¿Qué podemos esperar de las dos derechas de este país? He recurrido a la hemeroteca y lo que me devuelve de forma más contundente es el tema de la ilegalidad del Gobierno actual. ¿De dónde sacan este discurso, a mí me suena a revertir todo los conseguido durante los gobiernos progresistas? Con una falacia que no se sostiene, parece increíble que un solo político en este país amparándose en la libertad de expresión no se cansen de tratar de darle la vuelta a la realidad. Lo he dejado en tres intervenciones, aunque hay muchas más del mismo calibre.

 Santiago Abascal (Vox), 15 de noviembre de 2023:

"Pasa de un Gobierno ilegítimo a un Gobierno ilegal". Añadió: "Estamos ante el inicio de un golpe a la Constitución y a la nación". Discurso de investidura.

José María Aznar, noviembre de 2025:

Calificó al Ejecutivo de "ilegítimo, al margen de la ley" y afirmó que España nunca había vivido "un populismo radical en el Gobierno como ahora". Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo, septiembre de 2023:

"Se ha cometido un fraude electoral agravado y reincidente. Es un ataque a la democracia y a la división de poderes". Partido Popular.

¿Cuál es el plan de la derecha respecto a las políticas de avance social impulsadas por el actual Gobierno? Me limitaré a enumerar las medidas más agresivas, aquellas que, de aplicarse, representarían un retroceso en los derechos de la ciudadanía.

Y, como dirían en los dibujos animados: esto es todo, amigos. ¿Alguien sensato compraría semejante retroceso? Pues parece que millones de ciudadanos están dispuestos a hacerlo. Para desenmascarar a la derecha basta con leer su propio ideario: el PP, cada vez más alejado del centro, corre detrás de Vox con la esperanza de recuperar por la derecha los votantes que pierde. En fin, está casi todo dicho. Ahora corresponde a la izquierda espabilar, y me refiero a toda la izquierda, y demostrar que, más allá de programas electorales más o menos ambiciosos, todavía sabe convertir sus propuestas en un proyecto común capaz de ilusionar y defender los derechos conquistados.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Según la RAE, la definición de la marabunta consiste en una población masiva de ciertas hormigas migratorias que devoran a su paso todo lo comestible que encuentran. Pero también, como segundo significado, se considera al conjunto de gente alborotada y tumultuosa.

No cabe duda: la oposición actual liderada por el PP y sus socios Vox/Ayuso, busca el efecto irresponsable y destructivo de una marabunta política. Inquieta y preocupa. Feijóo en un afán de no perder su falso liderazgo —por cierto, estancado en los sondeos—, vuelve a rescatar la fatídica X contra Sánchez, al igual que se hizo en su día con Felipe González.

El objetivo es destruir, nunca construir un programa alternativo. Quizás será la destrucción más cara de nuestra historia, aunque solo sea si atendemos a los costes judiciales, unos costes que pagamos entre todos, incluso para sostener a todo su ejército de súbditos (as) y obedientes hormigas, así como el resto de ciudadanos. Desvirtuar peligrosamente instituciones del Estado tan importantes como las que deben regir la Justicia provoca que la ciudadanía desconfíe de una institución tan imprescindible para la democracia como la encargada de impartirla.

Como la marabunta, parece buscar solo la destrucción. Su alianza con el “instinto básico”, Vox, promete la derogación de leyes elaboradas por un Gobierno progresista y aprobadas por el Parlamento. Se olvidan que esa actividad parlamentaria ha costado tiempo y dinero. Como si derogar leyes fuese tan sencillo como cambiar de cartas, sin coste alguno. Pero ese afán destructivo también contagia al mundo, porque la maldad disfrazada de falsos personajes demócratas, como Marco Rubio —un desclasado cubano que acosa al país que lo vio nacer—, también desean destituir a Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, por firmar la orden de busca y captura de un genocida como Netanyahu. La misma treta que se utilizó aquí con el fiscal general del Estado, utilizando sospechas o bulos como pruebas condenatorias.

Su proyecto parece congruente con aquello de M. Rajoy: “Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor; mejor para mí...”. Quienes lo conocen dicen que no se atreverá, que solo es una soflama para atraer el voto de las cavernas que aún persisten en la España profunda. Lo único que persigue es ser a cualquier precio presidente, ya sea con traje de centro, de extrema derecha o incluso con la chaqueta de pana de Felipe González. Da igual: el objetivo es alcanzar el poder aunque haya que arrasar, destruir y dejar tierra quemada, como ya ocurre en buena parte del país tras políticas irresponsables que no organizaron tareas de prevención en los montes.

Ya lo proclama su segundo, Tellado: su objetivo no es tanto explicar su alternativa de gobierno como echar a Pedro Sánchez. ¿Cuál es su alternativa de gobierno? Derogar leyes. Pero será difícil cambiar leyes ya aprobadas. Cambiar leyes es una tarea costosa, larga y que crea malestar social a la ciudadanía que luchó por mejorar sus derechos. El PP intenta, con estas soflamas, atraer el voto de la extrema derecha, de viejos franquistas y, por desgracia, de los nuevos cachorros del fascismo-falangismo hispano. Ese mensaje esquizoide, que se debate entre centrismo y extremismo, con el único objetivo de alcanzar el poder, destruyendo todo a su paso como la marabunta o como los incendios que nos asolan, será un gran peligro para consolidar una democracia que está pasando sus peores momentos. 

Cualquier ciudadano se preguntará, al margen de las ideologías: ¿cuál es el mensaje que la derecha española quiere dar a las nuevas generaciones? ¿Volver al pasado? ¿Qué tipo de pedagogía política ofrece para la educación de la ciudadanía? ¿Destruir al adversario? Se olvidan de que cuando pasa la marabunta, no queda nada: tierra quemada, como por desgracia estamos viendo tras los incendios que asolan media España. La culpa será del otro.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Ya hemos ganado el Mundial de fútbol y creo que eso hace ver la clase de país que somos. Un país abierto, solidario y admirado en el mundo por mucha gente. Un país que cree en la democracia bien entendida. Un país que se pone del lado de la Justicia de verdad, la escrita con mayúsculas, criticando el hecho de entrar en la guerra sin respetar las leyes que defendimos desde jóvenes, o sea, saltándose toda ley hasta ahora en uso. Y manteniendo el tipo aunque chillen.

Pero todo esto, hoy en España, tiene una oposición que se resume en la victoria de la selección de una manera clara, pero que trataré de explicar mejor. La selección de España está compuesta por catalanes, vascos, personas del resto de España e inmigrantes y homosexuales, aunque quizá en la selección actual no haya ningún homosexual. Nunca España estuvo tan alto en todo el deporte y ese es un escaparate de país. Con Franco nadie sabía de nosotros ni les interesaba. Esto es lo que está estorbando a la derecha de Aznar y a todos sus muñecos. Y me hace pensar en la España que desea la derecha y no coincide en absoluto con esos deseos, aunque se feliciten porque representa a la «España real», esa palabra mágica que tanto les ayuda, pero engañando hasta a sus votantes. Es como oponerse al aborto, pero luego opinan a favor de aquel que asesina niños vivos en Gaza o en cualquier guerra. Aplauden a quien toma países por su gracia de dios, sin ajustarse a leyes eternas. Y odian el perdón o la amnistía a catalanes que erraron en el comportamiento, pero sin originar víctimas.

El absurdo de esta oposición y su ejército civil de medios y judicatura es este precisamente. Para ello se paga con el dinero de todos a los que cuentan mentiras y a los que hacen juicios solo hacia un lado político, obviando los suyos. Porque a mí personalmente me da mucho asco que mi dinero se utilice para esos pagos a Jiménez Losantos o Inda, por nombrar a los más conocidos. Y deberíamos ya decirlo en plazas y calles de este país. Y pagando a mercenarios que persiguen a políticos hasta su casa, y si es mujer aún más, o ya el colmo, aplaudir las homilías del papa cuando está diciendo totalmente lo contrario de lo que dicen y hacen realmente, como el amor al prójimo reflejado en odio hacia quienes se les amnistía por un error cometido, y reconocido por muchos. El odio es la máxima que manejan y eso sirve para votarles. Mis impuestos no son para eso.

No sé si esa es una oposición sensata o se volverá en su contra, porque los excesos producen hastío y cansancio y, a veces, hasta sonrisa. Llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno en muchas partes no es vivir en una dictadura, según creen. Y nunca los he visto definir el sanchismo, que no sé si será hacer una amnistía para acabar con el lío catalán, como de hecho ocurrió, o subir el SMI o expulsar del partido a quien es corrupto. Han cometido errores, pero como todos. Puede que a ellos les gusten más los diálogos escuchados de Cospedal y muchos más en juicios que sabemos que son impunes por la gracia de dios, como quizá lo es también el corrupto Aldama porque juega en el mismo equipo. Cuánto echo de menos la IA para sentenciar los juicios, porque no podemos seguir así.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Las polillas son polinizadores vitales para muchas plantas nocturnas y una fuente de alimento esencial para aves, murciélagos y otros animales. Además, son totalmente inofensivas para los humanos. En lugar de matarlas, lo ideal es ahuyentarlas utilizando elementos naturales como bolsitas de lavanda o cáscaras de cítricos.

Para evitar que lleguen a tu casa, simplemente, en España es costumbre apagar las luces interiores si tienes las ventanas abiertas, ya que son fuertemente atraídas por la iluminación.

Y perdonen que insista en eso de la polilla veraniega. Pero es que llevo ya tres o cuatro días, cuando despierto y estoy desayunando, tengo en el cristal de la ventana una cariñosa polilla, inocente, (aún no sé si macho o hembra), pero que me mira con aprecio. Y claro, ni mi café ni mis tostadas le atraen. Ahora sí, cuando toco el limón para exprimirlo y hacerme un zumo, ella (o él) extiende sus alitas y se hace querer. O al menos eso me ha parecido a mí.

Desde mi ventanal contemplo el amanecer del Mediterráneo y me acaricia la brisa del Levante (el Lebeche más bien). Pero la polilla, nada, ni se inmuta viéndome desayunar. Y yo, pasmado aún “con la ingravidez de lo onírico”, contemplo a esa polilla apalominao.

No, las polillas no pican ni muerden. Las polillas adultas que vuelan en tu casa son totalmente inofensivas. No tienen aguijón ni dientes, por lo que no pueden morderte, picarte ni transmitirte enfermedades. Su única meta en esa etapa de su vida es reproducirse. Y sus larvas (orugas) sí que hacen destrozos.

El caso es que, entre las polillas curiosas, cotidianas, y las desternillantes declaraciones de Frijolito y la defensa inútil de sus voceros políticos del PP, me entretienen la mañana y el desayuno. Principalmente esos voceros del PP (Cucarra, “Dóberman” Tellado, Ester Muñoz, Alicia García, Bendodo, Borja Sémper...

“La torpeza y falta de sentido común del líder del PP hace parecer a Vox la opción seria de la derecha”. Por eso existe una gran inquietud en el PP tras los últimos tropiezos de Feijóo: “La sensación es que vamos improvisando”. Y es que las polémicas sobre las bajas laborales y la ‘ley de nietos’, y otras sandeces, reavivan el debate sobre la estrategia de oposición: “Hay que revisar el modo de trabajo”, suena como un eco estúpido y baldío en Génova 13. Feijóo comete, en el fragor de sus discursos, diversos lapsus, errores y confusiones muy variadas y disparatadas. Y de ahí que salgan al quite los voceros del PP para “proteger” a Frijolito de sí mismo y de sus propias sandeces, sobre todo el falso moderado, Borja Sémper.

Sí, porque el Sémper que yo conocí en los años 90 era otro, más agresivo, y algo ”fachilla”, y además íntimo de Abascal. Borja Sémper, ahora, afirma que su relación con Abascal está "a prueba de bombas". No sé, eso de las “bombas” me suena mal, muy mal… Pertenecían los dos a una sección de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco muy duras y belicosas. Alguna vez nos enfrentamos con ellos varias veces por siete calles de Bilbo o por el casco viejo de Donosti.

Se acusa a Sémper de pose "moderada": Él, que destacó por un discurso más centrado y abierto durante su etapa en el País Vasco, ha sido criticado por otros partidos, quienes consideran que su tono moderado es solo una "estética vacía". Sus detractores argumentan que, a la hora de la verdad, sus políticas o las directrices de su partido no se corresponden con esa imagen de progresismo o apertura.

También le echan en cara a Sémper muchos lapsus e interpretaciones de sus declaraciones, muy dudosas, sobre cómo defiende al PP y ataca al Gobierno de Pésanchez.

Y se empeña Sémper en “salvar” a Feijóo. Y es que el líder pepero hace lo que puede, pero es víctima de algo más serio. Cuando Asnal dijo eso del que pueda hacer que haga, tendrían que haber enviado un tutorial con una advertencia. “Uno que puede hacer algo va y lo hace, pero es totalmente absurdo y tiene efectos tragicómicos, causa el efecto contrario” ¡Ay, Frijolito, menuda encerrona te han hecho los tuyos (Asnal y PPayuso)!

En España, las polillas políticas (PP) nos atacan con sus larvas (orugas). Ahora, casi ya en año electoral, agujerean las páginas de todos los “media” para que los ciudadanos no tengamos acceso a una historia completa.

Las larvas de esas pequeñas mariposas nocturnas –polillas– no leen. El objetivo de esos bichitos no es aprender o informarse; lo suyo es destruir y dañar con tal de satisfacer su apetito voraz. Esa es su razón de ser.

Y todos los voceros del PP lo saben y lo practican cual polillas dejándonos devoradoras larvas políticas.

Estos tiros en el pie que Frijolito se pega con asiduidad y habilidad cuanto mayor es el desgaste del Gobierno, empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinantes habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos y más mandangas que “parió” el gallego.

En los mentideros de Madrid, principalmente en el Parlamento Autonómico y en el Congreso y Senado, corre como la pólvora la estrategia coordinada, o no, para horadar un nuevo liderato del PP para gobernar España, ya que lo de Frijolito no termina de cuajar.

Y es una pena (jajajaaaa) porque con contrincante como él, Pésanchez tiene más fácil el renovar una mayoría parlamentaria.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Hubo quien anunció el fin de la democracia. Hubo quien habló de un golpe al Estado de derecho, de la liquidación de la Constitución, de la ruptura de España y de una humillación sin precedentes para nuestro sistema institucional. La ley de amnistía fue presentada como una anomalía incompatible con cualquier democracia europea. Se aseguró que el Tribunal Constitucional no tendría más remedio que declararla inconstitucional y que, si no lo hacía, Europa acabaría corrigiendo el rumbo de una España supuestamente extraviada.

Hoy ese relato ha sufrido un serio revés.

El Tribunal Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después han concluido, en términos generales, que la ley no vulnera la Constitución ni el Derecho de la Unión. Nadie está obligado a compartir la oportunidad política de la amnistía, pero sí conviene reconocer que el principal argumento jurídico esgrimido contra ella ha perdido buena parte de su fuerza.

Y eso obliga a una reflexión que va mucho más allá de una ley concreta.

Porque la verdadera cuestión nunca fue únicamente la amnistía. Lo preocupante fue la facilidad con la que una parte de la derecha decidió cuestionar la legitimidad de un Gobierno nacido de las urnas y de una mayoría parlamentaria plenamente constitucional. Se trasladó a la ciudadanía la idea de que aquello que no podía impedirse mediante el debate democrático debía ser derrotado en los tribunales. Y, por si eso no bastaba, se alimentó la expectativa de que las instituciones europeas desautorizarían a España.

No era solo una estrategia de oposición. Era una forma de erosionar la confianza en las propias instituciones democráticas.

La política democrática exige aceptar que el Parlamento legisla, que los tribunales controlan la legalidad y que las discrepancias se resuelven dentro de ese marco. Lo contrario supone convertir cada derrota política en una crisis institucional y cada decisión adversa en una supuesta conspiración. Esa lógica no fortalece la democracia, la desgasta.

La amnistía fue una decisión profundamente política. Y ahí reside precisamente su sentido. Durante años se intentó resolver el conflicto catalán casi exclusivamente desde la respuesta penal. Las sentencias eran necesarias dentro del Estado de derecho, pero no bastaban para cerrar un conflicto cuya raíz era también política e institucional. Gobernar consistía en asumir esa realidad y buscar una salida dentro de la legalidad democrática.

La izquierda nunca debería sentir complejo alguno por haber defendido esa opción. Su mejor tradición no ha sido la del castigo perpetuo, sino la de ampliar derechos, reconstruir consensos y crear condiciones para una convivencia más sólida. La democracia no demuestra su fortaleza únicamente cuando sanciona el incumplimiento de la ley, también la demuestra cuando es capaz de integrar, reconciliar y abrir nuevas etapas sin renunciar a sus principios.

España conoce bien esa lección. La Transición recurrió a una amnistía para facilitar el paso de una dictadura a una democracia. Aquel proceso tuvo luces y sombras y sigue siendo objeto de un intenso debate, especialmente por la ausencia de rendición de cuentas respecto de los crímenes del franquismo. Precisamente por eso conviene no equiparar ambos momentos históricos. Pero sí recordar una idea esencial: la democracia española ya ha utilizado en otras ocasiones instrumentos excepcionales para favorecer una nueva etapa política. La amnistía no es ajena a nuestra tradición democrática.

Lo verdaderamente llamativo es que quienes anunciaban la desaparición del Estado de derecho apenas dediquen hoy unas palabras a explicar por qué ese pronóstico no se ha cumplido. España sigue siendo una democracia plena, sus instituciones continúan funcionando y los tribunales llamados a pronunciarse no han confirmado el escenario de colapso que durante meses se presentó como inevitable.

Quizá haya llegado el momento de extraer alguna enseñanza.

La primera es que la discrepancia política no puede convertirse en una campaña permanente de deslegitimación institucional. La segunda, que los conflictos políticos requieren respuestas políticas además de jurídicas. Y la tercera, quizá la más importante, es que la izquierda no debería gobernar nunca desde el miedo al ruido que inevitablemente provocan las reformas profundas.

La amnistía no tenía razón porque lo hayan dicho el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenía razón porque partía de una convicción profundamente democrática: que la política está para resolver conflictos, no para administrarlos indefinidamente; para fortalecer la convivencia, no para convertir el enfrentamiento en una forma de hacer oposición.

Las sentencias no hacen buena una decisión política. Pero, a veces, sirven para recordar que el catastrofismo no era más que eso, un relato. Y los relatos, cuando chocan con los hechos, deberían tener la honestidad de rectificar.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Los jueces han decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez. La resolución habla de un posible "riesgo de fuga". Una expresión solemne, casi cinematográfica. Uno imagina aeropuertos, identidades falsas, maletas con doble fondo y vuelos nocturnos hacia algún país sin tratado de extradición. ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez bajando del Falcon de regreso España sin Begoña Gómez? y respondiendo como Caín cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano Abel, contestara "¿soy yo acaso su guardián?" Pero quizá hemos entendido mal el auto y prejuzgado a los jueces.

Porque la palabra "fuga" tiene en español una extraordinaria riqueza de significados. La publicidad nos recuerda cada día que millones de personas sufren “pequeñas fugas” de orina al reír, al toser o al hacer ejercicio. Para todo hay solución, dicen los anuncios. Salvo, al parecer, cuando interviene la justicia.

Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido.

Durante meses, Begoña Gómez ha sido objeto de una colección de bulos tan grotescos que harían sonrojar a un guionista de comedia. Uno de los más persistentes sostenía que la esposa del presidente del Gobierno era en realidad un transexual llamado Begoño con persistentes problemas de próstata, posiblemente una hipertrofia benigna que requirió, aseguraban, algunos días de baja laboral. El tal Begoño recibió subvenciones cuyas cantidades eran ocultadas por el Gobierno para montar una red de prostíbulos encubiertos como alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías o saunas. Además de los ingresos que recibiría como narcotraficante en el norte de Marruecos. Delirios, por supuesto, pero difundidos con entusiasmo por quienes convierten la mentira en una forma de militancia.

Incluso los tribunales han terminado pronunciándose sobre uno de esos disparates al considerar que llamarla "Begoño" no constituye delito. Curiosa época la nuestra, en la que la justicia acaba dedicando tiempo a determinar los límites penales de un chiste de patio de colegio.

De modo que quizá el famoso "riesgo de fuga" no era el que imaginábamos. Tal vez los jueces estaban preocupados por otro tipo de fugas. Las de los anuncios de televisión. Las que se solucionan con un “Tena Lady Ultra” y no con la retirada de un pasaporte.

Quién sabe. A lo mejor todo este procedimiento podría haberse resuelto con un buen bragapañal.

Resulta difícil no percibir en determinadas decisiones una voluntad de escenificación. No basta con investigar; parece necesario exhibir. No basta con instruir; hay que representar. Los jueces saben —porque algunos incluso han aprobado las oposiciones— que cuando la persona investigada es la esposa del presidente del Gobierno, cada medida cautelar adquiere inevitablemente una dimensión simbólica que trasciende lo estrictamente jurídico.

No afirmo que exista una voluntad deliberada de humillarla —Dios me libre—. Digo que, vista desde fuera, la escena produce exactamente ese efecto. Y en política, como en justicia, los efectos también importan.

A la pobre Begoña —o Begoño, puesto que ya sabemos que esa licencia cuenta con respaldo judicial— solo le faltaría completar el repertorio de las viejas ceremonias de escarnio público: raparla al cero, obligarla a beber aceite de ricino y pasearla por las calles con un cartel infamante colgado del cuello.

La imagen pertenece a otros tiempos, sí. A una España que creíamos archivada junto con sus fotografías en blanco y negro. Pero hay decisiones que despiertan ecos incómodos, porque parecen inspiradas por la misma intención: la de convertir la investigación de la mujer del presidente en espectáculo antes que en ciudadana con derechos.

Tal vez los jueces tengan excelentes razones jurídicas para retirar un pasaporte. Tal vez. Lo que cuesta entender es por qué, tratándose de una persona que ha comparecido siempre ante los tribunales y cuya notoriedad hace prácticamente imposible cualquier desaparición, la medida termina pareciendo menos una cautela procesal que una escena cuidadosamente iluminada.

Y mientras discutimos sobre el riesgo de fuga, las que de verdad se están fugando son: la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la prudencia institucional. Esas hace tiempo que abandonaron discretamente el escenario.

Qué desconfiados hemos sido algunos. Pensábamos que los jueces hablaban de evasiones internacionales cuando, quizá, solo estaban preocupados por las otras “pequeñas fugas” de las que nos advertía la inmortal Concha Velasco.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Carlos Entenza es codirector de Ideas en guerra, en sus palabras “un espacio de pensamiento” para el ámbito progresista entendido en un sentido amplio. Entenza es consultor político y de comunicación estratégica, está especializado en campañas de incidencia política, asuntos públicos y movilización social. Ejerce como asesor en el Consejo Económico y Social en materias de empleo joven. Desde hace un año trabaja también como adjunto a la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras. Ideas en guerra va a empezar una colaboración con infoLibre. En una columna bajo el nombre Cambiar la vida, diferentes colaboradores del espacio aportarán análisis de interés para nuestros lectores. 

“Ideas en guerra es un espacio de pensamiento, un espacio plural que tiene como objetivo fundamental actualizar el paquete ideológico de la izquierda en nuestro país. Y parte de la de la convicción de que la política no se hace solo, y desde luego no se hace prioritariamente, desde las instituciones o ganando elecciones, sino que se hace batallando en las ideas y la mente de la gente. Ángel Muñoz y yo somos codirectores y nos apoyamos tanto en un grupo coordinador como en un consejo político, donde hay diferentes figuras que vienen desde los movimientos sociales y la política, como pueden ser Alejandra Jacinto o José Manuel Jurado. También de asociaciones juveniles, como Elena Ripollés; o el ecologismo político, como Alberto Coronel o Héctor Escudero. Somos gente de distintas tradiciones, de distintas militancias políticas, sociales, sindicales, culturales, de la academia, que nos decidimos a pensar juntos e interpretar el contexto político juntos”. 

“Nuestra colaboración con infoLibre va a ser muy afín a la naturaleza de ambos proyectos. Por un lado, nos va a permitir analizar de forma profunda y sosegada los temas que se quedan enterrados por la actualidad. Y, por otro, creo que manda una señal importante al conjunto de espacio progresista. Hay algo que ha entendido muy bien la extrema derecha, aunque haya sido en perjuicio de nuestras democracias, que es la necesidad de trazar puentes entre el pensamiento y los medios de comunicación. Y con esta colaboración mandamos una señal, un mensaje al espacio progresista de que hay que retomar la iniciativa, de que hay que salir de la atomización y dejar también de duplicar espacios. Que distintos proyectos podemos concentrarnos cada uno en lo que hacemos mejor y colaborar para ampliar nuestro alcance y llegar a más gente”. 

“Se debe a muchos factores y muy complejos. Como país no estamos exentos de una dinámica que también es internacional y global de derechización, que va desde Estados Unidos hasta, como hemos visto recientemente, América Latina, con Chile, Perú, ahora Colombia. Por lo tanto, ese clima que ya es internacional nos afecta. También depende en gran medida de un ciclo progresista que ya viene durando bastante y que, por lo tanto, inevitablemente ha tenido sus aciertos, pero también bastantes errores, y ha provocado cansancio y desencanto en una parte importante de la población. Pero lo importante es entender que eso tampoco es necesariamente irreversible, que no estamos ante una profecía. Y que con un trabajo político que sea capaz de generar ilusiones, nuevas ideas, de retomar un poco la imaginación política frente a nuevas recetas que llevamos repitiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, podríamos hacer frente a este nuevo ciclo. Ciclo que es de regresión más que de derechización y en el que están floreciendo democracias iliberales, autocracias y genocidios por el mundo”. 

“Lo importante no es tanto con qué forma se va a las elecciones, sino con qué fuerza se llega al ciclo electoral que tenemos por delante. El problema de liderazgos y de hiperliderazgos en el espacio ha terminado convirtiendo lo que se denomina normalmente como las izquierdas a la izquierda del PSOE ahora mismo en un erial político. Eso no quiere decir que no haya habido experiencias productivas y que pueden ser interesantes. Hay perfiles que ahora mismo no están encabezando las formaciones, pero que tienen muchísimo potencial y que pueden sacar un trabajo muy útil adelante como experiencias locales y municipales. Va a ser una de las principales batallas que va a tener que asumir la izquierda en el próximo ciclo político. Las candidaturas, el debate de la unidad... creo que es profundamente cansado cada vez para más gente. Nosotros lo que defendemos es que la unidad política tiene siempre que estar antecedida por la unidad intelectual, por compartir diagnósticos y soluciones. Si no, se queda en lo que hemos visto en los últimos años: candidaturas que son una suma de siglas pero que en realidad no pueden tener mucha más continuidad en las diferentes legislaturas. Y la izquierda tiene un problema cuando cada cuatro años tiene la necesidad de presentarse con una marca distinta a las elecciones”. 

“Ahora mismo la izquierda no tiene un problema con el sistema electoral, por mucho que esté diseñado para premiar a los dos principales partidos de nuestro país. El problema principal lo tiene con el electorado, que está profundamente desencantado y que está tendiendo al abstencionismo. La ingeniería electoral y el debate de candidaturas y de unidades es algo que puede ser muy interesante desde la ciencia política. Y se puede hablar de cuál es la forma más competitiva bajo la cual la izquierda se debe presentar a las elecciones, como han ido introduciendo líderes como Gabriel Rufián. Pero eso tiene que ser simplemente el final de un proceso para pensar verdaderamente cuál debe ser el proyecto político, cuál debe ser la agenda política con la que la izquierda se debe presentar a las elecciones”. 

“El hecho de que exista la hipótesis Rufián es síntoma de que hay un hueco importante en el espacio que era necesario llenar o que algunas personas creían necesario llenar. La hipótesis del reparto por circunscripciones ha convencido a muchos, pero aun así hay evidentes límites y barreras. Van desde el partido al que pertenece Gabriel Rufián, que no reconoce esta estrategia, hasta cómo se van a dar las negociaciones a la interna de los partidos. Muchas veces no depende tanto de lo popular, de que sea una propuesta en la calle, sino de otras dinámicas y preocupaciones que tienen menos que ver con la gente”. 

“La derecha y la extrema derecha están fomentando no solo una guerra entre generaciones. También fomentan una competencia social por los recursos públicos, por ejemplo, entre españoles y migrantes, con su concepto de la "prioridad nacional". Forma parte de su estrategia de división y de inocular miedo en la población. El tratar de tenernos constantemente peleando por migajas. La solución depende en gran medida de que consigamos hacer del nuestro un proyecto de universalización de derechos. Que nadie tema que le quiten las migajas cuando sepa que el Estado va a proveer realmente servicios públicos universales para todas y para todos. Esa es la receta para hacer frente a la competición social que pretende poner sobre la mesa la extrema derecha”. 

“La judicialización de la política no es un fenómeno nuevo, pero es verdad que la sensación que hay es que va en aumento y que desde luego forma parte también de una estrategia para crear un clima de opinión y para tratar de desestabilizar o de crear desafección ciudadana. En este caso, respecto a los escándalos alrededor del Partido Socialista, tienen la suerte de que la izquierda, tanto nacional como internacional, conoce bien lo que es el lawfare. Lo han conocido antes que ellos y por lo tanto la izquierda sabe diferenciar lawfare de corrupción y corrupción de actitudes que no son tampoco estéticas ni esperables de líderes políticos progresistas”. 

“Creo que la acción de Gobierno carece de la suficiente ambición para el ciclo político en el que en el que nos encontramos, y con un Parlamento tan sumamente dividido, en el que cuesta tanto sacar adelante avances legislativos. La reflexión que tiene que tener la interna del Gobierno es interpretar bien el momento político en el que estamos, cuál es la urgencia. Tienen que dejar de proteger tanto la institución, los procesos políticos y ponerse verdaderamente a armar un poder popular que les permita construir mayorías parlamentarias que actualmente no existen. Simplemente dedicarse en este momento a legislar o pensar que armar buenas leyes y que gestionar bien es suficiente para sacar adelante medidas que cambien la vida de la gente es bastante ingenuo”. 

“La oposición, tanto del Partido Popular como de la extrema derecha, es completamente inútil y destructiva para para la democracia. El Partido Popular está perdido en el combate y no sabe por dónde le vienen los golpes. De hecho, muy posiblemente, si no fueran tan profundamente incompetentes, hubieran podido funcionar mejor en un clima político que juega más a su favor que al nuestro. Sin embargo, son bastante incapaces y por eso la izquierda debe tener la habilidad suficiente para poder utilizar esa brecha que deja la incompetencia de Feijóo. Lo único que parece que tienen claro el Partido Popular y Vox es una agenda para seguir engordando los bolsillos de los más ricos a través de recortes fiscales, que es el programa común que están teniendo en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan”. 

“Lo que nos dicen las últimas elecciones en América Latina es que lo que verdaderamente erosiona la democracia es la desigualdad. Estamos hablando de sociedades profundamente desiguales y de, por lo tanto, sociedades profundamente divididas. Además, la izquierda, en estas elecciones en América Latina se está presentando continuamente en inferioridad de condiciones. Aparte de los múltiples ataques democráticos, de los bulos, vemos a candidatos que respetan profundamente los derechos humanos teniendo que enfrentarse a candidatos dopados por diferentes medios de comunicación o gobiernos extranjeros. Y que tienen una agenda, no ya de recorte de derechos, sino de adelgazamiento al máximo del Estado. O de retroceso en procesos de paz como puede ser en Colombia. De retomar un léxico tan inoperativo y dramático como el de la mano dura en cuanto al problema de la seguridad. Por lo tanto no estamos compitiendo en las mismas condiciones”. 

“Actualmente hay un exceso de información. Y sobre todo hay una gobernanza poco democrática de esa información, ya sea desde cómo se reparten los grandes grupos mediáticos a quiénes gobiernan los algoritmos, que son tecnoligarcas, con intereses políticos y de injerencia respecto a los conflictos internacionales como Palestina. Lo que tenemos que intentar analizar es de qué forma se debe informar para tampoco llegar a posiciones o a climas de opinión que terminen naturalizando una situación que es del todo dramática, tanto para el propio país como para el resto de la humanidad. Porque se nos va a juzgar como la generación que vio un genocidio en directo y que no pudo hacer nada para evitarlo”. 

Cada vez que Aznar da un golpe de melena, sube el pan. Lo que dice no tiene nunca desperdicio, sienta cátedra, como buen ex presidente entrado en años. Su pelazo es tan fascinante como sus palabras. Si en el equipo de los Sorayos había apuestas sobre si Rajoy se teñía o no la cabellera, aquí también hay dudas. Será natural ese tono tirando a azabache que luce como si fuese de la pandilla de cachorros millonarios de su hijo Alonso, con los que tiene en común una melena con movimiento que es síntoma inequívoco de pedigrí. Son todos muy reconocibles por cómo les cae el flequillo largo sobre el ojo derecho y el savoir faire con que lo apartan.

Pues esta semana ha tocado atusarse el pelo en público. José María ha llamado a derribar el muro de Sánchez logrando una “amplía mayoría centrada porque nos jugamos un cambio de sistema”. Qué manera de dar en el clavo. En caso de que PP y Vox gobiernen se avecina un cambio de sistema, como sabe todo demócrata asustado con su posible llegada al poder nacional. El viaje al centro que algunos han interpretado que pide, y al que según su lógica deben sumarse para lograrlo también las izquierdas, tiene escasa credibilidad, ahora que el alma de extrema derecha latente en el PP se luce como una medalla en la solapa.

Los ataques de la derecha para revertir el marco constitucional son constantes desde que Sánchez llegó al poder. Jamás aceptaron el resultado electoral. Y desde entonces andan buscando cómo deslegitimar el poder ejecutivo y también el legislativo que emana del parlamento, que es donde se aprueban leyes siempre que exista una mayoría. Parece una obviedad, pero han conseguido instalar la peligrosa idea en gente de izquierdas que presume de pureza virginal de que el presidente del Gobierno es un okupa ilegal de la Moncloa. No las tienen todas consigo, es evidente. Las encuestas les hacen dudar de si serán capaces de gobernar con un candidato tan poco querido. Feijóo, que no ha logrado ni hacerse un hueco en los corazoncitos de sus votantes, cómo va a pretender tocar a los demás.

La naturalidad con que han asumido la prioridad nacional que Vox ha copiado a Jean-Marie Le Pen, de dudoso encaje en la Constitución porque choca con el principio de igualdad, es solo un ejemplo de la incapacidad actual del PP para situarse en el centro. Los ataques contra la regularización de inmigrantes en marcha o con la ley de Nietos aprobada en el 2022 por el Congreso, comparten un enfoque coincidente entre ambos partidos, que demuestra su sintonía e impide distinguir el discurso de uno y de otro. Por eso Aznar ha hecho uso de su hairografía. Él, que en su día regularizó a más de medio millón de inmigrantes, quiere marcar ahora el ritmo con su cabellera. Cuando era presidente y lo hacía tenía un sentido patriótico incuestionable. Si es iniciativa de Sánchez, en cambio, el objetivo es engordar el censo electoral con potenciales votantes socialistas.

Como si los inmigrantes no eligieran las papeletas de Vox o del PP. Solo hay que observar al electorado latino en Estados Unidos, que ha sido clave en la elección de Trump, quien obtuvo el mayor porcentaje de voto proveniente de este colectivo a un republicano en 2024. A qué pitonisa habrán consultado para presuponer que los descendientes de quienes huyeron de España en la posguerra, no sólo por sus ideas políticas sino también por la necesidad de dar de comer a sus familias, votarán a la izquierda. No hace falta irse tan lejos para conocer a hijos de padres progresistas simpatizantes de Vox. Lo que buscan con sus proclamas es sembrar dudas sobre el sistema democrático, desestabilizar, seguir construyendo esa realidad paralela en la que nuestro país está al borde del colapso y a un paso de convertirse en una dictadura. Aznar no es el mesías, algunos le consideran su dios y al Supremo sus apóstoles.

¿Cómo se presentan los tiempos? Zweig escribió en El mundo de ayer que existe una ley irrevocable: “Nadie tiene la oportunidad de conocer en sus inicios los movimientos que determinan su época”. Perdóneme, pero le llevaré la contraria. Observamos a algunos de nuestros políticos durante estos años y comprobamos cómo mutan personajes de la derecha, la ultraderecha y los peores, los tránsfugas ideológicos.

Algunas señorías, atornilladas en las bancadas del Congreso, viven del cuento legislatura tras legislatura; su papel es ser palmeros o, peor aún, ser broncos. Se han instalado en el insulto y la mentira, protegidos como están por la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. El ad hominem, lo peor del ser humano, ha llegado: la exhumación de los seres queridos. ¿No era suficiente?

Sí, llevo años oyendo y leyendo a los padres de la patria, y la antología es interminable. Curiosamente, entre las bancadas de la derecha hay más abundancia en el exceso. Se han licenciado cum laude y han superado el Inventario general de insultos de Celdrán y el Florilegio de frases envenenadas de Doval. Guerra abrió la veda con aquel "tahúr del Misisipi" a Suárez; después llegaría el "felón" de Casado a Sánchez y veinte descalificaciones más.

Considero las expresiones brutales y toscas que merecerían por su zafiedad figurar en la selecta obra de José María Izquierdo Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, recogidas en medios de comunicación y sus autores. El libro ha cumplido 15 años; hoy se ha quedado corto. Muchos de sus autores siguen en la brecha periodística y en la injuria, a lo que añadimos el gusto por la fruta como maledicencia permanente. No olvido al faro de la derecha, Aznar, por su sutileza al decir que gobierna una banda de delincuentes y de los bajos fondos.

Felipe González le mira arrobado, habla y exaspera a sus viejos seguidores. Al exsocialista, poco fino, le parece largo el acrónimo LGBTIQ+. Quizá le incomodaría menos volverlos al prontuario de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tal vez olvidó el artículo 10 de nuestra Constitución; recordamos a González, quien recurría a don Manuel Azaña, lo que dijo sobre la Constitución del 31: “Se votó para cumplirla todos en su espíritu y su letra, no para someterla a una experimentación personal”.

Corrió a señalar que había más de 28.000 muertos en el terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Necesita estar en el candelero? Ya había estimado el Servicio Geológico de EEUU la terrible cifra de entre 10.000 y 100.000. ¡Cállese, Sr. González!

A beneficio de inventario. ¿Son inapelables las sentencias de la Sala Segunda del Supremo? Hay críticas tanto a nivel nacional como internacional. Leer La democracia amenazada, de Baltasar Garzón, arroja luz, mucha luz.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.

En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».

La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.

Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.

Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.

Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.

Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.

Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.

La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.

Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire—  para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".

La acusación parte de los resultados del pasado 17 de mayo. En las elecciones andaluzas, el Partido Popular se impuso con holgura aunque no logró la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. Sin embargo, en el escrutinio del CERA —el censo de españoles residentes ausentes— los socialistas quedaron por delante de los populares. La diferencia fue estrecha: 6.703 votos para los socialistas frente a 6.307 para los conservadores. El escrutinio no ha alteró el reparto de escaños, pero ha servido para alimentar un relato en la derecha cada vez más recurrente: si el PSOE perdió por tanta distancia en Andalucía, ¿cómo es posible que gane entre los andaluces inscritos en el exterior?

La pregunta no se limita a describir una diferencia de comportamiento electoral entre votantes que viven en España y los que están en el extranjero, sino que sugiere que ese contraste se debe a un plan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o, incluso, fruto del amaño por parte de los socialistas Y ahí entra el marco que han construido distintos medios conservadores: la Ley de Memoria Democrática, el aumento del censo exterior por la llamada ley de nietos, la nacionalización de descendientes de españoles emigrados y el supuesto pucherazo. La secuencia se presenta como si formara parte de un mismo engranaje político.

En su digital okdiario, Eduardo Inda —condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por publicar el bulo de que el exvicepresidente, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas— asegura sin pruebas en una tribuna de opinión que “Sánchez no [solo] quiere alterar un poquito el CERA” sino que “lo va a hacer de tal manera que al universo electoral español no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y completa: “A mí el CERA siempre me sonó a trampa porque la mayor parte de esos votantes es gente que vive fuera de España desde hace muchos años y, lógicamente, la política patria les importa un pimiento”.

El pseudomedio The Objective siguió esa misma línea argumental en un debate titulado "Voto CERA: el comodín de Sánchez", en el que se conectaba el crecimiento del censo exterior con la Ley de Memoria Democrática y con la posibilidad de que ese electorado acabe teniendo efectos decisivos. El Mundo también comparte ese enfoque con el titular “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”, convirtiendo el voto exterior en una pieza más del relato sobre las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el tablero electoral, al igual que La Razón que destaca que el PSOE “se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas”, pero que ganó en el exterior.

La operación emplea el mismo patrón en todos los casos. Primero se selecciona un dato cierto y comprobable: que el PSOE gana el voto CERA. Después se añade que lo hace pese a haber perdido ampliamente en las urnas andaluzas. A continuación se incorpora un elemento de sospecha: el crecimiento del censo exterior por una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por último, se deja caer una conclusión sin formularla siempre de manera expresa: que el PSOE estaría utilizando el voto exterior para compensar en los despachos o en el extranjero lo que no consigue en las urnas en España.

Ese salto ya ha llegado a la política. El diputado del PP Rafael Hernando acusó directamente al Ejecutivo de “estar usando el voto CERA para intentar ganar allí lo que no ganan aquí", tal y como escribió en su cuenta de X. El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, investigado en la trama Kitchen, firmó una tribuna en okdiario titulada "La ‘ley de nietos’, el CERA y la inmigración masiva ilegal". Ahí escribió en mayo: “La Ley de nietos no modifica el censo de residentes en España pero el aumento del CERA ha convertido a este censo en una variable estratégica capaz de decidir la gobernabilidad de España en un escenario como el actual de polarización y resultados ajustados”.

La afirmación no habla de una irregularidad concreta, ni cita una denuncia ante la Junta Electoral, ni aporta una prueba de manipulación, pero instala en el imaginario colectivo que el voto de los residentes es una herramienta política en manos del PSOE. A esto se le añade que figuras como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevan meses alimentando un relato muy parecido, aunque no siempre referido al CERA andaluz, sino a las nacionalizaciones y al censo electoral.

La importancia de este mecanismo no está sólo en lo que se dice, sino en cómo se formula. No hace falta afirmar de entrada que ha habido fraude. Basta con repetir que "llama la atención", que "resulta sorprendente", que "conviene mirar" o que "hay que dar explicaciones". Ese lenguaje permite mantener una apariencia de cautela mientras se construye una sospecha. El funcionamiento, además, es circular. Los medios introducen el tema, sus afines lo viralizan y los políticos lo recogen. Y, cuando sus señorías lo hacen, esos mismos medios pueden volver a amplificarlo como una controversia política ya existente. 

Los precedentes: del 28M a las elecciones extremeñas

La táctica no es nueva. La derecha española ya la ensayó con el voto por correo en la campaña de las generales de 2023. El PP y Vox utilizaron casos aislados de compra de votos y problemas logísticos para extender una sombra general sobre el sistema y Ayuso llegó a hablar de "intento de pucherazo". El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, puso bajo  sospecha a Correos, institución que él mismo presidió en la etapa de José María Aznar en Moncloa. La hipótesis sugerida era que el Gobierno podía beneficiarse de un proceso supuestamente opaco o manipulable.

Un relato similar al de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, cuando el robo de votos por correo en varios municipios fue utilizado por el PP para alimentar la sospecha de que el Gobierno intentaba alterar las elecciones. La investigación y la actuación de la Junta Electoral desmontaron el relato de un fraude político organizado, pero el mensaje ya había circulado: si el resultado no convenía a la derecha, podía deberse a una manipulación.

Ahora el debate no está en el voto por correo, sino el de los residentes en el extranjero, pero opera la misma lógica. La diferencia es que el voto CERA permite además introducir otro elemento político: la legitimidad de esos votantes que no viven en el país y, por tanto, no contribuyen al sistema. Así se acaba cuestionando quién debe tener derecho a votar. Y, de forma indirecta, se presenta a esos ciudadanos como un electorado artificialmente creado por el Gobierno para favorecerse. 

Con todo, la paradoja del CERA andaluz tiene explicaciones electorales que ha desgranado Narciso Michavila, doctor en Sociología, y presidente de GAD3 y considerado el “gurú” del PP en materia de encuestas. En una entrevista en ABC que arranca con una crítica durísima al Ejecutivo —"no tienen límite moral ninguno"—, rechaza una manipulación del voto exterior. "Hay teorías conspiranoicas que aseguran que el voto está totalmente manipulado, pero yo sinceramente no lo veo", sostiene. Su explicación descansa en varios datos.

El primero, el tamaño real del fenómeno: votaron 21.583 de los 302.074 andaluces inscritos en el CERA, una participación del 7,14%. En relación con el conjunto del voto emitido en Andalucía, se trata de una proporción mínima. La diferencia entre PSOE y PP fue de sólo 396 votos —6.703 frente a 6.307— y, como recuerda Michavila, ni siquiera un comportamiento extremo del CERA habría alterado el reparto de escaños.

El segundo elemento es histórico y sociológico. El voto exterior no reproduce necesariamente el comportamiento del votante residente en Andalucía. Según Michavila, los emigrantes andaluces "de toda la vida" proceden en buena medida de entornos rurales, obreros y jornaleros, más vinculados tradicionalmente a la izquierda y al socialismo histórico andaluz. A ese bloque se suman jóvenes que han salido al extranjero para estudiar o trabajar, un perfil que tampoco tiene por qué coincidir con el giro electoral que se ha producido dentro de Andalucía en los últimos años, según Michavila.

El tercer factor es la distinta velocidad de cambio político. Mientras el voto interior se ha desplazado con fuerza hacia el PP de Juanma Moreno, el voto exterior conserva inercias más lentas y fidelidades más antiguas. Michavila recuerda que en 2022, pese a la mayoría absoluta del PP, los populares sólo aventajaron al PSOE por un punto en el voto CERA: 25% frente a 24%. En 2026, por tanto, el resultado no sería una ruptura inexplicable, sino una variación pequeña dentro de un patrón ya conocido. "Sorprende esa diferencia pero es totalmente lógica", resume, desmontando el relato instaurado por algunos medios.

Cunde el desánimo entre las filas izquierdistas, y entre las del PSOE también: “No puede ser”, “Zapatero, no nos falles”, “siempre nos pasa lo mismo”, “es que no hay ningún partido con el que me sienta identificado al 100%”, “emosido engañados”, “novedades, souvenirs, joyas y artículos de coña en la caja fuerte”...

Ya la han vuelto a cagar. La historia de tu vida: ya te ha decepcionado algún líder en el que habías depositado tu confianza ciega; y cuando no es eso, el Frente Popular de Judea ha vuelto a pelearse con el Frente Judaico Popular o un aliado feminista se ha destapado como un cameo de Torrente. No ganas para disgustos. 

¡Menuda papeleta a la hora de meter la papeleta! Ya nos damos con un canto en los dientes si el “No Pasarán” es un simple “No decepcionarán”.

Necesitamos un nuevo Mesías, un anillo que los reúna a todos, una nueva esperanza que nos permita votar sin taparnos la nariz. "¿¡Dónde coño está el Frente Popular cuando más lo necesitas!?", parafraseando a Niña Polaca.

Ser de izquierdas es como ser artificiero daltónico, una profesión de muy alto riesgo. Siempre al borde del abismo, abres un periódico, tus redes sociales, miras un programa de cualquier televisión de derechas —vamos, de cualquier televisión privada o gobernada por el PP/VOX— y ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de la abstención. Otra decepción, otro mito caído, otra excusa para la desafección.

Te planteas incluso el voto útil, aunque luego siempre te pasa que votar al PSOE se ha convertido hace ya demasiado tiempo en un rasca y gana. Lo compras cada vez con algo de ilusión y cada vez que rascas un poco compruebas que te han vuelto a engañar. No le ha tocado nada, siga jugando a ver si con un poco de suerte se paran los desahucios, se deroga la ley mordaza o se paran los desahucios si aprietan lo suficientes los socios más a la izquierda, pero no hay manera.

En cambio ser de derechas es el Black Friday de la política, un chollo, siempre hay una oferta a tu medida y con un precio tirado. Todo lo que querías en un partido de gobierno pero rebajado, tirado, porque tú lo vales.

“Yo no soy tonto”, bueno, un poco sí, y si no lo soy, me lo hago, cualquier cosa para que no gobiernen los de enfrente.

No conozco a ningún votante de derechas que se haya planteado alguna vez su voto por la corrupción de sus líderes. De hecho, creo que es un valor añadido para ellos. Recordemos las inmortales palabras de ese intelectual de la derecha, Álvaro Ojeda, que deberían tener una placa en el vestíbulo de la sede del PP, pagada en negro, en la calle Génova.

Las tablas de la ley —del embudo— del votante de derechas: “Yo hago con mi voto lo que quiera. Yo decido quién me roba. A mí un comunista no me roba. Por lo menos que me robe un profesional…”.

Para la derecha y la ultraderecha, valga la redundancia, es siempre una prioridad nacional llevárselo muerto, sea con viviendas de protección oficial, comisiones con cualquier desgracia con muertos, privatizaciones de servicios públicos, eventos deportivos, religiosos o musicales… Cualquier excusa es buena para pillar cacho a costa del contribuyente. “Por lo menos que me robe un profesional”.

En la derecha, como en chino, la palabra crisis significa también oportunidad. Ser de derechas es pasarse la vida y la política en modo fácil. ¿Jode a la izquierda? Ahí es. No hay más de lo que preocuparse.

Ahora mismo lo único preocupante para el votante de derechas es pensar que, con todo a favor, con todas las fuerzas vivas de su lado —prensa, Poder Judicial, empresarios, programas con hormigas, podcasters empadronados en Andorra, intelectuales de pelo graso…— no sean capaces de gobernar.

Como diría esa frase inmortalizada por el programa Alguna Pregunta Más: “Es de ser inútiles”. Ya tenían el país repartido antes de las últimas elecciones y una perrería de última hora les impidió reclamar lo que es suyo: el poder.

No se puede esperar ya más, quiero mi parte del pastel, hay que recuperar lo nuestro. Hay que volver a recuperar el poder que por derecho nos corresponde, por lo civil o por lo judicial, así ha sido siempre y así tiene que ser. Es el círculo de la vida: ‘Hakuna Fachata’.

En palabras de ese ejemplo de la honestidad política que fue Aznar: “El que pueda hacer que haga”, o en las torpes arengas de la versión 2.0 que representa Alberto Nuñez Feijóo: “Haré todo lo posible para cambiar el gobierno. Y cuando digo todo, digo todo…”. Si Tejero levantara el tricornio, estaría orgulloso.

Ser de izquierdas, en cambio, es estar siempre en un 'ay'. Alguno de los tuyos te va a decepcionar siempre; la pureza no marida bien con el poder, no marida bien ni con estar en la oposición. No marida.

Las contradicciones se cabalgan mal, nunca hay suficiente pureza en la izquierda, siempre hay un pero, un matiz, un qué se yo, un no sé qué…

Ser de izquierdas es, ahora mismo, ser más católico que los propios católicos, estamos esperando la resurrección de un crucificado y ver si podemos, sobre la piedra de Pedro, edificar nuestra iglesia.

La mayoría no somos creyentes pero estos últimos tiempos estamos rezando muy fuerte eso de: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy” y sobre todo lo de “líbranos del mal”.

Como dijo ese referente de la derecha desconocido al que muchos identifican con un tal M. Rajoy: “It´s very difficult todo esto” y añado “de ser de izquierdas”.

La reciente propuesta de Feijóo de una moción de censura "instrumental" (otra ocurrencia del PP para ocultar la inoperancia, torpeza y falta de categoría de su líder) contra el gobierno de Pedro Sánchez es una manifestación palmaria del golpe de Estado encubierto al que asistimos a diario como insólitos espectadores.

La propuesta de Feijóo es: "Háganme presidente a mí y les prometo que una vez que controle RTVE y el CGPJ al completo ya tendré las manos libres para convocar elecciones y llevar a cabo una causa general contra el PSOE que por lo menos lo paralice durante dos o tres décadas".

Es decir, un golpe de Estado encubierto e incruento que además conlleva como palmero principal al ex-Aznar, autor de la teoría de la "charca pestilente", en la que supuestamente alude a la situación actual como proyección de la suya propia y la de Esperanza Aguirre donde ranas y renacuajos sin control pululuban por doquiera metiéndose por las tragaderas el dinero a espuertas...

(Algún día hará falta un análisis sesudo y académico que aplique los "mecanismos de la transferencia psicológica" del uno mismo al contrario; sólo así podríamos explicar este maremágnum del confusionismo al que la derecha, con su cortedad de mente, nos quiere llevar a los demás haciendo alarde de una supuesta inteligencia de la que carece desde el primero al último de sus asesores... Pero esto es ya otra historia)

Pero es que ya el summum de la inteligencia estratégica de Feijóo en su plan de golpe de Estado con el ex-Aznar es haber desviado la atención del foco al que supuestamente debería apuntar, es decir a la "charca" pestilente de Pedro Sánchez, para centrarlo en Waterloo, que como sabemos fue el final de Napoleón, y es que hasta en sus planteamientos de censura al adversario, al enemigo, proyectan sus propias vergüenzas hacia las sombras de todo aquello que dicen denostar; y se estrellan...

A lo mejor, seguramente, es que Puigdemont se ha convertido de pronto, de la noche a la mañana, de líder del golpismo antiespañol en el mejor aliado del golpismo ultraderechista igualmente antiespañol. No me extraña que quieran acabar con sus vergüenzas aunque para ello tengan que traicionar a su puñetera madre, una madre llamada España, a la que sólo aman cuando pronuncian sus letras..., porque de amar, no tienen ni idea para conjugar el verbo.

Al final, va a resultar que el periodista Villarroya va a tener razón: "Es más verosímil que Feijóo gane el Festival de Eurovisión, que llegue a ser presidente del Gobierno".

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.

A pesar de que algunas imágenes, de entrada, me indujeron al descojono, terminaron por provocarme arcadas y zollipos. Me refiero a la manifestación facha del 23M en Madrid, convocada por las derechas-extremas derechas, con Sociedad incivil muy española y mucho española, o algo así, y Vox en grito, a la cabeza, bajo el nombre de 'Marcha por la dignidad', en clara antífrasis, comandada por representantes de la indignidad nacional, corruptos, corruptores y jetas varios. En realidad, se trataba de una jornada contra el presidente del Gobierno, cuyo lema extraoficial, a juzgar por la insistencia de los voceadores, fue "¡Sánchez, hijo de puta!".

A la impúdica Esperanza Aguirre, cínica mayor del reino, ignorante de Púnica, Lezo y Gürtel, que debió dejar el coche en el carril bus de la Gran Vía; el colaborador de la in-Justicia, Aldama, sin mascarillas (las vendió todas); Daniel Esteve, el matón okupado en desokupar a hostias todo lo que le disguste; Musculitos Abascal, Santiago y cierra, España; Marcos de no hay Quinto bueno, que quiere cerrar la televisión pública; unos secundarios del PP, ejerciendo de clineros, enviados por Feijóo, que estaría preparando el próximo discurso mientras estudia geografía e inglés, y otros personajes de similar jaez, les acompañaron banderas rojigualdas, algunas con la gallina cara al sol, y una foto del dictador asesino en la que podía leerse "Gracias, General Franco". Quisieron poner de manifiesto que su prioridad nazional es acabar con la democracia.

Ahora que todo vuelve a ser culpa de Zapatero, reaparece la moda de poner la mano en el fuego, expresión que ya aparece en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias (1611), y en el primer diccionario de la RAE (1734), siempre con el sentido de "asegurar la verdad y certeza de algo" y que viene a tener el mismo significado cuatro siglos después y no, por suerte, el de la antigua práctica legal llamada "ordalía" o "juicio de Dios", una forma de juicio en que se sometía a una persona acusada de un delito a una prueba física o una prueba de fe para determinar su culpabilidad o inocencia. Se creía que, si la persona era inocente, Dios protegería sus manos del daño causado por el fuego, y si era culpable, las llamas le causarían quemaduras o dolor. El caso es que la expresión permanece sin necesidad de recurrir a la prueba de fuego real.

En el caso de Zapatero, en el que tampoco soy quién para asegurar la verdad y certeza de algo, sí opino que se está empleando contra él la máxima aznariana del que pueda hacer que haga por parte de determinados poderes omnipotentes e inicuos. La Justicia tuerta y el resto de la derechona patriótica está aplicándole (como a Begoña Gómez y David Sánchez, por ejemplo) la presunción de indecencia, tan de moda cuando conviene a los que pueden hacer y hacen, en lugar de la legal de inocencia, tan denostada hoy cuando no conviene a los mismos.

Mientras unos exhiben su condición de indecencia sin escrúpulos, a otros se les aplica la presunción de indecencia sin reparo.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

Cuando terminen de hacer todo lo que hagan las personas mandatadas por José María Aznar, no habrá nada, todo será como un páramo desolado. Porque lo que pide Aznar es que las acciones que realicen destruyan todo lo que puedan de lo hecho sobre el terreno de la sociedad bajo la arquitectura progresista y la dirección de obra de sus políticas.

Por eso, lo que en verdad significan las palabras de Aznar es que “el que pueda deshacer, que deshaga”, para, de ese modo, volver a un mundo en el que la violencia de género sea violencia doméstica, como cuando él era presidente; en el que las personas del mismo sexo no se puedan casar, como cuando él era presidente; en el que cuando EE.UU. quiera ir a una guerra España lo acompañe, como cuando él era presidente… y así con tantas otras cosas que la sociedad ha dejado atrás gracias a la transformación que acompaña a las políticas de izquierdas.

Esta propuesta contra el Gobierno es coherente con todo lo que se ha planteado desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la ilegitimidad del Gobierno, pasaron a los ataques personales a la figura del presidente, que lo convirtieron en “perro Sánchez”, después continuaron con los insultos llamándolo “hijo de puta” desde posiciones institucionales como la presidencia de la Comunidad de Madrid, y presentando los hechos como si se tratara de una macedonia de frutas, y luego, dado que no obtenían todo el resultado que buscaban, hicieron una generalización para abarcar a todo el socialismo al presentarlo como “sanchismo” para ver si alguien lo abandonaba.

Y como todo ello no ha funcionado, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer algo más para deshacer lo levantado, y de ese modo volver a empezar para continuar, que es la verdadera estrategia de las posiciones conservadoras.

El problema es que el objetivo actual, aunque se presente con el argumento cortoplacista de adelantar unas elecciones, es otro muy diferente. No buscan tanto que vuelva el PP al Gobierno, eso ya lo dan por hecho de la mano de Vox, como que no pueda volver el PSOE ni la izquierda en muchos años. Y para ello no necesitan un programa de gobierno, sino un gobierno que desprograme todas las transformaciones que se han producido gracias a las políticas progresistas. El objetivo es tan claro que ya han creado en sus pactos con Vox las “consejerías de desregulación” en Extremadura y Aragón, para “acabar con las leyes ideológicas”, como si las suyas fueran de inspiración divina y sin ideología alguna.

El debate no está en los impuestos, ni en la sanidad, ni en lo laboral, ni en las infraestructuras, en cada campo habrá iniciativas y políticas muy diferentes al amparo de sus metas volantes, el debate está en lo cultural, en las referencias que nos definen como sociedad y como personas, de ahí su llamada a la guerra cultural. 

Y uno de los problemas que existen, a mi humilde entender, es que desde la izquierda no se está trabajando esa base social que ha llevado a titular en numerosas ocasiones y por diferentes medios progresistas, sobre la “derechización de España”, la “derechización de la juventud”, la “derechización de Andalucía”, como se ha escrito tras las últimas elecciones autonómicas… Y todo esto se presenta como si fuera la consecuencia de unas elecciones o situaciones puntuales, y no la causa que está llevando a ese resultado en cada uno de los escenarios, sean políticos, sociales o identitarios, pues al final todo obedece a la misma situación.

La conclusión es sencilla, si hoy se le preguntara a la gente, ¿qué prefiere, que arreglen la carretera de su pueblo o su ciudad o la “prioridad nacional”?, una mayoría antepondría la “prioridad nacional” a muchas cosas porque esta no es una decisión técnica, sino una idea construida sobre toda la estrategia de guerra cultural que la derecha y ultraderecha lleva años desarrollando con su “refundación del machismo”, es decir, con la recuperación del marco androcéntrico que da sentido a todas las iniciativas desde el punto de vista de la identidad nacional que hemos tenido históricamente, y que es la referencia que debemos mantener de cara al presente y al futuro.

El debate maniqueísta que presentan no es “esta política o la otra”, sino “ser lo que hemos sido con nuestros valores, tradiciones, ideas, creencias… o dejar de serlo”. Y ante esa falsa disyuntiva una gran parte de la sociedad está eligiendo ser sobre lo que somos, como si transformar la sociedad para ganar en justicia social y Derechos Humanos fuera renunciar a ser. 

Esta situación, además de mostrar su estrategia y la ausencia de la izquierda en el debate cultural, demuestra que defienden un modelo de sociedad jerarquizado y clasista que necesita de la desigualdad para seguir manteniendo la pirámide de poder concentrada en la cúspide de los más poderosos y ricos. Por de pronto, ya han dado un paso más en Canarias para prohibir en los colegios “charlas con ideología no neutral”, y lo justifican tanto para temas de ultraderecha como de izquierda, porque esa es la trampa, presentarlo todo como “neutral” cuando la política de la que parte la medida no es neutral, es de derechas, y cuando de lo que se habla en la sociedad y en otros gobiernos autonómicos es de “desregularizar las leyes ideológicas de izquierdas”, aquí sí las identifican claramente y ponen el ejemplo de las leyes contra la violencia de género.

Y esto no ha hecho nada más que empezar tras años de trabajo para hacer una sociedad de “influenciables” que responda a los mensajes lanzados desde las instituciones, las tertulias monocolor en programas televisivos de entretenimiento, los medios en general y las redes sociales. 

Todo está perfectamente articulado para que el que pueda deshacer, deshaga, y que la gente crea que en verdad se está construyendo algo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

La tormenta perfecta llega a Ferraz como un acontecimiento movido por los vientos feroces de la UCO. Los análisis de jueces y fiscales, los medios de comunicación afines a la derecha española y, por supuesto, las opiniones de ciudadanos y ciudadanas, provistos de los juicios volcados en determinados medios de comunicación y redes sociales, dan ya por sentenciada cualquier causa abierta contra el PSOE, cualquier juicio de valor que se ponga sobre la mesa, cualquier informe. 

Nada se resiste a los procesos de análisis, a las valoraciones, a los juicios sumarísimos de opinadores y periodistas embarcados en el discurso de “quien pueda hacer, que haga”. Todo queda listo para que la miseria y el odio sean material necesario para desbancar a un gobierno progresista que ha puesto de manifiesto su capacidad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas que han situado a España en la cima de la economía europea. 

La dimensión moral de este puño de hierro no importa, como no importa la indignidad que supone sembrar dudas, crear confusión como magma de cualquier opinión. Han venido construyendo un discurso político que ha evidenciado falta de rigor, amplificación del descrédito y falsedad manifiesta para alcanzar los fines que se proponen: Acabar de una vez por todas con la izquierda de este país nuestro.

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de lawfare, porque desde las cloacas de la derecha y la ultraderecha, desde su ambición y sus miserias internas, se está despertando eso que ellos mismos criticaban, el fin de la división de poderes que garantiza el armazón de las democracias modernas. 

Pero, ¿qué va a pasar después?, ¿de qué manera los lobbies de presión van a pedir su parte del pastel cuando acaben con Sánchez?, ¿quiénes van a dirigir el rumbo de un país que ha evidenciado ser progresista en conductas sociales, en derechos de colectivos vulnerables o en posiciones económicas de igualdad y solidaridad? 

Recordemos que los flujos de nuestra sociedad se asientan en estas conductas, que, a poco que pensemos, nuestro rastro ciudadano está acreditando una naturaleza de españoles solidarios y acogedores, construidos como un todo dentro del contexto de nuestras necesidades, fuertes en nuestras demandas y libres para alcanzar nuestros objetivos e intereses. ¿Quién va a liderar esta máquina de afectos, de bondades, de empatías, de solidaridades y de comprensión? ¿Y quién va a fortalecer el odio como mecanismo político?

Hay un objetivo común de las derechas y las ultraderechas por acabar con todo esto, cueste lo que cueste y sea contra quien sea, pero no sabemos qué territorio pisaremos después de quemar la tierra para que sea infértil, qué rumbo tendremos, qué sociedad quedará después de todo.

Saben establecer criterios para hacer daño, pero ¿serán capaces de sostener políticamente el país que la mayoría quiere? ¿Abordarán políticas que no vengan colgadas de un solo eslogan que dicte: “Prioridad nacional”? ¿Tendrán una idea de país a la altura de los intereses y los anhelos de españoles y españolas?

Hoy la UCO entra en Ferraz, investiga las joyas de Zapatero, un juez habla de riesgo de fuga de Begoña Gómez, las portadas de medios afines marcan el ritmo de una conexión venezolana singular, de supuestas conversaciones y anotaciones en libretas, de rasgos distintivos de organización criminal. ¿Pero sabemos qué están dispuestos a hacer después? ¿Qué nos espera a todas y todos nosotros tras sus pesquisas? Y, lo más importante, ¿cómo quedará nuestra democracia?

La ola perfecta tras la tormenta está llegando para que sea surfeada por el colectivo de las derechas políticas y mediáticas de este país. Una ola torpe pero con capacidad para agitar las aguas de mares calmados. Hagamos que se rompa la tabla donde apoyan sus objetivos; y tumbemos su expectativas. Buscan acabar con las izquierdas y convocar elecciones. ¿Qué nos espera después?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.