La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.

En el pacto anterior, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace casi tres años era muy similar al alcanzado el jueves, aunque en el actual la huella de Vox está todavía más presente. Aquel pacto ya incluía una ley fiscal en los primeros 100 días, rebajas de impuestos, la defensa de la central nuclear de Almaraz, el impulso del regadío, una ley integral de protección a la familia, medidas de conciliación, apoyo a jóvenes para la primera vivienda, atención a la ocupación ilegal y la derogación de la ley de memoria histórica. Muchas de ellas ni siquiera llegaron a cumplirse.

En 2023, Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta para que los ultras entren en el Ejecutivo y "puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas".

Ahora, los ultras concentran en la cuestión de la migración varias de sus promesas estrella: el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su devolución a los países de origen, la restricción de ayudas a extranjeros en situación irregular o la “prioridad nacional” en vivienda y prestaciones, esta última de dudoso encaje legal, ya que el mismo texto reconoce que habría que modificar para ello la ley de extranjería y otras normas. El texto también recoge la prohibición del burka, el niqab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro” en espacios públicos. Una medida que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que “recurrirá con toda la fuerza del Estado” si vulnera “los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas”.

En línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, el pacto de 2023 se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores". Cuestiones que dependen en su práctica totalidad de la Comisión Europea.

Ahora el pacto hace referencia a la “desregulación” con una nueva consejería en manos de los de Abascal. Se trata de un concepto inédito en el caso español, pero que ya ha sido utilizado por dirigentes de la derecha radical como el presidente argentino Javier Milei o el norteamericano Donald Trump. La desregulación, a sus ojos, implica menos normas, menos límites ambientales o administrativos y un Estado más reducido en su función supervisora.

El acuerdo actual también promete “blindar” la continuidad de Almaraz mediante la reducción progresiva de la ecotasa autonómica, pero el propio texto admite que el futuro de la central depende también de la fiscalidad estatal y de la tasa Enresa, un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.

De hecho, Guardiola ya anunció en octubre de 2025 una rebaja del impuesto autonómico para favorecer la continuidad de la planta, señal de que esa palanca regional existe, pero también de que no basta por sí sola para decidir el futuro de la central. Es más, el Ejecutivo central ha asegurado que los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse, uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028.

El hecho de que muchas de las cuestiones acordadas entre PP y Vox sean irrealizables e incluso puedan ser contrarias a la Constitución lo han señalado incluso presidentes autonómicos del PP. La primera de ellas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este viernes criticó la “prioridad nacional” en los servicios públicos, y advirtió de que “muchos de esos requisitos no son legales”. “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos” ni de un sistema “al que ha contribuido”, como es el sanitario.

En Génova aseguran que defienden lo mismo que Ayuso. Pero lo cierto es que Guardiola ha tenido que ceder para tratar de garantizar una estabilidad que no obtuvo la pasada legislatura. Y por eso en el acuerdo se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años o si volverán a romper cuando les “convenga electoralmente”, como asegura Génova que hicieron en verano del 2024.

Lo que también esperan es frenar el ascenso de la formación de Abascal una vez compruebe las limitaciones de gobernar. Tras el resultado de las elecciones, los ultraderechistas quisieron demostrar que son "un partido de gobierno", pero en el PP creen que Vox solo se hace fuerte desde la impugnación al sistema, no desde dentro de él.

Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. El que sí lo ha hecho es el andaluz Juanma Moreno, que aprovechó para desmarcarse de cualquier acuerdo con los ultras: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno”, planteó. 

El calendario previsto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo buscaba demostrar la fortaleza de la ‘marca PP’, no funcionó como esperaba. Para el líder de la oposición era muy importante empezar el nuevo ciclo con tres victorias contundentes del PP frente a una izquierda con escaso poder territorial. Aunque los conservadores fueron la primera fuerza en los tres territorios, no redujeron su dependencia de Vox. En Extremadura y Aragón la aumentaron, mientras que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco creció dos escaños por uno de Vox.

Una sigilosa negociación que se va alargando como los plazos de las obras. Parece que está a punto pero no llega. Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura, según los propios implicados, se encuentran en su fase final. Y las últimas reuniones, con un tono más cordial, se han centrado en el llamado ‘acuerdo programático’ que, a priori, marcará las políticas regionales los próximos cuatro años. La ultraderecha se mantiene firme en sus postulados a exigir haciendo gala de que su porcentaje de apoyos se ha duplicado en las últimas elecciones (pasó de un 8% a un 16% de representación, quedándose como tercera fuerza). De hecho, el portavoz extremeño Óscar Fernández lanzó tras el último encuentro en Mérida: “Ya se reconoce cuál es el peso de Vox”. Hablaba sobre “la actitud” de la presidenta popular en funciones, María Guardiola, para cerrar el pacto.

Pero, ¿qué se aborda realmente en ese citado ‘acuerdo programático’? Oficialmente no ha trascendido cuáles son los puntos calientes, pero hay experiencia previa de concesiones y malestar entre miembros del PP cuando se tocan determinados asuntos.

¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Lo primero fue la eliminación de la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola (que apenas ha durado dos años y medio) arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia, a su departamento, puesto que eran “un eje prioritario” y que por ello debería ser abordado “de manera transversal desde las diferentes políticas”.

En esta nueva negociación que ahora hay sobre la mesa, Vox insiste en, por ejemplo, eliminar las ayudas a las asociaciones ligadas a la “ideología de género”. Las entidades que trabajan con mujeres en Extremadura, entre otras funciones, prestan apoyo a las víctimas.

Otra cuestión que forzaron los ultras fue la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y la imposición de otra de ‘Concordia’. Fuentes del PP admiten que “no era en absoluto una prioridad para ellos entrar en esta cuestión”, de hecho, en un primer momento, los populares criticaron la propuesta de Vox y la apartaron.

Pero posteriormente no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos de 2025 porque no hubo respaldo del resto de grupos parlamentarios, y optaron por un decreto urgente de medidas fiscales para salir del paso y para el que volvían a necesitar a Vox. Y ahí sí: la Memoria Histórica sirvió de moneda de cambio. Se dio luz verde tanto al decreto como a la llamada Ley de Concordia.

Y entre esas medidas aprobadas, ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, pero también extender la bonificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones a personas con un vínculo familiar especial y la gratuidad de las tasas de las licencias de caza y pesca.

En materia sanitaria la relación PP-Vox también ha dejado huella. La más evidente: ahora los jefes de servicio de los hospitales públicos pueden ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno reformó la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios que son quienes gestionan las listas de espera.

Si bien era una medida que el PP veía con bueno ojos, fue Vox quien se adelantó y la colocó en la agenda.

Habría que recordar que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía la citada dedicación exclusiva. En la región extremeña existía desde 2006; la puso en marcha el fallecido socialista Guillermo Fernández Vara cuando ejercía de consejero de Sanidad.

¿Y ahora? Hay una polémica que se arrastra desde la anterior legislatura: el intento de derogar la ley LGTBI, que el año pasado cumplió una década y que precisamente puso en marcha el gobierno popular de José Antonio Monago. Fuentes del PP aseguran que sigue siendo uno de los puntos complejos.

Ya en la anterior legislatura ambas formaciones se enfrentaron en un tenso debate en la Asamblea por la intención de la ultraderecha de acabar con esta ley. “Quizá no será hoy, pero lo haremos”, terminó sentenciado la formación liderada por Santiago Abascal.

Los de Vox se agarraron de nuevo a argumentos como el fomento de las «asociaciones chiringuiteras» y «la gran mentira de la autopercepción de género».

Desde el PP los acusaron de “buscar problemas donde no los hay”. Además, el entonces diputado y ahora presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, expresó que para su grupo la defensa del colectivo LGTBI era un “convencimiento irrenunciable”.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas por Extremadura se pusieron de parte del PP y la ley se salvó. Pero sigue siendo un punto a debatir.

Impuestos e inmigración

Otro tema en la diana es la nuclear de Almaraz. Ambos partidos defienden su continuidad y que se les quite impuestos a las propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). De momento el PP ha activado una rebaja progresiva de la ecotasa, pero Vox pide la eliminación total de la misma.

El entorno de la central cacereña es un caladero de votos para las dos formaciones. En el adelanto electoral del 21D, tanto en Almaraz como en Navalmoral de la Mata (donde viven muchos trabajadores) la ultraderecha quedó como segunda fuerza, por detrás del PP pero por delante del PSOE.

Y otro de los asuntos que genera discrepancias entre la derecha y la ultraderecha, aunque el debate se escapa del ámbito autonómico, es la inmigración. En la fallida sesión de investidura de Guardiola, el pasado mes de marzo, si bien la presidenta en funciones habló de una oportunidad para crear empleo y aumentar la población, desde Vox zanjaron: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Lo cierto es que cuando Abascal dio la orden de que su partido se saliera de todos los gobiernos autonómicos argumentó que era por estar totalmente en contra de que las comunidades acogieran a menores migrantes.

Ahora la negociación PP-Vox seguirá después de Semana Santa. Con otra sintonía, con el foco nacional encima, con la tutela desde Madrid y después de que la relación haya pasado por todas las fases.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes su "no rotundo" a apoyar la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas, aunque ha dicho que siguen "dispuestos a negociar", informa EFE.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, el mismo día en el que Guardiola ha sido propuesta como candidata a presidir el Gobierno regional y cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

"Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un 'no' rotundo, por respeto a nuestros votantes y porque no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantías para impulsarlas. Fue el PP quien rompió el pacto con Vox hace un tiempo y quien expulsó a Vox de los gobiernos", ha sostenido Garriga.

El también vicepresidente de Vox ha emplazado al PP a que "sea consciente de que hay un cambio de paradigma político", y ha reiterado que están dispuestos a negociar, "pero con la firmeza que han dado las urnas", al no ser "un tema de sillones".

Además, se ha preguntado por qué "le molesta tanto al PP" que Vox tenga consejerías con competencias en gobiernos autonómicos cuando le ha resultado "tan fácil" pactar con CiU a lo largo de la historia. 

Por ello, ha apuntado que "será Guardiola quien decida si quiere ir a unas nuevas elecciones o si quiere escuchar el veredicto de las urnas", que pasa por "impulsar un cambio de políticas y otorgar las garantías necesarias para que sea Vox quien pueda implementar esas políticas".

"A Guardiola hay que decirle que nosotros no queremos que se tenga que travestir de Vox. Estamos acostumbrados a que se disfrace del Partido Socialista, lo único que queremos es que respete a los votantes de Vox y recuerde el mandato de las urnas", ha resuelto.

Preguntado por la situación tras las elecciones aragonesas, Garriga ha reconocido que "podría darse el caso de que Guardiola tenga el 'no' rotundo de Vox en una primera investidura o en una segunda investidura" y que haya "un acuerdo con Jorge Azcón" en Aragón para hacerlo presidente autonómico.

Este escenario se daría, ha dicho Garriga, si el candidato popular a presidir el Gobierno de Aragón "entiende que Vox, en su justa proporción, tiene que cambiar políticas" en la comunidad.

A renglón seguido, ha preguntado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si "ha dado órdenes de paralizar las negociaciones" con Vox y de "pactar preferentemente con el PNV y Junts" a sus diputados.

Aunque todavía no han mantenido ninguna reunión, Garriga ha apuntado que sí que se han emplazado a hablar con el PP en Aragón, y que trasladarán a la mesa de negociación que han "doblado" sus resultados.

Por ello, ha dicho que el PP de Aragón "tiene que entender que no se puede producir el bloqueo que está produciendo Guardiola en Extremadura" porque "los electores han sido claros".

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado al líder de Vox, Santiago Abascal, que "está en su mano entrar en el gobierno" y que, de hecho, a principios de enero ella misma manifestó la voluntad de que esta formación volviera a la Junta, informa EFE.

La presidenta del PP extremeño se ha expresado así en su perfil en una red social después de que esta mañana Abascal, en su intervención en Madrid Foro Empresarial, haya reiterado la voluntad de Vox de entrar en la Junta para cambiar el rumbo de las políticas a la vez que ha lamentado que los populares tengan distintas opiniones según los territorios.

Por su parte, Guardiola ha indicado que no hace falta avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas, en relación a que formen parte del Ejecutivo. "Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", ha apuntado.

El cruce de declaraciones se produce un día después de la sesión de constitución de la Asamblea, donde el PP asumió la Presidencia gracias a la mayoría de los votos populares y facilitó que Vox tuviese una de las tres secretarias, lo que no contentó a estos últimos que aspiraban a la Presidencia.

La elección de este cargo formaba parte de las negociaciones que, según informó el PP en la víspera de la sesión de constitución, Vox había roto de forma unilateral, algo que después esta formación desmintió asegurando que seguían abiertos al diálogo y que lo que habían hecho era expresar su rechazo al "insulto" de la oferta del PP. Los de Abascal alegaron falta de fondos en las Consejerías que asumiría este partido.

Al término de la constitución de la Mesa de la Asamblea, el portavoz de Vox en la Asamblea y líder de la formación en Extremadura, Óscar Fernández Calle, acusó a Guardiola de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y de "conducir a la región hacia una repetición electoral".

La presidenta del PP extremeño, por su parte, pidió a Vox "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, tras no ser posible antes de la constitución de la Asamblea, que baje el "suflé" y no negocie "como si hubiera ganado las elecciones" al pretender que se cumpla la totalidad de su programa, además de tener puestos en el Ejecutivo y Legislativo. 

Vox ha comunicado este lunes al PP la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares, según informa EFE.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal hablan de "paralización" de las conversaciones iniciadas con el PP para una nueva investidura de la popular María Guardiola, y no de ruptura, al entender que eso sería definitivo.

Desde el PP apuntan que en el correo electrónico que Vox les ha enviado "no informa de los motivos de la ruptura", que para los populares responde a "una estrategia nacional" de Vox ante la convocatoria de elecciones en otras comunidades autónomas para "poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", es decir, ni con PP ni con PSOE. 

Siempre según los populares, las negociaciones entre PP y Vox de cara a la conformación tanto de la Mesa de la Asamblea como del Gobierno regional "iban muy bien" a falta de rematar "flecos" este lunes, un día antes de la sesión plenaria para la constitución de la Cámara legislativa.

Además han asegurado que había ganas de acordar entre ambas formaciones políticas y el PP no se ha negado a que Vox entrara tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo con "un posición importante".

El PP, que mantiene su mano tendida, se ha preguntado si Vox querrá sentarse a dialogar después de la constitución de la Asamblea o si su intención es que los extremeños acudan a unas nuevas elecciones.

Y lamentan que el destino de Extremadura se decidida fuera de la comunidad autónoma, en alusión a la citada estrategia nacional del partido de Abascal.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el 20 de enero, permitirá conocer, más allá de intenciones expresadas, si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

Es el primer paso para saber la realidad de si Extremadura camina hacia un Gobierno de coalición entre PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente como ganadora de las pasadas elecciones, o se aturullan las negociaciones de ambas formaciones políticas de cara al futuro de bate de investidura.

Desde la cita electoral del pasado 21 de diciembre, el PP ha mostrado su total disposición "a hablar de todo y con todos" con el fin de acabar con "los bloqueos", en alusión al rechazo de Vox al proyecto de presupuestos y a las innumerables veces que la formación de Santiago Abascal no ha respaldado iniciativas parlamentarias planteadas por el Ejecutivo de Guardiola.

Desde Vox ya han adelantado que si Guardiola "quiere de verdad un cambio", su formación política está dispuesta.

Su máximo representante y candidato en las pasadas elecciones, Óscar Fernández Calle, también ya ha anunciado que sus exigencias siguen siendo las mismas: eliminar subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI y rechazar el pacto verde, entre otras.

Sobre el tapete de las posibles negaciones entre ambos partidos sobrevuela lo que ocurrió en los días posteriores a las elecciones autonómicas de 2023.

Guardiola sostuvo que no gobernaría con consejeros de Vox, un compromiso que asumió durante la campaña electoral y mantuvo durante las negociaciones, en las que llegó a afirmar que no podía "dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista".

El PP planteó a Vox que respaldara la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta y la dejara gobernar en solitario, y, a cambio, los populares apoyarían que la Cámara legislativa estuviera presidida por un diputado de Vox.

Con este planteamiento, llegó el día de la constitución de la Mesa de la Asamblea, un 20 de junio. En la primera votación nadie cosechó la mayoría absoluta necesaria, establecida en 33 parlamentarios.

En la segunda vuelta -sólo se exige mayoría simple- los cinco diputados de Vox respaldaron a su candidato, los 28 del PP al suyo y la diputada propuesta por el PSOE, Blanca Martín, logró el apoyo de sus 28 compañeros de bancada y los cuatro de Unidas por Extremadura (Podemos e Izquierda Unida), lo que la llevó a presidir la Asamblea.

Además de Blanca Martín, los socialistas situaron a otra dos personas más (vicepresidencia primera y Secretaría segunda), el PP también a dos (vicepresidente segundo y Secretaría primera) y Unidas por Extremadura obtuvo la Secretaría tercera). Vox se quedó fuera.

Seis días después, Martín inició las consultas con los grupos parlamentarios para proponer el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno regional, con un plazo de quince días.

El 30 de junio de ese año, PP y Vox acordaban un Gobierno de coalición presidido por Guardiola con programa de 60 medidas y en el que la formación de Santiago Abascal obtendría una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. El 14 de julio, 46 días después de los comicios autonómicos, Guardiola fue elegida presidenta.

Ahora, dos años y medio después de esa fecha y algo más de un año y medio después de que Vox abandonara el Gobierno extremeño, PP y Vox vuelven a la casilla de salida, la de la posibilidad de conformar un Ejecutivo conjunto o que Guardiola gobierne en solitario siempre que el PSOE se abstenga.

Los socialistas no han aclarado aún si ese voto de abstención cabe en el marco de sus ideales con tal de que Vox no entre en el Gobierno. Por su parte, la formación de Óscar Fernández Calle ha ganado peso parlamentario -de los cinco diputados en 2023 ha pasado a once- y su aval para exigir es mucho más amplio.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas en inmigración o vivienda, pero también contra los gobiernos autonómicos del PP a los que Vox dio su apoyo "inicial", algo con lo que ha confesado no sentirse satisfecho porque no se han producido "los cambios que esas regiones necesitan".

En un mensaje en vídeo con motivo del fin de año, publicado en su cuenta de X, Abascal ha deseado poder decir adiós al finalizar 2025 "a toda una época de la política española que ha conducido a nuestra nación a una degeneración acelerada, constante, casi programada".

Tras una breve mención a "las fechorías, abusos y miserias que hemos padecido bajo este gobierno", ha puesto en cuestión el apoyo de Vox al PP en seis gobiernos autonómicos y ha recordado que decidió abandonarlos al comprobar que sus responsables "no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas".

"Por eso desde la oposición al bipartidismo del consenso hemos pedido a los españoles más fuerza en las urnas que permita que se escuche el disenso de cada vez más españoles", ha apuntado el líder de Vox, partido que dobló el apoyo electoral en las pasadas elecciones en Extremadura, que ganó el PP.

Tras este resultado, Abascal ha aprovechado este mensaje para destacar que existe "la convicción, cada vez más mayoritaria, de que las viejas fórmulas de los partidos corruptos ya se han agotado".

"España necesita una reforma profunda, una desregulación radical, una recuperación de las libertades básicas, un debate abierto y sin censuras sobre las nuevas realidades que afectan no sólo a nuestro país sino al mundo entero", ha apuntado.

Y es que a su juicio, "mientras otras naciones, amigas y hermanas, ya han iniciado un nuevo rumbo, España sigue atrapada en la corrupción estructural del PSOE y del PP, responsables de haber convertido la política en un barrizal de mentiras, de taifas, miseria moral y luchas de poder absurdas".

Para el líder de Vox ambos partidos comparten "la política del desastre, la economía de la ruina, la complicidad con el egoísmo separatista y la agenda globalista".

Abascal también ha criticado "la inmigración ilegal masiva y descontrolada", que, sostiene, "se ha convertido en una auténtica invasión, cuyas consecuencias ya se sufren en demasiados pueblos y ciudades".

"Alentar esa llegada de millones de personas como ha hecho el bipartidismo no solo ha comprometido gravemente nuestra seguridad, especialmente la de las mujeres, sino que ha puesto al borde del colapso los servicios públicos, en especial la Sanidad y los servicios sociales", ha señalado.

Además ha responsabilizado a la inmigración de los "salarios de miseria" y de haber hecho "inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes".

"Esta invasión amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras crece y se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión: el islamismo", ha enfatizado.

También ha reprochado el trato que se da a "nuestro campo, nuestra industria y a nuestras pequeñas y medianas empresas", que considera son "asfixiadas por burocracias totalitarias que nacen en Bruselas".

Por todo ello ha apelado a recuperar "el debate serio y profundo". "Si lo hacemos con honradez y con decencia -ha añadido- llegaremos a conclusiones y acuerdos beneficiosos para todos".

¿Os llega también el aroma sulfuroso de las palabras de Miguel Tellado? Fue uno de los últimos en intervenir en la noche del lunes, cuando la estupefacción por el silencio ante los resultados de los ganadores había cundido ya ampliamente más allá de las 23:30 h. Pero por suerte Tellado puso las cosas en su sitio y el mensaje que leyó extasiado detrás de estos resultados era una patada en el culo de Gallardo contra Sánchez para que desaloje, y rapidito, la Moncloa. 

Como mensaje es sin duda contundente; como análisis electoral quizá es algo simplificador y sobre todo algo embustero: oculta la peligrosa estrategia puesta en marcha por Génova con peones regionales para derribar al final a Sánchez. Las operaciones nacidas de los laboratorios entrañan a menudo riesgos imprevistos y este adelanto electoral instrumental en Extremadura es posible que a María Guardiola se le haya atragantado soberanamente, a ella y a Génova. Cabe suponer que estuvieron de acuerdo en que Extremadura fuera la primera de las cuatro Comunidades que debía iniciar el reguero de derrotas socialistas hasta culminar en Andalucía en junio: ese objetivo ha sido ampliamente cubierto, desde luego con denodados esfuerzos propios socialistas. Es difícil imaginar, siquiera especulativamente, un personaje más desmotivador y desmovilizador que Miguel Ángel Gallardo, a la vez que Irene de Miguel evidenció en campaña el tirón de una candidata capaz de sacar de casa a un votante que, para el caso del PSOE, dijo que no, así no, con este no, y de perdidos al río.

La catástrofe socialista extremeña puede tener o no valor de indicio de futuro o de brújula de las derrotas sucesivas. Me inclino a pensar que su valor profético es limitado con respecto a Aragón o Andalucía porque las circunstancias que concurren en este caso fueron muy tóxicas y muy particulares: era el mejor entorno posible para el PP pero no le ha servido literalmente de nada al PP. A quien ha beneficiado la estrategia de Génova ha sido una vez más a Vox: la cúpula del PP está empeñada en engrosar de forma metódica y sistemática a quien teóricamente debería ser su competidor. El PP sigue dejando que la ultraderecha crezca a costa de su propio votante (o de votante nuevo, como en este caso), y ya no es fácil saber si es un propósito deliberado –alguien seguro con quien pactar futuros gobiernos– o es una deriva autodestructiva del diabólico Tellado. Igual se lo acaba llevando a él mismo (y a su presidente) por delante el carrusel electoral que se le avecina si sigue la tónica previsible de ganar las elecciones a la vez que llega más Vox, doble de Vox, como dijo anoche eufórico su candidato extremeño. Las dos tazas pronosticadas, y estas quizá sí proféticas, pueden acabar muy atravesadas en la garganta del PP (y de la democracia española).

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Jordi Gracia es filólogo, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ensayista y codirector de TintaLibre.

El Gobierno extremeño ha cesado este miércoles al chófer de la presidenta, María Guardiola, tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional, según un comunicado remitido a EFE por la Junta de Extremadura.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por ElPlural.com y de la que se ha hecho eco el PSOE.

Según este medio de comunicación, el chófer está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas.

Según refleja dicho comunicado, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de "una condena por coacciones leves" relacionada con este trabajador.

Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido "la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, "se ha procedido a su cese".

El PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre, según el estudio preelectoral del CIS publicado este viernes, por lo que no lograría la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados, y necesitaría el apoyo o la abstención de otra formación para gobernar, según recoge EFE.

Según la encuesta, el PSOE, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza, sufriría un importante retroceso y lograría entre 19 y 22 escaños frente a los 28 que tiene ahora.

Por contra Vox, obtendría entre 10 y 12 escaños, con lo que duplicaría los cinco actuales, y Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida-, que ahora tiene cuatro, subiría hasta los seis o siete representantes.

El PP, que logró 28 parlamentarios en las elecciones de 2023, dentro de la horquilla que ahora estima el CIS, pactó con Vox para que María Guardiola fuera elegida presidenta de la Junta de Extremadura, si bien un año después la formación de Abascal rompió el acuerdo de Gobierno.

Atendiendo a la estimación de voto, el PP conseguiría el 38,5 por ciento, el PSOE se situaría en el 31,6 %, Vox alcanzaría el 17,3 % y Unidas por Extremadura rozaría el 10%.

Por provincias, y teniendo en cuenta los intervalos de estimación, el PP lograría 15 escaños en Badajoz, los mismos que obtuvo en las elecciones de 2023; al PSOE le corresponderían un total de 11, cinco menos que hace dos años; Vox pasaría de tres a seis y Unidas por Extremadura duplicaría su representación al pasar de dos a cuatro.

En Cáceres, el PP lograría 12 escaños, uno menos que en 2023; el PSOE obtendría nueve (tres menos que hace dos años), Vox sumaría seis (logró dos en los últimos comicios) y Unidas por Extremadura mantendría los dos actuales.

El estudio del CIS, con una muestra de 2.037 entrevistas realizada entre el 21 y el 25 de noviembre, y un error de muestreo del 2,2%, también refleja que un 14,3% de los encuestados afirma no tener decidido su voto y un 2,6% apunta que no acudirá a la cita electoral.

Según los resultados del estudio preelectoral, María Guardiola (PP) es la líder política más valorada, con una nota media de 5,63 sobre diez; seguida de Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), con 4,10; Raúl González (Juntos Por Extremadura-Levanta Extremadura) logra 3,87, Miguel Ángel Gallardo (PSOE) obtiene 3,68 y Óscar Fernández Calle (Vox) logra un 3,60.

Un 24,2% de los encuestados afirma que las ideas y las propuestas de los partidos son la principal razón o motivo que les anima o influye a la hora de votar en las próximas elecciones, un 16,9% considera que es el programa electoral que presentan, un 15 % define su voto con la idea de intentar evitar que puedan ganar partidos de derechas y un 7,5% los de izquierdas.

“Hay calles en las que apenas habitan vecinos, solo existen casas vacías y abandonadas; algunas se caen a pedazos. ¿No se puede actuar para arreglarlas y ponerlas en el mercado? A mí me parece muy bien que se construyan nuevas de protección oficial para quien lo necesite, pero es una pena que no se intervenga para recuperar esas viviendas que nadie usa”. Sabe bien de lo que habla porque hace año y medio regresó a su pueblo y tuvo que enfrentarse al mercado inmobiliario. “En algunos casos cuesta encontrar a los propietarios porque ha habido fallecimientos y la familia hace tiempo que ya no vive allí”. Es el resumen de Alba Palmero Cuello de Oro, 35 años, extremeña, antes residente en Mataró, ahora vecina de Montánchez, una localidad de 1.600 habitantes, en la provincia de Cáceres. Ella creció en este municipio y ahora ha regresado a sus raíces con su pareja y su hija de tres años. 

¿Por qué volvió? Varios motivos. Se asfixiaba en la ciudad, pero sobre todo influyó el elevado precio de la vivienda. Bromea y exagera cuando dice que con lo que le ha costado una casa en Montánchez solo podía aspirar a un parking en Mataró.

En su caso, la historia familiar se repite. Ha seguido literalmente los mismos pasos que sus padres. Madre extremeña y padre castellanomanchego. Se conocieron en Mataró, pero en los años 90 regresaron a Montánchez porque la vida se volvió dura en las ciudades. “Sintieron lo mismo que nosotros”, asegura Alba.

En la ciudad catalana ella estaba empleada en un centro comercial. “Nos vinimos a Extremadura sin trabajo pero con la casa ya comprada. La verdad es que no nos costó encontrar empleo. Yo soy dependienta en la tienda de electrodomésticos y Eduard (su pareja), que en Mataró era cocinero en un colegio, regentó un tiempo el bar de la piscina y ahora va a abrir un restaurante con otro compañero”. ¿Diferencias de sueldos? “Tampoco te creas que hay tanta, y aquí la vida es más barata”.  

Su experiencia es uno de esos ejemplos analizados de pareja joven con niños que regresa a las zonas rurales en busca de una mejor calidad de vida. ¿Cuánto hay de mito y de realidad? “A ver, es cierto que se respira más. Y tenemos red familiar. Con el colegio estoy muy contenta, porque tienen actividades por las tardes. Ya la sanidad es otra cosa…”. Se queja de la atención pediátrica en Alcuéscar (el municipio a unos 12 kilómetros donde le corresponde la asistencia). “Todo el mundo te lo dice, que allí mejor que no vayas, que directamente a las urgencias del Hospital de Cáceres”. O lo que es lo mismo, unos 46 minutos en coche. “En Mataró teníamos el hospital al lado de casa…”.

Volviendo a la vivienda, la descripción que hace del parque inmobiliario de Montánchez viene a poner el caso práctico de lo que dibujan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre casas vacías en zonas rurales (se califican así las que tienen nulo consumo eléctrico). 

Las cifras dicen que Extremadura reúne más de 123.000 hogares sin habitar. El dato supone casi el 18% de total. En otras comunidades como Madrid o el País Vasco, el porcentaje se queda en torno al 6,5%.

Además, en la región extremeña el problema se acrecienta significativamente en los pueblos: acumulan alrededor del 85% de los inmuebles sin vida. Cuanto más pequeño es el municipio, más se palpa esta realidad.

En el caso de Montánchez, por ejemplo, el INE habla de un 31% de casas vacías. En otros lugares como Puebla de Alcocer (en la Siberia), se llega al 37%: significa 459 viviendas apagadas en un pueblo de 1.100 vecinos.

Con los datos sobre la mesa, los alcaldes de algunos de estos municipios hacen su valoración y explican el contexto de otra manera. El regidor de Valle de la Serena, Martín Caballero (PSOE), discrepa de las cifras y asegura que en su pueblo las casas sí están en uso. “Tenemos abierto solamente un expediente por una vivienda en ruinas, no digo que haya alguna más, pero muy pocas”, asegura. Las cifras del INE reflejan que en su localidad el porcentaje sin uso es del 35%. La traducción son 487 en un municipio de algo más de mil habitantes. “Pero hay que tener en cuenta que son segundas residencias y sí que se habitan en las Navidades, en los puentes, en Semana Santa, en verano… Es que aquí en verano se triplica la población”, subraya.

Otro caso es Logrosán: 1.900 habitantes, un 31% de casas vacías. Su alcalde, Julio Roldán (Cs), se sorprende con el número y hace su propia lectura. “Aquí se ha estado construyendo una planta de biomasa y se ha requerido de trabajadores que han tenido que vivir un tiempo de alquiler. Es cierto que donde se han quedado no tenía todas las comodidades del mundo, pero durante ese periodo no han estado cerradas”. No obstante, hace un apunte: “Alguna vez hemos tenido problemas porque algún propietario no ha querido alquilar por el miedo que hay a la okupación… y hemos tenido que mediar”. 

- ¿Ha habido alguna okupación en Logrosán?

- No, no, pero ya se sabe el miedo que hay… Sí ha ocurrido alguna vez que algún recibo del último mes se ha quedado sin pagar, pero ya está…

Más allá de las diversas visiones, ¿qué medidas políticas existen? Hace menos de un año, desde la Junta de Extremadura, el PP puso en marcha un paquete de medidas fiscales que, entre otros aspectos, incluía una reducción del 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler; la medida era específica para municipios de menos de 3.000 habitantes.

Por su parte, desde el PSOE han defendido, pero con timidez, un impuesto sobre las viviendas vacías, pero solo para grandes tenedores (propietarios con más de cinco inmuebles).

Y desde Unidas por Extremadura (la coalición de Podemos e Izquierda Unida) han insistido en un programa más amplio de rehabilitación de esas casas sin uso que permita más opciones de alquiler asequible en los pueblos, bajo el argumento de que la construcción de nuevos inmuebles es más costosa.

Alba Palmero Cuello de Oro, la nueva vecina de Montánchez, hace su propia valoración: “Yo no voy a decir que las medidas propuestas estén mal, yo me he beneficiado, por ejemplo, de la rebaja en el impuesto de transmisiones en la compra de la vivienda, pero la realidad es que la política no está sirviendo. Hacen falta más ayudas para, por ejemplo, arreglar estas casas que se compran de segunda mano”.

Y hace un último análisis: “Parecía que, después de la pandemia, íbamos a volver más a los pueblos, pero al final esa idea se ha ido diluyendo”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo, como futuro candidato a la presidencia del Gobierno, a que la central nuclear de Almaraz "no se va a cerrar" y ha calificado de "traición" a Extremadura el no impedir el cese de su actividad.

En su intervención en un acto público en Lobón (Badajoz) junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha considerado una "indignidad" por parte del Gobierno y parte de sus socios el rechazo el pasado jueves en el Congreso a la enmienda del PP para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

"Tenéis mi palabra", ha dicho Feijóo ante el público que llenaba el auditorio donde se celebraba el acto, para subrayar a continuación que también por eso es necesario que el PP gane el 21 de diciembre las elecciones en Extremadura y "urgente" que España cambie de gobierno cuanto antes porque "sólo así" se podrá "salvar Almaraz".

Guardiola, por su parte, ha acusado al PSOE de “querer dejar sin futuro” a Extremadura por el cierre de esas instalaciones, aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente la prórroga de su actividad hace solo dos semanas y se está a la espera de un informe exhaustivo sobre la seguridad de la central, que debe elaborar el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). A pesar de ello, la presidenta de la Junta ha insistido en que el Gobierno “ya no tiene excusas” para alargar la vida de Almaraz.

A poco más de un mes de las elecciones extremeñas, Feijóo, como recoge EFE, ha señalado que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de "retrasar como sea lo inevitable", María Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo todo" y lo hace con "determinación, valentía y respeto" a los ciudadanos.

Ha agregado que mientras en España hay un Gobierno que lleva tres años sin presentar presupuestos Guardiola ha dicho que quiere "una Extremadura con toda su fuerza" y ha culpado a la "pinza" -del PSOE con Vox- de querer parar a esta comunidad.

El líder del PP ha arremetido además contra el PSOE extremeño, al que ha calificado de "sucursal de la irresponsabilidad, los escándalos, el enchufismo y la "corrupción" de Pedro Sánchez.

"Son capaces de intentar convencernos de toda la trola del hermano y poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano", ha dicho en referencia al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo.

Ha hecho asimismo referencia a otra demanda de esta comunidad al considerar una falta de respeto que el Gobierno "diga que el tren está en el mejor momento de la historia".

Feijóo ha criticado al ministerio de Transportes por decir que iban a "incumplir" la enmienda de su grupo aprobada el pasado jueves en el Congreso para recuperar las indemnizaciones por los retrasos del AVE.

"Ganamos la votación por la mañana y ya dijeron que la iban a incumplir por la tarde. ¿Pero qué es esto de que el Gobierno no cumpla las leyes?", ha censurado antes de volver a acusar a Sánchez de dedicarse a hacer oposición a los presidentes de las comunidades autónomas del PP en el Congreso, donde no pueden defenderse.

Y al hilo de las críticas del jefe del Ejecutivo a la gestión de los barones populares se ha dirigido a Guardiola para responsabilizarla de que Sánchez no se "atreva" a ir a Extremadura.

"Oye María, con todo lo arrogante que es Sánchez, lo tienes temblando, no se atreve a venir por aquí", ha apostillado.

Ha concluido asegurando que Sánchez últimamente parece cualquier cosa menos presidente del Gobierno. "Parece -ha dicho- un aspirante a juez que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal, de su hermano y su señora".

Por último, ha vuelto a pedir elecciones generales para que los españoles puedan votar "para mandarle a la oposición rápidamente" porque "España es mucho más que Sánchez y Extremadura merece más".

La presidenta extremeña, María Guardiola, convocará elecciones anticipadas el próximo martes si nada cambia y, finalmente, prosperan las enmiendas a la totalidad que Vox y PSOE han presentado a sus presupuestos regionales. Fuentes del Ejecutivo extremeño indican a infoLibre que la baronesa del PP ya tiene tomada la decisión tras el pleno celebrado en la Asamblea regional de este jueves en el que ambas formaciones han registrado sendas enmiendas, lo que supone un rechazo frontal a las cuentas públicas extremeñas.

Durante su intervención, la dirigente conservadora advirtió de que la legislatura está vista para sentencia. "Si hay bloqueo, si hay freno y si hay una negativa absolutamente a todo, los extremeños tendrán que elegir cuál es el futuro para su región", dijo. Desde los partidos de la oposición consideran que los presupuestos son pretexto de Guardiola para tratar de conseguir una mayoría absoluta como la que tienen el andaluz Juanma Moreno o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Lo cierto es que la extremeña ya propuso modificar el reglamento de la Asamblea tras la primera reunión con los grupos parlamentarios para que la legislatura durase cuatro años en el caso de que hubiera un adelanto electoral. Si las predicciones se cumplen y Guardiola convoca a votar, los extremeños tendrían que volver a las urnas en 2027. Aunque el reglamento no se haya cambiado, en el equipo de la presidenta extremeña confían en poder aplicar lo previsto en el Estatuto, reformado en 2011, para que eso no ocurra.

El anuncio de la convocatoria electoral el próximo martes serviría al PP, además, para cambiar el paso tras el escándalo de las mamografías en Andalucía que ha marcado esta última semana tras los fallos en los cribados. Y para alejar también el foco mediático del aniversario de la dana, en el que fallecieron 228 personas tras la negligente actuación del presidente valenciano Carlos Mazón, al que Feijóo decidió mantener en el cargo.

Guardiola ha tratado de situar al PSOE y a Vox como los responsables de esta futura cita electoral, aunque es el partido de extrema derecha el que ha ejercido como socio en los últimos dos años y es también en el que la extrema se apoyó para lograr su investidura. Tras las resistencias iniciales, el PP firmó un acuerdo con Vox de 60 puntos para gobernar Extremadura que apenas se distinguía de los firmados en otras autonomías. La extrema derecha obtuvo también una consejería clave para sus intereses —Gestión Forestal y Mundo Rural—, además de un senador de representación autonómica.

La extremeña pasó en pocos días de decir que no podía "dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quiénes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI", a considerar "imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox", presionada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En esta ocasión, Feijóo ha asegurado públicamente desde Bruselas que "la decisión de mantener o de interrumpir una legislatura le corresponde al presidente de la comunidad autónoma, y lo tiene que hacer en el ámbito de sus responsabilidades, buscando lo mejor para la estabilidad económica y política de su comunidad autónoma": Pero lo cierto es que se trata de una decisión consensuada con Génova, explican fuentes del PP a infoLibre.

Con todo, el temor de la dirección nacional es repetir los errores del antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, al precipitar adelantos electorales que pueden generar al PP más dependencia de Vox. Es lo que le pasó a Alfonso Fernández Mañueco hace ya casi cuatro años. Con la ruptura de la coalición de Gobierno entre el PP y Ciudadanos tras las complicadas relaciones con Francisco Igea, Mañueco forzó un adelanto electoral en Castilla y Léon que acabó con la entrada de los ultras en el gobierno autonómico.

Por su parte, la formación de Santiago Abascal, lejos de amilanarse, ha pedido a Guardiola que dé ese paso para demostrar la fuerza que tienen en la comunidad. El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, recordó este mismo jueves que su formación envió un documento con las 60 medidas pactadas con el PP durante la investidura para tratar de demostrar que "ninguna ha sido cumplida": "Nosotros pedíamos un cambio total para Extremadura, pero lo único que hemos recibido han sido desprecios e insultos", lamentó.

Guardiola también aprovechó este jueves para saldar cuentas pendientes con los ultras y acusó a Fernández de no tener voz ni voto en Extremadura por depender de lo que diga la dirección nacional de su partido. "Es su jefe, el señor Abascal, el que toma las decisiones por ustedes. Les dice cuándo firman, cuándo no firman: cuándo se salen de los gobiernos, cuándo montan un teatrillo... No hay una sola iniciativa en esta Cámara que se haya aprobado o rechazado sin la autorización de su jefe en Madrid", dijo. Y añadió: "No sé cómo ustedes. que van tan de valientes y gallitos, no le echan cara y se enfrentan a él".

A juicio de la baronesa popular, las exigencias de Vox —que en su día sí aceptó a cambio de ser investida presidenta— no son únicamente ataques a derechos básicos "sino que muchas de sus propuestas vulneran la ley". Guardiola las definió como un retroceso en el pasado "en el que no nos van a encontrar", porque afectan a "derechos consolidados", dado que piden la derogación de la ley LGTBI, la eliminación de las políticas de igualdad o de la protección de los menores no acompañados. "Han venido a la política a enfangar y yo lo que espero es que los extremeños sean conscientes de ello. Nosotros, desde luego, con su actitud no vamos a seguirles el juego", dijo en su réplica a la extrema derecha en la Asamblea.

Los reproches al PSOE también estuvieron muy presentes en el discurso de Guardiola. Una de las razones que le harían inclinarse por adelantar los comicios es la situación judicial de su principal contrincante, Miguel Ángel Gallardo, procesado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la causa que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Una circunstancia que el PP cree que beneficiaría al bloque de la derecha, aunque en ese sentido las voces consultadas opinan que el voto podría irse hacia Vox a modo de "protesta".

El propio Gallardo acusó hace unas semanas a la presidenta de la Junta de plantear este posible adelanto electoral como una forma de “chantaje” relacionada con su proceso judicial y de no querer esperar a la sentencia porque "la verdad le da pánico". Este jueves, sin embargo, insistió en que Guardiola debe actuar con responsabilidad y convocar elecciones “cuanto antes” y "sin jugar", porque Extremadura es "mucho más importante" que la presidenta extremeña. "La soberbia le juega una muy mala pasada, por lo tanto, ahora toca plantar cara a la falta de talante para gobernar esta tierra", dijo.

En el PP aseguran que las encuestas anticipan la victoria de Guardiola, si bien hay voces conservadoras que recuerdan que en 2023 quedó por detrás del PSOE y gobernó solo gracias a Vox. Y que al propio Feijóo los sondeos también le jugaron una mala pasada el 23J. La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en julio de este año indicaba que el PP ganaría en ese momento las elecciones autonómicas en Extremadura con el 27,2% de los votos, el PSOE se situaría como segunda fuerza con el 21,6%, Vox alcanzaría el 8,8% y Unidas Podemos se quedaría en el 1,6%.

Extremadura se prepara para un adelanto electoral después de que Vox y PSOE hayan presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 diseñado por el Gobierno de María Guardiola.

La decisión de adelantar las elecciones en Extremadura es la opción por la que inclina su presidenta, han asegurado a EFE fuentes cercanas al Ejecutivo regional.

Con dicho adelanto electoral, Guardiola cumplirá con la hoja de ruta que avanzó el pasado 29 de septiembre para evitar, tal como expuso, que el crecimiento de Extremadura sea frenado.

Guardiola ya avisó a los grupos parlamentarios (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) que, de no sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio, convocaría elecciones anticipadas.

Por tanto, daría así un paso a una nueva legislatura de cuatro años, tal como determina el Estatuto de Autonomía.

Tanto Vox como PSOE han presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario -Unidas la registró este miércoles- lo que supone, según las citadas fuentes, bloquear las cuentas de 2026, cifradas en 8.657 millones de euros, la cuantía más alta en la historia de esta comunidad autónoma.

Desde Bruselas, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado este jueves la decisión de convocar elecciones anticipadas en manos de los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Extremadura, María Guardiola, por respeto a las competencias autonómicas.

En una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo ha afirmado que los presidentes autonómicos son "la única autoridad política" que puede tomar esa decisión y que cualquiera que especule sobre qué hacer en Aragón o Extremadura -"aunque sea el presidente de su partido", ha agregado- "es una falta de respeto" a los extremeños y a los aragoneses.

"La autonomía política, consagrada en el estatuto de autonomía que bebe de la Constitución española, yo la voy a preservar porque creo en ella profundamente", ha insistido.

El líder del PP ha detallado que está "en contacto" con ambos gobiernos y hablando sobre las complejas negociaciones sobre presupuestos que se están llevando a cabo en ambas regiones, pero que al final "son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno".

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha anunciado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz el próximo viernes, después de la celebración del pleno correspondiente del mes de junio, así como su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), según recoge EFE.

En una rueda de prensa en Mérida, también ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para eliminar la figura del aforamiento como muestra de que su entrada en la Asamblea y a la condición de aforado no es una estrategia tras por su procesamiento en el caso David Sánchez.

Gallardo ha explicado que "puesto que el PP está muy interesado" por su aforamiento, le ha trasladado a la presidenta de la Junta y del PP, María Guardiola, abrir un debate en la Cámara para modificar el Estatuto de Autonomía y suprimir esta cuestión, ya que solo es posible con el acuerdo de PP y PSOE.

La eliminación de esta condición afectaría a todos los diputados de la Asamblea y a los miembros del Consejo de Gobierno, según Gallardo, que también ha dicho que el PSOE propondrá que en esa modificación se incluya el blindaje de servicios públicos, aunque "si el PP quiere que sea solo aforamiento, será aforamiento".

Gallardo ha defendido que frente a los que critican sus "prisas" para ser aforado, cree que lo que ha tenido es "paciencia", aunque reconoce que, quizás ha sido "ingenuo" por decir que esperaría a que terminase la instrucción del caso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz.

El dirigente socialista también ha rechazado las declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, de que podría renunciar al aforamiento, pues, según ha dicho, no es una cuestión personal sino que va unida a la condición de diputado, de ahí que se proponga la modificación del Estatuto de Autonomía "para no engañar" a los extremeños.

Tras reiterar que aforamiento "no supone ni inmunidad ni impunidad", ha afirmado que los que dicen que le beneficia que el caso sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y no por la Audiencia Provincial de Badajoz, no dicen que también le perjudica porque "pierdo una instancia". "Me da lo mismo quien lo juzgue porque soy inocente y no he hecho nada", ha remarcado Gallardo, que considera que relacionar su aforamiento con protección es "engañar a la gente".

Miguel Angel Gallardo también ha confirmado que el próximo jueves ya será el encargado de hacer la preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea, ya que el grupo parlamentario socialista ya ha presentado la nueva composición del mismo, en el que él pasa a ser el presidente. 

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, continúa este lunes ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, donde evoluciona "favorablemente" y podría subir a lo largo del día a planta, según un comunicado del Ejecutivo autonómico y recoge Europa Press.

La responsable del Ejecutivo extremeño comenzó a sentir fiebre y malestar en la tarde del martes, 14 de mayo. Acudió al hospital el miércoles, donde tras las pruebas realizadas, se determinó que sufría un proceso infeccioso y se decidió intervenir quirúrgicamente.

Posteriormente, en la recuperación de la cirugía, la presidenta sufrió una sepsis, por la que tuvo que ser atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos, según informa en un comunicado la Junta de Extremadura.

María Guardiola debe permanecer en la UCI hasta que el equipo de profesionales decida su traslado a planta para su completa recuperación, un hecho que se estima pueda producirse el día de hoy. Cuando así lo determinen los médicos que la atienden, la presidenta extremeña retomará su agenda pública.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado una "pronta recuperación" y ha mandado ánimos a Guardiola. "Quiero mandar un abrazo y mis mejores deseos de una pronta recuperación para la presidenta de Extremadura. Mucho ánimo, María Guardiola", ha escrito Sánchez en un mensaje de su red social X.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado en nombre de todo el partido "mucho ánimo" y "el deseo de una total recuperación". "Te mandamos todo nuestro cariño y la confianza en que estarás, de nuevo, dando lo mejor de ti por Extremadura", ha resaltado el líder conservador en un mensaje a través de la red X, recogido por Europa Press. "Desde tu casa, el PP, queremos todos enviarte mucho ánimo y el deseo de una total recuperación", ha destacado.

El presidente de la Junta en funciones y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado formalmente la retirada de su candidatura a la investidura, prevista para este miércoles y el jueves, tras el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en la región, según informa Europa Press.

Así se lo ha trasladado a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en la segunda ronda de contactos iniciada para proponer una candidatura a la investidura, convocada tras el pacto sellado por María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo el pasado viernes.

A la salida del encuentro, Vara ha trasladado a los medios de comunicación su intención, ya anunciada el pasado 28 de mayo tras el recuento de votos, de abandonar la primera fila de la política regional.

"No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño el secretario general del partido y por lo tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro, el resto está todo por decidir, por eso está más claro que el agua", ha dicho.

El dirigente socialista ha señalado, no obstante, que ya había solicitado "informalmente" la retirada de la sesión de investidura, que ya está "decaída", entre otras razones porque el pleno de este miércoles debería haber sido convocado este pasado lunes en una reunión de la mesa y "no se ha hecho, por lo cual está más que decaída esa investidura".

Por tanto, lo siguiente será que Martín convoque para cuando estime oportuno la investidura de María Guardiola, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

De esta forma, Vara ha remarcado que su investidura ha evitado un retraso "enormemente perjudicial" para Extremadura, pues gracias a que con su candidatura puso "el reloj en hora", ha conseguido que vaya a haber una investidura "en los próximos días, en las próximas semanas", lo cual era "absolutamente imprescindible y necesario".

Respecto a su futuro, ha reiterado que se convocará un congreso regional en otoño para "renovar el liderazgo", si bien ha añadido que las fechas dependerán "mucho" de los "calendarios nacionales".

En todo caso, la decisión sobre su futuro es la "misma" que ya anunció el pasado 28 de mayo. "Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la secretaria general del PSOE", ha comentado, tras 12 años en la Presidencia de la Junta y de 15 en la secretaria general del partido.

Un periodo por el cual tiene "un agradecimiento tan grande al pueblo extremeño", ante el que no tiene "ningún sentimiento que no sea de profundísima gratitud".

Vara se ha mostrado "eternamente agradecido a todo el mundo" que le ha permitido durante este tiempo tener la responsabilidad que ha tenido, al tiempo que ha defendido que "las cosas hay que hacerlas bien" y que "hay que saberlas terminar bien".

Por ello, espera que el proceso "acabe bien" y se pueda hacer un "relevo ordenado" dentro de la organización, el PSOE, que es la institución "más importante" de Extremadura, como ha demostrado " lo largo de la historia".

Varios dirigentes del PSOE han cargado este viernes contra el PP por el pacto alcanzado con Vox en Extremadura, que finalmente contempla la inclusión de la formación de Santiago Abascal en el gobierno autonómico al concederles la Consejería de Gestión Forstal y Mundo Rural. Así, han acusado a los conservadores de tener "principios de usar y tirar" y de doblegarse ante la extrema de derecha, según informa Europa Press.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos líderes europeos se han mostrado "contrariados" por la "involución" que se está produciendo en España a raíz de este tipo de pactos. En la rueda de prensa al término de los dos días de Consejo Europeo en Bruselas, el presidente ha explicado que ha tenido ocasión de hablar con algunos de sus colegas que se han mostrado "sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates en los que España hasta el 28M había sido un ejemplo y ahora mismo estamos siendo un contraejemplo".

También se ha expresado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. "Principios de usar y tirar. El PP ha tardado 10 días en comerse sus palabras y en doblegarse ante la extrema derecha de Vox", ha señalado.

Asimismo ha lamentado que la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ceda la citada consejería "a los negacionistas del cambio climático, a los de las vacas y la tuberculosis. Gravísimo", ha lanzado.

Cerdán hacía referencia así a la decisión de la Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por PP y Vox, de flexibiliar los requisitos de control sanitario de la tuberculosis bovina, lo que produjo la reacción del Gobierno, que presentó un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para no poner en marcha esta flexibilización.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha calificado al PP como "partido marxista (de Groucho)", según ha indicado en un mensaje en la misma red social. "Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros", ha señalado junto a un enlace de la noticia sobre el acuerdo entre PP y Vox anunciado este mismo viernes.

La portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha criticado el pacto de "matrimonio de conveniencia" que supondrá un retroceso "para el conjunto de los españoles y para todos los extremeños".

Los socialistas se han lanzado a criticar la falta de principios del PP después de que Guardiola afirmase hace solo unas semanas que no podía dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista o deshumanizan a los inmigrantes, en referencia a Vox, y ahora acceda a entregarles una cartera.

Además, otros dirigentes de la cúpula socialista han cargado directamente contra el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo por el acuerdo en Extremadura y han utilizado un fragmento de una entrevista reciente en la que dice que mantiene su propuesta de que gobierne la lista más votada, aunque eso le hiciese perder el gobierno de la región, donde el PSOE fue el que recibió más votos, aunque es superado por la suma de PP y Vox.

Uno de los que ha publicado este vídeo de Feijóo es el Secretario de Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, que lo ha acompañado del siguiente mensaje: "Queda muy claro: ni lista más votada, ni porcentajes de apoyo... Siempre baile agarradito con Vox", ha escrito.

También se ha pronunciado el Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, que ha publicado el mismo fragmento de Feijóo junto al mensaje: "Y así todo".

"Tan solo ha pasado una semana. ¡Miente!", ha señalado sobre las declaraciones de Feijóo, el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE y cabeza de lista por Jaén, Juan Francisco Serrano.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado, tras el acuerdo, que en el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo "los principios y las convicciones duran cinco minutos por el poder".

Así lo ha trasladado en Twitter tras el pacto de ambas formaciones, que convertirá a la conservadora María Guardiola en presidenta de la Junta extremeña, mientras que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

"En el PP de Feijóo los principios y las convicciones duran 5 minutos por el poder. Ya lo vimos con la caída de Casado y ahora lo vemos como una farsa en Extremadura. Feijóo no tiene palabra", ha lanzado Díaz en Twitter. Con ello, hacía referencia a los reproches que lanzó hace días Guardiola contra Vox para garantizar que no iba a retroceder en materia de violencia de género y derechos LGTBI.

La portavoz adjunta de Sumar y cabeza de lista por Barcelona, Aina Vidal, se ha manifestado en términos similares al manifestar que "Extremadura demuestra que la derecha gobernará a cualquier precio en cualquier sitio".

"El PP no tiene líneas rojas con la ultraderecha y Vox lo facilitará. Solo un voto a favor puede evitarlo", ha ahondado también en las redes sociales.

Desde la cuenta oficial en Twitter de Sumar han censurado que "el PP de Feijóo asume los postulados de la extrema derecha y mete también a los ultras en el gobierno de Extremadura" con este pacto. "Sumar es la respuesta para dejar atrás al partido del odio y seguir avanzando con una vida mejor", han concluido.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reaccionado al anuncio pidiendo la dimisión de la candidata popular, María Guardiola, por "mentir tan descaradamente".

De Miguel ha señalado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, que si a la presidenta del PP "le queda algo de palabra y de decencia debería dimitir hoy mismo".

Para la diputada autonómica de la coalición de izquierdas, Extremadura "no se merece una presidenta que mienta tan descaradamente", según recoge en su mensaje, que acompaña con la etiqueta #GuardiolaDimision.

Tras conocerse el acuerdo, la líder de Unidas por Extremadura ha arremetido contra el acuerdo apuntando directamente a las palabras de Guardiola tras la sesión constitutiva de la Asamblea, cuando dijo que mantendría su palabra de que Vox no estaría en su gobierno.

El uso de la mascarilla será obligatorio en Extremadura a partir de las 00,00 horas de este sábado, 11 de julio, para personas mayores de 6 años, "con independencia de si se mantiene la distancia de seguridad, que es de 1,5 metros".

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha señalado que este mismo viernes dictará una resolución para que la mascarilla sea obligatoria en toda la comunidad autónoma, aunque haya distancia de seguridad, informa Europa Press.

En concreto, a partir de este sábado la mascarilla será de uso obligatorio para mayores de 6 años en todo momento en la calle, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad o no.

En su intervención, el titular de Sanidad extremeño ha destacado la necesidad de "actuar con contundencia y previsión" en la lucha contra el coronavirus en Extremadura, donde en la actualidad existen cuatro brotes, tres de ellos en la ciudad de Badajoz y uno en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Con estos datos, Vergeles ha considerado que la situación epidemiológica de la comunidad extremeña "todavía es buena", pero ha defendido esta medida de uso obligatorio de la mascarilla que "es cierto que provocará algunas incomodidades", pero también supondrá "un beneficio para poder seguir transitando en la nueva normalidad, y no volver a las fases de reescalada".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán los encargados de controlar el uso obligatorio de la mascarilla, cuyo incumplimiento puede provocar sanciones de unos 100 euros, ha avanzado.

Mascarilla obligatoria en Baleares, Cataluña y Ordizia

La medida adoptada por el Ejecutivo extremeño se suma a la línea de acción que ya han emprendido el Govern de Baleares y la Generalitat de Cataluña, que ya implantaron el empleo obligatorio de la mascarilla, con independencia de que pueda mantenerse o no la distancia de seguridad de 1,5 metros, tras el surgimiento de brotes como el que afecta a la comarca de Segrià (Lleida).

El Gobierno vasco, por su parte, ha limitad de momento la exigencia al muncipio de Ordizia, en Gipúzkoa, y sus alrededores. El brote de esta localidad es el más importante de entre los que han tenido lugar en Euskadi a lo largo del último mes, de ahí esta decisión.