Políticos y paraísos fiscales

Un número indeterminado de eurodiputados mantiene un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav

La Confederación Europea de Sindicatos desplegó este lunes pancartas en Bruselas para pedir a los Veintiocho que se centren en combatir el paro.

Un grupo indeterminado de diputados europeos de distintos países cuya identidad y número rehúsa desvelar el Parlamento Europeo mantiene a través de una sicav de Luxemburgo un fondo de pensiones creado en 1994 y cofinanciado hasta 2009 con dinero público cuyo montante total desconoce infoLibre. País fundador de la UE, Luxemburgo no posee la condición oficial de paraíso fiscal. Pero, en la práctica, lo sigue siendo.

La existencia de esa sicav (sociedad de inversión de capital variable), un tipo de compañías para grandes capitales que en Luxemburgo solo tributa el 0,01% de los activos netos del fondo y está exenta del impuesto de sociedades, había pasado inadvertida hasta la fecha.

Al cierre de 2012, último ejercicio del que hay cuentas disponibles en el Registro de Luxemburgo, la sicav de los eurodiputados contabilizó 164,7 millones de euros en activos. Entre esa cifra y la que pagó en impuestos media un abismo insalvable: todo lo que la sicav europarlamentaria abonó por tributos en diciembre de 2012 fueron 59,13 euros.

Por si cabía duda del alcance de lo que en castellano solo puede calificarse como chollo, el balance de la sociedad, una copia del cual obra en poder de infoLibre, explica lo siguiente: "Bajo la legislación vigente de Luxemburgo, ni el impuesto de la renta ni el de beneficios son aplicables a las sicav-fis [fondo de inversión especializado]. Sin embargo, la Sicav-Fis está sujeta a un impuesto de suscripción del 0,01% pagadero trimestralmente". Aunque este diario no ha podido verificarlo, ese texto parece sugerir que, en realidad, la sicav europarlamentaria no pagó 59,13 euros sino... 240 euros a lo largo de todo el ejercicio.

Al menos en 1996, dos de los administradores legales de esa sicav, denominada Fond de Pensions-Députés au Parlement Européen Sicav-Fis, fueron Miguel Arias Cañete, ahora de nuevo eurodiputado y portavoz del PP en la Eurocámara, y la socialista Ludivina García Arias.

También la conservadora María Teresa Estevan y el socialista catalán Joan Colom y Naval han ocupado cargos de representación en la sicav. Colom, que cesó como eurodiputado en 2004, desempeñó luego el cargo de administrador hasta 2013. Cuántos eurodiputados y exeurodiputados componen la sicav es una incógnita. El Parlamento Europeo sostiene que se trata de una "iniciativa privada" pese a que admite que los fondos públicos fluyeron hacia la sicav luxemburguesa hasta 2009.

Este diario no logró localizar a ninguno de los cuatro antiguos antiguos administradores españoles mencionados. La presencia de Cañete y la de Ludivina García se remonta a la primera etapa de la sicav: ambos fueron "reelegidos" administradores en mayo de 1996. El exministro del PP hoy portavoz de su formación en la Cámara de Estrasburgo cesó apenas dos meses más tarde, el 18 de julio de 1996. Un año después y a través de una sociedad de su familia, Cañete se convertía en representante en España de la panameña de su familia, Angelmo International Corp.

Otros dos destacados parlamentarios y cabezas de lista de sus respectivas formaciones, la socialista Elena Valenciano y Willy Meyer, de Izquierda Unida, reconocieron ayer en conversación con infoLibre que participaron en ese fondo de inversión. Pero ambos coincidieron en un extremo: no tenían ni la más remota idea de que el fondo de pensiones se había materializado a través de una sicav en Luxemburgo.

El nombre de Meyer aparece en una lista que el laboratorio de ideas Open Europe, con sede en Londres y Bruselas, difundió en 2009 con los nombres de los eurodiputados suscriptores del fondo a diciembre de 2007  y cuyo contenido completo no ha podido verificar infoLibre y que sostiene que el 70% de los eurodiputados españoles se había sumado a ese mecanismo destinado a suplementar la pensión de jubilación que sus cotizaciones a la Seguridad Social –pagadas por el Congreso– ya les garantizaba en España. El nombre de Elena Valenciano, en cambio, no figura en esa lista. Pero ella misma admitió ayer su participación en ese fondo: "Creía que era algo oficial del Parlamento porque, de hecho, en Bruselas había una oficina con un funcionario que gestionaba aquello". Meyer viene a sostener lo mismo: "Me acabo de enterar de que hay una sicav". En abril, el diario británico Daily Telegraph publicó un reportaje sobre este fondo de pensiones y eligió para la información un subtítulo esclarecedor: "Puede que haya sido cerrado a nuevos beneficarios y contribuciones en 2009, pero el segundo fondo de pensiones va a seguir enredado en la controversia".

Tanto Valenciano como Meyer subrayaron que tuvieron dudas y problemas por el modo en que debían tributar por sus aportaciones al fondo de pensiones. "Hice una consulta vinculante a Hacienda y no me contestaron", relató Meyer. "Hacienda –dijo Valenciano– le dijo a unos una cosa y a otros, otra; a mí me reclamó a los seis años". Valenciano intentó rescatar sus fondos en 2009 pero, cuenta, no lo logró. En la legislatura europea que comenzó ese año, el Parlamento cerró el fondo a nuevos suscriptores pero mantuvo los "derechos adquiridos" de quienes ya pertenecían a él, dijeron fuentes oficiales al tiempo que precisaban que solo podrán cobrar "cuando cumplan 63 años". En 2009, la Eurocámara unificó las retribuciones y derechos económicos de todos los diputados, que hasta entonces cobraban según el criterio de su propio país. 

Tributan el 1% en España y el 0,01% en Luxemburgo

En España, las sicav se han convertido en sinónimo de agravio comparativo fiscal: tributan al 1%. Pero ni siquiera así compiten con Luxemburgo. En 2012 (ver documento adjunto), la sicav europarlamentaria anotó el importe equivalente al 0,01 de sus activos netos junto al epígrafe "impuesto de suscripción a pagar". O, como reza en el original del Registro Mercantil luxemburgués, "taxe d'abonnement payable".

A la pregunta de cómo y a dónde transferían entonces sus aportaciones, tanto Valenciano como Meyer dijeron no recordar la fórmula exacta. Y ambos coincidieron en otro punto: se sumaron al fondo voluntario de pensiones, pese a que el Congreso de los Diputados les pagaba entonces –hasta 2009, en que esa tarea fue asumida por la Eurocámara– la Seguridad Social porque sus antecesores les dijeron que esa era la norma. Valenciano llegó a Estrasburgo en 2000 y regresó a España en 2008. Meyer ocupa un escaño de forma ininterrumpida desde 2004.

Este lunes, portavoces oficiales de la Eurocámara confirmaron a infoLibre que las aportaciones al fondo, de adscripción voluntaria para los diputados, se regía por el siguiente sistema: por cada dos euros que depositaba cada inquilino de un escaño, el Parlamento aportaba otro. Esas mismas fuentes no explicaron por qué el fondo se abrió en Luxemburgo, donde la Cámara mantiene sede pero solo con funcionarios, y no en Bruselas (Bélgica) o Estrasburgo (Francia), que es donde trabajan los parlamentarios.

Las fuentes consultadas dijeron no tener aún respuesta para dos preguntas de este diario. La primera, cuánto desembolsó en total el Parlamento europeo en los 15 años que median entre 1994 y 2009, cuando la Cámara unificó las retribuciones de sus 736 integrantes –la cifra se eleva ahora a 750 más el presidente– y cortó en seco sus aportaciones al “sistema adicional y voluntario de pensiones”. El 3 de marzo de 1994 fue el día en que la sicav quedó inscrita en el Registro de Luxemburgo con el código B46910. Así consta en el Boletín Mercantil del Gran Ducado.

Fuentes europarlamentarias del PP vincularon el fin de las aportaciones de dinero público con “la primera crisis bursátil” y recalcaron que la participación en ese fondo siempre fue “libre y voluntaria de cada eurodiputado”.

País fundador de la Unión Europea, la OCDE no incluye a Luxemburgo en la cada vez más exigua lista oficial de paraísos fiscales. Pero, en la práctica, el Gran Ducado actúa como un territorio offshoreoffshore: baja tributación, opacidad financiera y una tardía y reticente cooperación judicial con terceros países. En los últimos años, cada gran caso de corrupción que ha estallado en España termina por destapar la existencia de cuentas bancarias en Luxemburgo. Por ejemplo, en el caso Urdangarin. O en Gürtel

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