Hay una escena que comienza a repetirse en este tiempo. Quizá les suene. Una empresa tecnológica entra en la conversación con un anuncio grandilocuente en forma de promesa grande y luminosa, casi moral: viene a arreglar un problema que los demás no han sabido (no hemos sabido) resolver.

Llegan con esa solemnidad mesiánica que tanto gusta en Silicon Valley y sus sucursales ideológicas: hablan de eficiencia, de innovación, de acceso, de soluciones. Donde otros ven un problema complejo, ellas ven oportunidades. Donde el periodismo reclama recursos, tiempo, independencia y oficio, ellas prometen atajos. ¿Les suena?

Y después de los fuegos artificiales pasa algo más viejo que el hilo negro: apartas la cortina del discurso y detrás no hay solución, hay extracción.

¿Y por qué nos tienden una y otra vez la misma trampa? Porque es casi imposible que el trabajo de desmontar esas promesas acapare la notoriedad que sí se consigue con sus anuncios. A no ser que el propio periodismo ponga pie en pared, que es exactamente lo que acaba de ocurrir con el caso de Nota, una empresa estadounidense que, usando Inteligencia Artificial, se presentaba como la solución definitiva a los llamados “news deserts”, esos territorios donde el cierre de medios locales ha dejado a la ciudadanía más desinformada y más sola. 

Para esas comunidades desatendidas informativamente, la empresa prometía generar artículos a partir de notas de prensa e información institucional, con el apoyo de herramientas de IA. Lanzó once webs disfrazándolas de buenas causas: cobertura bilingüe, herramientas cívicas… y acabó cerrándolas cuando el periodismo de verdad hizo su trabajo. Sendas investigaciones del medio local Axios Richmond y el Instituto Poynter descubrieron decenas de citas, frases y fotografías plagiadas de casi una treintena de medios locales y del trabajo de medio centenar de periodistas. Al final, Nota se convirtió en ejemplo de la paradoja perfecta (y terrible): se proclamó reparadora del vacío informativo y lo rellenó, en parte, con el trabajo de los que realmente estaban informando.

Lo inquietante no es el plagio, sino el marco mental que lo hace posible: la idea de que el periodismo es un residuo aprovechable, un yacimiento que expoliar, una cantera de textos, imágenes y preguntas ajenas que alguien puede trocear, empaquetar y redistribuir con una capa de tecnología. Como si la información fuera una materia prima gratuita y no el resultado de llamadas, horas de documentación y archivo, contrastes incómodos, protección de fuentes, conocimiento del terreno y ética de la responsabilidad. 

El problema no se limita a este caso. El sector tecnológico lleva años ensayando la misma coreografía: primero aparece un relato de una solución innovadora, después llega el uso de materia prima ajena para alimentar la máquina. Y, en muy pocos casos, las denuncias. Nada nuevo bajo el sol. Ocurrió con Perplexity, que se presentó como la fórmula definitiva para acceder al conocimiento de forma limpia, útil e inteligente. Poco después, Forbes la acusó de apropiarse de texto e imágenes de un reportaje de investigación exclusivo y la revista WIRED documentó prácticas de scraping (rastreo de información de forma encubierta). Más tarde llegaron los programas de reparto de ingresos y las palabras de aprecio hacia los editores de medios de comunicación. Primero, la apropiación. Después, la alianza.

La historia se repite con variantes. OpenAI ha firmado acuerdos con multitud de grupos mediáticos, como la agencia de noticias Associated Press, la editora de medios Axel Springer o periódicos como Le Monde o El País, que se presentan como colaboraciones para explorar los usos beneficiosos de la inteligencia artificial y fortalecer el papel del periodismo en el nuevo entorno. La pregunta ética es pertinente: ¿de verdad podemos llamar ‘alianza con el periodismo’ a un ecosistema que primero se alimenta de la producción periodística y después decide con quién firma y a quién deja fuera?

Esta dinámica tiene todavía una versión más refinada del mismo impulso de vaciar el periodismo mientras se habla en su nombre, que no pasa por copiar frases, fotografías o párrafos, sino por emular la función económica del periodismo. En esta versión encajan como un guante los resúmenes generados por IA de Google: usted le pregunta al buscador y éste le responde directamente a su pregunta sin salir de la plataforma, rompiendo el vínculo entre quien informa y quien lee. Usted lee lo que un periodista ha investigado o escrito, pero no llega a ser consciente del trabajo que hay detrás porque… la atribución se la lleva Google. No es plagio, pero participa de la misma lógica extractiva: usar el fruto del trabajo de otros para retener la atención, el tiempo y el negocio.

En este contexto, los periodistas sobran (hasta que hacen falta). Sobran cuando hay que pagarles, sostener las redacciones, respetar la autoría de los textos y las fotografías, invertir en coberturas o defender judicialmente hasta la última coma de lo publicado. Pero hacen falta (y mucha) cuando se trata de alimentar las máquinas. 

Por eso conviene desconfiar de los salvadores del periodismo que no aceptan ninguno de sus deberes y de todos los que hablan de libertad informativa pero no se preocupan por la rendición de cuentas. La tecnología puede (y debe) ayudar. Faltaría más. Puede servir tanto al periodismo como al lector, pero no puede ocupar el lugar de los medios cuando los vacía de su valor económico; no puede llamarse aliada ni puede pedir confianza después de haber confundido innovación con expolio. No necesitamos más salvadores del periodismo. Precisamente ahí empieza nuestro trabajo, cuando termina el discurso de los supuestos salvadores.

Ya no. Como antes. He ahí dos pasos de la letanía periodística del acabose. No lo pronuncian los periodistas, también sus protagonistas. El cine ya no, la política ya no, las novelas ya no, las empresas ya no, los trabajadores ya no, el fútbol ya no... Como antes. 

Una cosa hermosa de este oficio de impostores es que es termómetro de la actualidad hasta sin querer. Le mide la fiebre y la infección. La montaña de titulares que cada semana pivotan alrededor del “ya no”, “como antes” revela que la velocidad del mundo, a juicio del periodismo o de sus protagonistas, no convoca transformaciones positivas o ambivalentes, solo declive. Leyéndonos, el mundo no cambia, el mundo muere. Es cierto que nada es como antes. La modernidad supuso eso: el fin del tiempo circular, el fin de los destinos atados a la servidumbre, el fin de la biografía escrita en el apellido como celda de la que es imposible escapar. El final del “así se ha hecho toda la vida”. Toda la vida, he ahí otra expresión que confunde historia y biografía. La innovación científico-técnica y la movilidad social son el disparador de la modernidad, que no es otra cosa que un mundo de orden cambiante, un mundo en que ya nada es como antes cada década.

El universo de las certezas murió con las revoluciones burguesas, gracias a dios, porque certeza era la única posesión de un campesino del siglo XVIII, la certeza de que comería gachas de harina y agua hasta el fin de sus días y que, con toda seguridad, sus hijos tendrían una vida mísera idéntica a la suya. Si sobrevivían a la infancia, claro. Ese era un mundo de orden y certezas. Sin embargo, en los albores de la revolución digital, cuando la población occidental vive más y sufre menos que en ninguna etapa histórica anterior, el periodismo sirve un menú con “ya no” de primero y “como antes” de segundo, con postre de tarta de queso. Casera, como la de tu abuela, no faltaba más.

Ante una sociedad cambiante, el periodismo tiene tres posibles liturgias: describir la transformación, lamentar el declive o proclamar la hipérbole (tremendista o utópica). La superioridad estadística de la primera opción es arrolladora y si sumamos las hipérboles tremendistas, es obvio que la mirada que lanzamos, no ya sobre el futuro sino sobre el presente, es una ceremonia fúnebre sobre un mundo que se fue. El lenguaje que usamos a duras penas se emancipa del dramatismo. Crisis, declive, amenaza, fin… El mundo no cambia, se acaba. Tal vez porque Occidente es una población envejecida y longeva, que es la que se tiene que acabar —nos acabaremos— en vez de cambiar, el caso es que es difícil separar la escasez de jóvenes y la abundancia de viejos de esa mirada fúnebre al futuro. El periodismo atiende un mercado compuesto por lectores, oyentes y espectadores que ya le han dado la vuelta al jamón y que solo pueden esperar una cosa de lo venidero: desaparecer convertidos en polvo. Ese es el cliente con poder adquisitivo y que sigue atendiendo la jerarquía de los medios —ven la tele, escuchan las noticias e incluso leen periódicos, digitales o no—, y ese es el producto que servimos. Porque el periodismo que gusta es el que refrenda lo que uno ya pensaba antes de leer o ver nada nuevo, y ese refrendo a menudo consiste en subrayar el estado de ánimo de quien ya está más cerca de la meta que de la salida. La radical transformación de la industria de la comunicación hace que el oficiante sea, él mismo, también un señor mayor que sufre por la creciente y acuciante proximidad de la fachada del panteón. 

Quiere decirse que el “ya no” y el “como antes” no describen el mundo, describen al cliente principal del periodismo y, a veces, al periodista. El escritor Jorge Dioni López llamó a este fenómeno el “ego-ovni”: confundir tu culo con el mundo. El anhelo de certidumbre y orden, el anhelo de la antigüedad premoderna, es en realidad la melancolía de una circularidad que funciona como trampantojo emocional porque si nada cambia, nada muere. Empezando por nosotros mismos. La prensa no está obsesionada con la decadencia, o no demasiado, más allá de abrazarla como acto reflejo, lo que está es especializada en traducir la experiencia íntima del paso del tiempo en un relato colectivo sobre las congojas de su cliente. El periodismo, como todo negocio, adula al cliente. Consuela.

Es evidente que esa angustia oficiada por los medios convoca posiciones reaccionarias y, en tanto estado de ánimo del mundo, hábitat dramático del presente, ha contagiado a los jóvenes —los occidentales, claro—, también convencidos de que todo se está yendo al garete. Cualquier observación fría de los factores de desarrollo humano en Occidente desmiente tal pretensión. Y en el caso de los mayores, la nostalgia de circularidad es, en todo caso, aparente y tiene mucho de autosugestión, de hipocresía, porque la calidad de vida del larguísimo último tercio de la vida, aderezada con toda clase de avances —uno de los principales, en un mundo aún gobernado por hombres mayores, es la famosa pastillita azul— hace que el hambre de orden sea solo fingida. El reaccionarismo cultural y político que vivimos, ensimismado, es antes que la fundación de una granja donde esperar que los días nos mezan y consuman, la última cabalgada del cowboy, de ahí que sea precisamente el reaccionarismo el que demuestra una y otra vez con sus votos que ansía desorden y revolución. El mantra “la gente quiere orden” lo desmonta el corte de población de los que votaron a favor del Brexit, abuelos destruyendo su propio mundo para sus hijos, como lo desmontan los triunfos de Javier Milei, Donald Trump o Benajmin Netanyahu, agentes evidentes y conocidos del caos. Detrás del libertarismo no hay sino hambre de antigüedad, selva y castas. Los mayores no tienen hambre de orden, solo lo fingen mientras preparan La Grande Bouffe.

Así que tenemos pocos jóvenes, contagiados del pánico a la muerte que tienen sus viejos, y una gente mayor que está dispuesta a desordenar el mundo en pos de una fiesta final, aunque los que se queden a recoger cristales, botellas vacías y calcetines de dudosa procedencia sean sus hijos y nietos. Como literalmente ha ocurrido en el Reino Unido. Nadie recuerda ya que “no puedes detener los cambios, como no puedes detener la puesta de los soles”, dijo Shmi Skywalker. Así que se opta por montar fiestas que celebran tradiciones fingidas, como la recién ultimada Semana Santa, que hoy que ya casi nadie cree se celebra en muchísimas ciudades en las que jamás nuestros abuelos anduvieron detrás de un paso, como si los capirotes hubieran sido una realidad en localidades que solo los habían visto en el No-Do. El orden y la tradición, como vemos, son en realidad desorden e inventos.    

Pronto será 20 de abril, una canción publicada en 1991 por Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), que fue escrita en forma de carta fechada en 1990 y que hablaba, desde la melancolía de la edad madura, de unos años ochenta y una juventud perdidos para siempre en un lejano pasado acontecido cinco años antes, poco más o menos. Treinta y cinco años después de publicarse el éxito de la banda de Valladolid, manoseamos con añoranza el recuerdo de haber recordado con mejor añoranza. Aquella morriña de 1985 escrita en 1990 sí era bonita, y no la de hoy. Ya no sentimos nostalgia como antes. No añoramos la cabaña del Turmo, añoramos la tarde en que escribimos una carta añorando la cabaña del Turmo. “Ya no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado”. A dios gracias. Hasta la decadencia decae. Somos de risión.

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Gracias a la advertencia de nuestro socio ‘Sextilio’, corregimos el desliz sobre el nombre de la cabaña de Celtas Cortos: Turmo, no Turbo. ¡Gracias!

"No me puedo quejar: estoy trabajando de lo que me apasiona, estoy, por así decirlo, cumpliendo mi sueño". Lo confesaba la otra tarde Alberto Corona, crítico de cine (al que también pueden leer en esta casa) en el episodio 59 de Comentario de texto, un podcast que emite en YouTube junto a Marta Trivi. "¿Quieres hablar un poco de esas condiciones envidiables?" Dos críticas semanales, entre noventa y cien euros el jornal, y otro empleo que le financie el trabajo soñado.

Como si se hubiesen alineado los astros, a los pocos días me cayó en las manos un artículo de Marta García Miranda, crítica de escénicas y —también— compañera en estas páginas, en el que relataba cómo, tras ser despedida de la SER, había aceptado despachar en elconfidencial.com una crítica teatral a la semana. En su texto, una brillante argucia armada con las réplicas de algunos de sus damnificados, García Miranda también mienta sus emolumentos: ciento cincuenta machacantes (antes de impuestos, seguridades sociales y demás lindezas).

No quisiera empantanar estos asuntos artísticos con metacomentarios y miserias de consumo interno, pero es sorprendente que ninguno de mis compañeros perseverase en la crítica porque, sencillamente, les diese de comer. Corona, ya lo mentamos, resiste por razones románticas; García Miranda, porque viéndose en el paro le ofrecieron curro de reseñista. Lo cultural se presta al chantaje. De tanto en tanto, alguien se te acerca en alguna inauguración y te felicita por la sagacidad de un articulito. ¡Qué rato más bueno! Oh, el prestigio; ah, la influencia. “Te leemos todos”, me aseguraba un amigo al verme apesadumbrado. Ignoro si habrá otros oficios en los que la gente se contente tan fácilmente con simulacros: si en el gremio de charcuteros o contables soportan soldadas de miseria y periodicidades cojeantes so pretexto de “la vocación”, la pervivencia de las artes o vaya usted a saber qué milonga.

Oigan, que el declive de las tarifas no es el único escollo. La prensa renquea (¡extra, extra!), pero conserva maneras de sus tiempos mozos, y aunque ningún colaborador pueda subsistir de una sola cabecera, publicar allá te descarta acullá. Competencias directas (¡pero si no nos lee ni el tato!), rivalidades históricas, líneas editoriales contrapuestas y demás espantajos. Además, conviene considerar el famoso conflicto de intereses. Hará no mucho, un galerista me preguntaba si no me resultaba problemático completar la nómina escribiendo ensayos de los que se publican en el catálogo de una exposición. Le dije que no, porque todos mis trabajos se divulgan y cualquiera puede escrutarlos a la caza de tejemanejes. También, porque mis reseñas se parecen a mis ensayos lo que un huevo a una castaña y porque me impongo períodos de incompatibilidad entre colaboraciones para que nadie sospeche. Y, para terminar, porque yo no sacaba nada de que a un artista, marchante o museo le fuese bien, mal o regular. “Es un asunto delicado”, sentenció, ceñudo. En realidad, querría haber dicho: si alguna vez escribes algo que no me convenga, sé qué espantajo invocar para desactivarte. (Algún día me gustaría que alguien me aclarase por qué los críticos son los únicos conflictuados. Por qué no los padecen las galerías que comercian con las instituciones, los comisarios apesebrados, los artistas en nómina oficiosa, ciertos agentes o los alumnos de tal colegio que ríete tú de la francmasonería; pero este es otro asunto).

En el podcast citado, y discutiendo sobre el último desplante de Santiago Segura a la prensa especializada, Marta Trivi replicaba a Corona, que se quejaba de que la crítica “hubiese aceptado esas normas de juego”. “Los críticos no hemos aceptado nada, los críticos no tenemos ningún poder, salvo el de dejarlo”. Últimamente pienso mucho en esto: en si no estaremos desgastándonos en una empresa estéril que ni tiene influencia ni nos paga las facturas. Si no convendría retirarnos a nuestros menesteres, sacarnos una oposición y tener las tardes libres para leer al solecito sin tener que despachar, a toda prisa y en caliente, una recesión del librito de marras.

Hará unos meses, discutiendo mis tarifas con un posible empleador que nunca fue, me replicaron que no podían pagarme más porque esos temas “no tenían tantas visitas”. Tuve que morderme la lengua: si lo que quieres son visitas, despacha a los redactores y monta un OnlyFans.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

Un muerto no puede corregir el relato. Lo repasábamos hace un par de semanas a propósito de la praxis del obituario. El relato cae sobre el cuerpo como un sudario y lo oculta y lo consume. Esa vulnerabilidad extrema de los que ya no están, apenas un nombre o unos cuerpos de los que disponemos con indecoroso antojo, la hemos visto estos días con Noelia Castillo, Isaías Carrasco y las seis jóvenes que murieron en la pasarela de El Bocal, en Santander. Unos hechos simples, una joven que dispone de su cuerpo y de su vida, una víctima del terrorismo cuya tumba se mancilla y seis adolescentes cuyo paseo amable por una inofensiva senda acabó en tragedia por una dejadez institucional que se encoge de hombros. 

Esas ocho personas fueron sujeto de su vida y la conversación pública las ha convertido en predicado, en argumento espurio para que reciba la acción de un verbo infame. Porque, incluso antes de que lo postulara el liberalismo, podemos convenir que existe un atributo de dignidad iusnaturalista —el derecho natural sobre la muerte— que es violentada. Hemos aprendido que nadie que tenga ese derecho sobre sí mismo o sobre los suyos lo conserva en el relato público, que se afana en la fabricación de versiones, la simplificación interesada, el encuadre falsario, la grosera amplificación de llantos y la puesta en circulación de bulos en un obsceno circo de la carne.

Conviene pensar quién se quedará con tu muerte en caso de que el asunto trivial que es desaparecer salte a la palestra porque el nombre o la circunstancia sean de alcance público. En el caso de Noelia Castillo, una comunidad moral ultrarreligiosa decidió apropiarse del cadáver antes de serlo y tratarlo como cosa —hacerlo predicado de sus jaculatorias—, asaltando su intimidad y su libertad. La familia que no supo ser refugio abrió las puertas del infortunio de su hija a los sacristanes del templo y el periodismo vio el paso expedito para hacer de las suyas y acampar en la sala de estar. Unido en una comunidad moral de redentores, micrófonos, escapularios, mentiras, hisopos, focos y cámaras, todo el país se calzó la casulla de las buenas intenciones y las almas pías para salvar de sí misma a quien solo necesitaba ser salvada de todos los demás. Salvada de todos nosotros. Pues eso y no otra cosa es dispensarse la muerte: lanzar una enmienda a la totalidad de los que seguimos.  

Cuando no es voluntario, morirse suele ser un inconveniente. Sobre todo, para los vivos. Un evento sin agendar que trastorna los calendarios. Eso nos ha venido a decir la alcaldesa de Santander con sus extemporáneos circunloquios para quitarse seis impertinentes muertes de encima, sangre en el paraíso que parece haber salpicado el traje nuevo de la regidora. “A ver si por decirle a la gente que venga tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”. La institución diluye responsabilidades (que confunde con “culpa”, cómo no) y una jueza amable con el poder local dispara el balón fuera del estadio. Todos contentos. Dispérsense, aquí no hay nada que ver, proclaman los munícipes.

A Sandra Carrasco, 18 años después del asesinato de su padre, Isaías, le han robado el cuerpo. Se diría que a la derecha política, social y mediática se le han debido de acabar sus muertos —o no dan más de sí, después de haber usado fundaciones de memoria fúnebre para facturar a las tramas de corrupción institucional— y ahora aspiran a robar cadáveres ajenos y escupir a sus deudos, empezando por los portadores del féretro. Aspiran a untarse el rostro con la sangre de muertos ajenos para clamar venganza. 

Hay violencia aquí, mística –institucional y partidista–, una violencia silenciosa que niega el dolor, la responsabilidad y la legitimidad del duelo a sus titulares, una violencia elegante, discursiva y piadosa, pero profunda y sanguinaria, como bien sabe Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que ha tenido que ver estos años cómo el cuerpo de su joven hermano es arrebatado a la familia por las mismas siglas políticas a las que él sirvió. Si quien decide morir es silenciada por mandato divino, quien sufre la pérdida es desautorizada por no entregar los restos a las siglas.

Este oficio, ante el vértigo de la infamia, tiene por encomienda ceñirse a narrar hechos, ordenar la realidad e introducir claridad. Pero el nuestro, como sabemos aquí, no es un oficio con un sencillo problema de oferta sino un dispensador que a menudo se deja dirigir por la demanda. Hablamos ante multitudes que claman por la fábula moral, que se enardecen ante la parábola ejemplar bañada de sesgo de confirmación. La ciudadanía contempla esas vidas perdidas por un terrible avatar, por voluntad propia o por un crimen infame queriendo que esa desgracia le dé una palmadita y le diga que va bien, que tiene razón, que siga así. Y el periodismo, algún periodismo, se apresta a cocinar ese menú perverso entre los fogones de la mentira y el sensacionalismo. El periodismo, algún periodismo, paga la bula para que la comunidad salve su pecaminosa alma. El público no quiere que la muerte sea un hecho crudo e irreversible sino un espacio en disputa moral, otro ámbito en el que dilucidar que somos buenos y los otros no lo son. No sabemos dejarla estar. Para eso fundamos templos y escuchamos responsos, vestimos ropa negra y nos atamos cilicios. Entramos en la semana oscura y tremenda de la necrofilia cantando nanas de la cebolla que nos permiten fingir llanto. 

La muerte, que debería ser el asunto más propio, se ha convertido en un hecho disponible al mercadeo. Hay algo atávico en la cultura de esta región del mundo que impide un comportamiento natural y respetuoso con el luto, y de ello hablamos aquí aludiendo al ferrocarril del Adamuz, los torrentes de Valencia, las bombas de Atocha o a los asilos madrileños —que vuelven a ser noticia estos días por su letal amontonamiento de vidas en la ganadería intensiva del acabarse—, como si el periodismo, algún periodismo, se revolviera contra un impuesto de sucesiones moral. 

De quién son los muertos, si acaso son de alguien. Esa debería ser la única pregunta, qué padres y qué hijos son legítimos albaceas de una memoria, una identidad y un agravio. Da igual si hablamos de eutanasia, accidente o terrorismo, algunos de nuestros impostores de oficio se han convertido en parte de un procedimiento de expropiación, un dispositivo en el que los oficiantes operan —lo hemos visto esta semana— como el picapleitos del acreedor que no ha sido incluido en el testamento, aporreando la puerta del panteón con sus albaranes.

El muerto es un argumento, un repositorio de coronas ufanas que ocultan la caja misma. Y así la muerte no clausura, sino que es el fasto inaugural de una conversación obscena en la que todos se abren las carnes, el inicio de una pugna por su significado en la que el cuerpo ya no importa, solo lo que de él pueda decirse. El relato falaz, decíamos, cae sobre el muerto como un sudario, un sudario amarillo como un contenedor para reciclado. Hay algo profundamente obsceno en que la muerte, que debería imponer silencio, se haya convertido en el lugar donde más se grita. La política la diluye, la moral la ocupa y la propaganda la recicla. Y el periodismo la administra como si no hubiera ocurrido nada irreparable. Ni morir basta para dejar de ser utilizado. 

Un aforismo repite incansablemente entre asentimientos timoratos de la concurrencia que “en este país se entierra muy bien”. Quia. Atiendan a Max Estrella: “La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro puchero; la muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes (…). Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras”. Ya es Semana Santa.

Trump es "el alfa en todas y cada una de las salas, en todos y cada uno de los lugares, por todo el mundo". La frase es de Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el organismo que regula las ondas hertzianas en Estados Unidos y que, sobre el papel, es el árbitro imparcial de las licencias de televisión y radio— y la pronunció la semana pasada en uno de esos pódcast donde los poderosos se sienten cómodos y bajan la guardia.

Que el máximo regulador de las comunicaciones del país profese públicamente semejante devoción por el inquilino de la Casa Blanca es la clave de bóveda que explica todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el ecosistema mediático norteamericano.

Lo que se ha venido construyendo desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán es una estrategia de presión sistemática, con múltiples frentes, que usa la guerra como detonador y como coartada para intentar disciplinar a las televisiones que no responden al gusto de la Casa Blanca. La mecánica es conocida en su estructura —la presión a los medios en tiempos de guerra tiene una historia larga—, pero su instrumentación concreta, a través del regulador, resulta inédita en Estados Unidos.

Carr ha ido explicitando durante los últimos meses una advertencia que mezcla la normativa con la política: la legislación obliga a las emisoras a operar en “interés público”, fórmula que el presidente de la FCC interpreta como alineamiento con el relato oficial sobre el conflicto. Bajo esa lectura, quienes no se ajusten a ese estándar pueden enfrentarse a procedimientos de no renovación o retirada de licencia, presentados por el propio Carr como un instrumento legítimo frente a medios que, según él, “engañan” al público sobre la guerra.

Las advertencias no se han producido en el vacío. Han llegado a rebufo de los ataques verbales de Donald Trump contra las principales cadenas por su cobertura de los bombardeos y las represalias iraníes. Trump ha acusado a varios medios de exagerar los daños a activos militares estadounidenses, de magnificar el coste humano y económico de la campaña y, en algunos casos, de actuar como correa de transmisión de Teherán. En algunas declaraciones ha llegado a sugerir que determinados enfoques informativos rozan la “traición” —un delito que en Estados Unidos puede acarrear la pena de muerte—.

Todo comenzó, formalmente, hace pocos días. Trump publicó en su red social, Truth Social, una diatriba contra The Wall Street Journal por su cobertura de un ataque iraní a aviones cisterna estadounidenses desplegados en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Según Trump, el titular era “intencionadamente engañoso” y el periodismo del diario, “terrible”. El presidente concedió que los cinco aviones habían resultado dañados, aunque “ninguno destruido”, una precisión que el diario en ningún momento había negado. Era, en suma, una queja sin base factual sólida. Pero bastó.

Tres horas después, Carr se sumó con entusiasmo a la queja del presidente advirtiendo a los radiodifusores de que “perderán sus licencias” si no “operan en el interés público”. En un post en X, escribió que los operadores que “difunden bulos y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que lleguen sus renovaciones de licencia”.

El encadenamiento causa-efecto es difícil de disimular: el presidente se queja, el regulador amenaza. Trump celebró el movimiento en Truth Social ese mismo domingo por la noche, declarándose “encantado” de que Carr estuviera “revisando las licencias” de algunas “organizaciones de noticias altamente antipatrióticas”.

Aunque Carr suele evitar nombres concretos, sus mensajes han llegado inmediatamente después de piezas muy críticas emitidas por grandes cadenas sobre la destrucción de aviones cisterna, el alcance real de los ataques iraníes y la vulnerabilidad del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz. Desde la Casa Blanca y el Pentágono se ha señalado en particular a CNN por reportajes que cuestionaban el triunfalismo oficial y ponían el foco en la capacidad de Irán para desestabilizar la región, una línea editorial que el entorno de Trump ha calificado de “derrotista” y “desinformadora”.

En este marco, la amenaza de las licencias funciona como aviso preventivo y como mecanismo disciplinario. O las cadenas "corrigen el rumbo" o se exponen a que el regulador active el arma administrativa de la no renovación. El resultado es una forma de presión estructural sobre el ecosistema audiovisual que subordina el derecho a emitir a la sintonía con lo que el Gobierno y la FCC deciden, en cada momento, que constituye el “interés público” en tiempos de guerra.

¿Tiene Carr poder real para ejecutar estas amenazas? Los expertos legales coinciden en que, técnicamente, muy poco. Las licencias de televisión ni siquiera se renuevan hasta finales de 2028, y cualquier acción gubernamental contra un licenciatario desencadenaría una batalla legal prolongada, en la que las cadenas probablemente invocarían el historial de declaraciones de Trump para montar un caso basado en la Primera Enmienda.

El abogado de causas de interés público Andrew Jay Schwartzman lo resumió en declaraciones a CNN: las amenazas de Carr carecen de base legal. La FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas. La comisionada demócrata Anna Gomez, la única voz discordante en la comisión, publicó en X que las amenazas “violan la Primera Enmienda y no llegarán a ningún lado”, urgiendo a los radiodifusores a seguir cubriendo las noticias “con fiereza e independencia”.

Pero aquí reside la trampa. Carr no necesita ejecutar la amenaza para que surta efecto. Los grupos de defensa de los medios han señalado que la presión busca precisamente que las empresas mediáticas se sometan y se autocensuren, logrando parte de su objetivo sin necesidad de acción gubernamental explícita. El arma real no es la revocación de licencias: es el miedo a la actuación regulatoria. El “verdadero martillo” de Carr, según Schwartzman, es la “amenaza implícita” de no conceder a los radiodifusores el alivio regulatorio que buscan en procesos como fusiones corporativas o aprobaciones de adquisiciones. Y ahí es donde el cuadro se vuelve más denso.

El caso de The Late Show with Stephen Colbert ya ilustra el mecanismo: CBS, propiedad de Paramount —la corporación que quiere hacerse con Warner— se negó a emitir una entrevista filmada con un candidato demócrata al Senado de Texas, temerosa de que la FCC alegara violaciones de la norma de igualdad de tiempo. Nadie ordenó a CBS que cortara esa entrevista. La cadena lo decidió sola, haciendo sus propios cálculos de riesgo regulatorio. Eso es exactamente lo que los analistas identifican en la estrategia en curso: un sistema en el que la amenaza es suficiente para alterar conductas editoriales sin dejar huella jurídica.

Mientras Carr agitaba el espectro de las licencias, la FCC aprobaba en paralelo la fusión entre Nexstar Media Group y Tegna por 6.200 millones de dólares. La entidad resultante controlaría 265 estaciones de televisión en 44 estados, alcanzando aproximadamente al 80% de los hogares estadounidenses. Trump no ha ocultado sus simpatías por la operación, afirmando públicamente que una Nexstar consolidada ayudaría a “noquear a las Noticias Falsas” de las cadenas nacionales.

Ocho fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), han presentado una demanda alegando que la fusión viola las leyes antimonopolio y una norma federal que limita la propiedad de medios al 39% de los hogares. Advierten de que la concentración redundará en aumento de tarifas para los consumidores y, sobre todo, en la erosión del periodismo local mediante el cierre de redacciones y despidos masivos.

La conexión entre este proceso y las amenazas sobre las licencias no es difícil de trazar. Si los propietarios de cadenas locales saben que la benevolencia regulatoria de la FCC puede influir en la aprobación de sus operaciones corporativas, el incentivo a la autocensura se vuelve económicamente calculable. En ese escenario, el 80% de la televisión local estadounidense podría ajustar sus informativos sin que nadie les haya ordenado formalmente hacerlo. La disciplina no vendría de un decreto, sino de la aritmética.

El tercer vértice de este triángulo añade una dimensión estructural que va más allá de la afinidad política coyuntural. El secretario de Defensa Pete Hegseth, durante su rueda de prensa del viernes sobre la guerra, señaló directamente a CNN, afirmando que “cuanto antes David Ellison se haga con esa cadena, mejor”. Era una declaración sin precedentes: un secretario de Defensa expresando públicamente su preferencia sobre quién debería ser el propietario de un medio de comunicación, y haciéndolo en el contexto de una guerra que ese mismo medio está cubriendo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison —uno de los grandes donantes y aliados de Trump en el mundo tecnológico—, lidera Paramount-Skydance en su proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Si la operación se cierra, Ellison controlará CNN, HBO y CBS News simultáneamente.

Lo que más preocupa a los analistas va más allá de la afinidad política. Larry Ellison es el fundador de Oracle, uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya infraestructura tecnológica gestiona datos críticos para operaciones militares. Si su hijo se hace con el control de CNN —la cadena que más cobertura dedica a los conflictos bélicos internacionales—, el mismo grupo empresarial que suministra tecnología al Ejército decidirá cómo se informa al público sobre las guerras que ese Ejército libra. Algunos analistas lo denominan ya el “complejo militar-tecnológico-mediático”: una concentración de poder informativo, económico y de seguridad nacional en manos de un mismo ecosistema de intereses.

Las señales del cambio editorial ya se perciben. Se han denunciado maniobras para instalar “monitores de sesgo” en las redacciones de cadenas afectadas y se han producido despidos o renuncias de productores veteranos que se negaron a orientar sus reportajes en una dirección determinada.

Hay más razones para temer lo peor. Bari Weiss, nombrada por Ellison editora jefa de CBS News en octubre de 2025, ha generado una crisis profunda en la credibilidad de la cadena al cancelar abruptamente un reportaje de 60 Minutes sobre deportaciones de venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, solo horas antes de su emisión en diciembre de 2025, exigiendo cambios como incluir determinadas voces y evitar términos como “migrantes”.

Esta decisión, calificada por la autora del reportaje, Sharyn Alfonsi, como “censura política” en una comunicación interna, provocó amenazas de dimisiones masivas, filtraciones y acusaciones de sumisión a presiones de la Casa Blanca de Trump, erosionando la reputación de independencia de CBS y 60 Minutes, hasta el año pasado un pilar del periodismo estadounidense.

No faltan motivos para que los más críticos vean en Weiss, fundadora de The Free Press, un portal de noticias "anti-woke", un giro derechista financiado por multimillonarios trumpistas como Ellison, dispuestos a sacrificar estándares éticos por favores políticos.

Tara Puckey, directora ejecutiva de la Radio Television Digital News Association, fue directa en su respuesta a Carr: "Seamos claros: lo que está describiendo es el control gubernamental de la prensa". Aunque, en realidad, ese control no necesita ser directo para ser eficaz. Los regímenes que han conseguido domesticar a los medios raramente comenzaron por la censura formal. Empezaron por crear un clima en el que los propios medios se censuraron. Se llama chilling effect, efecto amordazante: la autocensura que generan las amenazas, aunque jamás se ejecuten.

Carr ha prometido además impulsar políticas en la FCC para “reequilibrar” el panorama mediático, citando como ejemplo su Pledge America Campaign, que insta a las cadenas a emitir contenidos “pro-americanos” para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país. La definición de qué es “pro-americano”, en ese marco, recaería en el propio Gobierno.

La guerra con Irán ha dado a Trump el argumento del patriotismo, uno de los escudos más difíciles de perforar en la cultura política estadounidense. Quien cuestiona la cobertura oficial de un conflicto bélico puede ser presentado como antipatriótico, como alguien que da munición al enemigo o traiciona a los soldados en combate. Es, históricamente, un argumento de enorme eficacia para silenciar voces críticas sin necesidad de prohibirlas formalmente.

Hubo un tiempo en que acceder a las noticias era un acto deliberado. Comprabas el periódico, encendías el telediario a una hora fija o tecleabas la dirección de un medio en el navegador. Elegías. Hoy, para la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años, ese gesto ha desaparecido casi por completo. Las noticias ya no se buscan: aparecen. O no aparecen. Y quien decide, en uno u otro caso, no es el lector ni el periodista. Es el algoritmo.

Lo documenta el informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change que acaba de publicar el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Un estudio que sintetiza más de una década de datos del Digital News Report —la encuesta más amplia sobre consumo informativo a escala global, que en 2025 abarcó 48 mercados— y retrata cómo la generación más joven de adultos no ha dejado de informarse, pero ha dejado de decidir cómo, cuándo y sobre qué se informa.

El cambio más visible es estadístico, pero su significado es estructural. En 2015, el 36% de los jóvenes de 18 a 24 años identificaba las páginas web y aplicaciones de medios como su principal fuente de noticias. En 2025, ese porcentaje ha caído al 24%. En paralelo, las redes sociales han pasado del 21% al 39%, convirtiéndose en la fuente predominante. Pero el dato más revelador no es ese salto, sino lo que implica: el acceso directo —teclear la URL de un medio, abrir su aplicación— ha caído al 14% entre los más jóvenes, frente al 28% de los mayores de 55 años.

Lo que los investigadores llaman el paso de un consumo online-first a un consumo social-first. Cuando alguien accede a las noticias a través de redes sociales, no está eligiendo leer sobre un tema concreto. Está navegando por un feed diseñado por una empresa privada para maximizar el tiempo de permanencia, y las noticias aparecen —o no— en función de esa lógica, no de la relevancia periodística ni del interés ciudadano.

El informe describe cómo los jóvenes consumen noticias “de manera menos intencional y más incidental”. Llegan a la información porque estaban en la plataforma por otra razón —entretenimiento, contacto social, ocio— y las noticias se cruzan en su camino. O no se cruzan. Eso también lo decide el algoritmo.

En cualquier caso, señala el informe, sería un error interpretar estos datos como que los jóvenes viven al margen de la realidad. El 60% de los ciudadanos de 18 a 24 años declara sentirse “siempre conectado a internet”, frente al 40% de los mayores de 55. Consumen enormes cantidades de contenido digital, en formatos y plataformas múltiples. El problema no es la desconexión, sino la fragmentación y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de una persona de decidir activamente qué noticias consume, qué medios consulta, qué temas sigue, cuándo y cómo se informa.

El consumo diario de noticias entre los jóvenes ha caído 15 puntos porcentuales desde 2017, hasta situarse en el 64% en 2025. Entre los mayores de 55 años, la caída es de apenas 5 puntos, hasta el 87%. La brecha se agranda. Y la explicación no es que los jóvenes sean más apáticos o más ignorantes: es que el modelo de acceso incidental a través del scroll, estructuralmente, produce menos exposición sostenida a la actualidad que el hábito deliberado de consultar un medio.

Además, el informe detecta que solo el 35% de los jóvenes declara estar “muy” o “extremadamente” interesado en las noticias, frente al 52% de los mayores de 55. Pero aquí también hay matices importantes: el interés existe, solo que se orienta de forma diferente. Los jóvenes prefieren noticias locales, internacionales, de ciencia, de entretenimiento o de bienestar mental antes que de política. Aparentemente, el desinterés no es por la realidad, sino por el modo en que la prensa tradicional la empaqueta.

En 2025 había seis redes sociales distintas que más del 10% de la población encuestada declaraba usar semanalmente como fuente de noticias, según el informe. Hace una década, solo eran dos. Eso significa que el ecosistema se ha fragmentado. Y los jóvenes lo habitan con mayor intensidad que cualquier otro grupo: usan una media de 4,6 plataformas semanales frente a las 3,4 de los mayores de 55 años.

Pero esa diversidad tiene su reverso. Ninguna de esas plataformas tiene como misión fundamental informar a la ciudadanía. Sus algoritmos están diseñados para retener atención y generar interacción, no para garantizar que los usuarios reciban información relevante, verificada o plural. El resultado es una arquitectura de distribución noticiosa que los medios no controlan y que los usuarios no perciben como tal.

El desplazamiento dentro de las propias redes sociales también es significativo. Facebook, que en 2014 era usada para noticias por el 47% de los jóvenes, ha caído al 16% en 2025. En su lugar han emergido Instagram (30%), YouTube (23%) y TikTok (22%). Son plataformas esencialmente audiovisuales, donde el contenido efímero, la brevedad y el impacto emocional inmediato marcan las reglas. No está diseñado para contextualizar ni para dar continuidad a la cobertura de temas complejos.

Según el informe, las plataformas que más han crecido entre los jóvenes de 18 a 24 años para el consumo de noticias son tres, y el crecimiento se mide comparando 2014 con 2025:

TikTok es el caso más llamativo, sencillamente porque partía de cero. En 2014 su uso para noticias entre jóvenes era del 0% (la plataforma prácticamente no existía). En 2025 ha llegado al 22%. Además, si se mide el uso general —no solo para noticias— casi la mitad de los jóvenes, el 47%, la usa semanalmente. Instagram ha pasado del 4% en 2014 al 30% en 2025. Es el crecimiento más grande en términos absolutos entre las plataformas ya existentes, y se ha convertido en la red social más usada para noticias entre los jóvenes, por encima de todas las demás. Y YouTube ha pasado del 20% al 23%. El crecimiento es más modesto en comparación, pero el informe destaca que es la única plataforma que crece en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 55 años, lo que la convierte en un caso especial.

El informe es directo al señalar las consecuencias para el periodismo: “Los jóvenes sin un sentido de lealtad hacia determinadas marcas son mucho menos propensos a pagar por su contenido” y “el consumo social-first es más vulnerable a las decisiones de las empresas tecnológicas, cuyas elecciones pueden cambiar el destino de los medios que dependen de ellas”. No es solo un problema editorial. Es un problema de sostenibilidad económica del periodismo de calidad.

Hay otro fenómeno que el informe documenta con claridad y que agrava el diagnóstico: en las redes sociales, los jóvenes no consumen noticias de medios, las consumen de personas. El 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales declara prestar más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. Entre los mayores de 55 años, la proporción se invierte: el 46% presta más atención a los medios.

La arquitectura algorítmica favorece a las personas sobre las instituciones. Ya no es necesariamente relevante la praxis profesional porque TikTok, YouTube o Instagram premian la autenticidad percibida, la cercanía y la constancia de publicación. No el rigor. Los medios tradicionales, los que sí cumplen con las reglas de verificación del periodismo profesional, tienen más dificultades para competir en ese terreno.

Y cuando los medios sí consiguen audiencia a través de un periodista con perfil propio en redes, asumen un riesgo nuevo que el informe ilustra con un ejemplo elocuente: el periodista Dave Jorgenson construyó el canal de TikTok de The Washington Post hasta convertirlo en uno de los más exitosos del sector. Cuando abandonó el medio en 2025 para crear su propia empresa, se llevó consigo a una gran parte de esa audiencia. El algoritmo había premiado a la persona, no a la institución.

La investigación del Reuters Institute no se limita al análisis del mercado informativo. Subraya reiteradamente la dimensión democrática del problema. “El consumo de noticias aumenta la participación política, mejora el conocimiento de la actualidad y mejora la resiliencia frente a la desinformación”, recuerda el informe, citando múltiples estudios. El problema no es solo que los jóvenes lean menos noticias en papel o visiten menos webs de medios. Es que el modelo de consumo incidental, algorítmicamente gestionado, no produce la misma nutrición cívica que el consumo deliberado.

Cuando las noticias llegan porque el algoritmo las inserta en un feed de entretenimiento, el procesamiento cognitivo es distinto. No hay elección, no hay contexto, frecuentemente no hay recuerdo de la fuente. El informe documenta que los usuarios que acceden a las noticias de forma incidental a través de redes sociales “son menos propensos a recordar la marca informativa que las proporcionó”, lo que debilita la conexión directa con los medios y, con ella, la posibilidad de establecer una relación de confianza y seguimiento sostenidos.

Los jóvenes no están, por tanto, simplemente consumiendo las noticias de otra manera. Están consumiéndolas en un entorno donde las reglas de selección, prominencia y repetición las fija un sistema de inteligencia artificial cuyo objetivo es la retención, no la información. Y eso tiene consecuencias sobre qué temas importan, cuáles desaparecen, qué voces se amplifican y cuáles quedan silenciadas.

Con todo, el informe del Reuters Institute trata de huir de la resignación. Documenta también iniciativas que intentan revertir, al menos parcialmente, esta tendencia: medios de origen australiano como The Daily Aus que producen noticias breves, sin jerga y diseñadas específicamente para redes sociales; medios holandeses como Spilnews que hacen periodismo para jóvenes dirigido por jóvenes; plataformas latinoamericanas que combinan entretenimiento e información con gran éxito entre audiencias menores de 30 años.

Lo que todas estas iniciativas tienen en común es que no esperan que los jóvenes vuelvan a los medios tradicionales: van donde los jóvenes están, con formatos que encajan en sus hábitos de consumo y con contenidos que responden a sus preguntas reales. No es rendirse al algoritmo: es aprender a competir en el terreno que el algoritmo ha creado.

Porque el diagnóstico del informe es claro: “Hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido". El hábito de elegir las noticias, de construir una dieta informativa propia, deliberada y diversa, es algo que esta generación nunca conoció. Y recuperarlo, si es que aún es posible, requerirá algo más que buenos artículos. Requerirá repensar, desde sus cimientos, cómo el periodismo llega a quienes más lo necesitan.

La mayoría de los estudiantes universitarios españoles fallan al diferenciar en redes sociales noticias científicas verdaderas y falsas. Esta es la principal conclusión de un estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo, que acaba de ser publicado en la revista Enseñanza de las Ciencias, que editan la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de València.

Los resultados de la investigación evidencian que la incertidumbre es la reacción predominante hasta el punto de que, en algunos casos, hasta tres cuartas partes del alumnado manifiesta dudas al valorar la veracidad de las noticias analizadas.

El trabajo concluye que es necesario reforzar la alfabetización científica y mediática para mejorar la capacidad de los estudiantes de identificar información fiable.

El estudio se llevó a cabo mediante una encuesta realizada a 221 estudiantes universitarios, a los que se pidió evaluar la veracidad de cuatro noticias de temática científica, algunas verdaderas y otras falsas.

Los participantes debían indicar si consideraban que cada noticia era verdadera o falsa, así como el grado de certeza de su respuesta (segura o con duda). Además, se les solicitó que justificaran los motivos de su decisión, señalando aspectos como la credibilidad de la fuente, el contenido del argumento, las imágenes o si habían visto la información previamente en otros medios o redes sociales.

Posteriormente, los investigadores analizaron las respuestas mediante técnicas estadísticas comparativas, con el objetivo de identificar patrones en los aciertos, los errores y los criterios utilizados por el alumnado para valorar la credibilidad de las informaciones científicas.

Los resultados son sorprendentes. Una noticia verdadera sobre el descubrimiento de una momia infantil en el desierto de Atacama fue considerada falsa o dudosa por el 64,3% del alumnado, mientras que otra información real sobre la reducción del agujero de la capa de ozono fue identificada incorrectamente por más de la mitad de los participantes.

En el caso de la noticia verdadera sobre el riesgo de impacto de un asteroide y los planes de la NASA para prevenirlo, el 48,4% de los estudiantes también falló o dudó en su valoración.

Por el contrario, la noticia falsa sobre el supuesto descubrimiento de un alienígena en Egipto fue identificada correctamente por la mayoría, con un 83,7% de aciertos, aunque todavía un 16,3% del alumnado la consideró verdadera o probablemente verdadera.

El análisis muestra que los universitarios tienden a basar su valoración en factores contextuales —como la fuerza retórica del argumento, el estilo del titular o la presencia de imágenes— más que en la comprobación de datos o fuentes. Haber visto previamente la información en redes sociales o en otros medios también influye de forma significativa en su percepción de credibilidad.

Según explica la investigadora de la Universidad de Oviedo María Esther del Moral, “los resultados muestran que muchos estudiantes no disponen de un criterio sólido para determinar si una noticia científica es verdadera o falsa, lo que refleja la necesidad de reforzar la formación en pensamiento crítico”.

En la misma línea, el también investigador de la universidad asturiana Jonathan Castañeda Fernández señala que “la apariencia de un argumento coherente puede resultar muy persuasiva, incluso cuando la información no está respaldada por evidencias científicas”.

Por su parte, la investigadora de la misma institución Nerea López Bouzas destaca que “la difusión de información científica en redes sociales y medios digitales exige reforzar la alfabetización mediática y científica del alumnado, para que aprenda a contrastar fuentes y evaluar críticamente los contenidos”.

Por último, la investigadora M. Carmen Bellver Moreno, de la Universitat de València, subraya que “los resultados ponen de manifiesto la importancia de incorporar en la enseñanza de las ciencias estrategias que ayuden al alumnado a analizar críticamente la información que circula en internet y en redes sociales”. A su juicio, “aprender a contrastar datos, identificar fuentes fiables y aplicar criterios propios del método científico es fundamental para que los estudiantes puedan diferenciar entre información científica rigurosa y contenidos engañosos”.

El estudio concluye precisamente que fomentar el pensamiento crítico, la verificación de fuentes y el uso de herramientas para contrastar información resulta clave para ayudar a los jóvenes a distinguir entre información científica fiable y desinformación. Asimismo, los autores plantean la necesidad de integrar de forma más explícita estas competencias en los procesos educativos y en la enseñanza de las ciencias. 

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Este lunes 23 de marzo, el Club Abierto de Editores (CLABE) ha presentado el XX Congreso de Editores en la Casa de los Periodistas de Logroño, un evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril en la misma Comunidad Autónoma. El acontecimiento, consolidado como una de las principales citas profesionales del sector de los medios de comunicación en España, se celebrará en espacios emblemáticos de La Rioja, como el Centro de la Cultura del Rioja, en Logroño, y el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

La presentación ha contado con Arsenio Escolar, presidente de CLABE; Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital; y Chus del Río, editor de NueveCuatroUno y vocal de la junta directiva de CLABE. El Club Abierto de Editores, la patronal más importante del sector de medios de comunicación, ha titulado su vigésima edición del congreso: "La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español digital". Los ponentes han destacado el valor estratégico del español en una nueva etapa de transformación del ecosistema mediático impulsada por la inteligencia artificial (IA).

Escolar, durante su intervención, ha subrayado que “el español no es solo una lengua, sino un activo estratégico en la nueva economía digital”, y ha reivindicado que los medios “son garantes de credibilidad, cercanía y cultura en un entorno cada vez más automatizado”.

El congreso analizará el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la cadena de valor de prensa, revista y publicaciones periódicas. Además, se desarrollará con un formato que combinará ponencias, mesas de debate, talleres paralelos y espacios de networking profesional, en los que participarán destacados profesionales del ámbito tecnológico, editorial y académico que conforman CLABE. CLABE cuenta con más de 220 grupos editoriales asociados y más de 1.500 cabeceras de ámbito internacional, nacional, local e hiperlocal, entre ellas infoLibre; digitales y en papel; agencias de noticias, diarios, revistas culturales, especializadas, profesionales y B2B; boletines y otros formatos innovadores.

Entre los ponentes también se cuentan representantes de las plataformas digitales y de organizaciones relacionadas con la creación de contenidos en español, del periodismo y de la comunicación, en general. 

La rueda de prensa de este lunes ha desvelado una nueva iniciativa del Club Abierto, el lanzamiento del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital – CLABE. Este proyecto busca impulsar soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas al periodismo. El reto, dirigido a medios asociados a CLABE, busca iniciativas para la automatización editorial, la generación de contenidos, la monetización o la verificación informativa. Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital, ha incidido en que este reto "es una herramienta concreta para acelerar la transformación digital de los medios". El proyecto ganador contará con mentoría especializada de Google y desarrollo tecnológico a cargo de CIDATUM.

A través de diferentes mesas y ponencias, en el congreso se debatirá sobre los riesgos y oportunidades que representa la IA para los editores y para los profesionales de la información y de la comunicación. Además, se tratará la amenaza que ya supone el uso de los contenidos informativos para entrenar los modelos fundacionales de inteligencia artificial sin que se respeten los derechos de propiedad intelectual, así como la inexistencia de un marco de relaciones estable y equitativo entre las plataformas digitales y los propietarios de los contenidos que sirven para desarrollar las IA.

Las inscripciones ya están abiertas en la web .

El 16 de octubre de 2017, una bomba colocada bajo el asiento del conductor de un Peugeot 108 mató a Daphne Caruana Galizia muy cerca de su casa en Bidnija, en el norte de Malta. Tenía 53 años. Era la periodista de investigación más leída de su país, una mujer que había dedicado su vida a desenterrar la corrupción que empapaba las instituciones maltesas: los negocios turbios de políticos, los tentáculos de la criminalidad organizada, los secretos que el poder prefería que permanecieran ocultos.

La bomba solo fue el colofón. En el momento en que estalló, Daphne Caruana Galizia tenía pendientes 48 demandas judiciales en su contra. Cuarenta y tres civiles y cinco penales. Todas por supuesta difamación. Ninguna tenía visos de prosperar jurídicamente, pero eso era lo de menos. El objetivo no era ganar en los tribunales; el objetivo era que ella perdiera fuera de ellos: tiempo, dinero, energía, salud, y sobre todo, la capacidad de seguir investigando.

A ese tipo de acoso judicial se le llama hoy SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública. Para acabar con ellas, o al menos ponerles freno, la Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne. España tiene hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Faltan poco más de cuatro semanas. Y el Gobierno sigue sin dar señales de que vaya a cumplir el plazo. Las preguntas que infoLibre ha trasladado en los últimos días al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, no han obtenido respuesta.

Para comprender por qué esta directiva importa, hay que entender primero qué es exactamente una demanda SLAPP y por qué resulta tan efectiva como mecanismo de silenciamiento.

La clave está en una paradoja perversa: el proceso judicial, diseñado para resolver conflictos y reparar daños, puede convertirse en un castigo en sí mismo. Un periodista, un activista medioambiental o una organización de derechos humanos que recibe una demanda —aunque sea completamente infundada— se ve obligado a contratar abogados, a dedicar meses o años de su vida a recopilar documentación, a comparecer ante tribunales, a soportar una presión psicológica sostenida. Todo ello mientras quien le demanda —una gran empresa, un político poderoso, un gobierno extranjero— dispone de recursos casi ilimitados para alargar el proceso indefinidamente.

No hace falta ganar el juicio. Basta con que el demandado se agote. Con que decida que no merece la pena. Con que, la próxima vez que esté a punto de publicar una investigación comprometedora, recuerde lo que le costó la anterior y opte por el silencio. Es lo que los especialistas denominan chilling effect: el efecto paralizador que produce el miedo a ser demandado.

Las demandas SLAPP tienen una serie de características comunes que permiten identificarlas. Suelen ser manifiestamente desproporcionadas respecto al supuesto daño alegado. Se presentan en jurisdicciones con procedimientos largos y costosos. Se multiplican sobre un mismo objetivo para maximizar el agotamiento. Y, muy frecuentemente, las interponen actores con capacidad económica muy superior a la de sus víctimas: corporaciones, Estados o individuos con acceso a estructuras legales sofisticadas.

La Directiva Daphne, que aprobó la Unión Europea y que España sigue sin trasladar a su ordenamiento jurídico a pesar del tiempo transcurrido y de que el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó como parte de su flamante Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, propone tres líneas de defensa fundamentales contra estas tácticas.

Primero, la desestimación temprana: que los jueces puedan archivar con rapidez una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño. Segundo, la inversión de la carga de la prueba: quien demanda debe demostrar que su acción no es un instrumento de acoso. Y tercero, las costas y sanciones disuasorias: si la demanda es declarada abusiva, quien la interpuso paga todos los gastos de defensa del demandado y puede enfrentar además multas específicas.

Son herramientas concretas, procesales, que no pretenden limitar el acceso a la justicia de nadie, sino evitar que ese acceso se convierta en un arma para silenciar voces incómodas.

Que esta directiva es necesaria en España no es una suposición abstracta. Hay casos documentados que ilustran con precisión el tipo de acoso que la norma europea pretende frenar. Le pasó a elconfidencial.com con Iberdrola en 2022, cuando la eléctrica interpuso una demanda contra este medio reclamando 17,6 millones de euros en concepto de daños por su cobertura del llamado *caso Villarejo*, la trama que involucra al excomisario de policía y sus trabajos para diversas empresas.

La cifra era tan desproporcionada que, por sí sola, ponía en cuestión la supervivencia económica del periódico. En 2023, el tribunal desestimó la demanda y reconoció la veracidad de las informaciones publicadas y la diligencia profesional de los periodistas. Iberdrola perdió el juicio. Pero el proceso ya había durado meses, había generado costes considerables y había obligado a la redacción a distraer energías y recursos de su labor informativa.

El periodista Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb y en las relaciones entre España y Marruecos, lleva años soportando lo que él mismo ha descrito como un calvario procesal promovido desde las autoridades marroquíes. Uno de los episodios más kafkianos involucra la utilización de la “acción de jactancia”, una figura jurídica medieval —literalmente, del siglo XIII— que sobrevive en el ordenamiento español y que fue empleada para demandarle por haber afirmado públicamente que había sido espiado con el software Pegasus. Cembrero ha ganado todos y cada uno de los juicios. Pero el hostigamiento continúa, y cada nueva acción judicial supone volver a empezar: nuevos abogados, nuevos plazos, nueva presión.

En el ámbito del activismo ambiental, organizaciones como Greenpeace España han denunciado estrategias judiciales orientadas no a obtener una reparación legítima, sino a generar tal presión financiera y procesal sobre la organización que esta se vea obligada a limitar su actividad. La criminalización de la protesta ecologista a través de procedimientos civiles y penales es un fenómeno que va más allá de la anécdota.

Es una situación que enfrenta ahora mismo elDiario.es, al que el cantante Julio Iglesias quiere demandar por injurias y calumnias después de que el periódico publicara el testimonio de dos de sus extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales.

infoLibre tampoco está libre de este tipo de prácticas. Le pasó con la demanda por revelación de secretos que le presentaron Teodoro García Egea, entonces secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, después de que este medio revelara que el segundo había mediado para que se gestionara la atención a un familiar del primero en la sanidad pública. O con Francisco Serrano, exjuez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario, que trató de someter a infoLibre en los tribunales después de que este periódico hiciese público que el ultraderechista obtuvo una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo.

Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia española. Una democracia en la que los tribunales pueden ser utilizados como instrumentos de acoso, y en la que quienes deberían estar protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información se ven obligados a dedicar sus recursos a defenderse de demandas diseñadas para agotar, no para obtener justicia.

El Gobierno de España no desconoce el problema. En septiembre de 2024, presentó el denominado Plan de Acción por la Democracia, un documento que incluía 31 medidas concretas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los medios y los mecanismos de participación ciudadana. Entre esas medidas, la número 2.2.2 prometía la transposición de la Ley Daphne —la Directiva anti-SLAPP—.

Al cumplirse el primer año de la presentación del plan, el balance era decepcionante: menos de la mitad de las 31 medidas habían comenzado su tramitación. La transposición de la Directiva Daphne sigue en un limbo. Hoy, con el plazo del 7 de mayo de 2026 a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, no hay señales de que el proceso vaya a completarse a tiempo.

Y la situación tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento simbólico. España tiene un problema serio y documentado con la transposición de directivas europeas. A finales de 2025, el déficit de transposición del país alcanzaba el 3,19%, uno de los más elevados de la Unión Europea, con más de 90 infracciones abiertas por la Comisión Europea. No es un mal dato puntual: es un patrón de comportamiento que convierte a España en un alumno poco cumplidor en la adaptación del derecho comunitario.

Las consecuencias de incumplir el plazo del 7 de mayo no son solo políticas o reputacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer multas a tanto alzado que habitualmente ascienden a varios millones de euros, más sanciones coercitivas diarias que se acumulan hasta que se completa la transposición. El coste económico para las arcas públicas puede ser considerable, y recae sobre el conjunto de los ciudadanos.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna contabilidad presupuestaria: el coste para periodistas, medios, activistas y organizaciones sociales que siguen trabajando sin la protección que la directiva les garantizaría. Cada semana de retraso es una semana más en la que una demanda abusiva puede presentarse sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada antes de poder ver el final de ninguno de los 48 procedimientos judiciales que la asfixiaban. Aquel crimen puso de manifiesto lo que muchos ya sabían pero pocos querían decir en voz alta: que la libertad de prensa en Europa no es un valor abstracto perfectamente garantizado, sino un espacio que se conquista y se defiende día a día, también frente a los tribunales.

La necrológica es un territorio peculiar del periodismo porque es tal vez el único en el que el periodista tiene la última palabra de forma irreversible. Cuando el periodista Arcadi Espada aún sabía combinar perspicacia con humor afilado —antes de su conversión en un gritón Savonarola—, elaboró un decálogo para la escritura de obituarios que ayudaba a lidiar con las singularidades y paradojas a las que obliga el género. Decía así:

1. Tenga en cuenta que usted sigue vivo. 

2. Evite ponerse (por si acaso) en el lugar del muerto, tipo al él le habría gustado así. 

3. Evite las cartas a tumba abierta, tipo allá donde estés amigo quiero que sepas.

4. Evite convertir una muerte natural en un suicidio, tipo se fue tan discretamente como había vivido. 

5. No espere una mejora en su conducta, tipo aquel necrologista que riñó a su muerto. 

6. Sobre todo no hable de su sonrisa, tipo nos acompañará siempre. 

7. Si siempre ocultó lo que pensaba realmente sobre él haga ahora un pequeño y postrero esfuerzo. 

8. Examine si supone un acto de respeto haber esperado a su muerte, tipo ahora ya se puede desvelar cómo. 

9. No olvide jamás que la necrológica que está escribiendo puede acabar resultando lo único vivo que quedé de él. 

10. Y dado que en algún caso, aunque escaso, el muerto se ha levantado y ha leído escriba usted siempre con las precauciones propias del que espera réplica. 

La primera regla de Espada puede parecer un chiste pero apunta un asunto muy serio, la asimetría absoluta entre el que escribe y el que es escrito. La misma anomalía que, a modo de amenaza, se repite en el cierre del decálogo. El muerto ya no puede protestar, matizar, corregir ni discutir el relato o el retrato, que ambas cosas puede y debe ser un obituario. Y esa disimilitud genera dos tentaciones demasiado habituales, la canonización sentimental y el ajuste de cuentas póstumo, dos formas de abuso de poder narrativo. Precisamente, de esa cualidad narrativa que exige la tarea de contar una vida tratan los mandamientos tercero, cuarto y sexto, porque describen los más manoseados lugares comunes —pensamientos prêt-à-porter—y las perspectivas más ramplonas. Son tan habituales porque delatan la delicada relación que tenemos con los muertos, es decir, con la muerte: lo inefable nos abisma, de modo que solo podemos relacionarnos con ello a través de una liturgia —espiritual o laica—, es decir, de códigos y rituales, convenciones, como las frases hechas que repetimos en los tanatorios y que nos salvan de la obscenidad insoportable que es la muerte misma. Pero el periodista de necrológicas —y sí, escribir obituarios también fue ocupación habitual del arribafirmante durante casi una década— ha de ser un poco más exigente respecto a su tarea. Asumir el luto discreto y pudibundo que se le supone a la labor necrológica —similar al del empleado de funeraria— conlleva una documentación rigurosa y cierta ambición en el verbo, evitando la impresión de pereza o rutina que siempre trasladan las frases hechas, tan imprescindibles y eficientes sin embargo en el velatorio. 

La prohibición “evite ponerse en el lugar del muerto” es sustantiva porque hablar por el que no está es un ejercicio de prepotencia y, demasiado a menudo, no es más que una treta para patrimonializar un cadáver —“los que tuvimos la suerte…”— o, más frecuentemente, una proyección psicológica. Se diría que los periodistas no buscamos sentido a la vida y muerte del otro, sino a las nuestras. El muerto se convierte en pretexto para un estriptis sentimental del vivo, un autorretrato moral del autor del réquiem. Oscar Wilde nos enseñó cuál era el destino tremendo de los retratos morales, en un desván, cubiertos por una sábana y polvo, mientras Dorian se burla del tiempo y de la muerte en los prostíbulos. 

Como el dolor es un atributo de autoridad y soberbia —sufro, luego importo; cuanto más sufro, más importo—, apuntarse al grupo de las plañideras es una forma de darse pisto hablando con cercanía del que ya no puede defenderse de nuestras lágrimas ni de nuestras babas. Si uno confunde la elegía por el amigo muerto con la necrológica, puede convertir tan digna función periodística en la más narcisista y pornográfica forma del periodismo. La hagiografía, la carta de pésame y el testimonio doliente no son un género del periodismo, aunque aparezcan en un periódico, y no tienen nada que ver con la necrológica (este detalle se le escapó al sagaz Arcadi). A la nota necrológica le ocurre como a la crónica política: solo se puede hacer bien desde la distancia física, personal o retórica con el concernido.  

El séptimo mandamiento de ley de Espada, tal vez el más chispeante (“si siempre ocultó lo que pensaba realmente sobre él…”), nos pide modestia y respeto en el ejercicio de la necrológica. Una necrológica no puede estar guiada por el afán de ser la última oportunidad de verdad y un redactor de obituarios debe controlar el afán redentor o moralista. El octavo también previene de los excesos de la amistad y de la enemistad, y el noveno es una llamada explícita a la responsabilidad inherente a la condición de redactor de obituarios en los términos en que se expresan el primero y el décimo, y por eso en el noveno no hay ápice de ironía. Es una advertencia brutal sobre el poder archivístico del periodismo. El sexto es simplemente una advertencia contra los cursis, que son una plaga que apesta el mundo untándolo en melaza. Y por eso es importantísimo. Podríamos seguir. 

El decálogo de Espada, además de un divertido y sagaz entretenimiento, es una seria advertencia para no sentimentalizar la muerte y no apropiarse de ella. La necrológica, a diferencia de Las Coplas de Jorge Manrique, debería ser un ejercicio de sobriedad narrativa. Ni elegía literaria, ni ajuste de cuentas, ni ceremonia de amigotes. Tan solo consiste en contar aproximadamente bien quién fue alguien y por qué es un muerto público y no privado. Es decir, por qué debe importarle al lector —al oyente, al espectador…— esa pérdida, no por qué le importa a quien firma. La necrológica bien entendida es una versión escueta y florida de la nota biográfica, no la versión lúgubre del padrino beodo que coge el micrófono en el banquete de boda.  

El drama que nos ocupa, como los avezados lectores de esta trinchera habrán percibido ya, es que las cartas gemebundas —escritas, literalmente, a tumba abierta—, las estatuas ecuestres y los monumentos tumularios han orillado cuando no sustituido el noble y severo oficio del obituario, porque la emoción, la épica y la propaganda son vehículos de comunicación mucho más inmediatos y eficaces que la información.

La paradoja es contemplar con qué facilidad los textos funerarios escritos desde el dolor intenso de la proximidad o desde el elogio desmesurado, en lugar de verse enriquecidos por el anecdotario que exhiben, a menudo se ven como un manojo de sucedidos, más o menos pintones, que en lugar de humanizar el cuerpo presente cincelan un arquetipo, una caricatura, una reducción del cadáver a muñeco. 

Las necrológicas sucesivas por Gregorio Morán, Fernando Ónega y Raúl del Pozo, además de ser un sepelio por una España senil, que ya iba siendo hora, han compuesto bocetos más o menos merecidos y aproximadamente justos del disidente militante y enfadadísimo, del impertérrito y cortés periodista de Estado y del amigo de francachelas en establecimientos de dudosa reputación.

A menudo, cuando fallece un notable, muere una época. Así que las crónicas de incienso por estos tres respetados periodistas son también añoranzas. Melancolía. Nostalgia por una izquierda combativa, ceñuda y viril, por una España de consensos verticales descendentes y perfumados, y, por último, por un periodismo con olor a Ducados y ajo. En las necrológicas de Morán aparecía el retrato del disidente impertinente hasta el empacho, el columnista molesto, el eremita del malhumor, el escritor que había hecho de la venganza intelectual una forma de vida y del insulto feroz una literatura. En las necrológicas de Ónega se despedía al cronista de la Transición, al periodista que había estado en el centro mismo del relato político y que representaba una forma institucional del periodismo, la del profesional respetado por todas las tribunas y por todas las generaciones. Y en las de Del Pozo asomaba una elegía bohemia del oficio, la caricatura del columnista de conversación interminable que mira escotes, el conversador de madrugada, el hombre, muy hombre, que entendía el periodismo también como una forma de sociabilidad, como una lealtad, como una manera masculina de habitar el mundo.

Pero la necrológica no revela tanto al muerto que yace como al vivo que escribe. Y con los escribientes los tres han sido afortunados. Raúl del Pozo tuvo la suerte de que su cadáver fue robado por sus amigos de gaudeamus. La ventura de Ónega fue que la apropiación del cuerpo la hicieron las instituciones del Estado. Y, en fin, seguramente Morán ha sido el que ha tenido más suerte. Porque no había otro Morán vivo para escribir su obituario, como tantas veces hizo él, sin piedad, humanidad ni recato, con tantos camaradas de cuerpo presente a los que aun quiso matar después de muertos.

Todos los periodistas de guerra han sufrido agresiones durante sus coberturas y el 54% presenta síntomas de estrés postraumático, según un informe elaborado por la Universidad del País Vasco (EHU) que recoge EFE. 

El estudio, titulado Caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales, ofrece un diagnóstico sobre la realidad profesional y las condiciones de seguridad de quienes ejercen el periodismo en escenarios de conflicto bélico.

El informe, que ha sido hecho público este jueves por la EHU, ha contado con la participación de 85 periodistas de guerra españoles, con unas medias de edad de 48 años y de 14 años de experiencia en la cobertura de conflictos internacionales, y constituye el análisis más completo realizado hasta la fecha en España sobre esta materia, según ha destacado el centro académico.

Este trabajo, que analiza de manera integral la seguridad de los periodistas en todas las fases de la cobertura -antes, durante y después de la guerra- y en los ámbitos laboral, físico, psicológico y digital, forma parte del proyecto Josafcon -Journalist Safety Research Project-, liderado por el Grupo de Investigación Bitartez de la EHU y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se basa en un amplio cuestionario diseñado específicamente y recoge las experiencias de 85 periodistas de guerra, con una equilibrada representación de género (50,5% mujeres), distintas vinculaciones laborales y de entre los 26 y los 70 años. 

Los profesionales que han participado en el estudio acumulan experiencia en múltiples guerras de los últimos 35 años, como Irak, la antigua Yugoslavia, Afganistán o Siria, y la mayoría ha cubierto los conflictos de Ucrania y Gaza. 

Desarrollan su labor en prensa, agencias, medios digitales, revistas y radios y televisiones públicas y privadas, y según la investigación los periodistas autónomos y colaboradores afrontan peores condiciones de seguridad que los de plantilla.

Los resultados del estudio reflejan una exposición generalizada a la violencia y un impacto psicológico elevado, indistintamente de la categoría profesional, la vinculación laboral con los medios y las características individuales de los periodistas que cubren las guerras. Todas las personas encuestadas han sufrido al menos una agresión en el ejercicio de su trabajo, con una media de casi ocho tipos distintos de violencia a lo largo de su carrera. 

Más de la mitad de ellas (54%) superan el umbral clínico de sintomatología de estrés postraumático, pero solo una minoría ha recibido diagnóstico o apoyo especializado. También se pone de relieve en el informe la falta de apoyo psicológico tras las coberturas bélicas, ya que el 97% de los periodistas desconoce la existencia de protocolos de acogida, y los medios para los que trabajan rara vez se interesan por su bienestar psicológico.

Según el estudio, este ámbito sigue siendo tabú en la profesión y, ante su carencia, el apoyo recae principalmente en redes informales, como colegas en el terreno, pareja y amistades. El informe subraya que la seguridad del profesional no se limita al uso del chaleco antibalas, sino que depende de un ecosistema más amplio que incluye estabilidad laboral, formación, recursos adecuados y apoyo psicosocial antes, durante y después de la cobertura. 

La mejora de estas condiciones es una responsabilidad de los medios y necesita una respuesta conjunta de instituciones nacionales e internacionales, según se destaca en el estudio.

Leire Iturregui, profesora del Departamento de Periodismo de la EHU e investigadora principal del proyecto junto a la catedrática María José Cantalapiedra, ha destacado que el objetivo es impulsar el debate profesional y académico, así como "aportar evidencia empírica, para contribuir al diseño de políticas públicas que permitan avanzar hacia una cultura de seguridad más robusta en el periodismo de guerra español".

Hay comunidades donde los medios son el poder, o cuando menos, una pieza indisociable de él. Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas, lo harán después de haber sido informados, durante años, por un ecosistema mediático cuya estructura de propiedad, cuyas fuentes de financiación y cuyos vínculos con la política regional constituyen uno de los casos más reveladores —y más perturbadores— del estado de la libertad de prensa en España.

El mapa es tan singular que merece ser contemplado en toda su crudeza. La comunidad más extensa del país, con nueve provincias y una dispersión geográfica que convierte el acceso a la información en un reto estructural, carece de televisión pública propia. En su lugar, desde 2009, el servicio lo presta Radiotelevisión Castilla y León S.A. (RTVCyL), una empresa privada cuya propiedad se reparte al 50% entre dos grupos empresariales: Promecal, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, vinculado a la familia del constructor José Luis Ulibarri. Dos rivales que comparten negocio. Dos socios que, más allá de la televisión, dominan el grueso de la prensa escrita y la radio local de la región.

Para entender cómo llegó Castilla y León a este modelo insólito, hay que retroceder al año 2009. El entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, quiso poner en marcha una televisión autonómica en plena gran recesión, pero decidió externalizar completamente su gestión al sector privado. El problema era que los dos grandes grupos mediáticos de la comunidad —Promecal y Edigrup— se disputaban ferozmente la concesión. La solución fue salomónica: obligarles a compartir el pastel al cincuenta por ciento. Así nació una empresa que es privada en su titularidad, pero pública en su función y en gran parte de su financiación.

Las biografías de sus propietarios añaden una dimensión inquietante al análisis. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación. Dos empresarios con condenas por corrupción son, en 2025, los gestores del servicio público audiovisual de una de las comunidades más grandes de España. Y cada año reciben, solo en concepto de subvención para RCyLTV, más de 21 millones de euros de dinero público a pesar de que el promedio de audiencia de sus dos canales es ridículamente bajo.

El flujo de fondos públicos hacia estos grupos no se limita a la televisión. La Junta de Castilla y León destinó 19,4 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Sumados a los más de 21 millones de la subvención a RTVCyL, el dinero de todos que alimenta directamente el ecosistema mediático controlado por Méndez Pozo y Ulibarri supera los 40 millones de euros anuales.

Una cifra disparatada que pone de relieve lo que los estudiosos del fenómeno denominan “captura de medios”: la conversión de los grupos de comunicación en instrumentos al servicio de intereses políticos y empresariales, más que en contrapoderes independientes. Porque ese dinero condiciona lo que publican las cabeceras, de papel y digitales, de los dos empresarios que controlan la televisión autonómica.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detectó que el 60% del gasto en publicidad institucional de la Junta se concentra en la prensa de papel, precisamente el soporte que más audiencia pierde. Para la AIReF, esto equivale a una subvención encubierta destinada a sostener estructuras empresariales a cambio de coberturas favorables. Es el diagnóstico de un organismo oficial que cuantifica la deformación del mercado mediático regional.

Los partidos de la oposición llevan años denunciando lo que consideran una orientación sistemáticamente favorable al PP en los informativos . El PSOE y Ciudadanos apuntan al sesgo en la cobertura del Gobierno regional; Unidas Podemos y Soria ¡Ya! añaden que la cadena blanquea a Vox y sobrerrepresenta a Valladolid en detrimento del resto de provincias.

Sin embargo, y esto es significativo, no constan denuncias de manipulación por parte de los propios periodistas de la cadena. Sus movilizaciones han sido por razones laborales —los sueldos son bajos—, no por presiones editoriales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León nunca ha firmado un pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

En junio de 2025, sin embargo, algo amenazó con poner patas arriba el tablero. Los partidos de la oposición en las Cortes autonómicas —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— lograron imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que ha levantado una polvareda sin precedentes en el sector. La medida estrella de la norma establece que ningún medio podrá recibir de la Junta más del 33% de su facturación anual en concepto de publicidad institucional. Se añade, además, un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido objeto de condenas reiteradas en sentencia firme.

La reacción del sector fue inmediata y contundente. Una plataforma que agrupa a 29 empresas periodísticas y 33 medios de la comunidad —una cifra abultada, pero fácil de reunir a través de los dos grandes grupos hegemónicos— ha impugnado la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando su suspensión cautelar.

Se apoyan en un dictamen del Consejo Consultivo —elaborado a petición de la propia Junta, que se resiste a aplicar la ley— según el cual la norma invade competencias estatales al fijar límites en la contratación y prohibiciones a la hora de percibir fondos públicos. El Colegio de Periodistas, por su parte, advierte de que la ley ya ha provocado los primeros despidos en algunos medios y que, de no modificarse, podría abocar al cierre a numerosas cabeceras muy dependientes de los ingresos institucionales.

La paradoja es reveladora. Una ley pensada para limitar la captura de medios es impugnada por los propios medios. Y el argumento más potente para defenderla —la necesidad de que el dinero público no sirva para comprar cobertura favorable— choca con la realidad de que muchos pequeños medios locales han construido su modelo de negocio sobre esa dependencia. La reforma toca un nudo gordiano: si se aplica, puede limpiar el sistema, pero destruir parte de su tejido; si no se aplica, el statu quo de la captura mediática se perpetúa.

Todo este entramado cobra especial dimensión cuando se analiza cómo consumen información los ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el contexto electoral. Uno de los territorios por excelencia de la España vaciada, lo que signidficia dispersión, envejecimiento y muchos municipios de menos de mil habitantes.

En el ámbito digital, el Diario de León (Edigrup) se ha consolidado como el periódico más leído de la comunidad con 64.000 lectores diarios, superando al histórico El Norte de Castilla (Vocento), con 62.000. En el universo online, las cifras del Diario de León alcanzan los diez millones de páginas vistas mensuales. La televisión regional —CyLTV— tiene una penetración del 79,3%, pero su audiencia efectiva es "residual", con cuotas que rondan el 1,1% para La 7 y el 0,7% para La 8. Un medio con tan escasa audiencia acapara más de 21 millones de euros anuales de financiación pública.

Aquí son las cadenas estatales las que lo dominan todo. Manda la conservadora Antena 3, con datos extraordinarios, en particular en los espacios informativos, tan importantes para dominar el debate político. Le sigue La 1 de TVE, aunque a cierta distancia todavía.

Pero la fotografía más preocupante llega cuando se analiza la brecha entre el mundo urbano y rural. En los municipios de menos de 5.000 habitantes —que en Castilla y León representan la mayoría del territorio, aunque no de la población—, el acceso a internet es un 10% inferior a la media nacional. La desigualdad es especialmente drástica en redes profesionales: el acceso a LinkedIn es un 38% menor en el mundo rural. Un 35,5% de la población rural asegura no consumir nunca vídeos en línea.

En ese contexto, la radio y la televisión siguen siendo los pilares informativos y de cohesión social de la España interior. Y la radio, cuyo mercado está dominado por las cadenas nacionales SER, COPE y Onda Cero a través de desconexiones locales gestionadas precisamente mediante acuerdos con Promecal y Edigrup, cierra el círculo de un ecosistema mediático donde los dos mismos grupos empresariales están presentes en todos los soportes relevantes.

Hay, sin embargo, una presión externa que puede forzar una transformación que la política regional no ha sido capaz de impulsar desde dentro. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de cumplimiento venció en agosto de 2025, introduce un concepto que dinamita el escudo jurídico de CyLTV: el de "proveedor de servicios de comunicación social de servicio público". La definición no atiende a quién es el propietario, sino a qué función cumple el medio y cómo se financia.

CyLTV cumple ambos criterios: tiene encomendada una misión de servicio público mediante contrato con la Junta y recibe financiación pública para cumplirla. Por tanto, le es de aplicación el reglamento europeo en todos sus apartados.

Esto implica, entre otras cosas, que la financiación deberá dejar de ser una subvención anual —que puede usarse como palanca de presión política— para convertirse en un modelo plurianual basado en criterios claros y transparentes. Que los nombramientos de directivos tendrán que realizarse mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios. Que la estructura de propiedad deberá hacerse pública con detalle de los beneficiarios finales.

En la práctica, esto supondría sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo. Y obligaría a proteger la independencia de los periodistas mediante estatutos de redacción y consejos de redacción efectivos, al margen de los intereses de la propiedad y del Gobierno regional.

Este domingo, los ciudadanos de Castilla y León votan con toda esta arquitectura invisible de fondo. La información que les ha llegado durante la campaña ha transitado por canales cuya independencia es, como mínimo, discutible. Los principales prescriptores de la agenda política son medios que dependen financieramente de la Junta, que son propiedad de empresarios con condenas judiciales y que operan en un entorno regulatorio que se debate entre la reforma y la impugnación.

No es un problema exclusivo de Castilla y León —la captura mediática tiene expresiones en muchas comunidades autónomas— pero sí es en esta región donde el modelo alcanza una forma más cristalina y más extrema: una televisión autonómica privada, gestionada por dos condenados por corrupción, subvencionada con más de 21 millones de euros anuales sin un control parlamentario efectivo, con informativos acusados de sesgo sistemático y sin que los propios periodistas que trabajan en ella hayan elevado queja alguna por presiones editoriales.

Conviene recordar que el silencio de los periodistas no es necesariamente garantía de independencia. Puede ser también la señal más elocuente de hasta dónde llega la normalización de lo que, en cualquier democracia mediática sana, sería considerado inaceptable. La reforma llegará, quizás, de la mano de Bruselas. Lo que no llegará sola es la rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido durante décadas en el ecosistema mediático de la comunidad más grande de España.

En el limbo han debido de montar una buena zambra a cuenta de su último inquilino, Raúl del Pozo. Uno se despeñó en este oficio de impostores leyendo las columnas del periodista al que la vejez le había cincelado el cráneo blanco de un cónsul que asomó la luz por primera vez bajo un cielo de pastores, en la serranía estrellada de Cuenca. Su astucia y su instinto político bailaron todas las mañanas un chotis con aquel estilo silvestre y montaraz, dispuesto a hacer levitar a los muertos o iluminar un Madrid de sables vibrante, lírico y hambriento. Esa era la naturaleza última de su magisterio escrito a diario en las columnas de El Mundo por las que circulaban periodistas, políticos y escritores del gremio junto a todo el cante jondo del Madrid profundo y folclórico del uno al otro confín.

Escribía en la lengua de germanías, como un dios desterrado del cielo caído en las butacas del Congreso, bastardo y confeso de todos los pecados de un Madrid D.F. que sólo dejaba un reguero de cadáveres políticos y recuerdos que se perdían en los pliegues de las sábanas. No habría dedicado mi vida a este oficio si no fuera por la admiración que le tenía cuando uno comenzó a percibir que también le nacían los pelos en los huevos y le gustaba contar cosas. Con él aprendí que escribir la crónica política exigía la picardía de los trujamanes, la complicidad de los gariteros, la alegría de los gitanos y el misterio de los asesinos.

Uno, aquellas tardes adolescentes y febriles, se las pasaba buscando la firma de Raúl Júcar en los anaqueles del Mundo Obrero que guardaba algún camarada en la vieja sede del Partido, cuando la izquierda era esa mole granítica de tiempo, inapelable como lo es siempre un manual de historia, llamada PCE. Entonces Raúl era el eco de toda una clase obrera que se manejaba en el sermo vulgaris de la fábrica que llegaba a todas las esquinas, incluso a los palacios y los casinos que el mismo Raúl frecuentaba en su llegada al todo Madrid. Pero la admiración llegó realmente cuando forjó su batalla personal contra la guerra de Irak, Bush, Felipe González y todo el planeta americano en aquella aventura que fue El Independiente. Después quedó galvanizada con el juego de tahúres parlamentario que dejó impreso en sus relámpagos literarios y políticos que fulguraban intermitentemente en la primera hora de El Mundo de Pedro Jota.

El gran acierto de Pedro Jota fue construir un periódico de derechas con las mejores firmas de izquierdas. Hubo un tiempo de gloria y poder, que diría Gay Talese, en el que un mismo periódico congregaba al dream team del columnismo español: Umbral, Del Pozo, Rigalt, Ortiz, Villena y, en la última hora, Montero Glez y Ángel Antonio Herrera.

Fue Umbral quien me dio una clave de este siglo poco antes de morir: este era un tiempo de compraventa. Decía Umbral que se sentía un hombre tan compra-vendido como tantos otros que están en el juego del periodismo, la literatura o la política. “Yo soy de los que opinan que se está o no se está dentro de este juego y que aquí no caben medias tintas. Si no se está es porque no se ha querido o porque no se ha podido”.

De Raúl del Pozo, su sucesor en la columna, me contaba Umbral que tenía una prosa privilegiada, propia, personal y con una fuerza que casi nadie ha tenido. No es una voz exquisita, sino de gitanos y de toros, llena de hallazgos líricos. A medida que pasaron los años, uno fue descubriendo que la sabiduría de Raúl era puro instinto de zahorí, olfato de zorro rodeado de corderos. Era un oráculo estupendo capaz de ver el futuro de un país en el reflejo de un cubito de hielo. Hubo un tiempo en que la política, la literatura y la noticia se hacían siempre en los bares. Hoy parecen disolverse en las pantallas de los móviles. Quiere uno decir que con del Pozo se va una manera de hacer columnismo, el que principió con Quevedo, pues qué era si no don Francisco sino un periodista que escribía sus columnas contra Felipe IV en sonetos.

Efectivamente, retirarse y vivir fuera de la literatura, el periodismo o la política, o sea, ir a trabajar a una oficina tranquilamente y luego estar en casa con los niños pudo ser una opción, lo que pasa es que a nosotros esa vida no nos va. Nos ha tocado un tiempo (todos lo fueron) en el que el escritor lo pasa muy mal. Pero sabemos que hay que estar, que debemos aceptar el juego, apostar y, como Raúl, conseguir ganar.  ¡Que viva el vino!

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba, y ha recogido EFE.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: 'Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas'.

Participó en debates y tertulias televisivas y dirigió el programa Entre dos luces de TVE.

Fue galardonado con algunos de los premios más importantes del mundo del periodismo (el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros), y era además autor de una destacada obra literaria.

Nacido en Mariana (Cuenca) el 25 de diciembre de 1936, inició su carrera profesional como colaborador del Diario de Cuenca en 1960, donde trabajó hasta 1963.

De 1967 a 1981, fue auxiliar de redacción del diario Pueblo, donde ejerció como comentarista político con el seudónimo Falstaff, y como corresponsal en Buenos Aires, Moscú, Londres, Lisboa y Roma.

Durante ese periodo, colaboró también en el diario Informaciones, y los semanarios La Calle, Guadiana, La Codorniz y Líbera. Raúl Júcar fue el seudónimo que utilizó en su etapa de redactor de Mundo Obrero (órgano oficial del Partido Comunista de España) entre 1976 y 1981.

Ese último año, comenzó a trabajar en la revista Interviú, y en 1985 fue galardonado con el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez.

Fue director del programa Entre luces en TVE y en abril de 1982 participó en la fundación del semanario El Independiente, del que fue adjunto a la dirección desde 1987 y hasta el cierre de la publicación en octubre de 1991.

Desde 1991 Raúl del Pozo era columnista y cronista parlamentario del diario El Mundo, medio en cuya última página publicaba desde diciembre de 2007 la columna El ruido de la calle, espacio en el que escribía Francisco Umbral hasta su fallecimiento.

Compatibilizó esta actividad con colaboraciones en distintas tertulias como Día a día (1998-2001) y Cada día (2004-2005), ambas presentados por María Teresa Campos en Telecinco y Antena 3 TV, respectivamente; desde diciembre de 2006 en la sección El ring del programa Espejo Público, en Antena 3 TV; desde diciembre de 2009 en el espacio La Vuelta a El Mundo, en Veo TV; mientras que en radio participó en Onda Cero en La brújula y en Herrera en la Onda.

En Onda Cero, participó estos últimos años en el espacio Más de uno con la sección semanal Viva el vino.

Durante su trayectoria periodística fue reconocido con algunos de los premios más prestigiosos del periodismo español, como el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez; Premio Francisco Cerecedo (1989); Premio González-Ruano (2005); Premio Mariano de Cavia (2008), y el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural (2009).

Además de estos galardones, estaba en posesión también del Premio a la labor periodística Manuel Sanmartín (1991); el Premio de Comunicación Ciudad de Marbella (1996), el Premio Club de la Escritura (1997), el premio del Club Internacional de Prensa (2007), Premios de las Artes y la Ciencia (2008) y el premio Comunicador del año 2008 de la revista GQ. 

En 2025 recibió el Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube, otorgado por el diario ABC de Sevilla por su artículo 'Los Machado se querían', donde analizaba la figura de los hermanos poetas.

Del Pozo estaba además en posesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha (2017) y la Medalla de Honor de Madrid (2022).

Además, es autor de una importante obra narrativa, con títulos como Noche de tahúres (1994); La novia (1995); El reclamo (2011), Premio Primavera de Novela; Ciudad levítica (2001), o La diosa del pubis azul (2005). En 2017, publicó una recopilación de artículos, El último pistolero.

En octubre de 2000, la Policía desactivó un paquete-bomba con 170 gramos de pólvora dirigido al periodista que fue localizado en la estación Chamartín (Madrid) por un funcionario de Correos. El autor de los envíos, Eduardo García Macías, vinculado a grupos anarquistas, fue condenado en 2004 por esos hechos a cuatro años de cárcel. 

Raúl del Pozo era asiduo también de las tertulias del Café Gijón, en Madrid, al que definió como 'el ateneo canalla de nuestra cultura'.

La batalla judicial entre la periodista Silvia Intxaurrondo y el diario El Mundo, propiedad del empresario italiano Urbano Cairo, suma un nuevo capítulo. Un juzgado ha ordenado al rotativo y a su director, Joaquín Manso, ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre en el plazo de tres días y publicar la rectificación de la información sobre el sueldo de la presentadora en RTVE, tal y como establecía el fallo firme dictado en su contra. Es el cuarto varapalo judicial que encaja el periódico en este litigio.

La propia Intxaurrondo lo anunció este martes en su cuenta de X con un mensaje escueto pero contundente: "Hoy, nuevo varapalo judicial para El Mundo y Joaquín Manso (ya van cuatro): el juzgado despacha ejecución y les da 3 días para publicar la rectificación del bulo contra mí, en los términos fijados por la sentencia. Otra vez la Justicia obligándoles a cumplir".

El litigio arranca de una información publicada por El Mundo en la que el periódico afirmaba que RTVE había renovado el contrato de Intxaurrondo por un total de 537.000 euros, una operación que según el rotativo habría coincidido en el tiempo con la entrevista que la presentadora de La hora de la 1 realizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le reprochó sus declaraciones sobre la subida de las pensiones a pocas semanas de las elecciones generales.

Intxaurrondo siempre negó esos datos. Según defendió ante los tribunales, las negociaciones con la cadena pública comenzaron mucho antes de aquella entrevista y se prolongaron después de ella. Además, denunció que El Mundo había inflado su sueldo en 150.000 euros, sumando indebidamente la remuneración que percibía por el programa El mejor de la historia.

Un camino judicial con ida y vuelta

El proceso no fue lineal para la periodista. En una primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó su demanda en enero de 2024, ya que las cifras aportadas por el periódico coincidían con documentos internos de RTVE. El juez también tuvo en cuenta que algunos datos erróneos habían sido corregidos tras una conversación entre El Mundo y el marido de Intxaurrondo, administrador de la sociedad que gestionó la renovación contractual. Tras esa resolución, fue la periodista quien tuvo que hacerse cargo de las costas.

Sin embargo, Intxaurrondo recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón: condenó a El Mundo y a Manso a rectificar y a asumir las costas de ambas instancias. En noviembre, el Supremo ratificó ese fallo, en una decisión también celebrada por la periodista: “Es una pena” que El Mundo “se haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión”.

En aquel momento, Intxaurrondo también señaló la connivencia del diario con el PP:

A partir de ese momento, el periódico ha ido acumulando sucesivos incumplimientos y reveses procesales, hasta llegar a esta nueva resolución que le exige ejecutar la rectificación en el plazo improrrogable de tres días.

El caso ha tenido una amplia resonancia en el debate sobre la desinformación y la responsabilidad mediática. La propia Intxaurrondo lo quiso sintetizar en una frase que se ha hecho viral durante estos años: "Es muy fácil colar un bulo que arruine la reputación de una mujer".

Buenos actos por malos motivos es el enfoque más compasivo que se puede encontrar en la prensa estupefacta de la Villa y Corte respecto a la nueva posición del presidente del país como indiscutible comandante en jefe de la ética mundial en el tiempo de los bárbaros. En la prensa belicista las cosas están aún peor, pero nada hay que decir al respecto porque jalear una masacre tras otra no convoca análisis alguno, solo amerita reproche. Prestando pues atención solo a los melindres, esos atildados equidistantes del vacío, vemos que habitan en el pensamiento adversativo — “sí, pero”—, esa impertinente forma de periodismo y de habitar el mundo obstinada en encontrar una vez y otra la aguja insidiosa en el pajar de lo mullido. El compromiso y la audacia políticas podrán ser evidentes pero no son sinceros, nos dicen, pues el propósito final es táctico y no tiene que ver con la ética ni las reglas del mundo sino con una maniobra de distracción. Nadie explica cómo lo saben por un motivo trivial: hasta el momento, nadie ha podido entrar en la cabeza de los demás.

El periodismo tiene una materia prima inequívoca que no es ambigua ni discutible: los hechos observables. Profundizar en ellos para leer corrientes de fondo e inscribirlos correctamente en este work in progress humano que es la historia de la civilización permite al oficio trascender la dinámica del diario de avisos y el tablón de anuncios —que también son periodismo, cumpliendo con su función de servicio resumible en una socarronería de viejo reportero asturiano: “Lo más importante que escribirás nunca son los sueltos sobre el programa de festejos y sobre los precios del ganado”—. La paradoja con la que aquí jugamos cada semana es la certeza de que profundizar en lo que ocurre exige generalizar, emanciparse del detalle de los hechos y adoptar una mirada somera. Profundizar no consiste en acercarse, en descender a lo oscuro, sino que requiere elevarse, alejarse. El sentido profundo de los hechos no demanda de lupa sino de gafas de sol. 

El límite más allá del cual cualquier interpretación es especulativa es pues el mencionado, lo observable. Y los pensamientos, los propósitos, las intenciones no son material perceptible salvo que concurran sincronizados con los hechos. Cuando el análisis se desplaza hacia las motivaciones internas de un actor político, el periodista entra en un terreno en el que no existe verificación posible, nadie puede saber —salvo el propio sujeto y no siempre— si una decisión se tomó por convicción moral, cálculo estratégico, oportunismo o por, más probable, una mezcla de todo ello. De hecho, la política real suele ser precisamente eso, una mezcla de razones nobles y utilitarias. Nuestros procesos, como los del progreso humano, son chapuceros y desordenados, y con frecuencia operamos desde una nebulosa de sinceridad, autosugestión e indulgencia, así que ni siquiera es probable que si pudiéramos leer el pensamiento de un político halláramos respuestas inequívocas a estas cuestiones. 

El juicio de intenciones adolece del obstáculo fundamental de no ser falsable. Un periodista puede demostrar si algo ocurrió, pero no puede demostrar lo que alguien quería si no lo verbaliza, con lo que maliciarlo es un ejercicio de psicología especulativa que transparenta el propósito final, que es la sanción moral. Es, entonces, una práctica humana prosaica y amena para las tardes de sillas en la acera y las noches de codos en las barras, pero no es, o no debería ser materia del periodismo digno.

En realidad es aún peor, porque el juicio de intenciones funciona demasiado a menudo como una pose de sofisticación en la que el periodista se presenta como alguien que no se deja engañar por los discursos y que sabe ver detrás de ellos. Porque el cinismo es una estética de la perspicacia que sustituye el análisis por una retórica de la desconfianza. La paradoja condenatoria es que cuanto más descree y malicia, menos información aporta. Explicar una decisión política ética diciendo que todo responde al cálculo electoral es, en realidad, no explicar nada porque toda política democrática tiene dimensión electoral. Señalarlo nada revela, solo introduce un tono de sospecha sobre un hecho que en realidad es esencialmente virtuoso, pues el electoralismo es el predicado del mandato soberano, el test de adecuación de lo que un representante hace a lo que los representados pretenden de él.

Esto nos aterriza en una cuestión de pedagogía democrática elemental, porque en una democracia representativa no elegimos almas sino decisiones. El sistema no está diseñado para evaluar ni premiar la pureza moral de los gobernantes o su sinceridad, porque ellos no encarnan, solo representan. No es el santo que paseamos en las patronales, es el emisario que mandatamos a la política. Su papel no es ejemplar, es consular. Su cometido no es ser sino hacer. Ese es el principio de desconfianza liberal, de ahí que cualquiera sea elegible, pues no ha de ser un repositorio de virtudes, solo desplegar las políticas que lo han llevado al puesto. Lo evaluable de los jerarcas democráticos son las consecuencias tangibles de sus actos políticos. Dicho en términos de filosofía del derecho, cuando un gobernante adopta una política justa por motivos mezquinos, la política sigue siendo justa. Y a la inversa, si adopta una política injusta guiado por las mejores intenciones, el resultado sigue siendo injusto. 

La democracia es un sistema de responsabilidad sobre acciones, no sobre propósitos ocultos. Incluso antes de la modernidad ilustrada, este laicismo de la política ya fue postulado por Maquiavelo, en cuya obra aparece la idea de que el gobernante debe ser juzgado por los resultados de sus actos antes que por su virtud interior. Y eso conduce al principio pesimista del liberalismo democrático, explicado a menudo en sus libros por el exsecretario de Estado de Cultura y Agenda Digital, José María Lassalle: las instituciones democráticas existen precisamente porque no podemos encomendarnos a la virtud personal de los gobernantes. El juicio de intenciones es pues irrelevante para la república —y para sus institutos, ya sean el periódico o el senado— porque pertenece al ámbito del templo. Desplaza el debate político real porque en lugar de discutir si una decisión –como la que ha convertido al presidente del Gobierno en un icono mundial del pacifismo responsable– es correcta y apropiada, si beneficia a la población o si es coherente con la política exterior declarada, levantamos una discusión psicológica sobre las supuestas motivaciones, abandonando la política para zambullirnos en una retórica a medio camino entre la novela de intriga y el auto de fe. Es decir, entre la ficción y la magia.

Ese es el contrasentido del periodismo de la sospecha, que presume de pretender el desenmascaramiento de la política pero solo abunda en el empobrecimiento del análisis y en su deslizamiento hacia la fantasía moralizante. Si todo se explica por cálculo, ambición o manipulación, la política deja de ser un espacio de decisiones públicas y se convierte en un teatro de conspiraciones personales. El resultado es un tipo de discurso público que contiene la semilla retórica de todas las teorías conspirativas. Todo es estrategia oculta, nada es lo que parece. Todos mienten, Ockham se revuelve en su tumba y los ciudadanos renuncian a la política.

La tarea del periodismo político es más modesta que todo eso. No consiste en adivinar la santidad de los gobernantes, sino en describir lo que hacen, explicar sus consecuencias y confrontar esas acciones con los principios que dicen defender. Si existe contradicción entre discurso y hechos, el periodismo debe señalarla, pero no necesita inventar una psicología de la especulación para hacerlo. Las intenciones pertenecen al territorio de la interpretación. Las decisiones pertenecen al territorio de los hechos. Y el periodismo —si quiere conservar su estatuto— debería permanecer lo más cerca posible de ese territorio.  

Porque la república no es un templo ni la política una liturgia de santidad. La república es una máquina imperfecta diseñada para que hombres imperfectos se gobiernen mediante decisiones verificables. Por eso el periodismo que le corresponde no es el que escruta conciencias sino el que examina actos. Cuando olvida ese límite y se entrega a la especulación de las almas, abandona el terreno de la razón pública y entra en el territorio turbio de la suspicacia conventual. Este oficio menesteroso no administra sacramentos ni expide indulgencias, no absuelve ni condena almas, tarea del confesionario, el patio o el café, donde todo es posible y nada es demostrable. Y cuando nada puede demostrarse, lo que desaparece no es solo el periodismo, también la política.

Fernando Ónega, referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo", ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas.com, que ha informado del fallecimiento.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

"Una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65ymas.com, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista que ha presidido hasta su fallecimiento.

García-Page ha destacado en su cuenta de X "su aportación decisiva durante la Transición", nada más conocerse el fallecimiento del periodista, cuya capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la Cadena SER, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la SER estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena COPE como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos. Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia. Asimismo, entre el 26 de marzo de 1992 y el 3 de junio de 1993 fue director general de Onda Cero Radio.

Además, en julio de 1993 se incorporó como comentarista al informativo de medianoche de Tele 5 Entre hoy y mañana, dirigido por Luis Mariñas, y en 1995 sustituyó a Carmen Tomás como editor del informativo del mediodía de esa misma cadena.

En febrero de 1997 se incorporó al informativo de las nueve de la noche de Antena 3 Televisión, y un año más tarde, tras la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga como director de los Servicios Informativos de la cadena y presentador de esa edición de las noticias, Ónega pasó a conducir la tercera edición. Ese febrero posterior se incorporó en Onda Cero al programa Protagonistas de Luis del Olmo.

En septiembre de 1999 fue nombrado director editorial de Telefónica Media (TM), puesto que ocupó hasta que el 20 de julio de 2000 fue nombrado director general de Onda Cero, que abandonó el 23 de enero de 2002 tras llegar a un acuerdo con la emisora.

Continuó colaborando en Onda Cero, como comentarista, y desde septiembre de 2004 en el programa de Carlos Herrera y desde abril de 2015, en el matinal que le sucedió, Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Además, desde septiembre de 2015 hizo el comentario epílogo de La brújula. En Telecinco, participó desde enero de 2005 en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.

España es uno de los países europeos con condiciones laborales "muy malas y precarias" para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.

En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.

Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.

"Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes", concluye el Monitor del Pluralismo.

Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.

En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento "significativo" del 29% respecto al año anterior.

Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.

Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa en 2025.

Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.

A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.

Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.

La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados".

Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.

A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, el periodismo vuelve la vista atrás para interrogar no solo el pasado, sino el relato con el que la democracia española se ha explicado a sí misma. La conversación Periodismo y memoria, organizada por infoLibre con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad y enmarcada dentro del ciclo La Memoria que Somos, reunió a Nativel Preciado e Isabel Cadenas Cañón bajo la moderación de Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, en un diálogo intergeneracional atravesado por una pregunta incómoda: ¿qué hemos contado y qué hemos preferido no contar en estos 50 años?

Nativel Preciado, que tenía 27 años cuando murió Franco y cubrió la capilla ardiente del dictador, resumió medio siglo con un titular tan sobrio como crítico: “La democracia imperfecta mereció la pena o merece la pena”. Pero también añadió otro lema que, a su juicio, define la Transición: “Hemos vivido un periodo de paz a cualquier precio”.

Su relato no fue nostálgico, sino descarnado. Recordó la impresión de aquel día ante el féretro de Franco y la mezcla de emociones de quienes desfilaban ante el cadáver: “Pensé en ese momento que muerto Franco se acabó la rabia y me he dado cuenta de que no”. La dictadura, explicó, no fue solo la ausencia de derechos políticos, sino una maquinaria cotidiana de arbitrariedad: “Las leyes de una dictadura son arbitrarias. Las leyes de una dictadura se hacen a la medida del momento”. No poder reunirse, leer, escuchar música o expresarse libremente formaba parte de una represión que caló en los cuerpos y en las familias.

Frente a quienes hoy banalizan el término censura, Preciado fue tajante: “Censura era que te cerraban el periódico o que metían en la cárcel a un señor por publicar determinada historia”. Recordó cómo la llamada ley Fraga sustituyó la censura previa por una posterior, donde el castigo llegaba después de publicar, pero con efectos igualmente disuasorios. Y reivindicó el papel de periodistas que, incluso en democracia, se jugaron el puesto por investigar los abusos del poder. “Me duele que no se reconozca el valor de algunos periodistas que se han jugado el tipo y se han jugado la carrera y se han jugado el puesto de trabajo por contar algo de eso”, lamentó.

En este sentido, Preciado reivindicó el papel del buen periodismo incluso en escenarios de presión, silencios interesados y poderes intocables. Recordó a “mucha gente dignísima en la profesión que ha tratado de investigar”, citando expresamente a compañeros como José Antonio Martínez de Soler, Pepe García Abad o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, como ejemplo de periodistas que han sostenido la exigencia profesional frente a la autocensura y las complicidades del poder. 

Para Isabel Cadenas, nacida siete años después de la muerte de Franco, el titular es otro, uno muy relacionado con el podcast que la llevó a ganar un Premio Ondas recientemente: De eso no se habla. ¿Por qué definir este medio siglo de democracia con esa frase? La periodista explicó que para ella la herencia recibida del franquismo a través de la familia y la sociedad es como un “ruido blanco”: “No destacar, no llamar la atención, por supuesto, no hablar de política”. Esa pedagogía del silencio —“no te signifiques, no te metas en política”— marcó a una generación que creció creyendo que su familia era “rara” hasta descubrir que el silencio era sistémico.

Cadenas cuestionó no tanto la Transición como su relato épico. “No puede haber reconciliación si no hay justicia”, sostuvo, en referencia a las fosas comunes y a la ausencia de una reparación plena. Para ella, los cuerpos sin exhumar son una realidad material y también una metáfora de un país que dejó asuntos sin resolver. “Si no hay de verdad justicia y reparación, ¿cómo te vas a reconciliar?”, preguntó.

El debate sobre las “heridas reabiertas” sobrevoló la conversación. Preciado recordó que el pacto de la Transición priorizó evitar la violencia y que “los políticos decidieron hacer borrón y cuenta nueva”. Pero también admitió que esa reconciliación “por arriba” no siempre correspondió a una reconciliación “por abajo”. Cadenas, por su parte, rechazó la idea de que hablar de memoria sea un ejercicio de revancha: transformar el silencio exige no solo nombrarlo, sino actuar sobre él.

Ambas coincidieron en que el presente plantea nuevos desafíos. Si antes el enemigo era visible, hoy el poder es difuso. “Antes era mucho más fácil porque había un enemigo único”, apuntó Preciado. Cadenas alertó del papel de las plataformas digitales y los algoritmos en la configuración de lo visible: no es la censura clásica, pero “es algo parecido” cuando determinadas palabras o posiciones quedan invisibilizadas.

Ante un público joven que preguntó por el miedo —si se perdió o si está volviendo—, Preciado reconoció que el miedo nunca desaparece del todo y que incluso hoy observa con “estupor” cómo antiguos compañeros, que incluso se definían como socialistas, han girado hacia posiciones reaccionarias. “Yo ya no tengo miedo a nada, pero sí tengo miedo por las futuras generaciones”, confesó.

En este contexto, Nativel Preciado subrayó una idea clave que atraviesa su trayectoria y que para ella resume su concepción democrática del oficio: “El periodismo es la mayor inversión contra la tiranía y es verdad, es un pilar contra la tiranía de todo tipo”. Frente a la censura explícita del pasado y las formas más sutiles de presión del presente, Preciado dibujó así una línea roja ética: investigar, probar y publicar, incluso cuando no todos quieran escuchar. Porque, sostiene, el periodismo no se trata de insinuar, sino de probar. “Lo que no se puede hacer es hablar de cosas que no se pueden demostrar”, afirmó, defendiendo un periodismo riguroso que publica cuando hay pruebas, aunque eso suponga incomodidad o aislamiento. Para ella, la esencia del oficio sigue siendo clara: “Contar lo que pasa, denunciar lo que pasa”. Para Cadenas, hoy se trata también de “resistir”: resistir a la concentración mediática, a la precariedad, al ruido y al acoso.

La conversación dejó una conclusión compartida: la democracia no es un punto de llegada, sino una cultura que debe ser defendida cada día. La memoria no es un ejercicio melancólico, sino una herramienta para comprender el presente y evitar retrocesos. Como recordó Virginia Pérez Alonso al cerrar el acto, los derechos no pueden darse por sentados. Y el periodismo, cuando está a la altura de su responsabilidad democrática, es uno de los diques más firmes frente al olvido y frente al miedo.