La regularización extraordinaria de migrantes, que cambiará la vida a centenares de miles de personas en España, será aprobada de forma "inminente" por el Gobierno pero cada día que pasa cunde más la incertidumbre y la angustia entre los interesados, que ven cómo se acorta el plazo para las solicitudes.

El pasado 26 de enero el Gobierno anunció que iniciaría este proceso y que las solicitudes podrían comenzar a realizarse a principios de abril pero las semanas avanzan sin que la medida haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la fecha límite para realizar las solicitudes parece que se mantendrá el 30 de junio.

El Consejo de Estado finalmente envió ayer, viernes, al Gobierno su dictamen sobre el real decreto, en el que plantea algunas "observaciones" para la mejora de la norma, según informó ayer la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, un paso que el Ejecutivo llevaba semanas esperando para continuar con el proceso.

En los últimos días, ante las reiteradas preguntas sobre este asunto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado mensajes de tranquilidad y ha insistido en que habrá "plazo suficiente" para realizar los trámites y que el procedimiento será "ágil y eficaz".

En cualquier caso, desde el Gobierno insisten en que la regularización aún no ha sido aprobada, no se conocen los requisitos definitivos y no se puede solicitar ni pedir cita para iniciar los trámites.

Según el borrador del real decreto sometido a audiencia pública, serán beneficiarios de la medida las personas que se encontraran en España antes del pasado 31 de diciembre y que hayan permanecido en el país de forma continuada durante los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud.

También está dirigida a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha y, en todo caso, uno de los requisitos será carecer de antecedentes penales.

Para acreditar el tiempo de residencia, se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El texto también incorpora una garantía para quienes no puedan obtener su certificado de antecedentes penales: si pasado un tiempo ni el interesado ni el Gobierno de España lo consiguen, se podrá presentar una declaración responsable que acredite que se cumple este requisito.

Mientras pasan las semanas, se extienden la "incertidumbre" y la "angustia" entre quienes esperan la publicación de la medida en el BOE para solicitarla.

Vicky Columba, una de las portavoces de la plataforma 'Regularización Ya' -impulsora de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político-, ha advertido en una conversación con EFE que, con cada día de retraso, crecen los bulos, los discursos antiinmigración y los abusos.

La portavoz ha denunciado los numerosos intentos de abogados y supuestos expertos que tratan de captar a los migrantes para cobrarles hasta 550 euros por citas que aún no se pueden conseguir o por asesorarles en un trámite que todavía no se puede realizar.

Por todo ello, Columba lamenta que el Consejo de Estado haya tardado un mes en emitir su dictamen.

Desde la plataforma confían en que el Gobierno pueda gestionar el elevado volumen de solicitudes previsto, dado que este les ha garantizado que habilitarán todos los medios y oficinas públicas necesarias para garantizar la agilidad del proceso.

La activista ha señalado que esperan que la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes y, si esto no ocurre, se plantean reclamar una prórroga para que el plazo de solicitudes se extienda más allá del 30 de junio, dados los retrasos acumulados.

Desde el anuncio del inicio del proceso, PP y Vox se han opuesto frontalmente a la medida y han incido en la falta de un control efectivo de la ausencia de antecedentes penales de los potenciales beneficiarios por la posibilidad de presentar una declaración responsable en el caso de no poder obtener el certificado.

Esta semana, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmaba en su perfil de X que la intención del Gobierno va "en contra de la expresa voluntad del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta".

Se refirió así a la votación el pasado 18 de marzo de una moción del PP en el Congreso, que salió adelante con los votos de Vox, Junts y UPN y que instaba al Ejecutivo a "renunciar con carácter inmediato" al proyecto de regularización.

Al Consejo de Estado no le gusta el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado al Congreso para desarrollar la aplicación en España del reglamento europeo de medios. El órgano consultivo, que preside Carmen Calvo —la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez entre junio de 2018 y julio de 2021—, ha planteado a la iniciativa tres observaciones de carácter “esencial”, lo que, según su reglamento interno, significa que, si no se tienen en cuenta, el texto que se apruebe podría contradecir normas superiores (como la Constitución o leyes básicas) o incumplir principios jurídicos fundamentales, como los de legalidad, competencia o procedimiento.

Los principales problemas del texto, que trata de aplicar en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de 2024 (EMFA, por sus siglas en inglés), afectan a la evaluación de los procesos de concentración, a la previsión de creación de un registro de medios y al régimen sancionador, según el dictamen emitido por el Consejo de Estado.

En materia de evaluación de concentraciones de medios, el órgano consultivo critica que el procedimiento a seguir “apenas se perfila en el anteproyecto de ley” y se “remite —en términos excesivamente amplios— a un desarrollo reglamentario futuro”. “No se incluye ningún elemento valorativo para determinar en qué supuestos se deberá notificar la concentración, ni cuándo deberá entenderse que la operación puede tener repercusiones significativas sobre el pluralismo de los medios o en su independencia editorial. No se determina ningún umbral económico, ni se hace referencia al mercado relevante, ni se fijan parámetros que permitan acotar la discrecionalidad administrativa en la determinación de la relevancia de la concentración”.

No basta, dice, con dejarlo a un reglamento posterior, porque en otros sectores en los que los procesos de concentración están regulados (de la banca al sector eléctrico, por ejemplo), todo se establece por ley. “Cuando se trata de operaciones de concentración de empresas, es especialmente importante determinar cuándo debe producirse la notificación, así como establecer los plazos de respuesta y el sentido del silencio. Todas estas cuestiones deben quedar determinadas en el anteproyecto de ley, que no puede hacer una remisión en blanco al desarrollo reglamentario”.

En materia sancionadora, el Consejo de Estado cree que, en el caso de los servicios de prensa, resulta difícil determinar cuál será la autoridad competente para ejercer la supervisión y el control, así como, en su caso, la potestad sancionadora. Critica que se hayan incluido sanciones a empresas no reguladas por la EMFA, como fabricantes, desarrolladores e importadores de dispositivos o interfaces de usuario, o proveedores de sistemas de medición de audiencia, y propone regularlos en otras normas. Y advierte, sobre todo, que “la falta de sistemática” podría derivar en una superposición de infracciones y sanciones contraria a la ley.

El tercer asunto que más preocupa al órgano presidido por Carmen Calvo es el registro de medios. Asegura que no puede derivarse del reglamento europeo porque la norma europea “se limita a exigir la unificación de la información publicada” por los medios “en una base de datos nacional”. La precisión no es solo terminológica, argumenta, sino también conceptual, porque “no se trata de crear un registro administrativo de control (un instrumento de policía administrativa), sino de poner en funcionamiento un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas, cuya finalidad es facilitar el conocimiento de la información sobre la propiedad de los medios”. La imposición de una nueva obligación de registro, sostiene el Consejo, “podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística”.

La propuesta, concluye, “debe suprimirse”. Para cumplir con la EMFA, sugiere a continuación, bastaría con tomar como modelo “la base de datos de editoriales que actualmente existe en el Ministerio de Cultura. Puesto que la información habrá de ser publicada por los prestadores del servicio, la función de la CNMC consistirá en crear una base para facilitar que los datos puedan ser consultados por cualquier interesado”.

El Consejo de Estado se ha fijado también en los asuntos que forman parte de la EMFA, pero que el Gobierno no ha incluido en el proyecto de ley. Algunos, como la regulación de la publicidad institucional, el Ejecutivo planea desarrollarlos en una norma específica. Pero hay otros, como la necesidad de garantizar la independencia de los medios públicos, que ni siquiera están en la agenda de La Moncloa.

Los Estados miembros están obligados “a garantizar que los procedimientos de nombramiento de directivos y miembros del consejo de administración de los medios públicos y que los sistemas de financiación de tales medios garanticen su independencia editorial”, recuerda el dictamen. Y “resulta obligado designar una autoridad u organismo independiente, o establecer un mecanismo libre de influencia política, para hacer un seguimiento” del cumplimiento de las exigencias de independencia de la radiotelevisión pública.

Pero el Gobierno ha decidido ignorarlo, denuncia el Consejo, pese a tener un mandato expreso de la Unión Europea. No se modifica la Ley Audiovisual en este apartado ni la de radio y televisión de titularidad estatal ni la de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

La lista de reproches que el órgano consultivo hace al proyecto de ley es extensa. Desde haber combinado en un único texto el desarrollo de la EMFA con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (“hubiese sido conveniente dividir el contenido de la regulación proyectada en dos instrumentos normativos diferentes”), hasta haber decidido adaptar la norma europea de medios mediante una reforma de la Ley Audiovisual, lo que da lugar a “dificultades conceptuales y sistemáticas” que “no solo se proyectan sobre las relaciones entre la Administración y los medios, sino que plantean dudas respecto a cuál deba ser la autoridad territorial competente en cada caso”.

El dictamen lamenta “que la reforma proyectada suponga solo una adaptación parcial al Reglamento EMFA y deje de lado otras modificaciones importantes que resultan igualmente necesarias para la adaptación del ordenamiento español a sus exigencias”. Para corregirlo, propone “abordar una revisión sistemática de la ordenación de los medios en España, coherente con las nuevas exigencias que derivan de la norma europea”.

Una reforma que obligaría a modificar, derogar y, en su caso, refundir, precisa el Consejo de Estado, varias de las normas vigentes, en particular la Ley de Prensa de 1966, la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

“Aunque es indudable que una revisión así requiere de algún tiempo, parece evidente que un análisis ordenado de las disposiciones aplicables resulta imprescindible para cumplir adecuadamente con el Reglamento EMFA, habida cuenta de la importancia constitucional de los medios de comunicación”, subraya el Consejo.

Los reproches al proyecto de ley del órgano presidido por Carmen Calvo no acaban ahí. Critica que no se hayan incluido todas las definiciones técnicas previstas en la EMFA, la confusión que supone añadir previsiones que afectan a la prensa en una ley audiovisual, la dificultad de establecer el ámbito autonómico de los medios no audiovisuales o la existencia de imprecisiones en las competencias de la autoridad estatal y las que corresponden a las comunidades autónomas.

La exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha señalado este miércoles que está "en modo Umbral", al ser preguntada por las acusaciones de los últimos días en las que le llaman "tránsfoba", en la presentación de su libro Nosotras: el feminismo en la democracia (Editorial Planeta), en el Ateneo de Madrid, según informa Europa Press. Asimismo, ha precisado que de muchas críticas ni se entera y que, si llega a tener conocimiento de algunas, es porque se las comentan después. "Paso, directamente", ha asegurado.

En concreto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido "premiar" con la Presidencia del Consejo de Estado a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, "una persona que claramente ha defendido posiciones transfóbicas". Así se pronunció la dirigente del partido morado, en declaraciones en el Congreso al ser preguntada sobre el nombramiento de Calvo al frente del máximo órgano consultivo del Gobierno en sustitución de la también exministra socialista Magdalena Valerio: "Nos preocupa que el PSOE premie con un altísimo cargo de las instituciones del Estado a una persona que claramente ha tenido posiciones transfóbicas".

Durante la etapa en la que Podemos formó parte del Gobierno de coalición e Irene Montero ocupó el Ministerio de Igualdad se produjeron varios enfrentamientos entre su departamento y la entonces vicepresidenta del Ejecutivo a cuenta de las políticas desplegadas por la dirigente morada en su departamento, especialmente a raíz de la conocida como ley trans.

En la misma línea se mostró la dirigente de Sumar Elizabeth Duval. "Preocupa, y mucho, que la transfobia presida instituciones del Estado", aseguró en la red social X. Según la dirigente de Sumar, Carmen Calvo es "la mayor responsable de la obstaculización de la Ley Trans y del discurso antitrans de una parte" y además añadió que es "imposible olvidar su abstención o palabras" a la activista y senadora de Mas Madrid Carla Antonelli.

También la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, cargó contra Calvo en la red social X. "El Gobierno nombra a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado. Este Gobierno 'progresista' lleva a las más altas cotas institucionales a la TRANSFOBIA! Ser una persona transodiante no sólo no penaliza, sino que se premia", lamentó.

Calvo también ha aprovechado su presentación para señalar que Zorra, del dúo Nebulossa, "es una canción para ganar dinero y votos". "Yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo en Eurovisión"; ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que el lugar para hacerlo es el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos autonómicos, los gobiernos y los ayuntamientos. "Si buscas la palabra 'zorras' en el diccionario, dice lo que dice", ha apuntado para añadir que "más de una mujer" le ha dicho que lo último que escuchó antes de que la tiraran por las escaleras fue "zorra".

Precisamente, algunos grupos de mujeres feministas, como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres o el Movimiento Feminista de Madrid se han mostrado también en contra de la canción de Nebulossa, quienes explicaban que la palabra 'zorra' la utilizan "frecuentemente" los "agresores sexuales", "acosadores" y "maltratadores". Por el contrario, Pedro Sánchez, la ministra de Igualad, Ana Redondo, y otros ministros del Ejecutivo han defendido el tema alegando que el feminismo también es "divertido".

Sobre el libro, Calvo ha explicado que aborda toda su trayectoria, la lucha contra la violencia machista y la igualdad. En el mismo, señala que la fraternidad entre feministas y el colectivo LGTBI "funciona", pero "solo hasta que emergen intereses enfrentados".

En este sentido, la autora explica que el movimiento feminista ha estado siempre "muy cerca" de todos los movimientos que "han reivindicado salir de la injusticia" y considera que han sido "solidarias". "Una cosa es que exijamos salir de la injusticia y otra muy distinta que se pretenda incluir a más de la mitad de la población del planeta en el concepto colectivo, o al mismo nivel, porque la mitad de los negros son negras, la mitad de los menores son niñas y la mitad del colectivo LGTBI lo forman mujeres. Luego este planteamiento no resiste un asalto intelectual. Esta fraternidad funciona, pero solo hasta que emergen intereses enfrentados", asegura.

En esta misma línea, destaca que "tener que aclarar cuál es la lucha del feminismo" mientras su causa "se solapa" con las de "otras minorías", es "inaceptable".

Además, Calvo critica que "la igualdad de trato" se ha convertido "más en una defensa y atención de la diversidad al anteponerse a la propia igualdad", una cuestión que considera un "salto peligroso" que se ha dado en estas primeras décadas del siglo XXI. "Priorizando el concepto de diversidad sobre el de igualdad no estamos construyendo nada nuevo ni mejor, en absoluto", denuncia.

Por otro lado, Calvo ha añadido que en el ascensor profesional y social, las mujeres parten con "dificultades" a las que los hombre "jamás" tendrán que enfrentarse. "A un hombre nunca le pedirán un test de embarazo negativo para empezar a trabajar. Ellos nunca tendrán que vivir esa realidad", indica.

En este sentido, denuncia que son "muchos" los hombres que "se hacen feministas", "se venden como feministas" o "los venden como feministas", pero que "no hay hombres feministas", sino "profundamente demócratas que saben cómo tiene que alcanzar la democracia el escalón del reconocimiento en igualdad de condiciones de los derechos y de las libertades de las mujeres con relación a los hombres". En todo caso, convoca a los varones, de los que espera que "aprendan a cambiar su conciencia para entender el nuevo camino". "El futuro será de quienes inexorablemente entiendan la igualdad. Así, sin trampas", asegura.

Respecto a la violencia de género, indica que este es el "frente abierto más urgente" del feminismo y que erradicarla "exige la implicación de los varones". "Ha sido el movimiento feminista el que ha conseguido sacar a la luz la violencia machista, haciendo que pase del ámbito privado al público y politico. as mujeres no pueden seguir siendo víctimas cotidianas sin la seguridad garantizada que implica la idea de emocracia y de ciudadanía plena", precisa.

Finalmente, Calvo subraya que hay que "seguir trabajando" por un "espacio de conciliación" en el que las mujeres y los hombres sean "iguales en derechos, en igualdad de trato y en igualdad de oportunidades". "La democracia debe avanzar en dirección a la reparación de la injusticia de la que venimos las mujeres", apunta.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la Abogacía del Estado, adelantado por infoLibre, contra la sentencia que anuló el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio, al considerar que durante el procedimiento judicial no se violó ninguno de sus derechos fundamentales, informa Europa Press.

Así consta en un auto donde, además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS reprocha a la Abogacía del Estado que "no diga absolutamente nada sobre la cuestión de fondo", centrándose únicamente en si la Fundación Hay Derecho -que fue quien recurrió la designación de Valerio- tenía legitimación para impugnar dicho nombramiento.

Cabe recordar que el Supremo ya rechazó el pasado enero el incidente de nulidad presentado por la propia Valerio. Entonces, los magistrados explicaron que en su día renunció a formar parte del caso, dejando su defensa en manos de la Abogacía del Estado, por lo que ahora no podía tenerse en cuenta su petición de nulidad.

Los incidentes de nulidad son acciones excepcionales basadas en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prosperan. Además, constituyen el paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Fue el pasado 30 de noviembre cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló el nombramiento de Valerio estimando un recurso presentado por Hay Derecho al considerar que no cumple uno de los dos requisitos legales: el de ser "jurista de reconocido prestigio".

Los magistrados indicaron que la ley fija que quien ocupa este puesto debe ser "jurista de reconocido prestigio" y tener experiencia en asuntos de Estado, siendo necesarios ambos requisitos.

Sobre este segundo, afirmaron que no hay duda de que Valerio cumple, dada su "notoria y sobresaliente trayectoria" como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otras responsabilidades públicas.

No obstante, señalaron que esa "carrera funcionarial meritoria" no es suficiente para considerarla jurista de reconocido prestigio, algo que "solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido".

Antes de seguir adelante, quiero hacer una precisión. No se trata de todo el Tribunal Supremo ni siquiera de toda la Sala de lo Contencioso- administrativo, sino de una resolución de su Sección cuarta por la que declara contraria a derecho la designación de doña Magdalena Valerio como Presidenta del Consejo de Estado. El nombramiento es una decisión discrecional del Gobierno que exige la previa comparecencia del candidato o candidata ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados después de la propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. Esta comparecencia se realizó el 27 de octubre de 2022 y la Comisión emitió un dictamen favorable con diecisiete votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones.  

El Consejo de Estado es una de las instituciones más antiguas de la historia de España. Su creación arranca del reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Se ha desempeñado a lo largo de los siglos como un órgano consultivo de los Monarcas absolutos que nombraban a nobles y personas de confianza para desempeñar estas labores. Por supuesto en sus orígenes no había personas de reconocido prestigio jurídico y pienso que incluso podrían peligrar sus cabezas si tenían criterio propio y se apartaban de la obediencia ciega al soberano. 

Para no perdernos en los vericuetos de la historia, entraremos directamente en la regulación del Consejo de Estado en el texto de la Constitución de 1978.  El artículo 107 establece que el Consejo de Estado es el Supremo órgano consultivo del Gobierno. El artículo sexto de su ley orgánica dispone que el Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. En pura lógica parece que no hay duda de que debe predominar la experiencia en asuntos de Estado sobre los conocimientos jurídicos. Esta afirmación se refuerza si tenemos en cuenta que en su composición entran estamentos y personas que nada tienen que ver con las profesiones jurídicas (militares, alcaldes, ministros, rectores de Universidad y académicos de distintas disciplinas). Para las cuestiones jurídicas disponen de un selecto grupo de letrados que deben ser licenciados en Derecho y se encargan del estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo.

La insólita y sorprendente sentencia de 30 de noviembre de 2023, dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, provoca una profunda preocupación por su impacto sobre la división de poderes, el Estado de Derecho y la legalidad vigente. En ella se estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la Fundación Hay Derecho y declara que el RD 926/2022 de 31 de octubre por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio no es conforme a Derecho.

En mi opinión utiliza una interpretación carente de fundamento racional sobre lo que debe entenderse como jurista de reconocido prestigio. Cierto es que nuestro sistema contribuye a la confusión al condicionar, en algunos casos, el prestigio con el ejercicio durante quince años de la profesión. Como si se tratase de un producto vitivinícola, da preferencia a la añada sobre la calidad del vino. 

En la sentencia se relacionan los méritos de la Sra. Valerio Cordero. Los sintetizo porque son muy extensos: se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1985) y ha ocupado numerosos cargos administrativos entre los que destaca su condición de Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y en lo que puede afectar al contenido de la sentencia, Vocal de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Creo que con todos los antecedentes que cita se le pueden reconocer conocimientos jurídicos derivados de las funciones que ha desempeñado. El reconocido prestigio, que también se exige para otros cargos, es un concepto aventurado y subjetivo que no se puede afirmar o negar sin el riesgo de incurrir en una cierta inseguridad e incluso libre albedrío. 

Para justificar su decisión acude al Diccionario de la Real Academia Española, que en una primera acepción de la palabra prestigio significa la “pública estima de alguien o de algo fruto de su mérito”. En una segunda acepción “ascendiente, influencia, autoridad”. Siguiendo con el diccionario, estima es la “consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancias y ascendiente”. En su tercera acepción, es “predominio moral o influencia”. Estos significados apuntan con claridad a valoraciones efectuadas por terceros innominados y difusos. Jurista, sigue diciendo la Real Academia Española, es la “persona que ejerce una profesión jurídica”. ¿Las profesiones jurídicas son un coto cerrado o de listas abiertas? La certeza, seguridad y racionalidad que debe revestir una resolución judicial les obligaba a realizar una interpretación favorable. Como nos recuerda Hans Kelsen, el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva.

Pero sin duda, el mayor peligro para el Estado de Derecho emana de la parte de la sentencia que concede una amplísima e indiscriminada capacidad para recurrir decisiones políticas que corresponden a otros poderes del Estado. El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo con la revisión del Poder Legislativo. En la jurisdicción contencioso-administrativa no cabe la acción popular, y solo en los casos estrictamente señalados por la ley existe una acción publica (Urbanismo y medio ambiente). Extender la legitimación para recurrir obliga a la sentencia a dedicar cuatro páginas a reseñar en los casos en que se ha denegado y los pocos en los que se ha admitido. Llama la atención por su singularidad la admisión de un recurso de la Fundación del Toro de Lidia contra el Decreto que instaura el Bono Cultural Joven, que es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales sin extenderse a la tauromaquia. Sin entrar en el debate sobre la condición cultural de las corridas de toros, me parece que los más directamente perjudicados serían los empresarios de los cosos taurinos que viven de las taquillas.

La Fundación Hay Derecho, que ha provocado la anulación del nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado, nació en 2014 para promover la regeneración institucional, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho. La sentencia estima que “los fines fundacionales que mueven a la actora son la defensa del Estado de Derecho en España y la mejora de nuestro ordenamiento e instituciones”. Si estos objetivos se generalizan como fuente para legitimar un recurso contencioso-administrativo, queda abierta la puerta para que entren en tropel ciudadanos, asociaciones, fundaciones y todo género de grupos y grupúsculos que esgriman su preocupación, sincera o fingida, por el Estado de Derecho y la corrupción. Conozco a los componentes de la Sala que ha dictado esta sorprendente sentencia y estoy seguro de que si reflexionan sobre sus consecuencias serán conscientes de que han abierto la caja de Pandora. 

Como en el relato de la mitología griega, solo nos queda la esperanza de que este dislate sea corregido por los cauces legales.

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José Antonio Martín Pallin. Abogado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

¿Puede tener “reconocido prestigio” un jurista que haya asesorado, aun de modo informal, a un sospechoso de corrupción al tiempo que trabajaba como letrado de una institución pública? ¿Resulta inviable adjetivar como jurista de prestigio a quien dedique buena parte de su carrera a aplicar sus conocimientos en el campo del Derecho a la mejora de mastodontes esenciales, por ejemplo la Seguridad Social? Las dos preguntas que abren este texto, hasta ahora más ajustadas al marco de una tertulia de bar o televisión que al de un debate jurídico, han subido de golpe en el escalafón tras la sentencia por la que el Tribunal Supremo (TS) anula el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. Porque lo que aduce el Supremo es que Valerio carece de la condición de “jurista de reconocido prestigio”. Y que solo cumple el requisito de tener experiencia en asuntos de Estado.

Dictada por los mismos cinco magistrados que hace una semana anularon y tacharon de “desviación de poder” la designación de la también exministra Dolores Delgado como fiscal de sala –la Militar–, la sentencia da alas a la subjetividad. Como subrayan distintas fuentes, una cosa es exigir para un puesto que quien a él aspira lleve equis años ejerciendo tal profesión o disponiendo de determinados méritos tangibles y otra, sustentar la nulidad del nombramiento en un “concepto indeterminado” –esa definición la formula el propio Supremo– como el “reconocido prestigio”.

La sentencia, que invoca como fundamento de gran relevancia la definición que el diccionario de la Real Academia (RAE) ofrece sobre prestigio, no incluye mención corta ni larga a alguna resolución previa sobre la materia. Es decir, no incluye lo que en el argot jurídico se conoce como la siempre presente jurisprudencia. ¿Y por qué no lo ha hecho? “Porque no hace falta”, responde Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, impulsora del recurso que ha desmoronado el nombramiento de Magdalena Valerio.

Juristas consultados y que han pedido mantenerse en el anonimato califican la sentencia sobre Valerio como “clasista y de derechas” y representativa de un negacionismo peligroso: el que sostiene que no se puede adquirir prestigio jurídico en la actividad funcionarial en un ámbito como el de la Seguridad Social, que quedó bajo su batuta ministerial en 2018 pero que ya antes había centrado gran parte de su actividad profesional. Y docente: entre 1986 y 1990 fue preparadora de opositores y coordinadora del Área de Laboral y Seguridad Social en el Centro de Estudios Velázquez-ADAMS. "Su currículum –se lee en la sentencia del Supremo que dinamita su nombramiento– muestra una carrera funcionarial meritoria pero no se deduce la pública estima que implica el prestigio reconocido".

Aunque considera un “error” que el Gobierno no pusiera más celo y detalle en la motivación sobre por qué había elegido a Valerio, el profesor de Derecho en la Hispalense Joaquín Urías, que fue letrado del Tribunal Constitucional, va más lejos: “El reconocido prestigio es algo subjetivo, un concepto imposible de objetivar. En ciertos grupos sociales, sacar dinero de debajo de las piedras es prestigio mientras que para otros es desprestigio”. “Estamos viviendo en España un momento en que los jueces están entrando a sustituir a los políticos”, diagnostica Urías con un pesimismo que entronca con uno de los conceptos que hoy ocupan un lugar destacado en el tablero: el llamado lawfare, o el uso de la ley como arma de guerra política.

Gloria Elizo,  jurista que en la anterior legislatura fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso y que ahora observa la política desde la distancia, va más lejos: “La sentencia me parece clasista y machista. ¿No se puede ser jurista si eres funcionaria del grupo A2 como Valerio? ¿Un tramitador judicial no es jurista? ¿Ni un agente judicial? ¿Solo son juristas los magistrados, fiscales y abogados?”, se pregunta quien durante una etapa dirigió el equipo legal de Podemos.

La exigencia del “reconocido prestigio” aparece en múltiples documentos sobre lo exigible para optar a un determinado puesto. Pero, como relatan distintas fuentes, la presencia de tal locución había operado hasta ahora como un cromo sin más valor que el decorativo si ningún requisito mensurable se le añadía. Por ejemplo, uno de los tres presidentes del Consejo de Estado que han ocupado el cargo en las dos últimas décadas, el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, pasó la mayor parte de su trayectoria profesional en tareas políticas. Cuando Mariano Rajoy lo nombró presidente del Consejo de Estado en 2012 –Beccaría ya lo había sido entre 2003 y 2004– enfatizó en su discurso la altura de Romay “como jurista de reconocido prestigio”, que había cobrado “mayor realce con el aval de una vasta cultura, y de una experiencia vital y laboral singularmente rica”. “Hablo –agregó Rajoy– de su labor académica como docente universitario, pero también hablo de su desempeño como experto administrativista en una diversidad de puestos que siempre contribuyó a dignificar, sin importar su mayor o menor visibilidad pública”.

Según la biografía que difunde la web del Consejo de Estado, el exministro Romay dio clases de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago durante un curso, 1957-1958. Al año siguiente se incorporó como letrado al Consejo de Estado, entonces máximo órgano consultivo del Gobierno franquista. Tras la recuperación de la democracia, ostentó múltiples cargos políticos. ¿Considera Hay Derecho que un currículum como el de Romay Beccaría le convierte en un jurista de “reconocido prestigio”? De la Nuez asegura que no ha rastreado la trayectoria de los antecesores de Valerio.

¿Y se planteó Hay Derecho impugnar el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo , a quien uno de los audios captados por la Guardia Civil durante una investigación judicial le colocaron años atrás en una situación difícil al destapar cómo le transmitía a Ignacio González, sucesor de Esperanza Agurire en la Comunidad de Madrid y principal investigado en el caso Lezo, que estaba moviéndose para lograr que el próximo fiscal anticorrupción fuese “bueno”? De la Nuez contesta que no. Hasta 2022 –razona–, cuando la fundación actuó contra el ascenso de Magdalena Valerio, Hay Derecho no se había planteado ningún recurso porque se consideraba improbable que un tribunal le concediera rango de entidad legitimada para buscar la nulidad de una decisión del Gobierno.

Hay Derecho no ha accedido a facilitar copia de su recurso a infoLibre. Tan solo un párrafo donde cita una sentencia dictada por el Supremo en 2011 y de la que no incluye ningún entrecomillado, al menos en el texto remitido a este diario. Lo que Hay Derecho expone basándose en esa sentencia y tomándola como fuente es lo que sigue: “El reconocido prestigio que se predica de la condición de jurista implica, al menos, un ejercicio profesional desplegado durante el tiempo necesario para que se haya producido ese reconocimiento que, al no indicarse por quien ha de ser prestado, deberá entenderse que ha de proceder de la comunidad jurídica, del conjunto de los profesionales del Derecho”. En efecto, la sentencia a la que apela la fundación donde Elisa Nuez ocupa un lugar preponderante así lo afirma, tal y como ha verificado este periódico. Pero a renglón seguido añade algo de gran importancia: que “relacionar el requisito [de reconocido prestigio] con un periodo temporalmente determinado es consustancial al mismo”.  

En el caso de aquella resolución del Supremo, lo que se dilucidaba era si la Generalitat de Valencia (PP) había actuado o no correctamente al nombrar abogado de la Administración autonómica a alguien que, en contra de lo señalado por la ley valenciana, no reunía los 15 años de experiencia exigidos en el preámbulo de la norma. “La noción de jurista de reconocido prestigio, por su carácter abierto, es susceptible de ser entendida de diversas maneras pero solamente una es la procedente”, añadía en otro momento el Supremo. Se refería así a que la manera procedente era cumplir lo que dictaba la propia ley: exigir en el preámbulo y como requisito obligado que el elegido acumulase 15 años de experiencia. La Generalitat llegó a alegar que lo consignado en el preámbulo era un error material.

¿Qué hizo entonces el alto tribunal? Confirmar la sentencia previa, recurrida por la Generalitat y que había anulado el nombramiento del abogado de la Comunidad autónoma ¿Una peculiaridad de aquella resolución de 2011? Que el ponente fue Pablo Lucas, el mismo magistrado que ahora ha dirigido la sentencia que tumba el nombramiento de Valerio pese a que, en última instancia, la normativa para designar a quien ha de presidir el Consejo de Estado ni siquiera señala que los candidatos deban acreditar tal o cual periodo temporal de experiencia. 

Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia es uno de esos personajes vinculados a la nobleza patria. Sobre todo, desde que heredase el título de marqués de Vallcabra, una distinción nacida a comienzos del siglo XVIII. Su nombre resuena con intensidad en los círculos jurídicos de este país. Este abogado de amplia trayectoria profesional pertenece desde comienzos de los ochenta al cuerpo de letrados del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno de España. Es, de hecho, el jefe de juristas de la sección que despacha los asuntos procedentes de las carteras de índole económica del Ejecutivo. Una labor que, sin embargo, no ha tenido problema en desarrollar mientras ocupaba puestos de responsabilidad en el mundo financiero.

La doble vida de Javier Gómez-Acebo no es para nada una excepción dentro de este cuerpo de élite funcionarial, para cuyo acceso es necesario superar una durísima oposición con un programa de cerca de medio millar de temas. En el palacio del siglo XVII convertido en sede del Consejo de Estado y de la Capitanía General, ubicado en plena calle Mayor y a escasos pasos de donde se produjo el atentado contra Alfonso XIII, alrededor de una decena de letrados tiene reconocida la compatibilidad para poder ejercer también la abogacía en el sector privado. Algunos son letrados mayores. Otros ocupan los puestos rasos. Y quienes están detrás de la mayoría de ellos son los bufetes más reputados del país.

Pero el caso del marqués de Vallcabra presenta alguna diferencia respecto a lo que se considera habitual dentro del órgano consultivo. Fundamentalmente, porque su vida fuera del Consejo de Estado no se ha circunscrito exclusivamente a los bufetes. Gómez-Acebo ha ocupado el puesto de consejero de Andbank, en cuya página web se publicó su currículum con menciones expresas a su cargo en el Consejo de Estado. Y los documentos públicos de MyInvestor, un neobanco respaldado por el citado grupo, lo situaban a finales de diciembre como miembro del Consejo de Administración –consejero externo independiente– y presidente de la Comisión de Auditoría.

Los letrados del órgano consultivo están sujetos a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 1984. Una norma que en su artículo duodécimo prohíbe al personal comprendido en su ámbito de aplicación "la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores" de empresas o entidades privadas siempre y cuando "la actividad de las mismas esté directamente relacionada" con las que gestione el organismo en que preste sus servicios el personal afectado. Gómez-Acebo ejerce como letrado mayor de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la que se encarga justamente de despachar los asuntos que proceden de los Ministerios de Hacienda y Economía.

Este diario ha trasladado al letrado mayor una serie de cuestiones a través del órgano consultivo, cuya presidencia pasó a ocupar en noviembre Magdalena Valerio y desde donde se limitan a señalar que están "estudiando" el asunto. En concreto, se le ha preguntado si continúa a día de hoy como consejero independiente de MyInvestor, cuáles son sus funciones, si percibe alguna remuneración económica por sus labores en dicha empresa, si informó de que iba a formar parte del Consejo de Administración de la misma o si considera que su papel como consejero independiente choca con la norma sobre incompatibilidades. Gómez-Acebo, sin embargo, ha declinado hacer declaraciones al respecto.

El Consejo de Estado es una de esas instituciones con solera. Su nacimiento se remonta a los primeros compases del siglo XVI, durante la monarquía de Carlos I de España y V de Alemania. Y todavía hoy juega un papel fundamental. Al órgano se le consulta sobre proyectos de decretos legislativos, anteproyectos de Ley, asuntos de Estado a los que el Gobierno reconoce especial trascendencia, interpretación de tratados internacionales e, incluso, sobre reclamaciones patrimoniales que se formulen ante la Administración del Estado. Sus dictámenes, con carácter general, no son vinculantes. Pero a pesar de ello, casi la práctica totalidad de los mismos acaban siendo secundados por los órganos que han realizado la consulta.

Los letrados son una pieza fundamental del engranaje sobre el que funciona el Consejo de Estado, que solo en 2022 despachó cerca de dos millares de asuntos. Ellos son los que se encargan de estudiar, preparar y redactar los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta, de cuya aprobación se encargan posteriormente los consejeros. Unos borradores que a menudo, sobre todo cuando se trata de cuestiones puramente técnicas, reciben el visto bueno sin apenas modificaciones. Actualmente, según la información oficial, el máximo órgano consultivo del Gobierno dispone de 28 letrados, nueve de ellos mayores –uno por cada una de las secciones en las que se organiza el Consejo de Estado–. Y hay una nueva oposición en marcha.

Una parte importante de estos juristas no se dedican en exclusiva al Consejo de Estado. Compatibilizan sus funciones públicas con una segunda vida en el sector privado. En concreto, en algunos de los despachos de abogados más potentes del país. Alfredo Dagnino ingresó en el cuerpo de letrados del órgano consultivo del Gobierno en la década de los noventa. Ahora, treinta años después, es mayor de la Sección Primera, la que se encarga de despachar los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Presidencia y Política Territorial. Al mismo tiempo, figura como socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. De hecho, se le incluyó en el grupo de trabajo encargado de la auditoría sobre los abusos sexuales en la Iglesia.

Al igual que Dagnino, también tienen la consideración de letrados mayores sus compañeros José Leandro Martínez-Cardós y José Luis Palma. El primero, ejerce en la Sección Sexta, centrada en el Ministerio de Transportes. El segundo, en la Tercera, encargada de las cuestiones que salen de Exteriores e Interior. Martínez-Cardós aparece vinculado al despacho Martínez-Cardós Abogados, un bufete con aire familiar especializado en áreas como el derecho público, inmobiliario o fiscal. Palma, por su parte, figura como of counsel de Público y Regulatorio en Gómez Acebo & Pombo, un bufete con más de tres centenares de abogados que en los últimos años ha llegado a representar a más de siete de cada diez empresas del Ibex.

Esa expresión inglesa, la de of counsel, es la que se utiliza con carácter general para hacer referencia a aquellos juristas que, manteniendo su actividad principal, se incorporan a un bufete para trabajar, normalmente, a tiempo parcial. Con esta categoría figura el letrado Jesús Avezuela en el Grupo de Práctica Corporativa del despacho Squire Patton Boggs, una firma internacional con oficinas en alrededor de una veintena de países. En su caso, forma parte de la sección que despacha los asuntos procedentes de los ministerios de Sanidad, Educación, Ciencia, Consumo, Universidades y Cultura. La misma, la Séptima, es a la que pertenece el letrado Lucas Blanque, que aparece como socio del bufete GC Legal.

No hay ningún problema en que estos juristas del órgano supremo consultivo del Gobierno puedan ejercer la abogacía en el sector privado. Eso sí, siempre y cuando tengan reconocida la compatibilidad. Algo que en este cuerpo suele ser más frecuente que en otros de alto nivel. En la actualidad, tienen permiso para compatibilizar su trabajo público con el de abogado fuera del Palacio de los Consejos una decena de los 28 letrados, prácticamente uno de cada tres. En el caso de los abogados del Estado, antes de la pandemia apenas tenían reconocida la compatibilidad alrededor de una veintena sobre un cuerpo que supera los seis centenares de miembros.

Todos los letrados mencionados en este artículo, incluido Gómez-Acebo, forman parte del grupo que tiene actualmente reconocida la compatibilidad para ejercer exclusivamente la abogacía. Una doble vida que, por supuesto, tiene repercusión a nivel salarial. "En función de las horas que se pidan para dedicar al bufete, el sueldo va disminuyendo", explican a infoLibre desde el Consejo de Estado. Como mínimo, completan, estos letrados, que aunque pueden teletrabajar tienen que estar presentes tanto en las reuniones de sección como en los encuentros semanales de la Comisión Permanente del órgano, ven reducido en un 30% el complemento específico de productividad.

En ocasiones, estas labores en el ámbito privado han llegado a colocar a estos juristas en medio de una guerra con la propia Administración. Es lo que ocurrió en 2015. Aquel año, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió poner sobre la mesa del rey, y sin pasar por el Consejo de Ministros, un real decreto para cesar al rector del Real Colegio de España en Bolonia y nombrar a un sustituto, como publicó El Mundo, al margen de la Junta de Gobierno de la institución. Los representantes del centro tacharon el movimiento de ilegal. Y lo hicieron en base a un informe que habían encargado a uno de los entonces letrados mayores del órgano consultivo: José Antonio García-Trevijano. Un documento de parte.

Los juristas del Consejo de Estado que ejercen la abogacía no son, sin embargo, los únicos que tienen una vida fuera del órgano consultivo. Otros muchos también la tienen, pero dedicándose en su caso a la enseñanza. Algunos ejercen como profesores de Derecho en universidades como Comillas, CEU San Pablo o IEB. Otros, participan en másteres para el acceso a la Abogacía. Una labor educativa que no supone un problema. Al fin y al cabo, el reglamento orgánico del órgano consultivo establece que "las funciones de carácter docente" serán "compatibles" cuando "no perjudiquen al buen servicio del Consejo" y siempre con la autorización previa del presidente del órgano.

Lunes, 22 de febrero de 2021. Un escrito, registrado por un particular y dirigido al Consejo de Ministros, entra de lleno en el sistema de la Administración. El documento guarda relación con la pandemia. Y gira alrededor de una cifra: 251.826,06 euros. Es la cantidad que se exige al Estado por los daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para poner freno a la expansión del coronavirus a lo largo y ancho de todo el país. El reclamante es dueño de una cafetería y defiende que las restricciones impuestas a la hostelería le han ocasionado un roto económico considerable. Expone que ha perdido productos perecederos, clientes, estímulo comercial. Y echa, en parte, la culpa de esta situación al propio Ministerio de Sanidad.

Aquella petición acabaría llegando a la mesa del Consejo de Estado. Y representa sólo una pequeña gota dentro del océano de reclamaciones patrimoniales sobre las que se ha tenido que pronunciar el supremo órgano consultivo del Gobierno desde el comienzo de la crisis sanitaria. Durante meses, el Palacio de los Consejos ha recibido casos de este tipo por decenas. De hecho, el aluvión llegó a tal punto que desde la institución que ahora dirige Magdalena Valerio tomaron la decisión de constituir una ponencia especial con letrados de varias de las secciones para tratar de generar una doctrina aplicable y poder agilizar todo lo posible la resolución de estas reclamaciones patrimoniales vinculadas a la pandemia.

Hasta el pasado viernes, según los datos facilitados a infoLibre, los registros del órgano consultivo recogían 875 expedientes vinculados a peticiones económicas derivadas de la crisis sanitaria, la gran mayoría de ellas procedentes de la hostelería, uno de los sectores más castigados por el frenazo en seco de la actividad que supuso el estallido de la pandemia. Ahora bien, fuentes del Consejo de Estado reconocen que el ritmo de entrada se ha ido reduciendo progresivamente con el paso del tiempo. Tanto es así que, explican esas mismas fuentes, en los dos meses que llevamos de 2023 no ha entrado todavía en ningún asunto nuevo de estas características, lo que parece indicar que el aluvión de procedimientos puede estar llegando a su fin.

Las reclamaciones patrimoniales son uno de los asuntos sobre los que la ley exige pedir opinión al órgano consultivo, una lista de la que también forman parte los proyectos de decretos legislativos o determinados anteproyectos de ley, entre otros. No obstante, no todas pasan por el Palacio de Consejos. Sólo lo hacen las importantes. En concreto, aquellas cuya cuantía reclamada sea igual o superior a los 50.000 euros. Esto permite situar en más de 43 millones de euros –y eso como poco– el volumen de dinero reclamado al Estado a través de los casi nueve centenares de expedientes que han recalado en el órgano consultivo. Por hacerse una idea, es más o menos lo que el Gobierno ha destinado en 2023 al plan de acción de salud mental.

El Consejo ya se ha pronunciado sobre buena parte de las peticiones económicas. De hecho, fuentes de la institución explican que a día de hoy solo quedan pendientes aquellas que entraron en los últimos compases del pasado mes de diciembre. Y en la "inmensa mayoría" de los casos, llegados a través del Ministerio de Hacienda, se han posicionado en contra de abonar las indemnizaciones reclamadas. Los dictámenes emitidos por el órgano consultivo tan sólo recogen su criterio, proponiendo la resolución que se considera más adecuada. Es decir, no son vinculantes, por lo que la decisión definitiva queda en manos del propio Ejecutivo. No obstante, fuentes de la institución señalan que, por lo general, la Administración Pública suele pronunciarse en el mismo sentido.

La clave de que las reclamaciones patrimoniales vinculadas a las actividades comerciales se estén estrellando contra el órgano está en el Constitucional. Hace algo más de un año, la corte de garantías tumbó parte del primer decreto sobre el estado de alarma. En concreto, declaró inconstitucional parte del artículo centrado en las limitaciones a la libre circulación de las personas. Sin embargo, no puso un pero a las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial –artículo 10–, entre las que se encontraba la suspensión de la hostelería y la restauración. "Se procuró, limitando la concentración de personas, atajar o contener la propagación del virus y proteger tanto la salud de todos como la suficiencia del sistema sanitario nacional", aseveraron los magistrados.

La doctrina del Consejo de Estado sobre estas reclamaciones patrimoniales centradas en la limitación de la actividad económica durante los momentos más duros de la pandemia se apoya, en buena medida, en esa resolución del Constitucional. Y así pudo verse en el rechazo emitido respecto a los más de 250.000 euros exigidos en aquel escrito dirigido al Consejo de Ministros en febrero de 2021: "No cabe declarar la responsabilidad por el mero pronunciamiento de inconstitucionalidad de determinados preceptos del Real Decreto 463/2020. En concreto, se declaró inconstitucional el artículo 7.1, 3 y 5. Sin embargo, no lo hizo con el artículo 10, que es el invocado como hecho lesivo de sus derechos y causante de los daños que dice haber sufrido".

En ese dictamen, además, se recordaba al reclamante que la corte de garantías había "delimitado" el "alcance" en la declaración de inconstitucionalidad "en lo tocante a eventuales reclamaciones de responsabilidad". "Al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas", deslizaba la sentencia del TC. Todo eso, a juicio del Consejo de Estado, hacía imposible aceptar la petición económica. Ni siquiera aunque se consiguiesen acreditar los daños que el reclamante aseguró haber sufrido, algo que tampoco se hizo en este caso: "No hay atisbo de prueba alguna que sirva de soporte para justificar ni la realidad del daño, ni el montante fijado en concepto de indemnización".

La doctrina del Consejo de Estado también cierra la puerta a utilizar el funcionamiento del Centro Nacional de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el departamento dirigido por Fernando Simón, para exigir responsabilidades al Estado. Esa era, justamente, otra de las direcciones a las que apuntaba el dueño de la cafetería cuando registró su reclamación patrimonial. Así, defendía que existía una "relación de causalidad" entre el "anormal funcionamiento" de ese servicio y la "expansión de la crisis sanitaria". Y recordaba que dicho órgano no había detectado los riesgos que el coronavirus comportaba ni había llevado a cabo las "acciones precisas" de "coordinación" entre el sistema sanitario y otros sistemas.

El supremo órgano consultivo, en su dictamen, deja claro que no hay relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio de alerta sanitaria y "las eventuales lesiones". En este sentido, recuerda que los informes de Sanidad y Presidencia acreditan que estos organismos "desarrollaron una intensa actividad de información y coordinación", y que lo hicieron tanto antes como después de la declaración del estado de alarma. Y, además, señala que las medidas que se plantearon y adoptaron eran "pertinentes" a la vista de las circunstancias, con el conocimiento científico que se tenía de la epidemia. "Su procedencia o eventual desacierto no pueden ni considerarse o enjuiciarse conforme a lo conocido con posterioridad ni generar responsabilidad aun cuando fueren mejorables a la vista de los conocimientos adquiridos luego", sentencia.

La guerra del agua tiene ahora un principal campo de batalla: el Consejo de Estado. El órgano consultivo, presidido por Magdalena Valerio, estudia ahora mismo el proyecto de decreto del Gobierno que ha tensionado las relaciones entre comunidades y partidos por el trasvase Tajo-Segura.

Según fuentes del Consejo de Estado, está previsto que el dictamen final se emita el próximo 19 de enero por parte de la Comisión Permanente. El Gobierno le ha dado como fecha tope el día 20, por lo que se prevé que sea en la reunión del día anterior cuando acabe su trabajo. 

El informe no es vinculante, pero se ha convertido en un objeto de deseo para partidarios y contrarios a ese plan del Tajo, por el que se crea un caudal ecológico y, por tanto, mermaría en el futuro la cantidad que se pueda trasvasar a la cuenca del Segura. La Generalitat valenciana, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia han anunciado alegaciones para intentar que las consideraciones sean desfavorables, en tanto que Castilla-La Mancha ha enviado al Consejo su escrito apoyando el proyecto enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pilotado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

El expediente, según las fuentes del Consejo de Estado, sobre el proyecto tiene unos 5.000 folios. Y es que no se trata de un texto legislativo sólo sobre el Tajo-Segura, sino que incluye todos los planes hidrológicos de tercer grado. Por lo que está toda la información recabada sobre ellos, además de las alegaciones registradas en el órgano consultivo.

En estos momentos, el expediente se encuentra en manos de la Sección Octava, presidida por el consejero permanente Enrique Alonso García, ya que es el departamento encargado de los asuntos procedentes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Forman parte de ella el letrado mayor José María Jover Gómez-Ferrer y los letrados Noemí Adelaida Gámez Moll y Francisco Fernando Jiménez Colorado.

Lo que tiene que hacer ahora esta Sección Octava es elaborar el dictamen, con sus observaciones y consideraciones sobre el proyecto de ley. Este texto tiene que pasar luego a la Comisión Permanente, donde se tiene que discutir y aprobar. La idea que maneja el Consejo es ver el proyecto de decreto ese día 19 (el 12 no daba tiempo) y también puede a su vez modificar el texto remitido por la sección.

Una vez se decida sobre el texto y se emita un dictamen final, se enviarán las conclusiones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que puede utilizarlo para cambiar o no el proyecto que se enviará posteriormente para su aprobación por parte del Consejo de Ministros (el Gobierno quiere hacerlo durante este mes de enero).

El informe, no vinculante, será el primer gran foco mediático del Consejo de Estado desde que llegara a su Presidencia Magdalena Valerio. La exministra de Trabajo ocupa ese puesto desde el pasado 10 de noviembre, tras dejar el principal sillón la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Durante su toma de posesión, Valerio puso en valor que se trata de una institución “que goza de autonomía orgánica y funcional, con independencia y objetividad”. “Una de las fortalezas del Consejo de Estado es que está conformado por consejeros y consejeras de distinta procedencia y trayectoria profesional. Su capacidad para aunar criterios teniendo en cuenta los proyectos de dictámenes elaborados por el Cuerpo de Letrados son garantía de ecuanimidad y consiguen con su labor el prestigio de la institución y la auctoritas de su doctrina”, subrayó.

Y ahora ese Consejo tendrá que tomar posición sobre un proyecto de decreto que, según el Gobierno, viene a cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen un caudal ecológico para el Tajo y la planificación atendiendo a la crisis climática. En cambio, la Generalitat Valenciana, en sus alegaciones trabajadas por la Abogacía autonómica, presiona para que el informe sea desfavorable al entender que la actuación del Ministerio de Transición Ecológica “ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”.

La exministra socialista de Trabajo, Magdalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, que dimitió del cargo el pasado jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno.

Valerio es actualmente diputada del PSOE por Guadalajara en el Congreso de los Diputados. Fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. 

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado recibir con "inmenso honor" que el Consejo de Ministros vaya a proponerla como sucesora de Fernández de la Vega. Valerio ha destacado que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo el país, regulado en la propia Constitución, por lo que le "encantaría" asumir ese cargo, que afrontaría "como siempre, con ilusión y sentido de la responsabilidad".

No obstante, ha precisado que lo que se ha dado a conocer este domingo es que el Consejo de Ministro del próximo martes, además de aceptar la dimisión de Fernández de la Vega va a proponer su nombre para el cargo. "Pero después va todo un proceso, por el que tengo que comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso para voten sobre mi idoneidad y luego el Consejo de Ministros tendría que formular el nombramiento", ha explicado.

La destitución de la que fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será efectiva a partir del próximo martes 18 de octubre, ya que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Su renuncia se produjo tras cumplir el compromiso adquirido por De la Vega con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de acometer una serie de reformas como la digitalización y la transparencia de la institución.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha renunciado este jueves a su cargo al frente de la institución, según informan a Europa Press fuentes del citado Consejo. No obstante, es previsible que continúe como consejera vitalicia en el citado órgano institucional.

La destitución de la que fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será efectiva a partir del próximo martes 18 de octubre, ya que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros.

Las mismas fuentes explican que la renuncia se produce tras cumplir el compromiso adquirido por De la Vega con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de acometer una serie de reformas como la digitalización y la transparencia de la institución.

Sin embargo, es previsible que De la Vega siga como miembro permanente del citado Consejo, aunque también es el Ejecutivo quien debe aprobar el nombramiento. De hecho, quedará vacante un puesto en la Comisión Permanente del Consejo de Estado ya que la semana pasada dimitió la consejera permanente elegida por el PSOE Victoria Camps.

El cese de De la Vega fue adelantado por ElDebate a principios de esta semana, pero fue negado desde el Consejo de Estado. Hasta el día de hoy no lo han confirmado. Según este medio, De la Vega regresará al cargo vitalicio que tenía con anterioridad y que había perdido al ser designada como presidenta del Consejo de Estado en julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Volviendo de esta forma a ser una de los 9 consejeros vitalicios.

Si finalmente el martes el Ejecutivo no nombrase a un nuevo presidente, podría ejercer el cargo en funciones el titular de la sección primera, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Apenas unos retoques técnicos y unos mínimos ajustes para aportar riqueza y seguridad jurídica al texto. Estos son los pequeños cambios que se van a introducir en el proyecto de ley de Memoria Democrática en su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para poder enviarlo a las Cortes Generales en unos días, "previsiblemente" el martes 13 de julio. El espírutu y el fondo de la propuesta apenas van a cambiar, según han confirmado a infoLibre fuentes gubernamentales, que añaden que el Ejecutivo mantendrá la intención de perseguir todos aquellos actos o fundaciones que hagan apología de la dictadura. Un precepto que parece tener un objetivo muy concreto: la Fundación Francisco Franco.

En un mes de julio que se prevé intenso en cuando a la aprobación de importantes proyectos de ley por parte del Gobierno de coalición, la de Memoria Democrática, empeño de la vicepresidenta Carmen Calvo desde que comenzó la actual legislatura, será uno de los textos de más calado y a su vez más controvertidos que empezará su andadura en el Congreso a partir de septiembre. Largo ha sido el camino del anteproyecto en el trámite de consulta al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, con resultados más o menos favorables para la propuesta del Ministerio de Presidencia.

Sobre todo fue el órgano de gobierno de los jueces el que se mostró un tanto crítico con el anteproyecto. El principal escollo que veían la mayoría de vocales es, en su opinión, que la intención de prohibir actos y fundaciones que hagan enaltecimiento del franquismo vulnera el derecho a la libertad de expresión o de reunión. Su alternativa es que en el texto se debería plantear esa prohibición siempre que no se humille a las víctimas. Sin embargo, el Gobierno lo tiene claro: el objetivo se mantiene, pues ve "irrenunciable" perseguir la apología de la dictadura. Desde el Gobierno consideran que cualquier tipo de acto de exaltación del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura lleva implícita una humillación a las vícitmas. Calvo lo explicaba así en una entrevista pocos días después de conocerse el informe del Poder Judicial: "Enaltecer es seguir vilipendiando a las víctimas".

Para el CGPJ, además, la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una tutela "asimétrica" de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de Derechos Humanos acaecidos en el periodo histórico contemplado por el legislador, lo que no resultaría compatible con el igual respeto y consideración que merece todo ser humano por el hecho de serlo. La vicepresidenta, nuevamente, lo tiene claro: si la ley se centra en el franquismo como el totalitarismo a combatir es porque es el que se ha sufrido en España. "En ese debate siempre se hace la típica propuesta tramposa de todos los totalitarismos, pero el que le corresponde a los españoles fue el levantamiento de la ultraderecha contra la democracia constitucional", explicó.

Así, Calvo adelantó que lo que iban a estudiar desde su departamento era "que no exista ningún instrumento que enaltezca al dictador" porque consideran que "naturalmente sí que es de interés general que nadie en este país enaltezca ningún tipo de totalitarismo". Todo ello con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica al texto, según fuentes conocedoras del proyecto consultadas por este periódico, que apuntan que, de todas formas, la vertebración de la norma sigue sin cambios.

Así, por ejemplo, se prevé mantener intacta la exposición de motivos, en la que se hace mención a la regulación como "causa de extinción de fundaciones, por no constituir fin de interés general la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra o del franquismo". Y lo que se considera que no responde a la promoción de fines de interés general son "aquellas asociaciones que entre sus fines o con sus actividades lleven a cabo apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales, así como las consecuencias de tal previsión".

El camino del anteproyecto en el CGPJ hace presagiar un intenso debate y posturas claramente enfrentadas en las Cortes Generales con respecto a esta ley. En el órgano de gobierno de los jueces el informe, que es preceptivo pero no vinculante, se retrasó debido a la falta de acuerdo de los ponentes, uno conservador y otro progresista. Fueron sustituidos por otros que finalmente alcanzaron un texto de consenso que fue el que después se aprobó en el Pleno, no sin votos particulares y concurrentes. No obstante, vistas las mayorías parlamentarias en las dos cámaras legislativas, todo hace pensar que el Gobierno sacará adelante el proyecto de ley sin mayores problemas.

Auditoría del expolio, anular la justicia represiva y abrir fosas

Como se ha visto, y como ya pasó con su predecesora, la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la norma que está llamada a sustituirla no estará exenta de polémica, pues es mucho más ambiciosa. Tal y como ya contó infoLibre, la ley pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, introduce la memoria en los institutos, aparte de lo ya mencionado de perseguir la apología de la dictadura, que ha sido el punto más conflictivo.

La anterior Ley de Memoria Histórica ya inició el camino de eliminar los símbolos de exaltación del franquismo, pero el proceso ha sido más lento de lo esperado. Sólo hace cuatro meses que la Asamblea de Melilla dio luz verde a la retirada de la última estatua de Francisco Franco que quedaba en pie en la vía pública. En las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, donde quedaban multitud de símbolos en forma de placas, escudos preconstitucionales, mosaicos, vidrieras y bustos del dictador que han ido retirándose o tapándose, en caso de no poder quitarlos, a lo largo de los años. En total, más de 400 símbolos a lo largo y ancho del territorio nacional que poblaban fachadas principales, escaleras, jardines, gimnasios, pórticos, recibidores e incluso baldosas de instalaciones militares que exaltaban la figura de Franco y su victoria en la Guerra Civil y que habían permanecido inamovibles durante cuarenta años.

Pero aún queda mucho por hacer. Este mismo jueves, la consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Lourdes Ciuró, reveló que había recibido una resolución judicial que ordenaba paralizar la retirada del monumento franquista del río Ebre en Tortosa (Tarragona) mientras se resuelve una petición cautelar, según informa Europa Press. Ciuró mostró su confianza en que la situación se pueda "desencallar" antes del 18 de julio, cuando estaba previsto que empezaran los trabajos para desmontar el monolito del monumento a la Batalla del Ebro, por lo que espera que la jueza no tenga "problema en poderlo retirar, porque es un monumento fascista que honora a un bando, el que ganó la guerra, y se tendría que retirar".

A mediados de 2020, aún había en España más de 500 calles que mantenían nomenclatura franquista, veinticinco de ellas dedicadas al propio dictador. Y es que en la norma que aún está en vigor, la de 2007, no se hace mención expresa a callejeros de localidades, sino que determina en genérico que "las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". En la futura Ley de Memoria Democrática sí se habla de "topónimos, callejero o denominaciones de centros públicos realizados en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura" y lo extiende "sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

El Consejo de Estado muestra su "preocupación" por la eliminación o modulación, llevada a cabo por el Gobierno en el Real Decreto sobre la administración de los fondos europeos para la recuperación económica, de mecanismos de control "en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

El informe, que ha sido recogido por Europa Press, fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 21 de diciembre y en él examina el expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Real Decreto fue convalizado en el Parlamento pero el PP acusó al Gobierno de haber ocultado el citado informe del Consejo de Estado. El citado organismo lo ha hecho público este lunes con la advertencia de que se deben implementar "todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación".

En este sentido, el informe precisa que "a la regulación proyectada" por el Gobierno, se formulan observaciones de distintan naturaleza y entidad, que "con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

Entre dichas observaciones, resaltan aquellas que han calificado como "esenciales" por considerarlas "especialmente relevantes" en aras a lograr un "elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos", las relativas a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos.

Casado pide explicaciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido explicaciones en el Congreso al Gobierno por "ocultar" el "demoledor" informe y ha recordado que el Gobierno aprobó gracias a Bildu y Vox el "decretazo para repartir a dedo" y "sin control parlamentario ni administrativo" ese dinero. En concreto, el primer partido de la oposición va a registrar este mismo lunes la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.

El PP considera que el Gobierno debe dar explicaciones porque el informe del Consejo de Estado "demuestra la discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos por parte del Gobierno para el control de los fondos de la UE". "Exigimos la comparecencia del Gobierno para explicar la ocultación hasta hoy del demoledor informe del Consejo de Estado en la campaña catalana", ha asegurado el presidente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Durante la campaña catalana para las elecciones del 14 de febrero, Casado anunció que el PP recurriría al Tribunal Constitucional la "ocultación" de ese informe del Consejo de Estado para intentar anular la votación del decreto de fondos europeos que se aprobó en el Congreso el 28 de enero. Casado ha recordado este lunes que ese decreto salió adelante gracias a la abstención del partido de Santiago Abascal. "El decretazo para repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo fue aprobado por PSOE, Podemos, Bildu y Vox", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ha resaltado que ahora saben "qué pretendía ocultar" el Gobierno. "Exigimos explicaciones urgentes en el Congreso", ha reclamado. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha subrayado que el informe del Consejo de Estado es "demoledor" y constata "discrecionalidad, falta de rigor jurídico y ausencia de controles". "Ahora sabemos qué ocultaban. Reclamamos la comparecencia urgente de Calvo y Redondo en el Congreso", ha confirmado la dirigente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Cs dice que el informe confirma su temor a que el Gobierno reparta los fondos europeos "a dedo"

Ciudadanos ha afirmado este lunes que el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos confirma el temor de la formación naranja a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero "a dedo" entre "sus amigos", y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que su partido ya advirtió de que "era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de (Pedro) Sánchez y sin control" y "por eso ocultaron este informe que lo constata".

"PSOE, Podemos y Vox deben rectificar y aceptar nuestra propuesta de crear una agencia independiente para la gestión de los fondos", ha añadido Arrimadas sobre la propuesta que la formación naranja planteó como enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedente del decreto convalidado en diciembre por el Congreso.

El Partido Popular ha interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la convalidación del decreto de los fondos europeos "sin el informe perceptivo del Consejo de Estado". Esto se produce, según ha explicado la formación a través de un comunicado recogido por Europa Press, después de la "negativa" del Gobierno a remitir dicho informe y el rechazo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a abordar esta cuestión en el Congreso y a solicitar una copia del mismo.

En su recurso, el PP recuerda que esta "ocultación" imposibilitó que el Congreso de los Diputados pudiera expresar su voluntad conociendo "todos y cada uno" de los elementos a tener en consideración. Por ello, al reservarse el dictamen únicamente para conocimiento del Ejecutivo, se cometió, en opinión de la formación que dirige Pablo Casado, "una actuación harto impeditiva del ejercicio pleno de la función legislativa".

El PP recuerda también que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó a la presidenta del Congreso, a través de una batería de iniciativas, una reunión urgente y extraordinaria de la Mesa en la que se acordara dirigirse al Gobierno para que remitiera dicho dictamen a la Cámara.

También solicitó que los servicios jurídicos emitieran un informe sobre la validez de dicho decreto y si pudiera ser objeto de nulidad, así como reiterar al presidente del Gobierno sus obligaciones constitucionales, entre ellas remitir al Parlamento los expedientes de elaboración de las normas completos.

"Si el Tribunal Constitucional reconoce la petición de amparo solicitada por el PP se daría marcha atrás en la tramitación. Las consecuencias de la vulneración se fijarán en la sentencia y lo normal es retrotraerse al momento en que se ha vulnerado el derecho", ha advertido la formación.

ERC, Compromís, BNG y Más País estrenan este miércoles la legislatura registrando la primera proposición de ley, que traspone la directiva de la UE de protección de los alertadoresla directiva de la UE de protección de los alertadores y ha sido redactada por la plataforma ciudadana Xnet. La iniciativa se presenta con el apoyo de 16 diputados, tal como exige el Reglamento del Congreso, y de aprobarse, España será el primer miembro de la Unión Europea en trasponer la mencionada directiva, aprobada el pasado mes de abril. A partir del 26 de noviembre los estados tienen un plazo de dos años para trasladarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Ya es la segunda vez que Xnet, a través de ERC y Compromís, presenta esta proposición de ley. La registraron el pasado junio, pero la iniciativa decayó al convocarse nuevas elecciones y disolverse las Cortes en septiembre. La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores –conocidos como whistleblowers en inglés–, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés general. Hervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football Leaks; Antoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales; Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA, Ana Garrido denunció la corrupción del caso Gürtel, Azahara Peralta fue la alertadora del caso Acuamed. Son sólo algunos de los nombres detrás de las filtraciones más importantes de los últimos años.

“Es un trabajo de la sociedad civil”, destaca la fundadora de Xnet, Simona Levi, sobre la proposición de ley, que en estos seis meses ha sido “revisada y matizada” con la ayuda de Whistleblowing International Network (WIN) y de Blueprint for Free Speech a partir del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción. Además, explica la proposición en su exposición de motivos, recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Europa y las disposiciones de la ONU y de la OCDE sobre la materia. Igualmente tiene como referencia la ley de la Generalitat valenciana que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Sus redactores pretenden que la futura ley no sólo proteja a los alertadores, sino también a los “facilitadores”, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Además, quiere cubrir todos los ámbitos: las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social–, así como las agencias estatales y las autoridades independientes, el Defensor del Pueblo, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado deberán disponer de “canales de alerta anónimos y seguros”, tanto externos como internos. Las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarán obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo será obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Las empresas privadas no estarán obligadas: la nueva proposición de ley –a diferencia de su primera versión, que sí incluía en su ámbito de aplicación a aquéllas con más de 10 millones de euros de facturación– sólo establece que éstas “podrán” crear canales “externos” de alerta.

“Convicción razonable”

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o un delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general”, podrá comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución.

Para ser considerado un alertador, basta con que un particular tenga una “convicción razonable” sobre la “verosimilitud y fiabilidad” de la información que suministre. Sea cual sea su motivación para hacer la denuncia. “El origen de la información no se tendrá en consideración para su calificación como información constitutiva de alerta”, subraya el texto. “A veces [ir más allá de la convicción razonable] se utiliza para hacer un maluso de la ley y engañar al alertador, que no tiene por qué saber si lo que denuncia es un delito o no”, explica Simona Levi. Como una alerta no es una denuncia, añade la proposición, deberá ser el órgano administrativo que la reciba quien deba comprobarla e investigarla.

Las informaciones que se pueden desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no será delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, reza el texto.

Asistencia jurídica gratuita y protección policial

Además, al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores que pretende crear la proposición de ley. Su misión será velar por que los filtradores y facilitadores no sufran “aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales”. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones. El director de esta agencia permanecerá en su puesto durante siete años y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse una consulta a la ciudadanía, explica el texto. Fue el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana: Joan Linares, que había denunciado el caso Palau.

La proposición de ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los alertadores, ni discriminaciones, ni amenazas, lo mismo contra ellos que contra sus familias, compañeros, superiores o bienes. Por supuesto, les reconoce el derecho a no ser sancionados o despedidos por haber hecho una denuncia. De hecho, la futura norma prevé también protección policial si es necesario. Al igual que sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Una protección integral que parte de la base de considerar la denuncia de irregularidades en el interés público como “una forma de libertad de expresión protegida”. Según resalta la proposición de ley, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

Una de las principales incógnitas que se planteaban sobre el Gobierno de Mariano Rajoy una vez que el expresidente se incorporó a su plaza de registrador de la propiedad tenía que ver con los pasos que daría Soraya Sáenz de Santamaría. La exvicepresidenta del Gobierno, que fue derrotada por Pablo Casado en el proceso para acceder a la presidencia del Partido Popular, dejó la política a la vuelta del verano y, desde ese momento su futuro ha sido objeto de especulaciones, rumores y todo tipo de interpretaciones. Había quienes decían que estaba preparando su regreso a la política intentando unir a los dirigentes del PP críticos con Casado. También había quienes apostaban a que esperaría los dos años que establece la ley para incorporarse con garantías al sector privado. Y quienes tenían claro que estaba estudiando varias ofertas, buscando la que menos chirriase con las leyes que vigilan el tránsito del sector público al privado. Este lunes se disiparon todas las dudas cuando se hizo público que había sido fichada por el despacho Cuatrecasas, uno de los principales de España.

Lo hace, señalaron desde la empresa, "después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas". Así lo confirmaron a infoLibre desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento que controla la Oficina de Conflictos de Intereses. Santamaría, señalaron las citadas fuentes, solicitó autorización "en los primeros días del mes de febrero" y recibió el "informe favorable en los primeros días del mes de marzo". Antes de recibir el visto bueno, desde la Oficina de Conflictos de Intereses se solicitó información a los departamentos gubernamentales con los que tuvo relación Santamaría a los efectos de comprobar si había tomado "alguna decisión relacionada con esa firma". No hubo ningún informe negativo que frenase los planes de esta abogada del Estado en excendencia, destacan.

Más de una decena de cargos: desde la Vicepresidencia al control del CNI

Esto es lo que ocurre sobre el papel. Pero, en la práctica, es complicado que la exvicepresidenta, exministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y exportavoz del Gobierno vaya a encontrarse con cuestiones respecto a las que no haya tomado decisiones en su etapa como política. Porque además de estos cargos, Santamaría fue vicepresidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidenta de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad y presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. Además de haber tenido a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De especial relevancia fueron sus responsabilidades en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, el órgano que se encarga de estudiar y preparar los asuntos que se someten a deliberación en los Consejos de Ministros.

El Partido Popular llegó al Gobierno con varios casos de corrupción a sus espaldas y en un intento de marcar el fin de una etapa, intentó envolverse en la bandera de la transparencia y la regeneración. La Ley de Transparencia y del Alto Cargo de la Administración General del Estado se entienden en este contexto. Es precisamente la segunda de estas leyes la que limita el aterrizaje de expolíticos como Santamaría en el sector privado.

En su artículo 15 señala que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". También, que esta prohibición "se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario". Para facilitar el cumplimiento de la legislación, existe la posibilidad de solicitar una compensación económica mensual con dos años como tope.

El pacto de Emilio Cuatrecasas

Pese a contar con la autorización pertinente en estos casos, Santamaría formó parte del Gobierno que permitió que el expresidente del bufete de abogados Cuatrecasas Emilio Cuatrecasas eludiese en 2015 su ingreso en prisión después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado. Así lo adelantó este lunes elplural.com. El citado diario informa de que una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a la Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales. Al final, acabó en una condena de 24 meses.

El debate sobre la llamada puerta giratoria y sus límites es recurrente cada vez que un político da el salto a la actividad privada y viceversa. Casos hay en todos los partidos. Pero se concentran, sobre todo, en las grandes formaciones.

"Es habitual ver cómo giran las puertas giratorias en el PP y también en el PSOE", se quejó este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa.

"Por muy legal que sea, no es moral que una persona que ha estado trabajando en los ministerios del Estado traslade toda su agenda de contactos y todo lo que ha conseguido por ser representante público a un sector privado, porque muchas veces compiten contra el Estado de manera leal", defendió, según informa Europa Press.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recordó a la exvicepresidenta que "no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar". Y, en el PP optaron por la prudencia: "Todo aquel que abandona la política tiene derecho a rehacer su vida profesional", valoró Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Sin mecanismos de seguimiento o control

Como norma general, la Oficina de Conflictos de Intereses concede las autorizaciones que le trasladan los ex cargos públicos. En diez años, las denegaciones por incompatibilidad no llegan a la decena, según informó el diario El País.Tampoco, como norma general, hay mecanismos de seguimiento ni control. Ni de que un ex cargo público que ha recibido la autorización es escrupuloso con la ley ni de que todos recurran a la Oficina de Conflictos de Intereses para pedir permiso. Es algo similar a lo que ocurre con el registro de actividades del Congreso de los Diputados.

El 17 de mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas aprobó el "Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014". Muchas de las recomendaciones del documento iban dirigidas a la Oficina de Conflictos de Intereses "para la mejora de sus sistemas y procedimientos y para el desarrollo de las funciones de investigación y comprobación de las actividades de los altos cargos". Pese a que los partidos políticos nunca han negado que el funcionamiento de este organismo sea mejorable, no ha habido avances al respecto.

"Prevención del delito"

Fue el despacho Cuatrecasas el encargado de dar la noticia este lunes por la mañana con un comunicado en el que daba cuenta que la exmano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno se incorporaba a la firma como socia del área mercantil y miembro del Consejo de Administración. Su misión concreta, desde este mismo lunes, será liderar y desarrollar "la práctica de Corporate Compliance" de la firma. Una especialidad que, según puede leerse en la página web de Cuatrecasas, es "de alto valor añadido para la implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito".

Para Rafa Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, su nuevo fichaje "es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión". "Los socios de la forma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integran en términos de cumplimiento normativo corporativo", puede leerse en el comunicado de la firma.

Lideró las abstenciones en los consejos de ministros

Santamaría encabezó el listado de abstenciones en los consejos de ministros de la primera legislatura de Rajoy para evitar conflictos de intereses, según adelantó infoLibre. En ese tiempo, los miembros de su Gobierno se abstuvieron 52 ocasiones en decisiones de las reuniones de gabinete de los viernes. La cifra ha sido facilitada a este diario por el Ministerio de la Presidencia después de registrar una petición a través del Portal de de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

Por miembros del Ejecutivo, el ranking lo lideró Soraya Saenz de Santamaría, con 23 abstenciones en los Consejos de Ministros. Le siguen los entonces titulares de Economía, Luis de Guindos (10);  Defensa, Pedro Morenés (ocho); Empleo, Fátima Báñez (dos); Exteriores, José Manuel García Margallo (dos) y los exministros José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete(Agricultura), también con dos abstenciones cada uno de ellos.

El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido, Iván Rosa. Abogado del Estado como Santamaría, Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, un año después de que Santamaría fuese nombrada vicepresidenta.

Pese al elevado número de abstenciones de Santamaría, si se compara con el resto de compañeros del Consejo de Ministros, el trabajo de su marido para Telefónica no la obligaba por ley a inhibirse en estos asuntos. Así lo desveló el diario El País el 15 de julio de 2015 en una información en la que se señalaba que la Abogacía del Estado había rechazado en un informe ad hoc que tuviese que apartarse de esas cuestiones.

Puede seguir en el Consejo de Estado

El pasado octubre cuando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez la nombró consejera de Estado. La exvicepresidenta podrá mantener este puesto al que se incorporó en el mes de noviembre siempre y cuando se abstenga de aquellas decisiones que tengan relación con su nuevo trabajo en el despacho de abogados.

Como consejera electiva, Santamaría puede percibir una cantidad máxima mensual de algo menos de 1.000 euros en concepto de asistencia a los plenos del Consejo de Estado. Para cobrarla, se tienen que celebrar plenos y ha de asistir a ellos.

Trabajo llevará este viernes al Consejo de Ministros un real decreto para modificar el reglamento general de cotizaciones que obligará a la Casa del Rey, las Cortes, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo a cotizar a la Seguridad Social por las horas extraordinarias realizadas por los 120 chóferes que transportan a sus altos cargos.

Hasta ahora ninguno de estos órganos constitucionales pagaba las cotizaciones por los servicios extraordinarios que estos funcionarios del Parque Móvil del Estado (PME) les prestan. Como tampoco lo hacen otros empleados públicos cuando realizan estos servicios en departamentos de los que dependen funcional pero no orgánicamente. Según han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio, la modificación que el Gobierno aprueba este viernes permitirá a la “unidad funcional”, que paga las horas extraordinarias, ingresar en la Seguridad Social las cuotas por esa retribución salarial, aunque no sea el empleador de los chóferes, que es el Parque Móvil.

La modificación del reglamento subsana así una situación anómala que mantenía en el limbo parte de las cotizaciones de este grupo de funcionarios. Hasta ahora los órganos citados pagaban los excesos de jornada de los chóferes con una gratificación o indemnización por servicios extraordinarios, sobre la que se retenía el IRPF al conductor –pero no cotizaba a la Seguridad Social–. Excepto el Tribunal de Cuentas, que abona las extras como dietas y éstas ni tributan a Hacienda ni a la Seguridad Social. Al no ser considerados retribuciones salariales, estos pagos no figuran en las nóminas de los chóferes, sino que les son abonadas en cheques o ingresadas en sus cuentas bancarias, sin justificantes. Por el contrario, el Consejo de Estado y los ministerios pagan al Parque Móvil por el exceso de horas y éste, a continuación, se las ingresa a los conductores. Pueden ser entre 300 y 600 euros al mes por chófer.

El sindicato Grupo de Trabajadores del Parque Móvil del Estado (GTP), que reclamó en su día ante la Inspección de Trabajo y los tribunales el pago de las extras como parte de su salario y que cotizaran a la Seguridad Social, calcula que el centenar largo de chóferes puede cobrar unos 800.000 euros anuales por este concepto; es decir, cuatro millones en cuatro años, el plazo que establece la ley para regularizar las cuotas adeudadas. Por tanto, la Seguridad Social ha dejado de ingresar sólo en ese periodo casi un millón de euros –exactamente 952.000 euros–, puesto que las horas extra cotizan un 28,3%.

Además, el departamento que dirige Magdalena Valerio cumple así un mandato de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo para que elaborara y aprobara una “norma de rango suficiente” que hiciera una “atribución expresa a los usuarios de los servicios prestados por conductores del Parque Móvil de la obligación de cotizar”. La Inspección de Trabajo había tenido que paralizar sus actuaciones, tras recibir las denuncias del sindicato GTP, por el “vacío normativo” existente.

No obstante, GTP ha sostenido siempre ante la Inspección y los tribunales que sí existe una norma, una orden de Administraciones Públicas de enero de 2013 que reconoce los “servicios extraordinarios” de los conductores y obliga al “órgano o unidad” donde los presten a abonar la “correspondiente contraprestación económica” a través del Parque Móvil –adscrito a ese ministerio–. Es decir, como hacen ya el Consejo de Estado y los ministerios.

Desentendidos de la anomalía

De la anomalía del sistema de abono de estas retribuciones eran conscientes tanto el CGPJ como el Tribunal de Cuentas, que lo cambiaron por razones de fuerza mayor. En el primer caso, un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas obligó a partir de 2015 al órgano de gobierno de los jueces a pagar como “indemnizaciones por servicios extraordinarios” lo que antes consideraba “gratificaciones” e incluía en los gastos de personal. En el segundo, fue a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madriduna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008 cuando el mismo Tribunal de Cuentas tuvo que sustituir las “gratificaciones” por dietas. Como queda dicho, éstas no se incluyen en las nóminas, ni cotizan a la Seguridad Social, ni tributan por el IRPF y ni siquiera figuran en partida alguna del presupuesto del Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el propio Parque Móvil se desentendía del problema. De hecho, ni siquiera reconoce que sus conductores hacían horas extraordinarias. Y dice desconocer la “naturaleza jurídica” de las cantidades que sus chóferes perciben cuando trabajan para los órganos constitucionales. Por tanto, también ignora si esas retribuciones deben cotizar a la Seguridad Social. Preguntado por este periódico, el Ministerio de Administraciones Públicas, por su parte, argumentaba que si esos órganos no eran los empleadores de los conductores, tampoco debían pagar sus cuotas.

El cambio en el reglamento permitirá, además, aumentar los ingresos de la Seguridad Social, aunque no sea en una cantidad muy elevada, en unos momentos en que su necesidad de cotizaciones es apremiante por culpa del déficit histórico de sus cuentas.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación del rey aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre. En dicha resolución, la cámara parlamentaria autonómica le reprochó a Felipe VI el discurso que emitió tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Ahora, el tribunal de garantías estudiará si dicha iniciativa fue constitucional.

El recurso del Gobierno de Pedro Sánchez se presentó contra dos epígrafes concretos de la resolución aprobada por el Parlamento catalán el 11 de octubre de 2018. Uno de ellos señala expresamente que el Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales "rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017". El segundo punto impugnado por el Gobierno por inconstitucional reafirma el compromiso de la Cámara legislativa regional "con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la MonarquíaMonarquía".

El Consejo de Estado no vio base suficiente para recurrir

El Gobierno, que no invoca el artículo 161.2 de la Constitución a los efectos de que se acuerde la suspensión de la resolución recurrida, considera que se han podido vulnerar los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Carta Magna, así como los artículos 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Parlamento de Cataluña para que en un plazo de 20 días formule alegaciones. La impugnación ante el TC se formalizó por el Gobierno pese a que el Consejo de Estado no vio base suficiente para el recursoConsejo de Estado, al considerar la resolución del Parlamento catalán como una mera declaración "política". A juicio del informe de carácter consultivo de este órgano, "no se puede oponer nada a la actuación llevada a cabo por el jefe del Estado", si bien "esta conclusión no priva a una asamblea representativa como es el Parlamento regional de la capacidad para expresar su disconformidad" con su actuación. El debate político, señaló el Consejo de Estado, "no está sujeto a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución".

El Gobierno quiere abordar una pequeña reforma del sistema de aforamientos que afecte únicamente a diputados, senadores y al propio Ejecutivo. Pero el Consejo de Estado, que el pasado jueves remitió un informe al respecto al Gobierno después de que éste se lo solicitara, le sugiere que vaya más allá y haga extensibles las limitaciones que plantea para estos cargos –fundamentalmente, que el fuero se les aplique únicamente en el ejercicio de sus funciones– también a los altos cargos de las comunidades autónomas que tienen recogido este derecho. Para ello no sería necesario reformar todos los Estatutos de autonomía: bastaría, según el Consejo de Estado, con ampliar la profundidad de la reforma constitucional más de lo que en un principio había previsto el Gobierno.

Actualmente, en España hay en torno a 250.000 aforados, aunque este cuarto de millón de personas no tiene exactamente el mismo tipo de fuero. La inmensa mayoría –algo más de 232.000– son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, si bien su aforamiento es mucho más limitado que el del resto e implica que sean juzgados por las Audiencias Provinciales únicamente en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Junto a los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno central, el resto de los aforados –en torno a 17.000 personas– son miembros de la Familia Real, de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, o que desempeñan cargos como el de Defensor del Pueblo a nivel estatal o autonómico.

La reforma que plantea el Gobierno y que tiene pensado presentar en las próximas semanas afectaría a un número muy reducido de estos cargos. Su intención es modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, aquellos que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. El Ejecutivo no tiene pensado eliminar totalmente este fuero, sino únicamente limitarlo, y es por ello que el Consejo de Estado sugiere en su informe que la reforma de estos artículos se limite a incluir en ambos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

Según plantea la propuesta del Consejo de Estado, el nuevo régimen de aforamientos se aplicaría "a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor", que tendría lugar inmediatamente después de ser aprobada la reforma. Eso supone que los aforados que ahora mismo están siendo investigados en el Tribunal Supremo mantendrían dicha prerrogativa hasta que terminase el enjuiciamiento de sus casos.

Dos vías para limitar los aforamientos autonómicos

No obstante, y aunque el Gobierno se ha limitado a plantear la limitación de los aforamientos a nivel estatal, el Consejo de Estado también apunta que la medida puede extenderse fácilmente a los parlamentarios y gobiernos autonómicos. Para ello, ofrece dos vías. La primera, mucho más improbable, es que todas las comunidades que recogen esta prerrogativa para sus altos cargos –todos menos Canarias, que acaba de reformar su Estatuto para eliminar los aforamientos, y Cantabria y Murcia, que están tramitando su eliminación– impulsen la reforma de sus Estatutos para acabar con ella. La segunda, en manos de las Cortes Generales, pasa por incluir esta medida en la reforma constitucional.

Según el Consejo de Estado, limitar los aforamientos en las comunidades no tendría por qué atentar contra su autonomía, salvaguardada por la propia Constitución. Bastaría, señala el informe, con introducir "un precepto constitucional que extendiera" el criterio de que los aforamientos únicamente pueden tener lugar para delitos cometidos en el ejercicio de su puesto "a los cargos públicos autonómicos". "Una norma de esta naturaleza no obligaría a la reforma de los estatutos, sino tan solo a una interpretación de los mismos conforme a la Constitución", explica la institución, que asegura que ésta sería la manera más rápida de alcanzar "la mayor coherencia posible entre el ordenamiento constitucional y estatutario".

Pero incluso extendiendo la limitación de los aforamientos a diputados, senadores y gobiernos y parlamentos autonómicos, la inmensa mayoría de los cargos sujetos a esta prerrogativa –entre ellos, la Familia Real– seguirían sin ver alterada su situación. Y es que el aforamiento de los jueces y magistrados no viene recogido en la Constitución, sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está incluido en la ley orgánica que regula estas instituciones. No obstante, el informe no hace referencia a eventuales reformas de estos aforamientos, habida cuenta de que el Gobierno únicamente pidió opinión al Consejo de Estado sobre la reforma de los dos artículos de la Constitución que regulan el aforamiento del Gobierno, los diputados y los senadores.

La reforma no reduce el número de aforados

La única referencia a una reforma de estas dos leyes que hace el informe del Consejo de Estado tiene que ver con la adaptación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la nueva redacción de la Constitución. En su artículo 57, dicha norma recoge expresamente que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la encargada de enjuiciar las causas contra los miembros del Gobierno, los presidentes del Ejecutivo, el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo y el CGPJ, diputados y senadores y demás aforados. Y, para que los aforados que no están incluidos en los artículos 71 y 102 de la Constitución –el Gobierno, los diputados y los senadores– tengan el mismo fuero que éstos, el Consejo de Estado plantea reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que el aforamiento se aplicará solo en lo relativo al ejercicio de las funciones de esos cargos.

Lo que está claro es que la reforma que plantea el Gobierno, incluya o no los retoques en otras leyes que sugiere el Consejo de Estado, no reducirá ni en uno solo los en torno a 250.000 aforados que existen en España. No obstante, por pequeña que sea la modificación de la Constitución, requiere de mayorías reforzadas: tiene que ser aprobada al menos por tres quintas partes de Congreso y Senado o por dos terceras partes del Congreso, si la Cámara alta la rechaza, y además debe someterse a referéndum "si así lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras", según recuerda el texto. Unidos Podemos, que supera con creces esa cantidad, ya ha avisado de que forzará una consulta para cualquier reforma constitucional que se plantee.

Podemos mantiene su determinación de forzar un referéndum si el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, que ya ha sido avalada por el Consejo de Estado. Además, pedirá que afecte también a los miembros de la Casa Real, para adaptar la Carta Magna a "la democracia del siglo XXI", según explican fuentes del partido morado.

Podemos ya planteó estas condiciones cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa en septiembre esta reforma, y ahora las mantiene. De hecho, el secretario general, Pablo Iglesias, llegó a avisar de que si la reforma no afectaba también a los miembros de la Casa Real, Podemos no la apoyaría. "Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía", sentenció Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso el pasado 20 de septiembre, un día antes de que el Consejo de Ministros encargara al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de reforma de la Constitución Española sobre esta cuestión.

Ahora, casi dos meses después, el Pleno del Consejo de Estado ha aprobado esta semana por amplio consenso, pero al menos un voto en contra, la propuesta de reforma limitada de la Constitución que le encargó el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. La propuesta del Consejo de Estado indica en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

El Gobierno tan sólo le indicó al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Reforma profunda de la Constitución

Además, Podemos sigue pensando que la Constitución necesita someterse a una reforma profunda, que incluya no sólo esta cuestión de los aforamientos, sino también otras como el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial. Hace casi dos años el partido morado ya rechazó una reforma exprés de la Ley de Leyes para reducir aforados políticos y exigió que se debatiesen más cambios y que, al final, se celebrase un referéndum, fuera o no legalmente exigible.

De esta forma Podemos echaba por tierra la idea de Ciudadanos de que los cuatros grandes partidos acordasen una modificación puntual de la Carta Magna para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno. La formación de Pablo Iglesias también recuerda ahora que, sea cual sea el cambio que finalmente se quiera llevar a cabo en la Carta Magna, éste no podrá producirse sin un referéndum de la ciudadanía que lo avale, ya que así lo pedirá Unidos Podemos en el Congreso, que cuenta con mayoría suficiente para ello.

Para someter a referéndum un retoque en la Constitución, basta con que lo pidan 35 diputados, una cifra que Unidos Podemos rebasa con creces (tiene 67 escaños) y que, según han explicado fuentes del partido, están decididos a utilizar. El 2011, cuando PP y PSOE reformaron de urgencia el artículo 135 de la Constitución sobre la estabilidad presupuestaria no se alcanzaron esas firmas, pero entonces Unidos Podemos no existía. Esta es una de las cuestiones que el partido morado quiere revertir en su propuesta de reforma constitucional.