Margallo defiende el rescate público de su fondo de pensiones y culpa de su quiebra a la Eurocámara

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944), beneficiario del polémico fondo de pensiones para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo por el que en 2014 dimitió Willy Meyer (IU), defiende su voto a favor del rescate de dicho fondo con dinero público para evitar su quiebra.

En declaraciones a infoLibre, Margallo asegura que no ve motivo alguno para renunciar a ningún derecho adquirido y advierte de que acudirá a los tribunales si la decisión que adopte la mesa del Parlamento europeo en relación con el fondo lesiona sus derechos. Aquí hay un conflicto, porque el pleno le ha reclamado a la mesa, precisamente con el voto en contra de Margallo, que no rescate el fondo con dinero público. A juicio del eurodiputado, la salvación del fondo voluntario de pensiones es responsabilidad del Europarlamento y así lo avala el Estatuto del Diputado. "Los parlamentarios pueden decir misa", afirma.

Un fondo luxemburgués con más de treinta años y 900 miembros

Se trata de un fondo voluntario creado en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués. Su propósito era nivelar las pensiones de todos los diputados, algunos de los cuales –los de los países más pobres– tenían escasos derechos de pensión por las normativas nacionales. Había desigualdades entre los electos de distintos países que realizaban el mismo trabajo. Cuando en 2009 se estableció una pensión común, el fondo voluntario creado en 1991 se cerró a nuevos miembros.

Actualmente quedan más de 900 beneficiarios de aquel fondo, que adquirieron sus derechos antes del cierre. De ellos, 660 han sido identificados [ver aquí el listado en el documento del Registro de Luxemburgo y aquí una información en detalle de Investigate Europe, consorcio al que pertenece este periódico]. España es el segundo país con más beneficiarios, con un total de 98. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno (Luis Planas, del PSOE) y tres eurodiputados en ejercicio, Pilar del Castillo, Francisco Millán y Margallo, los tres del PP.

El fondo es objeto de polémica desde que en 2014 este periódico desveló que parlamentarios españoles participaban en dicho plan, gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav), instrumento que en Luxemburgo está casi exento de tributación. La información precipitó la dimisión de Willy Meyer, eurodiputado de IU. Cerca de diez años después de aquella noticia, el fondo acumula un déficit 379 millones de euros –al cierre de 2021, ahora será superior– y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge un informe oficial. El punto más controvertido de dicho informe, el que reclama a la mesa del Europarlamento que dicho fondo no sea rescatado con dinero público, fue aprobado la semana pasada por el pleno con 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones.

Tanto Margallo como Del Castillo y Millán votaron en contra. La eurodiputada socialista Isabel García Muñoz, ponente del informe, afirmó que eran "partes interesadas".

Una "paralela" de la Agencia Tributaria

Margallo insiste en que como eurodiputado entre 1994 y 2009 generó derechos mediante sus aportaciones al fondo voluntario. "Si querías entrar, te quitaban un tercio de la asignación. El Parlamento cooperaba aportando dos tercios, que eran retribuciones en especie sujetas al impuesto sobre la renta", señala.

"Si hubiese sido un fondo nacional hubiera tenido derecho a la deducción de mis aportaciones. Yo lo hice, me hicieron una paralela [una notificación de la Agencia Tributaria por algún desacuerdo con la declaración de la renta] y me dijeron que esa deducción no era posible porque era un fondo extranjero", expone. En efecto, el fondo era extranjero porque desde su origen está gestionado desde Luxemburgo.

El Estatuto del Diputado

El europarlamentario insiste en que el fondo es responsabilidad de la Eurocámara porque es creación suya y porque una decisión suya lo condena al déficit. ¿Qué decisión? El cierre a nuevas aportaciones con motivo de la entrada en vigor en 2009 del Estatuto del Diputado, aprobado en 2005 y que fue negociado –explica Margallo– por el vicepresidente del Parlamento europeo entre 1999 y 2014, Alejo Vidal Quadras, entonces en el PP.

En 2009 se creó un fondo público de pensiones obligatorio, del que el Parlamento hace las aportaciones tomadas de las retribuciones de los eurodiputados. "Ninguno de los nuevos eurodiputados puede entrar desde entonces en el fondo voluntario, por lo que se sabe [en 2009] que va a desaparecer", expone. "Si no hay entradas y se sigue cobrando a la misma velocidad, se agota. ¿Que podía haber durado más si la bolsa va mejor? Bueno, pero que eso se agotaba es evidente", afirma. Y añade: "Por mucha rentabilidad que hubiese tenido, es un río del que sacas agua y no metes. Vale, podrías haber sacado agua a menos velocidad. Pero que no entraba agua ni iba a entrar era evidente. Se sabía que se iba a acabar. Y por eso se establece la cláusula".

Con "la cláusula" se refiere al artículo 27 del Estatuto, que recoge que el "antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá" para quienes hubieran adquirido derechos en el mismo. Dichos derechos serán respetados, dice este artículo, "en su totalidad". "In full", recalca Margallo leyendo la versión en inglés. A su juicio, esto implica que "cuando el fondo se agota el Parlamento se subroga para mantener las prestaciones". Margallo ha cambiado impresiones con Vidal Quadras al hilo de la tormenta política desatada en torno al fondo. "Su tesis está clara. Ese artículo garantiza nuestros derechos", dice. El artículo no especifica que sea el Europarlamento el que se haga cargo de una hipotética quiebra que no se menciona. Pero Margallo no tiene dudas. "Si se garantizan los derechos, quién se va a hacer responsable de hacerlos cumplir, ¿el maestro armero? Está clarísimo. El sujeto es el Parlamento, no hay más".

Precisamente el artículo 27 de dicho Estatuto ha hecho a Margallo estar siempre "tranquilo" con respeto a las garantías que le daba el fondo voluntario. Es más, ha llegado ya a cobrar del mismo, concretamente durante su etapa como ministro, cuando percibió al mismo tiempo su sueldo como titular de Exteriores y su pensión del plan voluntario. "Es una pensión es compatible con otras retribuciones, aunque no con la de ser eurodiputado", explica.

Eurodiputado es precisamente su actual condición, por la que está generando derechos para el actual fondo de pensiones público, que ya empezó a adquirir entre 2009 y 2011. A esos derechos se suman los de su pensión pública en España y el "fondo de pensiones de los abogados". "He estado ahorrando para el verano", dice.

No ve privilegios

Tanto el lunes por la noche en Hora 25 como durante su conversación con infoLibre, Margallo se refiere en diversas ocasiones al fondo abierto hasta 1991 como "privado". No obstante, luego se corrige. "Si dije 'privado', mal. Quise decir 'voluntario'. Es público porque lo crea el Parlamento. Esto no es un grupo de diputados que se reúnen en un bar y dicen 'vamos a hacer un fondo de pensiones'. Es el Parlamento el que invita e incentiva [a formar parte]. Un fondo privado sería que 900 tíos dijeran: 'Oye, vamos a hacernos un fondo y nos vamos a Luxemburgo'".

Margallo cree que no es lo mismo el fondo voluntario que uno "creado por el Banco Santander", por poner un ejemplo. "Otra cosa es que lo administre no sé quién", dice. A su juicio, la figura que lo administra no es lo relevante, sino que el Parlamento es el "responsable". Este fondo, a su juicio, no comparable a uno privado que quiebre, luego no habría según su interpretación ningún "privilegio" con respecto a quienes pierden sus pensiones cuando un fondo se va al garete.

Lamenta el exministro "la campaña que se ha montado" contra el fondo. "Parece que somos unos absolutos privilegiados, que hemos hecho algo cuasidelictivo. Pero, oiga, si lo aprobó el Parlamento, ¿a mí qué me cuenta usted? Estar en política ya es una presunción de delincuencia. Pero vamos, es que vivimos en una sociedad que acepta que Juan Roig es un delincuente por ganar dinero".

Los hechos demuestran que "los listos" fueron los que o nunca participaron en el fondo o rescataron el dinero en 2009. "Yo en este tema soy víctima", añade Margallo, que asegura desconocer la cuantía de la pensión de la que se beneficiará por el fondo voluntario. "Lo tendría que mirar. Está en la declaración de la renta porque he pagado por ella en España en el IRPF", explica. Pero insiste: "Sea mucho o poca, es indiferente". Lo relevante, afirma, es que es su derecho a percibirla y la obligación del Europarlamento a garantizarla.

¿Luxemburgo? "Honradamente, no pregunté"

¿Sabía cuándo se apuntó al fondo que iba a ser gestionado desde Luxemburgo por una sicav? "Honradamente no lo pregunté. Lo podía haber preguntado, pero no lo pregunté", responde. Eso sí, tampoco lo ve relevante. "No lo sabía, pero me da igual. El Parlamento tiene sede en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. Me dijeron: '¿Usted quiere asegurar el fondo de pensiones?'. Pues sí. Yo no tenía la menor idea de dónde estaba, y creo que la mayoría de diputados tampoco, porque era indiferente. Es el Parlamento el que lo crea y pone las condiciones y se supone que lo hace razonablemente bien". Afirma que tampoco tiene "la menor idea" de los motivos de la dimisión de Willy Meyer: "Quiero mucho a Willy Meyer, pero no sigo sus peripecias personales".

¿Tampoco hay, como dice el informe aprobado, un "posible riesgo para la reputación" de la Eurocámara? "Si lo ha creado el Parlamento, será el Parlamento el que tenga que saberlo", responde. A su juicio, es propio "de Groucho Marx" que el Parlamento diga que va "contra su reputación" obedecer lo establecido en el Estatuto del Diputado [a Groucho se le se suele vincular con la frase "estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros"]. "Es muy fácil decir 'mira los eurodiputados, que viven de puta madre y encima tienen fondo de pensiones'. Claro, lo tenemos porque hemos ido aportando a lo largo del tiempo, sacrificando un dinero que los otros que no han entrado no han sacrificado".

De las enmiendas al Código de Conducta

Margallo critica a la ponente del informe, Isabel García Muñoz. "No es la mejor jurista que he conocido", dice. Y ve "mala fe" en las dos enmiendas presentadas. Una, del Grupo de La Izquierda, solemnizaba que "las pensiones oficiales abonadas por el Parlamento a los antiguos diputados son, en general, generosas" y concluía: "Que se disuelva el fondo". La otra, de Los Verdes, reclamaba a los "antiguos diputados" que tengan otra "pensión suficiente" que "renuncien al fondo voluntario". Sobre la primera, Margallo afirma que "no tiene el menor sentido", ya que presupone que antes de 2009 se podía elegir otra pensión, cuando "no había". "Ni generosa ni no generosa. La justificación [de la disolución] cae, luego la conclusión es inválida", afirma. En cuanto a la segunda enmienda, Margallo dice: "Es como si digo: 'Oiga, como usted tiene un fondo de pensiones en el Bilbao Vizcaya, pues renuncie a la Seguridad Social. ¿Por qué?".

–Porque tiene un déficit muy alto y va a necesitar un rescate público.

–¿Y? ¿Y para qué he estado yo pagando todos estos años?

El eurodiputado niega conflicto de interés en su votación a favor del rescate del fondo o contra las enmiendas. Acude para armar su posición al Código de Conducta del eurodiputado, que dice: "No existirá conflicto de interés cuando un diputado tenga un beneficio únicamente por pertenecer a un conjunto de población o a una categoría amplia de personas". Como miembro de este fondo de algo más de 900 miembros, se considera miembro de un colectivo amplio, lo que excluiría la hipótesis de un conflicto de interés. A su juicio, su voto es comparable al que como diputado en el Congreso hacía de los presupuestos, en los que están recogidas las retribuciones de los parlamentarios.

Hubo compañeros de Margallo en el Partido Popular Europeo, concretamente 28, que votaron contra el rescate público. Siguiendo el razonamiento de Margallo, se entendería que estos 28 no pretenden que se "cumpla la legalidad", propósito al que el exministro atribuye su voto. Tampoco el PPE votó unido sobre las enmiendas. En ambos casos Margallo y el resto de eurodiputados españoles votaron en contra. Pero no todo su grupo: hubo siete que lo hicieron a favor. Margallo evita la polémica, señala que no estuvo en "el debate" sobre la cuestión en el seno del grupo y, sin particularizar, afirma que siempre hay "conductas insolidarias".

La vía judicial abierta

La mesa ya ha modificado en dos ocasiones las condiciones del fondo voluntario para aumentar su sostenibilidad. En 2009 la edad de jubilación se elevó de 60 a 63 años y se cerró la opción de jubilación anticipada. Nueve años después, se elevó de nuevo a 65 años y se introdujo una tasa del 5% sobre las pensiones. Ambas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por algunos de sus beneficiarios. En ambas ocasiones, los demandantes perdieron. Según Margallo, decisiones así de la mesa no pueden compararse con una posible liquidación. Su conclusión es que el hecho de que haya quedado judicialmente establecido que la mesa puede modificar condiciones del fondo demuestra que es "el administrador", y por lo tanto que tiene una obligación de cumplimiento de los derechos de sus beneficiarios.

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–¿Usted ha ido a los tribunales ante alguna de estas decisiones?

–Todavía no, pero claro que iré –responde. Lo hará si ve lesionados sus "derechos".

No obstante, confía en que el Parlamento salve el fondo. Pero, claro, eso supondría que la mesa no atiende lo que le reclama el pleno. Margallo: "Si el Estatuto dice que hay que cumplir con esto, los parlamentarios pueden decir misa. Es una obligación estatutaria".