En una democracia que se presume madura, los cargos públicos deberían ser, ante todo, servidores de la ciudadanía. Sin embargo, en España hay una percepción generalizada de que la clase política vive en una órbita legal distinta a la del resto de los ciudadanos. No se trata únicamente de una cuestión moral o estética, sino de un entramado de prebendas y privilegios legales, económicos y administrativos que consolidan una desigualdad estructural entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Aforamientos, indultos, pensiones especiales, asesores, coches oficiales y puertas giratorias conforman un sistema que, lejos de reforzar la confianza en las instituciones, erosiona la credibilidad democrática.

El artículo 14 de la Constitución Española debería ser el pilar inamovible de la convivencia: "Los españoles son iguales ante la ley", sin embargo resulta evidente la existencia de una clase política con reglas propias, protegida por un marco legal que la separa del común de los ciudadanos. El resultado es una democracia formalmente representativa, pero socialmente desconectada. La indignación no surge de la existencia de cargos públicos –imprescindibles para el funcionamiento del Estado– sino de la percepción de que quienes los ocupan no comparten las mismas obligaciones, riesgos ni sacrificios que el resto, y que existe una estructura de casta que ha blindado para sí misma una serie de privilegios que resultan inalcanzables para el ciudadano que paga sus impuestos y cumple sus deberes. 

Vamos a referirnos a algunos de esos numerosos y socialmente inaceptables privilegios de la clase política:

A) Uno de los privilegios más polémicos es el aforamiento. Miles de cargos públicos en España no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino por instancias superiores. La justificación oficial es proteger la función pública de denuncias espurias o presiones políticas. En la práctica, el aforamiento introduce una justicia de dos velocidades: mientras el ciudadano común responde ante un juez ordinario, el político lo hace ante tribunales especiales, con procedimientos más complejos y lentos. Esto no solo genera la sensación de impunidad, sino que debilita el principio básico de igualdad ante la ley. 

B) A ello se suma la figura del indulto, concebida como una medida excepcional de clemencia, y que representa la última frontera de la impunidad. En manos del Poder ejecutivo, esta figura se convierte en un instrumento discrecional que en determinados casos ha beneficiado a políticos o personas cercanas al poder o a sus intereses políticos. 

C) Otro ámbito sensible es el de las pensiones y beneficios tras el cese. Muchos altos cargos acceden a pensiones vitalicias o a regímenes de cotización privilegiados, muy alejados de las condiciones del sistema general. Mientras millones de ciudadanos deben acumular décadas de cotización para aspirar a una pensión digna, algunos responsables públicos disfrutan de prestaciones excepcionales tras periodos relativamente breves en el cargo. Esta asimetría no solo es injusta: resulta socialmente corrosiva. 

D) La estructura de asesores, ayudantes y personal de confianza constituye otro de los pilares del privilegio político. Es indudable que la gestión pública requiere apoyo técnico y administrativo; lo cuestionable es la importante magnitud y opacidad de estos equipos. Si sumamos el personal eventual de la Administración General del Estado y el de las Comunidades Autónomas, España mantiene a más de 2.500 personas cuyo único mérito es la confianza de un político, con un coste total que supera los 240 millones de euros al año. Estos nombramientos responden más a afinidades partidistas que a criterios de mérito y capacidad, generando redes clientelares financiadas con fondos públicos. 

E) A los recursos humanos se añaden los privilegios materiales: coches oficiales, escoltas, dietas, tarjetas de gastos y otras prebendas asociadas al cargo. Algunas están justificadas por razones de seguridad o representación institucional, y muchas otras se han normalizado como símbolos de estatus. En cuanto a la flota de coches oficiales, España es uno de los países europeos con mayor número de vehículos de alta gama destinados al transporte de cargos públicos El problema de estos privilegios no es únicamente económico, sino ético: cuando el político se acostumbra a una vida de comodidades sufragadas por el erario, se distancia psicológicamente de la experiencia del ciudadano al que dice representar. 

F) Otro fenómeno realmente dañino para la confianza pública es el de las puertas giratorias: la posibilidad de ocupar durante o después del mandato puestos retribuidos en consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas o privadas relacionadas con el sector que se regulaba desde el cargo. Las puertas giratorias permiten que exministros y exsecretarios de Estado aterricen en consejos de administración de empresas que ellos mismos regularon meses antes. Aunque no siempre impliquen ilegalidad, sí plantean un conflicto de intereses evidente. La sospecha de que decisiones políticas se tomen pensando en futuros beneficios personales socava la legitimidad del sistema.

Para combatir legalmente este sistema de privilegios no hace falta retórica, sino voluntad política y legislativa, siendo necesarias medidas como las siguientes:

El mantenimiento de los privilegios antes descritos es una afrenta a la dignidad del ciudadano que sufre problemas como la inflación, el precio de la vivienda y la precariedad laboral. La reforma de estos estatus no es una cuestión de ahorro presupuestario –que también– sino una cuestión de higiene democrática. Hasta que el político no viva bajo las mismas leyes y condiciones que el resto, seguirá existiendo una España de primera (clase política) y una España de segunda (ciudadanos comunes) y la desafección política seguirá creciendo. La lucha social contra los privilegios no es un gesto populista, es una exigencia democrática. Reducirlos no empobrecería a la política; por el contrario, la dignificaría, acercándola de nuevo a quienes con sus impuestos y su confianza la sostienen.

En todo caso ninguna reforma será suficiente sin un cambio cultural, y la necesaria asunción de que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. La política debería ser un servicio temporal, no una carrera blindada por privilegios. La igualdad ante la ley, la austeridad en el uso de recursos públicos y la separación clara entre interés general e interés particular no son consignas ideológicas, sino principios básicos de una democracia saludable.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.

Mi abuelo materno pisó San Sebastián un solo día, justo al terminar la guerra, con el Ejército. Nunca he estado en una ciudad más bonita que esa, nos decía. La recordó toda su vida y nunca dejó de querer regresar. No lo consiguió. O no se lo conseguimos. Mi madre heredó esa nostalgia grabada de su padre y, muchos años después, cuando caminamos juntas por sus calles de lluvia y norte, por esa belleza tan perfecta de enclave recogido y agua cantábrica, a veces, nos acordamos de él. Lo que le hubiera gustado estar aquí, nos decimos. También juraba que iría a Nueva York antes de morirse, que eso tenía que verlo él, ya saben, la civilización, lo que sea que quiera decir eso hoy, los rascacielos y las avenidas para alguien nacido en un pueblo pequeño de Extremadura y emigrado a las periferias de Madrid. Pero tampoco se pudo. 

Mi abuelo paterno nunca montó en avión. Mi abuela tampoco. No recuerdo que hayan tenido vacaciones, que ellos hayan hecho una maleta y hayan cerrado la puerta de su casa y se hayan marchado a cualquier parte elegida. Vacaciones, ese descanso “sobrevalorado” por quienes tienen, tenemos, el privilegio de poder darle o quitarle valor. Pero, una vez, cuando él era un crío, cogió una bicicleta y se fue del llano de Toledo hasta Valencia para conocer el mar. Proeza o leyenda, qué importa ahora. Pues este abuelo mío nos cantaba tangos en el salón de su casa. A capela, a veces, fumando. Y lo hacía muy bien. Y así supe yo, a través de la música, que, de todos los lugares de la Tierra, al que había que volver, con la frente marchita o como fuera, era a Buenos Aires. 

Me acuerdo de él, de ellos, mientras caminamos por Corrientes abajo, cruzamos la enormidad de la avenida 9 de julio y llegamos hasta la Plaza de Mayo. Detrás, la Casa Rosada, con su energúmeno habitante hoy. Mi primera vez en la ciudad. Viajeros de este siglo veintiuno. Nómadas del placer de transgredir las distancias. El mundo en nuestra mano. Y, paso a paso, barrio a barrio, la ciudad evocada, querida, deseada y mil veces cantada, se desdibuja, se pierde en mi memoria para rellenar ese mapa imaginario con la ciudad real. Así tiene que ser. Y se acaba, día tras día, y me despido del Buenos Aires al que le parpadean las luces a lo lejos, el de las películas que vimos, el de la historia que me atraviesa y me tensiona, el Buenos Aires aún vacío de los que desaparecieron de sus calles, el de los escritores y escritoras que narraron la gran ciudad del sur, tantos relatos salvajes, luces y sombras. 

Una vida: tocar solo tus confines o atravesar las fronteras. Un sello más en el pasaporte como nuevo capital personal. ¿Nos ha hecho mejores personas atravesar los océanos? Por supuesto que no. Puedes sobrevolar todos los suburbios sin llegar a saber nunca cómo se pagan aquí los recibos, si esa familia entera va a dormir en la esquina toda la noche, cuántos trabajos se necesitan en una ciudad como esta para sobrevivir. Tanto han cambiado las posibilidades en dos generaciones y la misma sensación de lejanía.

Debe ser el aire del Río de la Plata, de este invierno en mitad de mi verano, la intensidad de las conversaciones mantenidas o quizá que hoy cumplo cuarenta y cuatro años lejos de mi casa y me parece bien, cómo ha pasado todo este tiempo, porque solo deseo conservar una parte pequeña e intacta de aquel mundo que distinguía entre lo bueno y lo malo de forma más radical, las ciudades imaginadas por ellos, porque ahora quién sabe desde dónde te apuntan, salvar una parte de aquella memoria positiva, íntima, nuestra, todos los lugares donde quisieron ir los tuyos y no lo consiguieron, aquellas calles que ellos pensaron para ti y que tú pisas ahora. Cuántas cosas daría por haberlos traído conmigo a tiempo y decirles, sentados en un café de Palermo, frente a frente, que aquí yo podría vivir. 

Claro está que sus modelos eran los de las grandes empresas que al igual que "El castillo" kafkiano producía esas grandes moles de poder en formato arquitectónico donde los señores feudales hacían comulgar con ruedas de molino a sus súbditos. Fue él quien acuñó igualmente lo de la "máquina del fango" porque esos poderes inalcanzables, moradores de los pisos más elevados de sus mastodónticas y babélicas torres, necesitaban para el mantenimiento de sus privilegios y de su dominio de un entramado propagandístico adecuado, algo parecido a los capiteles de las iglesias románicas y góticas donde los fieles, analfabetos en escritura pero no en imágenes, podían visualizar sus desgracias eternas caso de apartarse de la ortodoxia.

Ni que decir tiene que los sacerdotes, magos o como se quieran llamar, siempre han contribuido a mantener el estatus dominante. Ellos fueron los encargados de crear los demonios, las brujas y demás enemigos "genéricos" en el inconsciente colectivo para que fueran estigmatizados como los "únicos" que jodían la marrana a los que querían vivir tranquilitos y en paz manteniendo la sumisión a los señores, señoritos, barones y baronesas...

Estoy convencido de que Umberto Eco ahora vería en los Elon Musk de turno a los nuevos señores feudales, en los Trump y compañía a esos gurús, sacerdotes o predicadores de males holísticos y universales y a los medios que pululan por internet como las nuevas iconografías apocalípticas de las iglesias medievales.

Entonces y ahora tenemos el mismo mensaje, el mismo orden que defender, las mismas convulsiones. No nos engañemos: nos encontramos en el seno de una larga Edad Media que, como la de hace siglos, mantiene las mismas estructuras: ahora como entonces se nos vende una ilusión de progreso que no es sino un regreso a las esencias más puras de la civilización, es decir, para decirlo con palabras de mi otro admirado, Walter Benjamin, estamos en un permanente regreso a la barbarie; porque no hay duda de que, a mayor grado de civilización, mayor grado de barbarie... Ya lo dijo Orson Welles desde aquel ascensor en El tercer hombre: "La única aportación de Suiza a la civilización ha sido el reloj de cuco" (y su comparación era la Florencia de los Medicis).

Pero, creencia medieval por antonomasia, por encima de todo, tenemos al Mal que acecha, que sabemos dónde está y quién es, y al que nadie quiere hacer frente con las armas que tenemos a nuestra disposición para no caer en sus garras cada vez más fratricidas. Pero entonces como ahora, también hubo señoritos que se lavaban las manos oficiando las misas negras de la equidistancia ideológica... Gaza, Ucrania, el odio al extranjero, al negro, al musulmán, son síntomas de ese Mal, pero nadie nos dice la verdad: estamos en guerra, en una guerra permanente de la que, estoy seguro, saldremos victoriosos y de la que surgirá un nuevo renacimiento, un nuevo humanismo... Nos encontramos en época de friegas, paños calientes y cataplasmas.

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Javier Herrera es socio de infoLibre.

La Eurocámara maniobra para reducir al mínimo posible el coste para su propio presupuesto –es decir, para los contribuyentes europeos– del rescate público de su polémico fondo voluntario de pensiones para diputados, gestionado desde Luxemburgo y con más de 300 millones de déficit. El objetivo de sus últimas medidas, aprobadas la semana pasada, es que la cantidad del rescate sea inferior a 86 millones de euros, que es el techo que en ningún caso se prevé romper.

¿Por qué 86? Esa es la cantidad a la que, según una fuente del Parlamento europeo conocedora del proceso de búsqueda de la solución para el fondo, se reducirá el agujero con las tres medidas acordadas en mayo: reducir las pensiones a la mitad, congelar los aumentos vinculados a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Pero la Mesa, además, ha aprobado otras medidas que podrían bajar esa cifra, que los críticos con el acuerdo siguen considerando excesiva. La fundamental es el ofrecimiento a todos los beneficiarios del fondo, más de 900, de su abandono del mismo a cambio de una compensación.

Se trata de un fondo voluntario creado en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués. Su propósito era nivelar las pensiones de todos los diputados, algunos de los cuales –los de los países más pobres– tenían escasos derechos de pensión por las normativas nacionales. Había desigualdades entre los electos de distintos países que realizaban el mismo trabajo. Cuando en 2009 se estableció una pensión común, el fondo voluntario creado en 1991 se cerró a nuevos miembros, lo cual lo condenó al déficit y, en última instancia, a la quiebra, coinciden los conocedores de su funcionamiento.

Actualmente quedan más de 900 beneficiarios de aquel fondo, que adquirieron sus derechos antes del cierre. De ellos, 660 han sido identificados [ver aquí el listado en el documento del Registro de Luxemburgo y aquí una información en detalle de Investigate Europe, consorcio al que pertenece este periódico]. España es el segundo país con más beneficiarios, con un total de 98. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno (Luis Planas, del PSOE) y tres eurodiputados en ejercicio, Pilar del Castillo, Francisco Millán y José Manuel García-Margallo, los tres del PP.

El fondo es objeto de polémica desde que en 2014 este periódico desveló que parlamentarios españoles participaban en dicho plan, gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav), instrumento que en Luxemburgo está casi exento de tributación. La información precipitó la dimisión de Willy Meyer, eurodiputado de IU. Cerca de diez años después de aquella noticia, el fondo acumula un déficit más de 300 millones de euros y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge un informe oficial.

El punto más controvertido de dicho informe, el que reclamaba a la Mesa del Europarlamento que dicho fondo no sea rescatado con dinero público, fue aprobado en mayo por el pleno con 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones. Los eurodiputados del PP, incluidos Del Castillo, Millán y Margallo, votaron en contra. Es decir, votaron a favor del posible rescate público de su propio fondo de pensiones.

Tras la votación, la decisión final sobre qué hacer con el fondo correspondía a la Mesa del Parlamento, la competente para tomar medidas para garantizar su viabilidad. Se trata de un órgano interno de toma de decisiones formado por veinte eurodiputados. Tres miembros de la Mesa siguen siendo beneficiarios del fondo: el conservador austriaco Othmar Karas, el nacional-conservador letón Roberts Zīle y el político griego de izquierdas Dimitrios Papadimoulis. Los tres se retiraron del proceso de decisión, adoptada en mayo.

¿Qué decisión? Recortar las pensiones, pero con una fórmula que obliga a usar dinero público. El acuerdo de la Mesa reduce las pensiones a la mitad, congela los aumentos vinculados a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Según el Parlamento Europeo, estas medidas podrían recortar el déficit y "situar el régimen de pensiones heredado en una senda más sostenible". Eso sí, 86 millones tendrían que cubrirse con dinero de los contribuyentes procedente del presupuesto público. "El fondo quebrará de todos modos, aunque la quiebra sea menor de lo esperado. Acabará siendo rescatado con dinero de los contribuyentes y estamos hablando de mucho dinero", ha dicho Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes en la comisión de Control Presupuestario, poniendo voz a los críticos con el primer paquete de medidas.

Una fuente del Parlamento señala que el acuerdo de la Mesa, formalizado la semana pasada, contiene medidas que pueden rebajar aún más esa cifra. ¿Hasta cuánto? No hay estimación oficial. Dependerá del número de beneficiarios acogidos a la oferta de baja.

Lo que hace la Mesa es introducir la posibilidad de solicitar "la retirada voluntaria y definitiva" del fondo entre el 1 de julio y final de año, es decir, en un plazo de seis meses. Los interesados podrán reclamar la devolución de las cotizaciones realizadas personalmente, con un incentivo adicional de hasta el 20% de esa cantidad.

El plan de la Mesa es evaluar el resultado de las medidas en 2024, en la segunda mitad del año, una vez pasadas las elecciones europeas, y adoptar en caso de que sea necesario medidas adicionales.

El acuerdo adoptado por la Mesa incluye además una "cláusula sobre dificultades excepcionales" que garantiza que la reducción del 50% del fondo no deje a ningún beneficiario "por debajo del umbral de riesgo de pobreza", medido por Eurostat.

Se trata, según una fuente del Parlamento europeo conocedora de la medida, de evitar que viudas y huérfanos beneficiarios de la pensión –una vez fallecidos sus titulares originales– y que la tengan como único ingreso puedan verse en situaciones problemáticas. El objetivo es que las medidas no acaben creado "un problema mayor" en ningún caso, añade esta fuente.

Otra fuente parlamentaria señala: "Al hilo de todo este debate, en la Mesa han tenido conocimiento de casos muy delicados, que obligan a crear este mecanismo".

El Gobierno ve "muy difícil" que la negociación con la jerarquía católica acabe con una rebaja de la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la más emblemática ventaja tributaria de la Iglesia en España. Así lo revela a infoLibre una fuente al corriente de las conversaciones entre el Ministerio de Presidencia y la Conferencia Episcopal (CEE), con Félix Bolaños (PSOE) y Juan José Omella al frente. El hecho de que la Iglesia comparta este beneficio fiscal con el resto de "entidades sin fines lucrativos", entre ellas ONG y fundaciones, resulta decisivo para alejar al Gobierno de la posibilidad de una modificación de esta exención, ya que obligaría a cambios legales ad hoc para la institución católica, añade esta fuente.

Las negociaciones sí se encaminan a una rebaja de los beneficios de la Iglesia en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en el que la propia cúpula de la Iglesia admite que goza de un posible "privilegio". En cuanto al IBI, no cambiar el régimen de la Iglesia supondría mantener el beneficio fiscal no sólo para edificios de culto o caridad, que no ha estado en discusión, sino también para aquellos en los que la Iglesia hace negocio. Es un terreno delicado. Hay al menos dos sentencias europeas que, sin entrar expresamente en el caso del IBI de la Iglesia en España, sí apuntan a una posible colisión de esta ventaja fiscal con la prohibición europea de dar ayudas de Estado.

El Ministerio de Presidencia evita realizar cualquier comentario. La consigna mientras duran los trabajos es "no se radian negociaciones". Quien sí las ha radiado ha sido el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, que ha afirmado: "Ellos [el Gobierno] reconocen que en el IBI la Iglesia tiene el mismo régimen que todas las entidades no lucrativas. El Gobierno no desea cambiar el régimen fiscal de la Iglesia en este asunto. No tienen intención de reformar la Ley de Mecenazgo". Tras dar por saldada satisfactoriamente para sus intereses la disputa por las inmatriculaciones y mientras trata de fijar una posición común sobre la investigación oficial por la pederastia, la CEE ve a buen recaudo su exención del IBI.

Europa Laica estima que la exención del IBI libra a la Iglesia –es decir, a las miles de entidades que componen la Iglesia– del pago de 700 millones al año, si bien el cálculo no delimita qué parte es por inmuebles que sirven a una actividad económica. Consultada por este periódico, la CEE no responde sobre el número de inmuebles libres de IBI con los que hace negocio ni sobre la posible colisión de esta ventaja fiscal con la normativa europea.

Desde la llegada de Pedro Sánchez (PSOE) a La Moncloa, la relación del Gobierno con la jerarquía católica ha estado marcada por asuntos de gran alcance político. El primero fue la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno acometió en octubre de 2019. Una vez sacado el dictador, llegó la hora de hablar de la relación Iglesia-Estado. Tras la elección como presidente de la CEE en marzo de 2020 de Juan José Omella, tenido por dialogante y reformista, el Gobierno y la cúpula eclesial abrieron una negociación sobre asuntos de "interés mutuo". Uno de estos asuntos es la fiscalidad, objeto de una subcomisión propia en las negociaciones.

Una serie de sentencias judiciales y posicionamientos públicos del Gobierno y del PSOE habían generado la expectativa de que la negociación en el terreno tributario podría suponer una rebaja de la exención del IBI. La cuestión no está cerrada, porque la subcomisión sigue abierta. No obstante, el Gobierno lo ve "muy difícil.

Pero, ¿de qué beneficio fiscal estamos hablando? La explicación obliga a mirar más de 40 años atrás.

La exención del IBI de la Iglesia está asentada en el acuerdo económico entre el España y el Vaticano de 1979. No obstante, dicho pacto sólo prevé la exención para casos específicos, como templos de culto, residencias de religiosos y seminarios, entre otros. No es una exención pensada para inmuebles en los que se realiza una actividad lucrativa, por ejemplo alquileres a terceros o explotación comercial directa. Sin embargo, la Iglesia se beneficia en la práctica de una exención generalizada, que incluye a inmuebles en los que se desarrolla actividad económica lucrativa. ¿Ejemplos? La Iglesia se ha librado del pago del IBI por aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo o por un hotel en la Costa Brava, por citar tres casos acreditados por infoLibre.

Los intentos de cobro por parte de ayuntamientos han aflorado más exenciones que no responden a lo previsto en el acuerdo con la Santa Sede. El Ayuntamiento de Barcelona pretende el cobro de 22.000 euros de IBI por un edificio que una congregación tiene alquilado a una empresa educativa en Barcelona, asunto que está dirimiéndose en los tribunales. En Valencia, su concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), explica a este periódico que estudia posibles liquidaciones por un importe de unos 4 millones por inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas, la mayoría de la Iglesia. Sanjuán cita como ejemplos locales alquilados para restauración u oficinas, pisos arrendados e incluso un hospital que se beneficia de la exención mientras los públicos sí pagan.

No son los únicos casos, ni mucho menos. ¿Cuántos son? Averiguarlo sería una odisea. La Iglesia está compuesta por unas 40.000 entidades con elevado grado de autonomía. Conocer la cuantía global de lo exento exigiría información de todos los ayuntamientos de España, con detalle sobre el titular del bien con beneficio fiscal, su uso y la cantidad que se deja de pagar. La Iglesia no ofrece información en sus memorias anuales que permita ni acercarse a eso.

La exención del IBI, aunque originalmente era limitada, se viene aplicando de forma generalizada. Las excepciones sólo son posibles cuando un ayuntamiento se decide a intentar girar un recibo a la Iglesia si entiende que disfruta una exención injustificada. Se abren entonces largos procesos administrativos y judiciales, porque la Iglesia recurre por sistema. Aunque la cuestión es controvertida jurídicamente, la balanza se inclina en los tribunales del lado de la institución católica, que ha logrado dos sentencias en el Constitucional (2013) y el Supremo (2014) que avalan la interpretación extensiva de la exención.

Las victorias de los ayuntamientos son excepcionales. Sobresale un ejemplo. Una sentencia de 2017 que no fue recurrida obligó a la Iglesia a pagar el IBI por tres negocios en el Santuario de Lluc, en Escorca (Mallorca). La clave estaba en que la entidad religiosa explotaba directamente los bienes. En cambio, la exención en caso de alquiler a un tercero –de locales, pisos, aparcamientos– viene recibiendo mayoritariamente el aval judicial. El porqué se encuentra en la Ley de Mecenazgo de 2002, que mediante un intrincado articulado acaba por establecer exenciones no ya por la naturaleza de la actividad, sino por el origen de los ingresos, dejando exentos los alquileres.

Un cambio de los beneficios de la Iglesia en el IBI exigiría al menos la modificación de dicha ley, que equipara a las entidades religiosas con ONG y fundaciones. La exención se extiende a los partidos políticos, que llegan a ella a través de la Ley de Financiación de Partidos, explica Hacienda. El hecho de tener que cambiar una Ley de Mecenazgo es considerado por el Gobierno un serio escollo para revisar la exención del IBI de la Iglesia, según la mencionada fuente conocedora de su posición. Argüello, portavoz de la CEE, afirma que los representantes del Gobierno han manifestado que no tienen intención de cambiar esa norma, que afecta a miles de ONG, fundaciones y asociaciones de utilidad pública.

No tocar el IBI de la Iglesia puede tener sus riesgos. La exención de este impuesto en edificios con uso lucrativo lleva años siendo objeto de controversia. De hecho, es un beneficio claramente bajo sospecha judicial.

Hay dos casos clave. El primero arranca en Getafe, donde el Ayuntamiento le cobró 24.000 euros del ICIO a los Escolapios por una obra de ampliación de un colegio. La organización religiosa reclamó la devolución. El juzgado en el que acabó el caso lo elevó al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que en junio de 2017 estableció que esta exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado recogidas en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico". En esta ocasión lo era y el ayuntamiento ganó.

En el segundo caso, el Tribunal de Luxemburgo obligó en noviembre de 2018 a cobrarle a la Iglesia el impuesto sobre bienes inmuebles (ICI, en Italia) atrasado por establecimientos donde desarrolle actividades comerciales, también con el argumento de que lo contrario sería una ayuda de Estado.

Estas dos sentencias parecían fortalecer la posición del Gobierno de España fijada en octubre de 2018 por la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, que afirmó haber trasladado al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, su deseo de la Iglesia pague por "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto".

Es más, el Gobierno encontró en marzo de 2019 otro refuerzo a su posición en la figura del papa Francisco, que en una entrevista en La Sexta afirmó que la exención del IBI sólo estaba justificada en el caso de los inmuebles con uso religioso o social.

Así que eran al menos cuatro los elementos que alimentaban la hipótesis de que la negociación sobre fiscalidad entre el Gobierno y la CEE cuestionaría la exención del IBI en los inmuebles en los que se desarrollan actividades lucrativas: 1) La sentencia europea del caso de Getafe, aunque referida al ICIO, que apuntaba a posibles ayudas de Estado. 2) La sentencia europea sobre el IBI, aunque referida a Italia, que también alertaba sobre las ayudas de Estado. 3) Las intenciones declaradas por el Gobierno. 4) La posición del papa. Además, aunque la medida no está recogida en el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sí lo está al menos como intención en las resoluciones del último congreso del PSOE.

¿Quedará finalmente intacto el IBI de la Iglesia? Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, tiene dudas y se muestra extrañado ante la posibilidad de que el Gobierno no elimine el beneficio fiscal cuando hay negocio. "La sentencia de Getafe es aplicable al caso del IBI. Creo que dejar las cosas así podría ser una pifia que acabara en una sentencia europea contra España. En este tema aún no se ha dicho la última palabra", señala Picó, que recuerda que la Iglesia sólo perdió la exención del IVA en 2007 bajo presión de al UE.

"Si no tocan el IBI de la Iglesia, no tocan nada. Entiendo que el Gobierno pueda intentar escaparse con la coartada de que la Iglesia está bajo el mismo paraguas que las ONG, pero lo cierto es que el patrimonio de la Iglesia y la explotación que hace del mismo es incomparable. Además, jurídicamente no se sostiene. La Iglesia es una institución peculiar, la propia Constitución la nombra. Está perfectamente justificado un régimen aparte", explica el economista Enrique Ruiz del Rosal, especializado en fiscalidad de la Iglesia, que cree que la exención tal y como se aplica ahora mismo constituye una "clara" vulneración del principio de "libre mercado". Ruiz del Rosal coincide con Picó: dejar el IBI como está expone a España a un varapalo de la Justicia europea por ayudas de Estado.

Europa Laica acaba de cumplir 20 años, celebrados con una fiesta en el Círculo de Arte de Toledo. Pero que haya fiesta no significa que el balance de su causa dé para muchos brindis, como explica su presidente, Juanjo Picó (Valencia, 1950), para quien en España todos los gobiernos democráticos, incluidos los de la izquierda, han incumplido los mínimos exigibles de separación Iglesia-Estado. Dos reclamaciones sobresalen en el catálogo de Europa Laica: la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y una "ley de libertad de conciencia" que acabe con el trato –a juicio de Picó– "privilegiado" que recibe la religión, en particular la católica. Ingeniero de telecomunicaciones jubilado, al que sólo hay que escuchar para comprobar que vive con indignación la falta de avances en neutralidad del Estado, Picó cree que el laicismo en España continúa estigmatizado, tratado como una causa menor, sin verdadera trascendencia, propia de radicales. "Nos dicen de todo: comecuras, quemaiglesias... Pero que nadie piense que el laicismo es una persecución a la religión. Es una auténtica defensa de lo público, de lo que es de todos".

¿Veinte años remando a contracorriente?

Sí, la verdad. En 2001, el tema de la laicidad del Estado casi ni se conocía, ni desde luego estaba organizado. El arranque fue un esfuerzo voluntarista. Una vez dados los primeros pasos conceptuales y organizativos, empezó la extensión geográfica y la articulación de propuestas políticas, que caían en saco roto. Bueno, siguen cayendo en saco roto. Pero en esta, digamos, travesía del desierto hemos logrado marcar a Europa Laica como referencia inexcusable de la lucha por la laicidad. Es un tema por descubrir en España. A veces tenemos que ir en plan Quijote. A diferencia de otros temas, como el ecologismo, que se ve más cercano, queda mucho recorrido. En los partidos políticos hay mayor conciencia, pero al final se guarda en los cajones en la acción política diaria.

¿Por qué cree que es importante la laicidad del Estado?

Es una manera de entender la convivencia y la diversidad ideológica en defensa del interés público. La convivencia no se puede articular en base a ideologías particulares. El esquema de mayorías-minorías no tiene sentido aquí. El valor que tiene sentido es la libertad de conciencia, que permite a cada uno tener su cosmovisión. La laicidad ofrece las herramientas para una convivencia que respeta la libertad de conciencia. Viene de la Ilustración, con la ruptura entre el trono y el altar, entre el poder civil y el divino. El Estado debe ser imparcial, sin dar privilegios a ninguna opción de conciencia. Todos somos iguales en la res publica en un Estado laico. En España hay vulneraciones de la libertad de conciencia y faltas en la neutralidad del Estado. Hay rémoras del nacionalcatolicismo.

Se suele oponer que España no es un Estado laico, sino aconfesional.

No hacemos caballo de batalla de ese debate, que me parece academicista. Un Estado aconfesional sería un Estado sin confesión religiosa, en el que la neutralidad estaría garantizada. Pero en España está en entredicho. En cuanto rascas, aparecen los privilegios de las confesiones religiosas y especialmente de la Iglesia católica.

¿Qué vulneraciones de la libertad de conciencia denuncia?

¿Ejemplos? La libertad de conciencia se vulnera cuando la escuela pública tiene la obligación de ofrecer adoctrinamiento confesional católico en virtud de los Acuerdos con el Vaticano. En cuanto a la neutralidad, basta con ir de nuevo a los Acuerdos de 1979. Está en todo: en la educación; en la financiación de la Iglesia, que es un expolio de lo público; en la simbología... La simbología está impregnada de nacionalcatolicismo, con elementos que llegan a insultar a la inteligencia, como las vírgenes nombradas alcaldesas perpetuas, las rogativas de las corporaciones municipales para que desaparezca el paro. O como cuando el Ayuntamiento de Madrid, ¡con todos los colores políticos!, celebra el voto de la Villa. Son insultos a la inteligencia.

¿Ve inadecuada la reunión de Yolanda Díaz con el papa Francisco?

Desde nuestra independencia política y partidaria, por la que no entramos en las creencias de nadie, no le vemos sentido a que un gobierno que se dice de progreso se reúna con el papa y se queden en la puerta todos los grandes temas bilaterales.

¿Cuáles?

Los Acuerdos con la Santa Sede, la relación Iglesia-Estado, las inmatriculaciones, que son un problema al que se ha dado una salida en falso... No entendemos qué tiene que ver el papa con la reforma laboral y la precariedad. Es una conversación baldía, mientras ahí tenemos a la Iglesia católica española enrocada en las inmatriculaciones o en la pederastia. Ha sido una ocasión perdida. Cualquier persona es muy libre de reunirse con quien quiera, pero esto ha sido una veleidad mediática. Parece que incluso las fuerzas de progreso aún necesitan una legitimación confesional para ofrecerse y presentarse en sociedad. Hay que pasar por el Vaticano para obtener el espaldarazo.

¿No reconocen al papa, en contraste con la jerarquía española, un ánimo reformista?

R: Ni valoramos ni dejamos de valorar lo que dice el papa. Sus pronunciamientos no nos competen. Es más, si tuviéramos que valorar algo, diríamos que las loas al papa desde la izquierda son inexplicables porque olvidan que es el representante máximo de una institución misógina, responsable del expolio de las inmatriculaciones, denunciadas incluso por colectivos cristianos de base. Estas visitas al Vaticano constituyen una pleitesía legitimadora.

¿Pleitesía?

R: Hay una cuasisubordinación, porque no se hace valer la soberanía. Si hay que ir al Vaticano es para, con toda la educación y la cortesía del mundo, defender la soberanía del Estado y poner fin a los privilegios.

¿Qué expectativas tiene de las negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre educación, fiscalidad, inmatriculaciones...? ¿Esperan un avance o son escépticos?

El tema de la educación está cerrado. Durante la tramitación de la Ley Celaá, Europa Laica presentó enmiendas razonables, incluso admitiendo los Acuerdos con la Santa Sede, que obligan a ofrecer Religión católica. ¡Y ya es admitir! Sólo pedíamos que saliera del horario escolar. Pero no hay voluntad de avanzar. Tampoco con los profesores de Religión, elegidos por los obispos, ni con los currículos de la asignatura, que van de la Conferencia Episcopal al BOE. Eso está cerrado. Con las inmatriculaciones, el Gobierno ha aprobado una amnistía registral tras una negociación sin transparencia. Tiene muy mala salida, porque la Iglesia jamás va a soltar el patrimonio inmatriculado.

¿No ve posibles más avances con las inmatriculaciones?

Esto es mi opinión: creo que es posible que haya un lavado de cara, resarciendo con algún caso puntual, tras un acuerdo en mesa camilla, porque da demasiada vergüenza que las cosas queden así. Esperamos alguna medida de lavado de cara.

¿Y en cuanto a los impuestos?

Puede haber algún cambio en relación con el pago del IBI en los edificios donde se desarrolla alguna actividad mercantil, quizás con alguna modificación de la Ley de Mecenazgo o una reinterpretación de los Acuerdos [con la Santa Sede]. Pero no será por voluntad de la Iglesia, sino por lo mismo que ocurrió con el IVA, cuando a punto estuvo la UE de multar a España por no cobrar el impuesto. [Con la exención del IBI] la corporación católica se está beneficiando de ayudas de Estado, penalizadas por la UE. Creo que el Gobierno y la propia Iglesia van a cuidarse de que les pongan otra vez la cara roja. Incluso la Europa de los mercados lo defiende [el fin de la exención del IBI en edificios sin uso religioso o social] porque distorsiona la competencia.

¿Se ha quedado corta la Ley Celaá también en terreno de la concertada?

Se supone que la ley intenta poner coto a algo que ya debería tener coto, que es el pago de cuotas para cubrir una parte del negocio, generando segregación. Porque hablamos de un negocio económico e ideológico para la Iglesia. Se suele decir que es como la educación pública, pero no lo es. No verás un colegio concertado en Macarrochos de Arriba, porque donde no hay negocio, no van. La prohibición de las cuotas debería ser taxativa, con inspección de verdad.

¿Cuál es su propuesta sobre los Acuerdos con la Santa Sede?

Denuncia y derogación. Taxativo. Sin chalaneos. El único compromiso de la Iglesia, ¡el único!, la autofinanciación, ni se ha cumplido ni se ha hecho cumplir. Podría haber una transición de un año, un año y medio, como último canto del urogallo de la buena voluntad, pero en una campaña de la renta más debería desaparecer la casilla del IRPF. Es lo lógico. La Iglesia católica es una organización privada de creyentes. Con todos sus derechos y todos sus deberes. Los acuerdos tienen que derogarse y la Iglesia pasar a regirse por la Ley de Asociaciones. Una ley de libertad de conciencia debe cubrir las convicciones de tipo religioso y no religioso, no como la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa. ¿Dónde quedan si no el resto de conciencias, por ejemplo ateas, agnósticas...? Hay una situación de privilegio y supremacía de lo religioso. La Iglesia debe ser tratada como una organización normal y estar sujeta al derecho común, aunque luego tenga sus relaciones de cooperación con el Estado en el marco del artículo 16.3 [de la Constitución]. Pero no con el truco del almendruco de los Acuerdos.

¿Qué truco?

El tablero de juego está trucado. Cuando se aprueba la Constitución del 78, las cartas están marcadas. Unos días después, se aprueban los Acuerdos, con privilegios en educación, fiscalidad, estatuto jurídico... Es un fraude. La cooperación mandatada por la Constitución en ningún caso debe ser en liturgia, culto o, como ocurre ahora, para pagar los salarios del clero. No tiene ningún sentido. Creemos que hay margen para avanzar dentro del marco constitucional, aunque nosotros seríamos partidarios de cambiar el 16.3 y el 27, que da pie a un privilegio educativo para la Iglesia.

El PSOE ha cambiado su promesa de derogación de" los acuerdos de la Santa Sede por la de revisión buscando el "consenso" de la Iglesia.

Es una vergüenza. Hubo un momento, cuando se entendió que los Acuerdos sobrepasaban ya el límite de la concordia de la Transición, en que empezó a explicitarse que debía haber una denuncia y derogación. Eso estaba en el programa de partido, pero no de gobierno. Y se nos decía: "Una cosa es el partido y otra el gobierno". Las famosas prioridades... Ahora, en cambio, es que el programa del partido ya no habla de derogación, sino de revisión con consenso. ¿Consenso? ¿Dónde queda la soberanía del Estado? ¿Alguien cree que la Iglesia va a soltar esa perita en dulce? La Iglesia católica jamás va a soltar la perita en dulce de sus privilegios con el dinero y la enseñanza. Tiene que hacerlo el Estado.

¿Ha sido este gobierno una decepción?

R: ¿Decepción? Sí. Este y el anterior, y todos los anteriores.

Arrancó con un gesto de modernidad del presidente, Pedro Sánchez, con la toma de posesión sin símbolos religiosos.

Hemos felicitado al Gobierno por esa toma de posesión, el funeral de Estado [por las víctimas del covid-19] y por los avances en libertad de conciencia, como la Ley de Eutanasia, la igualdad afectivo-sexual... Sin embargo, en los temas económicos, de educación y de separación Iglesia-Estado, ahí no se toca. Y lo decimos. Ahí falta avanzar.

¿Dónde más?

En el mercado de la caridad. Hay una demolición paulatina de los servicios públicos, no sólo la educación y la sanidad, también la asistencia social, que sirve a la Iglesia para ocupar parcelas de poder. Son áreas que quedan huecas por falta de presupuesto y aprovecha la Iglesia para su negocio político e ideológico. Es una cuestión de gran importancia política, porque hay una deriva a nivel planetario, que viene hacia Europa, con una simbiosis entre los fundamentalismos confesionales y las políticas de ultraderecha, todo ello en detrimento de lo público y exacerbando las diferencias por sexo, etnia, origen... Lo vemos en Hungría, en Polonia y en fuerzas de ultraderecha aquí en España. Ante el retroceso de lo público, avanza la extrema derecha y el fundamentalismo confesional, capturando grupos de población desasistida. Aquí el fenómeno aún no tiene la virulencia de Brasil, pero está en progreso. Por eso hacen falta gobiernos democráticos laicos que sean fuertes que no caigan en la tentación de la multiconfesionalidad, con la extensión de los privilegios de una confesión al resto. Ojo, la imparcialidad no significa que los privilegios de una parte se extiendan a los demás. Esa no es la respuesta. Tampoco hay imparcialidad con la libertad de expresión, mediatizada por el artículo 525 del Código Penal, el de la ofensa a los sentimientos religiosos.

Al mismo tiempo que usted hace este diagnóstico, los datos de secularización de la sociedad española son inequívocos.

Una cosa son las sociedades, otra los gobiernos y los partidos, que están abducidos y hacen políticas antilaicistas. Es cierto que la sociedad está altamente secularizada, pero falla el comportamiento de las instituciones y de muchos cargos públicos.

¿Qué papel asigna al Opus Dei en la posición de la Iglesia en España?

Durante el nacionalcatolicismo, tuvo un planteamiento de búsqueda no sólo de las almas, sino de posiciones de poder, con una fuerte implicación en la política y la economía. Ahora hay un repliegue. No están tan expuestos, pero siguen sotto voce, por ejemplo en la judicatura. Además, existen otras organizaciones ultramontanas que compiten por influencia, con los neocatecumenales, NEOS, Hazte Oír, Vox...

Un informe de la Intervención General del Parlamento de Andalucía ha forzado al nuevo partido de Teresa Rodríguez a dar una explicación justo sobre uno de los temas estrella de la líder andalucista: el uso que hacen los diputados de los recursos públicos. Dicho informe concluye que el grupo de Unidas Podemos, durante la etapa en que se llamaba Adelante Andalucía, destinó indebidamente casi 20.000 euros al alquiler y los gastos de dos pisos en Sevilla para al menos siete de sus diputados, algo que la Intervención considera que no debe hacerse. Esta fiscalización abre la puerta a una posible obligación de devolver este dinero, así como otros 700 euros dedicados a gastos de transporte para una manifestación, por parte del actual grupo de Unidas Podemos, donde ya no están Rodríguez ni sus afines y donde se declaran ajenos a los hechos. El caso enrarece aún más las relaciones en la izquierda andaluza, ya dividida y enfrentada.

Los parlamentarios actualmente no adscritos que se alojaron en los dos pisos pertenecen ahora al proyecto Adelante Andalucía, al margen de Unidas Podemos, según fuentes parlamentarias. En un comunicado, Adelante Andalucía señala: "Los dos pisos compartidos por los ocho diputados [el informe dice siete] se pagaron durante seis meses [de julio a diciembre de 2020] desde las finanzas del grupo parlamentario como gastos del mismo. El Parlamento interpreta ahora que esto no se puede hacer". "En ningún caso –añade Adelante– esto supuso ningún enriquecimiento para ninguno de los diputados, que donan sus dietas y el sobrante de su salario ya que tienen limitación salarial; ni para la organización, que a efectos contables contó con los mismos fondos". Adelante asegura que "la recomendación de cómo hacer la contabilidad de los alquileres se hacía desde la gerencia", que era compartida con Unidas Podemos. Este jueves, Adelante publicó un nuevo comunicado [ver aquí] en el que el partido muestra su voluntad de "poner todos los medios para resolver inmediatamente el reparo de la Intervención". El partido expresa la disposición de sus diputados de "reintegrar el dinero con sus dietas actuales, como han hecho en numerosas ocasiones en los últimos años".

Los dos gastos –las viviendas y la donación a una ONG– podrían quedar fuera de los fines que justificaron la concesión de los fondos al grupo, lo que es "causa de reintegro", según el informe, que recuerda que los diputados ya reciben indemnizaciones para alojamiento. Literalmente: "Los gastos de alquiler de una vivienda para alojamiento de los diputados que forman el grupo (ya se trate de un uso eventual o no de la vivienda) y los gastos de suministro (electricidad, gas) o limpieza, podrían incurrir en supuestos de incompatibilidad". El desglose del gasto en vivienda es el siguiente: 16.185,12 euros en arrendamiento, 2.032,80 en limpieza, 1.069,09 en suministros como gas y electricidad. En total, 19.287,01 euros.

El otro gasto supuestamente indebido, siempre según el informe, es de 700 euros en autobús para acudir a una concentración.

Los argumentos de Adelante

La Mesa del Parlamento de Andalucía, órgano de gobierno de la Cámara, ha debatido este miércoles dicho informe de fiscalización. El grupo de Unidas Podemos, del que ya no forman parte por haber sido expulsados por "transfuguismo" los diputados que se alojaron en las viviendas, puede enfrentarse a la obligación de devolución del dinero, señalan fuentes parlamentarias. La situación es peliaguda. Actualmente el grupo está controlado por Izquierda Unida, enfrentada a Adelante Andalucía. Está por ver qué actitud que adopta ahora la coalición liderada por Toni Valero así como Podemos, con Martina Velarde al frente.

La reacción de Adelante Andalucía, ahora liderada por Teresa Rodríguez, ha sido rápida y ha puesto a Unidas Podemos, concretamente a IU, en el punto de mira. En un comunicado hecho público en las redes sociales, Adelante acusa directamente a Izquierda Unida de realizar la "filtración" con la intención de "hacer daño" mediante una "campaña sucia", de "barro y tierra quemada". "Mal camino hacia la unidad", añaden.

El comunicado señala que "es llamativo que este ataque se dé después de que los diputados" de Adelante "hayan sido siempre tan exigentes en lo referente a los privilegios y al uso del dinero público".

El partido recuerda que siempre ha defendido la reducción y justificación de las indemnizaciones para alojamiento y las dietas. "Para reducir ese gasto, han alquilado dos casas para ocho diputados, un gasto mucho más reducido que el que se gastan la mayoría de diputados de la Cámara andaluza por noche de hotel cada vez que vienen a Sevilla", añaden en el comunicado.

"Es llamativo que se señale a los diputados que disminuyen gastos compartiendo piso y no a los diputados del resto de grupos que prefieren pasar noches en hoteles". En realidad, el informe no entra en qué es más austero o eficiente, sino que se limita a señalar que no son gastos apropiados para un grupo parlamentario.

Adelante recuerda el sobrante de las dietas de sus diputados ha sido donado a diferentes organizaciones, algo que "no hace ningún otro partido del Parlamento andaluz". Además, recuerdan Rodríguez y los suyos, los 11 diputados de Adelante –expulsados del grupo parlamentario– "propusieron durante la pandemia una reducción de su salario del 60%". Por último, Adelante recalca que los 11 no adscritos no reciben ningún dinero como grupo y que Unidas Podemos "sigue percibiendo la misma subvención de 17 miembros aunque sean sólo seis, gracias al acuerdo llevado a cabo con PP, Ciudadanos, PSOE y Vox".

Los obispos han elegido como líder para los próximos cuatro años a Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y como número dos a Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Ambos representan la línea más coherente con el Papa Francisco y se alejan significativamente de los sectores más ultras de la Iglesia (ver aquí el perfil que traza Ángel Munárriz, periodista de infoLibre y autor de uno de los libros más interesantes sobre el episcopado y sus cuentas pendientes con el Estado). Enseguida han surgido voces que califican la cosa como una victoria del ala “progresista” de la Iglesia. Considerar “progresista” o “rojo” a cualquier obispo español es más o menos como creer a Bernie Sanders cuando se define como "socialista". Omella tiene de “rojo” lo que Obama de “comunista”.

El contexto lo condiciona todo. Del mismo modo que, en comparación con Trump, efectivamente Sanders o incluso Joe Biden y hasta el multimillonario Michael Bloomberg son gente de progreso, todo arzobispo español simplemente demócrata y dialogante pasa por socialdemócrata radical si se le compara con Rouco o Cañizares, las manos que han venido meciendo la cuna del poder de la Iglesia católica en España desde 1999 (ver aquí). Recordemos que Rouco, Cañizares y Ricardo Blázquez (un poquito más moderado) han dirigido todos sus esfuerzos durante dos décadas a oponerse a todas las iniciativas progresistas sobre el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia, y a apoyar manifestaciones contra la supuesta “ruptura de España” o la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero han puesto todavía más ahínco en proteger los privilegios fiscales de la Iglesia, las inmatriculaciones irregulares, la inmunidad de los sacerdotes pederastas o el suculento negocio de la enseñanza religiosa.

Y este último punto es el nexo principal que unía este martes la sede episcopal de la madrileña calle Añastro y el palacio de La Moncloa. El Gobierno volvía a aprobar el texto de la ley de Educación que ya intentó sacar adelante tras la moción de censura de 2018. Es el que tumba la llamada ley Wert, la polémica Lomce, y el que pretende, entre otras cosas, eliminar la obligatoriedad de la asignatura de Religión y del concepto de “demanda social” en la planificación escolar (ver aquí). Es decir, se trata de obligar a los colegios concertados a admitir a alumnos de familias con bajos recursos económicos o con dificultades para el aprendizaje, y “equilibrar” así la responsabilidad social de la educación pública. Debería parecernos algo obvio, medieval, de Perogrullo, pero lo cierto es que en España sigue existiendo una segregación del alumnado, por sexo y por estatus socioeconómico, que engorda un negocio educativo mayormente en manos de la Iglesia católica y soportado con recursos públicos (ver aquí).

Las fuerzas conservadoras y sus terminales mediáticas darán (seguro) más importancia al hecho de que el nuevo presidente de los obispos, Juan José Omella, haya defendido el “diálogo” como solución política a la crisis originada desde Cataluña (ver aquí), o que haya calificado de “excesiva” la prisión preventiva de más de dos años a los dirigentes independentistas (ver aquí). Insinuarán (ya lo están haciendo) que el nuevo líder de la Iglesia en España ha sido prácticamente acordado por un acatarrado Francisco desde el Vaticano con el Gobierno “socialcomunista” de Madrid. Pero lo cierto es que la gran preocupación de los sectores eclesiásticos ultramontanos, los que mueven Roma con Santiago para que el Tribunal de Cuentas no apruebe la auditoría en la que se denuncia el descontrol en la gestión del dinero público que recibe la Iglesia del Estado (ver aquí), es la firme posibilidad de que en la presente legislatura se ponga fin a una tomadura de pelo a la ciudadanía que dura ya unas cuantas décadas. Procede de la alianza entre el franquismo y la cúpula de la Iglesia y se ha venido manteniendo contra el más mínimo respeto a una letra de la Constitución que decretaba la aconfesionalidad del Estado y a un espíritu laico inherente al concepto de democracia.

La fe es algo absolutamente respetable, personal, individual, perteneciente al pensamiento, el corazón y el alma de cada cual. Pero no puede ni debe afectar al bolsillo de todos. Omella decidirá qué hacer respecto a las cuestiones teologales y doctrinarias del papa Francisco, o sobre la vergonzosa (e ilegal) protección a la pederastia en las filas del clero. Pero, más allá de su moderación o progresismo, lo que interesa a la ciudadanía es que España avance de una vez por todas hacia una convivencia justa, moderna, transparente… laica. Las creencias no pueden servir para elevar nota ni obtener becas. Lo obligatorio es una educación en valores cívicos y éticos. Y cada euro de la caja de todos debe gestionarse con absoluta transparencia. Amén.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que la jerarquía eclesiástica mueva ficha para abordar de una vez el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia en España. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene desde “hace tiempo” sobre la mesa una “propuesta” del Gobierno para sentarse a negociar aspectos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las inmatriculaciones, dos cuestiones que los socialistas llevaban en su programa electoral de 2016 pero que desaparecieron del documento programático presentado de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. El Ejecutivo, además, ya ha nombrado a dos representantes para que lideren las negociaciones con la institución eclesiástica y se encuentra a la espera de que la Conferencia Episcopal Española haga lo propio para abrir con la mayor celeridad posible el melón tributario. Una cuestión que lleva años, por no decir décadas, instalada en el debate político español y que no termina de abordarse seriamente.

“Queremos que contribuyan a la justicia social que supone aportar con sus impuestos a las políticas de igualdad y de solidaridad y fraternidad, que es lo que se construye con la fiscalidad de un país democrático”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, recordando que la jerarquía eclesiástica ya tiene “una propuesta” suya “mediante carta” en la que se advertía a la institución religiosa que había llegado el momento, “cuanto antes mejor”, de sentarse a negociar el replanteamiento de “la fiscalidad de la Iglesia Católica”. “Esto es lo que hay que rematar, porque saberlo ya lo saben”, ha continuado Calvo, que ha pedido este lunes no dejar pasar “mucho más tiempo”. Por ello, ha apremiado a la Conferencia Episcopal Española a mover ficha: “Por nuestra parte ya tiene a las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse con la Iglesia Católica para ver todo el tema de la fiscalidad. […] Esperamos que la Conferencia Episcopal nombre a las dos personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto”.

El laicismo fue uno de los pilares sobre los que se sostuvo el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2016. Entre otras cuestiones, el documento socialista de cara a aquella cita con las urnas prometía claramente “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede”, que rigen las relaciones con el Vaticano, así como “avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas” y promover “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas”. Y, por supuesto, planteaba sin rodeos “establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social” y “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material”. Medidas que desaparecieron por completo del programa electoral de los socialistas para las pasadas generales.

Nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Gobierno socialista empezó a dar tímidos pasos en la dirección marcada tanto por el documento programático de 2016 como por las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, el cónclave que confirmó el resurgir de Pedro Sánchez. Así, por un lado, dieron el pistoletazo de salida a la exhumación de los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos cuatro décadas después de la muerte del dictador. Por otro, anunciaron la publicación de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y abordaron con las altas esferas del Vaticano una reforma de la fiscalidad de la Iglesia para intentar ajustarla a la vía italiana, obligándola a tributar por “aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto”. Promesas que, sin embargo, no ha conseguido materializar. La exhumación, se encuentra atascada en el Supremo. Y el melón de la fiscalidad y las inmatriculaciones continúa sin abrirse.

El Gobierno no desvela el nombre de los negociadores

Ahora, dos meses después de que las urnas dieran la victoria a Pedro Sánchez y con la investidura todavía en el aire, el Ejecutivo socialista en funciones vuelve a poner ambas cuestiones sobre la mesa y presiona a la Conferencia Episcopal para que mueva ficha. Fuentes del Gobierno explican a este diario que los dos funcionarios a los que se ha encargado liderar las negociaciones con la jerarquía eclesiástica fueron designados “hace meses”, poco tiempo después de que la vicepresidenta Carmen Calvo tratase en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia. Sin embargo, rechazan revelar el nombre de ambos negociadores. La Conferencia Episcopal, por su parte, prefiere no hacer comentarios cuando se le pregunta por qué a día de hoy sigue sin designar a sus representantes para sentarse en la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo socialista. “No vamos a comentar nada de eso”, responden desde la institución religiosa a este diario.

Uno de los privilegios que más controversia suscita es la exención del IBI. La Iglesia y sus diferentes organizaciones no lo abonan, por lo cual los ayuntamientos dejan de percibir cientos de millones de euros al año. El acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede establece la exención de la “contribución territorial urbana”, es decir del IBI, para templos y dependencias anejas, residencias de obispos, oficinas de la curia, seminarios y conventos de las órdenes. Esto es, cuando la finalidad es religiosa. Sin embargo, en muchos casos estos inmuebles se utilizan para desarrollar actividades económicas, ya sea alquilando aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo o un hotel de cuatro estrellas en la Costa Brava. El pasado noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó, en una sentencia que afectaba a Italia pero que podría ser extrapolable a España, que las autoridades deben cobrar el tributo por aquellos inmuebles con uso comercial. Una opinión que comparte, incluso, el papa Francisco y que rechaza tajantemente la jerarquía eclesiástica española.

La otra cuestión que levanta una enorme polvareda es la de las inmatriculaciones, un problema que se remonta a hace más de dos décadas. El 29 de septiembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar aprobó el Real Decreto 1867/1998, una modificación legal que permitió a la Iglesia Católica poner a su nombre la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, entre otros templos religiosos. Aquella norma reformó la normativa hipotecaria franquista de los años 1946 y 1947, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: “Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción”.

Los otros incidentes diplomáticos con el Vaticano

Pero la vicepresidenta no sólo ha anunciado este lunes, en declaraciones a la Cadena Ser, la intención del Ejecutivo socialista de pisar el acelerador para culminar a la mayor brevedad posible la reforma de la fiscalidad de la Iglesia. También ha puesto sobre la mesa la intención de trasladar una queja formal a Roma por las declaraciones realizadas por el nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, quien ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “resucitado” a Franco con su intención de exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador, un proyecto detrás del cual subyacen “motivos sobre todo políticos” e “ideológicos” de aquellos que “quieren de nuevo dividir a España”. Unas afirmaciones que, en opinión de Calvo, son “improcedentes e inaceptables” en el “fondo y en la forma” porque un embajador de la Santa Sede “no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado” y en una cuestión “tan importante” como la exhumación de los restos de “un dictador”. “Va a recibir una queja por una injerencia de esta naturaleza”, ha apuntado.

No son nada habituales los conflictos diplomáticos entre el Estado español y el Vaticano. Pero esto no quiere decir que en los últimos años no se hayan producido algunos enfrentamientos entre Madrid y la Santa Sede. Uno de ellos se registró en febrero de 2008, cuando a menos de dos meses de las elecciones generales la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado cargando contra algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e instando a los ciudadanos, aunque sin mencionar nombres, a no introducir en las urnas la papeleta del PSOE. Un llamamiento que llevó al entonces embajador español en el Vaticano a ponerse en contacto con el número dos de la Santa Sede para mostrarle la “perplejidad y sorpresa” del Ejecutivo socialista por la posición “integrista, fundamentalista y neoconservadora”, en palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de la jerarquía eclesiástica española.

También el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido algún tira y afloja con la Santa Sede. Pero en este caso, por el apoyo de algunos sacerdotes catalanes al referéndum del 1-O. Así, en septiembre de 2017, cuando quedaban pocos días para que se celebrara la consulta declarada ilegal, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó, a través del entonces embajador español en la Santa Sede, una nota verbal de protesta al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por el manifiesto que cuatro centenares de sacerdotes y diáconos catalanes trasladaron al papa Francisco apoyando el referéndum independentista. Un escrito en el que respaldaban la consulta movidos “por los valores evangélicos y humanísticos” y “empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir”. En su nota verbal, el Gobierno señaló que dicho manifiesto vulneraba el Código de Derecho Canónico y el espíritu de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979.

El modelo italiano de fiscalidad de la Iglesia que el Gobierno quiere implantar en España obliga a la institución católica a pagar la contribución urbana por inmuebles en los que desarrolle actividades comerciales desde una posición de ventaja competitiva. La aplicación en España del sistema transalpino tendría efectos directos sobre la actividad de la Iglesia, poniendo fin al negocio de sus tiendas y al alquiler de inmuebles sin pagar el IBI. Es incierto el impacto que podría tener en los colegios católicos, el principal bastión de influencia de la Iglesia en España, porque el marco legal de esta actividad iguala a la institución católica con el resto de promotores educativos.

La ventajosa fiscalidad eclesial es objeto recurrente de controversia social y política en Italia, al igual que en España. El foco en los últimos años ha estado en la contribución urbana, que en España es el IBI y en Italia ha sido el ICI primero y ahora el IMU, un impuesto similar. No es un tema menor económicamente. Aunque no hay datos oficiales –en el país italiano la Iglesia es también reservada sobre sus bienes–, se estima que entre el 20% y el 30% del patrimonio inmobiliario italiano pertenece a la institución católica. Ahí caben viviendas, parroquias, escuelas, centros hospitalarios, casas asistenciales, infinidad de locales de todo tipo. Parecido a España, en suma.

También igual que en España, Italia fue golpeada por la crisis. Al Gobierno del tecnócrata Mario Monti (2011-2013) le tocó poner en marcha un programa de recortes y subidas de impuestos. La enervada opinión pública reparó entonces en el privilegiado estatus fiscal de la Iglesia en Italia, donde desde una ley de 1992, con el Gobierno de Giuliano Amato, del Partido Demócrata, gozaba de la total exención de la Imposta Comunale Sugli Inmobili (el ICI). En 2006, en uno de esos juegos de sombras a los que tan aficionada es la política italiana, el Gobierno de Romano Prodi había acotado aparentemente los privilegios estableciendo la exención para los inmuebles en los que la Iglesia realizara actividades "no exclusivamente comerciales". Es un poco enrevesado, pero el resultado es que si en un establecimiento en el que se realizaba una tarea comercial, la Iglesia plantaba una capilla, pues ya no habría actividad "exclusivamente comercial" y por lo tanto la exención seguiría en pie. El propio cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, tuvo que admitir que esa reforma dejaba "zonas grises".

Tratos como este constituían un privilegio difícilmente justificable en plena oleada de ajustes del Gobierno Monti. Aunque en su primera propuesta de reforma del ICI el primer ministro dejó fuera a la Iglesia, la presión social y el conocimiento por parte del Ejecutivo de la apertura de una investigación de la Comisión Europea sobre las ayudas de Estado a la Iglesia en Italia acabaron metiendo a la Apostólica y Romana en el saco de los damnificados.

La reforma impulsada entonces es la que ahora quiere imitar el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque aún no ha dado detalle sobre el cómo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su reunión a finales de octubre con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, le comunicó que el Ejecutivo de Sánchez desea que se aplique la fórmula italiana, de manera que la Iglesia tribute por "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto". En el más reciente Consejo de Ministros de la pasada semana, Calvo abundó en esta línea. "Le trasladé [a Parolin] que la fórmula italiana de 2012 era interesante", señaló, insistiendo en que la idea era "respetar" –es decir, librar del pago del IBI– los "espacios destinados al culto", pero no el resto.

Protección de la libre competencia

La vicepresidenta afirmó que ambas partes habían acordado constituir "grupos de trabajo" para abordar tanto esta transición fiscal como el problema de las inmatriculaciones. Sobre la exención del IBI en concreto, infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de la Presidencia de Calvo como a la Conferencia Episcopal Española en busca de detalles sobre el punto de partida de la negociación, sin resultado. Estamos en "fase preliminar", afirma un portavoz de Presidencia.

Hay que ir a la letra de la reforma italiana, que entró en vigor en noviembre de 2012 y está inspirada por un principio claro: la protección de la libre competencia, santo y seña de la construcción económica europea. La Iglesia no puede en Italia competir económicamente en condiciones ventajosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde puso la lupa la Comisión Europea a raíz de dos denuncias presentadas en Italia en 2006 y 2007 por un bed & breakfast y un colegio laico que competían con negocios similares de la Iglesia libres del ICI. Ese fue el punto de partida de la reforma italiana, más allá de la presión social.

De la generalización al detalle

Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y experto en relación Iglesia-Estado, afirma que Italia ha pasado "de un sistema en el que no había que distinguir de qué tipo de inmueble se está hablando a otro en el que hay que justificar la exención". Lo que hace esencialmente el decreto de 2012 del Ministerio de Economía y Hacienda es exigir claridad. Hacía falta. Las sucesivas reformas legales habían terminando generando un marco en el que quedaban exentos del ICI –que desde el 1 de enero de aquel año había pasado a llamarse Imposta Municipale Propria, IMU– los inmuebles en los que la Iglesia y las entidades sin ánimo de lucro realizaban actividades de "bienestar, seguridad social, salud, investigación científica, educación, alojamiento, culturales, recreativas y deportivas", siempre que fueran en modalidad "no comercial".

Esto, sin que se hilase fino en qué se traducía, daba en la práctica barra libre a la Iglesia. El decreto Monti dibuja las líneas para garantizar que estas actividades se desarrollen "sin modalidad comercial". Y así queda "prohibido distribuir, incluso de manera indirecta, los beneficios y excedentes operativos, así como los fondos, reservas o capital"; es obligatorio "reinvertir cualquier ganancia y excedentes operativos exclusivamente en el desarrollo de las actividades" propias del "fin institucional" de la entidad; hay que "devolver los activos del organismo no comercial en caso de su disolución por cualquier motivo", cosa harto improbable en el caso de la Iglesia. Para que la modalidad sea considerada no comercial –aquí viene el punto más importante– no se puede producir competencia con "otros operadores" de la Unión Europea. Es decir, con otras empresas. Una resolución de 2013 afinó y concretó aún más estos requisitos para optar a la exención del IBI.

"Requisitos precisos"

A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Hacienda de Italia, dirigido por el independiente Giovanni Tria, señala que la Iglesia debe ahora acreditar los "requisitos precisos" que establece la normativa para obtener la exención. Esto es válido tanto para la Iglesia y sus instituciones como para todo el llamado "tercer sector", añade el ministerio. Las exenciones, en resumen, quedan sólo para los lugares de culto y "cuidado de las almas", para la formación de clérigos y religiosos, para la catequesis, así como para la educación en los casos en que se cumplan los requisitos del decreto de 2012.

No toda la educación está libre. Una sentencia del Tribunal Supremo italiano tras una demanda del Ayuntamiento de Livorno estableció que un colegio de la Iglesia debía pagar la contribución urbana porque su actividad comercial no es "marginal". A raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la exención del IBI cuando hay actividad económica, la propia Conferencia Episcopal Italiana ha advertido de que quedan afectadas de lleno no sólo su actividad puramente empresarial –la hotelera, por ejemplo–, sino también la de "bienestar", "atención médica" y las iniciativas "culturales y educativas". El alcance definitivo del fallo europeo está todavía por determinar.

Aplicación en España

No será fácil delimitar a qué actividades de la Iglesia en España afectaría una reforma así, ya que no hay una simetría entre su funcionamiento aquí y en Italia. Por ejemplo, los colegios católicos en España desarrollan una actividad que podría encajar con las que se quedan sin exención con la norma italiana. Pero por otra parte, la Ley de Haciendas Locales libera del pago de tasas locales por igual a todos los promotores de colegios, por lo que no habría esa competencia ventajosa.

Lo que sí quedaría fuera de la exención son los alquileres. La Ley de Mecenazgo también extendió a ONG y entidades benéficas privilegios fiscales históricos de la Iglesia, dando cobertura a la institución católica para entrar en el negocio del alquiler de viviendas y locales comerciales sin pagar IBI ni Impuesto de Sociedades. En los aparcamientos de la Iglesia en Almería y Lugo o en su hotel en la Costa Brava, todo ello libre de impuestos, se produce una competencia desigual con otras empresas explotadoras de aparcamientos y hoteles. Este privilegio no sólo caería con la extensión a España de la reforma italiana de 2012, sino también con la jurisprudencia europea vinculante sobre ayudas de Estado. La propia justicia europea ya ha puesto en el punto de mira las ventajas fiscales de la Iglesia, rechazando una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. Uno de los incentivos del Gobierno para adaptarse a la norma Italia es evitar en lo posible o minimizar el impacto de eventuales castigos judiciales llegados desde Europa.

Posibilidades de la actual ley española

Cualquier reforma se encontrará, no obstante, con el obstáculo de su aplicación en los más de 8.000 ayuntamientos de España, que son los que pormenorizan las exenciones. La regla hasta ahora es la exención generalizada, por lo que el conflicto surge cuando algún ayuntamiento se salta el guión y pasa un recibo. En alguna ocasión la justicia da la razón al ayuntamiento, lo que demuestra que ya con la ley española actual no debería ser posible, por ejemplo, que la Iglesia explote panaderías, hospederías o tiendas de regalos sin pagar IBI. Así lo ha establecido ya una sentencia firme contra la diócesis de Mallorca, que de momento no está desplegando efectos ni acelerando el afloramiento fiscal del resto de locales comerciales libres de IBI de la Iglesia. Para abrir ese melón es necesario que los ayuntamientos se arremanguen y tomen la iniciativa.

Legalmente ahora mismo es incuestionable que están exentos los inmuebles destinados a la actividad del culto y sus anexos dedicados a la actividad pastoral, los seminarios y universidades de estudios eclesiásticos, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes, las oficinas parroquiales y los edificios destinados primordialmente a casas conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. La pregunta surge cuando dentro de estos inmuebles hay zonas concretas donde se realiza una actividad económica lucrativa pero se beneficia de la exención del conjunto. Hacia la delimitación exacta de los casos se encamina lentamente desde 2012 el modelo italiano que Calvo quiere aplicar.

Los acuerdos del 76-79

Enrique Ruiz, miembro de la junta directiva de Europa Laica y uno de sus principales expertos en temas económicos, desconfía del anuncio de la vicepresidenta Calvo. "Ya hemos oído muchas veces que va a haber cambios. Pero, al final, no cambia nada", señala.

Ruiz recuerda que llevar a la práctica el propósito de Calvo podría requerir reformas legales (Haciendas Locales y Mecenazgo, entre otras) que afectan a otras entidades, ONG, fundaciones... Y subraya que la relación económica Iglesia-Estado sigue determinada por los acuerdos del 76-79. "Ese pacto sigue diciendo que el Estado se compromete a aportar los recursos suficientes a la Iglesia [literalmente, "el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa"], por lo tanto, si no es por un sitio se le acabará dando por el otro mientras no se deroguen esos acuerdos". Sin esa derogación, según Europa Laica, cualquier cambio legal puntual podría quedar neutralizado.

Al anunciar su reforma del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, justo después de la decisión definitiva del Tribunal Supremo de endosárselo al cliente y no a la banca, el Gobierno se había ahorrado explicar un suculento detalle, que sólo se destapó al publicarse en el BOE. El titular, palabra arriba o abajo, era parecido en todas las cabeceras: "La banca no pagará el impuesto de las hipotecas en los préstamos a los partidos y a la Iglesia". Leído así, a primera vista, podía parecer que, en tales casos, serían los partidos y la Iglesia los que lo pagarían. Pero no, no es así... No lo pagaría la banca, pero tampoco los partidos políticos o la Iglesia, porque ya se lo ahorraban también cuando era el cliente el que tenía que pagar el impuesto. Y no es su único beneficio fiscal.

El lío organizado en torno a la sentencia del Supremo y la reacción del Gobierno ha servido para poner en conocimiento general que ya antes de la reforma de la ley del IAJD estaban exentos del pago el propio Estado, los partidos con representación parlamentaria, la Iglesia católica y las confesiones que tienen acuerdos de cooperación con el poder público –judía, islámica y evangélica–, además de las entidades sin fines de lucro acogidas a la Ley de Mecenazgo. Es decir, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, ONG, federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español, las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social, el Instituto de España y las Reales Academias, Cruz Roja, la ONCE y la Obra Pía de los Santos Lugares. Un importante coladero en la recaudación autonómica del IAJD a beneficio de los niños mimados del fisco.

La decisión de mantener la exención en los préstamos concedidos a este paquete de beneficiados, pero trasladándola ahora a la banca, se adopta "por coherencia interna", explica el Ministerio de Hacienda. Trasladar la exención de los partidos y la Iglesia a la banca es una cuestión de "lógica tributaria", añade. Lo ve menos claro José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). "Esto tiene sentido en el caso de las Administraciones Públicas. No se discute, porque se le pagaría al propio Estado. Pero, ¿en el resto? El beneficio fiscal siempre va asociado al obligado al pago, no al cliente del obligado al pago. Ahora un partido o la Iglesia es el cliente del obligado al pago, que es el banco. No tiene sentido", señala Mollinedo. A su juicio, la medida parece adoptada bajo la lógica de quien piensa que, en contra del discurso del Gobierno, la reforma sí que va a encarecer las hipotecas.

  Las ventajas de la Iglesia

El privilegiado estatus fiscal de los partidos políticos encuentra su justificación en la Constitución española, que los considera expresión del "pluralismo" e "instrumento fundamental para la participación política", de la misma forma que los sindicatos y las patronales son entendidas en el texto marco como defensores de "los intereses económicos y sociales". Por su parte, la Iglesia católica tiene anclado su particular estatus tanto en la Constitución española, que hace una expresiva mención a la misma, como en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979.

Dichos acuerdos sientan la base de numerosas exenciones fiscales, que afectan a la práctica totalidad de sus actividades. La Iglesia, compuesta por más de 40.000 entidades, no paga IBI salvo en casos específicos en que realiza directamente explotación económica del inmueble, y eso si el ayuntamiento de turno se lo reclama y logra hacer prevalecer su derecho recaudatorio en los tribunales. La exención del IBI a la Iglesia, que se extiende a inmuebles en los que realiza negocios mediante el alquiler, está en el punto de mira del Gobierno y de la Unión Europea, porque lesiona la libre competencia.

Aunque este impuesto es el que da más que hablar, no es el único que se ahorra la Iglesia. Sus beneficios se extienden a la práctica totalidad de sus actividades. Están libres del abono del Impuesto de Sociedades los donativos, las colectas, los rendimientos del patrimonio mobiliario (por ejemplo, intereses, dividendos..) e inmobiliario (alquileres). También lo están las plusvalías generadas por las ventas de patrimonio. Y las actividades de asistencia social, las prestadas en hospitales y colegios, las editoriales y librerías, las visitas culturales, la realización de cursos o conferencias, las actividades deportivas y en general aquellas cuyo importe no supere los 20.000 euros. La Iglesia también está libre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Actividades Económicas. Las entidades de la Iglesia se benefician además de una deducción por donativos. Las aportaciones a hermandades y cofradías desgravan hasta un 75 por 100, un beneficio compartido con las donaciones a las ONG.

  Un estatus compartido, un privilegio único

La Iglesia suele subrayar que la mayoría de sus beneficios fiscales no son exclusivos, por lo que protesta cuando se le llaman privilegios. Señala, de hecho, que son compartidos por otras organizaciones en razón de las leyes de Mecenazgo (2002) y Haciendas Locales (2004). Tienen razón ahí los portavoces de la jerarquía eclesiástica, aunque también hay que señalar que cualquier exención a la Iglesia, por las dimensiones de su actividad y el volumen único de su patrimonio, tiene un impacto incomparablemente mayor. Y que además sólo la Iglesia católica se beneficia de una casilla en el IRPF que le brinda 250 millones al año de dinero público, del pago con fondos del Estado de una red de más de 2.500 colegios católicos, del sostenimiento –también con fondos estatales– de los profesores de Religión en la escuela pública, de los capellanes en cárceles y hospitales...

Además de un negocio opaco y millonario con la venta de entradas a sus templos.

Por lo tanto, es cierto que el grueso de los beneficios fiscales de la Iglesia son compartidos por el resto de confesiones con acuerdo de colaboración con el Estado, así como por ONG y fundaciones. Pero también es cierto es que es la Iglesia, con diferencia, la que mayor partido saca a este régimen fiscal. Pasa algo parecido con la exención del IBI desde 2004 a los colegios concertados. Beneficia a todos los promotores de centros concertados, pero especialmente al principal, la Iglesia –a través de sus organizaciones–.

  La ley clave

El hilo que extiende a otras entidades los privilegios de la Iglesia parte de 1980, con la Ley de Libertad Religiosa, que anticipa a las confesiones que en el futuro firmen acuerdos de cooperación con el Estado los beneficios fiscales a fundaciones y ONG. Ello parte de la forma en que los sucesivos gobiernos han venido entendiendo la protección del derecho a la libertad religiosa. No como un compromiso efectivo de los poderes públicos de no interferir en la esfera moral de las personas, sino como una obligación del Estado de pagar –directamente o indirectamente– a las organizaciones religiosas. En 1992 firmaron acuerdos con el Estado la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. Esto les permitió acogerse a la pedrea de beneficios fiscales que otorga la Ley de Mecenazgo y justifica a su vez que estén entre los exentos del ahora famoso IAJD.

La Iglesia y el resto de confesiones, las fundaciones y ONG que se libran del IAJD encuentran su maná en la Ley de Mecenazgo. Los beneficios abarcan el Impuesto de Sociedades, con la limitación de la defensa de la competencia y la obligación de que "la actividad" se ciña a la "finalidad" de las organizaciones, una afirmación que abre la puerta a un amplio campo interpretativo. Están exentas de Sociedades las explotaciones vinculadas a fines sociales como protección de la infancia, la tercera edad, las mujeres maltratadas, la cooperación al desarrollo... En la práctica las cosas no se quedan sólo ahí. La Iglesia –principal beneficiaria de la ley– está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, y también del IBI, por el alquiler de locales para aparcamientos y conventos desacralizados para hoteles, algo que a priori no está entre sus fines naturales. La Ley de Mecenazgo también establece para buena parte de las organizaciones que se libran del IAJD la exención del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas. Y eso además de incentivos fiscales al mecenazgo y un ventajoso régimen de donaciones.

  Subvenciones y exenciones para los partidos

Dejando al margen al Estado, los partidos son el otro gran beneficiario de la exención del IAJD –beneficio que ahora hereda la banca–. Sus ventajas no se limitan a este impuesto. La construcción de su estatus ha seguido un itinerario diferente al de la Iglesia. La Ley de Régimen Electoral General de 1985 ya dejaba exentos del IAJD todos los documentos del procedimiento electoral. La exención se ampliaba en la ley reguladora del IAJD, cuya primera versión es de 1993. La Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, establece la obligación del Estado de dotar de "subvenciones anuales no condicionadas" con cargo a los Presupuestos a los partidos con representación parlamentaria "para atender sus gastos de funcionamiento", lo cual disipa cualquier horizonte de autofinanciación de las formaciones. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas ya ha puesto de relieve que más del 75% de la financiación de los partidos políticos es pública. La Iglesia suele quejarse de esto: de que desde la política, precisamente desde la política, se la critique por su incapacidad para autofinanciarse

La Ley de Financiación de Partidos también consagra los incentivos fiscales sobre las cuotas de afiliación, deducibles de la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, con el límite de 600 euros anuales.

La ley que regula el IVA exime de su pago a los partidos por las prestaciones de servicios y entregas de bienes siempre que estén relacionadas con el "cumplimiento de su finalidad específica". No hay que olvidar que todo el marco legal parte la idea de que "los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza".

  La rendija del IBI

En cuanto a las donaciones, los partidos se benefician del mismo régimen de la Iglesia y las ONG. La Ley del Impuesto de Sociedades otorga a los partidos una exención parcial. ¿Qué abarca? Están libres de tributación para los partidos "las rentas obtenidas para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica". Y quedan también apartados del fisco los rendimientos e incrementos del patrimonio por las cuotas y aportaciones de sus afiliados, por las subvenciones percibidas, por las donaciones, por las adquisiciones a título lucrativo. Igualmente están exentos los rendimientos procedentes de los bienes y derechos que integran el patrimonio del partido político.

En una zona más oscura está el IBI. La Iglesia acusa a los partidos políticos de no pagarlo y, en cambio, quedar libre de acusaciones. Lo cierto es que los partidos no están incluidos entre las instituciones exentas en la Ley de Mecenazgo. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la mecánica habitual de funcionamiento de los partidos señalan que la casuística es muy amplia y que en ocasiones las sedes de los partidos se benefician de exenciones, en ocasiones no. Depende de si los partidos la solicitan.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) afirma, a preguntas de infoLibre, que ni partidos políticos ni sindicatos están exentos del pago del IBI, como tampoco lo están del impuesto de plusvalías. "Las excepciones que pudiera haber vienen marcadas por cuestiones como que la sede en cuestión pertenezca a patrimonio del Estado y se encuentre cedida por este al partido o sindicato", señalan desde la FEMP. Otra posibilidad es que la sede sea titularidad de una fundación del partido, no del partido en sí, con lo que se beneficia de la Ley de Mecenazgo. El Tribunal de Cuentas lo explica así: "Los partidos políticos están obligados al pago del IBI que recaiga sobre los bienes inmuebles que sean de su titularidad, no así en relación con los inmuebles que ocupen o compartan y que sean titularidad de la fundación o asociación vinculada". Una rendija de la que no pueden hacer uso los contribuyentes comunes.

La justicia europea ha golpeado las ventajas fiscales de la Iglesia católica en Italia, su cuna, en una sentencia con irradiación en toda la UE. Incluida España, donde la Iglesia se beneficia de exenciones por inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas, precisamente el aspecto atacado por el fallo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, ha establecido en una sentencia fechada este martes la obligatoriedad del Estado italiano de cobrarle a la institución religiosa el impuesto sobre bienes inmuebles (denominado IBI en España e ICI en Italia) atrasado en establecimientos donde desarrolle actividades comerciales. El TJUE defiende la incompatibilidad de una ayuda de Estado, indirecta o encubierta a través del sistema fiscal, con el funcionamiento libre del mercado. Se trata de impedir que una entidad de la Iglesia se beneficie de una exención fiscal en un inmueble desde el que compite ventajosamente con otras empresas dedicadas a un negocio similar.

Esta situación se puede dar en España, aunque no está cuantificada. La Iglesia tiene alquilados, por ejemplo, aparcamientos en Almería y Lugo y un hotel en Begur sin pagar el IBI ni el Impuesto de Sociedades. Lo hace de forma totalmente legal en España, acogiéndose a la Ley de Mecenazgo, en un régimen que la iguala con fundaciones y ONG. Este blindaje podría verse afectado por la sentencia del TJUE. La resolución europea despliega eficacia erga omnes, es decir, afecta a todos los países de la UE, continuando con la línea jurisprudencial existente sobre la aplicación de esquemas tributarios que encubren ayudas de Estado, explica Aitor Martínez, profesor de Derecho Internacional.

¿Cómo podría ponerse a prueba si las exenciones españolas a inmuebles de la Iglesia o sus entidades en los que se desarrollan actividades económicas están fuera de la ley europea? "Las ayudas de Estado están prohibidas por el Derecho comunitario, porque rompen el mercado interior. Y no sólo las ayudas directas, por ejemplo en forma de subvenciones, sino las ayudas indirectas o encubiertas. Se puede presentar un recurso ante la Comisión Europea, que actúa como guardiana de los tratados europeos, alegando además que ahora hay un precedente jurisprudencial con cierta identidad en el objeto y los sujetos", señala Martínez.

A su juicio, no obstante, el mecanismo óptimo sería que las autoridades españolas actuasen "conforme al principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del Tratado de la UE y, haciéndose eco de la sentencia, retirasen los elementos discriminatorios que atentan al derecho de la competencia y que obran en la normativa tributaria española". El profesor recuerda otros casos, como el del licor francés 'Cassis de Dijon', cuya comercialización era obstaculizada en Alemania a través de estrategias tributarias contrarias a la libre competencia, situación ante la que el TJUE dictó su sentencia de 1979 en la que se asentó "una profusa línea jurisprudencial contra la instrumentalización del sistema fiscal en contra de la libre competencia".

Mismo sector, diferente fiscalidad

La sentencia europea se dicta justo cuando la vicepresidenta Carmen Calvo, tras su sonada visita al Vaticano, ha anunciado que el Gobierno pretende revisar la fiscalidad de la Iglesia católica adaptándola al modelo italiano. El modelo transalpino fue modificado en 2012, precisamente después de que la Comisión Europea iniciara la investigación que ha desembocado en este fallo.

Es un fallo con mucha historia. Pietro Ferraci, propietario de un alojamiento turístico bed & breakfast en San Cesareo, y la Scuola Elementare Maria Montessori, en Roma, presentaron en 2006 y 2007 sendas denuncias ante la Comisión Europea alegando que la regulación de la Imposta Comunale Sugli Inmobili (el ICI) era una ayuda de Estado. Ambos demandantes tenían sus establecimientos "en las inmediaciones de instituciones eclesiásticas o religiosas que ejercían actividades similares a las suyas y que, por lo tanto, operaban en el mismo mercado de servicios y en el mismo mercado geográfico", señala la sentencia. Cerca y en el mismo mercado, pero con distintos impuestos.

El ámbito de aplicación del ICI fue modificado en 1992 por el Gobierno de Giuliano Amato (Partido Demócrata). El cambio –señala la sentencia– beneficiaba a las "entidades no comerciales" que ejercieran en sus inmuebles "actividades de asistencia social, seguridad social, sanitarias, educativas, de alojamiento, culturales, recreativas y deportivas y actividades religiosas y de culto". ¿La clave? La exención del ICI debía entenderse aplicable aunque estas actividades "fueran de naturaleza eventualmente comercial".

De Mario Monti a Carmen Calvo

La Comisión Europea, tras las denuncias, abrió un proceso de investigación formal a la República de Italia en 2010. Fue en 2012, con el tecnócrata Mario Monti en el Gobierno italiano, cuando las autoridades italianas le comunicaron a la Comisión su intención de adoptar una nueva normativa sobre el impuesto de bienes inmuebles que acabara con el privilegio eclesial. Finalmente lo hicieron en noviembre de ese año, limitando severamente las exenciones. Esta limitación es la que ahora quiere implantar Calvo en España, aunque no está claro todavía cómo. infoLibre ha preguntado al Ministerio de Presidencia por los términos previstos de dicha reforma. Aún no da detalles, al encontrarse "en fase preliminar". El Gobierno ha lanzado la idea, pero aún no ha empezado a labrar su materialización.

Lo evidente es que esta sentencia le allana el camino, porque no sólo cuestiona las exenciones del IBI en aquellos inmuebles donde se desarrollan actividades económicas, sino que abre la puerta a su cobro retroactivo. Italia, que es puesta como ejemplo por el Gobierno español sobre las reformas que hay que hacer en materia de exenciones a la Iglesia, se ha llevado el varapalo del TJUE. Todo indica que España podría llevárselo también, si el asunto acabara en la Gran Sala.

Recuperar no puede ser imposible

Vuelta al caso italiano. Al margen de la modificación impulsada por Monti, la Comisión debía pronunciarse sobre el esquema de exenciones que había antes. Y lo hizo en diciembre de 2012. Por una parte, declaró que la exención concedida "a entidades no comerciales que ejercieran en sus inmuebles actividades específicas constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior ejecutada ilegalmente por la República Italiana". Había un incumplimiento del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que vigila que no haya ayudas de Estado. Por otra parte, la Comisión establecía que los cambios normativos introducidos habían corregido la situación. Por último, declaraba que era "absolutamente imposible" que Italia recuperase las ayudas entre 2006 y 2011. La ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, calcula que el monto puede alcanzar los 5.000 millones de euros, según La Reppublica.

Ni Ferraci ni la Escuela romana se conformaron con esta supuesta imposibilidad de recuperar el dinero y recurrieron la decisión, enfrentándose a la Comisión y a las propias autoridades de la República. No a la Iglesia directamente, ojo, ya que no es parte en este proceso, aunque sí la gran afectada, dado su fabuloso patrimonio en Italia y la manga ancha con la que ha sido tratada por el fisco. El caso llegó al Tribunal General, que es parte del TJUE. Y dio la razón a la Comisión Europea en 2016. No se podía recuperar el dinero, porque "era imposible obtener, por medio de las bases de datos catastrales y fiscales italianas, la información necesaria para recuperar esas ayudas".

Esa es la decisión que ahora, fruto de la insistencia de la Scuola Elementare Maria Montessori, que presentó un recurso de casación, ha tumbado la Gran Sala del TJUE. La sentencia establece que no cabe alegar "dificultades internas, de naturaleza jurídica", para argumentar la imposibilidad del cobro de un impuesto. El fallo, que mantiene el aval a las modificaciones legales posteriores, es políticamente una victoria del Partido Radical, que apoyó a la escuela demandante. El Partido Radical fue también el impulsor de la denuncia ante las autoridades de la UE que cristalizó en 2006 con la eliminación de la exención del IVA de la Iglesia en España.

Advertencia de la Iglesia italiana

La Conferencia Episcopal Italiana, tras conocer la sentencia, emitió este martes un comunicado en el que lanzaba una alerta: "Las actividades potencialmente involucradas son numerosas y van desde el bienestar y la atención médica hasta las culturales y educativas". "Actividades", añadía Stefano Russo, secretario general de la CEI, "que no sólo conciernen a las instituciones de la Iglesia". Y es cierto. Al igual que en España, en Italia se ha extendido el estatus fiscal de la Iglesia a ONG y entidades sociales, generando una especie de igualación por arriba que otorgaba a la institución católica el argumento de que habían terminado los privilegios, pero con una salvedad: cualquier exención fiscal es mucho más beneficiosa para la Iglesia católica, ya que su patrimonio es mayor que el de cualquier ONG.

Es obvio que, pese a la rotundidad del fallo del TJUE, no será un camino de rosas el cobro del ICI atrasado a la Iglesia. Habrá que identificar el patrimonio, su uso, cuantificar lo que se hubiera cobrado de no haber estado exento. Monseñor Russo afirma: "Hemos repetido varias veces en los últimos años que aquellos que realizan una actividad en forma comercial, por ejemplo, de tipo hotelero, están obligados, como todos, a pagar impuestos. Sin excepción y sin descuentos. Dicho esto, es necesario distinguir la naturaleza y las formas en que se llevan a cabo las actividades. Una interpretación diferente, además de estar equivocada, pondría en peligro toda una serie de servicios, que van a favor de toda la comunidad".

Este discurso apunta a que una fiscalidad dura con la Iglesia podría poner en riesgo su obra caritativa. Un discurso similar al que despliega la Conferencia Episcopal en España en relación a Cáritas. Y es un argumento de peso: las exenciones tienen en origen una justificación en la idea de que permiten a la entidad beneficiada aportar a la sociedad más de lo que –se entiende– el Estado deja de ingresar con el beneficio que le otorga.

El Gobierno tiene muchos equilibrios por hacer con su anunciada reforma. Esta sentencia le da en todo caso al Ejecutivo un argumento para defender que las cosas tienen que cambiar. Le da la cobertura argumental de que es la propia UE la que empuja.

La sentencia fue un bombazo. La Conferencia Episcopal pidió primero tiempo para analizarla. Y después emplazó al Gobierno a "aclarar" qué tipo de bienes eclesiales están exentos y qué tipo no lo están. Finalmente ni ha habido resultado del análisis anunciado por la cúpula episcopal ni tampoco clarificación del Gobierno. No obstante, más de un año después de su publicación, empiezan a desinflarse los efectos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestionaba las exenciones fiscales a la Iglesia católica cuando en los bienes liberados del pago de impuestos se desarrollan actividades económicas.

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía acaba de concluir, tras un exhaustivo análisis de las implicaciones de la sentencia europea de junio de 2017, que la exención del IBI tiene un anclaje suficientemente férreo como para resistir el cuestionamiento de Luxemburgo. La Iglesia tiene motivos para la tranquilidad. O tenía: porque el Gobierno ha anunciado ahora su voluntad de revisión del modelo, concebido para dar una compensación fiscal a la institución católica por su aportación religiosa y social, pero que también abarca actividades económicas sin relación con el culto y la caridad.

El caso que prometía agrietar la bula fiscal de la Iglesia arranca en Getafe. La Congregación de las Escuelas Pías de los Padres Escolapios amplió en 2011 el salón de actos del colegio concertado La Inmaculada. El Ayuntamiento de Getafe le cobró 24.000 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La organización religiosa reclamó la devolución, argumentando que la exención está amparada por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979. El Gobierno local de Getafe se negó. El asunto acabó en manos del juzgado contencioso-administrativo 4 de Madrid, que elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia del conocido como Tribunal de Luxemburgo conmovió los cimientos de la posición fiscal de la Iglesia católica. O al menos eso pareció cuando fue dictada, en junio de 2017. El TJUE estableció que la exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado recogidas en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico", señalaba el fallo. Si la actividad era económica o no era algo que debía determinar la justicia española. Y lo hizo en una sentencia de enero de 2018 dando la razón al Ayuntamiento contra la Iglesia. De ese modo Getafe se quedó con los 24.000 euros del ICIO por las obras en el colegio.

Lógicamente el asunto era mayor que esos 24.000 euros. La UE había establecido negro sobre blanco que cuando las exenciones otorgan una ventaja competitiva pueden suponer ayudas ilegales de Estado. Esta resolución podía ser un torpedo para la Iglesia, que se ahorra unos 2.000 millones de euros al año en exenciones, según Europa Laica, que incluye Sociedades, Obras, Transmisiones, Patrimonio e IBI, entre otros.

Circulan además numerosas aproximaciones de partidos políticos o fundaciones como la Francesc Ferrer i Guàrdia. Todas apuntan a exenciones multimillonarias. Jueces para la Democracia ha estimado en 3.000 millones el menoscabo anual que las exenciones supone para las arcas públicas. Al menos 700 millones corresponden al IBI. La cifra exacta es una incógnita, entre otras cosas porque la Iglesia se ampara en su descentralización y en la laxitud de las autoridades fiscales para no hacer público todo su patrimonio.

No obstante, lo seguro es que la Iglesia hace caja libre de impuestos gracias al alquiler de edificios, como ha publicado infoLibre, que ha detectado casos en Almería, Lugo y Begur (Gerona). Estas exenciones se mantienen pese a la sentencia europea.

El esquema es siempre el mismo: la Iglesia alquila a un tercero un bien por el que logra rentabilidad económica sin pagar el IBI, ya que la Ley de Mecenazgo establece que las entidades benéficas no pagan este impuesto por los inmuebles arrendados. Se trata de un resquicio legal que ha venido provocando desequilibrios en el mercado, ya que hay aparcamientos, hoteles o centros educativos que compiten en un mercado abierto sin pagar IBI. Es decir, la Diócesis de Lugo no paga IBI por su aparcamiento, pero el resto de operadores de parkings de la ciudad sí. Y los Padres Mínimos no pagan IBI por el Hotel El Convent de Begur, pero el resto de hoteleros de la Costa Brava sí. Hay más ejemplos. El Gobierno local de Valencia, por ejemplo, ha cuestionado la exención de un aparcamiento del arzobispado cerca del hospital Arnau de Vilanova, así como de los edificios de la Universidad Católica San Vicente Mártir por hacer competencia desleal a otras universidades que sí pagan. A falta de que el Gobierno dé detalle sobre el alcance de su reforma, estas son las situaciones con las que pretende terminar. 

Leyes y sentencias

El Grupo Ganemos del Ayuntamiento de Cájar (Granada, 5.054 habitantes) vio que la sentencia sobre el ICIO en Getafe podía agrietar el privilegio fiscal de la Iglesia. A partir de una solicitud de este grupo, el Ayuntamiento pidió al Consejo Cultivo de Andalucía un dictamen, emitido el 26 de septiembre. Su conclusión es que las exenciones del IBI, a pesar del fallo de Luxemburgo, están ancladas en los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, en la Ley de Haciendas Locales, en la Ley de Mecenazgo y en diversas sentencias judiciales.

El dictamen alude a un fallo del Tribunal Supremo de 2014 que avala una exención prácticamente generalizada del IBI de los bienes de la Iglesia, que paga este impuesto en casos contados, como el de una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos en Baleares.

El Consejo Consultivo recuerda que el Constitucional anuló una ley navarra que pretendía limitar la exención del IBI a los inmuebles con uso religioso. El dictamen afirma que "cualquier modificación sustantiva" del régimen jurídico del que disfruta la Iglesia "ha de efectuarse, necesariamente, mediante ley dictada por el Estado dada la reserva legal en materia tributaria y la competencia exclusiva del Estado en esta materia".

La conclusión del informe es que la sentencia del TJUE no supone la introducción de ninguna "innovación", por lo que siguen vigentes las exenciones de la Iglesia en los mismos términos que antes. El dictamen del Consultivo no sienta jurisprudencia, pero sí supone el primer examen jurídico a fondo de la cuestión. El resultado desinfla las expectativas depositadas por los grupos laicistas y por Unidos Podemos en la sentencia sobre Getafe, que más de un año después de dictarse sigue sin desplegar efectos más allá del caso concreto del ICIO.

Son numerosos los ayuntamientos que han hecho amagos de cobro del IBI a la Iglesia católica, especialmente en bienes con uso lucrativo. Lo han hecho bien girando recibos, bien aprobando en el pleno resoluciones para empezar a cobrarlos, bien declarando públicamente su intención de hacerlo: Lugo, Zamora, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Móstoles, Leganés, Manresa, Badalona, Miranda de Ebro, Aspe, Elda, Begur, Alboraia, O Carballiño, Allariz, Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín, Alegría-Dulantzi... No obstante, el statu quo sigue inalterado, ya que los ayuntamientos no tienen competencias para alterar la ley.

Hace falta una reforma de las leyes de mecenazgo o de haciendas locales. O, para ir a la raíz, una derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Y ningún gobierno ha impulsado medidas de este tipo. El PSOE las incluyó en su programa electoral, pero no las ha impulsado desde el Gobierno. Al menos hasta ahora, cuando, en plena polémica por los restos de Franco, ha sacado a relucir el asunto del particular estatus fiscal de la Iglesia. 

"¿No tienes tiempo para hacer tu TFG, tesis o máster? No te preocupes, nosotros lo hacemos por ti". Con esta idea y bajo este lema se anuncia a través de Internet la empresa TUTFG. Y hay muchas más: No hagas nada, Aprobar sin estudiar, Proyecta tu proyecto... La lista es larga y encontrarla no lleva más de 10 minutos. Basta con realizar una breve búsqueda a través de la red para que los anuncios de este tipo se multipliquen. La idea es muy sencilla y atractiva: el estudiante paga y otros le hacen el trabajo.

Desde que comenzara a aplicarse el Plan Bolonia en el curso 2008-2009 –tras su aprobación en 2007–, todos los estudiantes universitarios necesitan realizar un Trabajo Fin de Grado (TFG) para terminar su carrera y un Trabajo Fin de Máster (TFM) para culminar sus estudios de posgrado. Son trabajos imprescindibles para la obtención del título, pero no siempre se pueden realizar o aprobar al primer intento. Es ahí donde entran en juego estas plataformas.

Todas ellas tienen la misma carta de presentación. Se describen como un grupo de profesionales académicos dispuestos a echar una mano al estudiante. La fórmula es sencilla: el alumno acuerda con un redactor el tema que se tratará en el trabajo, una fecha de entrega y un precio y la empresa le garantiza resultados. "Contamos con gran experiencia en el sector y nos ajustamos a las fechas de entrega", aseguran desde TUTFG. 

Imagen de la página web de TUTFG.

"Ofrecemos todo tipo de servicios. Desde redacción y corrección hasta maquetación de TFG, TFM y tesis", explica a infoLibre Tomás Ángel, uno de los responsables de la plataforma. "También realizamos trabajos estadísticos, artículos científicos y resúmenes para oposiciones", continúa. ¿Por qué precio? "Depende, pero suele ir desde los 300 euros para los trabajos más sencillos hasta los 5.000 para los que requieren un año de desarrollo".

En auge desde 2012

Llevan cuatro años en el mercado, desde 2012. En ese momento, las tasas universitarias alcanzaban precios más elevados y bastantes estudiantes se veían obligados a trabajar para poder pagarlas y seguir estudiando. Por eso, algunos no tenían tiempo para dedicarlo a estos trabajos, pero tampoco podían permitirse repetirlos: una segunda matrícula aumentaba aún más el precio. 

En ese contexto nació también Proyecta tu proyecto. "Redactores con más de 10 años de experiencia en su área, 100% garantía de satisfacción, informe de plagio gratis y comunicación directa con el redactor asignado", anuncian a través de su web. El mecanismo es el mismo: el estudiante envía los datos del trabajo deseado y la fecha en la que quiere tenerlo; la empresa le pone en contacto con el trabajador que lo llevará a cabo y el día previsto el TFG, el TFM o la tesis llegará a la bandeja de entrada del alumno. El precio, en este caso, se mueve entre los 10 y los 13 euros por página. 

Con estos datos, un TFM de 10.000 palabras que tenga aproximadamente 40 páginas costará entre 400 y 520 euros. Aun así, desde la empresa explican que no les faltan los clientes. "Tenemos clientes fijos, de hecho, casi todos son recurrentes o personas que vienen recomendadas por ellos", explican en conversación con este diario fuentes de Proyecta tu proyecto. Lo mismo ocurre con TUTFG. "Hay mucha demanda, y sobre todo se debe a la falta de tiempo", explica Ángel.

No obstante, aunque el motivo que empuje a los estudiantes a recurrir a estos servicios sea el mismo, las características del cliente no lo son. Hay algunos, coinciden todas las fuentes consultadas, que lo encargan y se desentienden del trabajo hasta que lo reciben; otras, en cambio, participan enviando información y propuestas. Pero eso sí, de la redacción se encarga la empresa. 

Pero estos servicios no son exclusivos de los estudiantes. Al menos, no ahora. "Últimamente lo que más nos solicitan son publicaciones académicas para revistas y distintos artículos. Lo suelen encargar, sobre todo, profesores de universidad", explican desde Proyecta tu proyecto. Llegan a redactar, incluso, los manuales de los profesores empleados para impartir las clases. 

¿Es legal?

Ángel Luis Rubio Moraga es vicedecano de Estudios y Calidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según declara a infoLibre, los centros no son ajenos a estas prácticas, pero son muy difíciles de controlar y combatir. Tanto a la hora de detectarlas como a la hora de depurar responsabilidades.

"Aunque me consta que se está trabajando en ello, no albergo demasiadas esperanzas en el hecho de que se pueda desarrollar algún tipo de herramienta que permita detectar cuándo se han producido este tipo de prácticas", explica. Por ahora, las universidades únicamente cuentan con un software capaz de detectar un posible plagio, pero nada más. Y las empresas de redacción lo saben. "Son muy cuidadosos y parecen conocer muy bien los procesos de elaboración de los trabajos académicos, por lo que suelen citar de forma adecuada", afirma. Pero en el caso de que hubiera un plagio, sería el alumno el que asumiría las consecuencias. "Difícilmente alegaría que la responsabilidad ha sido de la empresa o particular a la que le ha comprado el trabajo". 

¿Qué hacer entonces? Rubio Moraga da unas pautas. En primer lugar, a través de una tutorización "continua y eficaz" que permita ver al profesor las dudas y formas de trabajar del alumno. Pero hay otro problema. "Parece que algunas empresas, sabedoras de esta posibilidad, también ofrecen trabajos 'por entregas' para ir cumpliendo con los procesos de evaluación de los tutores sin levantar sospechas", critica. Y así es: "Nos responsabilizamos de todas sus fases hasta la entrega final, ocupándonos de las correcciones que sean necesarias y la maquetación", indica la web de Proyecta tu proyecto. 

Pero la responsabilidad de estos "fraudes", según opina el vicedecano, es del alumno. "Está claro que las empresas y particulares que ofrecen este tipo de servicios están ayudando a esos estudiantes a hacer trampas, pero al final el que las hace y entrega para obtener un beneficio es el estudiante", que podría jugarse el suspenso o, incluso, la apertura de un expediente. 

Pero, de momento, es difícil luchar contra estas prácticas. "Se podría decir que estas empresas y particulares están en una especie de limbo legal –pues las empresas ceden los derechos de autor–que hace que no podamos hablar de un comportamiento ilícito", argumenta, aunque aboga por perseguirlo y sancionarlo. 

¿Y moral?

Pero no es lo mismo lo legal que lo moral. Para Rubio Moraga, ni es moral ni debería ser legal. Para las empresas, en cambio, estas prácticas no suponen ningún problema en este sentido. "Es una asistencia para una tarea puntual, no creo que recurrir a esto signifique que quien lo haga no se ha sacado la carrera", afirman desde Proyecta tu proyecto. Además, hay gente que se implica en la redacción, argumentan. "Hay gente que aporta ideas y material y lleva un seguimiento riguroso, lo que pasa es que no es capaz de redactar", añade.

Este es el problema, a juicio de la empresa Academic Support Consulting. Sus trabajadores, de origen norteamericano e inglés, achacan la aparición de estos servicios a la falta de educación en metodología que tienen los estudiantes españoles. "Hay un problema muy serio en España. En las carreras los estudiantes no estudian cómo llevar a cabo una investigación", critican. Esto hace que, en el momento de enfrentarse a un TFG o a un TFM, sean incapaces. 

A esto se suma, añaden, la pasividad del tutor y la falta de interés de nuestro país en la investigación científica. "En EEUU y en Reino Unido se imparte una asignatura de metodología de la investigación que en España ni siquiera existe", lamentan. 

Ellos en cambio se desvinculan de los "chiringuitos" que, directamente, redactan los trabajos de los alumnos. "No hacemos tesis entregadas para que el estudiante no haga nada. Hacemos apoyo y asesoría y pretendemos que el estudiante haga observaciones con cada entrega", explican a infoLibre. Según su web, su objetivo es "apoyar" con las metodologías, trabajos, artículos, proyectos y anteproyectos. "Empezamos tu proyecto y recibe entregas" detallan. Entregas que, añaden, deben ser observadas y "retroalimentadas por el estudiante". 

"Ahorraba todo lo que podía para salir de Elche, mi ciudad natal, e irme fuera a estudiar un máster. Mis padres no podían permitirse pagarme un alquiler ni un máster en la capital, claro". Quien habla es Gloria Molero, una periodista de casi 23 años que, gracias a sus ahorros "y a una beca", consiguió mudarse a Madrid y estudiar un máster en Comunicación y Problemas Socioculturales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ha compartido centro de estudios con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente del PP, Pablo Casado, pero su paso por allí ha sido, según explica, totalmente diferente. 

"Yo, a diferencia de la ya exministra de Sanidad y de Cifuentes y Casado, tuve que ahorrar el suficiente dinero para poder estudiar el máster sin tener que trabajar a la vez. Para ello, durante la carrera, tuve que renunciar a muchas otras cosas: viajes caros con amigos, estudiar fuera de mi ciudad o cursar una beca Erasmus. Por supuesto, también caprichos como cenar fuera de casa o gastarme más de diez o quince euros un fin de semana", relata. 

Su historia, frente a los privilegios de Cifuentes, Montón y Casado, ha sido lo que la ha movido a iniciar una recogida de firmas en la plataforma Change.org. El objetivo, que la universidad haga pública la lista "de políticos y políticas (y otros cargos públicos) que obtuvieron un título a través del Instituto de Derecho Público". "Firma para instar a esta universidad pública a hacer un ejercicio de transparencia que ayude no sólo a limpiar su imagen y la de sus estudiantes, sino a saber qué políticos y cargos públicos nos gobiernan desde sus títulos falsos conseguidos a base de privilegios que el resto de estudiantes no tenemos", recoge en su petición. 

Pide el apoyo de los jóvenes porque, denuncia, su historia no es particular, sino generacional. "Nos bombardearon con la cultura del esfuerzo, nos dijeron que estudiar nos abriría puertas y que si hacíamos los suficientes méritos conseguiríamos llegar a cualquier sitio. Y claro, nosotros nos lo creímos. Nuestros padres también se lo creyeron", denuncia. Y a esta situación, ahora se suma también el desprestigio de sus títulos y de la universidad donde los obtuvieron, lamenta. 

"Entra en duda el esfuerzo que hemos hecho"

"Los estudiantes que les hemos dado dinero, hemos pagado matrícula y hemos sacado el título de forma honesta no merecemos ni ser puestos en duda ni ser pisoteados por gente que prefiere no esforzarse un mínimo y que se lo den todo hecho por tener privilegios de cualquier tipo", critica en declaraciones a infoLibre. 

Piensa, además, que su título está desprestigiado. "No creo que de repente nos vayan a rechazar en un trabajo por tener una titulación de esta universidad, pero sí entra un poco en duda el esfuerzo que hemos hecho", lamenta. Tanto ella como sus compañeras están preocupadas, afirma. "Es algo que hay que regular ahora mismo". 

Los alumnos de la URJC ya se movilizaron cuando saltó el escándalo del máster de Cifuentes. Pedían entonces, igual que lo hace Gloria ahora, que la universidad depure responsabilidades y que se limpie, así, el nombre ya manchado del centro. "Ahora, la imagen de la Rey Juan Carlos está denostada, pero muchos cursamos nuestros grados y posgrados aquí de manera honrada, sin que nadie nos regalara nada y sin hacer uso de privilegios ni tratos de favor", sentencia. Suscriben sus palabras y demandas más de 57.200 personas, pero el número, por el momento, no deja de aumentar. "No hay una meta concreta, sólo una muestra de que hay muchas personas que se preocupan por todo lo que está pasando y quieren resultados y transparencia. Ejercer presión y que la universidad (y en un futuro no muy lejano espero que las universidades, en plural) se sientan interpeladas", sentencia. 

Del total recaudado por el Estado en las declaraciones de la renta del ejercicio fiscal 2016, 268,2 millones de euros fueron directamente a la Iglesia española, como resultado de la decisión –que no de la aportación extra– de los 7,1 millones de contribuyentes que marcaron la casilla católica. A esta cantidad se sumaron casi 864.000 euros en ingresos financieros y 250.000 en donativos, según la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal de 2016. En total, los recursos fueron de 269,3 millones. La mayor parte de esta asignación de dinero público la gastó en el funcionamiento de las diócesis (201,1 millones) y la seguridad social del clero (16,3). El resto se lo reparten conceptos como Cáritas (6,2 millones), las universidades católicas (6) o la campaña para animar a marcar la equis (4,8), entre una miríada de conceptos que van desde la aportación a la Santa Sede –el conocido como Óbolo de San Pedro– hasta los gastos financieros. Finalmente los gastos ascendieron a 250 millones, con lo que el superávit se situó en 19,3 millones.

¿A qué dedicó la Iglesia ese excedente? Según los datos de la propia Conferencia Episcopal, 9 millones de euros (el 46,6%) fueron una aportación de fondos propios a 13TV, con lo que lo dedicado a la televisión episcopal fue 2,8 millones de euros más que la dedicado a Cáritas, pese a que la campaña promocional de la casilla de la Iglesia se basa en el reclamo de la labor social de la Iglesia. Esta aportación de fondos a 13TV –emisora actualmente conocida como Trece– es una de los aspectos criticados por Europa Laica en su análisis de la memoria episcopal presentado este miércoles en Madrid. Consultada por infoLibre, la CEE no hizo ninguna valoración sobre dicho análisis.

La televisión 13TV ha sido objeto de críticas incluso en el seno de la Iglesia. Obispos catalanes hicieron público en 2013 un comunicado en términos así de contundentes: "Creemos que produce un grave escándalo en muchos miembros de la comunidad católica de nuestras diócesis y también en nosotros mismos, el hecho de que el canal de televisión 13TV, que ha de respetar a las personas y a las instituciones según su ideario, en algunos de sus informativos y tertulias opte por el desprecio, la descalificación e incluso el insulto. Pedimos que este medio televisivo sea siempre un factor de comprensión y de diálogo responsable y fructífero. En las actuales circunstancias es muy conveniente que todos hagamos un esfuerzo por defender y promover una cultura del respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad entre las personas y los pueblos, como enseña repetidamente la doctrina social de la Iglesia”.

La reprobación desde las propias filas de la Iglesia a 13TV no se quedó ahí. Un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona dirigió cuatro años después, en 2017, una carta abierta al presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, por considerar que como accionista mayoritaria la Iglesia debía tomar cartas ante una cadena que fomenta "sentimientos contrarios al respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad". "En estos últimos días, tras los atentados en Catalunya [de agosto de 2017], la agresividad de los tertulianos y de los responsables del programa, si cabe, se ha hecho todavía mayor. Por eso le pedimos que, sin dilación y con valentía, corrijan o supriman los programas de tertulia en 13TV, que tanto daño hacen a la convivencia y ensucian la imagen de la Iglesia católica que siempre debe fomentar el diálogo sincero y fructífero", añadían. Los firmantes se remitían a unas palabras del papa Francisco en el mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuando pedía a los comunicadores ejercer su labor "de forma constructiva rechazando los prejuicios contra los demás", y siguiendo un modelo que "fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza".

Un 'contrainforme'

El análisis de Europa Laica, firmado por Enrique Ruiz del Rosal, miembro de su junta directiva, recuerda que la memoria anual de actividades de la Iglesia sólo hace referencia a una parte ínfima de los recursos públicos que recibe la institución, que entre subvenciones, ayudas, conciertos y exenciones superan los 11.000 millones de euros anuales, según una estimación de la organización laicista. El análisis es una especie de contrainforme, que rebate elementos de la memoria de la CEE y denuncia sus contradicciones y omisiones. La memoria, según Europa Laica, supone un incumplimiento del "único compromiso" contraído por la CEE a cambio de subir del 0,52% al 0,7% lo que recibe por cada casilla de la Iglesia marcada en el IRPF. "Cada vez hay más confusión y menos transparencia [...] La Iglesia cada vez ofrece menos información y lo hace de manera más críptica; la transparencia brilla por su ausencia y cada año hay más opacidad y confusión interesada", señala el análisis.

"Si en la memoria correspondiente a 2014 se afirmaba que con carácter general, los obispos en activo tienen una asignación establecida de 1.250 euros al mes, desde la memoria correspondiente a 2015 ha desaparecido mención alguna", pone como ejemplo Europa Laica. Y añade: "Tampoco se dice nada en la memoria de 2016 acerca de la existencia y remuneración de seis cardenales, seis arzobispos, 21 obispos titulares y un obispo auxiliar, todos ellos eméritos". Europa Laica califica la memoria como "nube de tinta". "Dedica el 85% de su contenido (89 páginas) a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural... de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 16 páginas (el 15%) están relacionadas con la asignación tributaria, que debería ser el verdadero y único objeto de la memoria", señala. Europa Laica critica a la consultora PwC por validar la memoria de la CEE y señala que, con la coartada de la descentralización de sus más de 40.000 entidades, la Iglesia no tiene una "contabilidad integrada".

"De la lectura este Informe –añade Europa Laica– podría deducirse que la principal destinataria de las críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad", señala Europa Laica. "El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las administraciones", señala. Europa Laica afirma que la memoria de la CEE, puntal de una estrategia de comunicación basada en una supuesta transparencia ante la sociedad, es es realidad "una amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario". "Hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia".

Casi cuarenta años después de su firma, en 1979, el acuerdo educativo entre el Estado español y la Santa Sede continúa cincelado en la piedra del BOE, con la misma vigencia del primer día. Pero, aunque el tiempo no ha erosionado su letra ni su aplicación, sí ha incrementado el contraste entre su contenido y el devenir de una sociedad crecientemente secularizada. La enseñanza religiosa –establece el acuerdo– será impartida por personas elegidas entre las que "el ordinario diocesano proponga". Significa lo que parece: que el obispo de turno elige a los docentes de Religión en la educación pública española. Así está recogido en el acuerdo del 79 y así ha sido y es en la práctica. La jerarquía católica elige a los maestros y profesores de Religión, el Estado paga. Y los colegios e institutos de toda España cuentan con trabajadores seleccionados por la Iglesia, que los mantiene en la medida en que esté de acuerdo con su estilo de vida. La Conferencia Episcopal (CEE) asegura que en los centros públicos del país hay 11.436 docentes de Religión.

El modelo, criticado por presentar visos de incumplimiento del principio de aconfesionalidad del Estado, no ha sido jamás sometido a reforma, ya que ningún gobierno ha denunciado ni derogado el acuerdo internacional que lo sustenta. Es más, los sucesivos ejecutivos han ido garantizando su aplicación y anclándola en nuevas normas. Pero ahora la propia justicia europea ha dictado una sentencia que lo pone, aunque sin referirse directamente a dicho modelo, en el punto de mira, al realizar un drástico recorte del margen de la Iglesia para discriminar a los trabajadores a su cargo en función de la adhesión de estos a los patrones católicos.

En un fallo sobre el despido de un jefe de servicio de un hospital controlado por el arzobispado católico de Colonia, en Alemania, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo ha establecido que la institución católica no puede poner en la calle a un empleado que se salga de la doctrina católica en su vida privada. En este caso, el demandante se había casado por lo civil tras un divorcio.

La DECA y la DEI

El modelo español de contratación del profesorado de Religión supone una delegación por parte de las autoridades educativas de la selección del personal, un caso insólito de desaparición del control público sobre la contratación funcionarial. El resultado es una omnipotencia de los obispos. El asunto no es menor. La jerarquía católica considera fuera del orden moral correcto la homosexualidad, el divorcio, la maternidad o paternidad fuera del matrimonio, el aborto... En general, todo lo que no se ajuste a lo que en términos coloquiales se conoce como "familia tradicional". Esto limita las posibilidades de acceso a estos puestos de trabajo públicos a las personas de las que el obispo de turno piense que se comportan de modo contrario a la ética cristiana. La Iglesia también elige los libros.

El mayor filtro se encuentra a la entrada. Para ejercer como profesor de Religión hay que estar en posesión de laDECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), expedida por la Conferencia Episcopal, y de la DEI(Declaración Eclesiástica de Idoneidad), concedida por el obispado. La expedición de la DEI requiere "recta doctrina y testimonio de vida cristiana". Está basada en "consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo", que al igual que la entrega puede revocarla. Así lo explica la propia CEE: "La DEI puede ser revocada por el rdinario diocesano, cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis". También es necesario obtener la missio canonica, es decir, haber sido propuesto por el obispo de turno. En cuanto a la DECA, condición sine qua non para obtener la DEI, es imposible obtenerla sin estar bautizado. Tanto para ser docente de Religión en Primaria como en Secundaria hay que cursar una serie de estudios de teología católica. El sistema, que ha ido descentralizando la gestión de este profesorado a las comunidades autónomas, apunta a un posible incumplimiento del precepto constitucional que impide la discriminación por razón de religión.

El 'caso Resurrección Galera'

En ocasiones el sistema salta por los aires. Ha ocurrido con el caso de Resurrección Galera, la docente que fue despedida por casarse por un divorciado y que, tras un calvario judicial de 17 años, acaba de lograr reincorporarse a su puesto en el colegio público Ferrer Guardia, en Los Llanos de la Cañada (Almería). Ni las autoridades eclesiásticas ni las civiles le han pedido perdón. El Obispado de Almería se ha limitado a decir que "toca cumplir" la última de las sentencias –ya inapelable y sin margen para seguir con los reiterados incumplimientos–, aunque aclarando que no ha variado su criterio inicial sobre el despido de la docente. La Iglesia también retira la idoneidad a docentes por causas como someterse a fecundaciones in vitro.

Lo hace porque puede. El acuerdo del 79 la protege, aunque el caso de Resurrección Galera demuestra que, llevado a sus últimas consecuencias, pueden prevalecer judicialmente los derechos fundamentales del trabajador: igualdad, libertad religiosa, intimidad. La sentencia europea, fechada este mismo martes, se orienta en la misma dirección. El caso no se refiere a un docente público del sistema educativo español, sino a un trabajador con responsabilidades directivas de una empresa de adscripción católica alemana. No obstante, lo establecido en la sentencia trasciende el caso particular. Dice el fallo que "la Iglesia u otra organización cuya ética se base en la religión o en unas convicciones" no puede "imponer" a sus trabajadores "buena fe y lealtad" hacia esa ética sin que tal decisión sea objeto de control judicial.

La sentencia europea se detiene en rechazar que se puedan imponer obligaciones confesionales extra a los trabajadores según religión, ya que –según alegaba el demandante– en el hospital había empleados no católicos que no hubieran sido despedidos por hacer lo mismo que él. Todo el razonamiento de fondo sigue siendo extrapolable a la discriminación que implica que en un claustro haya un docente que tiene obligatoriamente que estar bautizado, o que no se puede divorciar, o casarse por lo civil. Lo relevante es que la sentencia establece que el despido del directivo médico se produjo por cuestiones que nada tienen que ver con requisitos profesionales. "La prohibición de cualquier discriminación basada en la religión o en las convicciones tiene así carácter imperativo en cuanto principio general del Derecho de la Unión", señala el fallo, dictado como respuesta a una cuestión prejudicial de la justicia alemana, que es la que ahora –con ese pronunciamiento en la mano– deberá adoptar la decisión final.

El Tribunal de Luxemburgo señala que el derecho de la UE establece que el trato diferenciado puede estar justificado "en muy contadas circunstancias" en las que la "diferencia de trato" tenga un "objetivo legítimo" y se aplique de forma "proporcionada". Este es el paraguas bajo el que podría meter la Iglesia el sistema actual de contratación de docentes de Religión. No obstante, es la propia Conferencia Episcopal la que asegura que la asignatura de Religión no tiene "una finalidad catequética o de adoctrinamiento", sino de ilustrar sobre "sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana". El propio cardenal Antonio María Rouco Varela afirmó en 1999 que "la religión es una asignatura científica", no catequesis. Si es así ¿no puede impartirla una mujer fecundada in vitro o un hombre casado con otro hombre? Ahora mismo, no. O puede, siempre que los equipos obispales no se enteren, consideren que ello se sale de la "recta doctrina y testimonio de vida cristiana" y retiren la idoneidad aplicando el derecho canónico. A la hora de defender el actual statu quo la jerarquía católica tiene de su lado los acuerdos del 79 y en parte la Constitución, que establece unas especiales "relaciones de cooperación" del Estado con la Iglesia católica que en la práctica se han venido traduciendo en un sistemático trato de favor.

Esta sentencia "pone en tela de juicio los acuerdos con la Santa Sede, que son la raíz del problema", señala Jorge García, portavoz de Movimiento Hacia un Estado Laico, que cree que los propios pactos del 79 son dudosamente constitucionales. "No se puede contratar o despedir a alguien conforme a si su vida privada se adapta o no a lo que opina un obispo. Eso no es constitucional y ya lo está diciendo también la justicia europea", añade.

Preguntada por infoLibre sobre las implicaciones de la sentencia europea sobre el actual modelo de contratación de los docentes de Religión, la CEE afirmó que el fallo "está en estudio". El Ministerio de Educación, que alegó estar ocupado por el inicio de curso, afirmó que ofrecerá su versión en días venideros.

Miguel Hurtado denunció con 16 años haber sufrido abusos sexuales del sacerdote a cargo de su grupo católico juvenil. Este barcelonés, que hoy trabaja como psiquiatra infantil en Londres, afirma que la respuesta del superior jerárquico fue animar a sus padres a no denunciar y mover al supuesto agresor a un nuevo destino. La decepción se incrustó para siempre en la conciencia de Hurtado, una de las víctimas que participó en el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas. Para entonces Hurtado ya había comprendido que su caso no era único. Y que el fenómeno se extendía por todo el mundo.

"Hay activistas contra los abusos en la Iglesia desde hace 30 años, pero el problema es que los esfuerzos han sido siempre nacionales. Eso no sirve. La Iglesia es una organización global. Su manual de encubrimiento es global. Su mecanismo de traslado de curas pederastas es global, de país a país. Una serie de supervivientes nos dimos cuenta de que si queríamos reformas teníamos que unirnos", explica Hurtado. Sobre la base de este razonamiento, se constituyó a principios de año Ending Clergy Abuse, organización de la que Hurtado es cofundador y que integra colectivos de afectados de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Italia y Chile.

No son días felices en los pasillos de esta organización. Al contrario, cunden la indignación y la decepción. El motivo es la carta del papa Francisco sobre el gran demonio interno de la Iglesia católica: la pederastia. El pontífice lanzó el lunes esta misiva tras la acusación judicial contra 300 "sacerdotes depredadores" por siete décadas de abusos y violaciones de niños y niñas, incluyendo penetraciones y felaciones, prácticas aberrantes y traumáticas que fueron sistemáticamente encubiertas por la jerarquía. Las casi 2.000 palabras dedicadas por el jesuita argentino al problema de los abusos sexuales en la Iglesia constituyen, en fondo y forma, la más contundente condena que el jefe del Estado Vaticano haya hecho jamás contra la pederastia en la Iglesia, alcanzando niveles inéditos de autocrítica. El papa, que reconoce "con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas", admite "al menos mil" víctimas de abuso sexual, una práctica a la que llama "crimen" y "delito" con todas las letras, no sólo pecado. Admite que hubo "complicidad" en el seno de la Iglesia y que la "omisión" fue "la forma de respuesta" en el marco de una "cultura del abuso". "Hemos [...] abandonado a los pequeños", señala, aunque defiende el viraje que está intentando dar a la nave. Este sábado, en Dublín –capital del país que fue testigo de varios de los episodios más graves de esta lacra–, el papa ha vuelto a incidir en la idea: se refirió al "fracaso de las autoridades eclesiásticas" al afrontar los "crímenes repugnantes" de los abusos sexuales a menores por parte del clero católico.

¿Por qué entonces, si jamás un papa había mostrado tanta contrición y vergüenza en términos tan inequívocos, la carta ha causado decepción entre las víctimas y los sectores reformistas de la Iglesia? ¿Por qué incluso el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, le ha respondido a Francisco que "no basta con pedir perdón" y que "las estructuras que permiten el abuso deben ser destruidas"? La respuesta la encontramos en las consideraciones de Sara Oviedo, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU hasta 2017, que participó en la investigación que desembocó en el informe de 2014. El tiempo de las palabras y los propósitos, afirma Oviedo, ya ha pasado.

  Las tareas de la ONU

"El papa ya tiene unas recomendaciones de la ONU encima de la mesa desde 2014. Si hubiera seguido esa hoja de ruta, no estaríamos aquí, otra vez pidiendo perdón, diciendo que es un crimen, una vergüenza... Y nada concreto. El papa es un digno representante del gatopardismo de la Iglesia, decir que algo va a cambiar para que nada cambie", señala Oviedo, que le recuerda al pontífice las prioridades a las que ya apuntaba la ONU. "Lo primero, que entregue las listas de todos los denunciados. Es algo súper concreto, la transparencia. La Iglesia debe entregar a los pederastas y los encubridores para que sean sancionados. Debe destruir el mecanismo interno de encubrimiento, el que ha quedado demostrado en Pensilvania, y crear mecanismos nuevos de transparencia. La otra gran medida sería un protocolo muy claro de trato con los niños. Y que la Iglesia se abra de una vez a la educación sexual", explica. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha insistido en la petición de acción al papa en el acto de este sábado en Dublín: le ha emplazado a utilizar su "cargo e influencia" para garantizar que las víctimas de los abusos puedan obtener "justicia, verdad y curación" tras los graves casos ocurridos.

El informe de la ONU reclamaba expresamente a la Iglesia "retirar inmediatamente a todos los abusadores de niños conocidos y sospechosos y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales". También instaba a "asegurar un intercambio transparente de todos los archivos que se pueden utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como todos aquellos que ocultaron sus crímenes y que deliberadamente colocaron abusadores en contacto con niños". Y pedía "establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria".

Ending

Clergy Abuse, que denuncia el incumplimiento por parte del Vaticano de estas recomendaciones, también ha publicado, tras el informe de Pensilvania, tres exigencias al papa que van en la misma línea: "remoción permanente" de su cargo de abusadores y cómplices; un registro público global que incluya "la publicación inmediata de los 3.400 clérigos declarados culpables por la Congregación para la Doctrina de la Fe"; y "declarar la obligación de denunciar" los casos. Lo contrario, señala esta asociación, debería suponer la "excomunión inmediata".

  Elevadas expectativas

Aunque con menor énfasis, ya Juan Pablo II afirmó que "la sociedad considera con justicia delito" el abuso sexual a menores (2002) y Benedicto XVI dijo que los culpables responderán "ante dios y ante los tribunales" (2010). Si la alusión al "delito" ha sonado diferente viniendo de Francisco no ha sido por la novedad terminológica, sino porque el actual papa levantó desde su elección en 2013 elevadas expectativas de renovación en la Iglesia. Si sus dos predecesores, el ferviente anticomunista polaco Wojtila y el introspectivo y dogmático alemán Ratzinger, destacaron por su reaccionarismo ideológico, el argentino Jorge Mario Bergoglio apareció como un pontífice más progresista y conectado con la modernidad, partidario entre otras cosas de una mayor transparencia financiera –la banca vaticana viene siendo objeto de escándalos desde los 70– y por supuesto de un combate sin contemplaciones contra la pederastia.

En realidad Benedicto XVI ya abrió esta senda, endureció el discurso y terminó con la idea –tan practicada por Juan Pablo II– de que los trapos sucios se lavan en casa. Fue Benedicto XVI el que en 2006 apartó de la vida pública al sacerdote mexicano Marcial Maciel, protegido de Juan Pablo II, al que nadie en el Vaticano había osado tocar pese a que las denuncias sobre abusos sexuales en centros de la Legión de Cristo empezaron a llegar en los 50. El problema de Benedicto XVI es que le pesaba la mochila de sus años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, donde ejerció de mano derecha de Juan Pablo II. Los analistas del Vaticano vinculan la incapacidad de Benedicto XVI para embridar el problema de los abusos sexuales con su renuncia en 2013. La llegada de Francisco, simpático, futbolero, un papa que se deja tutear y que altera el guión vaticano sobre temas críticos como la homosexualidad, abrió el horizonte de un verdadero cambio a fondo.

  Un problema colosal

Bergoglio no tenía más remedio que reaccionar. El escándalo de la pederastia eclesial había adquirido ya a su llegada unas dimensiones colosales. No sólo era Maciel, ni mucho menos. Eran seminarios, escuelas y orfanatos por todo el orbe católico, con abusos de niños y adolescentes, agravados por la superioridad no sólo física, sino también moral, de quienes utilizaban la confianza que se le brinda a la autoridad religiosa para atacar a unos ingenuos chiquillos. Los casos destapados abarcan a Estados Unidos, Australia, Irlanda, Italia, Austria, Alemania, Argentina, Colombia, Ecuador... También en España ha habido varios casos, aunque no se ha constituido hasta la fecha una organización de víctimas que articule una denuncia contra el sistema en su conjunto, ni tampoco se ha producido una comprobación fehaciente de una mecánica jerárquica de ocultación. Este sistema de encubrimiento sí se ha quedado demostrado en la diócesis de Estados Unidos.

La eclosión del fenómeno ha obligado a la dimisión o cese de obispos y otros altos dignatarios. Llegó a caer por sus encubrimientos el obispo irlandés Johan Magee, que fue secretario de tres papas, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XV. Otros aspectos siniestros agravan el problema. El sigilo sacramental del confesor, a quien en ocasiones acudían las víctimas cargadas de culpa y confusión, ha servido como coartada para evitar denuncias y tratar el asunto como pecados domésticos.

  "De las palabras a los hechos"

Francisco prometió desde su llegada "tolerancia cero". Introdujo un cambio de tono. Ni ha minimizado el problema, ni lo considera algo del pasado, ni ha hecho hincapié en que porcentualmente no es para tanto, elementos clásicos del argumentario vaticano que han quedado atrás. El papa ha prodigado reuniones con las víctimas, a las que ha escuchado y ofrecido consuelo. No se ha escondido. El jesuita cambió el reglamento interno para endurecer las penas por pederastia. Introdujo mecanismos para el mejor control de los antecedentes de los religiosos que trabajen con niños. Y, como medida estrella, creó la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, conocida como "la comisión antipederastia", para hacer autocrítica, prevenir casos y establecer mecanismos eficaces.

Su implicación contra la pederastia ha sido personalísima. El papa llegó a llamar por teléfono al denunciante de un caso de abusos en Granada que le mandó una carta. El pontífice lo animó a acudir al arzobispo, al que también llamó, para pedirle diligencia. Aunque finalmente el caso llegó a juicio y el acusado fue absuelto, el episodio evidenció la disposición del papa a involucrarse y no ponerse de perfil.

Pero ni todo el empeño, ni todas las buenas palabras, ni todos los anuncios pueden ocultar una realidad: la pederastia sigue empantanando a la Iglesia. Es constatable que el papa no ha logrado erradicar este mal y que las víctimas siguen descontentas por la falta de medidas reales. La comisión antipederastia no ha obtenido los avances esperados. Las dimisiones de la las víctimas Marie Collins y Peter Saunders, dos de sus miembros iniciales, por la obstaculización de la curia a los avances de la comisión supuso un revés tremendo. "Frustración y la falta de cooperación de parte de otros organismos de la curia romana", denunció Collins en 2017. El Vaticano no emite ninguna comunicación oficial sobre la actividad de la comisión desde febrero. No obstante, destaca que "ha trabajado con casi 200 diócesis y comunidades [...] alrededor del mundo para concientizar y educar". "La comisión no ha hecho nada que podamos tocar", opina Sara Oviedo.

Las aguas sucias de la pederastia y sus complicidades han llegado hasta el entorno más próximo de Francisco. Algunos de los más estrechos colaboradores del grupo de religiosos seleccionados para reformar la curia, como el cardenal australiano George Pell, han sido acusados de encubrimiento. El propio presidente de la comisión antipederastia, el arzobispo de Boston Sean Patrick O'Malley, criticó abiertamente a Francisco por su apoyo al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrimiento.

Ending Clergy Abuse insiste en que las reacciones se siguen moviendo en el terreno retórico. "Más allá de las palabras, nuestra misión está clara: que la Iglesia tome las medidas que establece el informe de la ONU de 2014", remarca Hurtado, que afirma que, para merecer credibilidad, la institución católica tiene que pasar "de las palabras a los hechos" y dar pasos que no se ha atrevido a dar: "Denunciar de inmediato ante la policía todos los casos de pederastia; cesar a los obispos encubridores; entregar sus archivos para ayudar en las investigaciones; asumir su responsabilidad civil; y utilizar su poder e influencia para pedir la derogación de las leyes de prescripción. Esto es muy concreto y muy específico. Pero el Vaticano ni lo acepta ni lo implementa".

  Primero la doctrina, luego las medidas

El periodista José Manuel Vidal, director de Religión Digital y atento observador de los entresijos y movimientos de la Iglesia, cree que el pontificado de Francisco ha acelerado un "cambio de tendencia en profundidad", que ya dio comienzo con Benedicto XVI pero que está "tardando en reflejarse en los hechos". "En la Iglesia siempre es así. Primero se cambia la doctrina, el derecho canónico, y luego van las consecuencias prácticas", señala. Vidal subraya que "nunca un papa se había atrevido a hacer lo que hizo Francisco en Chile, forzar la dimisión de todo un episcopado". Y destaca otros gestos como acoger a las víctimas en Santa Marta, su residencia papal.

Vidal vincula el cese en 2017 del que fuera prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, con la falta de sintonía de éste con la agenda antipederastia del pontífice. "El cambio se está empezando a notar. Lo que imperaba era encubrir, tapar, cambiar de parroquia, enviar a misiones... Esa dinámica se está rompiendo y cualquier obispo ahora se tienta la ropa", señala Vidal, que entiende que la falta de eficacia inmediata del cambio de tendencia impaciente a las víctimas. En cuanto a la comisión antipederastia, Vidal señala que "no ha cuajado", pero no descarta que con el tiempo pueda llegar a buen puerto. El periodista destaca Estados Unidos como país en el que la Iglesia católica más medidas ha adoptado para prevenir y denunciar. Cree que el problema ha sido sistémico, y que ha afectado en grado parecido a todos los países donde la Iglesia ha acumulado gran poder, como España, Polonia o Italia.

  Celibato y privilegios

Hay aspectos de la carta de Francisco tras el informe de Pensilvania que han causado malestar en las asociaciones de víctimas. Por ejemplo, la inculpación de la "comunidad eclesial", en una especie de generalización que desdibuja la responsabilidad de la élite de la Iglesia y corresponsabiliza a un rebaño que en realidad ha sido víctima. Pero también hay referencias de apariencia irrelevante donde pueden encontrarse claves. Así ocurre con la crítica directa que hace el papa en su misiva al "clericalismo", es decir, al excesivo protagonismo del clero en la Iglesia, que se cierra con ello sobre sí misma. Vidal interpreta que Francisco lanza aquí un mensaje velado sobre la necesidad de una reforma profunda de la Iglesia, porque es en su modelo organizativo y de funcionamiento donde se forma el clima de impunidad que termina favoreciendo los abusos.

¿Hablamos de la posibilidad de poner fin al celibato? ¿De ordenar a la mujer? Vidal cree que "el pueblo de dios" está "perfectamente preparado para eso". "Esto son temas que no afectan a la doctrina. Son leyes de la Iglesia. Se pueden cambiar", afirma.

Ending Clergy Abuse evita poner el foco en el celibato. Tampoco el informe de la ONU pide su supresión. "Si dices eso, la respuesta es que hay casos de pederastia en otras iglesias, como la anglicana, o en los cascos azules de la ONU. No. Nosotros insistimos en que al abuso sexual es un abuso de poder. Hay que reformar esa estructura de poder. Pero para que los niños tengan derechos en la Iglesia, la Iglesia tiene que perder privilegios. Ahí está la clave. En la historia ningún grupo social ha renunciado a sus privilegios", señala Hurtado.Y ahí es donde cree que Francisco no quiere tocar nada. "Todo lo que ha hecho o dicho ha sido reactivo. Desde su posición en Chile [donde todos los obispos le entregaron su dimisión], hasta el anuncio de la comisión, todo lo hace como reacción. Cuando anunció la comisión [antipederastia], fue para que se dejara de hablar del continuo rechazo del Vaticano a entregar sus archivos internos a la ONU", señala.

A partir de informes elaborados en Australia y Estados Unidos, Ending Clergy Abuse estima que entre el 6% y el 10% del clero católico ha cometido abusos sexuales. En 2004 la Iglesia de Estados Unidos admitió un 4% a lo largo de 50 años. Un problema gigantesco. Al diagnóstico de L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, que destaca la "firmeza" del pontífice argentino, cabe oponer que son instancias externas las que acaban destapando los mayores horrores: el Gobierno en Irlanda, una comisión oficial especial en Australia o la prensa en Estados Unidos... Las denuncias no parten, al menos de momento, del propio clero.

Hace ya más de cuatro años del informe de la ONU que acusaba a la Iglesia de vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño por situarlos en situación de "alto riesgo de abuso" con la total "impunidad" de los perpetradores de las agresiones, a los que se blindaba con una política de movilidad. Dicho informe exigía al Vaticano la entrega sin condiciones de los abusadores. Sigue pendiente.

Requerida por infoLibre, la Conferencia Episcopal, máxima representante de la Iglesia en España, no facilitó a ningún portavoz para abordar esta cuestión. Sí aclaró que existe un protocolo de actuación ante agresiones sexuales y que tiene representación en la comisión antipederastia.  

El presidente electo de México, el candidato conservador Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado que su salario como jefe de Estado será de 108.000 pesos al mes, equivalentes a unos 5.000 euros, en un intento de dar ejemplo de austeridad al país.

López Obrador presentó hoy su ambicioso Plan de Austeridad Republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas sociales a través de 50 puntos. | EFE

El mandatario ha señalado que el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cobra más de 270.000 pesos mensuales, más el doble de lo que obtendrá él. "Y yo voy a recibir 108.000 pesos mensuales, el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña. Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso", ha explicado.

La decisión por parte de López Obrador forma parte de un plan para ahorrar fondos presupuestarios anunciado ya durante su campaña electoral. El programa implica una reducción en los salarios de los funcionarios y el fin de la mayoría de sus privilegios.

De acuerdo con López Obrador jurará el cargo el próximo 1 de diciembre.

Golpe judicial a las inmatriculaciones de la Iglesia católica. La Audiencia de Palma de Mallorca, en una sentencia de 13 de junio, ha anulado una inscripción registral de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d'Artà, en la isla de Mallorca, por suponer la apropiación de bienes pertenecientes al Ayuntamiento. El fallo revoca otro dictado en enero por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Manacor y establece que las murallas y patios interiores del recinto son municipales. No sólo que lo son, sino que lo han sido siempre. La apropiación de bienes en bloque, incluyendo los de uso nítidamente religioso junto con otros de naturaleza civil, es una de las prácticas que vienen denunciando los colectivos laicistas integrados en la Coordinadora Recuperando. La sentencia niega el carácter indivisible de la finca inmatriculada, cualidad que la Iglesia invocaba para inscribirla íntegramente. El inmueble "es divisible y jurídicamente atribuible por separado de las edificaciones existentes", expone el fallo, que estima íntegramente la demanda del Ayuntamiento de Artá (7.541 habitantes).

La Audiencia ha declarado que las murallas y patios del recinto de Sant Salvador de Artà identificados en los planos aportados con el escrito de la demanda son propiedad del Ayuntamiento de Artà, gobernado por Proposta X Les Illes Balears, PSOE y Alternativa. La sentencia no afecta al edificio de la iglesia y al edificio Cas Donat, indiscutida propiedad de la parroquia. Pero sí al resto. Y echa por tierra la inmatriculación. "Se declara nula y sin valor alguno la inscripción registral de la finca 17.016 de Artà a favor de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d'Artà, en cuanto incluye indebidamente la propiedad del Ajuntament d'Artà, ordenando al Registro de la Propiedad de Manacor 2 su cancelación. Y sin perjuicio del derecho de la parroquia a instar en un futuro la inscripción a su favor exclusivamente del templo religioso, sin incluir murallas ni patios interiores", señala la sentencia, que además condena en costas a la demandada.

El juzgado de primera instancia consideró acreditada la posesión por parte de la parroquia de todo el recinto fortificado, "a título de amo, de buena fe, de forma pacífica e interrumpida [...], como mínimo desde el año 1912 hasta la actualidad". El Ayuntamiento recurrió la sentencia de instancia alegando que los bienes municipales no fueron desamortizados como consecuencia de la Ley Madoz de 1885 porque con ella sólo fueron desamortizados bienes propios y comunes de los pueblos. La posesión municipal de la zona de las murallas, alegó el Consistorio, es "imprescriptible e inalienable". Es decir, jamás fueron de la parroquia. Y sin embargo la Iglesia los inmatriculó, beneficiándose de la ley hipotecaria de 1946 y de la reforma de la misma de 1998.

El fallo determina la cancelación de los asientos en el registro que contradigan o discutan el dominio público de los bienes municipales. "En particular", señala la Audiencia, "debe ser cancelado el asiento correspondiente al certificado expedido por el Obispado de Mallorca con fecha 10 de diciembre de 2014, que fue objeto de complemento, aclaración y subsanación mediante certificación de 18 de febrero de 2015". La inmatriculación de 2015 pierde su validez.

El tribunal, presidido por el magistrado Gabriel Oliver, señala literalmente que "las murallas y patios interiores del recinto amurallado de San Salvador de Artà [...] son propiedad del Ajuntament". La sentencia considera acreditado que el pueblo al que pertenecía el inmueble controvertido nunca fue expropiado de la titularidad del mismo. El convenio de 1865 ordenó la restitución a la autoridad eclesiástica de los bienes de los que había sido propietaria, "pero no se extiende a otros que nunca lo fueron". No los compró. Se los apropió mediante el subterfugio legal de la inmatriculación, práctica prohibida en 2015, aunque sin efecto retroactivo, tras explotar el escándalo en Navarra y extenderse a toda España. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

El Obispado de Mallorca expresó su "respeto" por la decisión judicial, que está estudiando "con sus servicios jurídicos". No confirmó que la recurrirá, pero aseguró que "hay argumentos históricos y jurídicos suficientes que se vieron reconocidos en la primera instancia".