para operar y cumplir con sus obligaciones de servicio público, encaja perfectamente en las previsiones del reglamento europeo.

Cambio en la financiación

La entrada en vigor de la nueva normativa europea obligará a cambiar la relación entre CyLTV y la Junta de Castilla y León. El artículo 5 exige que la financiación sea adecuada, sostenible y predecible para evitar que la asignación anual de fondos se utilice como una herramienta de presión política. La financiación plurianual y basada en criterios claros tiene que ser la norma, así que no podrá seguir utilizando el modelo de la subvención.

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Además, para proteger la independencia editorial, los nombramientos y destituciones de los altos directivos de la empresa titular de la televisión deben realizarse mediante procedimientos transparentes, abiertos y no discriminatorios, protegiéndolos de injerencias políticas. Un aspecto que supone todo un desafío al tratarse de una empresa privada.

CyLTV, como todos los medios, deberá además hacer pública y fácilmente accesible la información sobre su estructura de propiedad, incluyendo los beneficiarios finales, y detallar la publicidad institucional que recibe. Este es un punto crucial, porque la Junta de Castilla y León tendrá que repartir la publicidad institucional con base en criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, lo que afectará directamente a los contratos de publicidad que el Gobierno regional pueda firmar con la empresa titular de la televisión. Además de sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo.

Del mismo modo, la televisión autonómica de esta comunidad también tendrá que establecer mecanismos internos para proteger la independencia de sus profesionales, lo que implica aprobar normas claras (estatuto de redacción) e implementar un consejo de redacción que vele por la independencia informativa y la calidad del contenido, al margen de los intereses de la propiedad o del poder político.