La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves inadmitir la solicitud de amparo presentada por el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada por las palabras lanzadas el pasado diciembre por el senador del PP José Antonio Monago porque el caso al que se refirió, Gürtel Época I, ya ha concluido, según recoge Europa Press.

"Señor (Félix) Bolaños, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez de Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la Gürtel, que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy", dijo el senador conservador en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 12 de diciembre.

De Prada pidió amparo al CGPJ asegurando que dichas palabras perturbaban "gravemente" la independencia judicial al descalificar de "forma extraordinariamente grave" su "actuación jurisdiccional" sin "ningún otro fundamento que el puro interés político", "además de contener datos falsos".

La Comisión Permanente ha considerado, sin embargo, que "dado que las iniciales palabras del senador Monago venían referidas a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado, en relación con un proceso judicial ya fenecido (el asunto conocido como Gürtel Pieza Época I), dichas manifestaciones no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional del solicitante de amparo impidiéndole la libre capacidad de resolución conforme a derecho".

Además, el órgano ejecutivo del CGPJ tiene en cuenta que Monago posteriormente rectificó. Para la Comisión Permanente, esta rectificación "implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido, poniendo de manifiesto dicha rectificación el respeto necesario a las decisiones judiciales".

La Comisión Permanente del CGPJ también ha acordado pedir a la Mesa del Senado una prórroga de 15 días, a contar desde el 24 de enero, para elaborar el informe que solicitó al órgano de gobierno de los jueces sobre la proposición de ley de amnistía. Fuentes del CGPJ señalan a Europa Press que la razón principal para solicitar prórroga es que con los plazos actuales no daba tiempo a que el informe estuviera listo antes del próximo Pleno del Consejo, previsto para el 25 de enero.

A ello suman otra razón de fondo y es la necesidad de conocer el texto definitivo antes de que el CGPJ se pronuncie, ya que la proposición de ley registrada por el PSOE aún está abierta a enmiendas parciales.

El CGPJ se pronunciará por petición expresa del Senado. Fue el pasado diciembre cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, a pesar de que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo.

La Comisión Permanente valoró en su día dicha petición y accedió a emitir informe, designando como ponentes del mismo a la vocal progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea.

El pasado 6 de noviembre, el CGPJ se pronunció por primera vez sobre la ley de amnistía que entonces negociaba el PSOE con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Lo hizo a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno donde advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

Entonces, aún no se conocía el texto de la futura ley de amnistía, lo que provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto lawfare y anticipó que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse.

Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el lawfare. Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría "vigilante", algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente.

La coalición Unidas por Extremadura, formada por Podemos, IU, Extremeños y Equo, se ha mostrado este martes dispuesta a entrar en un posible Gobierno regional con el socialista Guillermo Fernández Vara tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, mientras que Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre a quién daría su apoyo en caso de tener la llave del Ejecutivo tras los comicios.

Los pactos postelectorales para formar gobierno han sido uno de los asuntos que ha centrado el debate entre candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura que ha emitido este martes Canal Extremadura, recogido por Europa Press, y en el que durante más de dos horas, han podido explicar sus propuestas electorales en asuntos como economía, empleo, despoblación, o infraestructuras, entre otros.

Un debate en el que han participado los candidatos de siete partidos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, como Guillermo Fernández Vara, del PSOE; José Antonio Monago, del PP; Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura; Cayetano Polo, de Ciudadanos; Juan Antonio Morales, de Vox; Pedro Lanzas, de Extremadura Unida, y Laura Márquez, de Actúa.

Así, y respecto a posibles pactos, uno de los candidatos más interpelado en ese sentido ha sido el de Ciudadanos, Cayetano Polo, ya que algunas encuestas apuntan a esta formación como la llave para formar gobierno, y tras lo que ha rehusado pronunciarse sobre pactos señalando que "las encuestas más reales son las que se producen cuando se abren las urnas, esas no se equivocan".

En ese sentido, Cayetano Polo se ha mostrado convencido de que el 26 de mayo será "la gran alternativa al señor Vara en Extremadura", tras lo que ha reiterado que el pacto de la formación naranja "es con los extremeños", que deben elegir entre "dos escenarios, o Ciudadanos, o continúa el bipartidismo".

Podemos quiere pactar con Vara

También la formación Unidas por Extremadura podría tener en sus manos tras el 26M la decisión de apoyar o no un Gobierno regional, ante lo cual, su candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, sí ha reafirmado que tienen "claro con quien queremos pactar, o con quien queremos liderar ese bloque progresista", que en este caso es el PSOE.

De Miguel ha reafirmado que "las mayorías absolutas parece que se han terminado", por lo que ahora los partidos tienen que "ponerse de acuerdo y con consensos", tras lo que ha apuntado que "aunque lleguemos a acuerdos para llevar a cabo las políticas, es la hora de que los ciudadanos apuesten por gente joven y preparada".

En este punto, la candidata de Unidas por Extremadura ha explicado que en los cuatro años que la formación morada ha estado en la Asamblea de Extremadura han podido "conocer las instituciones, los resortes parlamentarios y los límites que tiene la política en la oposición", tras lo que ha considerado "necesario firmar el DOE para poder llevar a cabo las políticas en las que creemos", ha dicho.

"Nosotros estamos dispuestos a gobernar, salimos a gobernar", ha reafirmado la candidata de Unidas por Extremadura, quien ha instado a Fernández Vara a "ser más cristalino" en este asunto, ya que a su juicio, "cuando alguien deposita su papeleta en una urna, tiene que saber también qué gobierno está votando", algo que "no ha dejado claro hasta ahora".

De Miguel ha reiterado que Fernández Vara "tiene que ser más transparente y explicarle a sus votantes cuál va a ser el próximo gobierno que él quiera poner encima de la mesa", ya que según ha aseverado, "no es lo mismo llegar a un acuerdo de Gobierno con Unidas por Extremadura, que defendemos unas cosas, o hacerlo con Ciudadanos, que es diametralmente opuesto".

Así, la candidata de Unidas por Extremadura ha asegurado que "pactar un Gobierno entre PSOE y Ciudadanos es claramente una opción de gobierno conservador", y ha lamentado que Vara "no tiene ningún pudor en pactar con la derecha, y además presume de ello", tras lo que ha reiterado que los votantes del PSOE "se merecen saber con quién va a pactar".

Reeditar el pacto andaluz

Por su parte, y respecto a si es posible reeditar en Extremadura el pacto alcanzado para formar gobierno en Andalucía, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado a "ser prudentes y esperar a ver qué dicen" los ciudadanos en las urnas el próximo 26 de mayo.

"No sé si puede producir la situación andaluza o no, porque no sé quien va a tener representación y qué representación va a tener", ha señalado el candidato del PP, quien ha reiterado la necesidad de "esperar a la decisión de los extremeños" por un "principio de prudencia".

En caso de que PP, Ciudadanos y Vox sumaran para formar gobierno en Extremadura, Monago ha asegurado desconocer el "deseo de cada una de esas formaciones políticas", aunque en cualquier caso, se ha mostrado "dispuesto a dialogar", ya que su objetivo, ha apuntado, es que Vara "no sea presidente de la Junta" en la próxima legislatura.

En ese sentido, el candidato del PP ha instado al de Ciudadanos a que le diga a los extremeños "qué va a hacer, si es la veleta para un lado o para otro" tras el 26M, ya que "los extremeños tienen derecho a saber qué van a hacer con su voto", ha defendido Monago.

"Yo lo he dicho, al señor Vara no lo voy a hacer presidente de la Comunidad Autónoma", ha reafirmado el candidato del PP de Extremadura, quien ha reiterado su petición a Cayetano Polo ha aclarar a quién apoyará tras las elecciones.

Vara insta a esperar los resultados

También respecto a posibles pactos para formar gobierno, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado que va "a luchar para sacar el mejor resultado posible" el 26M, tras lo que ha añadido que dialogar es lo que "lleva haciendo toda la vida".

Así, Vara ha aseverado que tras las elecciones hablará "con quien quiera hablar, y acordaremos lo mejor para Extremadura, y para los extremeños, que nadie tenga ninguna duda".

Tras las preguntas de la candidata de Unidas por Extremadura, Fernández Vara le ha instado a "esperar el resultado de las elecciones", ya que según ha considerado, "los ciudadanos cuando meten el voto en la urna dicen dos o tres cosas, no solo una", como el escenario que queda.

"Ya hablamos, no se preocupe, hemos sido capaces de entendernos", ha señalado Fernández Vara dirigiéndose a Irene de Miguel, tras lo que ha asegurado que los votantes del PSOE "se fían" del partido "porque somos gente que da confianza", por lo que ha reiterado el llamamiento a "esperar que pasen las elecciones, y luego tendremos la oportunidad de poder hablar".

Finalmente, Fernández Vara ha señalado que aspira "a tener una mayoría que me permita gobernar en solitario", aunque si no fuera posible, se ha mostrado "dispuesto a hablar y a construir mayorías como he hecho en la pasada legislatura".

Miles de personas han participado en Cáceres en la manifestación por un "Tren Digno Ya", con la que Extremadura ha vuelto a salir este domingo a la calle, un año después de la gran manifestación en Madrid, para reivindicar  la mejora de las infraestructuras ferroviarias, ante las numerosas incidencias que se vienen produciendo en este servicio a lo largo de los meses, según recoge Europa Press. Según los cálculos de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha cifrado en 15.000 el número de asistentes a la manifestación. Las estimaciones del Pacto por el Ferrocarril elevan la cifra a 25.000 personas.

La manifestación, que ha recorrido el trayecto entre la estación de Renfe y el Paseo de Cánovas, ha transcurrido sin incidencias y bajo un manto de paraguas debido a la constante lluvia que no ha impedido que los extremeños se echen a la calle para pedir una reivindicación "de justicia". "A ver si nos hacen caso ya", decía una de las manifestantes procedente de Castuera, en alguno de los 150 autobuses que han llegado a la capital cacereña desde todos los puntos de la región.

La protesta, convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, ha transcurrido por la avenida de Alemania y a su llegada en el Paseo de Cánovas, las banderas de Extremadura han inundado el céntrico paseo donde la directora del Diario Hoy, Manuela Martín, y el director de El Periódico Extremadura, Antonio Cid de Rivera, han leído un manifiesto en el que han exigido "un tren del siglo XXI" porque "hace décadas que a los extremeños se les niega la posibilidad que sí tienen el resto de los españoles". "El tren ha pasado a ser una necesidad de esta región y, de algún modo, simboliza también los agravios que tradicionalmente se nos han hecho a los extremeños. Este 18-N debe servir para identificarnos como pueblo en una lucha que no debe tener liderazgo político alguno, solo social, para demostrarle a los que mandan que estamos aquí y que queremos lo nuestro, lo que nos pertenece por derecho", recoge el manifiesto en uno de sus párrafos.

Según ha incidido el manifiesto, "un tren digno serviría para lanzar el turismo, que ahora ve con recelo la falta de un tren moderno; y beneficiaría a todas las empresas y la economía extremeña, frenada por la ausencia de un tren que no acaba de llegar". "El futuro de Extremadura depende en buena medida de que consigamos que esas conexiones prometidas durante años estén listas en el menor plazo posible", recoge el texto. "No admitamos más retrasos, más excusas, más recortes, para lograr el objetivo que debe unir a todos los extremeños: un tren digno para Extremadura YA", concluye el manifiesto leído por los dos periodistas junto a los representantes políticos y sociales en el conocido como Quiosco de la Música, desde donde se ha leído la declaración.

En esta cita de Cáceres, una gran pancarta, en la que se ha podido leer 'Extremadura Tren Digno Ya. Súmate', ha encabezado la marcha con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en primera fila junto al líder del PP en la región, José Antonio Monago, la alcaldesa de la capital cacereña, Elena Nevado, así como representantes de Ciudadanos. También están presentes la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, su homólogo de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, y los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios y la patronal extremeña, además de varios dirigentes políticos, entre otros. Esta protesta no ha contado con el apoyo de Podemos ni de la plataforma Milana Bonita, que ya organizó una protesta en Madrid el pasado 8 de septiembre. También este pasado sábado, el PP de Extremadura celebró una concentración en Madrid por este mismo motivo.

La protesta ha concluido a ritmo del himno de Extremadura que ha sido coreado por los miles de extremeños que han participado en esta manifestación "histórica", según ha manifestado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, porque "nunca Cáceres había tenido una manifestación con una unidad de acción tan clara por un proyecto regional como el ferrocarril".

Ábalos ve "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias extremeñas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura, y ha adquirido su "compromiso" de "aumentar la inversión, impulsar todas las actuaciones y mejorar el material rodante" en la comunidad. En ese sentido, José Luis Ábalos se ha mostrado "consciente" de que el tiempo de implantación y los resultados de estas medidas "no serán tan inmediatos" como le "gustaría".

De esta forma ha reaccionado el ministro de Fomento, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, a la manifestación por un tren digno para Extremadura.

Vara reclama al Gobierno que "salde la deuda" de España con Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado este domingo al Gobierno central que salde la "deuda" que España mantiene con Extremadura en materia ferroviaria, y que "cumpla los compromisos y los plazos establecidos" para que la región extremeña pueda contar con un tren digno. "Esa deuda no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar un día en un tren y viajar de Badajoz a Madrid de manera digna y decente", ha aseverado Fernández Vara en declaraciones a los periodistas al inicio de esta manifestación.

En su intervención, el presidente extremeño se ha mostrado "convencido de que hoy va a ser un nuevo gran día para los extremeños y las extremeñas", tras lo que ha recordado que el futuro de la región "será lo que nosotros seamos capaces de conquistar, nadie nos va a regalar nada como nadie nunca nos regaló nada". Por este motivo, "tendrá que ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro sacrificio el que construya la Extremadura del futuro", ha aseverado Fernández Vara, quien ha insistido en el exigir al Gobierno de España que "se porte como Extremadura merece".

Vara también ha considerado que "si hay algo en lo que coincidimos todos los extremeños, no puede alguien por un interés espurio, marcar diferencias que no existen", por lo que ha reafirmado el presidente extremeño que va "a hacer todo lo posible por mantener la unidad de acción", ya que "la calle existe". Poe último ha señalado que en Extremadura "todo el mundo está por el movimiento en favor de un tren digno", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha destacado que "la política tiene que parecerse a cómo es la sociedad, y la sociedad hoy está muy unida en torno a este proyecto" y los políticos "no podemos romper esa unidad".

Monago pide más "presión" para mejorar el tren extremeño

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha vaticinado que la manifestación de este domingo será un "éxito" como así lo fue también la organizada por los conservadores este pasado sábado en Madrid con la asistencia de "miles" de personas. Monago, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la manifestación en la capital cacereña, ha defendido que los extremeños deben "mantener en el tiempo" esta reivindicación así como "incrementar la presión y la voz" para que el Gobierno mejore las infraestructuras ferroviarias de Extremadura.

"Es una cuestión que depende únicamente del Ministerio de Fomento", al que hay que reclamar que mejore el tren extremeño, ha señalado, "al igual que a otras comunidades autónomas como la Valenciana, a la que se le han adelantado los plazos de ejecución de esta infraestructura", en referencia al Corredor del Mediterráneo. "Hay que seguir reivindicando para que se nos tenga en cuenta y para que no se muera la España de interior", ha añadido Monago, en referencia a que la línea ferroviaria extremeña afecta también a Castilla-La Mancha, a la conexión con Portugal y, por tanto, a la salida hacia el Atlántico.

Monago ha defendido su asistencia a la convocatoria de este domingo en Cáceres en tanto que el PP forma parte del Pacto por el Ferrocarril, pero ha justificado asimismo la manifestación de este pasado sábado en Madrid por entender que es "donde resuena más la voz" de esta reivindicación. Con respecto a la diferencia de cifras ofrecidas sobre el número de asistentes a la movilización en la capital, que oscila entre los 5.000 que calcula el PP y los 300 de la estimación ofrecida por la Delegación del Gobierno en Madrid, ha defendido que "es difícil contar a los asistentes cuando no se está", y que las "imágenes son muy gráficas" de lo que considera que fue "un éxito de movilización".

Ciudadanos reclama un tren digno para "terminar con el aislamiento" 

Por su parte, el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Extremadura, Antonio Ibarra, ha reclamado la necesidad de contar con un tren digo para "terminar con el aislamiento" que padece Extremadura "desde hace años". Hoy venimos a acompañar a todos los extremeños por una reivindicación que es de justicia", ha señalado Antonio Ibarra en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación por un tren digno convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

Antonio Ibarra ha señalado que la pertenencia de Ciudadanos al Pacto por el Ferrocarril busca "exigir desde las instituciones a los dos partidos que nos han traído a esta situación, PP y PSOE, que cumplan con urgencia porque Extremadura lo necesita", ha concluido.

La ausencia de Podemos

Uno de los grandes ausentes en esta manifestación ha sido Podemos Extremadura porque considera que ha sido "orquestada sin ningún tipo de consenso" en el seno de ese foro y porque no cuenta con el apoyo de las "plataformas sociales que más están luchando" por un tren digno para la comunidad autónoma. A través de un comunicado, la formación morada subraya que tanto el PSOE como el PP están "instrumentalizando" la reivindicación del tren digno "rompiendo así el consenso y la unidad que había entorno a esta reclamación, y reproduciendo una vez más dinámicas de la más vieja política".

La formación morada, que hace aproximadamente un mes decidió abandonar dicho pacto, señala que en la manifestación de hace un año en Madrid las plataformas ciudadanas "no solo apoyaron esa movilización sino que además fueron invitadas al Pacto para participar de su organización". Sin embargo, en esta ocasión, el Pacto por el Ferrocarril "ha insistido en excluirlas de todas las decisiones y actuaciones realizadas para reclamar el tren digno, a pesar de que son quienes más están alzando la voz para denunciar las incidencias diarias" que sufre el tren y quienes "han conseguido trasladar la reivindicación extremeña a la agenda mediática nacional".

Asimismo, la formación morada defiende que su posición con respecto al Pacto Social y Político del Ferrocarril ha sido "siempre de responsabilidad, asumiendo que Extremadura necesitaba que, ante un tema tan importante como nuestro tren", los partidos fueran "beligerantes ante los constantes incumplimientos e incidencias".

Sin embargo, añade, ese pacto se ha "convertido en un chiringuito del PSOE, totalmente inservible e inútil, que se ha convocado dos veces en el último año, que se está olvidando del resto de líneas" ferroviarias de la región, en referencia a la de Puertollano, la de Zafra-Huelva y Zafra-Sevilla o la Ruta de la Plata. Además, "no ha atendido" a las peticiones realizadas desde Podemos para integrar en ese espacio a las plataformas ciudadanas que también están luchando por el tren digno.

Hoy me ha dado por pensar en las fotos, inspirada por el río de chistes que provocaron las de Pedro Sánchez en el Falcon presidencial, con gafas oscuras y gesto de Tom Cruise en Top Gun.

La comparación con Kennedy sucedió a la de días antes con Monago, a quien también asesoró Iván Redondo en su día, el expresidente extremeño fue inmortalizado, como Sánchez, corriendo y jugando con su perrito, solo faltaba un pie de foto homenaje al registrador exmorador de Moncloa: “Los presidentes hacen cosas”.

Tras las fotos del avión llegaron otras, las de las manos que “marcan la determinación del Gobierno”. Y el presi se llevó una mano de… memes.

El cachondeo generalizado, tras el destape manual, provocó el cabreo de varios políticos socialistas y el disgusto de Sánchez: “Corramos un tupido velo”, dijo en los pasillos del Congreso cuando le preguntaron por la cuestión. Varios medios publicaron que, tras una reunión en Moncloa, Sánchez dio la orden de que se acabaran las fotos a la de ya. Gran pérdida para el mundo del humor, estos posados-robados eran una mina.

En la misma semana, un reportaje en la revista Esquire del candidato de Podemos para las autonómicas en Madrid, Errejón, “incendió las redes” (me chifla esta expresión 2.0 tan resobada). Un Íñigo en pose sexy, con gafas de sol y gesto de malote, provocó otro arsenal de bromas y comentarios.

Un par de días después, una de las pilotas que compite en la carrera de autos locos para la presidencia del PP, Sáenz de Santamaría, colgó en su cuenta de Twitter un selfie con La Niña Pastori selfie, con quien coincidió en un aeropuerto. Seguro que la candidata pensó que posar con una artista admirada y querida por tanta gente, era positivo para su campaña, "échame una mano prima”, que tengo que ganar a los otros cinco…

Vivimos en la época del postureo y las fotos son un arma imprescindible. Mi sobrina adolescente se mata a selfies, yo creo que tiene ella más fotos en su móvil que Annie Leibovitz en los archivos de toda una vida. Claro, que no tengo autoridad moral para criticarla, a su edad yo hacía algo parecido con mi mejor amiga, solo que nosotras, como niñas del siglo XX que éramos, ejercíamos el posado tras las cortinas del fotomatón y soplábamos para acelerar el revelado. Eran otros tiempos.

En esto de la pasión compulsiva por posar, retratar y exhibir, ya no hay límite de edad, seamos honestos. Muchos adultos fotografiamos los platos antes de comer, a nuestro perro quinientas veces al día –la mía aprenderá a hacer la peineta de Bárcenas para responder a mi acoso de paparazzi que no respeta la intimidad de su cesto de dormir–, e inmortalizamos cuadros en los museos antes, incluso, de haberles dedicado una sola mirada. Algún día, también la Gioconda se marcará un Bárcenas para el respetable público que la contempla a través del smartphone (y eso que nos quejábamos de que esté protegida por un cristal blindado…).

La política está íntimamente unida al postureo, forma parte de su esencia. Los primeros objetivos de un político son seducir y persuadir y, en esto, la fuerza de la imagen es indudable. Hay quien cree que una imagen vale más que mil propuestas políticas…

Por eso me encantó el choteo que ocasionaron las instantáneas presidenciales, porque, además de sentido del humor –que valoro enormemente, como mis lectores habituales ya saben–  denotaba madurez, escepticismo y esa incredulidad propia del que sabe, del que ha vivido, del que levanta la ceja y sonríe cuando tratan de venderle una moto.

Si se confirma que queda definitivamente cerrada la galería de fotos presidenciales molonas, si es firme la decisión de terminar con una exhibición de marketing político –tan poco sutil– habiendo como hay un sinfín de decisiones importantes por tomar y muy poco tiempo para demostrar si hay un proyecto serio de país, pues oye, ni tan mal.

Las redes sociales tienen enormes defectos, pero una de sus grandes virtudes es su función de altavoz para dar respuesta a algunos mensajes persuasivos que antes nos comíamos con patatas. A ver, comer, nos los seguimos comiendo, pero solo si están muy bien cocinados, son muchos años viendo MasterChef.

NOTA DE LA AUTORA: Hablando de fotografía, les recomiendo la cuenta de Instagram de Belén Bermejo, editora y mucho más. Sus fotos son poesía hecha imagen.

Desde la implantación del sistema autonómico en la transición, un total de ocho presidentes de comunidades se habían visto obligados a dimitir acosados por escándalos. Este miércoles, Cristina Cifuentes se convirtió en la novena al renunciar a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid tras semanas en el punto de mira por el supuesto falseamiento de sus notas para obtener un máster universitario. No obstante, otros presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el madrileño Ignacio González o el extremeño José Antonio Monago consiguieron evitar la dimisión pese a verse envueltos en polémicas al menos tan llamativas como la de Cifuentes, cuando no en casos de corrupción.

¿Por qué Cifuentes se ha visto obligada a dimitir y otros presidentes, implicados en escándalos igualmente o más graves, no? No existe una respuesta única para ello, argumenta José Fernández Albertos, politólogo e investigador del CSIC, ya que "son casos difícilmente comparables" porque no existe un baremo matemático para medir la gravedad de las acciones. Pero el experto apunta al menos dos razones que han precipitado la caída de Cifuentes: su fragilidad parlamentaria –algo que también fue vital para la renuncia de Pedro Antonio Sánchez en la Región de Murcia– y la presión mediática.

Albertos considera mucho más sencillo que los gobiernos se vean obligados a rendir cuentas cuando no tienen mayoría absoluta, como ha sido el caso de Cifuentes, presionada por la moción de censura presentada por la oposición y que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar. Pero el politólogo también recuerda que "la centralidad de lo que ocurre en Madrid" ha potenciado la presión mediática sobre la ya expresidenta, que se ha visto mucho más expuesta que si el escándalo se hubiera producido "en una comunidad más pequeña o periférica". "Lo que ocurre en Madrid siempre tiene lecturas nacionales, y en este caso estaba afectando al PP nacional", apunta Albertos.

Nueve dimisiones presidenciales

El primer presidente autonómico en dimitir durante su mandato fue el castellanoleonés Demetrio Madrid (PSOE), que dirigió la Junta entre 1983 y 1986. Ese año, Madrid tuvo que renunciar a su puesto al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario, un procedimiento del que fue absuelto en 1990 y, posteriormente, en 1993. Su dimisión abrió la puerta a que, en las siguientes elecciones, un entonces joven José María Aznar se convirtiese en presidente de la Junta de Castilla y León, lo que le sirvió como plataforma para liderar años después el PP.

Otros cuatro presidentes socialistas han dimitido de sus cargos acosados por causas judiciales: Javier Otano (presidente de Navarra entre 1985 y 1986), Carlos Collado (que dirigió la Región de Murcia entre 1984 y 1993), José Marco (máximo dirigente de Aragón entre 1993 y 1995) y José Antonio Griñán (que sucedió a Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía entre 2011 y 2013). De ellos, solo Marco fue condenado a 13 meses de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad en documento público al haber instalado un sillón en su casa –valorado en unas 77.000 pesetas de entonces, algo más de 460 euros– pagándolo con dinero público. A esa condena se sumó posteriormente otra a 9 meses de prisión por espiar a varios dirigentes políticos aragoneses, también a costa de las arcas autonómicas, aunque Marco no llegó a ingresar en la cárcel.

Griñán, por por su parte, sigue imputado y se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en el marco del caso ERE. Por el contrario, Otano y Collado fueron absueltos de los casos de corrupción en los que se les acusaba. El navarro fue procesado por supuesto cohecho, al existir indicios de que había podido recibir 200 millones de pesetas –1,2 millones de euros, al cambio– en concepto de comisiones por parte de la multinacional Bosch-Siemens en una cuenta en Suiza, indicios que posteriormente se descartaron. Collado, por su parte, fue investigado tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "anomalías contables" en la compra de una finca por parte del gobierno murciano, si bien posteriormente el tribunal le exculpó de cualquier irregularidad en esta operación.

A estas dimisiones hay que sumar las de otros tres presidentes autonómicos del PP –Cifuentes es la cuarta– que se vieron obligados a renunciar a mitad de mandato. El último de ellos, el murciano Pedro Antonio Sánchez, lo hizo el año pasado al verse acorralado por el acuerdo al que habían llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos para desalojarlo del Gobierno de la Región tras su imputación por los delitos de fraude y cohecho en el marco del caso Púnica. Sánchez, supuestamente, habría contratado trabajos para mejorar su reputación en Internet y redes sociales camuflándolos como prestaciones de servicios a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Los otros dos dirigentes conservadores que se vieron obligados a dimitir como presidentes autonómicos son Gabriel Cañellas (que presidió Islas Baleares entre 1983 y 1995) y el valenciano Francisco Camps (presidente entre 2003 y 2011). Cañellas tuvo que dejar su puesto al ser acusado de cohecho por un supuesto cobro de comisiones, y en 1998 el Tribunal Supremo sentenció que el PP y él cobraron 50 millones de pesetas (300.000 euros) a la empresa concesionaria túnel de Sóller, si bien no fue condenado porque el delito ya había prescrito. Camps, por su parte, dimitió apenas dos meses después de ganar las elecciones en 2011 salpicado por las operaciones de la rama valenciana del caso Gürtel durante su gestión como líder del PP de esa comunidad, aunque en 2012 fue absuelto al entenderse no probado que hubiera aceptado trajes y otras prendas de vestir de esa red.

Hay un noveno precedente de un presidente autonómico que dimitió: el de Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y, de nuevo, entre 1991 y 1994. En ese último año, Hormaechea se vio obligado a renunciar a la Presidencia al ser condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, un juicio en el que varios miembros de su primer gobierno también recibieron sentencias condenatorias. Lo particular es que, pese a esta condena y a su dimisión, Hormaechea continuó como presidente en funciones hasta las elecciones de 1995 porque los grupos no se pusieron de acuerdo para escoger un sustituto. Ese año el Gobierno central lo indultó, así que no tuvo que pisar la cárcel.

González y su ático

No obstante, otros presidentes autonómicos rodeados por escándalos sonados han sabido capear el temporal mejor que Cifuentes y que el resto de dirigentes que tuvieron que renunciar a sus cargos. En la misma Comunidad de Madrid, estar rodeado de escándalos no ha sido óbice para mantenerse al frente del Gobierno regional. Así lo hizo Ignacio González, presidente de la Comunidad entre 2012 y 2015: durante sus menos de tres años de mandato se vio implicado en el escándalo por las irregularidades en la compra de su ático en Marbella. Pero las primeras denuncias por corrupción de González ya se habían publicado en 2007 en la revista Tiempo, por la adjudicación del campo de golf que una década después se convirtió en una de las operaciones que le llevó a prisión.

En enero de 2013, el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) solicitó a Hacienda que le remitiera toda la información fiscal sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figuraba como propietaria del ático que primero alquiló y posteriormente compró González junto a su mujer, Lourdes Cavero, que fue imputada por blanqueo. La presunta irregularidad del ático de Marbella –que comenzó a ser investigada al sospechar la Policía que constituiría el pago de una comisión por la venta de una parcela municipal a un constructor–  fue también objeto de sendas querellas presentadas ante el Tribunal Supremo por por los extrabajadores de Telemadrid y el PSM contra González, pero que el Tribunal Supremo archivó en julio de 2014.

En marzo de 2015, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas, se destapó que González mantuvo en 2011 una reunión con varios mandos policiales para pedirles que no transcendiera que era inquilino del ático, adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esos policías eran los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, y aunque González trató de justificarse asegurando que fue víctima de un intento de "extorsión" por su parte, el escándalo terminó llevándose por delante sus opciones de ser candidato del PP en las elecciones autonómicas. Su sustituta fue, precisamente, Cristina Cifuentes.

Aguirre llegó con polémica al Gobierno

La predecesora de González al frente del Gobierno madrileño fue Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012. Ella sí que dimitió ese año, pero no a causa de ningún caso de corrupción, sino alegando motivos personales y condicionada por un cáncer que acababa de superar el año anterior. No obstante, su trayectoria estuvo plagada de sombras desde el momento en el que llegó a la Presidencia: lo hizo tras el conocido como tamayazo, una turbia operación por la cual dos diputados tránsfugas del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) evitaron la investidura de quien iba a ser presidente con el apoyo de IU, Rafael Simancas.

La propia campaña de Aguirre en 2003, según publicó en su día Público, fue supuestamente pagada por Fundescam, una fundación del PP que contó con los servicios de Special Events. Esta compañía terminó siendo una de las empresas de Francisco Correa, años después conocido como el principal cabecilla de la Gürtel. Pero sus años de mayorías absolutas también estuvieron sazonados de escándalos: en 2009, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunció haber sido investigado por un servicio secreto dependiente de la Comunidad. Meses después, Cobo dio en una entrevista el nombre por el que terminaría conociéndose este escándalo: la "Gestapillo".

Ese supuesto órgano de espionaje estaría, según publicó El País, a las órdenes del entonces consejero de Presidencia madrileño, Francisco Granados. El mismo Granados que, años después, en 2014, dimitiría tras destaparse que tenía una cuenta bancaria en Suiza. Y también el mismo Granados que, ese mismo año, sería detenido en el marco de la operación Púnica por estar presuntamente implicado en la concesión de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Todo ante los ojos de una Aguirre que siempre ha defendido que no sabía nada de las actividades supuestamente irregulares de sus altos cargos.

Feijóo y el narco Dorado

Otro buen ejemplo de cómo aguantar en el cargo es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que este mismo miércoles consideró que era "inevitable" que Cifuentes dejara la Presidencia de la Comunidad de Madrid y aseguró que se trata de "una decisión correcta, proporcionada e inevitable", aunque "dolorosa". Ante los medios Feijóo, afirmó que "a veces se cometen errores y esos errores tienen una trascendencia pública", y sostuvo que algunos de estos actos "en la vida pública son absolutamente injustificables".

No obstante, dentro de esos errores injustificables no parece encontrarse el hecho de haber compartido vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado, que actualmente se encuentra en prisión. En el año 2013, el diario El País publicó varias fotografías de Dorado y Feijóo veraneando juntos a mediados de los años 90, cuando el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones y el ahora presidente gallego encarrilaba su prometedora carrera en puestos en la administración autonómica y, posteriormente, en la estatal.

Al publicarse las imágenes, la oposición pidió la dimisión de Feijóo, pero éste siempre ha mantenido que desconocía las actividades de Dorado cuando mantenía su amistad con él, pese a que el narcotraficante era una figura públicamente conocida y habitual de los periódicos, como le recordó hace unas semanas el periodista Jordi Évole a Feijóo en una entrevista. "¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar, por lo tanto en ningún caso tenía información de si es verdad o no", se defendió el presidente en el programa Salvados. En 2013, ante las críticas de la oposición, mantuvo el mismo argumento: "Cuando lo conocí, no sabía nada de su actividad, y después corté mi relación de ocio con esta persona". En la época del viaje compartido en barco, las actividades de Marcial Dorado eran vox populi en Galicia.

Los viajes a Canarias de Monago

Tampoco dimitió de su cargo el que entre 2011 y 2015 fue presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (PP). En su caso, el escándalo saltó en 2014, cuando el diario Público destapó que había cargado al Senado entre 2009 y 2010 un total de 32 viajes en primera clase a Canarias en apenas un año y medio para ir a visitar a su entonces novia, residente en el archipiélago. Monago alegó entonces que en esos viajes había ido a "trabajar honestamente" y aseguró que "dimitir sería una dejación de responsabilidades". De hecho, el dirigente no solo no renunció a su cargo, sino que repitió como candidato del PP a la Junta de Extremadura en 2015, cuando perdió las elecciones frente al socialista Guillermo Fernández Vara.

Miles de extremeños, portando banderas de la comunidad autónoma y pancartas reivindicativas, llenaron la Plaza de España de Madrid para participar en el acto reivindicativo convocado por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril para reclamar un tren digno para la región, informa Europa Press.

El acto, presentado por los periodistas extremeños José Antonio Moreno y Sara Bravo, comenzó poco después de las 11,00 horas. Ambos saludaron a los congregados, que jalearon el momento en el que comunicaron que el tren que traslada a la comitiva de representantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura a la capital española acumulaba un retraso de más de 20 minutos.

Precisamente los continuos retrasos, así como las numerosas incidencias y la tardanza de los desplazamientos, de aproximadamente seis horas en realizar el recorrido de Badajoz a Madrid, son las principales quejas de los usuarios extremeños del tren, y por lo que reclaman mejoras en las vías, que en algunos tramos mantienen traviesas del siglo XIX, por las que los convoyes no pueden superar los 40 kilómetros por hora.

El novelista Jesús Sánchez Adalid y la periodista Pepa Bueno leyeron el Manifiesto en Defensa de un Tren Digno, mostrando que se trata de una "reivindicación justa, necesaria para el desarrollo de Extremadura y avalada por todos los extremeños".

Sobre las 13,00 horas, la Orquesta de Extremadura interpretará el Himno de Extremadura y el acto finalizaó en torno a las 14,00 horas, tras la actuación del grupo Acetre.

Más de 300 autobuses fletados por los ayuntamientos de la comunidad trasladaron a lo largo de la mañana a unos 15.000 extremeños a la capital española para participar en este acto reivindicativo, a los que se suman extremeños que viven en Madrid y otros que se han desplazado por sus propios medios.

Competir en igualdad de condiciones

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reclamó que esta comunidad pueda contar con un servicio ferroviario que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto del país. Así lo indicó a su llegada a la estación de Atocha en Madrid para participar en el acto, junto al resto de representantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

"No pedimos nada más y nada menos que lo que creemos que Extremadura se merece", ha añadido Vara, quien vaticinó que la jornada será un "día inolvidable".

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, señaló que el acto permitirá al resto de España conocer la "desventaja" que tiene esta comunidad en materia ferroviaria. Una situación que "se viene prolongando en el tiempo", aunque destacó que se está "realizando un esfuerzo, reconocido por la propia Junta, en materia de infraestructuras y en aceleración de esta obra pública" por parte del Gobierno del PP.

Demanda "absolutamente justa"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que ve "absolutamente justa" la manifestación y aseguró que se está "trabajando intensamente" para que la actual situación pueda cambiar "lo antes posible", como así va a ser, dijo.

"Cualquiera que conozca la situación en Extremadura puede comprobar que las infraestructuras ferroviarias no están a la altura de lo que correspondería en el siglo XXI", señaló De la Serna, a preguntas de la prensa, antes de participar en un acto en el Colegio de Farmacéuticos en Santander.

Añadió que desde el Gobierno reconocen y admiten esa situación porque es una "cuestión obvia", pero también "es bueno decir" que para solucionar el problema se está realizando la "mayor inversión" que se haya producido "en la historia reciente de Extremadura".

El Senado desembolsó de enero a marzo 608.461 euros para pagar los viajes de los 265 senadores, fundamentalmente entre la circunscripción de cada uno de ellos y Madrid, donde realizan su trabajo parlamentario. La media arroja un gasto de 756 euros al mes por cabeza, similar al gasto medio de 770 euros mensuales del año pasado, según los cálculos de Europa Press a partir de la información de la Cámara.

De enero a marzo pasado, el Senado tuvo una actividad parlamentaria atípica y muy limitada porque se encontraba a la espera de que el Congreso eligiera al presidente del Gobierno tras las elecciones de diciembre. Así, celebró tres Plenos: el de constitución de la Cámara, el 13 de enero, y otros dos en marzo. Y únicamente trabajaron tres comisiones, la de Incompatibilidades y la de Suplicatorios, y una Comisión Mixta con el Congreso.

Con esta actividad, el gasto en viajes en este periodo es un 9,4% más bajo que en el mismo trimestre de 2015, cuando el Senado trabajaba a pleno rendimiento y pagó 672.218,56 euros en desplazamientos.

La cifra duplica sin embargo la facturada en el periodo de octubre a diciembre del año pasado, cuando las Cortes estaban disueltas por las elecciones y no se realizó ninguna actividad. La Cámara Alta gastó en todo 2015 un total de 2,46 millones en viajes.

La información, en bruto

El Senado ofrece esta información desde el año 2014 como una de las medidas para aplicar la Ley de Transparencia y a raíz de la polémica por el pago de viajes a Canarias del popular José Antonio Monago cuando era senador por Extremadura.

La Cámara financia los traslados entre la circunscripción de cada parlamentario y Madrid, pero también paga algunos viajes para actividades políticas. Todos ellos tienen que estar autorizados por los portavoces de los grupos parlamentarios.

Pero sólo se hacen públicas las cifras totales, sin el detalle de cuánto gastó cada partido, cada senador y en viajes a qué destinos. De enero a marzo, el Senado pagó 446.229,16 euros para desplazamientos entre Madrid y la provincia de cada cual, y otros 63.176,41 en viajes para alguna actividad política, cifra esta que también se encuentra en la media de otros trimestres.

Sí se produjo una gran rebaja en el gasto en viajes oficiales, porque solo desembolsó 851,86 euros, lejos por ejemplo de los 6.050 del primer trimestre de 2015.

En total, 510.257,43 euros; la facturación fue sin embargo de 608.461,66 euros. La diferencia, según explica la Cámara Alta, es que en esta última cifra se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

Actividad internacional

La institución también ha desvelado el coste de los desplazamientos fuera de España. En la XI legislatura diferentes representantes del Senado han realizado un total de cinco viajes al extranjero por valor de 46.875,15 euros.

El más costoso ha sido un trayecto a Santiago de Chile, donde el presidente de la Cámara Alta, Pio García-Escudero, acudió al funeral del que fue presidente chileno de 1990 a 1994, Patricio Aylwin, en representación del Estado español. El coste económico de este viaje cuya duración fue de dos días, del 21 al 23 de abril, asciende a 37.199 euros.

Con motivo de la celebración en La Haya (Países Bajos) de una reunión de presidentes de Comisión sobre la trata de personas en la era digital, el Senado se gastó 4.991,20 euros; por otra de secretarios generales de Parlamentos de la Unión Europea en Luxemburgo pagó 1.568,53; y para el desarrollo de un taller en Estambul (Turquía) desembolsó 3.116,42 euros. También consta un encuentro parlamentario Asia-Europa celebrado en Mongolia, del que no se ha desvelado todavía el coste.

Por otro lado, se han celebrado tres actividades en el Palacio del Senado que han supuesto un coste de 684,28 euros para las arcas públicas. Dentro de esta cuantía, sólo la visita de una delegación de la Cámara de los Lores del Reino Unido costó 634,81 euros, mientras que con la visita de una delegación de políticos de la República Popular China se gastó 49,47 euros.

No se detalla por último lo que costó un curso para asesores parlamentarios que tuvo lugar en la Cámara Alta el pasado 14 de abril.

La reunión el pasado 29 de julio entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato –imputado por múltiples delitos de corrupción–, ha despertado las críticas de la oposición y ha provocado también numerosas reacciones en el seno del PP: el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos Javier Arenas ha afirmado que "no ha habido ninguna intención de ocultar esa reunión", mientras que varios barones regionales y presidentes autonómicos han expresado su disgusto por el encuentro.

Tras conocer la petición de comparencia del ministro Fernández Díaz, Arenas declaró que el titular de Interior "ha dado ya todas las explicaciones" necesarias, aunque calificó de "acierto" su decisión de acudir a la Cámara baja para "abundar" en sus explicaciones. Arenas se mostró "convencido" de que el ministro dice "la verdad" y sostuvo que el hecho de que la cita tuviera lugar en la sede oficial del Ministerio prueba que "no ha habido ninguna intención de ocultar esa reunión". "Si hubiera habido intención de ocultarla", argumentó, no se habría celebrado en el Ministerio.

El vicesecretario no se refirió en sus declaraciones al hecho de que esa cita, que desde Interior se define como de carácter "exclusivamente personal", no figurara en la agenda de Fernández Díaz. De hecho, no se tuvo conocimiento del encuentro hasta que el diario El Mundo publicó el pasado sábado la noticia. En cualquier caso, Arenas dijo que "se está intentando construir un escándalo donde no lo hay" y recomendó a la oposición "no precipitarse antes la comparecencia del ministro", prevista para el viernes y que, en su opinión, dará "carpetazo" a la polémica.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha esquivado en hasta cuatro ocasiones las preguntas de los periodistas sobre este tema. Rajoy se remitió en todo momento a la comparecencia del ministro e incluso, en un par de ocasiones, optó por cortar a los periodistas antes de que concluyeran su pregunta. "El ministro del Interior va a dar la respuesta el viernes, pero no va a haber nada de particular como verá usted el viernes, o cuando proceda y diga la Mesa", se limitó a decir el líder del Ejecutivo.

Críticas de Cifuentes y Monago

En torno a esta misma cuestión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó que el encuentro "no fue muy afortunado" y que ella no lo habría hecho. Cifuentes señaló que Rato es una persona que no le gusta y que, al menos en las circunstancias actuales, el ministro "no tendría" que haberse reunido con él. Eso sí, respaldó la versión oficial de Interior que dice que la cita se debió a la amistad entre el ministro y Rato, y ha agregado que este tema "se está aprovechando" para "hacer electoralismo", algo que tildó de "muy rastrero".

Así, tachó de "completamente insólito" que el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, planteara dudas sobre el contenido de ese encuentro. "Por parte del PSOE, es como querer hacer de esto algo para poner en cuestión la gestión del Ministerio de Interior, para mí no tiene ningún sentido", zanjó. El departamento de Jorge Fernández Díaz ha manifestado que las cuestiones procesales que afectan a Rato no se abordaron en el cara a cara, si bien el expresidente de Bankia ha asegurado que habló con el ministro de "todo" lo que le "está pasando".

Sobre esas dos versiones también habló el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien dijo que prefiere "creer" al ministro. "Quiero creer al ministro y no la versión que pueda dar el señor Rato, yo conozco a Fernández Díaz y no tengo por qué dudar de la honorabilidad del ministro", sentenció. A diferencia de lo expresado por Cifuentes, el expresidente extremeño subrayó que "no tendría ningún problema" en reunirse con Rato "con independencia de su situación", como lo haría con "cualquier otro ciudadano".

Consideró también que si Fernández Díaz llega a saber "la polvareda que ha levantado" y "las consecuencias" de dicha reunión, no se habría producido ese encuentro, que "no es lo más acertado estéticamente". "Estas cosas son terreno abonado para la polémica", apuntó Monago, quien dijo comprender "perfectamente" las sospechas de la ciudadanía sobre supuestas interferencias del poder político en investigaciones judiciales pero defendió que la Policía judicial "actúa con total y absoluta independencia y transparencia".

"No sobran" las explicaciones

Más contundente se mostró el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que expresó que entiende que el polémico cara a cara pueda ser "censurable" y "discutible", y que por ello cree que "no sobran" explicaciones del ministro en sede parlamentaria. A renglón seguido apuntó que es el Gobierno del PP el que investiga a Rato y que le "preocupa" la creencia de que "por el hecho de haber tenido responsabilidades en el Gobierno del PP un ciudadano no sea investigado", cuando "lo que ocurre es que Rato sí es investigado y está siendo acusado".

En esa línea, el presidente del PP en Baleares, Miquel Vidal, dijo que "los políticos" deben "ser honrados y también parecerlo", y enfatizó su confianza en la explicación que ha dado el Ministerio del Interior sobre la reunión. De hecho, Vidal aseguró sobre la cuestión que la "amistad" entre dos personas debe estar por encima de los procesos judiciales. Y preguntado por si es ético que un ministro se reúna con un imputado, respondió que "depende del nivel de amistad entre las dos personas".

Por último, el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, señaló que "para que nadie dude" se debería informar del "contenido" de la cita y que se debería aclarar si ocurrió en un contexto "oficial". "Parece que en estos momentos, esa reunión inquieta a la opinión pública, pues para evitar eso lo mejor es luz y taquígrafos", añadió Sánchez en una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto.

El Gobierno de José Antonio Monago (PP) permitió que el gigante de la sanidad privada, Capio (ahora llamada IDC Salud), mantuviera vigentes en Extremadura durante casi año y medio en sus contratos con las aseguradoras privadas cláusulas prohibidas de “exclusividad y no competencia” a largo plazo.  Y ello pese a existir una denuncia de su rival directo, Clínica Extremeña de Salud (CES), que acreditaba de manera fehaciente –o sea, con papeles- cómo la multinacional estaba vulnerando en su clínica de Badajoz la legislación antimonopolio.

En esa clínica, denominada Clideba y que mantiene un concierto con la sanidad pública extremeña, trabaja Javier Fernández Perianes. Es decir, el consejero de Sanidad extremeño que en mayo de 2012 se vio forzado a dimitir cuando la prensa local destapó que seguía ejerciendo la medicina privada en Portugal.

Clideba salió indemne y sin un euro de multa del procedimiento sancionador que finalmente tuvo que abrir el Ejecutivo extremeño. Sus peculiares, por explícitas, cláusulas de exclusividad llevaban mucho más tiempo en vigor: desde 2009.

Pero no salieron a la luz hasta que varios empresarios extremeños se lanzaron a abrir en 2011 otro hospital privado en Badajoz, la Clínica Extremeña de Salud (CES). Sus responsables aseguran que no supieron lo que se les avecinaba hasta que la inversión ya había sido desembolsada.

Asfixiados por la imposibilidad de competir en el mercado de las aseguradoras privadas, a las que Capio tenía literalmente atrapadas con cláusulas de exclusividad por hasta 15 años que preveían penalizaciones millonarias en caso de incumplimiento, los denunciantes habían acabado de un modo muy distinto: en concurso de acreedores, con una plantilla laboral de 60 empleados en la cuerda floja y una inversión de 20 millones amenazada de ir directamente a la basura. Ahora siguen en concurso pero confían en salir adelante.

Puerta giratoria de doble sentido

Clideba era una de las clínicas para las que Javier Fernández Perianes, que en febrero de 2012 ascendió al cargo de consejero de Salud, había trabajado antes de su nombramiento. Las referencias de la prensa extremeña a ese dato, localizadas en noticias sobre su dimisión, son brevísimas pero inequívocas y confirmadas ahora por fuentes que conocen de primera mano este caso.

Localizar a Perianes en Clideba ha resultado materialmente imposible tras múltiples llamadas efectuadas a lo largo del martes. Pero el oftalmólogo ocupa un lugar destacado en su cuadro médico, como se puede comprobar pinchando en aquí. 

Un episodio datado en septiembre de 2013 ilustra la importancia del doctor Fernández Perianes para Clideba: en esa fecha –y así lo destacó Capio en su blog institucional- ya era uno de los dos directores de la Unidad Oftalmológica de Clideba, cuya ampliación inauguró su sucesor al frente de la Consejería de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón. 

Como indican los hechos, la puerta giratoria fue de doble dirección para Fernández Perianes: antes de ser consejero por tan solo tres meses trabajó para Clideba y fue a Clideba donde volvió cuando tuvo que dimitir de su cargo público.

“Sin límite de plazo”

La denuncia de CES llegó al Ejecutivo el 8 de marzo de 2012 pero el Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, cuya web solo muestra un historial de seis expedientes sancionadores tramitados desde 2008, no abrió diligencias hasta el 17 de enero de 2013 y no adoptó una resolución definitiva hasta julio de ese año.

El equipo de Monago se justifica alegando que la ley autoriza un periodo previo de “información reservada” sin “límite de plazo”.

Por lo demás, la Junta de Extremadura alega que se cumplieron todos los plazos legales una vez abierto el procedimiento: 18 meses para su tramitación, como efectivamente señala la ley. Pero contados a partir de la incoación del expediente y sin tener en cuenta los 10 meses de barbecho que habían transcurrido desde la presentación de la denuncia.

La respuesta del Ejecutivo saliente señala que el jurado adoptó su resolución el “11 de abril de 2013”. En realidad, y como corrobora la propia resolución enlazada por el gabinete de comunicación de la Consejería de Economía en su respuesta a infoLibre, la fecha definitiva fue posterior: 23 de julio de 2013. 

La denuncia de la clínica CES adjuntaba en efecto contratos de Capio con aseguradoras que incluían la ya citada cláusula de “exclusividad y no competencia” por periodos nada menos que de tres lustros.

Uno de esos contratos, a los que ha tenido acceso este diario, ataba a la aseguradora Caser con Capio entre 2009 y 2023. Si Caser decidía remitir a sus asegurados a otro hospital privado de Badajoz -y solo había uno más, el de CES-, el contrato le imponía una penalización de tres millones de euros. En el caso de Asisa, la denuncia de CES relata cómo Capio le impuso "la prohibición de abrir un centro hospitalario en Badajoz durante el período de 12 años so pena de pagar una indemnización de dos millones de euros".

Por supuesto, la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), vigente desde 2007, prohíbe taxativamente lo que se conoce como “abuso de posición dominante”. En otras palabras, prohíbe cosas como que un gigante llamado Capio, dominado por un enorme fondo de inversión (CVC) que a su vez es propiedad de varias sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán, aplique cláusulas que impongan a un cliente o proveedor una relación de exclusividad total durante lustros.

El artículo 2.2.a) de la Ley de Defensa de la Competencia expone el asunto del abuso de posición en estos términos: "[El abuso podrá consistir, en particular, en:] La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos". Por ejemplo.

De hecho, los denunciantes comunicaron al Jurado de Defensa de la Competencia su convicción de que la existencia de esas cláusulas de exclusividad implicaban una conculcación evidente del artítulo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia en su apartado 1.e, que prohíbe esto: “La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos”.

Así que la denuncia de Clínica Extremeña de Salud (CES) llegó a la mesa del Jurado de Defensa de la Competencia el 8 de marzo de 2012. Pero ese órgano, dependiente de la Consejería de Economía, creado por una ley regional de 2005, no incoó diligencias hasta el ya mencionado 17 de enero de 2013.

infoLibre preguntó al equipo de Monago en la saliente Consejería de Economía extremeña por qué durante casi un año se quedó en el cajón una denuncia relativa a un sector estratégico como es la sanidad y que adjuntaba un contrato abiertamente opuesto a la legislación sobre competencia.

La respuesta textual y escrita fue la siguiente en este punto: “Antes de iniciar el expediente se puede abrir un periodo de información reservada (artículo 49.2 de la Ley de Defensa de la Competencia) con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación de un expediente sancionador y, en su caso, determinar si la competencia para resolver la tiene el Jurado de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (extinta Comisión Nacional de la Competencia)”.

“Esta información reservada –concluye la respuesta- no tiene límite de plazo”.

En resumen: como la información reservada “no tiene límite de plazo”, la clínica donde trabajaba y trabaja el exconsejero de Sanidad Javier Fernández Perianes –ni el Ejecutivo saliente ni Capio dijeron una sola palabra sobre esa pieza de la historia– continuó aplicando sus cláusulas de exclusividad. La resolución definitiva del Jurado de Defensa de la Competencia no llegó hasta el 23 de julio de 2013.

Para entonces, dada la explicitud de la clásula de exclusividad y de que tarde o temprano alguien confirmaría su ilegalidad, Capio hacía casi cuatro meses que se había allanado. En otras palabras, había reconocido que la estipulación de “no competencia” debía desaparecer de los contratos pero, aun así, intentó que la aplicable a Asisa continuase viva hasta julio de 2014.

Y eso le resultó inadmisible incluso al mismo Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura que se había tomado 10 meses para deshojar la margarita de la “información reservada” antes de abrir expediente.

El jurado impuso la eliminación inmediata del requisito de exclusividad en todos los contratos y concluyó que con eso quedaba restituido el principio de libre competencia. En resumen, razonó que no cabía aplicar ninguna de las durísimas sanciones previstas por la Ley de Defensa de la Competencia, que para las infracciones graves llegan incluso al 5% del volumen de negocio declarado en el ejercicio anterior por la empresa infractora.

Los denunciantes aseguran que el plazo de infracción fue más allá de julio de 2013 por cuanto el Jurado de Competencia dictó otra resolución para vigilar que Capio cumplía la retirada de esas cláusulas y daba publicidad al procedimiento sancionador. Y que el periodo de vigilancia no finalizó hasta julio de 2014. Pero este diario no ha podido verificar si el precepto que impedía la libre competencia siguió o no aplicándose en la práctica a partir de julio de 2013. O si, incluso, dejaron de aplicarse de manera automática, salvo en el caso de Asisa, en cuanto Capio se avino a eliminar la cláusula anticompetencia.

Este martes, este diario envió a los portavoces oficiales de Capio un resumen de los hechos con una pregunta final: “¿Por qué aplicó Clideba cláusulas de exclusividad y no competencia por periodos superiores incluso a 15 años pese a que su introducción en cualquier contrato vulnera abiertamente la Ley de Defensa de la Competencia vigente desde 2007?”.

La multinacional, que gestiona en Madrid varios hospitales públicos por adjudicación de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y se ha librado de la querella que interpuso el colectivo de médicos AFEM, dejó sin respuesta esa pregunta. Su último éxito conocido ha sido el de obtener, por 6,5 millones de euros, una parcela de Madrid que la Politécnica le vendió a dedo.

Lo que Capio contestó fue esto: “En febrero de 2013, el Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura dictó la adopción de medidas cautelares que fueron comunicadas a todas las Compañías Aseguradoras implicadas, informando de que eran libres de contratar con quien quisieran”.

En efecto, el Jurado dictó medidas cautelares –la resolución está fechada exactamente el 11 de abril - pero eran eso, cautelares. El procedimiento no acabó hasta que hubo una resolución final –el 23 de julio de ese año- que descartó sancionar a Capio y consagró la eliminación de las estipulaciones de “no competencia” a expensas de que se cumpliera todo lo ordenado por el Jurado.

“Idcsalud –añade la respuesta oficial de Capio- ha cumplido en todos sus extremos la Resolución del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, emitida con fecha 9 de mayo de 2013: la supresión total de las claúsulas de exclusividad y no competencia incluidas en los contratos con las compañías aseguradoras; a difusión de la resolución que se adopte, no sólo de manera directa a todas las compañías de seguros, sino de manera general en la web de idcsalud y en cualquier otro medio que se considere oportuno; la abstención de suscribir en el futuro contratos con claúsulas de exclusividad; y la remisión, a la Junta de Extremadura, de la documentación definitiva que acredite los cambios aprobados”.

El socialista Guillermo Fernández Vara ha reconquistado Extremadura. El PSOE mantiene el número de diputados (30) y tras cuatro años en la oposición vuelve a ser la principal fuerza política extremeña.

El Partido Popular de José Antonio Monago, actual presidente de Extremadura, pierde 4 diputados, y se convierte en la segunda fuerza política con 28 parlamentarios.

No obstante, los socialistas necesitarían los 6 escaños de Podemos para lograr la mayoría absoluta. La formación política de Pablo Iglesias entra en el Parlamento extremeño y desplaza a Izquierda Unida, que desaparece de la Junta.

Ciudadanos obtiene un parlamentario autonómico.

El candidato del PP ha asegurado que propondrá a su formación que se abstenga en la investidura de Fernández Vara como presidente de la Comunidad, para cumplir así con el planteamiento que ha venido defendiendo relativo a que es "justo" que gobierne en Extremadura la lista que haya sido la más votada.

En rueda de prensa en la sede del PP autonómico, y rodeado por los que han sido consejeros de su ejecutivo, así como por personal de confianza, asesores y otros militantes y simpatizantes del partido, Monago ha señalado también en cuanto a si continuará como líder en la oposición en Extremadura que él "siempre" ha estado a "disposición" de su formación.

"Uno tiene que estar siempre a disposición de la organización", ha espetado Monago, quien ha iniciado su comparecencia con su felicitación a Guillermo Fernández Vara y al PSOE en la comunidad por los "resultados" obtenidos en las elecciones autonómicas extremeñas.

Ayuntamiento de Cáceres

En el Ayuntamiento de Cáceres, el PP ha perdido la mayoría absoluta, donde tenía 16 concejales y se ha quedado con 11, por lo que serán necesarios pactos o acuerdos puntuales para gobernar en el consistorio y por eso la alcaldesa en funciones, Elena Nevado, habla ya de "diálogo" porque "se abre un tiempo nuevo".

Aunque el PP ha sido la fuerza más votada, seguida del PSOE que ha conseguido ocho concejales, uno más que en 2011, la irrupción de Ciudadanos (C's), con cuatro ediles, y de CáceresTú (Podemos), con dos concejales, ha cambiado el mapa político en la capital cacereña.

Ciudad de Badajoz

En la ciudad de Badajoz, con el 63,44% escrutado, el PP conseguiría doce concejales y el 39,24% de los votos, seguido del PSOE, que obtendría diez ediles y el 30,98 por ciento de los sufragios.

Por su parte, Recuperar Badajoz irrumpe en el Ayuntamiento de Badajoz con tres concejales y el 10,4 por ciento de los votos, y Ciudadanos obtendría dos ediles y el 6,87 por ciento de los sufragios.

El Consistorio de Badajoz cuenta con 27 concejales, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 14 ediles.

A buen seguro, lo que probablemente no le ha hecho tanta gracia a Monago que trascienda es esta imagen de su autobús de campaña, encajada en un arco, en la localidad pacense de Zafra.

Y como a los candidatos parece haberles dado por el deporte en esta campaña, aquí va la foto sport de Monago, subido también a la bici en un gimnasio de Plasencia:

En los últimos días, Congreso y Senado han cumplido con las resoluciones de las mesas –los órganos de gobierno de ambas cámaras–del pasado noviembre en materia de control y publicidad de los desplazamientos de sus señorías. Lo han hecho dando a conocer los gastos en viajes de los parlamentarios del primer trimestre de 2015. Si se suman las cantidades de la Cámara alta y la baja, la conclusión es que entre enero y marzo de este año, los diputados y senadores gastaron un total de 1.896.806,15 euros en desplazamientos. Una cifra que se encuadra dentro de los 19 millones que ambas instituciones destinarán, según presupuesto, a dietas, viajes e "indemnizaciones". Y que se reparte en 672.218,56 euros en el caso del Senado y en 1.224.587,59 en el del Congreso. Poco más se sabe. 

Los portales de la transparencia de ambas cámaras se limitan a facilitar estas cifras de una forma poco concreta. Nada se sabe del desglose del gasto por parlamentario, del destino de esos viajes o del tipo de actividad desempeñada en esos desplazamientos. Se limitan a dividir la cantidad total en tres secciones muy genéricas: parlamentaria, política o viajes oficiales. 

Siguiendo este esquema, en el caso del Congreso, el reparto es el siguiente: actividad parlamentaria (898.934,90 euros), política (124.449,18) y viajes oficiales (3.826,04). Y en el del Senado, 524.122 euros de gastos en desplazamientos se destinaron a la actividad parlamentaria, 63.588,12 a la política y 6.050,33 a viajes oficiales.

Si se suman todas estas cantidades, el resultado no es exactamente los 1.896.806,15 euros de gasto total. Restan 78.457,91 a cuenta del Senado y 197.377,47 a cuenta del Senado. Estas cantidades, que suman 275.835,38 euros, se corresponden en ambas Cámaras con "gastos de gestión, de cancelación y cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización". Ni Congreso ni Senado ofrecen mayor concreción de esta especie de partida escoba que aglutina a todo aquello que no son viajes ya realizados y que supone el 14,5 % del gasto total de desplazamientos de sus señorías.

Las cantidades citadas en esta información se corresponden con viajes "dentro del territorio nacional, en distintos medios de transporte colectivo, así como al kilometraje en vehículo propio".

Ambas instituciones destacan que el esfuerzo en materia de transparencia llevado a cabo en los últimos meses, sobre todo en lo que se refiere a cumplir la ley de transparencia, es muy significativo. Y que van todo lo lejos que les permite la legislación y los acuerdos de sus órganos de Gobierno.

A rebufo del 'caso Monago'

Pese a que los datos de los desplazamientos no son nada completos ni permiten hacerse una idea de qué diputados gastan más o menos, cuáles son los destinos más extendidos y cuál suele ser la actividad principal por la que viajan, este es el primer esfuerzo que se hace en esta materia. La culpa la tuvo el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (Partido Popular). La publicación de informaciones que apuntaban a que en su etapa de senador había viajado a Canarias, es decir, fuera de su circunscripción, por motivos personales, encendió el pasado noviembre el debate social y político. Un debate al que Congreso y Senado intentaron poner un parche aprobando una resolución que dejaba por escrito que, tal y como ha ocurrido ya, las Cámaras publicarán "con carácter trimestral en su página web el gasto total de los desplazamientos" de los parlamentarios "diferenciados" en apartados. De concreción, nada.

Además, los grupos parlamentarios tienen que realizar un informe de la actividad que ha originado la necesidad de dichos traslados.

Esta resolución [consúltala aquí] salió adelante gracias a PP y PSOE, los grupos políticos mayoritarios. Y con las críticas de la Izquierda Plural y UPyD, que lo vieron insuficiente. Para curarse en salud de este tipo de críticas, la propuesta de resolución dejaba en manos de los partidos una mayor concreción en los datos. "Sin perjuicio de que cada Grupo Parlamentario realice un informe de la actividad de sus diputados que ha originado la necesidad de los mismos".

Por estas fechas, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo que no veía "indispensable" la concreción de los viajes de cada parlamentario. "Hay viajes secretos, pero que los conoce el grupo", dijo. A su juicio, lo que se garantiza con esta iniciativa es que el dinero público se gasta "correctamente".

La dirección del Grupo Socialista en el Congreso, que recibió en su día críticas internas por haber ido de la mano del PP en la negociación de esta resolución, dio un giro importante al anunciar el mismo día –18 de noviembre– que sí iba a publicar con detalle los viajes de sus diputados. El primer informe, con datos de sus diputados y senadores, lo hizo público el 6 de febrero. Constan los desplazamientos, pero no el importe de los gastos. Se trata de una práctica, que, según fuentes de UPyD, el partido de Rosa Díez ya venía tiempo realizando. En realidad, no toda la información está actualiazada por igual, pero los desplazamientos aparecen en la agenda de cada parlamentario. Eso sí, sin que conste el importe de los viajes. También pueden consultarse los de los diputados de ICV Joan Coscubiela yJoan Coscubiela  Laia Ortiz. En este último caso, figuran los precios de los billetes.

Tres grandes grupos de actividades

Tanto en Congreso como en Senado, los viajes de actividad parlamentaria son los que más gasto conllevan. Estos son los que realizan los diputados o senadores para el desempeño de su actividad parlamentaria desde o hacia su lugar de residencia y desplazamientos desde o hacia la circunscripción en la que fueron elegidos. Para que las Cámaras corran con estos gastos, los grupos parlamentarios deben comunicárselo por escrito a la secretaría general en los 15 días siguientes a su realización.

Cuando se viaja a una circunscripción que no es la originaria del ocupante de un escaño para actividades de naturaleza política, el diputado o senador que se desplace debe contar con el permiso de su Grupo Parlamentario y justificarlo en los 15 días posteriores a la Cámara. De lo contrario, reembolsará la cantidad.

Lo que no cambió tras esta resolución fue la forma de tratar aquellos viajes a los que se acude en representación de los Parlamentos.

Los gastos en noviembre y diciembre del Senado

En el caso del Senado, su portal de transparencia incluye, además, los gastos en desplazamientos de los senadores entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre. La facturación total asciende a 387.804,13 euros. El desglose es el siguiente: 272.589,95 para actividad parlamentaria, 15.278,89 para la política y 663,91 en concepto de viajes oficiales. Del total, 99.272,38 euros, se corresponden con gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, anunció que si gobierna en la próxima legislatura convocará una consulta popular no vinculante para consultar a los ciudadanos sobre un cambio en la ley electoral autonómica que decida si debe gobernar la lista más votada, se reduce el número de diputados y se baja el umbral de votos necesarios para que los partidos entren en el Parlamento regional.

Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Monago defendió una reforma de la ley electoral profunda en su comunidad y que sean los extremeños los que opinen. La consulta, aseguró, no colisionará con las competencias estatales porque no será vinculante y se centrará en una competencia autonómica.

Monago planteó tres preguntas centrales: si se debe reducir el número de parlamentarios de 65 a 45, si debe bajarse del 5% al 3% el umbral de votos para lograr escaños y si debe gobernar la lista más votada.

"Hay que derrotar a la vieja política que defiende que tres son más que uno, todos los partidos tienen que compartir este principio o actuarán como la peor de las castas. El presidente debe decidirse en las urnas", añadió.

Los tuiteros, muy mal pensados ellos, son muy de pensar que el presidente extremeño está "comprando el voto" , a razón de 25 euros al mes, a la mujeres de su comunidad.

Eso sí, parece que el vídeo no ha cautivado –de momento– ni dentro ni fuera del partido, a sus potenciales votantes.

Un vídeo de la campaña electoral del PP de Extremadura pone música a ritmo de rap al "pensamiento político" del presidente del Ejecutivo regional, José Antonio Monago, y pide su reelección al frente del Gobierno extremeño.

El portavoz del Comité de Campaña de los conservadores extremeños, Fernando Pizarro, ha presentado este nuevo material titulado Extremadura, como única doctrina, un recurso que "procede" de la sociedad civil, que ha ofrecido "directamente" los materiales, y no "de dentro del partido", ha precisado.

"Es un mensaje que sale de la sociedad civil, en el que el protagonista es el presidente, y en el que un segmento de la población, como son los más jóvenes, además ligados a la cultura, y a la cultura más de vanguardia, más urbana, piden directamente la reelección del presidente", ha indicado.

En dicho vídeo aparecen la cantante Discípulo de la rima y el bailarín de breakdance Chey Jurado, por lo que "cien por cien extremeño y cien por cien talento extremeño". La producción musical la ha realizado el también extremeño DresAndRew. Eso sí, en el vídeo no aparecen en ningún momentos las siglas del PP.

En rueda de prensa, Pizarro ha destacado el lenguaje "muy ligado a los jóvenes" que se emplea en este material de campaña, ya que ha asegurado que quiere llegar, "de forma particular", a la población más joven aunque también tiene el propósito de llegar al resto de segmentos de la sociedad.

Los versos que integran el rap corresponden a citas textuales que José Antonio Monago ha pronunciado en diferentes discursos "en defensa de la libertad, la igualdad y la justicia", según ha destacado el portavoz del Comité de Campaña del PP extremeño.

Asimismo, como ha recalcado, en dicho vídeo se manifiesta también el criterio de Monago de "creer más en las personas que en los partidos" y de "creer más en las ideas que en las ideologías".

También en el mismo aparece la "importancia de la cultura", por lo que se alude a la petición de Monago de que se baje el IVA cultural y se menciona el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

En definitiva, como ha expuesto Fernando Pizarro, este material de campaña quiere concentrar en "muy poco tiempo" la labor de Monago a lo largo de la legislatura "en pro de los más jóvenes" y de la "defensa de Extremadura".

Las denuncias por someter los informativos de TVE a directrices políticas partidistas no se quedan solo en la televisión pública estatal. Los Comités de empresa de Castilla-La Mancha y Extremadura claman también por unos informativos plurales, profesionales y consagrados al servicio de los ciudadanos.

En el primer caso, se exige la creación de un Consejo de Informativos que "garantice el servicio público y evite que los ciudadanos tengan que acudir a otros medios de comunicación para conecer la realidad de la región. En cuanto a Canal Extremadura, los representantes de los trabajadores anuncian movilizaciones, a partir de este jueves, para que sus informativos "sirvan a todos los extremeños, gobierne quien gobierne".

En los últimos días, afirman desde RTVCM, se omiten informaciones como las Marchas de la Dignidad en Madrid o las elecciones andaluzas, por el criterio impuesto por la dirección nombrada por el PP de centrarse en la información regional. Sin embargo, el informativo de las 14 horas de este lunes se abrió con la noticia del joven apuñalado en un barrio de Madrid y que siguió tres horas de copas con sus amigos antes de ser trasladado a un centro hospitalario. El joven "justificó su hazaña" afirmando que "era manchego".

El Comité de Empresa denuncia en paralelo que el deterioro y la manipulación de los informativos lleva a que se rotule una tormenta de granizo en Madrigal de la Vera (Caceres) como "provincia de Toledo" o a que se omita la marcha hacia Madrid de los bomberos de Guadalajara –capital gobernada por el PP– en defensa de sus reivindicaciones, tras varias semanas en huelga.

Según los representantes de los trabajadores "la actual dirección empuja a los espectadores a acudir a otros medios de comunicación para estar informados de todo lo que ocurre en la región". Por ello, denuncian "la falta de criterios éticos y profesionales por parte de los responsables de los informativos" y reiteran "la necesidad de crear un consejo de redacción de los contenidos informativos para hacer de esta cadena un servicio público de calidad para los castellanomanchegos".

Movilizaciones en Canal Extremadura

Mientras, los trabajadores de Canal Extremadura van a iniciar este jueves ante la sede de la empresa pública una serie de movilizaciones que extenderán con mesa informativas para los ciudadanos en Mérida el jueves 9 de abril; en Cáceres, el viernes 17; el 18, en Badajoz, y el día 24 en Plasencia, bajo el lema "En defensa de unos medios de comunicación públicos para todos los extremeños. Ni privatización. ni manipulación en Canal Extremadura. Defiende tu puesto de trabajo".

Aseguran "que la plantilla propia cada vez tiene menos carga de trabajo, hay una redacción paralela que ya realiza gran parte de los informativos, no son cubiertas las bajas y falta de personal, en algunos departamentos impiden que algunos trabajadores puedan realizar sus tareas diarias, progresivamente hay más partidas del presupuesto comprometidas a medio plazo en concursos de servicios externos y la política de contratos a dedo sin límite ninguno continúa".

A todo ello, “hay que añadir la utilización partidista de la televisión regional. Al lamentable episodio de este pasado jueves, cuando la televisión prefería ofrecer a los extremeños una telenovela en vez de la réplica de los miembros de la oposición al discurso de Monago, hay que añadir los cada vez más frecuentes casos de entrevistas de encargo, piezas sin firmar y omisiones informativas.

"Ya conocemos el destino de televisiones como Canal Nou o Telemadrid tras convertirse en los altavoces de sus distintos gobiernos, no queremos eso para Canal Extremadura", sentencian

La televisión autonómica de Extremadura ofreció este jueves la intervención integra en el Parlamento regional del presidente, José Antonio Monago, y desconectó con la institución cuando iba a intervenir la oposición, para dar paso a la telenovela Alma indomable. El presidente intervenía, a petición propia, para debatir sobre el cumplimiento del programa electoral del Gobierno regional, y su discurso fue ofrecido en directo durante 45 minutos. A su término, comenzó la intervención de la oposición, que sí ha sido emitida por la radio autonómica, pero que ha desaparecido de la televisión, que ha dado paso a la citada telenovela.

Para el comité de empresa, "actitudes como esta sitúan una vez más a los medios públicos como un altavoz del gobierno te turno, faltando a su obligación de servicio público y causando el descrédito de la credibilidad del propio medio y de sus profesionales. Los trabajadores de Canal Extremadura no podemos permanecer impasibles y mostramos nuestro más profundo rechazo a cualquier utilización con fines políticos o económicos que se hagan de los medios públicos".

Los hechos se produjeron en plena confrontación entre dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, acentuada por la denunciada y progresiva privatización de este medio público. El comité de empresa, con quien ha hablado Infolibre, insiste en "el engaño de la dirección, con la connivencia del Consejo de Administración, puesto que a sabiendas de las demandas de los trabajadores de cese de la privatización y carencias de personal, tanto en televisión como en radio, y traicionando un acuerdo alcanzado ante la autoridad laboral, obvió en su presupuesto incluir la dotación presupuestaria para la cobertura de puestos vacantes". "Consideramos –señalan los trabajadores– que esta apuesta del Consejo por la privatización podría en un futuro en peligro muchos puestos de trabajo al mantener una redacción paralela en manos de empresas privadas, así como numeroso personal técnico. A ello hay que unir el gasto en personal contratado a dedo con contratos indefinidos y sin ningún control, en algunos casos con suculentos salarios".

Los trabajadores, que han protagonizado huelgas y paros parciales en los últimos meses, afirman en un comunicado que ante esta situación "no nos queda más que continuar con la lucha por unos servicios informativos alejados de la privatización y por una radiotelevisión plural y objetiva que sirva únicamente a la ciudadanía".

El Parlamento de Extremadura aprobó este viernes, gracias a la mayoría simple lograda con los votos de los tres partidos de la oposición, PSOE, IU-Verdes y PREx-CREx, y con el rechazo del PP, una propuesta de pronunciamiento de la Cámara por la que insta al Gobierno de España a retirar el currículo de la asignatura de Religión. El PP no dispone de mayoría absoluta en la Cámara. 

La iniciativa fue presentada por IU, cuyo diputado Víctor Casco exigió la retirada del nuevo currículo al considerar que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "ha decidido imponer doctrinas" que "nada tienen que ver con lo humanístico, con la enseñanza laica". En su exposición, leyó algunos de El Parlamento de Extremadura pide al Gobierno la retirada del currículo de la asignatura religiónlos contenidos del currículo como la que hace referencia a la alegría de los alumnos de que Dios les haya creado, ante lo cual Casco se ha preguntado "cómo se evalúa esto científicamente".

En cualquier caso, considera que el motivo "fundamental" por el que se opone a este currículo se encuentra al final del texto, cuando se refiere al "despertar del amor de Dios" para niños de 3 y 4 años, aplicando en los alumnos, según Casco, el método de Pavlov, repitiendo una y otra vez preceptos religiosos.

Casco, que se definió como ateo militante, se mostró "absolutamente contrario" a la presencia de Religión en las aulas, y asimismo consideró "triste" que estos tengan que elegir entre cursar valores cívicos y religión. Asimismo, dijo que el currículo aprobado por Wert es "todavía peor" que el anterior, vigente desde 2007.

La iniciativa pudo aprobarse gracias a que los regionalistas del PREx-CREx cambiaron su intención de voto a última hora. Su portavoz, Damián Beneyto, en su turno de palabra, había defendido que la enseñanza de Religión no se limita a la repetición de preceptos religiosos, al tiempo que reconoció que hay cuestiones del currículo de Wert que no le gustan.

Beneyto leyó una carta de una misionera extremeña en Tegucigalpa, que refleja la labor que realizan religiosos en el mundo, y que cree que debería formar parte de la Religión que se enseña en los centros educativos. A su vez, Casco le replicó que esta "parte de la iglesia extraordinaria" a la que se ha referido el diputado de la formación regionalista no es la que se va a enseñar en las aulas, sino otra que han "impuesto los obispos" y que el ministro Wert ha aceptado.

Por este motivo, le pidió a Beneyto que reconsiderara su voto, al tiempo que le recordó que también hay religiosos que se han posicionado en contra de la "auténtica barbaridad" que supone este currículo, lo cual ocurrió posteriormente en la votación, permitiendo que saliera adelante.

Dar "alas" a los obispos

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Antonio Gómez Yuste criticó que el Gobierno del PP haya dejado a los obispos "a su libre albedrío", permitiendo así que la enseñanza de Religión haya retrocedido "dos décadas" en España.

Igualmente, arremetió contra la ley educativa del ministro Wert, la Lomce, que ha supuesto un "refresco energético que ha dado alas a los obispos" españoles, convirtiendo la Religión en una asignatura específica y evaluable. En este sentido, señaló que cuando Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, esté en la Moncloa, sacará la Religión del currículo.

Asignatura voluntaria

Por último, la diputada del Grupo Popular Pilar Vargas defendió el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos así como la vigencia de los acuerdos suscritos con los representantes de las religiones para la enseñanza en las aulas.

Así, dijo que el Ministerio de Educación, en cumplimiento de los acuerdos con la Santa Sede, es el encargado de "supervisar" que el currículo elaborado por la Conferencia Episcopal no vulnere la Constitución. Vargas reiteró igualmente que la asignatura de Religión es una oferta de carácter voluntario para el alumno y la familia, por lo que pidió que se respete el derecho a la libertad de elección de los padres.

Y todo ello, a pesar de que numerosas voces se han alzado en contra por los eventuales daños que se pueden producir en el monumento. Eso sí, Monago ya ha anunciado que no piensa dar su brazo a torcer y califica las críticas de "electoralistas".