La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida para continuar al frente de este Ejecutivo regional tras el rechazo de Vox, formación política que, no obstante, sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Vox y Unidas) han votado en contra este miércoles a la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien necesitaba mayoría absoluta.

El voto de Vox era decisivo en esta sesión parlamentaria para que Guardiola lograra ser investida en esta sesión, quien volverá a someterse a una nueva votación este mismo viernes, en la que solo necesitará mayoría simple y, por tanto, es necesario que Vox al menos se abstenga.

"Hoy no cuenta con la confianza de mi grupo parlamentario", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, abriendo la puerta a que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.

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La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado al líder de Vox, Santiago Abascal, que "está en su mano entrar en el gobierno" y que, de hecho, a principios de enero ella misma manifestó la voluntad de que esta formación volviera a la Junta, informa EFE.

La presidenta del PP extremeño se ha expresado así en su perfil en una red social después de que esta mañana Abascal, en su intervención en Madrid Foro Empresarial, haya reiterado la voluntad de Vox de entrar en la Junta para cambiar el rumbo de las políticas a la vez que ha lamentado que los populares tengan distintas opiniones según los territorios.

Por su parte, Guardiola ha indicado que no hace falta avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas, en relación a que formen parte del Ejecutivo. "Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", ha apuntado.

El cruce de declaraciones se produce un día después de la sesión de constitución de la Asamblea, donde el PP asumió la Presidencia gracias a la mayoría de los votos populares y facilitó que Vox tuviese una de las tres secretarias, lo que no contentó a estos últimos que aspiraban a la Presidencia.

La elección de este cargo formaba parte de las negociaciones que, según informó el PP en la víspera de la sesión de constitución, Vox había roto de forma unilateral, algo que después esta formación desmintió asegurando que seguían abiertos al diálogo y que lo que habían hecho era expresar su rechazo al "insulto" de la oferta del PP. Los de Abascal alegaron falta de fondos en las Consejerías que asumiría este partido.

Al término de la constitución de la Mesa de la Asamblea, el portavoz de Vox en la Asamblea y líder de la formación en Extremadura, Óscar Fernández Calle, acusó a Guardiola de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y de "conducir a la región hacia una repetición electoral".

La presidenta del PP extremeño, por su parte, pidió a Vox "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, tras no ser posible antes de la constitución de la Asamblea, que baje el "suflé" y no negocie "como si hubiera ganado las elecciones" al pretender que se cumpla la totalidad de su programa, además de tener puestos en el Ejecutivo y Legislativo. 

El líder provincial del PP de Badajoz y alcalde de Valencia del Mombuey (Badajoz), Manuel Naharro Gata, ha sido elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura para la XII legislatura de la comunidad autónoma, por mayoría simple y con los únicos votos de su partido.

Naharro, vicepresidente segundo en la pasada legislatura y número tres en la lista electoral del PP por Badajoz, ha llegado a esta responsabilidad tras recibir el apoyo solitario de su grupo -y en segunda votación tras no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera- en la sesión constitutiva del Parlamento después de los comicios anticipados del pasado 21 de diciembre.

Tras la paralización este pasado lunes de las negociaciones entre PP y Vox para la conformación del Gobierno autonómico, el partido de Abascal ha propuesto sin éxito al senador autonómico Ángel Pelayo Gordillo para encabezar la Cámara regional, en la que el PP cuenta con 29 escaños, el PSOE con 18, Vox con 11 y Unidas por Extremadura con 7.

Todos los diputados, excepto los de Vox, han aplaudido de pie, tras su elección, a Naharro, quien sucede a la socialista Blanca Martín y será la octava persona que presida el Parlamento extremeño en 43 años durante su XII legislatura.

En la sesión constitutiva también han sido elegidos los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de la Asamblea.

Así, con el único apoyo de los 29 diputados de su partido, Domingo Jesús Expósito (PP) será el vicepresidente primero de la Mesa y Eduardo Béjar, con el apoyo de PSOE y Unidas, será el vicepresidente segundo, por delante en la votación de los candidatos de Vox y Unidas, Juan José García García y José Antonio González Frutos, que han obtenido once y ningún voto, respectivamente.

Domingo Jesús Expósito fue director general de Función Pública, en el Gobierno extremeño, durante la anterior legislatura; mientras que el socialista Eduardo Béjar es diputado autonómico por cuarta ocasión.

Por otro parte, ostentarán el cargo de secretario de la Mesa Beatriz Muñoz (Vox), Isabel Babiano (PP), José Francisco Llera (Unidas), elegidos por delante de la candidata Piedad Álvarez (PSOE).

Vox ha comunicado este lunes al PP la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares, según informa EFE.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal hablan de "paralización" de las conversaciones iniciadas con el PP para una nueva investidura de la popular María Guardiola, y no de ruptura, al entender que eso sería definitivo.

Desde el PP apuntan que en el correo electrónico que Vox les ha enviado "no informa de los motivos de la ruptura", que para los populares responde a "una estrategia nacional" de Vox ante la convocatoria de elecciones en otras comunidades autónomas para "poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", es decir, ni con PP ni con PSOE. 

Siempre según los populares, las negociaciones entre PP y Vox de cara a la conformación tanto de la Mesa de la Asamblea como del Gobierno regional "iban muy bien" a falta de rematar "flecos" este lunes, un día antes de la sesión plenaria para la constitución de la Cámara legislativa.

Además han asegurado que había ganas de acordar entre ambas formaciones políticas y el PP no se ha negado a que Vox entrara tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo con "un posición importante".

El PP, que mantiene su mano tendida, se ha preguntado si Vox querrá sentarse a dialogar después de la constitución de la Asamblea o si su intención es que los extremeños acudan a unas nuevas elecciones.

Y lamentan que el destino de Extremadura se decidida fuera de la comunidad autónoma, en alusión a la citada estrategia nacional del partido de Abascal.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el 20 de enero, permitirá conocer, más allá de intenciones expresadas, si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

Es el primer paso para saber la realidad de si Extremadura camina hacia un Gobierno de coalición entre PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente como ganadora de las pasadas elecciones, o se aturullan las negociaciones de ambas formaciones políticas de cara al futuro de bate de investidura.

Desde la cita electoral del pasado 21 de diciembre, el PP ha mostrado su total disposición "a hablar de todo y con todos" con el fin de acabar con "los bloqueos", en alusión al rechazo de Vox al proyecto de presupuestos y a las innumerables veces que la formación de Santiago Abascal no ha respaldado iniciativas parlamentarias planteadas por el Ejecutivo de Guardiola.

Desde Vox ya han adelantado que si Guardiola "quiere de verdad un cambio", su formación política está dispuesta.

Su máximo representante y candidato en las pasadas elecciones, Óscar Fernández Calle, también ya ha anunciado que sus exigencias siguen siendo las mismas: eliminar subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI y rechazar el pacto verde, entre otras.

Sobre el tapete de las posibles negaciones entre ambos partidos sobrevuela lo que ocurrió en los días posteriores a las elecciones autonómicas de 2023.

Guardiola sostuvo que no gobernaría con consejeros de Vox, un compromiso que asumió durante la campaña electoral y mantuvo durante las negociaciones, en las que llegó a afirmar que no podía "dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista".

El PP planteó a Vox que respaldara la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta y la dejara gobernar en solitario, y, a cambio, los populares apoyarían que la Cámara legislativa estuviera presidida por un diputado de Vox.

Con este planteamiento, llegó el día de la constitución de la Mesa de la Asamblea, un 20 de junio. En la primera votación nadie cosechó la mayoría absoluta necesaria, establecida en 33 parlamentarios.

En la segunda vuelta -sólo se exige mayoría simple- los cinco diputados de Vox respaldaron a su candidato, los 28 del PP al suyo y la diputada propuesta por el PSOE, Blanca Martín, logró el apoyo de sus 28 compañeros de bancada y los cuatro de Unidas por Extremadura (Podemos e Izquierda Unida), lo que la llevó a presidir la Asamblea.

Además de Blanca Martín, los socialistas situaron a otra dos personas más (vicepresidencia primera y Secretaría segunda), el PP también a dos (vicepresidente segundo y Secretaría primera) y Unidas por Extremadura obtuvo la Secretaría tercera). Vox se quedó fuera.

Seis días después, Martín inició las consultas con los grupos parlamentarios para proponer el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno regional, con un plazo de quince días.

El 30 de junio de ese año, PP y Vox acordaban un Gobierno de coalición presidido por Guardiola con programa de 60 medidas y en el que la formación de Santiago Abascal obtendría una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. El 14 de julio, 46 días después de los comicios autonómicos, Guardiola fue elegida presidenta.

Ahora, dos años y medio después de esa fecha y algo más de un año y medio después de que Vox abandonara el Gobierno extremeño, PP y Vox vuelven a la casilla de salida, la de la posibilidad de conformar un Ejecutivo conjunto o que Guardiola gobierne en solitario siempre que el PSOE se abstenga.

Los socialistas no han aclarado aún si ese voto de abstención cabe en el marco de sus ideales con tal de que Vox no entre en el Gobierno. Por su parte, la formación de Óscar Fernández Calle ha ganado peso parlamentario -de los cinco diputados en 2023 ha pasado a once- y su aval para exigir es mucho más amplio.

¿Os llega también el aroma sulfuroso de las palabras de Miguel Tellado? Fue uno de los últimos en intervenir en la noche del lunes, cuando la estupefacción por el silencio ante los resultados de los ganadores había cundido ya ampliamente más allá de las 23:30 h. Pero por suerte Tellado puso las cosas en su sitio y el mensaje que leyó extasiado detrás de estos resultados era una patada en el culo de Gallardo contra Sánchez para que desaloje, y rapidito, la Moncloa. 

Como mensaje es sin duda contundente; como análisis electoral quizá es algo simplificador y sobre todo algo embustero: oculta la peligrosa estrategia puesta en marcha por Génova con peones regionales para derribar al final a Sánchez. Las operaciones nacidas de los laboratorios entrañan a menudo riesgos imprevistos y este adelanto electoral instrumental en Extremadura es posible que a María Guardiola se le haya atragantado soberanamente, a ella y a Génova. Cabe suponer que estuvieron de acuerdo en que Extremadura fuera la primera de las cuatro Comunidades que debía iniciar el reguero de derrotas socialistas hasta culminar en Andalucía en junio: ese objetivo ha sido ampliamente cubierto, desde luego con denodados esfuerzos propios socialistas. Es difícil imaginar, siquiera especulativamente, un personaje más desmotivador y desmovilizador que Miguel Ángel Gallardo, a la vez que Irene de Miguel evidenció en campaña el tirón de una candidata capaz de sacar de casa a un votante que, para el caso del PSOE, dijo que no, así no, con este no, y de perdidos al río.

La catástrofe socialista extremeña puede tener o no valor de indicio de futuro o de brújula de las derrotas sucesivas. Me inclino a pensar que su valor profético es limitado con respecto a Aragón o Andalucía porque las circunstancias que concurren en este caso fueron muy tóxicas y muy particulares: era el mejor entorno posible para el PP pero no le ha servido literalmente de nada al PP. A quien ha beneficiado la estrategia de Génova ha sido una vez más a Vox: la cúpula del PP está empeñada en engrosar de forma metódica y sistemática a quien teóricamente debería ser su competidor. El PP sigue dejando que la ultraderecha crezca a costa de su propio votante (o de votante nuevo, como en este caso), y ya no es fácil saber si es un propósito deliberado –alguien seguro con quien pactar futuros gobiernos– o es una deriva autodestructiva del diabólico Tellado. Igual se lo acaba llevando a él mismo (y a su presidente) por delante el carrusel electoral que se le avecina si sigue la tónica previsible de ganar las elecciones a la vez que llega más Vox, doble de Vox, como dijo anoche eufórico su candidato extremeño. Las dos tazas pronosticadas, y estas quizá sí proféticas, pueden acabar muy atravesadas en la garganta del PP (y de la democracia española).

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Jordi Gracia es filólogo, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ensayista y codirector de TintaLibre.

La participación en las elecciones extremeñas de este domingo se ha colocado en un 50% en el tercer dato proporcionado por la Junta a las 18:00. Esta cifra es más de 6 puntos más baja a esta misma hora de lo que era en los pasados comicios, en 2023.

En el segundo avance, ya se veía esta tendencia a la baja, con un 36% del censo, un porcentaje de casi seis puntos menor que en los anteriores comicios de 2023.

En un primer dato facilitado por la Junta a las 11 de la mañana la cifra era del 8,8%, una estimación que no se dio en anteriores ocasiones y que no servía, por tanto, como comparación.

Estos comicios se tratan de los primeros anticipados de la historia de Extremadura, y únicas en el país en esta jornada. Ellas decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos. En concreto, se llevan a cabo en los 388 municipios extremeños, 165 en la provincia de Badajoz y 223 en la de Cáceres, donde se han habilitado 791 colegios electorales, 430 en Badajoz y 361 en Cáceres.

Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, un puesto al que vuelve a optar la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, y al que aspira también el socialista Miguel Ángel Gallardo, que debuta en estas lides, como también lo hace Óscar Fernández Calle, por Vox, mientras que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, concurre por tercera vez.

En total, once candidaturas -diez lo hacen por las dos provincias, puesto que Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres-, cuatro de ellas coalición, aspiran a tener presencia en un hemiciclo ocupado en la última legislatura por PP y PSOE, empatados a 28 parlamentarios, Vox con 5 y Unidas por Extremadura con 4.

Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de 2023.

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar "con libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad", y se ha mostrado "tranquila" por el "trabajo bien hecho" en su mandato.

Guardiola ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque acude como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque acompaña a su hijo que vota por primera vez.

Ha indicado que este 21 de diciembre es un día "muy importante" para la región porque las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años.

"Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo", ha expresado.

La dirigente popular ha hecho un llamamiento a la participación y ha dado las gracias a todos los interventores y apoderados de su partido, a todos los extremeños que les ha tocado trabajar en una mesa, en los colegios electorales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que van a velar porque esta celebración electoral transcurra con normalidad y a los medios de comunicación por el seguimiento de los comicios.

Guardiola llega a esta cita electoral "confiada" y con "la tranquilidad del trabajo bien hecho", de haber puesto todo lo mejor de sí al servicio de Extremadura.

Espera que los extremeños valoren y avalen el trabajo que ha realizado su Gobierno durante estos dos años y medio, "dispuesto siempre a hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente, de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque "ahora toca que los ciudadanos elijan su destino".

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral habilitado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz), su localidad natal y de la que fue alcalde durante 21 años, Gallardo ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

"Votar mucho es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones, pero también es la mejor respuesta ante las dudas que se han puesto en las últimas semanas sobre nuestro sistema democrático", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Tras trasladar su gratitud a quienes trabajan para que estos comicios se celebren "con absoluta normalidad", el candidato socialista ha expresado su deseo de que muchos ciudadanos acudan a los colegios electorales "porque votando mucha gente se refuerza nuestra democracia".

Acudiendo a las urnas, ha insistido, los ciudadanos "se sentirán mucho más partícipes del futuro de su tierra para los próximos cuatro años".

A preguntas de los medios sobre si afronta esta cita electoral con nerviosismo, ha contestado negativamente, y con humor ha indicado que lo hace con "agujetas" tras pasar parte de la jornada de reflexión cogiendo aceitunas en una explotación familiar.

"Nervioso no, yo creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura" y ahora toca el turno de que "los ciudadanos elijan su destino", ha añadido.

"Ante la elección de los ciudadanos nunca se puede estar nervioso", ha concluido Gallardo, que debuta en estos comicios como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha animado a todo el mundo a que acuda a votar en esta jornada electoral porque "nadie nos va a robar la democracia", pero -ha advertido- "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado".

En declaraciones a los medios tras depositar su voto en el CEIP José María Calatrava de Mérida (Badajoz), ha indicado que este domingo "mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión", algo que para ella "ya es una victoria".

De Miguel ha animado a todo el mundo "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado", por una Extremadura que "alce la voz de una vez por todas y lo haga desde aquí y nadie hable por nosotros".

Ha indicado que con independencia del resultado de los comicios se siente "muy satisfecha" por la campaña del espacio de confluencia, a la que ha definido como "humilde y de artesanía política", y que ha conseguido "levantar mucha ilusión y mucho ánimo".

"Nosotros hemos hecho una campaña desde aquí con los recursos que teníamos aquí y estoy súper satisfecha del trabajo realizado", ha expresado De Miguel, a la vez que ha mostrado su gratitud a "un equipo entregado de personas, militantes, voluntarias que se han dejado la piel y la salud muchas de ellas".

Ha destacado que "hoy muchos ojos se están fijando en Extremadura", una comunidad donde están "mostrando que hay otra forma de hacer las cosas".

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este domingo, tras ejercer su derecho al voto en Cáceres, que confía en que la comunidad autónoma se convierta en "el punto de partida del cambio político que necesita España".

En declaraciones a los medios, ha calificado la jornada electoral como "un día de fiesta para Extremadura" y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para ser protagonistas de una jornada "histórica" que, a su juicio, marcará el inicio de "muchas cosas buenas para toda España".

El candidato ha señalado que el resultado de estas elecciones puede tener un impacto a nivel nacional y ha afirmado que "todo va a cambiar" empezando por Extremadura.

En este sentido, ha destacado la implicación de Vox en la campaña, con la participación de afiliados y cargos del partido llegados desde distintos puntos del país para colaborar en la jornada electoral.

Fernández Calle ha acudido a votar acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización de la formación, María Ruiz; el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster; por su esposa, su hijo y otros compañeros de la formación, al colegio electoral CEIP Castra Caecilia, ubicado en la barriada de la Mejostilla de la capital cacereña.

Allí ha agradecido el respaldo recibido por parte del partido durante la campaña y el apoyo del presidente nacional, Santiago Abascal, durante unos días en los que han recorrido Extremadura "de cabo a rabo", celebrando actos tanto en pequeñas localidades como en ciudades, donde el apoyo ha sido "masivo".

El candidato de Vox pasará la jornada de este domingo visitando a compañeros del partido que ejercen como apoderados y, en este sentido, ha expresado que está "emocionadísimo" porque muchos de ellos proceden de diferentes puntos de España, quienes "se han volcado con estas elecciones, con Extremadura".

"Ha venido gente de todos los lugares, de todos los rincones de España, de Madrid, de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla, de Galicia", ha manifestado Fernández Calle para recalcar: "Lo vamos a cambiar todo y vamos a empezar por Extremadura".

España entra de lleno en un nuevo ciclo electoral. Este jueves por la noche arranca la campaña de las elecciones anticipadas en Extremadura. Pistoletazo de salida para una batalla en las urnas que mira especialmente a las próximas elecciones generales, que están previstas para julio de 2027. A partir de este momento puede pasar de todo en el terreno político.

Las elecciones extremeñas del 21 de diciembre tendrán eco más allá de las provincias de Cáceres y Badajoz. De hecho, los líderes nacionales se van a implicar de lleno en esta contienda que es un primer partido al que seguirán posteriormente Castilla y León (marzo) y Andalucía (junio) con el fondo de un panorama general marcado por la inestabilidad en el Congreso, los casos de corrupción y la posibilidad de una moción de censura que no termina de cuajar en el PP.

Las encuestas ya vaticinan un escenario en el que el PP será primera fuerza, pero sin acercarse a la mayoría absoluta soñada por Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola, por lo que pasarán a depender otra vez de Vox, una fuerza al alza en los estudios demoscópicos. El PSOE, en cambio, se prepara para dejar de ser la opción más votada en la comunidad y llevarse un primer golpe en las urnas, en tanto que las izquierdas tienen cierto repunte con una coalición formada por IU y Podemos, con Sumar apoyando desde fuera. 

Este es el reparto de escaños que vaticina en estos momentos el CIS: Partido Popular (25-29), PSOE (19-22), Vox (10-12) y Unidas por Extremadura (6-7). Actualmente en el reparto en la Asamblea los populares y los socialistas están empatados a 28 asientos, mientras que la ultraderecha cuenta con cinco y las izquierdas están en cuatro parlamentarios.

La presidenta de la comunidad, María Guardiola, adelantó los comicios en busca de una mayoría absoluta que, a tenor de las encuestas, está lejos de conseguir. Apoyada por Génova 13, justificó la decisión de anticipar las elecciones para no tener que prorrogar los presupuestos tras la negativa de Vox a aprobar los nuevos. Una decisión que, en cambio, no han tomado otras autonomías populares en la misma situación como Balears y Cantabria.

El adelanto electoral, en realidad, forma parte de una calculada estrategia del PP para inaugurar un ciclo electoral de victorias autonómicas con el objetivo de desgastar al PSOE y al Gobierno de Sánchez. Pero los conservadores corren ahora mismo, fundamentalmente, un riesgo: el aumento de votos de Vox podría llevar a una mayor dependencia de los de Santiago Abascal.

En Extremadura, el baremo fijado por la dirección nacional del PP es "sumar más que la izquierda junta" y aprovechar la debilidad del PSOE, cuyo candidato, Miguel Ángel Gallardo, está investigado judicialmente por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en su etapa al frente de la Diputación de Badajoz. 

Por eso, la estrategia de Guardiola pasa por arañar votos al PSOE y medir sus palabras contra la extrema derecha para no repetir los errores de hace dos años, cuando aseguró que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quiénes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI" solo unos días antes de pactar con ellos. Un acuerdo al que llegó especialmente presionada por el PP madrileño.

Una estrategia que, sin embargo, no está replicando la dirección nacional del PP y tampoco algunos de sus homólogos como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que acusó a la extrema derecha de “trabajar para Sánchez” por la protesta convocada a las puertas de Ferraz. “De qué pino se ha caído la señora Ayuso”, le contestó el líder de Vox en declaraciones a los medios desde Guadalupe (Cáceres). 

Feijóo ha decidido finalmente multiplicar su agenda en Extremadura y se ha llenado de actos los dos primeros días de campaña, con paradas en Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Mérida. El líder popular tendrá agenda paralela a Guardiola “para peinar más territorio”, según explican en Génova 13.

Abascal, que está en su mejor momento en las encuestas, ha multiplicado su presencia en Extremadura en las últimas semanas con el mensaje de que “Gallardo y Guardiola tienen que callarse” porque “no tienen ninguna legitimidad”. El objetivo del líder de Vox es equiparar indistintamente a ambos candidatos y presentarse como la única alternativa a las políticas del bipartidismo, además de evidenciar la negativa de Guardiola a pactar con su formación las cuentas públicas, a diferencia de la sintonía que hay con su partido en territorios como la Comunitat Valenciana.

Así, Abascal afirmó este miércoles que ambas formaciones “están detrás de los principales problemas de Extremadura desde hace décadas". "Aquí ya han gobernado durante mucho tiempo los dos partidos que llevan manejando el cotarro los últimos 40 años”. Ese es el mensaje que no deja de explotar el líder de Vox, que también extrapola a nivel nacional. Es más, las críticas a Feijóo están también muy presentes en sus discursos de campaña.

A los ultras no les preocupa el desconocimiento de su candidato extremeño, Óscar Fernández. Según fuentes cercanas a su líder, la potencia de la marca de Vox es, desde hace tiempo, muy estable y está por encima de quién sea su candidato o candidata en las convocatorias autonómicas. La ultraderecha quiere demostrar en estas elecciones la fuerza que le dan las encuestas y su potencia para condicionar al PP en la formación de los gobiernos lejos de la “fórmula Moreno Bonilla” que soñaban Guardiola y Feijóo.

El PSOE extremeño encara estas elecciones en sus horas más bajas. Gallardo, elegido dos veces en sendos congresos en el último año y medio, es un candidato especialmente marcado por su imputación por la contratación del hermano del presidente en su etapa al frente de la Diputación de Badajoz en 2017. La Justicia está dirimiendo si cometió delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Él siempre ha defendido su inocencia y ha recordado que esa contratación se hizo cuando Pedro Sánchez no era secretario general del partido. La Audiencia de Badajoz ha fechado el juicio entre el 28 de mayo y el 4 de junio.

A pesar de estas perspectivas, Sánchez también se va a implicar de lleno en la campaña, así como miembros destacados del Gobierno y de Ferraz, según indican fuentes socialistas. El presidente va a estar junto al candidato en el arranque y en el cierre, además tiene prevista una tercera visita a Extremadura durante estas dos semanas.

Los socialistas, como explican fuentes del partido, quieren ondear durante esta campaña la bandera de la transformación de Extremadura a través de los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido. Por eso, Gallardo se va a presentar como el continuador de este legado en defensa de los servicios públicos en un momento en el que La Moncloa y Ferraz quieren dar la batalla ideológica en materias como sanidad, educación y dependencia frente al modelo privatizador de los populares.

En el PSOE señalan oficialmente que salen a ganar y remarcan que cada vez hay más nerviosismo en el PP, que se evidencia, por ejemplo, en la decisión de Guardiola de no participar en el debate que está organizando TVE para el próximo día 18. Para los socialistas, los populares se han metido “en un juego peligroso” porque van a terminar “empeorando” su situación al depender más de Vox a partir de diciembre.

Los socialistas asumen que no será un buen resultado, pero como, señalan fuentes socialistas, hay que verlo como un “tropiezo”. Pero, sobre todo, se fijan en las consecuencias a partir del día después y el impacto que puede tener para el electorado progresista ver un nuevo pacto entre el PP y Vox: “Sería repetir el laboratorio de la Comunitat Valenciana. Si se produce ese acuerdo, España va a reaccionar y el PSOE va a subir”.

A la izquierda del PSOE se presenta Unidas por Extremadura, que ha conseguido la cohesión del espacio en un momento de gran fragmentación a nivel nacional. La papeleta está integrada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, mientras que Movimiento Sumar apoya externamente pero ha logrado incluir a una persona afín como independiente dentro de la lista.

Hay buenas vibraciones en el espacio respecto a un aumento de votos y de representación en la Asamblea. De hecho, hay un interés compartido por todos los partidos de hablar lo menos posible sobre diferencias internas para remar a favor de la candidatura de Irene de Miguel, una ‘número uno’ con gran autonomía política y que levanta un profundo respeto entre todos los actores implicados en la papeleta. Ione Belarra, Antonio Maíllo y los ministros de Sumar se han puesto a total disposición de ella para acompañarla en los actos de partido.

Pero ese armazón extremeño se presenta como un espejismo en otros territorios. Podemos sigue pidiendo a IU que elija entre ellos o Sumar y ya se ha mostrado contrario a una fórmula similar con los de Yolanda Díaz de cara a las elecciones de Castilla y León y de Andalucía. Mientras tanto, Izquierda Unida y el espacio de la vicepresidenta segunda trabajan de manera discreta para armar puentes entre ellos durante estas semanas de cara al próximo ciclo electoral.

El PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre, según el estudio preelectoral del CIS publicado este viernes, por lo que no lograría la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados, y necesitaría el apoyo o la abstención de otra formación para gobernar, según recoge EFE.

Según la encuesta, el PSOE, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza, sufriría un importante retroceso y lograría entre 19 y 22 escaños frente a los 28 que tiene ahora.

Por contra Vox, obtendría entre 10 y 12 escaños, con lo que duplicaría los cinco actuales, y Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida-, que ahora tiene cuatro, subiría hasta los seis o siete representantes.

El PP, que logró 28 parlamentarios en las elecciones de 2023, dentro de la horquilla que ahora estima el CIS, pactó con Vox para que María Guardiola fuera elegida presidenta de la Junta de Extremadura, si bien un año después la formación de Abascal rompió el acuerdo de Gobierno.

Atendiendo a la estimación de voto, el PP conseguiría el 38,5 por ciento, el PSOE se situaría en el 31,6 %, Vox alcanzaría el 17,3 % y Unidas por Extremadura rozaría el 10%.

Por provincias, y teniendo en cuenta los intervalos de estimación, el PP lograría 15 escaños en Badajoz, los mismos que obtuvo en las elecciones de 2023; al PSOE le corresponderían un total de 11, cinco menos que hace dos años; Vox pasaría de tres a seis y Unidas por Extremadura duplicaría su representación al pasar de dos a cuatro.

En Cáceres, el PP lograría 12 escaños, uno menos que en 2023; el PSOE obtendría nueve (tres menos que hace dos años), Vox sumaría seis (logró dos en los últimos comicios) y Unidas por Extremadura mantendría los dos actuales.

El estudio del CIS, con una muestra de 2.037 entrevistas realizada entre el 21 y el 25 de noviembre, y un error de muestreo del 2,2%, también refleja que un 14,3% de los encuestados afirma no tener decidido su voto y un 2,6% apunta que no acudirá a la cita electoral.

Según los resultados del estudio preelectoral, María Guardiola (PP) es la líder política más valorada, con una nota media de 5,63 sobre diez; seguida de Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), con 4,10; Raúl González (Juntos Por Extremadura-Levanta Extremadura) logra 3,87, Miguel Ángel Gallardo (PSOE) obtiene 3,68 y Óscar Fernández Calle (Vox) logra un 3,60.

Un 24,2% de los encuestados afirma que las ideas y las propuestas de los partidos son la principal razón o motivo que les anima o influye a la hora de votar en las próximas elecciones, un 16,9% considera que es el programa electoral que presentan, un 15 % define su voto con la idea de intentar evitar que puedan ganar partidos de derechas y un 7,5% los de izquierdas.

Extremadura se prepara para un adelanto electoral después de que Vox y PSOE hayan presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 diseñado por el Gobierno de María Guardiola.

La decisión de adelantar las elecciones en Extremadura es la opción por la que inclina su presidenta, han asegurado a EFE fuentes cercanas al Ejecutivo regional.

Con dicho adelanto electoral, Guardiola cumplirá con la hoja de ruta que avanzó el pasado 29 de septiembre para evitar, tal como expuso, que el crecimiento de Extremadura sea frenado.

Guardiola ya avisó a los grupos parlamentarios (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) que, de no sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio, convocaría elecciones anticipadas.

Por tanto, daría así un paso a una nueva legislatura de cuatro años, tal como determina el Estatuto de Autonomía.

Tanto Vox como PSOE han presentado este jueves enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario -Unidas la registró este miércoles- lo que supone, según las citadas fuentes, bloquear las cuentas de 2026, cifradas en 8.657 millones de euros, la cuantía más alta en la historia de esta comunidad autónoma.

Desde Bruselas, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado este jueves la decisión de convocar elecciones anticipadas en manos de los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Extremadura, María Guardiola, por respeto a las competencias autonómicas.

En una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo ha afirmado que los presidentes autonómicos son "la única autoridad política" que puede tomar esa decisión y que cualquiera que especule sobre qué hacer en Aragón o Extremadura -"aunque sea el presidente de su partido", ha agregado- "es una falta de respeto" a los extremeños y a los aragoneses.

"La autonomía política, consagrada en el estatuto de autonomía que bebe de la Constitución española, yo la voy a preservar porque creo en ella profundamente", ha insistido.

El líder del PP ha detallado que está "en contacto" con ambos gobiernos y hablando sobre las complejas negociaciones sobre presupuestos que se están llevando a cabo en ambas regiones, pero que al final "son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno".

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento se produjo en "fraude de ley" y devuelve la causa contra éste y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor, según informa EFE.

A través de un auto, la Sala avala "el fraude de ley" que ya consideró la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, pues el proceso que derivó en la adquisición de la condición de diputado autonómico de Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento, se acometió para "eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial".

Sostiene el TSJ de Extremadura que dicho proceso se llevó a cabo de forma "apresurada" a través de "un claro acuerdo de voluntades", pues, además de la renuncia al acta de una diputada autonómica, hubo otras cuatro renuncias por parte de las personas que precedían a Gallardo en la lista electoral del PSOE por Badajoz a la Asamblea de Extremadura.

Relata que el mismo 19 de mayo de 2025 un notario se desplazó a la sede del PSOE regional donde estaban los cuatro candidatos de la lista, pese a que tres de ellos residen en diferentes localidades alejadas de Mérida. Allí, renunciaron a ser proclamados electos en "prácticamente una unidad de acto" y sin que aún hubiera renunciado la diputada autonómica que daba pie a un relevo de acta.

La Sala también aclara que en esta causa concreta “poco hubiera importado cuándo se hubiera dictado finalmente el auto de apertura de juicio oral" a efectos de nuestra competencia”, en referencia a que dicho auto se emitió un día después del aforamiento de Gallardo.

Recuerda que Gallardo, tras ganar la secretaría regional del PSOE, había manifestado que no adquiriría la condición de diputado para liderar la oposición en la Asamblea de Extremadura hasta que no terminara el procedimiento penal. "Es evidente que pudo hacerlo un año antes si su objetivo, como manifiesta en la actualidad, no era el aforamiento sino realizar la función de oposición en la Asamblea propia de su cargo orgánico en el partido", agrega.

Al día siguiente, el 20 de mayo, es cuando se produce la renuncia de la diputada María de la Cruz Rodríguez Vegazo y, un día después, es cuando la Junta Electoral de Extremadura expide la credencial de diputado autonómico a Gallardo.

Por todo ello, el TSJ de Extremadura entiende que el procedimiento para la sustitución de la diputada no se realizó conforme a la previsión reglada, donde primero tiene que producirse una vacante -la renuncia- y luego, con llamamientos sucesivos, los candidatos de la lista para que la Asamblea extremeña verifiquen que la renuncia es personal y que se mantiene en el momento de producirse el derecho al que se está renunciando

Explica la Sala que no se trata de "una sobrevenida" adquisición de la condición de diputado, y, por ende, de la de aforado, y sí "una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz y la de la Audiencia de Badajoz".

En un prisma más amplio, la Sala considera que "el automatismo en la efectividad procesal de los aforamientos tiene un evidente y peligroso riesgo", como es un eventual aprovechamiento por quienes puedan estar bajo proceso penal promoviendo su propio nombramiento para adquirirlo con el fin de eludir o procurar la intervención de determinados jueces o tribunales.

El aforamiento "solo es constitucionalmente admisible cuando responde a una efectiva necesidad de asegurar la independencia y la libertad en el ejercicio de poderes y funciones de relevancia constitucional. No es una opción procesal ni responde a la preferencia de nadie a ser juzgado por uno u otro tribunal", asevera la Sala.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acuerda devolver el conocimiento de los hechos, relacionados con el procedimiento abierto por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para que continúe con su tramitación hasta su conclusión.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La jueza instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que "el aforamiento repentino" del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral supone un "fraude de ley", según informa EFE.

La magistrada pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, órgano competente para investigar y juzgar a los aforados, que tenga en cuenta que el movimiento del expresidente de la Diputación de Badajoz "no solo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sino que causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que se será inevitablemente objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores".

Del análisis de la documentación remitida al Juzgado por la Junta Electoral, la magistrada considera que el proceso de aforamiento de Gallardo fue una "maniobra" en el marco de "un plan previamente concebido y organizado". Así, detalla que el 19 de mayo fue requerida la presencia de un notario en la sede del PSOE extremeño, en Mérida, "con la única finalidad" de que los cuatro candidatos que figuraban en la lista electoral por delante de Gallardo "renunciaran expresamente a ser proclamados diputados electos" de la Asamblea regional.

Estas cuatro personas fueron "convocadas expresamente con tal finalidad y con la antelación necesaria". Al día siguiente, y con la misma "celeridad", la diputada socialista María de la Cruz Rodríguez presentó su renuncia ante la Letrada Mayor de la Cámara legislativa. Veinticuatro horas más tarde -continúa la jueza Beatriz Biedma en su relato- la Junta Electoral de Extremadura expidió la credencial expresiva de diputado autonómico a Gallardo.

En este marco, Biedma remarca que Gallardo decidió adquirir la condición de diputado tras el auto de procedimiento abreviado en la causa de la contratación de David Sánchez y "no por una causa de dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista de candidatos, sino de varias", las cuales se produjeron posteriormente. Esta "maniobra" sería contraria, según expone la jueza, a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sostiene que “los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.

Sostiene este razonamiento jurídico al recordar que el Tribunal Supremo hace referencia en dos textos jurídicos a la adquisición de la condición de aforado. La interpretación de Biedma es que, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, "la adquisición de la condición de aforado no alteraría la competencia ya fijada". En su nuevo auto, la jueza vuelve a exponer de forma pormenorizada las diligencias de investigación, así como "los indicios suficientes de la comisión de hechos punibles" por parte de los investigados.

Del análisis realizado de los mismos se desprende, según Biedma, que en fechas anteriores al 11 de octubre de 2016, Gallardo, junto a la entonces diputada provincial de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área Elisa Moriano "decidieron la creación" del puesto de trabajo de 'coordinador de las Actividades de los conservatorios' para que "fuera ocupado por David Sánchez a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo".

Para la jueza resulta "inverosímil" que Gallardo, como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección, y "conociéndose de forma generalizada" que la creación del citado puesto de trabajo estaba destinado a David Sánchez, "no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos".

Del mismo modo considera que éste tuvo conocimiento previo de que el citado empleo se había creado para él, que se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista "para simular la legalidad formal del procedimiento".

Preguntado por los periodistas que seguían su participación en un encuentro empresarial, Gallardo ha calificado "curioso" que la jueza haya "comprado" el argumentario de PP y Vox" y ha afirmado que observa "una falta de garantías" en este proceso. A su juicio, la magistrada Beatriz Biedma "se extralimita mucho" en este auto.

"Inmiscuirse en las decisiones de un partido político es grave, y juzgar y prejuzgar sin ningún elemento jurídico de base es una extralimitación”, ha incidido Gallardo en referencia a lo expuesto por la jueza en su auto.

Para Gallardo, elevar la causa al TSJEx "forma parte de la legalidad en este país y poco se puede valorar respecto a esa decisión", pero “sí la interpretación que realiza la magistrada a lo largo de todo su escrito”. "Realiza afirmaciones que se extralimitan de su competencia, lo cual es preocupante”, ha incidido.

“La ley nunca puede ser fraude de ley, el fraude de ley se encuentra en la interpretación de la magistrada”, ha manifestado Gallardo, quien ha lamentado tener que sufrir “la pena del telediario”, la cual asume al ser “un profundo demócrata”.

Convencido de que se demostrará que es "un caso tremendamente falso e injusto”, Gallardo ha dicho que en los medios se habla de su "aforamiento express", pero no del "auto express" de la jueza, que abrió juicio oral un día después de que él recogiera su acta de diputado autonómico.

"Una persona debe tener en un estado de derecho la garantía de que la inocencia prevalezca intacta mientras no se demuestre lo contrario”, ha reiterado el líder del PSOE extremeño, que no descarta emprender acciones legales contra la jueza. Gallardo ha dicho sentirse “sorprendido, enfadado y pisoteado” en sus derechos “tanto como parlamentario como persona”.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha anunciado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz el próximo viernes, después de la celebración del pleno correspondiente del mes de junio, así como su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), según recoge EFE.

En una rueda de prensa en Mérida, también ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para eliminar la figura del aforamiento como muestra de que su entrada en la Asamblea y a la condición de aforado no es una estrategia tras por su procesamiento en el caso David Sánchez.

Gallardo ha explicado que "puesto que el PP está muy interesado" por su aforamiento, le ha trasladado a la presidenta de la Junta y del PP, María Guardiola, abrir un debate en la Cámara para modificar el Estatuto de Autonomía y suprimir esta cuestión, ya que solo es posible con el acuerdo de PP y PSOE.

La eliminación de esta condición afectaría a todos los diputados de la Asamblea y a los miembros del Consejo de Gobierno, según Gallardo, que también ha dicho que el PSOE propondrá que en esa modificación se incluya el blindaje de servicios públicos, aunque "si el PP quiere que sea solo aforamiento, será aforamiento".

Gallardo ha defendido que frente a los que critican sus "prisas" para ser aforado, cree que lo que ha tenido es "paciencia", aunque reconoce que, quizás ha sido "ingenuo" por decir que esperaría a que terminase la instrucción del caso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz.

El dirigente socialista también ha rechazado las declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, de que podría renunciar al aforamiento, pues, según ha dicho, no es una cuestión personal sino que va unida a la condición de diputado, de ahí que se proponga la modificación del Estatuto de Autonomía "para no engañar" a los extremeños.

Tras reiterar que aforamiento "no supone ni inmunidad ni impunidad", ha afirmado que los que dicen que le beneficia que el caso sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y no por la Audiencia Provincial de Badajoz, no dicen que también le perjudica porque "pierdo una instancia". "Me da lo mismo quien lo juzgue porque soy inocente y no he hecho nada", ha remarcado Gallardo, que considera que relacionar su aforamiento con protección es "engañar a la gente".

Miguel Angel Gallardo también ha confirmado que el próximo jueves ya será el encargado de hacer la preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea, ya que el grupo parlamentario socialista ya ha presentado la nueva composición del mismo, en el que él pasa a ser el presidente. 

La decisión del Gobierno de Madrid de quitar poder a los grupos de oposición rebajando las mayorías necesarias para controlar instituciones como la Cámara de Cuentas o la cadena pública Telemadrid ha copado titulares pero no es un caso pionero en lo que a limitación se refiere. En julio, bajo control del PP y Vox y como primera medida de la legislatura, la Junta de Extremadura borró del mapa un artículo legal que en los cuatro años previos había dado a la oposición amplio margen para pronunciarse en sede parlamentaria sobre quienes estaban a punto de ser nombrados altos cargos y a los que una ley autonómica permitía preguntar en la Asamblea regional no solo sobre su formación y currículum sino, también, sobre sus intereses económicos y cualquier vínculo empresarial susceptible de generar un conflicto de intereses.

Aprobada por vía de urgencia sin posibilidad de plantear enmiendas, la reforma de la ley sobre altos cargos de Extremadura ya ha abierto interrogantes respecto a compatibilidades y conflictos de interés de quienes ocupan los segundos niveles del poder ejecutivo regional. El Gobierno de coalición PP-Vox lo niega mientras que la oposición socialista ha puesto ya el asunto en manos de la Intervención General del Estado.

El PSOE cree que el paradigma de la pérdida de transparencia derivada de la amputación de la ley reguladora del estatuto de los cargos públicos de Extremadura es el caso de un director general de la Consejería de Cultura. Hasta cinco días antes de su nombramiento, efectuado el 23 de agosto, estuvo al frente como socio único y administrador de una empresa del ámbito cultural subvencionada por la Junta de Extremadura. La subvención –38.500 euros– se otorgó 13 días antes de que cesara como dueño y gestor para tomar posesión de su cargo público. Pero dado que ni hubo comparecencia y examen previo ni consta en su declaración de bienes su pertenencia anterior a tal compañía –así lo ha verificado infoLibre–, nadie conocería tal vínculo de no ser porque la oposición socialista lo descubrió y lo sacó a la luz.

Pero la historia del articulo 13 bis y su importancia política no se remonta al pasado verano. Todo empezó el 19 de junio de 2020. Recién prorrogado el estado de alarma por la pandemia, el PP dirigió al Gobierno de Extremadura un recurso donde pedía la anulación de varios nombramientos de altos cargos porque se había incumplido el artículo legal que obligaba a los elegidos a comparecer ante la Asamblea regional antes de su designación oficial. Y amenazó con acudir a los tribunales. El incumplimiento no era el de un “trámite meramente formal” sino el de una regla fechada en 2019 e introducida en la normativa autonómica bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara como “medida encaminada a lograr una mayor transparencia en relación con los altos cargos de la Junta de Extremadura”. Los entrecomillados proceden del citado recurso del PP, consultado por este medio y que llegaba más lejos no solo por la amenaza de emprender acciones judiciales sino porque argumentaba que al infringirse aquel artículo, el 13 bis de la ley extremeña, se conculcaba también una norma esencial: la Ley estatal de Procedimiento Administrativo (LPACAP), que consagra –se lee en el recurso– el “derecho fundamental a la participación política”.

La pelea terminó así: la Junta de Extremadura adujo que el covid había impedido la actividad parlamentaria –la Asamblea se cerró– y por tanto las comparecencias previas pero que las consejerías involucradas –Hacienda e Igualdad– no podían dejar cuatro direcciones generales sin cubrir. Luego, mandó en julio a los cuatro nuevos altos cargos a la Asamblea para que se sometieran a cuantas preguntas estimasen oportunas los grupos parlamentarios.  Superada esa fase, dictó un decreto por el que estimó el recurso del PP –o sea, le dio la razón–, ratificó el nombramiento de los cuatro directores generales y mantuvo intacto el artículo 13 bis. Ahí acabó todo.

Tres años más tarde, el nuevo Gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola (PP) tras un pacto de coalición con Vox con el que descabalgó del poder al PSOE y que inicialmente había prometido no suscribir, evitó que los 54 altos cargos a punto de salir del horno político desfilaran por la Asamblea de Extremadura antes de formalizar su nombramiento. Esta vez fue el PP el que adujo una situación de emergencia derivada de lo tarde que se había configurado la Junta por la larga negociación con el partido de Abascal y la necesidad de actuar con premura por el bien de Extremadura. Pero el PP no optó por saltarse la norma y luego rectificar. Optó directamente por romperla. Los votos del bloque de derechas (33), que suman mayoría absoluta, bastaron para eliminar de un plumazo aquel artículo 13 bis destinado a “lograr una mayor transparencia”.

Aplicando el procedimiento de urgencia, el precepto fue suprimido sin que la oposición (28 escaños el PSOE; cuatro de Unidas por Extremadura) tuviese la posibilidad de introducir enmiendas. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Los Verdes) protestaron en un intento fallido por frenar la que se convirtió en la primera medida adoptada por el Ejecutivo extremeño del PP y la ultraderecha. Fuentes del Gobierno de Guardiola expusieron que “la Junta de Extremadura no ha modificado ninguna ley, lo ha hecho la Asamblea de Extremadura a través de una propuesta de Partido Popular”.

No hubo respuesta a la pregunta de por qué la Junta desechó la oportunidad que le brindaba la oposición para o bien permitir excepcionalmente los nombramientos sin comparecencia previa o bien habilitar el mes de agosto. Desde el canal de comunicación oficial, se aconsejó a este periódico que solicite vía transparencia el acceso a las declaraciones depositadas en el Registro de Intereses. Para los diputados, el sistema es más fácil: piden información en la Asamblea de Extremadura y se les facilita. O no. Porque eso último es lo que, según el PSOE y así se infiere de las confusas respuestas escritas recibidas y consultadas por este diario, ha ocurrido con sus peticiones respecto a determinados altos cargos.

En la sesión extraordinaria del 27 de julio donde PP y Vox derogaron las comparecencias previas [accede al vídeo pinchando aquí],  la oposición ya puso el dedo en la llaga. El socialista José María Vergeles ofreció el compromiso de no recurrir los nombramientos si el Ejecutivo se comprometía a que, una vez en el cargo, compareciesen ante la Asamblea de Extremadura para pasar el filtro parlamentario del artículo 13 bis. Silencio. En el tramo final de su intervención, Vergeles lanzó el dardo: “Derogan  la transparencia, cierran las ventanas esas que querían abrir. Solo este artículo [el 13 bis] se encarga de controlar a los cargos públicos. ¿Qué tienen ustedes que ocultar?”

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, abundó en ese mismo mensaje: “Comienzan la legislatura derogando controles democráticos. No quieren que comparezcan [los altos cargos] porque no se fían de ellos y eso apunta a sus socios ultras. Están protegiendo, y ya veremos por qué, a su altos cargos”.

Es en ese escenario cuando, a comienzos de diciembre y con sospechas respecto a hipotéticos conflictos de intereses en que incurrirían 42 altos cargos, el PSOE envió a la Intervención General del Estado (IGAE) la nómina de dudas no aclaradas por el Gobierno extremeño. De la IGAE depende la Unidad de Asesoramiento en materia de Conflicto de Interés y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, centrado en vigilar el uso de los fondos europeos. 

Ciudadanos mantiene en el escaño a su única representante en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, a pesar de que está imputada en el caso Santa Bárbara, en el que se investiga por qué no se derribaron decenas de viviendas ilegales sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición en la época en la que ella fue concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres). Domínguez ocupó ese puesto entre junio de 2007 y diciembre de 2010, cuando militaba en Unión del Pueblo Extremeño (UPEx), una formación de corte regionalista que ella misma fundó en marzo de 2007 tras abandonar el Partido Popular. 

Por su condición de aforada, la investigación se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que el pasado jueves desestimó el recurso presentado por Domínguez contra el auto que ponía fin a la fase de instrucción. En esa misma causa también están siendo investigados la exalcaldesa Elia María Blanco (PSOE) y otros dos exconcejales de Urbanismo: Mónica García (Coalición Extremeña) y Francisco Barbancho (PSOE). La Sala de lo Civil y Penal de este tribunal considera que aunque la situación de las viviendas ilegales era sobradamente conocida por ellos, existió "una total pasividad" que hizo posible su "consolidación". 

La jueza de Plasencia que inició la investigación consideró que esta actuación podía ser constitutiva de ilícito penal y les atribuyó de forma indiciaria los delitos de prevaricación (artículos 320 y 404 del Código Penal) y de omisión de impedir determinados delitos (artículos 407 y 450). El TSJEx, tras analizar múltiples expedientes urbanísticos, mantuvo las imputaciones y señaló que los investigados "nunca sancionaron a nadie ni ordenaron la demolición de ninguna de las múltiples edificaciones ilegales" a pesar de que "ninguna de ellas se ajustaba a la legalidad", según adelantó el diario Hoy. 

Pese a estos indicios y a su situación de imputada, Ciudadanos no cree que Domínguez deba abandonar su escaño en la Asamblea de Extremadura. Fuentes de la Ejecutiva de la formación consultadas por infoLibre explican que se le abrió un expediente informativo en el que se concluyó que se trataba únicamente de un "error administrativo" que fue cometido cuando ni siquiera militaba en el partido naranja. Las citadas fuentes no se pronuncian sobre qué ocurrirá si el TSJEx decreta finalmente la apertura de juicio oral y su representante tiene que sentarse en el banquillo. 

El acuerdo que el PP y Ciudadanos suscribieron antes de la investidura de Mariano Rajoy incluye, en su artículo 93, que ambos partido se comprometen "a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". 

Además, el propio código ético de la formación naranja establece que los representantes institucionales y cargos orgánicos deben poner su acta a disposición del Comité Ejecutivo si son investigados, aún sin acusación, por los delitos de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, que es el relativo a los delitos contra la Administración pública. 

Precisamente dos de los delitos que se atribuyen a los investigados están incluidos en el citado título. En concreto, el 404, que castiga con la inhabilitación temporal para empleo o cargo público a la autoridad que, a sabiendas de la injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo; y el 407, que también impone penas de inhabilitación para las autoridades que abandonen su destino para no impedir o no perseguir delitos. Las citadas fuentes declinaron explicar si el partido incurre en este caso en una contradicción. 

El caso de Barreiro 

Además, la posición respecto a su parlamentaria autonómica contrasta con la que el partido está teniendo en relación al caso de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por cinco presuntos delitos en el caso Púnica, y cuya dimisión Ciudadanos reclama como condición imprescindible para otorgar su apoyo a los Presupuestos de 2018 y para llegar a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy. Sin embargo, en la formación de Albert Rivera insisten en que el caso de Domínguez "no tiene nada que ver".

"Ciudadanos exige la dimisión de todos los imputados por corrupción política y forzó al PP a firmar eso mismo en el acuerdo de investidura. Los afectados por cuestiones administrativas, como es este caso, obviamente no entran en esa categoría. El de Domínguez es un asunto administrativo por no haber derribado unas casas y dejado a familias en la calle, es ofensivo compararlo con el escándalo de la trama Púnica", señalan fuentes del partido. 

En la formación sacan a colación el caso del diputado del PP en el Congreso Óscar Clavell, al que una jueza de Castellón atribuyó los supuestos delitos de prevaricación y malversación al validar unas facturas cuando era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón), y cuya dimisión no fue exigida por Ciudadanos (la causa fue finalmente archivada). Y lo contraponen al del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y que dimitió tras exigirlo la formación naranja para posibilitar la investidura de un candidato del PP. "El PP quiere enfangar a quienes no tenemos corrupción poniendo al mismo nivel el escándalo de la Púnica con un asunto administrativo", reiteran esas fuentes. 

Los magistrados, sin embargo, mantienen que la "no actuación" de los investigados en el caso Santa Bárbara –incluida, por tanto, la parlamentaria de Ciudadanos– "supuso apartarse de los parámetros de la legalidad convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico". Y también sostienen que los encausados "incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras". 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) emitió dos nuevas sentencias en contra de la reducción de horas de clase de religión que recogía el Decreto 98/2016 de 5 de julio de la Junta de Extremadura, que obedecen al recurso presentado por las tres diócesis extremeñas, a las que se unió la de Toledo, y al que presentaron los profesores que imparten la asignatura, respectivamente.

Segçun Europa Press, estas dos sentencias se suman a la ya emitida por el mismo tribunal a favor también de la asociación de padres y madres Apadex en el mismo sentido, en contra del decreto del Ejecutivo de Guillermo Fernández Varapor el que se reducía en un 50% la carga horaria de la asignatura de religión en 1º de ESO y en 1º de Bachillerato.

Además, obligaba al alumno que optase por la asignatura de religión, y no así al resto, a tener que escoger Ética y ciudadanía y viceversa para completar las 6 horas de asignaturas específicas e "ignoraba" la normativa nacional (LOMCE) que establece la obligatoriedad de ofertar la asignatura de religión en 2º de Bachillerato, obviándolo en todo momento, según fuentes del Arzobispado de Mérida-Badajoz.

Los recursos presentados sostenían que tal decreto era contrario a las leyes del Estado, a los acuerdos entre Santa Sede y Estado Español, y al deseo de la "inmensa mayoría de los padres extremeños que escogen, en uso de su libertad de elección constitucionalmente reconocida, la asignatura de religión para sus hijos".

El TSJEx anuló el decreto en los puntos mencionados, entendiendo que esa reducción de las clases de religión que pretendía la Junta de Extremadura era "desproporcionada", pero que su ilegalidad viene además por ser "una medida discriminatoria y contraria" a la ley del Estado.

En este sentido, el abogado Francisco Lamoneda, que defendió a las diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia), a los padres y a los profesores, señala que "cuando se anula una norma, queda vigente la anterior", por lo que esta sentencia se tiene que aplicar ya "salvo que la Junta solicite la suspensión y el Supremo dicte un auto diciendo que mientras tanto se resuelva un posible recurso, quede en suspenso la sentencia del TSJEx".

"De lo contrario, es absolutamente aplicable desde que se solicite la ejecución por parte de los recurrentes, que va a ser inmediato", añadió Lamoneda, que ofreció este sábado una rueda de prensa en Badajoz junto al vicario general y secretario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Mateo Blanco Cotano, y al delegado episcopal para la Educación, Manuel García Sánchez, para valorar las sentencias.

De este modo, las diócesis se congratulan de que "con esta sentencia del TSJEx, han quedado reforzados los derechos constitucionales de los padres a la libre elección, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones y en general, el respeto a la ley".

También quisieron dejar constancia de "su voluntad de diálogo y entendimiento, como han venido haciendo igualmente con anterioridad a dictarse el decreto anulado".

En este sentido, Blanco Cotano, manifestó un cierto pesar por haber tenido que llegar a estos extremos en materia de educación, ya que, en otros terrenos, como en la defensa del patrimonio, las relaciones con la Junta son "muy buenas".

Por su parte, García Sánchez, manifestó que, con el decreto de la Junta, "un profesor de religión pierde un tercio de su sueldo, partiendo de la base de que son sueldos muy mediocres porque cobran por horas lectivas y detrás hay muchas familias, hay hipotecas...".

Para él "no tiene sentido montar una polémica de este tipo" en una región en la que la media de solicitud de religión es del 80%, y en el caso de Primaria, supera el 90%. También señaló que los profesores propusieron soluciones a la Consejería de Educación, que no hacía "daño" a ninguna asignatura, y que no fueron escuchadas. "Lo intentamos una y otra, y otra vez, y no hubo manera, por eso planteamos el recurso los profesores de religión", remarcó.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, abandera este martes en el Senado una propuesta de armonización fiscal a la que se suman otros barones socialistas. Con el sistema de financiación autonómica pendiente de renovación desde 2014, este tema se ha convertido en uno de los ejes de la Conferencia de Presidentes que se celebra en el Senado. La demanda pone en el punto de mira el sistema de recaudación de la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (Partido Popular).  "No tengo ninguna intención de subir los impuestos a los madrileños", salió a defender la presidenta madrileña.

Tres reducciones de impuestos desde 2007 han convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: aplica la tarifa autonómica del IRPF más baja, una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y es la única que no grava el patrimonio. A juicio de las comunidades socialistas, se trata de un caso de competencia desleal. Las regiones limítrofes con Madrid son las que más hincapié hacen en este punto.

Según apuntó este martes en el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, la presidenta andaluza reclamó en su intervención en la Conferencia de Presidentes que se establezca "un tope máximo y un tope mínimo" en estos impuestos cedidos a las regiones para que "no se establezcan competencias desleales". El Ejecutivo andaluz opina además que en el nuevo modelo de financiación autonómica "tiene que estar incluido" el asunto de la armonización "para que los impuestos se apliquen con "igualdad" en todo el territorio.

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ya señaló este lunes que la presidenta andaluza exigiría acabar con el dumping fiscal entre comunidades, al considerar que no es "de recibo" que determinadas regiones puedan bajar impuestos y ejercer "una competencia desleal entre unos territorios y otros". El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, avanzó que deben definirse topes máximos y mínimos en los impuestos cedidos a los Gobiernos autonómicos.

También el Gobierno de Extremadura, en manos del socialista Guillermo Fernández Vara, opina que "la competencia entre Comunidades Autónomas no puede ser a base de rebajar impuestos" y "menos aún a base de hacerlo sin criterio". La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, apuntó que "tiene que haber armonización fiscal" porque prácticas como las de la Comunidad de Madrid son "claramente anticompetitivas" y "contrarias a la unidad de mercado". "Los territorios no podemos competir sobre la base de rebajar los impuestos", agregó en declaraciones en el Senado este martes.

El Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha comparte esta opinión. Fuentes del Gobierno de Emiliano García-Page aseguran que Madrid, a día de hoy, es un "paraíso fiscal" en España. Estas mismas fuentes señalan que la región castellanomanchega resulta especialmente afectada por estas prácticas del Gobierno de Cifuentes al ser limítrofe con Madrid.

Madrid defiende su modelo

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid señalan que están dispuestos a hablar de todo tipo de temas para intentar llegar a acuerdos, pero destacan que el sistema impositivo de la capital funciona. Tras escuchar las demandas de algunos barones socialistas y del Gobierno de Navarra, Cifuentes atendió a la prensa para avanzar que había pedido a sus homólogos de otras comunidades autónomas que desvinculasen este tema, el de la política fiscal, de la financiación autonómica.

"No tengo la intención de subir los impuestos a los madrileños", sentenció. Cifuentes confió en que "no se merme la capacidad de las Comunidades Autónomas de poder llevar a cabo las políticas fiscales que les leyes les atribuyen".

El debate no sólo gira en torno al eje PP-PSOE. Dentro de las filas conservadoras, el único barón que gobierna con mayoría absoluta, el gallego Alberto Núñez-Feijóo, sí es partidario de una horquilla "de máximos y mínimos" en impuestos. En una entrevista concedida a la cadena Ser, el dirigente conservador se mostró partidario de la autonomía fiscal de las comunidades pero no vio con malos ojos que se marquen unos límites.

En su discurso, Cifuentes insistió en lo perjudicial del actual sistema de financiación para Madrid. Y sacó pecho de que la comunidad que gobierna es la que más recauda. "Y la más solidaria con el conjunto nacional". "Solidaridad a la que aportamos el 78% de los recursos netos a través de su principal instrumento: el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales", añadió. No hizo alusiones directas a las propuestas de los socialistas, que ven complicado que de esta conferencia salga algún acuerdo en este sentido. Pero sí subrayó "la necesidad de un sistema sencillo y transparente, sin retorcimientos estadísticos".

Tras las comparecencias de los presidentes autonómicos, que se celebraron a puerta cerrada y arrancaron con unas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la jornada de la tarde entrará en materia sobre los acuerdos previamente cerrados entre Gobierno y comunidades y se intentarán sumar nuevos puntos al debate.

Todos los asistentes confían en que, una vez fijada la tarea para los próximos meses, que será periódicamente revisada, las dos comunidades ausentes, Cataluña y País Vasco, se sienten a las diferentes comisiones temáticas.

Baleares pide más autogobierno

Por su parte, la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, se aparto de la línea defendida por otros barones del PSOE al oponerse a las demandas de armonización fiscal para los impuestos cedidos a las comunidades. Armengol planteó la necesidad de profundizar en el autogobierno, también en materia fiscal, y reclamó la cesión para su Gobierno regional de tributos como el IVA y los impuestos especiales.

La presidenta de las islas explicó en declaraciones a los medios en el Senado que su intervención a puerta cerrada fue "reivindicativa" pero que también subrayó su "voluntad de diálogo" y puso en valor la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, al tiempo que subrayó que no puede volver a pasar un lustro hasta que se vuelva a reunir, informa Europa Press.

Armengol mostró su deseo de que el nuevo sistema de financiación eche a andar antes de que acabe este año y dejó claro que su intención es poder contar con más capacidad de autogobierno dentro del objetivo compartido con todos los socialistas de avanzar hacia un Estado federal. Así, rechazó una posible armonización y dijo: "Cada comunidad tiene que tener una financiación adecuada para poder financiar sus servicios públicos".

El socialista Guillermo Fernández Vara fue investido este miércoles presidente de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PSOE (30) y Podemos (6) y las abstenciones del PP y Ciudadanos, según informó Europa Press.

Tras tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y el candidato socialista, pasadas las 13.00 horas comenzó la votación, que se realizó de forma nominal y pública entre los 65 diputados que componen la Asamblea de Extremadura. La investidura de Guillermo Fernández Vara se produce tras los dos días de debate que se han celebrado en el Parlamento autonómico.

Cabe destacar que tras ser investido, Guillermo Fernández Vara tiene previsto tomar posesión como presidente de la Junta de Extremadura este sábado, 4 de julio, en un acto que se celebrará en la Asamblea regional, previsiblemente a las 10.30 horas.

El Parlamento de Extremadura aprobó este viernes, gracias a la mayoría simple lograda con los votos de los tres partidos de la oposición, PSOE, IU-Verdes y PREx-CREx, y con el rechazo del PP, una propuesta de pronunciamiento de la Cámara por la que insta al Gobierno de España a retirar el currículo de la asignatura de Religión. El PP no dispone de mayoría absoluta en la Cámara. 

La iniciativa fue presentada por IU, cuyo diputado Víctor Casco exigió la retirada del nuevo currículo al considerar que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "ha decidido imponer doctrinas" que "nada tienen que ver con lo humanístico, con la enseñanza laica". En su exposición, leyó algunos de El Parlamento de Extremadura pide al Gobierno la retirada del currículo de la asignatura religiónlos contenidos del currículo como la que hace referencia a la alegría de los alumnos de que Dios les haya creado, ante lo cual Casco se ha preguntado "cómo se evalúa esto científicamente".

En cualquier caso, considera que el motivo "fundamental" por el que se opone a este currículo se encuentra al final del texto, cuando se refiere al "despertar del amor de Dios" para niños de 3 y 4 años, aplicando en los alumnos, según Casco, el método de Pavlov, repitiendo una y otra vez preceptos religiosos.

Casco, que se definió como ateo militante, se mostró "absolutamente contrario" a la presencia de Religión en las aulas, y asimismo consideró "triste" que estos tengan que elegir entre cursar valores cívicos y religión. Asimismo, dijo que el currículo aprobado por Wert es "todavía peor" que el anterior, vigente desde 2007.

La iniciativa pudo aprobarse gracias a que los regionalistas del PREx-CREx cambiaron su intención de voto a última hora. Su portavoz, Damián Beneyto, en su turno de palabra, había defendido que la enseñanza de Religión no se limita a la repetición de preceptos religiosos, al tiempo que reconoció que hay cuestiones del currículo de Wert que no le gustan.

Beneyto leyó una carta de una misionera extremeña en Tegucigalpa, que refleja la labor que realizan religiosos en el mundo, y que cree que debería formar parte de la Religión que se enseña en los centros educativos. A su vez, Casco le replicó que esta "parte de la iglesia extraordinaria" a la que se ha referido el diputado de la formación regionalista no es la que se va a enseñar en las aulas, sino otra que han "impuesto los obispos" y que el ministro Wert ha aceptado.

Por este motivo, le pidió a Beneyto que reconsiderara su voto, al tiempo que le recordó que también hay religiosos que se han posicionado en contra de la "auténtica barbaridad" que supone este currículo, lo cual ocurrió posteriormente en la votación, permitiendo que saliera adelante.

Dar "alas" a los obispos

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Antonio Gómez Yuste criticó que el Gobierno del PP haya dejado a los obispos "a su libre albedrío", permitiendo así que la enseñanza de Religión haya retrocedido "dos décadas" en España.

Igualmente, arremetió contra la ley educativa del ministro Wert, la Lomce, que ha supuesto un "refresco energético que ha dado alas a los obispos" españoles, convirtiendo la Religión en una asignatura específica y evaluable. En este sentido, señaló que cuando Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, esté en la Moncloa, sacará la Religión del currículo.

Asignatura voluntaria

Por último, la diputada del Grupo Popular Pilar Vargas defendió el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos así como la vigencia de los acuerdos suscritos con los representantes de las religiones para la enseñanza en las aulas.

Así, dijo que el Ministerio de Educación, en cumplimiento de los acuerdos con la Santa Sede, es el encargado de "supervisar" que el currículo elaborado por la Conferencia Episcopal no vulnere la Constitución. Vargas reiteró igualmente que la asignatura de Religión es una oferta de carácter voluntario para el alumno y la familia, por lo que pidió que se respete el derecho a la libertad de elección de los padres.

La herencia recibida es el argumento comodín para el PP. Le vale a Mariano Rajoy para justificar sus recortes y sus subidas de impuestos, y le vale a José Antonio Monago para contestar la moción de censura presentada por el socialista Guillermo Fernández Vara. Porque ese fue el ropaje con el que cubrió sus múltiples intervenciones este miércoles en la Asamblea de Extremadura. "Hay dos modelos: el del incumplimiento y el del cumplimiento. Usted a todo el mundo le ha dicho que sí, ha hecho un recopilatorio para decirle a todo el mundo que sí, pero no explicarle de dónde sale el dinero para hacer todo lo que iba a hacer. Eso ya no vale", le lanzó el presidente de la Junta. 

Por esos raíles discurrió buena parte de la larga sesión en la Cámara regional, de más de nueve horas. El debate de una moción de censura del PSOE contra el Gobierno del PP que comenzó fracasada, porque ya IU había decidido el domingo pasado que sus tres diputados votarían abstención. La votación, finalizada a las 21.34 horas, arrojó así el resultado previsto: 30 votos a favor (los 28 del PSOE y los dos del PREx-CREx, que antes estaban en su grupo), 30 en contra (PP) y tres abstenciones (IU). Esta es la segunda moción de censura de la historia de la región, tras la que presentó en 1987 Alianza Popular contra Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Una cita histórica que, sin embargo, no fue retransmitida en directo por la televisión autonómica pública, Canal Extremadura.

Fernández Vara sí detalló hoy cuál sería su programa "alternativo" al de Monago. Y se explayó. Relató cuáles serían sus 61 medidas clave para lograr una "Extremadura más justa", sin que los "cambios tengan que esperar un año", hasta las siguientes elecciones autonómicas, en mayo de 2015. Su moción, insistió, "no va contra nadie", sino que está hecha "a favor de la gente", para luchar "contra la desigualdad, la pobreza y el sufrimiento". Se valió del espíritu de unas palabras de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y con ellas formuló su declaración de intenciones: "Aspiro a que todos los extremeños puedan tener una vida plena". 

Vara presentó sus propuestas para el año escaso que queda de legislatura, de marcado carácter socialdemócrata, precisando los plazos de discusión e implantación, y abogando por el consenso y el diálogo con los agentes sociales y con las demás fuerzas políticas. Propuestas, recordó, extraídas de "todos los grupos" de la Cámara, también de los regionalistas y de IU, a quien por eso pidió que votase "en conciencia". No desgranó, sin embargo, el coste de sus medidas, un vacío que aprovechó al máximo el PP. Enmarcó sus proyectos bajo varias agendas. En la primera, la de regeneración democrática, planteó modificar el Estatuto de autonomía para reducir al 1% del censo para las iniciativas legislativas populares, cambiar las circunscripciones electorales, obligar a que se registren los programas en la Asamblea y se vigile su cumplimiento, eliminar los aforamientos para los cargos públicos en el desempeño de su función, obligar a que se convoque una consulta a los ciudadanos si se cambia un compromiso electoral, rebajar el umbral para poder acceder al Parlamento del 5% al 3% –algo a lo que se oponía el PSOE– o que todas las listas electorales sean paritarias y en cremallera. 

Medidas sociales, de vivienda y de igualdad

Además, el secretario general de los socialistas extremeños empeñó su palabra en presentar, en 15 días, una propuesta en la Cámara autonómica para solicitar a las Cortes Generales que modifiquen la legislación sobre indulto, para que no sea posible que el Gobierno conceda medidas de gracia a "todos los cargos públicos que se hayan enriquecido ilícitamente". Bajo su Gobierno –que no se podrá formar–, se elaboraría en dos meses un catálogo de cargos públicos y eventuales, que incluirá los perfiles necesarios para su selección; se crearía un Consejo de Participación Ciudadana con 65 miembros; se obligaría a los cargos públicos a ser examinados por el Parlamento antes de su nombramiento definitivo. 

En la agenda de economía y empleo, Vara propuso estímulos a la producción, mejora de la financiación empresarial, activación del empleo y cambios normativos para el estímulo económico y laboral. En total, podrían crearse, con sus planes de empleo público y privado, 17.000 puestos de trabajo a tiempo completo o 34.000 a tiempo parcial. En el capítulo de políticas sociales, se incluirían una ley en defensa de la sanidad pública, la reapertura de urgencias rurales, la devolución de oficio del copago farmacéutico a los pensionistas, la reposición del transporte escolar y los libros de texto, un aumento de las becas, la recuperación de la plantilla de docentes, la creación de una mesa contra la pobreza en Extremadura, un plan de lucha contra la pobreza energética o la resolución, antes del 30 de septiembre, de todos los expedientes de solicitud de renta básica. En vivienda, Vara propuso sancionar a las entidades bancarias que especulen con las viviendas vacías y aprobar una Ley de Emergencia Social, que paralizaría los desahucios en los inmuebles de protección pública. Su Gobierno, dijo, contribuiría a fomentar el alquiler social y la recuperación de las ayudas a la VPO. 

Más medidas: una nueva fiscalidad que haga que se tribute por renta y patrimonio –era una de las propuestas estrella del PSOE en su Conferencia Política–, un plan de lucha contra el fraude, el rescate a los más necesitados, un pacto extremeño por la igualdad de género, aplicación de la excepción cultural o la aprobación de un paquete de apoyo a las familias.

"Hay una alternativa. Hay distintas maneras de salir de la crisis. El futuro no está escrito y dependerá del camino por el que vayamos. Les he enseñado nuestro camino, el socialdemócrata, el de centro izquierda", concluyó. 

Discurso "buenista", el de un "Obama en castellano"

Vara, que había huido en su primera intervención del enfrentamiento directo con Monago –y no digamos de IU y de PREx-CREx, a quienes no criticó–, se topó con un presidente mucho más agresivo en su réplica. En todo momento, Monago le afeó su gestión de cuatro años al frente del Gobierno (de 2007 a 2011), de cómo se incumplió el déficit y cómo este habría seguido aumentando si los socialistas siguieran en la Junta. "¿Por qué le van a creer ahora los extremeños?", le espetó el jefe del Ejecutivo. 

Monago calificó el discurso de Vara de "buenista", lleno de buenas intenciones y buenas palabras –"Usted es Jesucristo, como los panes y los peces"–, que "suena bien". "Yo estaba por votarle a usted que sí a la moción de censura, porque hacer todo lo que ha dicho que va a hacer en 11 meses es que es un milagro". Pero es un discurso, denigró, con "pies de barro". "Pareciera que estamos escuchando a Obama en castellano", se mofó. "Cuando hace propuestas en la Cámara y no dice cómo pagarlas, cuando menos hay que tocar madera y ponerse a cubierto –le lanzó–. Con ustedes sólo caben dos posibilidades, el susto o la muerte: o aumentan los impuestos o se ponen a recortar". 

En definitiva, el presidente no hacía más que dar vueltas a lo mismo: Vara no cumplió cuando gobernó –"¿Todo lo que nos ha dicho aquí lo va a hacer cuando en cuatro años no lo hizo?"–, habría sido un desastre de haber seguido gobernando y ahora "viene a prometer el cielo cuando en 2011 dejó a Extremadura al borde del abismo". Diciendo "a todo el mundo que sí", prometiendo lo que haga falta pero sin decir de dónde sacará ese dinero. El jefe del Ejecutivo presumió de cómo su Gobierno había recortado el déficit y de cómo sus cifras eran menos malas que las que él dejó. 

Lo que pretende el PSOE regional, denunció, es importar el modelo de la Junta de Susana Díaz. "Queremos mucho a los andaluces, pero su Gobierno no nos gusta ni una mijita". Los extremeños, subrayó, tienen su propio "acento". Con el agravante, abundó, de que los socialistas plantean la "insumisión" ante el compromiso del déficit, un "mal mensaje" porque el 90% de los ingresos de la comunidad vienen del Estado y de la UE. El presidente estuvo en algunos momentos faltón. Se rió de las referencias a Bachelet y a Calderón de la Barca y hasta recriminó a la bancada socialista una cierta vagancia ("Ustedes ven la televisión pública porque tienen mucho tiempo libre"). 

Coste de las medidas, 532 millones

En su réplica, Vara le imprimió una mayor carga de combate. En la línea de lo que había hecho antes su portavoz, Valentín García, a primera hora de la mañana, cuando le tocó defender su candidatura. El secretario general le reprochó que hubiera enhebrado en realidad una moción de censura a su Gobierno de 2007, al que hubiera tenido de haber podido hacerlo en 2011 y al Ejecutivo andaluz. "Es usted genial", le replicó.

El expresidente intentó luchar contra los sambenitos que le había colgado Monago: dijo que los inversores y las agencias de rating no tenían nada que ver, que claro que las cuentas salían, porque se podían modificar partidas del actual Presupuesto, gastar dinero a cuenta de los fondos europeos y disponer de los 300 millones no gastados en las cuentas de 2013. Rechazó que planteara una "insumisión" y se quejó de que Monago hablara mucho de "déficit fiscal y no del déficif fiscal". A la vista de cómo este había hablado además de los sindicalistas, despreciativamente, "quizá yo pueda ser Obama en castellano, y usted parece Merkel sin peluca". 

José Antonio Monago, durante el debate de la moción de censura del PSOE, este 14 de mayo en la Asamblea de Extremadura | EFE

El jefe del Ejecutivo, en su dúplica, volvió a arremeter contra lo mismo: la imprecisión de los socialistas, el "rosario de promesas" sin cuantificar. Lo hizo el Gobierno: las medidas propuestas por Vara "suman 532 millones", aunque no explicó cómo hizo la cuenta. De nuevo, le pidió que explicara su modelo fiscal. 

Los regionalistas quieren un Gobierno de coalición

Vara y Monago se llevaron el aplauso de sus respectivas bancadas, puestas en pie. Tras una pausa de 90 minutos, se retomó el debate con las intervenciones de Damián Beneyto (PREx-CREx), Pedro Escobar y Valentín García (PSOE), más Cristina Teniente, vicepresidenta del Gobierno, que intervino para defender a su grupo. 

Los regionalistas, como lo definió Escobar, subieron la apuesta, al pedir a Vara que retirase la moción de censura y que haga un Gobierno de coalición. "El momento lo requiere, hay que olvidar las diferencias y hay que adoptar medidas consensuadas entre todos los grupos de la Cámara para hacer un Gobierno de concentración, que es la forma de sacar esta comunidad adelante". Una propuesta, dijo Beneyto, que "no es un brindis al sol". 

El portavoz de IU subrayó que no daría tiempo a aplicar "ninguna" de las medidas propuestas por Vara. Escobar señaló que lo que más se parece a esta moción es Juego de tronos, porque "hay una pugna de sillones, hay una pugna de cargos". Reconoció que comparte "muchísimas" razones por las que se censura al Gobierno regional, que no le son "extrañas" ninguna de las propuestas, que "suenan bien". Pero lo que ha disgustado a IU son las formas con las que el PSOE ha presentado la iniciativa, "sin diálogo". Para Escobar, la moción de censura la tienen que ejercer los ciudadanos en 2015, y cuando llegue ese momento, IU le dirá a los ciudadanos que "censuren al Gobierno del señor Monago y que censuren a la oposición del señor Vara", informa Europa Press. García, el portavoz socialista, apeló sin embargo a la "conciencia" de los 65 diputados de la Cámara, y en especial a IU, para que apoyen a Vara y adelanten un año las soluciones a los agujeros que a su juicio está dejando Monago. 

A Vara se le puede convertir en "bumerán"

Teniente, mientras, auguró que la moción de censura se convertirá en un "bumerán" para Vara y su partido. El debate es una "auténtica sinrazón" y una "absoluta irresponsabilidad", atizó la vicepresidenta, que cargó contra el líder socialista por presentar una iniciativa por pura "vanidad". "Han hecho esta moción, lo ha dicho usted en privado, para recuperar el foco mediático que tanto echa de menos". Es una "pseudomoción de censura, o moción de autocensura", describió gráficamente Escobar.

Vara aún tuvo un último turno de intervención. No tuvo malas palabras para IU, ni le hizo reproches (sí los ha hecho el PSOE), ni explotó su nuevo cheque de oxígeno al PP. Garantizó a Escobar que su propuesta no es "mediática" y que no ha querido "sorprender". Sólo quería presentar una "alternativa", para lo que está "legitimado". Y un año, le respondió, "es mucho tiempo para la gente que lo está pasando mal". A Beneyto le dijo que su petición de retirar la moción (y montar un Ejecutivo de coalición) era "osada", porque hacerlo a estas alturas "no se entendería". Y a Teniente le censuró por llamarle vanidoso. "Soy la antítesis de la vanidad, del boato y de la pompa". 

21.34. Fin del debate y de la votación. Con el resultado esperado. Al término, aplausos y gritos de "¡presidente, presidente!" desde la bancada del PP. Monago había ganado la moción. Ahora está por ver si Vara ha ganado algo con esta maniobra o, como aventuraba la vicepresidenta extremeña, se le vuelve en contra. "Hoy empieza el cambio", valoró el secretario general de los socialistas a la salida del hemiciclo. Es su esperanza, que su órdago le haya servido de algo.