En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire—  para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".

La acusación parte de los resultados del pasado 17 de mayo. En las elecciones andaluzas, el Partido Popular se impuso con holgura aunque no logró la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. Sin embargo, en el escrutinio del CERA —el censo de españoles residentes ausentes— los socialistas quedaron por delante de los populares. La diferencia fue estrecha: 6.703 votos para los socialistas frente a 6.307 para los conservadores. El escrutinio no ha alteró el reparto de escaños, pero ha servido para alimentar un relato en la derecha cada vez más recurrente: si el PSOE perdió por tanta distancia en Andalucía, ¿cómo es posible que gane entre los andaluces inscritos en el exterior?

La pregunta no se limita a describir una diferencia de comportamiento electoral entre votantes que viven en España y los que están en el extranjero, sino que sugiere que ese contraste se debe a un plan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o, incluso, fruto del amaño por parte de los socialistas Y ahí entra el marco que han construido distintos medios conservadores: la Ley de Memoria Democrática, el aumento del censo exterior por la llamada ley de nietos, la nacionalización de descendientes de españoles emigrados y el supuesto pucherazo. La secuencia se presenta como si formara parte de un mismo engranaje político.

En su digital okdiario, Eduardo Inda —condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por publicar el bulo de que el exvicepresidente, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas— asegura sin pruebas en una tribuna de opinión que “Sánchez no [solo] quiere alterar un poquito el CERA” sino que “lo va a hacer de tal manera que al universo electoral español no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y completa: “A mí el CERA siempre me sonó a trampa porque la mayor parte de esos votantes es gente que vive fuera de España desde hace muchos años y, lógicamente, la política patria les importa un pimiento”.

El pseudomedio The Objective siguió esa misma línea argumental en un debate titulado "Voto CERA: el comodín de Sánchez", en el que se conectaba el crecimiento del censo exterior con la Ley de Memoria Democrática y con la posibilidad de que ese electorado acabe teniendo efectos decisivos. El Mundo también comparte ese enfoque con el titular “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”, convirtiendo el voto exterior en una pieza más del relato sobre las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el tablero electoral, al igual que La Razón que destaca que el PSOE “se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas”, pero que ganó en el exterior.

La operación emplea el mismo patrón en todos los casos. Primero se selecciona un dato cierto y comprobable: que el PSOE gana el voto CERA. Después se añade que lo hace pese a haber perdido ampliamente en las urnas andaluzas. A continuación se incorpora un elemento de sospecha: el crecimiento del censo exterior por una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por último, se deja caer una conclusión sin formularla siempre de manera expresa: que el PSOE estaría utilizando el voto exterior para compensar en los despachos o en el extranjero lo que no consigue en las urnas en España.

Ese salto ya ha llegado a la política. El diputado del PP Rafael Hernando acusó directamente al Ejecutivo de “estar usando el voto CERA para intentar ganar allí lo que no ganan aquí", tal y como escribió en su cuenta de X. El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, investigado en la trama Kitchen, firmó una tribuna en okdiario titulada "La ‘ley de nietos’, el CERA y la inmigración masiva ilegal". Ahí escribió en mayo: “La Ley de nietos no modifica el censo de residentes en España pero el aumento del CERA ha convertido a este censo en una variable estratégica capaz de decidir la gobernabilidad de España en un escenario como el actual de polarización y resultados ajustados”.

La afirmación no habla de una irregularidad concreta, ni cita una denuncia ante la Junta Electoral, ni aporta una prueba de manipulación, pero instala en el imaginario colectivo que el voto de los residentes es una herramienta política en manos del PSOE. A esto se le añade que figuras como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevan meses alimentando un relato muy parecido, aunque no siempre referido al CERA andaluz, sino a las nacionalizaciones y al censo electoral.

La importancia de este mecanismo no está sólo en lo que se dice, sino en cómo se formula. No hace falta afirmar de entrada que ha habido fraude. Basta con repetir que "llama la atención", que "resulta sorprendente", que "conviene mirar" o que "hay que dar explicaciones". Ese lenguaje permite mantener una apariencia de cautela mientras se construye una sospecha. El funcionamiento, además, es circular. Los medios introducen el tema, sus afines lo viralizan y los políticos lo recogen. Y, cuando sus señorías lo hacen, esos mismos medios pueden volver a amplificarlo como una controversia política ya existente. 

Los precedentes: del 28M a las elecciones extremeñas

La táctica no es nueva. La derecha española ya la ensayó con el voto por correo en la campaña de las generales de 2023. El PP y Vox utilizaron casos aislados de compra de votos y problemas logísticos para extender una sombra general sobre el sistema y Ayuso llegó a hablar de "intento de pucherazo". El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, puso bajo  sospecha a Correos, institución que él mismo presidió en la etapa de José María Aznar en Moncloa. La hipótesis sugerida era que el Gobierno podía beneficiarse de un proceso supuestamente opaco o manipulable.

Un relato similar al de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, cuando el robo de votos por correo en varios municipios fue utilizado por el PP para alimentar la sospecha de que el Gobierno intentaba alterar las elecciones. La investigación y la actuación de la Junta Electoral desmontaron el relato de un fraude político organizado, pero el mensaje ya había circulado: si el resultado no convenía a la derecha, podía deberse a una manipulación.

Ahora el debate no está en el voto por correo, sino el de los residentes en el extranjero, pero opera la misma lógica. La diferencia es que el voto CERA permite además introducir otro elemento político: la legitimidad de esos votantes que no viven en el país y, por tanto, no contribuyen al sistema. Así se acaba cuestionando quién debe tener derecho a votar. Y, de forma indirecta, se presenta a esos ciudadanos como un electorado artificialmente creado por el Gobierno para favorecerse. 

Con todo, la paradoja del CERA andaluz tiene explicaciones electorales que ha desgranado Narciso Michavila, doctor en Sociología, y presidente de GAD3 y considerado el “gurú” del PP en materia de encuestas. En una entrevista en ABC que arranca con una crítica durísima al Ejecutivo —"no tienen límite moral ninguno"—, rechaza una manipulación del voto exterior. "Hay teorías conspiranoicas que aseguran que el voto está totalmente manipulado, pero yo sinceramente no lo veo", sostiene. Su explicación descansa en varios datos.

El primero, el tamaño real del fenómeno: votaron 21.583 de los 302.074 andaluces inscritos en el CERA, una participación del 7,14%. En relación con el conjunto del voto emitido en Andalucía, se trata de una proporción mínima. La diferencia entre PSOE y PP fue de sólo 396 votos —6.703 frente a 6.307— y, como recuerda Michavila, ni siquiera un comportamiento extremo del CERA habría alterado el reparto de escaños.

El segundo elemento es histórico y sociológico. El voto exterior no reproduce necesariamente el comportamiento del votante residente en Andalucía. Según Michavila, los emigrantes andaluces "de toda la vida" proceden en buena medida de entornos rurales, obreros y jornaleros, más vinculados tradicionalmente a la izquierda y al socialismo histórico andaluz. A ese bloque se suman jóvenes que han salido al extranjero para estudiar o trabajar, un perfil que tampoco tiene por qué coincidir con el giro electoral que se ha producido dentro de Andalucía en los últimos años, según Michavila.

El tercer factor es la distinta velocidad de cambio político. Mientras el voto interior se ha desplazado con fuerza hacia el PP de Juanma Moreno, el voto exterior conserva inercias más lentas y fidelidades más antiguas. Michavila recuerda que en 2022, pese a la mayoría absoluta del PP, los populares sólo aventajaron al PSOE por un punto en el voto CERA: 25% frente a 24%. En 2026, por tanto, el resultado no sería una ruptura inexplicable, sino una variación pequeña dentro de un patrón ya conocido. "Sorprende esa diferencia pero es totalmente lógica", resume, desmontando el relato instaurado por algunos medios.

Cunde el desánimo entre las filas izquierdistas, y entre las del PSOE también: “No puede ser”, “Zapatero, no nos falles”, “siempre nos pasa lo mismo”, “es que no hay ningún partido con el que me sienta identificado al 100%”, “emosido engañados”, “novedades, souvenirs, joyas y artículos de coña en la caja fuerte”...

Ya la han vuelto a cagar. La historia de tu vida: ya te ha decepcionado algún líder en el que habías depositado tu confianza ciega; y cuando no es eso, el Frente Popular de Judea ha vuelto a pelearse con el Frente Judaico Popular o un aliado feminista se ha destapado como un cameo de Torrente. No ganas para disgustos. 

¡Menuda papeleta a la hora de meter la papeleta! Ya nos damos con un canto en los dientes si el “No Pasarán” es un simple “No decepcionarán”.

Necesitamos un nuevo Mesías, un anillo que los reúna a todos, una nueva esperanza que nos permita votar sin taparnos la nariz. "¿¡Dónde coño está el Frente Popular cuando más lo necesitas!?", parafraseando a Niña Polaca.

Ser de izquierdas es como ser artificiero daltónico, una profesión de muy alto riesgo. Siempre al borde del abismo, abres un periódico, tus redes sociales, miras un programa de cualquier televisión de derechas —vamos, de cualquier televisión privada o gobernada por el PP/VOX— y ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de la abstención. Otra decepción, otro mito caído, otra excusa para la desafección.

Te planteas incluso el voto útil, aunque luego siempre te pasa que votar al PSOE se ha convertido hace ya demasiado tiempo en un rasca y gana. Lo compras cada vez con algo de ilusión y cada vez que rascas un poco compruebas que te han vuelto a engañar. No le ha tocado nada, siga jugando a ver si con un poco de suerte se paran los desahucios, se deroga la ley mordaza o se paran los desahucios si aprietan lo suficientes los socios más a la izquierda, pero no hay manera.

En cambio ser de derechas es el Black Friday de la política, un chollo, siempre hay una oferta a tu medida y con un precio tirado. Todo lo que querías en un partido de gobierno pero rebajado, tirado, porque tú lo vales.

“Yo no soy tonto”, bueno, un poco sí, y si no lo soy, me lo hago, cualquier cosa para que no gobiernen los de enfrente.

No conozco a ningún votante de derechas que se haya planteado alguna vez su voto por la corrupción de sus líderes. De hecho, creo que es un valor añadido para ellos. Recordemos las inmortales palabras de ese intelectual de la derecha, Álvaro Ojeda, que deberían tener una placa en el vestíbulo de la sede del PP, pagada en negro, en la calle Génova.

Las tablas de la ley —del embudo— del votante de derechas: “Yo hago con mi voto lo que quiera. Yo decido quién me roba. A mí un comunista no me roba. Por lo menos que me robe un profesional…”.

Para la derecha y la ultraderecha, valga la redundancia, es siempre una prioridad nacional llevárselo muerto, sea con viviendas de protección oficial, comisiones con cualquier desgracia con muertos, privatizaciones de servicios públicos, eventos deportivos, religiosos o musicales… Cualquier excusa es buena para pillar cacho a costa del contribuyente. “Por lo menos que me robe un profesional”.

En la derecha, como en chino, la palabra crisis significa también oportunidad. Ser de derechas es pasarse la vida y la política en modo fácil. ¿Jode a la izquierda? Ahí es. No hay más de lo que preocuparse.

Ahora mismo lo único preocupante para el votante de derechas es pensar que, con todo a favor, con todas las fuerzas vivas de su lado —prensa, Poder Judicial, empresarios, programas con hormigas, podcasters empadronados en Andorra, intelectuales de pelo graso…— no sean capaces de gobernar.

Como diría esa frase inmortalizada por el programa Alguna Pregunta Más: “Es de ser inútiles”. Ya tenían el país repartido antes de las últimas elecciones y una perrería de última hora les impidió reclamar lo que es suyo: el poder.

No se puede esperar ya más, quiero mi parte del pastel, hay que recuperar lo nuestro. Hay que volver a recuperar el poder que por derecho nos corresponde, por lo civil o por lo judicial, así ha sido siempre y así tiene que ser. Es el círculo de la vida: ‘Hakuna Fachata’.

En palabras de ese ejemplo de la honestidad política que fue Aznar: “El que pueda hacer que haga”, o en las torpes arengas de la versión 2.0 que representa Alberto Nuñez Feijóo: “Haré todo lo posible para cambiar el gobierno. Y cuando digo todo, digo todo…”. Si Tejero levantara el tricornio, estaría orgulloso.

Ser de izquierdas, en cambio, es estar siempre en un 'ay'. Alguno de los tuyos te va a decepcionar siempre; la pureza no marida bien con el poder, no marida bien ni con estar en la oposición. No marida.

Las contradicciones se cabalgan mal, nunca hay suficiente pureza en la izquierda, siempre hay un pero, un matiz, un qué se yo, un no sé qué…

Ser de izquierdas es, ahora mismo, ser más católico que los propios católicos, estamos esperando la resurrección de un crucificado y ver si podemos, sobre la piedra de Pedro, edificar nuestra iglesia.

La mayoría no somos creyentes pero estos últimos tiempos estamos rezando muy fuerte eso de: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy” y sobre todo lo de “líbranos del mal”.

Como dijo ese referente de la derecha desconocido al que muchos identifican con un tal M. Rajoy: “It´s very difficult todo esto” y añado “de ser de izquierdas”.

La reciente propuesta de Feijóo de una moción de censura "instrumental" (otra ocurrencia del PP para ocultar la inoperancia, torpeza y falta de categoría de su líder) contra el gobierno de Pedro Sánchez es una manifestación palmaria del golpe de Estado encubierto al que asistimos a diario como insólitos espectadores.

La propuesta de Feijóo es: "Háganme presidente a mí y les prometo que una vez que controle RTVE y el CGPJ al completo ya tendré las manos libres para convocar elecciones y llevar a cabo una causa general contra el PSOE que por lo menos lo paralice durante dos o tres décadas".

Es decir, un golpe de Estado encubierto e incruento que además conlleva como palmero principal al ex-Aznar, autor de la teoría de la "charca pestilente", en la que supuestamente alude a la situación actual como proyección de la suya propia y la de Esperanza Aguirre donde ranas y renacuajos sin control pululuban por doquiera metiéndose por las tragaderas el dinero a espuertas...

(Algún día hará falta un análisis sesudo y académico que aplique los "mecanismos de la transferencia psicológica" del uno mismo al contrario; sólo así podríamos explicar este maremágnum del confusionismo al que la derecha, con su cortedad de mente, nos quiere llevar a los demás haciendo alarde de una supuesta inteligencia de la que carece desde el primero al último de sus asesores... Pero esto es ya otra historia)

Pero es que ya el summum de la inteligencia estratégica de Feijóo en su plan de golpe de Estado con el ex-Aznar es haber desviado la atención del foco al que supuestamente debería apuntar, es decir a la "charca" pestilente de Pedro Sánchez, para centrarlo en Waterloo, que como sabemos fue el final de Napoleón, y es que hasta en sus planteamientos de censura al adversario, al enemigo, proyectan sus propias vergüenzas hacia las sombras de todo aquello que dicen denostar; y se estrellan...

A lo mejor, seguramente, es que Puigdemont se ha convertido de pronto, de la noche a la mañana, de líder del golpismo antiespañol en el mejor aliado del golpismo ultraderechista igualmente antiespañol. No me extraña que quieran acabar con sus vergüenzas aunque para ello tengan que traicionar a su puñetera madre, una madre llamada España, a la que sólo aman cuando pronuncian sus letras..., porque de amar, no tienen ni idea para conjugar el verbo.

Al final, va a resultar que el periodista Villarroya va a tener razón: "Es más verosímil que Feijóo gane el Festival de Eurovisión, que llegue a ser presidente del Gobierno".

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.

A pesar de que algunas imágenes, de entrada, me indujeron al descojono, terminaron por provocarme arcadas y zollipos. Me refiero a la manifestación facha del 23M en Madrid, convocada por las derechas-extremas derechas, con Sociedad incivil muy española y mucho española, o algo así, y Vox en grito, a la cabeza, bajo el nombre de 'Marcha por la dignidad', en clara antífrasis, comandada por representantes de la indignidad nacional, corruptos, corruptores y jetas varios. En realidad, se trataba de una jornada contra el presidente del Gobierno, cuyo lema extraoficial, a juzgar por la insistencia de los voceadores, fue "¡Sánchez, hijo de puta!".

A la impúdica Esperanza Aguirre, cínica mayor del reino, ignorante de Púnica, Lezo y Gürtel, que debió dejar el coche en el carril bus de la Gran Vía; el colaborador de la in-Justicia, Aldama, sin mascarillas (las vendió todas); Daniel Esteve, el matón okupado en desokupar a hostias todo lo que le disguste; Musculitos Abascal, Santiago y cierra, España; Marcos de no hay Quinto bueno, que quiere cerrar la televisión pública; unos secundarios del PP, ejerciendo de clineros, enviados por Feijóo, que estaría preparando el próximo discurso mientras estudia geografía e inglés, y otros personajes de similar jaez, les acompañaron banderas rojigualdas, algunas con la gallina cara al sol, y una foto del dictador asesino en la que podía leerse "Gracias, General Franco". Quisieron poner de manifiesto que su prioridad nazional es acabar con la democracia.

Ahora que todo vuelve a ser culpa de Zapatero, reaparece la moda de poner la mano en el fuego, expresión que ya aparece en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias (1611), y en el primer diccionario de la RAE (1734), siempre con el sentido de "asegurar la verdad y certeza de algo" y que viene a tener el mismo significado cuatro siglos después y no, por suerte, el de la antigua práctica legal llamada "ordalía" o "juicio de Dios", una forma de juicio en que se sometía a una persona acusada de un delito a una prueba física o una prueba de fe para determinar su culpabilidad o inocencia. Se creía que, si la persona era inocente, Dios protegería sus manos del daño causado por el fuego, y si era culpable, las llamas le causarían quemaduras o dolor. El caso es que la expresión permanece sin necesidad de recurrir a la prueba de fuego real.

En el caso de Zapatero, en el que tampoco soy quién para asegurar la verdad y certeza de algo, sí opino que se está empleando contra él la máxima aznariana del que pueda hacer que haga por parte de determinados poderes omnipotentes e inicuos. La Justicia tuerta y el resto de la derechona patriótica está aplicándole (como a Begoña Gómez y David Sánchez, por ejemplo) la presunción de indecencia, tan de moda cuando conviene a los que pueden hacer y hacen, en lugar de la legal de inocencia, tan denostada hoy cuando no conviene a los mismos.

Mientras unos exhiben su condición de indecencia sin escrúpulos, a otros se les aplica la presunción de indecencia sin reparo.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

Cuando terminen de hacer todo lo que hagan las personas mandatadas por José María Aznar, no habrá nada, todo será como un páramo desolado. Porque lo que pide Aznar es que las acciones que realicen destruyan todo lo que puedan de lo hecho sobre el terreno de la sociedad bajo la arquitectura progresista y la dirección de obra de sus políticas.

Por eso, lo que en verdad significan las palabras de Aznar es que “el que pueda deshacer, que deshaga”, para, de ese modo, volver a un mundo en el que la violencia de género sea violencia doméstica, como cuando él era presidente; en el que las personas del mismo sexo no se puedan casar, como cuando él era presidente; en el que cuando EE.UU. quiera ir a una guerra España lo acompañe, como cuando él era presidente… y así con tantas otras cosas que la sociedad ha dejado atrás gracias a la transformación que acompaña a las políticas de izquierdas.

Esta propuesta contra el Gobierno es coherente con todo lo que se ha planteado desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la ilegitimidad del Gobierno, pasaron a los ataques personales a la figura del presidente, que lo convirtieron en “perro Sánchez”, después continuaron con los insultos llamándolo “hijo de puta” desde posiciones institucionales como la presidencia de la Comunidad de Madrid, y presentando los hechos como si se tratara de una macedonia de frutas, y luego, dado que no obtenían todo el resultado que buscaban, hicieron una generalización para abarcar a todo el socialismo al presentarlo como “sanchismo” para ver si alguien lo abandonaba.

Y como todo ello no ha funcionado, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer algo más para deshacer lo levantado, y de ese modo volver a empezar para continuar, que es la verdadera estrategia de las posiciones conservadoras.

El problema es que el objetivo actual, aunque se presente con el argumento cortoplacista de adelantar unas elecciones, es otro muy diferente. No buscan tanto que vuelva el PP al Gobierno, eso ya lo dan por hecho de la mano de Vox, como que no pueda volver el PSOE ni la izquierda en muchos años. Y para ello no necesitan un programa de gobierno, sino un gobierno que desprograme todas las transformaciones que se han producido gracias a las políticas progresistas. El objetivo es tan claro que ya han creado en sus pactos con Vox las “consejerías de desregulación” en Extremadura y Aragón, para “acabar con las leyes ideológicas”, como si las suyas fueran de inspiración divina y sin ideología alguna.

El debate no está en los impuestos, ni en la sanidad, ni en lo laboral, ni en las infraestructuras, en cada campo habrá iniciativas y políticas muy diferentes al amparo de sus metas volantes, el debate está en lo cultural, en las referencias que nos definen como sociedad y como personas, de ahí su llamada a la guerra cultural. 

Y uno de los problemas que existen, a mi humilde entender, es que desde la izquierda no se está trabajando esa base social que ha llevado a titular en numerosas ocasiones y por diferentes medios progresistas, sobre la “derechización de España”, la “derechización de la juventud”, la “derechización de Andalucía”, como se ha escrito tras las últimas elecciones autonómicas… Y todo esto se presenta como si fuera la consecuencia de unas elecciones o situaciones puntuales, y no la causa que está llevando a ese resultado en cada uno de los escenarios, sean políticos, sociales o identitarios, pues al final todo obedece a la misma situación.

La conclusión es sencilla, si hoy se le preguntara a la gente, ¿qué prefiere, que arreglen la carretera de su pueblo o su ciudad o la “prioridad nacional”?, una mayoría antepondría la “prioridad nacional” a muchas cosas porque esta no es una decisión técnica, sino una idea construida sobre toda la estrategia de guerra cultural que la derecha y ultraderecha lleva años desarrollando con su “refundación del machismo”, es decir, con la recuperación del marco androcéntrico que da sentido a todas las iniciativas desde el punto de vista de la identidad nacional que hemos tenido históricamente, y que es la referencia que debemos mantener de cara al presente y al futuro.

El debate maniqueísta que presentan no es “esta política o la otra”, sino “ser lo que hemos sido con nuestros valores, tradiciones, ideas, creencias… o dejar de serlo”. Y ante esa falsa disyuntiva una gran parte de la sociedad está eligiendo ser sobre lo que somos, como si transformar la sociedad para ganar en justicia social y Derechos Humanos fuera renunciar a ser. 

Esta situación, además de mostrar su estrategia y la ausencia de la izquierda en el debate cultural, demuestra que defienden un modelo de sociedad jerarquizado y clasista que necesita de la desigualdad para seguir manteniendo la pirámide de poder concentrada en la cúspide de los más poderosos y ricos. Por de pronto, ya han dado un paso más en Canarias para prohibir en los colegios “charlas con ideología no neutral”, y lo justifican tanto para temas de ultraderecha como de izquierda, porque esa es la trampa, presentarlo todo como “neutral” cuando la política de la que parte la medida no es neutral, es de derechas, y cuando de lo que se habla en la sociedad y en otros gobiernos autonómicos es de “desregularizar las leyes ideológicas de izquierdas”, aquí sí las identifican claramente y ponen el ejemplo de las leyes contra la violencia de género.

Y esto no ha hecho nada más que empezar tras años de trabajo para hacer una sociedad de “influenciables” que responda a los mensajes lanzados desde las instituciones, las tertulias monocolor en programas televisivos de entretenimiento, los medios en general y las redes sociales. 

Todo está perfectamente articulado para que el que pueda deshacer, deshaga, y que la gente crea que en verdad se está construyendo algo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

La tormenta perfecta llega a Ferraz como un acontecimiento movido por los vientos feroces de la UCO. Los análisis de jueces y fiscales, los medios de comunicación afines a la derecha española y, por supuesto, las opiniones de ciudadanos y ciudadanas, provistos de los juicios volcados en determinados medios de comunicación y redes sociales, dan ya por sentenciada cualquier causa abierta contra el PSOE, cualquier juicio de valor que se ponga sobre la mesa, cualquier informe. 

Nada se resiste a los procesos de análisis, a las valoraciones, a los juicios sumarísimos de opinadores y periodistas embarcados en el discurso de “quien pueda hacer, que haga”. Todo queda listo para que la miseria y el odio sean material necesario para desbancar a un gobierno progresista que ha puesto de manifiesto su capacidad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas que han situado a España en la cima de la economía europea. 

La dimensión moral de este puño de hierro no importa, como no importa la indignidad que supone sembrar dudas, crear confusión como magma de cualquier opinión. Han venido construyendo un discurso político que ha evidenciado falta de rigor, amplificación del descrédito y falsedad manifiesta para alcanzar los fines que se proponen: Acabar de una vez por todas con la izquierda de este país nuestro.

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de lawfare, porque desde las cloacas de la derecha y la ultraderecha, desde su ambición y sus miserias internas, se está despertando eso que ellos mismos criticaban, el fin de la división de poderes que garantiza el armazón de las democracias modernas. 

Pero, ¿qué va a pasar después?, ¿de qué manera los lobbies de presión van a pedir su parte del pastel cuando acaben con Sánchez?, ¿quiénes van a dirigir el rumbo de un país que ha evidenciado ser progresista en conductas sociales, en derechos de colectivos vulnerables o en posiciones económicas de igualdad y solidaridad? 

Recordemos que los flujos de nuestra sociedad se asientan en estas conductas, que, a poco que pensemos, nuestro rastro ciudadano está acreditando una naturaleza de españoles solidarios y acogedores, construidos como un todo dentro del contexto de nuestras necesidades, fuertes en nuestras demandas y libres para alcanzar nuestros objetivos e intereses. ¿Quién va a liderar esta máquina de afectos, de bondades, de empatías, de solidaridades y de comprensión? ¿Y quién va a fortalecer el odio como mecanismo político?

Hay un objetivo común de las derechas y las ultraderechas por acabar con todo esto, cueste lo que cueste y sea contra quien sea, pero no sabemos qué territorio pisaremos después de quemar la tierra para que sea infértil, qué rumbo tendremos, qué sociedad quedará después de todo.

Saben establecer criterios para hacer daño, pero ¿serán capaces de sostener políticamente el país que la mayoría quiere? ¿Abordarán políticas que no vengan colgadas de un solo eslogan que dicte: “Prioridad nacional”? ¿Tendrán una idea de país a la altura de los intereses y los anhelos de españoles y españolas?

Hoy la UCO entra en Ferraz, investiga las joyas de Zapatero, un juez habla de riesgo de fuga de Begoña Gómez, las portadas de medios afines marcan el ritmo de una conexión venezolana singular, de supuestas conversaciones y anotaciones en libretas, de rasgos distintivos de organización criminal. ¿Pero sabemos qué están dispuestos a hacer después? ¿Qué nos espera a todas y todos nosotros tras sus pesquisas? Y, lo más importante, ¿cómo quedará nuestra democracia?

La ola perfecta tras la tormenta está llegando para que sea surfeada por el colectivo de las derechas políticas y mediáticas de este país. Una ola torpe pero con capacidad para agitar las aguas de mares calmados. Hagamos que se rompa la tabla donde apoyan sus objetivos; y tumbemos su expectativas. Buscan acabar con las izquierdas y convocar elecciones. ¿Qué nos espera después?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

Durante la Transición española, el mapa de la inteligibilidad política parecía tener unas coordenadas fijas para la inmensa mayoría de la población: la izquierda era el hogar de las ideas claras, la base social, la intervención pública, mientras la derecha —y particularmente la extrema derecha— arrastraba lastres históricos irresolubles para ellos mismos. Tres o cuatro décadas después, ese péndulo ha oscilado. Consecuencia de ese cambio, hoy la derecha política ha encontrado en la simplificación emocional y en los significantes vacíos un eficaz mecanismo de movilización, mientras que la izquierda se debate en una maraña de matices, contradicciones ideológicas, compromisos institucionales y fracturas internas que la vuelven casi incapaz de articular un relato tan potente como aquel que la impulsó en los años 70 y 80.

Para comprender el cambio de paradigma, conviene recordar el escenario original. Tras la muerte de Franco, la izquierda acompañada de una derecha antifranquista asumió un papel que hoy podría parecer contradictorio: el de la síntesis narrativa. Frente al bloque reformista y al inmovilismo del búnker, las consignas de libertad, amnistía, estatutos de autonomía y Constitución operaban como condensadores de sentido. Cada uno de esos términos era, en esencia, un concepto polisémico, pero precisamente su ambigüedad permitía la unidad. Un comunista, un socialista o un nacionalista periférico podían discrepar en el contenido exacto de la libertad, los estatutos o de la amnistía, pero coincidían en la necesidad de proclamarlos como horizonte compartido.

La izquierda logró entonces lo más difícil en política: hacer de la complejidad de un proceso de ruptura pactada un relato lineal, comprensible y movilizador. Desde luego con cesiones, concesiones y renuncias, pero no va de eso esta reflexión. No necesitaba explicar, a la inmensa mayoría de la población, los matices de la Ley de Reforma Política o los entresijos del consenso constitucional; le bastaba con oponer la dictadura a la democracia, la represión a la amnistía, el centralismo a los estatutos, el régimen franquista a la Constitución. La audacia de aquella estrategia fue que la izquierda aceptó cargas enormes —la autocensura, la moderación de sus reivindicaciones económicas, la renuncia a la ruptura revolucionaria—, a cambio de colocar esos pocos conceptos como el vocabulario ineludible del nuevo régimen.

Mientras tanto, la derecha —y, de manera más aguda, la extrema derecha— vivía su propia complejidad irresoluble. Por un lado, su legitimidad histórica se asentaba en el alzamiento militar y 40 años de dictadura. Por otro, el contexto internacional y la necesidad de integrar a España en las democracias occidentales la empujaban a aceptar el proceso. Su contradicción fundamental era imposible de simplificar: ¿cómo oponerse a la democracia sin condenarse al ostracismo? ¿Cómo defender el legado franquista sin renunciar a la respetabilidad internacional? Las contradicciones, es decir, la complejidad argumentativa, estaban en su lado.

Esa complejidad estructural la abocó a discursos tímidos, a reformulaciones vergonzantes y a una constante sensación de ir a remolque y a aprovechar cualquier cesión, por mínima que fuera, de la parte democrática. La extrema derecha, representada entonces por Alianza Popular, y sus primeros líderes —Fraga incluido, con Blas Piñar creando más contradicciones—, tardó años en encontrar una fórmula de simplificación que le permitiera competir en igualdad de condiciones. Su complejidad era demasiado real, demasiado pesada, demasiado ligada a un pasado que no podía defender sin autoexcluirse del sistema.

Algo cambió en el tránsito al siglo XXI, algo que nace precisamente de la simplicidad de los mensajes construidos en aquella Transición y que la izquierda no pudo, no supo o no quiso seguir haciendo suya. La globalización, la crisis del relato socialista tras la caída del Muro y la aparición de nuevas realidades (incremento de la movilidad —migración y turismo—, terrorismo yihadista, crisis de soberanía ante Europa, luego la crisis financiera de 2008) ofrecieron a la derecha la oportunidad de reinventar su síntesis. Ya no se trataba de defender el pasado, sino de simplificar el presente.

Conceptos como prioridad nacional, unidad de España, rearme moral, ley y orden o gestión eficiente, empezaron a operar exactamente igual que la libertad o la amnistía 40 años antes: como significantes vacíos, pero políticamente operativos. "Prioridad nacional" no tiene un contenido económico y social concreto —¿prioridad en qué?, ¿en presupuestos?, ¿en política exterior?, ¿en seguridad?, ¿ayuda a la seguridad y al mantenimiento de la economía o la perjudica?—, pero permite, por su vacuidad, que cada votante llene ese vacío con su propia ansiedad, su propio malestar. Para un empresario será la competitividad; para un trabajador de la industria, la protección frente a la deslocalización; para un progenitor —padre o madre— de familia anclado en viejas formulaciones, la seguridad ciudadana. La derecha descubrió que la efectividad de un argumento no depende de su precisión semántica, sino de su capacidad para funcionar como un comodín emocional.

A ello se suma una estrategia procesal y mediática demoledora: la judicialización de la política. El señalamiento constante de que los líderes progresistas son el epicentro de tramas de corrupción, financiación ilegal o deslealtad institucional actúa como un mecanismo de complejidad forzada para la izquierda. Cada vez que un juez instructor —muchas veces con filtraciones selectivas— coloca a un dirigente socialista o de Podemos bajo la sospecha de una trama, la izquierda se ve obligada a desplegar un ejército de matices: distinguir lo judicial de lo político, explicar los plazos procesales, defender la presunción de inocencia, diferenciar la causa general del caso concreto. Esa es la complejidad que paraliza. La agenda le viene marcada.

Paradójicamente, la izquierda ha heredado la vieja complejidad argumental de la derecha. Su éxito en la Transición —la institucionalización del Estado autonómico, la consolidación de derechos civiles, la participación en el diseño del Estado del bienestar— la ha convertido en gestora de un sistema cuyas contradicciones debe ahora explicar. ¿Cómo defender el gasto social sin caer en el déficit? ¿Cómo conciliar los derechos de las minorías con la estabilidad presupuestaria? ¿Cómo explicar que la libertad que antes era una consigna ahora se llama regulación de alquileres o impuesto a grandes fortunas? ¿Cómo desarrollar el estado federal sin caer en el independentismo? Demasiados matices, demasiada complejidad. La izquierda ya no puede resumir su programa en tres palabras. Necesita párrafos, estudios, informes, matices, y eso, en política contemporánea, es sinónimo de derrota comunicativa. El resultado es una izquierda con los pies atados: incapaz de encontrar los argumentos sencillos y comprensibles que permitan colocar su agenda y, al mismo tiempo, obligada a responder en el terreno de la complejidad forense y administrativa que le impone la derecha. La derecha, en cambio, puede decir "que investiguen", y ese imperativo se convierte en un relato completo. No necesita demostrar nada, solo insinuar.

Lo que este análisis sugiere no es que una ideología sea intrínsecamente más simple o más compleja, sino que la capacidad de simplificar —de convertir contradicciones reales en relatos movilizadores— es un recurso que cambia de bando según las épocas. En la Transición, la izquierda supo hacerlo porque su demanda era el futuro: y el futuro, por definición, puede ser simple. La derecha de entonces defendía un pasado que, por mucho que se adornara, no podía dejar de ser un laberinto de justificaciones.

Hoy, la derecha ha encontrado un nuevo futuro simple: la defensa de la nación –apropiándose de símbolos– frente a un progresismo que ella misma ha contribuido a presentar como fragmentario, dubitativo y atrapado en procedimientos. Y la izquierda, por su parte, defiende el presente institucional, las conquistas que ya están escritas en leyes y sentencias, y el presente es siempre más complejo que cualquier promesa. La lección es amarga: quien quiera gobernar deberá no solo tener razón, sino también encontrar las tres palabras que hagan comprensible la imagen para quien no tiene tiempo para leer las otras 997.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

¿Dónde ha quedado la pasión? A un año de las elecciones presidenciales, el último capítulo del macronismo ha sumido a muchos diputados centristas en un abismo de perplejidad. Las divisiones de la derecha moderada, la creciente influencia de los medios del grupo Bolloré en sus filas y el fracaso del presidente de la República a la hora de consolidar una organización capaz de sobrevivirle les producen vértigo.

En un acto de desesperación, el diputado Stéphane Travert, exsocialista que se unió a Emmanuel Macron en 2017 y que después fue su ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, se ha sumado a la iniciativa de Élisabeth Borne: la creación de un pequeño partido que aspira a pesar en el debate de ideas. "Los moderados deben ir a la guerra" para abrirse paso entre La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN), sostiene el diputado. Aunque admite que, por ahora, "no tiene candidato".

Junto con otros macronistas históricos, como el diputado Marc Ferracci, exministro de Industria entre 2024 y 2025, Travert abogó ante Gabriel Attal por recuperar el nombre original de Renacimiento: "¡En Marcha!". "Hay que asumir una vuelta a los orígenes, una historia. Somos un partido joven", defendía Ferracci hace apenas unas semanas, preocupado por la confusión del panorama político. De poco le ha servido.

Para expresar su escepticismo ante la candidatura ya oficial de Gabriel Attal, el diputado del MoDem Richard Ramos recurre a un aforismo: "En una tormenta, la fuerza de un árbol se mide por la profundidad de sus raíces".

Consciente de esta crisis de identidad política, consecuencia del hundimiento de los antiguos partidos de gobierno y del fracaso de Emmanuel Macron en su intento de reorganizar la vida política en torno a una división entre "conservadores reaccionarios" y "progresistas reformistas", como prometía en su libro Révolution (XO Éditions, 2016), Édouard Philippe intenta, por su parte, invocar el legado de la derecha clásica.

El 10 de mayo, Philippe, presidente de Horizontes, reivindicó con firmeza su identidad de derechas, como ya había hecho desde su llegada a Matignon en 2017. "Sé de dónde vengo: de la derecha. Fui el primer director general del mayor partido que la derecha y el centro han creado en Francia, la UMP [Unión por un Movimiento Popular]", repitió ante los cuadros y diputados de su partido reunidos en Reims (Marne). Y, tras explicar que quería construir una mayoría "disciplinada, alineada en lo esencial, pero también diversa", añadió: "Sin volver a crear la UMP, porque no se puede ser y haber sido".

La alusión no es inocente. Al afirmar que quiere pasar página del "al mismo tiempo", el ex primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020 reactiva el recuerdo de un mito: el del partido común en el que la Agrupación por la República (RPR), Democracia Liberal y tres componentes de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) se fusionaron para gobernar juntos en 2002, bajo los auspicios de Jacques Chirac y Alain Juppé, tras el impacto que supuso el paso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales.

"La UMP es la unión de todas las corrientes de derechas en un solo partido por primera vez en su historia. Philippe instrumentaliza este legado para decir que, aunque no todos piensen necesariamente lo mismo, pueden unirse para ganar", explica el politólogo Vincent Martigny.

El argumento que Serge Lepeltier, secretario general del RPR favorable a la fusión, desarrolló en Le Monde en 2002 encaja especialmente bien con el momento actual: "El resultado de la primera vuelta ha demostrado que las luchas internas y las divisiones no estaban justificadas. Ante el auge de los extremos, hay que replantearse nuestra visión de la política". A menos de un año de la primera vuelta de las presidenciales de 2027, en el campo centrista se escucha la misma narrativa que agrupa a "los extremos" para enfrentarse mejor con el bando de "la gente razonable".

La referencia está calculada. Remite a un periodo envidiable, en el que el partido de derechas podía contar con 300.000 afiliados. Hoy, Los Republicanos (LR), lejano heredero del general de Gaulle y de Chirac, cuenta oficialmente con 76.000.

"¿La UMP, por qué no? No funcionaba tan mal", reconoce Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizontes en la Asamblea Nacional. "Sin nostalgia, aquella alianza, que iba de Charles Pasqua a Jean-Louis Borloo, permitió gobernar durante diez años. La gente ya no quiere el 'al mismo tiempo', sino un discurso de derecha republicana moderada. La vida política francesa tiene que dejar de ser tripartita".

En las elecciones legislativas de 2002, la UMP despegó al obtener 358 escaños. LR cuenta hoy con 39, lo que da una idea de la pendiente que tiene por delante. Mientras se perfila una posible disolución tras las presidenciales de 2027, ese recuerdo puede influir en los diputados de la antigua "base común".

"Todo el reto para el próximo candidato del centro en las presidenciales es saber si será capaz de aglutinar a gente más allá de su propio partido. La referencia a la UMP resulta atractiva porque encarna la capacidad de la derecha y del centro para abandonar las viejas etiquetas y formar una mayoría única", explica el historiador del gaullismo Pierre Manenti, autor de Le RPR. Une certaine idée de la droite (El RPR. Una cierta idea de la derecha, Passés Composés, 2026).

El recuerdo de aquella unión, sin embargo, incomoda a Marc Fesneau, líder del MoDem en la Asamblea. "¿No habría sido distinta la vida política si se hubiera considerado que lo mejor era respetar el pluralismo que estaba consolidándose? Quizás habríamos ganado algo de tiempo, de energía y de diálogo entre nosotros y nuestros conciudadanos. No vamos a volver a crear el partido único de la derecha y el centro. ¡Esto es el cuento de nunca acabar!", zanja.

En 2002, François Bayrou ya dejó huella al oponerse a la convergencia chiraquiana. "Si todos pensamos lo mismo, es que ya no pensamos", lanzó entonces, entre abucheos, en la convención de la Unión en Movimiento (UEM), antecesora de la UMP. Durante un coloquio sobre el Estado de derecho celebrado el 18 de mayo en la Asamblea, el ex primer ministro, recientemente destronado por la izquierda en Pau (Pirineos Atlánticos) en el contexto del caso Bétharram, mantuvo esa misma posición ante algunos periodistas: "No en el 'bloque central', sino en el centro, hay fuerzas dispersas cuya lógica debería ser reunirse, midiendo los peligros a los que nos enfrentamos. Todo eso está en proceso de definición".

Édouard Philippe no es el único que hace guiños al pasado. Como Jacques Chirac, que anunció su candidatura a las presidenciales de 2002 durante una conversación forzada con la alcaldesa de Aviñón (Vaucluse), Gabriel Attal lanzó la suya desde la pequeña localidad rural de Mur-de-Barrez (Aveyron), el 22 de mayo.

Su entorno también invoca, con cierto interés, la dinámica de la campaña de Jacques Chirac en 1995, cuando este partía como rival de la derecha frente al favorito Édouard Balladur. Pero Gabriel Attal no tiene nada en común con la derecha: procede del Partido Socialista (PS).

En el fondo, estos paralelismos revelan la crisis de liderazgo que atraviesa la derecha. A falta de una figura tutelar contemporánea, recurre a una historia relativamente lejana, mientras que su último gran líder, Nicolas Sarkozy —cuyo juicio de apelación por la financiación libia acaba de concluir—, ha dado su bendición a la RN de Jordan Bardella al compararla con el RPR de Jacques Chirac.

En este terreno, la extrema derecha ha dado un golpe de fuerza al apropiarse con eficacia del legado gaullista y chiraquiano. En marzo de 2024, Jordan Bardella siguió los pasos del RPR al organizar sus "estados generales de la inmigración". "El programa del RPR de los años 90, cuando el RPR era verdaderamente de derechas, es hoy el programa de la RN, al menos en materia de seguridad e inmigración", declaró entonces.

En 2023, Franck Allisio, tránsfuga de la UMP, ya había lanzado una campaña para apropiarse de la marca RPR, que recuperó para crear su propio movimiento, hoy con unos 10.000 afiliados. "Con esta referencia al RPR, la extrema derecha culmina su proceso de normalización al intentar borrar la parte controvertida de su historia. Tras las derrotas de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon en 2017 y Valérie Pécresse en 2022, también se vincula a la imagen de una derecha que sí ha ganado", analiza Pierre Manenti.

Para Vincent Martigny, este éxito es "una señal de debilidad de la derecha". "Si hay un legado que recoger, es que no se le respetó del todo", sostiene. Una debilidad que no solo debe atribuirse al macronismo, sino también a la propia derecha.

"En 2012, Nicolas Sarkozy perdió con una línea muy radicalizada, sin el ala izquierda que sí había incorporado en 2007. Desde entonces, rompió el equilibrio de un movimiento que se ha desplazado por completo hacia la derecha sin decirlo realmente, ignorando la diversidad de su familia política", detalla el investigador.

Mientras el componente gaullista de LR se ha vuelto claramente minoritario, la reivindicación de ese legado por parte de Bruno Retailleau, designado candidato para 2027, resulta significativa. Iniciado en política en el Movimiento por Francia (MPF) de Philippe de Villiers, Retailleau, representante de Vendée, nunca perteneció a la familia gaullista y encarna una corriente católica, conservadora y nacionalista.

"Lo que predomina claramente entre estos candidatos es la sensación de que la derecha nunca ha aplicado realmente una política de derechas. Entre los simpatizantes, algunos se preguntan si la 'verdadera derecha' no estará del lado de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Hay, por tanto, una ambivalencia entre los candidatos: reivindican filiaciones tranquilizadoras y, al mismo tiempo, prometen a ese electorado de derechas que no van a fingir", observa Vincent Martigny.

De esas contradicciones nace su falta de claridad identitaria.

Traducción de Miguel López

Durante esta primavera se socarran los bosques. No es el titular de un diario catastrofista. Lo saben bien en los Países Bajos, donde están soportando una inusual ola de incendios. Tanto es así que han tenido que pedir ayuda al Centro Europeo de Coordinación de la Ayuda de Emergencia (ERCC, por sus siglas en inglés). Lo ocurrido podría situase en las orillas del Mediterráneo, o en California. Pero no en un país que antes llamábamos Holanda. ¿Será casualidad? Parece que no, pues los meteorólogos advierten de que los fuegos cada vez serán más frecuentes debido al cambio del clima. 

A pesar de los anuncios, los gobiernos y la ciudadanía padecen una sordera creciente, incentivada por creencias propias y desafortunadas ocurrencias mediáticas. La falta de escucha voluntaria se extiende en el caso de las grandes energéticas fósiles, que ganan miles de millones de euros por contaminar el aire y la vida cada día más. Bueno, en realidad les venden los combustibles a otros; se dice que así no se puede perseguir a quien se limita a satisfacer las necesidades del mundo entero. La verdad es que provocan incendios descontrolados en los bolsillos y los pulmones. Este caos (energético) es un orden (de algunos) sin descifrar; hubiera dicho más o menos José Saramago. ¿O es que nadie se atreve, quiere, desenmascararlo?

Situémonos en España, verano de 2026. El Roto (Andrés Rábago), una enciclopedia que sabe plasmar la sensatez perdida, nos legó aquella imagen que representaba un bosque incendiado. Clamaba ese lamento en “solo nos veis cuando ardemos”. Esta sociedad sin sentido colectivo ensalza a los bosques, solo así se entiende la invasión desordenada de los fines de semana y los veranos; sin embargo los tiene en el olvido. Antonio Machado ya expresó la desidia boscosa en Por tierras de España: El hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra,/ antaño hubo raído los negros encinares,/talado los robustos robledos de la sierra. 

Dado que el verano viene enseguida, imagino que las Cortes españolas y los Parlamentos de las CC.AA. habrán programado ya sesiones monográficas para el Diseño de una política de prevención y tratamientos de los incendios en el medio rural. Acciones de dimensión colectiva, sin partidismos políticos; para que no nos pase como siempre. Parte I. Desconozco si la citada iniciativa debiera materializarse en forma de decreto, de proyecto de ley o la figura que sea. He buscado en varias web de los parlamentos y poco se dice. 

¡Qué tiempos aquellos, junio de 2024, en los que la UE aprobaba la Ley de Restauración de la Naturaleza! Por cierto, el Parlamento europeo la confirmó en julio de aquel año. Los y las eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubriesen al menos el 20% de todas las áreas terrestres (supongo que las quemadas entre ellas) y marítimas de la UE. Es más, rezaba que “en la totalidad de los hábitats que lo necesiten para 2050”. Hay que decir que desde entonces la composición del Parlamento se ha escorado sustancialmente hacia la derecha, precisamente esa que a menudo solo ve los bosques cuando se incendian.

Hagamos un inciso. Me dicen mis informantes algo que me atrevo a calificar como esperpéntico, con el debido respeto. Los incendios y la restauración de la naturaleza no consiguieron hacerse oír en las campañas previas a las elecciones en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Tampoco en los debates televisivos, que no vi para evitar socarrados cerebrales. Claro, nuestros representantes están más ocupados en lanzarse soflamas incendiarias que en pensar en la indefensa masa boscosa que debe soportar fuertes calores veraniegos, cada vez más y más largos. Total, el año 2025 solamente ardieron 354.793 hectáreas de superficie forestal en España (1,3% del total) según el INE. Además, este año la primavera lluviosa en buena parte de España ha añadido vegetación herbácea que será combustible pirotécnico cuando se seque. 

Es más, la forma en la que NO están recogidas prevenciones de salvaguarda de los bosques en los pactos firmados entre PP-Vox en las diferentes comunidades autónomas da que pensar a los mismos bosques y sus defensores. Porque los ecosistemas boscosos tienen su ánima, como en El bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flores; aquel que José Luis Cuerda elevó a los altares cinematográficos en la película del mismo título (1987). 

En España, “cuando un bosque se quema algo se muere en el alma”, podría haber dicho Antonio Machado. Quedaría bien recogerlo en el estribillo de una cantata sevillana para lamentar que algún amigo se va. Acaso valdría aquello que fue motivo de campaña proteccionista, me parece que en el año 1962, que proclamaba: Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Así añadía el matiz de la pérdida individual de una riqueza no soñada.

 Unos años después se difundía lo que cambiaba la segunda parte por “algo suyo se quema, señor conde”. Se rumorea que un tal Jaume Perich Escala lanzó la nueva versión en una novela Autopista (1971). Los mal pensados aseguran que quiso parodiar Camino, de Escrivá de Balaguer. Sea como fuere, nos dejó una crónica de la España franquista y el mundo de esa época; también una serie de pensamientos humorísticos y sarcásticos (¿incendiarios?) perfectamente válidos hoy. No solo para la clase política antes aludida, sino también para buena parte de la ciudadanía en general.

A nuestro pesar, los bosques eran, y siguen siendo, propiedad de todos para disfrutarlos; mientras que no tienen dueño para protegerlos, como nos ilustraba El Roto. ¡Claro!, como decía J. Perich, “estamos viviendo en un futuro imperfecto”. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Lo de la prioridad 'nazional' lleva pasando mucho tiempo. También esa con asterisco que va más allá de estar en situación regularizada por el Estado, de nacer en España o con un pasaporte español debajo del brazo.

 En realidad, tiene que ver con el significado que se otorgó a la palabra raza la primera vez que apareció en El Corbacho, un texto de 1458 firmado por el arcipreste Alfonso Martínez de Toledo y cuyo significado podría equivaler al de linaje. Desde entonces, y durante los dos siglos posteriores, tener raza era equivalente a pertenecer a una extirpe manchada. Al contrario de lo que podría pensarse, esto no tenía para nada que ver con el color de piel o el fenotipo sino con la confesión que se profesaba. De ahí lo de la limpieza de sangre, unos estatutos que otorgaron rango legal a la discriminación religiosa. Tener raza, esto es, ser incapaz de demostrar que se era cristiano viejo, con o, implicaba, además de no poder desempeñar labores en la Administración, vivir bajo permanente sospecha. 

Luego, los españoles llegaron a América y con la anuencia del Papa Alejandro VI y sus bulas, se quedaron con tierras ajenas y borraron del mapa a gente, lenguas y culturas para imponer las suyas y, por supuesto, la religión católica. Que ese fue el trato con el Sumo pontífice. Y ya que estaban, dado que tras años de abusos y contagios de enfermedades la población originaria se había diezmado, aprovecharon que los portugueses llevaban ya un tiempecito esclavizando a negros africanos, amparándose también en una bula papal, en este caso de Nicolás V, para favorecer que se llevaran a unos cuantos millones hasta eso que bautizaron como Nuevo Mundo. Y todo cambió. Se cruzaron, ahí sí, el fenotipo, la religión, la forma de ser y pensar el mundo y, por supuesto, hubo encuentros cordiales, claro, pero también (o sobre todo) jerarquización. Basta con observar los cuadros de castas para ver cómo se nomenclaturizaron con saña cada una de las mezclas que se produjeron: mulatos, lobos o saltos atrás y arriba del todo estaban no los blancos sino los españoles que, para el caso, eran lo mismo. Y así, hasta hoy, español igual a blanco y católico y lo demás es otra cosa. 

Así las cosas, cuando Vox habla de prioridad 'nazional', no inventan, recogen un legado. Por eso, les importa poco la nacionalización de quienes han venido puesto que no se trata de venir sino de ser y de tener solera en esta tierra. De que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles, de que tu torrente sanguíneo esté tan libre de Islam como para que el mismísimo Torquemada se levante de la tumba y te felicite, bro.  

Para el partido verde (que no ecologista), no es una premisa para negociar sino una manera de imponer lo que entienden que debería ser su país pese a ser también el de todas las personas que lo componen, por mucho que les pese. Va de apellidos que pueden pronunciar (o apellidos, a sus ojos –o su lengua– impronunciables pero no noreuropeos), de santos patrones Matamoros y de la coletilla final “y cierra España”, de meterle cerdo, ya sea en en forma de chicharrones o de manteca, hasta a los dulces con el fin de que quede claro de qué pie no cojean. 

Está relacionado con celebrar que se celebre el 12 de octubre y obviar un genocidio que duró siglos. Con glorificar y ponerle un teatro a una obra que enaltece y convierte en princesa de Disney Pocahontiana a La Malinche. Con no cuestionar ni un poquito el pasado y, lejos de eso, marcarlo en rojo en el calendario y sacar a los militares para que desfilen por una hispanidad que hermanó por cojones y que, según el bando vencedor, pese a un derramamiento de sangre que también supuso un epistemicidio radical, dejó universidades. Sí, esas a las que todavía hoy la mayoría de quienes asisten o han asistido son los que tienen la piel más clara y siguen acordándose de su bisabuelo de Sevilla, Vigo o Salamanca porque les confiere estatus y piel clara. Esa prioridad 'nazional' es la que habla de territorios hermanos hispanos (que no latinos) únicamente cuando interesa y si su descendencia está lejos o vota a la derecha. De lo contrario, más que hermanos serán primos y si reclaman, denuncian o cuestionan serán relegados a parientes lejanos díscolos o hasta enemigos desagradecidos. Como si aquello hubiera sido un páramo de historia, cultura, idiomas, edificios o vida antes de que llegaran extranjeros de Europa y la liaran. 

De Guinea Ecuatorial y del Sáhara ni hablamos ya que unos son negros y los otros musulmanes negros y moros, así que no se les (nos) quiere ni para, mintiendo, llamarnos hermanos. Ya se han encargado de eliminarnos de los libros de historia e insistir mucho, mucho en decir que las últimas colonias se perdieron en 1898. Mentira y gorda. 

Pero como esto no va solo del pasado, volvamos al presente. 

Lo que los de Abascal se atreven a verbalizar es algo que existe antes de que lo convirtieran en eslogan electoral y se nota en las expectativas pero, sobre todo, en la falta de las mismas hacia cierta gente. En el asiento que se queda libre en el metro al lado de la persona racializada incluso si el vagón va lleno. 

Se hace patente cada vez que nos siguen en el supermercado, que nos mandan a la cola de extranjería a hacernos el NIE pese a que hayamos ido a renovarnos el DNI, en los controles “aleatorios” del aeropuerto o cuando la policía para sobre todo a los jóvenes racializados por la calle para pedirles la documentación pese a que lo único sospechoso que hayan hecho sea salir del portal de la casa de sus padres armados con una bolsa llena de tuppers. 

Pasa cada vez que nos felicitan, de forma condescendiente, por lo bien que hablamos el idioma del sitio en el que hemos nacido o crecido a pesar de que eso no tenga ningún mérito. O cuando opinas acerca de algo relacionado con España y te mandan callar como si no tuvieras derecho a cuestionar nada y toda la vida tuvieras que sentir que debes decir que sí a todo, sonreír y tragar complaciente debido a que estás de prestado en la que, lo quieran o no, es tu casa.

Pasa cuando te dicen que tú no eres como el resto, a modo de palmadita en el hombro condescendiente, salvándote de la quema en la que se halla ese resto infernal y homogéneo al cual te pareces pero del cual por supuesto que tú, como excepción a una regla inventada, no formas parte. 

Pasa cuando vas al hospital y hay quien murmura que la gente como tú colapsa las urgencias y el sistema sanitario que su familia, que se ha deslomado currando, ha contribuido a sufragar.

Pasa cuando tienes un gesto de cortesía con alguien y te dicen que “así sí”, asumiendo que el resto de las personas a las cuales te pareces por fuera son un “así no” de manual. 

Pasa hasta dentro del seno de la familia debido a que por mucho que compartas genes y cariño, eso no les quita automáticamente ni la xenofobia ni el racismo. 

Pasa mucho antes de que le pusieran nombre a eso de la identidad 'nazional' pero, ahora, poniéndoselo, lo han dejado más clarito.

En mayo del 2010 tomé una de las decisiones más duras en mis quehaceres relacionados con la política. Abandoné mi larga trayectoria de militancia en el PSOE (después de 32 años). ¿Razones? La decisión que tomó Rodríguez Zapatero, tras su vuelta de Bruselas de acatar las resoluciones que la Comisión Europea había tomado de manos de Ángela Merkel sobre los recortes brutales que había que aplicar al sector público como consecuencia de la crisis mundial del 2008 provocada por mundo financiero.

En una larga carta enviada a Zapatero (como Secretario General del PSOE) le expresaba mi opinión al respecto y le sugería que desde la izquierda había que dar una respuesta a la crisis sin que cayera todo el peso en los más vulnerables y que si desde Bruselas se apuntaba a lo más “quirúrgico”, siempre quedaba la opción de dimitir y convocar elecciones generales. El resultado ya sabemos el que fue.

Conocí a Zapatero en León en 1991 y desde entonces aposté por él. Irradiaba frescura, credibilidad, capacidad de diálogo infinita, cercanía… Y sobre todo honradez, una profunda convicción por ejercer la política desde la honradez. Sus ocho años de gobierno han estado marcados por ese principio y ha pasado a la historia de la democracia española sin escándalos de corrupción (la palma de oro se la llevan Aznar, Rajoy y Felipe González).

Hoy la Audiencia Nacional lo ha imputado, como en su día pidió el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, sobre la base, por ejemplo, de las declaraciones de un delincuente confeso como Víctor Aldama. El juez, José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ni siquiera ha respetado sus derechos y ha ordenado el registro de su despacho sin que esté el imputado presente ni su abogado.

Escucho en la radio que lo procedente, ante el impacto de la noticia, es la mesura y la tranquilidad en las opiniones. Petición que como siempre cae en saco roto porque ya el PP y Vox y su mundo mediático no sólo han dictado sentencia, sino que ya tiene pólvora para rato. Ya tienen una pólvora letal que la propagarán hasta las elecciones generales, conocedores de los tiempos judiciales. Lo de menos es si, finalmente, Zapatero demuestra su inocencia, lo importante es difundir que es un corrupto. Al igual que lo siguen haciendo con Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez) o igual que lo han hecho con el Fiscal General del Estado. Mientras Cospedal y Rajoy con todas las pruebas acumuladas (informes, documentos, audios, testigos…) sobre uno de los casos más detestable y funesto para la democracia, como ha sido la Operación Kitchen, jamás han sido llamados como imputados.

“El que pueda hacer que haga” (Aznar dixit), ha llegado a los oídos de algunos magistrados que ya no les cabe ninguna duda de que hay “manga ancha” en la cúpula del poder judicial para devolver el poder a quienes son sus legítimos propietarios: PP y Vox.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era el tiro de gracia que le faltaba al Gobierno. Tiro de gracia o la traca final que se inició hace siete años.

No me arrepiento, si se me permite, de mi decisión de dimitir hace 16 años por razones políticas, pero la honradez de José Luis Rodríguez Zapatero llevada a los tribunales es absolutamente insoportable. El lawfare en su toda su expresión.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.

Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.

Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa. 

El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.

Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.

El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.

El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo. 

Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.

El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.

Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.

La disputa entre el presidente Clavijo y el PP contra el Gobierno a propósito del crucero MV Hondius merece un análisis más detenido, porque ilustra con precisión clínica el mecanismo de la manipulación política contemporánea. Mientras los ministros de Sanidad, de Administración Territorial y de Interior coordinaban en tiempo real una operación de evacuación que mereció elogios internacionales —una acción que, en cualquier democracia europea madura, habría generado consenso institucional y alivio colectivo—, el presidente canario y los portavoces del PP construían en paralelo un relato alternativo de negligencia, ausencia e irresponsabilidad gubernamental. No les importaba la realidad de los hechos. Les importaba el relato que pudieran instalar antes de que la realidad llegara a los ciudadanos.

Este es el núcleo de la estrategia: actuar más rápido que la verdad. En la era de la información instantánea, el bulo viaja a la velocidad de un tuit y la rectificación llega, cuando llega, tarde y amortiguada. Clavijo lo sabe. Feijóo lo sabe. Abascal lo sabe. El PP lo ha convertido en doctrina. Vox en insulto. La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima. Es una inversión permanente de la realidad que requiere una máquina mediática dispuesta a amplificarla y una ciudadanía suficientemente fatigada como para no contrastarla.

Lo que resulta verdaderamente alarmante, sin embargo, no es que esta estrategia exista —la manipulación política es tan antigua como la política misma— sino el contexto en que se despliega. Porque mientras en España el PP y Vox dedican sus energías a fabricar escándalos sobre ausencias ministeriales en entierros o a especular sobre ratas de crucero, el mundo vive una ruptura sin precedentes del orden internacional y de los marcos normativos que, durante décadas, sostuvieron la convivencia entre pueblos y naciones.

El contraste es tan brutal que exige ser nombrado sin eufemismos. En el momento en que Feijóo señalaba con dedo acusador la silla vacía del ministro en un funeral —silla que, repito, no estaba vacía en modo alguno—la Corte Penal Internacional se debate entre la eliminación o la supervivencia. Mientras Clavijo advertía de ratas nadando hacia las costas canarias, las potencias nucleares cuestionaban los tratados de no proliferación que durante medio siglo habían contenido el horror de una nueva guerra total. Mientras los senadores del PP convertían el hemiciclo en tribuna de escarnio, la Convención de Ginebra era invocada como anacronismo por gobiernos que se reclaman democráticos, y el derecho internacional humanitario era violado de forma sistemática y documentada ante los ojos del mundo entero por EEUU e Israel.

Esta simultaneidad no es accidental. La banalización del discurso político interior cumple una función precisa: ocupa todo el espacio disponible en el debate público, agota la capacidad de atención ciudadana y hace imposible que la sociedad procese la gravedad de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Un país que delibera durante semanas sobre si el ministro debía o no estar en un entierro, es un país que no puede estar discutiendo, con la profundidad que merece, el colapso del multilateralismo, el avance del autoritarismo en Europa y en América, o el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La política del ruido es, también, una política del silencio: el silencio sobre lo que realmente importa.

El cuestionamiento de los derechos humanos como fundamento del orden internacional no es un fenómeno abstracto ni lejano. Se manifiesta en las deportaciones masivas que la administración Trump ha convertido en espectáculo; en la normalización de la tortura y la detención arbitraria como instrumentos de política migratoria; en el desafío abierto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados que se presentan como garantes del orden democrático; en el bloqueo sistemático de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, precisamente por quienes más los necesitarían para legitimar sus acciones. 

El edificio normativo que la humanidad construyó tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial —la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma— está siendo erosionado desde dentro por los mismos que proclaman defenderlo.

Y en este contexto de emergencia civilizatoria, la derecha española se debate entre la vaciedad y el descaro. En este contexto, Ayuso viaja a México a reivindicar a Hernán Cortés. La desproporción entre la gravedad del momento histórico y la pequeñez del discurso dominante en la derecha española no es solo un problema estético o intelectual. Es un problema democrático de primer orden. Porque una oposición que renuncia a estar a la altura de los tiempos arrastra consigo al conjunto del debate público, empobrece la deliberación colectiva y deja a la ciudadanía sin los instrumentos conceptuales que necesita para comprender y afrontar lo que se le viene encima.

Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en monstruos excepcionales sino en la renuncia cotidiana al pensamiento. La banalización del discurso político que en España ostentan algunos, quizás demasiados, tiene algo de eso: no es maldad mayúscula, es pequeñez sistemática. Es la decisión diaria de preferir el titular al análisis, el escándalo a la verdad, el rédito inmediato a la responsabilidad histórica. Y esa pequeñez, multiplicada por miles de intervenciones, de ruedas de prensa, de tuits y de plenos parlamentarios, va sedimentando una cultura política que nos hace más vulnerables ante los grandes desafíos de nuestra época.

El capitán Jerónimo y el agente Germán merecían algo mejor que convertirse en munición electoral. Sus familias merecían el duelo sin escenografía, el dolor sin instrumentalización, el recuerdo sin partido. Y los ciudadanos españoles merecemos una oposición capaz de distinguir entre la legítima crítica al Gobierno —que es oxígeno de la democracia— y la fabricación deliberada de falsedades sobre un Ejecutivo que desprecia a sus fuerzas de seguridad, cuando la realidad muestra exactamente lo contrario.

Fraga dijo en 2008 que resucitar el pasado era un disparate. Tenía sus razones, interesadas pero coherentes, para decirlo. Sus herederos han superado con creces al maestro: han convertido el presente en despropósito, el dolor ajeno en combustible, la mentira en método y la banalidad en programa de gobierno. Y lo hacen mientras el mundo se desmorona a su alrededor, mientras las normas que nos protegen a todos son cuestionadas una a una, mientras la historia nos exige estar a la altura y ellos prefieren, una y otra vez, el nivel del barro.

El verdadero disparate no es regularizar a quien trabaja y contribuye. No es buscar a los desaparecidos. No es construir una sociedad más justa e igualitaria. No es defender el derecho internacional cuando otros lo violan. El verdadero disparate es seguir entregando el poder a quienes convierten la dignidad humana en material de desecho, quienes banalizan lo urgente para ocultar lo importante, quienes prefieren el escándalo fabricado a la responsabilidad real. Y el antídoto contra ese disparate tiene nombre: se llama voto consciente, comprometido y movilizado. La democracia no se defiende solo con palabras: se defiende ejerciéndola. Y también, cada día, eligiendo pensar.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Meten en la maleta un sórdido equipaje. Cargan un bagaje de odio y enfrentamiento para que salgan sapos y culebras al aterrizar en el país elegido con los que dañar al otro en lo más profundo. Esta semana, dos personajes que son un engranaje más del organizado movimiento internacional de extrema derecha han viajado de un continente a otro, aleteando sin ser conscientes del efecto mariposa que pueden provocar sus estrategias de confrontación. Ayuso se ha ido a México a tratar de reventar las relaciones que tanto el Gobierno como el rey han estado trabajando por recuperar, mientras que Marcos Rubio se ha presentado con un par a visitar al papa León XIV, quien además de soportar las invectivas de Trump ha tenido que recibir a su valido. ¿Por qué no se quedarán en su país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue a mostrar esa ignorancia de la que tanto le gusta alardear y que tan encandilados tiene a sus seguidores. A mandar, lo que le pida el movimiento MAGA y sus poderosos acólitos repartidos por el mundo. Como el magnate mexicano Salinas Pliego, que fue a llorarle a Trump a principios de año, porque no soporta que la presidenta Claudia Sheinbaum no se pliegue a sus deseos. El rico empresario le debe casi 3.000 millones de dólares a su país en impuestos, así que hizo lo que mejor se les da a los patriotas, poner a parir a su patria en el extranjero. Ahí coincide con su invitada, a la que junto con el derechista partido Acción Nacional (PAN) había pagado el viaje para participar en un homenaje a Hernán Cortés.

Ay, qué ridículo ha hecho, consideran algunos. Qué mujer tan valiente, opinan quienes ven en ella a una líder rotunda. Las excursiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid van más allá de querer aparentar ser la líder internacional que no es. En el tablero global puede parecer una broma. Pero el viaje de Ayuso a México forma parte de una alianza de las fuerzas más reaccionarias en la que peones de diversa índole buscan provocar incendios a la espera de que el viento ultra propague las llamas alimentando un discurso de confrontación con el que ir ganando terreno.

Es la inspiradora voz de Trump en boca de todos esos pequeños líderes, como Ayuso, a los que les nutre la sensación de formar parte de un proyecto más imbricado que la agenda de Epstein. Es la prepotencia que hemos visto esta semana, también en el secretario de Estado para todo de EEUU, que ha ido a visitar al papa más con intención de parar los pies que de apaciguar las relaciones con el Vaticano. No hay cordialidad en las imágenes del encuentro con León XIV. El primer pontífice norteamericano trata de esbozar una sonrisa sin éxito, mientras el mandado de Trump ni tan siquiera se esfuerza. Parece más bien que ha ido a advertir al Vaticano como el matón del colegio y recordar que su país es el mayor benefactor de la Iglesia católica.

El voto católico fue importante en las elecciones de 2024, pero la defensa de la paz del nuevo papa puede erosionar el apoyo al presidente. Además, a Trump no le gusta que le contradigan. Los evangélicos le resultan más fiables, son socios entregados que apoyan a los MAGA sin reservas. El auge de los evangélicos en España no es casualidad, cuentan con la capacidad económica y la influencia necesaria para lograr una mayor capilaridad entre los inmigrantes con derecho a voto. El PP de Ayuso ya hizo campaña en templos de esta religión, que tiene un claro pacto con la ultraderecha. Los numerosos vídeos que corren por las redes de evangélicos adoctrinando en los vagones de metro de Madrid cuentan con la complicidad de la Comunidad de Madrid, que se lo permite a cambio de su apoyo. Fuerza así a los poderes de la iglesia católica a posicionarse más abiertamente a su favor. No le hace falta amenazar con cortar las ayudas, como ha hecho Abascal con su Prioridad Nacional contra Caritas. Con impulsar y allanar el camino a los rivales, es suficiente. Mensaje recibido. Maletas cargadas siempre de amenazas, así se mueve por el mundo la extrema derecha.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Como soy seguidor del Granada Club de Fútbol y del Real Madrid, no celebro con mi hija Elisa las victorias del Atleti. No me gusta sentirme como un hipócrita en las celebraciones y los abrazos para festejar los aciertos del Cholo Simeone, Griezmann o Koke. Conocemos nuestras maneras de sentir, nuestras diferencias. Ella es tan atlética como su madre, o incluso más, porque ha hecho socia a su hija Candela antes de cumplir los 3 meses. A mí me resulta muy antipático confundir la convivencia y el respeto con la mentira. Sin embargo, distante de algunas victorias que no van conmigo, comparto con toda sinceridad y hago mías algunas de sus derrotas. Los peligros de las pérdidas pueden unir más que las celebraciones del triunfo.

Es lo que me pasó el otro día en la semifinal de la Champions cuando el Arsenal, ayudado por un árbitro injusto, eliminó al Atleti. Me había ido a casa de Elisa para ver el partido con mi nieta en brazos, movido más por el deseo de compartir el peligro de una derrota que por las ganas de celebrar la victoria. Lo pasé muy mal cuando Saka aprovechó un despeje de Oblak y disparó a puerta vacía sin que Le Normand y Ruggieri reaccionasen a tiempo. Y sufrí cuando Sorloth o Giuliano no supieron aprovechar las ocasiones rojiblancas. Así que me alegré de estar con ellas, de tener a mi nieta en brazos mientras le repetía a mi hija que el fútbol no tiene importancia. Si acaso, es lo más importante de las cosas sin importancia. Para mí es más grave, por ejemplo, que el campo del Arsenal en Londres se llame Emirates Stadium. Tampoco me gusta lo de Riyadh Air. Prefiero aplaudir en palabras como Cármenes, Manzanares o Metropolitano.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Después de mi derrota, leí un rato en la cama, apagué la luz. Y las preocupaciones sobre las cosas importantes impidieron que me quedase dormido. El peligro de las pérdidas que estamos viviendo debería servir para unirnos a los que creemos en los espacios públicos no sometidos a la prepotencia del dinero y de las élites económicas. Las reflexiones sobre los peligros que afectan a la democracia en Europa y sobre la deriva de la derecha hacia un capitalismo desalmado se evidencian en la realidad de carne y hueso cuando vemos en España que algunos gobiernos autonómicos castigan a la sanidad pública y dejan sin recursos a la educación para favorecer las privatizaciones y convertir los derechos cívicos en un negocio.

La izquierda en España tiene diferencias, sigue a distintos equipos. Unos aspiran a resistir, no descender o desaparecer a costa de que otros no asciendan. Algunos líderes consideran más importante adquirir protagonismo y llamar la atención que defender aquellas causas identificadas con la democracia social. Se olvidan las palabras en las que nos gusta aplaudir, los campos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Corremos el peligro de que nuestros terrenos de juego se acaben llamando Nuevo Estadio del Autoritarismo Neoliberal, Cancha del Capitalismo Descarnado, Coliseo del Genocidio o Recinto de la Violencia de Género. Así están las cosas.

Parece que a la izquierda no puede unirla en estos momentos el deseo de una victoria. Pero ganar es evitar la derrota, un compromiso muy importante.  Sería necesario que se compartieran los peligros de una derrota: no ya en los posibles avances, sino en la pérdida de lo conseguido, los derechos democráticos, cívicos y laborales. Hay muchos árbitros dispuestos a no pitar penalti cuando se derriba en el área a un hospital o una universidad pública.

Hace tiempo quería escribir esto.

Para empezar, quiero dejar claro que me considero una persona de izquierda y que respaldo y reconozco la lucha por la democracia en Venezuela de María Corina Machado, aunque estemos en las antípodas ideológicamente hablando. Más allá de lo que cada uno piense sobre la estrategia política de Machado, lo que me inquieta es el rechazo a todo el colectivo venezolano, en América Latina y España.

La mayoría de los venezolanos que viven en España y Estados Unidos son simpatizantes de la derecha, al igual que miles de nicaragüenses y cubanos que han huido de regímenes de pseudoizquierda.

La reciente visita de la señora Machado a España, un despropósito al desdeñar reunirse con el Gobierno, ha generado una serie de comentarios contra los venezolanos que, desafortunadamente, me ha tocado escuchar.

“Qué pesados los venezolanos” es una de las expresiones que más recuerdo ahora. Esto no es nuevo.

Hace algunos meses, un periodista de izquierda publicó un artículo de opinión en el que, sin ahorrar calificativos, tildó a los venezolanos como “gusanera fascista” y “escoria desagradecida”. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que ese texto “no respeta la normativa deontológica”, al “insultar y menospreciar” a los inmigrantes solo porque no piensan igual.

Se puede discrepar. De hecho, eso es lo que más valoro de la democracia. Lo que no se puede es ampararnos en la libertad de expresión para criticar desde las bilis y usar expresiones que rayan en lo xenófobo. Y menos cuando no se conocen las experiencias vitales de ese colectivo. Experiencias que también han vivido los cubanos y nicaragüenses y a los que muchas veces se les cuestiona por situarse ideológicamente en el espectro de la derecha.

Tenía ganas de escribir esto porque mis compatriotas nicaragüenses son igual de derecha que los venezolanos. La mayoría no simpatiza con esta izquierda española y se niega a entender que no es la misma que nos gobierna en Nicaragua.

Y yo me siento un poco incómodo cuando en mi entorno se empieza a despotricar contra los venezolanos. Estamos atravesados por la misma desgracia del autoritarismo, guardando las distancias.

Hay que asumir y comprender que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han cometido graves violaciones a los derechos humanos y han cercenado las frágiles democracias para convertir esas naciones en dictaduras, como las de derecha del siglo pasado en América Latina, promovidas por Estados Unidos.

La izquierda española ha sido incapaz de reconocer que un sector de la “izquierda” latinoamericana tiene un perfil autoritario. No es cuestión de ideología, es una cuestión de democracia y dictadura. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda o de derecha.

Así que los venezolanos simpatizan con los partidos que condenan el régimen del que huyen. Claramente, la derecha usa el tema de las dictaduras latinoamericanas de izquierda para sus propios intereses, y poco les importa su situación.

Lo mismo pasa con mis compatriotas nicaragüenses. Si lo que conocen de la izquierda es el autoritarismo, es comprensible que quieran otra opción ideológica. Esto puede que sea un argumento simplista, dependiendo del prisma desde donde se quiera ver.

Sin embargo, esa derecha a la que apoyan es la primera que los expulsaría. Ya lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y en España, el Partido Popular y Vox, derechas, se oponen a la regularización masiva que ha impulsado el Gobierno y que sacará de la irregularidad a miles de inmigrantes.

Vox y el Partido Popular enarbolan la consigna de “dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros”.

Estamos llegando al momento en que los latinoamericanos también están resultando incómodos. Por tanto, los venezolanos y nicaragüenses debemos reconocer qué partidos políticos han impulsado iniciativas que nos benefician en términos de derechos.

Por ejemplo, el gobierno español de Pedro Sánchez otorgó la residencia por razones humanitarias a miles de venezolanos desde 2018. La derecha jamás habría aprobado cosa semejante.

Sánchez también ha otorgado la nacionalidad española a nicaragüenses a los que el dictador Daniel Ortega ha dejado apátridas.

Lo que le ha faltado a la izquierda es el valor para condenar a las dictaduras latinoamericanas. La derecha, en cambio, utiliza nuestras tragedias para infundir miedo. Hay hipocresía de ambos lados.

En el caso de la izquierda española, aún romantiza las revoluciones cubanas y sandinistas, que fueron un halo de cambio en el siglo pasado, pero que tristemente derivaron en autoritarismo. Además, suele exigir una pureza ideológica al migrante venezolano que ella misma no se aplica.

A los venezolanos se les ataca de una forma peligrosa y cada vez más normalizada. Suelo callar cuando escucho comentarios negativos hacia ellos porque hay días en que no tengo energía para entrar en debates que requieren comprender otros contextos. Los españoles que los critican, no hablo de todos en general, no empatizan con su drama.

Critican desde la comodidad de la democracia. Que andan con banderas, que votan a la derecha. Reducen un tema complejo a lo más simple.

Omiten que detrás de esa persona que va a la Puerta del Sol en Madrid con su pabellón nacional está la historia de un inmigrante que vivió represión por el solo hecho de defender la democracia, por ejemplificar. Y seguramente hay historias más dramáticas: gente que vio a los suyos morir por fuerzas militares o paramilitares chavistas, periodistas que dejaron sus redacciones y que valientemente siguen denunciando desde su exilio.

Muchas veces se cree que todos los venezolanos viven en el barrio rico Salamanca, en Madrid. Y no. Seguramente vivirán muchos, pero esa es una élite reducida. No representan al exilio venezolano en su totalidad.

Un chico venezolano con el que estuve saliendo el año pasado me contó que antes de viajar a España estuvo viviendo en Colombia. Llegó a ese país por la frontera de Cúcuta, caminando por varios días por veredas y carreteras. Sus pies tenían llagas al terminar esa odisea. Desde hace cuatro años vive en el barrio obrero de Usera.

Me contó su periplo, un día de verano mientras viajábamos en un bus por Madrid, tras cuestionarle que simpatizara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al escuchar su historia, pensé en todas las veces que he escuchado comentarios despectivos sobre los venezolanos en España. Pensé en quienes los llaman pesados, exagerados. Pensé en quienes reducen su dolor a una consigna política o a un estereotipo ideológico.

Los venezolanos no son caricaturas políticas. Son personas que tuvieron que reinventar su vida lejos de su país. Tal vez por eso me repudia tanto escuchar el desprecio con el que algunos se refieren a ellos. Cuando alguien dice “qué pesados los venezolanos”, lo que en realidad está diciendo —aunque no lo sepa— es que no quiere escuchar las razones por las que esa gente tuvo que huir y por qué votaría a la derecha. Es un juicio rápido.

Y ahí está el fondo de todo esto: no se trata de estar de acuerdo con sus ideas políticas, ni de votar lo mismo que ellos, ni siquiera de simpatizar con la señora Machado. Se trata de algo mucho más básico: reconocer su historia y su derecho a ser escuchados sin ser insultados.

Nadie camina durante días con los pies llenos de llagas por capricho. Nadie abandona su país, su familia y su vida por gusto. Se van por necesidad, por miedo. Se van, muchas veces, para sobrevivir.

Ese chico venezolano que conocí al final de su testimonio me dijo, y tengo sus palabras haciéndome eco:

—Ya te di mis razones. ¿Ahora decime por qué debo votar lo contrario?

Se las di.

A los migrantes y exiliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua les digo que deben reflexionar sobre a qué partido apoyar desde su condición de extranjeros, migrantes o refugiados.

A los españoles: cuando se escucha la experiencia vital del exilio, esa herida de pérdida, la ideología no deja de ser más que un capricho.

Y si esto que escribo a los dogmáticos les parece ingenuo o una contradicción, me da igual. Hay cosas que necesito escribir.

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José Denis Cruz es periodista nicaragüense exiliado en España. Es miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.

Se dice por las redes que le ha salido un competidor apócrifo al presidente de Estados Unidos. El citado personaje se prodiga. Manifiesta vivir en la Casa Blanca II, que ha llenado de pasquines con su foto; en total 8637. Además se ha hecho acuñar varios millones de monedas de 10 dólares con su nombre. Puesto a glorificarse ha decidido celebrar los 250 años de su país con un sello de correos de 1000 dólares con su efigie y la escritura contorneada de la frase: Trump II cumple 250 años. Ha decidido que todas las corbatas que se vendan en ese gran país lleven su foto junto a un lema victorioso: Trump II tenía razón en todo, por más que le quisieran hacer “trumpas”.

Sus correligionarios han decidido ponerse una gorra, roja para más señas, que no se quitarán ni para dormir. Porta serigrafiado el lema: Trump II te desea felices sueños, cuando despiertes nuestro país será más grande. Tanto que llegará hasta Oriente Medio. Habita en un despacho octogonal, repleto de espejos que van de suelo a techo, en donde con mirarse en uno se ve ocho veces; como queriendo recalcar su poderío. Es tan buena persona que se ha hecho una foto en ese lugar con los líderes de todas las religiones dominantes en su país. La han distribuido por la redes, bueno básicamente TikTok, cuyo pie titula: Los salvadores del mundo junto a su jefe. La piensan llevar en el próximo viaje a Marte. Un secreto: va a obligar al New York Times a despedir a todos los periodistas ya que su antecesor Trump I fue un flojo que no se atrevió.

Ha hecho instalar un tiovivo delante de su Casa Blanca II. Invita a montarse en él a todos los mandatarios mundiales que van a rendirle pleitesía, más los muchos que acuden a adorar a Trump I. Tan buena persona es que ha prometido no enfadarse con nadie, excepto con un larguirucho español apellidado Sánchez II, que es como don Quijote pero en moderno. Además tiene un apellido vulgar, como muchos de los latinoamericanos que sobran en EEUU. El citado Sánchez es quien más veces le dice no. Es más, ni siquiera ha pedido visitarlo en la Casa Blanca II; por supuesto que le hubiera negado la entrada.

Su partido, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo; a su manera, claro. Quienes quieran salir en la foto de Navidad del año próximo, la harán desde un satélite, ya saben que no pueden contradecirle. Dicha imagen será enviada a todos los hogares de su país para bendecir el año venidero y todos los demás. El nuevo criterio de felicidad o no ya no será el Día de la marmota, sino la llegada del mensaje del almanaque anual. 

Está pensando utilizar un escudo como el jefe galo Vercingetorix. Cada vez que salga habrá nuevos porteadores, previo pago de 10.000 dólares. Lo recaudado servirá para colocar una bandera en un mástil kilométrico, para que se vea desde todo el mundo; incluso desde la Estación Espacial Internacional. En la bandera aparecerá solamente su imagen, no la del Trump I, rodeada de 49 estrellas. Dice que lo de Puerto Rico da más de un quebradero de cabeza y obliga a emplear paracetamol, y no es el caso. Con ocasión de grandes eventos organizará fiestas multitudinarias. Tendrá lugar en ese estadio de beisbol en donde los malos americanos se metieron con Trump I, hasta casi dejarlo en ridículo. Sé de buena tinta que ambos Trump se han peleado espiritualmente alguna vez, si bien no recuerdo si me lo contaron o fue en sueños. Lo que sí leí hace poco es que un tal Eugene recomendó al segundo de la saga que fuese más duro con España y el “ultraizquierdista” Sánchez II. ¿Lo publicó The Wall Street Journal? No estoy seguro.

Abundio no solo significa tontuna, como tal se utiliza en España. En realidad viene de abundante, de latinajo origen, por eso se asocia a extremadamente generoso. Así, el personaje del que hablamos va a repartir los dineros ganados vendiendo armas y petróleo tras su incursión en Irán. Pero solo a los magnates que le subvencionaron la tropelía; al resto de los norteamericanos no, porque eso supondría una crisis económica mayor que la de 1929. De repartir las ganancias sacadas del fracking no ha dicho nada. 

Me lo contó un sabiondo californiano, de cuyo nombre no me acuerdo; lo único que sé es que no hacía cine. Me dijo también que este señor, el número II, era un narcisista. ¡A saber! Ni quito ni pongo. Yo he actuado únicamente de escuchante escribidor. Así que dudo si es cierto o no lo que cuento. Es posible que todo parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Acaso en una soñada lectura de El Mundo Today?

A pesar de todo, con el debido respeto. San Abundio de Como está pintado en un fresco de la iglesia románica de San Pedro de Gemonio (Italia).

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.