Irene Lozano (Madrid, 1971) acaba de publicar Contra la bazofia digital (Península, 2026), un ensayo que, en plena revolución de la inteligencia artificial, propone una defensa del pensamiento humano, el criterio propio y la conversación real. Una obra reflexiva que, frente a la euforia tecnooptimista y la resignación acrítica, se adentra en un territorio incómodo: cómo los modelos de lenguaje alteran nuestra relación con las palabras, erosionan el diálogo interior y sustituyen la conversación humana por un sucedáneo.

Pero, por encima de todo, Contra la bazofia digital plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurrirá con nuestra capacidad de reflexionar y dar sentido al mundo si delegamos el pensamiento en las máquinas? Y ella misma responde: “La IA representa una gran amenaza, no por la tecnología en sí, sino por cómo está diseñada y, sobre todo, por cómo es la industria: varones blancos, enloquecidos, que van a toda prisa a no se sabe dónde mientras acapararán más poder. En este libro abordo cómo esta tecnología nos transforma. Mi conclusión es que nos afecta en todo: desde nuestro diálogo interior hasta las relaciones sociales, pasando por la realidad. La IA nos crea una realidad para cada uno, mientras el periodismo intenta (o intentaba, no lo sé) generar un consenso sobre lo real”.

En esta línea, explica Lozano a infoLibre que, como ensayista, para ella “pensar es como respirar”, por lo que no entiende la vida sin “pararte a pensar en ella, sin la autorreflexión y el autoconocimiento”. “Ya decía John Stuart Mill: “Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho". Hay que luchar contra quien nos quiere ver menos humanos y más cerdos”, resalta, para luego apuntar que, justo por esto último, le resulta inspirador el lema de este diario, Somos resistencia: “Resistir siempre me parece bien, pero espero que lleguen pronto los tiempos en que la democracia pase a la ofensiva”.

Esto es imprescindible, a su juicio, porque ya estamos “en una sociedad que no distingue la verdad de la mentira, es decir, en una sociedad condenada a caminar hacia atrás”. “Sólo los hechos hacen avanzar a las sociedades complejas”, añade, al tiempo que resalta el valor del buen periodismo como herramienta para comprender e interpretar lo que sucede y defender la democracia. “Ese es el camino imprescindible”, afirma, aunque reconoce que los medios se enfrentan a un “contexto muy complicado en el que la gente ya no se informa como antes: “La información ya no tiene valor porque está por todas partes, ahora lo valioso es la atención. En este nuevo contexto epistémico hay que dar mucho más que noticias, como hace infoLibre”.

Continúa reflexionando Lozano al señalar que el periodismo, “por su propia naturaleza, siempre ha contado mejor los acontecimientos que los procesos”. “A mí, cada vez me interesan más los procesos, pero a menudo el periodista, si no tiene un hecho claro del que colgar un titular, no lo ve o no sabe publicarlo”, indica, poniendo a continuación un ejemplo del momento informativo que estamos atravesando actualmente en todo el planeta: “El proceso de destrucción de la democracia, por ejemplo, es difícil de contar para los periodistas, porque son hechos aislados”.

Y prosigue: “Los medios van a tener un papel muy relevante en la lucha democrática, son el canario en la mina. En EEUU, en esta segunda legislatura de Trump, se está dando un reajuste de los grandes medios y ciertos periodistas de larga trayectoria y prestigio, incluso despidos y marginaciones de algunos, además de operaciones empresariales. Esa reconfiguración del panorama mediático está estrechamente relacionada con la erosión de la democracia en ese país. El periodismo es una comunidad basada en la realidad, si la abandona, deja de ser periodismo. La tentación de abandonarla hoy en favor de los partidos políticos o de intereses empresariales y tecnológicos es enorme”.

A su juicio, en este contexto presente, el periodismo tiene una “enorme responsabilidad” cuando la gente no distingue opinión de hechos, puesto que, de hecho, el trabajo de los periodistas es precisamente mostrar la realidad cada día. Pero, claro, sucede que vivimos en un ambiente de ruido permanente por culpa de “las redes sociales y de los dirigentes políticos, que cada vez están más dispuestos a contar falsedades”, y en el que el “cinismo no aporta nada, salvo desesperación”. “La inteligencia es esperanzada, aunque el pesimismo tenga más prestigio intelectual”, apostilla, e identifica también como un peligro importante la “censura social”, ya que “se presenta disfrazada, en forma de autocensura”. “Quienes tenemos un altavoz, tememos perder seguidores, perder lectores, por una polémica. ¡Con lo divertida que es una buena polémica! La censura social está volviendo todo más plano y aburrido”, lanza divertida.

Por todo lo expuesto hasta aquí, subraya Lozano que un periódico tiene que ser una “brújula” y una “conversación exigente”, porque además de orientarnos, “nos da el calor y la cercanía de una referencia intelectual, que a veces nos satisface y a veces nos lleva la contraria”. “Es muy sano llevarles la contraria a los lectores. Nos estamos acostumbrando demasiado a los espejos. La IA nos devuelve una imagen amable de nosotros mismos que nos va a enloquecer”, advierte, antes de volver a la idea de resistir en tiempos revueltos: “Un periódico es resistencia cuando sigue creyendo en las modestas verdades de los hechos".

Para llegar a esas modestas verdades de los hechos, cree que la pregunta principal que tienen que hacer los periodistas es “¿quién eres?”, para así “identificar bien a los poderosos”. Algo en lo que, en su opinión, estamos “fallando” en general y particularmente en España, donde el periodismo “a veces peca de partidista y se fija más en los partidos que en la política, incluso”. “Eso por no hablar de otros poderes: el tecnológico, el empresarial, el mediático…”, indica, recordando que en la relación con el poder, “lo más difícil de comprender es que el poder democrático es sólo una parte del poder”.

“A menudo, a quien más vigilan los medios es a los gobernantes, con la justificación de que los hemos votado pero, ¿no deberíamos vigilar mucho más precisamente a quienes ni siquiera hemos votado?”, cuestiona, para después señalar como otro gran reto a superar la velocidad acelerada del oficio periodístico: “Vivimos una época de aceleración de todo. Ahora lo positivo es que cada vez tiene más cabida la velocidad lenta, precisamente por lo que decíamos antes: como la información ya está por todas partes, ahora los que nos interesamos por el mundo queremos la profundidad, la comprensión”.

Esto último es imprescindible mientras la ultraderecha trata de rebobinar hasta el “mundo del Antiguo Régimen” en el que “cada tribu tiene su verdad y cree más a sus chamanes y a sus líderes”. “Un mundo en el que la realidad no es algo reconocible y compartido, sino un dictamen del poder. Ha ocurrido antes en la historia, pero se nos ha olvidado”, avisa, para acto seguido rematar: “Que la ultraderecha sea negacionista no es una coincidencia, es constitutivo. Necesitan negar la realidad porque niegan la posibilidad de ir hacia delante, que se basa en los hechos, la deliberación y el ensayo-error. Proponen un imposible: volver al pasado. Si consigues que la gente crea que eso es posible, ya pueden creer todo. En eso están”.

*Irene Lozano es escritora. Acaba de publicar "Contra la bazofia digital". También publicó "Son molinos, no gigantes" (2020), libro que analiza el ecosistema actual de desinformación.

En España, un número reducido de grupos familiares y fondos de inversión, a los que se suman los obispos, concentra el control de la mayoría de los medios de comunicación con audiencia nacional. Esa propiedad determina buena parte de las narrativas que consumen millones de ciudadanos a través del papel, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

La concentración mediática en España no es una hipótesis: es un hecho documentado por instituciones europeas y académicos, y sus efectos se dejan sentir en la calidad informativa, en la independencia editorial y en la salud de la democracia. El Media Pluralism Monitor (MPM), elaborado por el Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) con financiación de la UE, sitúa al país en riesgo medio-alto en pluralismo, alerta de que la concentración de audiencia supera el 75% en televisión, radio y prensa, y subraya la opacidad en la propiedad.

El deterioro es reconocido también desde Bruselas. La Comisión Europea lo advirtió el 19 de julio de 2026 en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En el mismo sentido, el Liberties Media Freedom Report 2026, publicado en mayo, destaca un avance de la “concentración monopolística” como una de las principales amenazas a la libertad de prensa en nuestro país.

La evidencia académica corrobora el diagnóstico. Un estudio de 2025 (Media Ownership and Transparency in Spain) identifica que un núcleo duro de conglomerados —Grupo Planeta, Mediaset España, Grupo Prisa y Grupo Vocento— ejerce un control sustancial sobre el paisaje informativo, con estructuras de propiedad complejas, gran internacionalización y financiación que dificultan la transparencia editorial. 

Un informe posterior de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el marco del proyecto europeo EurOMo (2026), confirma que el poder mediático se concentra en cinco grandes grupos (Planeta, Prisa, Media For Europe, RSC y Vocento), con fuerte presencia de inversores extranjeros y actores financieros, lo que complica identificar a los propietarios finales.

Este entramado se asienta sobre vacíos regulatorios y prácticas opacas. La propiedad cruzada de medios no está regulada en España, y cuando las empresas publican su estructura de propiedad, lo hacen de manera tan compleja que resulta incomprensible para el público general. 

Atresmedia, el grupo audiovisual que lidera las audiencias de televisión con Antena 3 y laSexta como canales principales, resume bien esa lógica. Su control reside en el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, que comparte el mando con los italianos de De Agostini. Planeta se divide hoy en tres linajes de los nietos del fundador: los Lara García, los Lara Hoces y los Falcó Lara. Cada rama posee un tercio del capital. Las tensiones por la posible venta de algunas de esas participaciones han marcado la agenda interna del grupo en los últimos meses.

Vocento representa la fusión de dos culturas periodísticas distintas. Por un lado, la aristocracia monárquica madrileña que dio origen a Abc. Por otro, la prensa regional del norte, con El Correo y El Diario Vasco como cabeceras principales. Las familias Ybarra, Bergareche y Luca de Tena mantienen una presencia histórica en el consejo y capacidad de veto sobre las decisiones clave. Pero el grupo ha vivido un cambio de guardia financiero silencioso. El fondo Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, se ha convertido en el primer accionista individual de Vocento. Su entrada presiona por la rentabilidad y la disciplina de costes en un momento de crisis estructural del papel.

En Cataluña, el Grupo Godó mantiene un modelo de control familiar casi absoluto. Javier Godó es el titular real del holding que edita La Vanguardia y Mundo Deportivo. Tras un relevo generacional planificado, su hijo Carlos Godó asume ya la presidencia ejecutiva del grupo. Godó ha sabido blindar su influencia en el territorio catalán moviéndose, históricamente, cerca de los centros de poder institucional.

Ese control familiar convive con un fenómeno menos visible mediante el cual el capital extranjero decide el rumbo de cabeceras que se presentan como profundamente españolas. Unidad Editorial, responsable de El Mundo, Marca y Expansión, es en un 96% propiedad del grupo italiano RCS MediaGroup. Detrás de esa participación está Urbano Cairo, un empresario que construyó su imperio en la publicidad y el fútbol italianos. Cairo decide hoy el rumbo estratégico de uno de los principales focos de opinión de la derecha española, sin haber ejercido nunca el periodismo.

Un fenómeno similar ocurre en Mediaset España, la matriz de Telecinco y Cuatro. El poder reside allí en los herederos de Silvio Berlusconi. A través de Media For Europe y el holding familiar Fininvest, los hermanos Marina y Pier Silvio Berlusconi controlan la mayoría de los votos. El gigante francés Vivendi, del empresario Vincent Bolloré, queda como actor de presión minoritario tras años de conflictos judiciales entre ambas partes.

El caso de Prisa, editora de El País y la Cadena SER, es quizás el más claro de entrada del capital financiero puro en un medio de referencia. El grupo está bajo el mando de Joseph Oughourlian, empresario francoarmenio y líder del fondo Amber Capital. Su autonomía, sin embargo, está condicionada por una deuda que supera los 750 millones de euros. Esa deuda otorga un poder indirecto pero decisivo a los acreedores del grupo, entre ellos la gestora Pimco, vinculada a su vez a BlackRock. En ese mismo tablero aparece de nuevo Vivendi, cuya participación en Prisa ronda ya el 12% del capital, con aspiraciones declaradas de ampliar su control en el mercado de habla hispana.

Fuera de Madrid y Barcelona, el mapa cambia de escala, pero no de lógica. El Grupo Prensa Ibérica, liderado por Javier Moll, es el máximo exponente de una estrategia construida a base de adquisiciones sucesivas. La compra del Grupo Zeta en 2019 le dio el control de El Periódico y del diario Sport. Con 24 diarios bajo su gestión, Prensa Ibérica domina hoy la opinión pública en doce comunidades autónomas. Opera como un gigante con presencia en todo el territorio, pero con perfil discreto en la capital.

En Aragón, Henneo ha pasado de gestionar el Heraldo de Aragón a convertirse en un conglomerado con proyección nacional. La familia Yarza mantiene el control, con el respaldo financiero de Ibercaja Banco como socio de referencia. En Galicia, la propiedad de La Voz de Galicia ha quedado en manos de una fundación tras el fallecimiento de Santiago Rey, su histórico editor. De esa entidad depende la continuidad del diario como eje de la vida política gallega. En Andalucía, el Grupo Joly mantiene una estructura puramente familiar, con diez cabeceras provinciales que lideran el mercado regional.

En Castilla y León, el panorama mediático se reparte entre dos empresarios con perfiles marcados por procesos judiciales. Promecal está vinculado a Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup pertenece al constructor José Luis Ulibarri. Ambos mantienen un control férreo de la prensa y la televisión autonómica en sus respectivos territorios, pese a los antecedentes legales que arrastran.

La Iglesia católica también es actor mediático de primer orden. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la Cadena COPE y el canal de televisión Trece. Ambos medios funcionan como herramientas de la batalla cultural de la derecha y la ultraderecha españolas. El holding ha logrado beneficios récord gracias a la radio, pero mantiene una televisión crónicamente deficitaria. Esas pérdidas se cubren en parte con inyecciones de capital procedentes de los excedentes de la asignación tributaria del IRPF. En el accionariado de Ábside figura también el naviero Vicente Boluda como socio estratégico.

La crisis del modelo tradicional y la fragmentación de audiencias han permitido la eclosión de medios nativos digitales, que se dividen en dos filosofías de propiedad opuestas. Un primer bloque actúa como laboratorio ideológico. La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, adquirió y relanzó gaceta.es con el objetivo declarado de librar una batalla contra lo que llama el “consenso progre”. En una órbita similar se mueven proyectos como edatv.news, controlado por Javier Negre, u okdiario.com, de Eduardo Inda, cuya estructura societaria es a menudo opaca, aunque está vinculada a redes de inversores del ámbito empresarial y la derecha política. eldebate.com representa, en ese mismo espacio, la apuesta de la Asociación Católica de Propagandistas por influir en la agenda conservadora desde el entorno digital.

Frente a ese bloque existe otro grupo de medios digitales que ha explorado modelos de propiedad alternativos para proteger su independencia editorial. En eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, es el accionista principal, y gran parte del capital está en manos de los propios trabajadores de la redacción. Publico.es es propiedad del productor audiovisual Jaume Roures. Elsaltodiario.com funciona bajo un modelo de cooperativa en el que los suscriptores son copropietarios del medio y no existen accionistas individuales. infoLibre cuenta con un accionariado dominado por José Miguel Contreras y repartido entre periodistas, lectores y socios editoriales como el francés Mediapart, y destaca como uno de los modelos más transparentes a la hora de identificar quién es su dueño.

El negocio de los medios españoles ya no consiste solo en vender información. Casi todos los grandes grupos han iniciado una huida hacia adelante que los lleva a diversificar su actividad hacia sectores donde su influencia mediática funciona como activo comercial. 

Planeta ha convertido la educación superior en una de sus divisiones más rentables, con universidades como UNIE y escuelas de negocios como EAE presentes en varios países. Henneo ha encontrado su motor económico en Hiberus, una consultora tecnológica que ya factura más que sus periódicos. Vocento se ha expandido hacia la gastronomía, con eventos como Madrid Fusión, y hacia las agencias publicitarias. Godó, por su parte, apuesta por el marketing de experiencias y la organización de eventos corporativos.

Esa hibridación genera conflictos de interés potenciales. Cuando un mismo grupo controla universidades, editoriales, constructoras o consultoras tecnológicas, y a la vez gestiona los medios informativos que deben cubrir esos sectores, la independencia editorial queda sometida a una tensión constante entre lo que el negocio necesita y lo que la información exige.

El resultado es un mapa de la propiedad mediática española donde conviven sagas familiares que luchan por no perder el control, corporaciones internacionales con intereses políticos propios y fondos de inversión que tratan los medios como un activo financiero más. Frente a esa estructura, los digitales independientes representan hoy una fracción de la audiencia total cuyo peso en la conversación pública crece con cada ciclo electoral.

Esther Palomera (Madrid, 1968) presentará a partir de septiembre, junto a Gonzalo Miró, el tramo de debate político de Malas Lenguas en las tardes de La 2 de RTVE. Un nuevo paso profesional que añadir a su extensa trayectoria periodística, que compaginará con el puesto de adjunta al director en Eldiario.es que desarrolla desde hace siete años.

Habitual de espacios de análisis político en la Cadena SER, Telecinco —muy sonadas son sus refriegas con Ana Rosa— y la propia RTVE, la periodista lucha incansablemente contra los bulos lanzados desde la ultraderecha, aunque lamenta que, a pesar de todos los esfuerzos, “la desinformación circula siempre más rápido que el desmentido, que muchas veces llega a menos gente que la mentira original”.

A su juicio, advierte, “si eso se normaliza, el debate público deja de basarse en hechos contrastados, lo que hace casi imposible la normalidad democrática”. Esto lleva, asimismo, al “descrédito sistemático de la prensa como institución”, algo que, “sumado a un ruido informativo que agota la capacidad de discernir”, provoca que, a menudo, “la gente deje de confiar en cualquier fuente”.

Y todavía continúa: “La historia política ya ha demostrado que la ultraderecha global tiene como objetivo el descrédito sistemático del periodismo, al que considera un enemigo a batir. Ahí están los ejemplos de Trump, Bolsonaro, Orbán o Milei, en distintos grados, porque el periodismo que contrasta y verifica desenmascara sus propósitos. Deslegitimar a la prensa es una forma de eliminar un contrapeso a su poder”.

Es por eso que ve en el lema de infoLibre, Somos resistencia, un “dique de contención contra la desinformación y los ataques a la democracia”, así como una “posición activa frente a quienes pretenden silenciar, distorsionar o banalizar la realidad”. Además, considera que un periódico tiene que ser “más una brújula que un espejo”, pues este último “devuelve lo que el lector ya cree”, mientras la primera “ayuda a orientarse, aunque el terreno sea incómodo”.

“Con frecuencia, también debería ser una conversación exigente: no dar todo resuelto, sino invitar al lector a pensar con más elementos de los que tenía”, apostilla, y agrega que ese es el camino para esa parte de la audiencia —ya sean lectores, oyentes o telespectadores— que “demanda no solo datos o declaraciones aisladas, sino la capacidad de entender lo que pasa y por qué pasa”. “Y, aunque la línea entre explicar y adoctrinar puede ser extremadamente delgada, hay que vigilar que esa defensa no se convierta en excusa para relajar el rigor”, puntualiza.

Es justo por esto último que un buen periodista, tal y como destaca, debe resistir ante la opacidad del poder, la velocidad del oficio, la simplificación de la realidad y sus propias certezas. Cuatro batallas “conectadas” de esta profesión, si bien apunta como “la más subestimada” a la última: “Es fácil señalar la opacidad del poder o la velocidad del oficio como enemigos externos, pero siempre es más incómodo reconocer que uno mismo puede llegar a una historia con la conclusión ya decidida y buscar solo lo que la confirma”.

En esta línea, recalca que el periodismo tiene una “responsabilidad notable, aunque no exclusiva”, cuando una sociedad empieza a confundir opinión con hechos, ruido con relevancia y cinismo con inteligencia. Según aclara, el periodismo “no creó esa confusión por sí solo, pero sí puede alimentarla cuando prioriza el impacto sobre la precisión, o cuando deja de marcar con claridad la diferencia entre información y opinión”, por lo que su “responsabilidad específica es sostener esa distinción incluso cuando resulta menos rentable en clics”.

En este ecosistema de urgencia y lucha por captar la atención de la audiencia a toda costa, incluso con titulares engañosos o directamente bulos, considera Palomera “un acto de responsabilidad profesional” tomarse un tiempo mínimo y detenerse a pensar en lo que se va a contar. “La velocidad multiplica errores, y un error corregido tarde ya hizo su daño: circuló, fue creído, fue compartido”, subraya, para luego apostillar: “Detenerse no es lentitud, es la diferencia entre informar y solo reaccionar”.

En esa batalla constante por la atención de la ciudadanía, el periodismo se deja por el camino multitud de historias que contar y que no encajan en la fugacidad de la última hora, donde pareciera que cabe ya prácticamente cualquier asunto con tal de destacarlo en rojo. Así, se quedan sin contar, en su opinión, “los procesos lentos sin un momento noticiable: el deterioro de los servicios públicos, la erosión institucional gradual, las consecuencias a largo plazo de decisiones económicas o climáticas. “No hay un titular explosivo un día concreto, así que compiten en desventaja frente a lo urgente, aunque a menudo sean más relevantes para la vida de la gente”, destaca.

Así las cosas, sin periodismo honesto, riguroso y crítico que contraste, analice y verifique, acabaríamos habitando un mundo donde el poder —político, económico, judicial— “no rinda cuentas”. Porque, tal y como recalca, la “corrupción” y el “abuso de poder” no desaparecen por sí solos, sino que, en muchos casos, “han salido a la luz y han sido perseguidos, precisamente, por investigaciones periodísticas”. “Ante los retrocesos democráticos, el periodismo debe jugar un papel de memoria y vigilancia”, afirma, antes de concretar: “Debe documentar los retrocesos cuando ocurren y recordar los precedentes históricos para que no se presenten como algo inevitable”.

Estas reflexiones llevan a la periodista a advertir que los reporteros preguntan mucho “por la intención declarada de una medida, pero poco por su consecuencia distribuida en el tiempo y entre distintos grupos sociales”. Por eso, para Palomera, un periódico es resistencia cuando “persevera en hacer la pregunta incómoda, publica la historia que a nadie le conviene que se publique y defiende por encima de todo el derecho a una información veraz”.

Es precisamente en este último punto, el de la información veraz, donde aparece la inteligencia artificial, que puede, a su juicio, “facilitar la creación masiva de desinformación a una escala y velocidad que dificulte la verificación”. En el lado positivo, concede que puede ser una “herramienta útil” para que el propio periodismo analice “grandes volúmenes de documentos o acelere tareas mecánicas para dedicar más tiempo a la investigación”.

“El peligro no está tanto en la tecnología en sí como en quién la controla, con qué transparencia se usa y si los medios logran capacidad para verificar contenido generado por IA al mismo ritmo al que este se produce”, termina, relacionando esta amenaza con el cruce de caminos en el que se encuentra el oficio periodístico en este agosto de 2026: “La encrucijada está entre sostener modelos de negocio viables sin depender de plataformas que controlan la distribución y la atención, y mantener al mismo tiempo la independencia y el rigor. Es la tensión entre sobrevivir económicamente y no sacrificar por el camino aquello que justifica que sobreviva”.

Guillermo Fesser (Madrid, 1960) publicará en octubre A 55 millas por hora (Contraluz, 2026), un nuevo libro sobre la poco conocida historia de los hispanos en Estados Unidos, país donde reside y desde el que nos explica en el programa de televisión El Intermedio de laSexta su realidad política a pie de calle, con un estilo pedagógico, analítico y ameno. “Trump está intentando borrar del todo esa historia de los hispanos, ya que a los supremacistas blancos que gobiernan no les interesa que se sepa que ha habido, hay y habrá gente con la piel más oscura que ellos que han contribuido de forma decisiva a la prosperidad de la nación”, remarca a infoLibre. “Para empezar: sin España y sin los hispanos de América, Washington jamás hubiera conseguido la independencia”, apostilla.

Con su proverbial perspicacia, el periodista anticipa lo que cree que pasará cuando llegue el momento de promocionar este nuevo título en la prensa, sometida en estos tiempos veloces a una fugacidad en la que apenas tienen espacio las entrevistas en profundidad: “Me llamarán, o al menos eso espero, de algunos medios para promocionarlo. Habrá una pregunta sobre el libro, un guiño a Gomaespuma —su añorado dúo con Juan Luis Cano—, un comentario sobre Trump y a publicidad. No hay sitio para contar nada con cierta extensión, porque se da por hecho que la audiencia no tiene paciencia para ello. ¿Quién lo decide? Porque luego tienes podcasts de historia, como Memorias de un tambor, con cientos de miles de seguidores”.

Esta es solo una de las muchas preocupaciones que tiene Fesser acerca de un oficio periodístico que, a su juicio, tiene la misión de “informar a la gente de lo que hacen sus dirigentes para que tengan posibilidad de juzgar sus acciones y, en consecuencia, apoyarles o negarles el voto”. “Es una labor de vigilancia, no de oposición”, recalca, antes de continuar: “Como decía el gran reportero polaco Ryszard Kapuściński, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo corren a ocultarse”, argumenta.

Y prosigue: “Lamentablemente, hoy el objetivo principal ya no es el de proporcionar a los ciudadanos información veraz, certificada y oportuna para que puedan tomar decisiones libres y conscientes en una sociedad democrática, sino el de hacer la mayor caja posible para repartirla entre los accionistas. En esta disyuntiva, la tentación más habitual viene siendo la de dorarle la píldora al poder económico (muchas veces simplemente mirando para otro lado cuando las informaciones no les favorecen), ya que es la forma más cómoda de acceder a favores (subvenciones, anuncios, contactos, contratos, primicias) que les van a hacer aumentar su cuenta de resultados”.

“Cada vez quedan menos medios que intentan ser independientes, porque competir en estas aguas tan revueltas se hace cada vez más cuesta arriba”, lamenta. Es por ello que, denuncia, hoy “se salta de la información a la propaganda con una frivolidad que ya a casi nadie sorprende”, algo de lo que culpa a la “cultura de la inmediatez”, que nos lleva a querer conocerlo todo antes que los demás, para así pasar a toda prisa al siguiente tema, sin detenernos a pensar más que apenas un instante. “La propaganda cabe en un titular —"Make America Great Again"—, mientras que la información necesita al menos de un par de párrafos”, ejemplifica.

Para Fesser, de hecho, “el mejor periodista no es el que cuenta la historia primero, sino el que mejor la cuenta”. Por ello cree que, antes de contar la noticia, resulta “imprescindible” detenerse a pensar en “cómo conectar los datos que uno ha conseguido contrastar para poner el relato en contexto”. “Nunca debemos dar por hecho que la gente está al corriente de lo que ocurre. El contexto en que se produce es tan importante como la propia noticia”, afirma, y señala que, desde su punto de vista, un diario “no debe ser un foro de debate, sino un lugar de referencia en el que buscar información fiable, con la que luego puedan debatir los ciudadanos sobre lo que ellos consideren oportuno”.

En este sentido, apunta que el “abuso de las tertulias está perjudicando seriamente a la profesión”, pues los periodistas no deberían debatir ni opinar sobre las noticias, sino limitarse a “proporcionarlas para que opinen los demás”, puesto que, desde su punto de vista, “las noticias fiables son las herramientas para comprender e interpretar lo que sucede y, por tanto, ayudar a la defensa de la democracia”. Por eso, asegura que un periodista debe luchar “contra sus propias certezas”, ya que “lo más difícil de esta profesión es separarse emocionalmente de las noticias”.

Pone también su interés en los retos digitales de la profesión, alertando de que “la fascinación por la tecnología ha hecho en el periodismo el mismo daño que hicieron en su momento en el cine el abuso de los efectos digitales: descuidar el relato”. Cegados por estos avances, los profesionales de la información han podido perder un tanto el foco, pero apunta Fesser cierto cambio de tendencia, ya que, “hasta ahora, solo habíamos visto la cara luminosa de esta luna digital, pero empezamos a reconocer su lado oculto y oscuro”.

“Se suponía que la IA era un beneficio para todos, pero cada vez se ve más claro que, más allá de ser una herramienta tremendamente útil para desempeñar muchas tareas, supone un negocio de proporciones descomunales para unos pocos”, advierte, con todo lo que eso implica de ampliación de las desigualdades y desaparición de la clase media: “Más que nunca, necesitamos profesionales bien formados y comprometidos con respetar los principios éticos del periodismo. El hecho de que todo el mundo pueda informar no significa que todo el mundo sepa hacerlo. El hecho de saber escribir no te convierte en periodista, del mismo modo que el hecho de cortar bien un jamón no te convierte en cirujano”, plantea con humor.

Y, con la debida seriedad, continúa: “¿Cómo me voy a fiar de una inteligencia artificial a la que ha dicho Elon Musk cómo tiene que pensar? Un tipo que promociona las cuentas de odio en X —antes Twitter—, que somete a sus empleados a jornadas extenuantes, que está en contra de las subvenciones excepto cuando se trata de los miles de millones de dólares que reciben sus empresas, que concibe a la mujer como un instrumento exclusivamente para procrear, o que piensa que en Sudáfrica las víctimas prioritarias del racismo son los blancos”.

En este ecosistema digital de bulos, desinformación, inteligencia artificial y redes sociales monitorizadas por milmillonarios, el periodismo debe, para Fesser, “recordar lo que costó conseguir cada avance democrático que se pierde o está en peligro de perderse, así como la cantidad de vidas que han mejorado gracias a ellos”. “No basta con recordar que las dictaduras son malas, hay que exponer constantemente con ejemplos y testimonios por qué la democracia es buena”, propone, al tiempo que recuerda que el periodismo tiene la responsabilidad, a su vez, de diferenciar el ruido de la información relevante para la ciudadanía.

“De la misma forma que hay políticos que mienten hasta la saciedad, es importante que un diario recuerde hasta la saciedad que están mintiendo”, sugiere, como medida de defensa democrática en un momento en el que “los políticos se han habituado a que les basta con descalificar lo que hace el partido de la oposición para aprobar el examen”. “La falacia consiste en que ‘si el otro es malo, yo soy automáticamente bueno’, algo que los periodistas no podemos dar por válido, sino que debemos obligar a quienes ostentan el poder a que expliquen las soluciones concretas que ellos proponen para mejorar la vida de los ciudadanos”, remarca, antes de mencionar el “programa, programa, programa” de Julio Anguita y poner sobre la mesa los interrogantes que requieren respuestas claras: “¿Cómo va usted a mejorar el país? ¿Cómo va esa medida concreta a mejorar nuestras vidas?”

Claro que, siguiendo con esa pérfida normalización de la mentira, recuerda que “a nuestros hijos e hijas les hemos enseñado que mentir sin que te pillen es de listos”. Por eso, según destaca, “justificar la mentira como método necesario para la supervivencia ha causado ya un daño tan grave que necesitaremos un par de generaciones para corregirlo”, algo en lo que el periodismo puede tener una importante incidencia si sale de su actual encrucijada por el lado correcto de la historia entre estas dos posibilidades: “Obsesionarse con ganar a la competencia o concentrarse en ser el mejor medio en informar a sus lectores”.

“El segundo camino es más largo y reporta a corto plazo menos beneficios económicos, pero construye algo mucho más sólido a futuro. Las grandes obras, las que permanecen (El Escorial, la catedral de León) no se construyen en unos meses. Estoy seguro de que la prensa que no se obsesione con los titulares más coloristas, como en la fábula de la liebre y la tortuga, llegará antes a la meta. Una meta en la que cada vez se concentra más gente desesperada en busca de un asidero del que poder fiarse. Mientras tanto, no olvidemos que informar de forma decente, encender la luz para ver correr a las cucarachas, supone un enorme alivio para mucha gente a la que, con nuestras noticias fiables, les probamos que no están solos, que no están locos, que la humanidad resiste”, argumenta.

Para desarrollar ese buen periodismo, eso sí, los reporteros tienen que superar la forma más peligrosa de censura que les acecha a día de hoy: la autocensura. “Muchas veces, la prensa deja de contar historias por evitar meterse en líos. En Estados Unidos, donde resido, lo estamos viendo. Cuanto más presiona Trump a los medios, menos noticias que puedan molestarle se publican”, señala, antes de lanzar un aviso: “Al eliminar la confianza en el periodismo a base de tildar de fake news a los medios que cuentan la versión de los hechos que a uno le incomoda, vivimos en una sociedad en la que, en lugar de sentarnos a debatir para aportar soluciones a sus profundos problemas, estamos a punto de llegar a las manos. Es la estrategia de quienes quieren privilegios para ellos solos y enfrentan a la gente de abajo para que no se den cuenta de que les están robando los de arriba”.

Eso es, precisamente, lo que hace la extrema derecha internacional, encabezada por Trump y “manejada por un puñado de gente que no quiere renunciar a unos privilegios arrastrados durante siglos por su clan o su familia, y que resultan escandalosos con la mentalidad del siglo XXI”. Para Fesser, “como su causa resulta indefendible, y, por tanto, invotable en las urnas”, la tienen que “disfrazar” con mentiras: “Se visten de salvadores de la patria, cuando en realidad el bienestar de sus compatriotas les importa tres narices, y echan la culpa de las injusticias que causa su codicia a la gente que tiene menos capacidad de defenderse, como emigrantes sin papeles, mujeres o personas sin techo”.

A los periodistas que tratan de contar estos hechos, en Estados Unidos, “se les acusa desde la administración de antipatriotas o de estar propagando falsedades”. “Eso, cuando no nos mandan a casa al FBI con el fin de intimidarnos”, revela Fesser, plenamente consciente de que es una estrategia que “trata de evitar” que cuenten la verdad, porque ésta “no beneficia a su causa”. Un intento de mordaza no demasiado velada, dentro de una sociedad en la que, justamente por este tipo de actitudes, “estamos perdiendo la capacidad de hablar con alguien que piense diferente y, sobre todo, estamos perdiendo el sentido del humor”.

Así lo ve el comunicador, que concluye compartiendo un análisis social bien certero: “En lugar de sorprendernos, lo diferente nos enfada. En lugar de atraernos, lo novedoso nos amarga. Por eso, creo que la prensa debe jugar el papel de sacar a la gente de su burbuja de confort y ofrecerles historias de gentes que, en principio, no son de su cuerda, pero hacen cosas interesantes. Tenemos que volver a recuperar la capacidad de sorprendernos, respetarnos, entendernos y sonreír. Pero la sonrisa solo se esboza cuando uno está distendido, y uno solo se relaja cuando está en confianza. Por eso, la prensa tiene que recuperar la confianza que hemos perdido”.

A menudo desde este aprisco ha sido reivindicado un conocimiento somero de la realidad y hemos prevenido contra la distorsión que se contiene en la atención al detalle, en el detenimiento con la minucia, una forma de tecnicismo que, queriendo pasar por conocimiento especializado, nos distrae de lo que ocurre y nos convierte en absortos mirones de la monja gorda que reposa, vaso en mano, en el extremo inferior derecho de El carro de heno, de El Bosco, o sea, impermeables a la escena que en realidad el cuadro describe.

Cuando hemos hablado de lo que las cosas son y parecen, para este oficio informal de protohistoriadores provisionales que es el nuestro, nos hemos detenido en el tecnicismo judicial, pero no son las actividades togadas las principales militantes de la estafa de la minucia.

Ocurrió durante los años 2008 a 2012 la mayor crisis económica en Occidente que ha conocido la gente que está viva hoy (y lo estaba ya entonces, se entiende) y aquellos de los nuestros que se desempeñaban en asuntos económicos se dedicaron a saturarnos con contadores del desastre, montañas de detalles que certificaban, mes tras mes, la ruina acontecida pero nada decían de ella. El desempleo, los recortes, la prima de riesgo, la caída del PIB, los impagos, los desahucios, la inflación… las secciones de Economía eran el cenizo notario de nuestra bancarrota de países ricos.

Sin embargo, el oficio, encandilado con el detalle numérico, se abstuvo de contar lo que había pasado. El relato, hoy bien conocido, de aquella quiebra mundial se contó en las secciones de Política, no en las de Economía. El hilo que conecta la desregulación y la financiarización de las economías occidentales bajo la égida del invencible neoliberalismo —una doctrina monoteísta y fanática, como se vio entonces, potencialmente apocalíptica para los países y los paisanos— y la asunción de riesgos irrazonables en la observancia del credo de Milton Friedman, hasta una hipoteca impagada en Plasencia, por decisión de la Europa del norte cuyos bancos estaban en quiebra por su aventurerismo, lo hilvanó antes el periodismo político que el económico —aquí y en todo Occidente—, que dejó pasar la oportunidad de ser otra cosa que un tablón de avisos de lo que cada sector empresarial ansía para mejorar sus dividendos.

Viene esto al caso de la crisis migrante en Ceuta cuyas consecuencias aún son difíciles de medir, pero que deja los cadáveres de 145 personas —la mayoría, necesariamente, niños— en las playas, también nuestras, del norte de África, y cuyas causas saltan a la vista con solo considerar los intereses que hoy alinean a Israel, Estados Unidos y Marruecos, sin que ello signifique que fuera una operación planificada.

En las sociedades complejas del presente rara vez existe la causa única que echa a rodar un guijarro montaña abajo hasta convertirse en una bola de nieve que arrasa un pueblo, del mismo modo que la ignición original no explica por sí sola los motivos por los que este verano España arde por los cuatro costados sin que sepamos cómo detener el fuego. Aristóteles ya postuló la confluencia de al menos cuatro causas en la explicación imprescindible de un hecho: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final.

La causa material de los hechos de Ceuta reside en el elemento humano y geográfico, las personas migrantes, la valla fronteriza y la disparidad de renta a un lado y a otro. Esos cuerpos anhelantes y este territorio físico que acerca y separa tal nivel de fortuna son requisito indispensable del fenómeno y sus frecuentes tragedias. La causa formal incorpora la estructura y el contexto que da forma al conflicto, de modo que incluye las leyes de extranjería, el respeto a los derechos humanos, los protocolos de asilo y el estatus geopolítico de la ciudad en tanto frontera de avanzada de la Unión Europea en África. En la causa eficiente deberíamos incorporar los desencadenantes específicos, una convocatoria digital en redes sociales —importante aquí la autoinculpación de Elon Musk, con sus imágenes de zombis atacando los muros de Israel extraídas de la película Guerra Mundial Z—, una doctrina del Supremo contra las devoluciones en caliente de quienes cruzan a nado, el realineamiento de Mohamed VI junto a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y la restitución de las relaciones de amistad entre España y Argelia, enemigo secular de Marruecos, en el marco de una crisis energética global que nos hace dependientes del suministro de gas argelino. Es decir, los factores que ponen el acontecimiento en marcha. La causa final es el objetivo de los actuantes, que en el caso de los niños migrantes es la obvia búsqueda de una vida mejor, más próspera y más segura, mientras que para los Estados —tanto Marruecos como sus nuevos aliados, y los muchos comparsas que en la UE apuestan por una política migratoria populista y desligada de la realidad de las estructuras económica y social de sus países—, por acción o por omisión, el propósito evidente es la presión sobre España, el Estado díscolo de Occidente, resistente a la trumpización del mundo desarrollado.

Este orden aristotélico de las causas tiene una gran ventaja para el periodismo porque crea un relato fidedigno sobre los acontecimientos sin necesidad de lograr respuestas últimas y exhaustivas a la competencia de los servicios de inteligencia, el grado de voluntariedad o negligencia de las fuerzas del orden marroquíes o el detalle de las llamadas entre dos sujetos tan poco recomendables como el inquilino de la Casa Blanca y el rey de Casablanca. Para los servicios de seguridad españoles y la prevención de futuros desastres humanitarios sí son relevantes esos detalles, como lo es saber si la desatención del Estado con los menores que permanecen en Ceuta —sin techo, alimento ni asistencia pública— obedece a alguna causa material real o solo se trata de llevarlos al desespero para que regresen a su país, tras permanecer dos semanas privados de todo en una playa. No puede sufrir ni morir aquel que no ha existido, por eso es tan perentorio contar a los niños, algo que inexplicablemente seguimos sin haber hecho.

Quizá nunca sepamos quién llamó a quién, qué orden concreta se dio, qué cálculo hizo Rabat o cuánto hubo de improvisación, negligencia o propósito en cada tramo de esta tragedia. Son detalles que importan, pero no todos corresponden a este oficio nuestro, que empieza un poco más lejos, cuando apartamos la vista de la monja y volvemos a mirar las tres tablillas de El carro de heno: 145 menores han muerto y pueden morir o desaparecer diez veces más allí donde se encuentran África y Europa, donde la pobreza y la riqueza están separadas por una decena de metros, donde viejas fronteras crepitan ante nuevas alianzas. El periodismo no consiste en saberlo todo, sino en saber lo que está pasando. Alrededor de Ceuta o de una monja pánfila.

Como el verano nos ayuda a disponer de tiempo, a salir de las urgencias y valorar las realidades cotidianas, no quiero dedicar esta columna a las calamidades que afectan a la actualidad, sino a los privilegios habituales de la vida corriente y común. Por ejemplo, la suerte de colaborar en la prensa seria y de poder establecer con muchos lectores un diálogo sobre la convivencia, los bulos, las inquietudes más graves y las ilusiones que merece la pena sostener. Escribo esta columna de agosto para darle las gracias a los lectores de infoLibre.

He tenido la suerte de colaborar en programas de radio de Canal Sur, Radio Nacional de España o la Cadena SER. Desde joven colaboré en los periódicos de mi ciudad, Ideal y Diario de Granada, y poco después pude publicar columnas en El País, Público e infoLibre. La prensa supone una invitación a participar de manera cívica en la sociedad y heredar una tradición importante en el mundo de la literatura, vivida a lo largo de distintas épocas y contextos. Las firmas de Larra, Unamuno, Azorín, Francisco Ayala, Delibes, García Márquez, Rosa Montero, Elvira Lindo, Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina así nos lo recuerdan. Escribir es habitar la historia, vivir por dentro las experiencias humanas, comprender que la realidad se compone de acontecimientos y experiencias, datos e interpretaciones. Por eso resulta necesaria la información objetiva, pero también los espacios para las opiniones personales, opiniones que no se venden como noticia, sino como miradas, como meditación de lo vivido.

Cuando yo empecé a leer y escribir, los periódicos eran un lugar muy significativo en la transformación de la sociedad española y en la búsqueda de la democracia. Los testimonios se sumaban a las noticias sin censura y los titulares formaban parte de la atmósfera de una nación que se asomaba a la libertad, se transformaba y conseguía hablar, cantar, coser y escribir sin prohibiciones. Colaborar en prensa suponía dar testimonio y recibir la herencia de un esfuerzo cultural y profesional importante en busca de la emancipación y de una dignidad capaz de unir los compromisos públicos con la dignidad privada.

Las contradicciones nunca faltan, a veces son sigilosas y a veces se convierten en un ruido y en unas dinámicas que iluminan el estado de las cosas. Es imprescindible siempre oponerse a las tijeras del censor, pero no puede hablarse cómodamente de libertad cuando se piensa en las dependencias económicas, ideológicas y sociales de los medios de comunicación. Con más o menos decencia, las líneas editoriales se apartan de la objetividad en favor de los intereses de sus propietarios. Y en la degradación de las apuestas democráticas suelen ir de la mano la pérdida de imparcialidad de la administración de Justicia y la sustitución del periodismo por el pseudoperiodismo, los profesionales por los paniaguados, los informadores por los tejedores de crispación y los periódicos o radios por estercoleros. Así ocurrió siempre que se quiso generar odios legitimadores de dictaduras, nacionalismos fanáticos, identidades cerradas y genocidios.

La estrategia de los demagogos que disfrazan su falta de decencia es la generalización, todos son iguales… Pues no es verdad. Gracias a mis colaboraciones en la prensa he tenido la oportunidad de conocer y establecer amistad con periodistas muy decentes, puntos de referencia de la información democrática y la lucha contra las mentiras sistematizadas. Como este artículo está escrito para infoLibre, quiero aprovechar la ocasión para hablar bien de mi amigo Jesús Maraña. De él recibí la invitación para colaborar en el periódico, antes también en Público, y de participar en un proyecto que quiso unir la información con la libertad, no ya frente a la censura, sino frente a los tejidos económicos que procuran subvencionar y fijar los modos de decir. Jesús es el sentido común de la mirada conflictiva, la sensatez de la rebeldía.

La realidad nos envuelve, y con frecuencia los peligros que sobrevuelan la convivencia nos hacen olvidar lo conseguido. Por eso es importante ejercer la memoria histórica, y por eso conviene también reconocer el valor de lo que tenemos junto a nosotros. Yo aprovecho la paz íntima de las vacaciones de verano para agradecerle a Jesús Maraña la posibilidad que me dio de mantener una conversación semanal con los lectores de infoLibre. Frente a los sicarios del insulto, los partidarios de la prensa independiente y la democracia social tenemos muchas cosas que decirnos.

Ya se nos viene el eclipse y nos sentiremos unidos, pero por la falta de luz. Por si no nos hubiéramos percatado, se nos ha insistido tanto que, una vez más, hemos sido congregados para asistir a un fenómeno extraordinario, de esos ante los que no podemos sentirnos ajenos, porque es la llamada de la naturaleza, que también nos convoca a levantar la vista.

Es verdad que los móviles nos pueden impedir levantar la cabeza por estar embarazosamente acostumbrados a no mirar más allá de nuestro ombligo, convirtiendo nuestro regazo en un punto de flexión, pero no de reflexión.

Ante las alarmas de la existencia real del peligro que esta vez supone el mirar al cielo, tenemos las posibilidades de prepararnos, andarnos con cuidado y prevenir para no quedarnos ciegos, porque no podemos soportar tanta luz como la del astro rey.

No nos podemos descuidar y mirar inconscientemente al sol, como hemos hecho siempre ante los dibujos infantiles en el que el sol aparece con la mejor cara, sonriente y con los ojos llenos de alegría.

Mientras muchísima gente estará pendiente del eclipse, no faltará alguien que aproveche esta pequeña oscuridad para bombardear y provocar que otros no vuelvan a ver la luz.

Siempre hemos hablado mal de la oscuridad, sobre todo porque la noche se ha hecho cómplice de grandes crímenes o robos.

El eclipse es un fenómeno que nos demuestra nuestra fragilidad, porque no podemos evitar que se nos reste una porción de luz. Sin embargo, este acontecimiento nos revela que no somos tan poderosos como nos creemos y que, además, esa vulnerabilidad se nos puede volver en contra, porque podemos dejarnos llevar por todo lo que nos dicen los medios —estorbos—, que nos acostumbran a creer a pies juntillas cuanto nos cuentan, sin detenernos a pensar si realmente puede ser verdad. Sabemos ser más dóciles de lo que nos enseñaron, porque parece que la reflexión se nos hace ociosa.

Es más, cuando nos exponemos a las noticias, no siempre nos dicen las verdades del barquero y podemos naufragar.

El eclipse se extiende y no nos deja ver todo lo que pasa. Solo nos enteramos de una parte, porque también existen los eclipses parciales de la información. Y es verdad que se ha ganado en información veraz, pero no nos enteramos de la misa la media, como si todavía se estuviera oficiando de espaldas y en una lengua antigua.

Los informativos oficiales, y en sus horarios habituales, no nos cuentan todo lo que se dice en el Parlamento, cuando sabemos que el Parlamento trabaja, cuando la mayoría de los españolitos y españolitas están trabajando, y trabajando de verdad.

Los eclipses son muy esporádicos, porque la naturaleza es muy sabia y no quiere crearnos muchas más incomodidades.

“¡Luz, más luz!” (Goethe)

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

Antes, como quien dice ayer, cuando alguien dudaba de nuestra palabra, afirmábamos que lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Esa era la prueba para lo insólito. Para lo increíble. Pero ese no es ya este tiempo que habitamos.

La alegoría más célebre de la historia de la filosofía, la caverna de Platón, explica cómo se puede distinguir entre los mundos, el mundo sensible, el que perciben nuestros sentidos, y el mundo inteligible, y cómo se enfrenta el ser humano al conocimiento. En esa metáfora, el filósofo griego imagina a un grupo de personas encadenadas en una cueva que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Creen que la realidad son esas sombras, nunca han visto otra cosa. Cuando uno de ellos se libera y sale al mundo exterior, comprende que lo que veía solo era una representación. Ninguno de sus compañeros le cree.

Le muestro a mi hijo un vídeo en el que una ballena da de mamar a un ballenato en el océano. Un chorro de litros y litros de leche sale de la ballena y cae directamente a la boca de la cría. No se mezcla con el agua, explican, por la grasa que contiene la leche materna. Una razón convincente para mí. Él me dice: es IA. Yo pensaba que era real, le respondo. Le enseño después otro vídeo en el que una elefanta asiática cautiva en el zoo de Madrid pare una cría. Es una especie en extremo peligro de extinción, le digo. Me pregunta: ¿es IA? Yo le digo que no, él me dice que no sabe. Duda de la realidad, pero no de lo que es inteligencia artificial. Eso lo reconoce.

Le digo que es una noticia, que lo publica el propio zoo, que sí es real. Le explico qué es el periodismo y qué es una red social, pero me contradigo a veces. También hay medios de comunicación que publican mentiras, artificios. Y ahí están: proyectando representaciones que se quieren creer. O que necesitamos creer.

Y, aunque sé que son verdaderas, también yo dudo en este verano de las noticias, de las imágenes que veo con mis propios ojos. Me cuesta comprenderlas y dimensionarlas. Esa fotografía que muestra los cientos de zapatos de los migrantes flotando junto a El Tarajal, en Ceuta. Dudo de la imagen de una sandalia blanca de plástico de un niño o niña de menos de dos años en la arena, desparejada y perdida. Dudo de esa foto del crío marroquí sentado en la arena de la playa frente a un militar español de pie. De los cientos de personas que ha traído en la playa de Benzú. De que un diputado de la ultraderecha haya dicho que hay que cazar y pescar a los migrantes uno a uno.

Dudo de que agitadores de más y menos talla y más o menos repercusión o pseudopolíticos se hayan desplazado hasta Ceuta para prender la mecha de su propia contienda interesada. Me cuesta creer que 141 personas hayan muerto en ese sur en este verano.

El mito sigue vigente 2.400 años después. Pero una ya no sabe distinguir entre las siluetas negras y la propia caverna. Quién las proyecta y para quiénes. Una está encadenada entre lo artificial y las noticias, dentro de un algoritmo matemático y político que genera sombras elegidas en nuestra pared. Porque no nos explican la razón detrás de lo que ven y leen nuestros ojos para que vuelva la confianza a nuestros sentidos.

Quizá la caverna sea el mismo tiempo que habitamos: dirigido, plano, filtrado, polarizado. Cuando vemos una imagen, cuando leemos un texto, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa representación. Eso ya era así antes. Pero hoy, incluso cuestionando lo que vemos, no somos capaces de razonar que ese mundo presente sí es el real, un contexto que empuja, por las razones que sean, a las personas a cruzar fronteras, a jugarse la única vida que tienen, y me gustaría decirle a mi hijo que eso es artificial, o que tiene que aceptar que es ininteligible, que solo es una sombra de lo que podríamos ser.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

La entrada en vigor, en agosto de 2025, del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), prometía inaugurar una nueva era de luz y taquígrafos en el sistema comunicativo de la Unión. Y también en España, donde la opacidad es la norma. 

Sin embargo, casi un año después de que sus obligaciones se volvieran directamente aplicables sin necesidad de transposición nacional, el panorama de nuestro país ofrece una radiografía de resistencias, enlaces escondidos y silencios calculados. 

Los dos grandes pilares de la norma —la identificación accesible de los titulares reales y el detalle exhaustivo de la publicidad institucional— siguen siendo, para la mayoría de los grandes grupos y digitales nativos, una asignatura pendiente o aprobada con el mínimo esfuerzo formal.

El EMFA no deja lugar a interpretaciones creativas. En su artículo 6, el reglamento impone a los prestadores de servicios de medios de comunicación la obligación de hacer accesible, de forma sencilla y directa, información actualizada sobre su denominación legal, sus datos de contacto y, fundamentalmente, los nombres de sus titulares directos e indirectos y de sus beneficiarios reales. El objetivo es que los ciudadanos puedan detectar conflictos de intereses y comprender quién tiene la capacidad de influir en las decisiones estratégicas y editoriales.

Junto a la propiedad, el reglamento pone el foco en el dinero de todos. Los medios deben declarar el importe total anual de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y los ingresos publicitarios recibidos de autoridades de terceros países. El espíritu de la ley busca evitar que los recursos públicos se utilicen como una herramienta de subvención encubierta o de castigo político, algo muy habitual y cada vez mejor documentado en el caso español. 

Pero la realidad, según revela el examen de la práctica totalidad de los medios en España que ha publicado infoLibre, es la de un sector que prefiere seguir moviéndose en las sombras de la autorregulación laxa o limitarse al mero cumplimiento burocrático ante una Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) que —por culpa de PP y Vox, que se niegan a darle trámite en el Congreso— sigue sin contar con la habilitación necesaria para exigir el cumplimiento de la norma europea.

Los grandes conglomerados audiovisuales y los diarios históricos de Madrid presentan los niveles más bajos de transparencia proactiva. Atresmedia, el grupo que lidera las audiencias con Antena 3 y laSexta, es un ejemplo de esta política de “información fraccionada”. Aunque se sabe que el control reside en la alianza entre el Grupo Planeta (familia Lara) y los italianos de De Agostini, nada de esta información es fácilmente accesible en las webs de sus canales. Atresmedia se limita a publicar datos incompletos en su web matriz, ignorando que el EMFA exige que la identificación sea directa para el destinatario del servicio.

En el caso de Mediaset España, la situación es de incumplimiento flagrante. Ni telecinco.es ni cuatro.com ofrecen rastro alguno sobre sus propietarios reales —los herederos de Silvio Berlusconi a través de Media for Europe (MFE)— ni sobre el dinero que reciben de las administraciones públicas. El grupo se beneficia de inversiones millonarias del Estado (más de 5,7 millones de euros en 2025 solo del Gobierno central), pero mantiene sus portales ciegos a la obligación de transparencia.

El bloque de la prensa tradicional no ofrece un mejor balance. Prisa (El País, SER) y Unidad Editorial (El Mundo, Marca, Expansión) recurren a una táctica similar: remitir al lector a la web corporativa del grupo y, desde allí, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la excusa de ser sociedades cotizadas. 

Este procedimiento vulnera el requisito de accesibilidad “sencilla y directa” del EMFA. Como resultado, un lector de El País no sabe, a menos que investigue por su cuenta, que el fondo Amber Capital o el millonario francés Vincent Bolloré son quienes tutelan el medio, ni cuánta publicidad institucional sostiene sus cuentas en un momento de deuda asfixiante. 

Vocento (Abc) aplica una receta idéntica, con enlaces diminutos al pie de página que no aclaran que el gestor Francisco García Paramés es hoy su primer accionista individual.

Frente a la opacidad total, los grandes grupos con fuerte implantación territorial como Prensa Ibérica y Godó han optado por un cumplimiento formal, pero de difícil acceso. Ambos han incorporado enlaces en el pie de sus portales, a menudo bajo epígrafes poco descriptivos, que conducen a una página de transparencia.

El Grupo Godó identifica así a Javier Godó como “titular real” de la propiedad, pero sin detallar el porcentaje exacto de acciones de los miembros de la familia en la compañía matriz. En cuanto a la publicidad institucional, declaran haber recibido más de 15 millones de euros en 2024 a través de sus distintas cabeceras (La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1). Lo más revelador de este dato es que la suma más que cuadruplica los beneficios netos del grupo en ese ejercicio, evidenciando una dependencia crítica del dinero público.

Prensa Ibérica, bajo el mando de Javier Moll, declara una cifra récord: casi 38 millones de euros en publicidad institucional durante 2024 para sus 24 diarios. El grupo cumple formalmente con el EMFA, pero evita desglosar qué parte procede de cada Administración, aunque la comparativa con los datos del Gobierno central sugiere que la inmensa mayoría (más de 35 millones) emana de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sus cabeceras suelen ejercer posiciones de dominio.

El análisis de los diez principales nativos digitales en España arroja un veredicto de claroscuros extremos. Solo dos medios, infoLibre y publico.es, cumplen íntegramente con las exigencias de transparencia tanto en propiedad como en publicidad institucional. infoLibre destaca por mostrar un enlace prominente en su cabecera con la identidad de sus accionistas, el detalle anual de sus ingresos públicos –que en 2025 supusieron un 9,31% del total– y una declaración de intereses de sus directivos.

En el polo opuesto se sitúa el ecosistema de medios vinculados a la derecha y la ultraderecha. Okdiario.com, de Eduardo Inda, reconoce su propiedad de forma parcial pero omite porcentajes de otros socios. Sin embargo, ofrece un dato demoledor: en 2025 recibió más de 2,1 millones de euros en publicidad institucional estatal, una cifra seis veces superior a la de medios de gran audiencia, como eldiario.es. Otros portales como edatv.news (Javier Negre), vozpopuli.com o elindependiente.com guardan un silencio absoluto en sus webs sobre quién financia sus estructuras o quiénes son sus dueños reales, a pesar de que investigaciones externas vinculan a algunos de ellos con redes de contratos menores en administraciones del Partido Popular.

Eldiario.es, por su parte, se queda a medio camino. Aunque detalla quiénes trabajan en la redacción y poseen capital, no precisa los porcentajes exactos de propiedad. En cambio, sí es exhaustivo en la declaración de ingresos públicos, que representaron apenas el 2% de su facturación en 2025, según declaran. Elconfidencial.com también presenta un modelo híbrido, remitiendo a una web corporativa donde sí figura un accionariado repartido entre su fundador, José Antonio Sánchez, y otros inversores.

Un caso singular de resistencia al EMFA es el de Ábside Media, el holding de la Conferencia Episcopal (COPE y Trece). A pesar de financiarse en parte con el excedente del IRPF y recibir 2,4 millones en publicidad del Gobierno central, el grupo no publica quiénes son sus dueños últimos ni cuánto ingresa de las administraciones regionales y locales. La COPE contraviene así la norma europea en un momento de beneficios récord impulsados por su crecimiento en la radio generalista.

En el ámbito regional, grupos como La Voz de Galicia o Diario de Navarra ofrecen un grado de transparencia superior al de sus homólogos en Castilla y León. El diario gallego declara que su propietario es la Fundación Santiago Rey y que la publicidad institucional supone un muy relevante 16% de sus ingresos. Por contra, los grupos Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri) en Castilla y León mantienen una opacidad casi total, ocultando tanto la identidad de sus dueños —vinculados a procesos judiciales por corrupción— como las cuantías de las ayudas públicas que reciben de la Junta.

Uno de los mayores fallos en la aplicación del EMFA en España es la falta de detalle sobre el origen de los fondos públicos. Aunque el reglamento exige detallar “de quién” se recibe el dinero, la mayoría de los medios que declaran cifras lo hacen de forma agregada bajo el concepto de “administraciones españolas”.

Esta falta de desglose oculta realidades políticas significativas. Por ejemplo, en el caso de Vocento, el 83% de su publicidad institucional declarada no procede del Gobierno de España, lo que implica una dependencia masiva de gobiernos autonómicos y locales, mayoritariamente bajo control del PP en las zonas donde el grupo es hegemónico. Lo mismo sucede con Henneo en Aragón, donde su simbiosis con la televisión pública y el gobierno regional es total, pero sus páginas de transparencia omiten las cifras absolutas y el origen detallado de sus ingresos.

El panorama descrito revela que la transparencia en los medios españoles es todavía un ejercicio voluntarista y no una realidad institucionalizada. La mayoría de los prestadores de servicios de medios en España parecen confiar en que la falta de un organismo supervisor fuerte en estos primeros meses les permita prolongar su opacidad histórica.

El EMFA estableció en su día la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, conocido como el Media Board de la UE, para velar por la aplicación coherente del reglamento. Sin embargo, hasta que no se activen los mecanismos de seguimiento y las bases de datos nacionales sobre propiedad que el reglamento encomienda a las autoridades reguladoras (en el caso español, la CNMC), el ciudadano seguirá enfrentándose a un laberinto de cláusulas legales y enlaces invisibles. Mientras tanto, la información en España sigue teniendo dueños que prefieren no presentarse y financiadores públicos que no salen a la luz.

Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), el fondo europeo que apoya investigaciones periodísticas transfronterizas de interés público, ha dado a conocer las diez investigaciones finalistas de la sexta edición de sus Impact Awards, unos premios que reconocen el periodismo colaborativo transfronterizo con impacto real en Europa. Entre ellas se encuentra Bad Practice, la investigación en la que ha participado infoLibre junto a un consorcio de medio centenar de medios liderado por OCCRP, VG y The Times.

El trabajo destapó más de un centenar de casos de médicos inhabilitados en un país europeo que continuaron ejerciendo en otro, aprovechando un sistema de alerta comunitario que apenas se utiliza o que muchos Estados miembros ignoran. La investigación dio voz a los pacientes afectados y ha impulsado nuevas medidas disciplinarias contra facultativos señalados como un riesgo activo.

La lista de finalistas, elegida entre un récord de 50 candidaturas presentadas este año por casi 600 periodistas de 63 países, incluye también Exporting Abortion, un proyecto coordinado por Público con la participación de medios como The Journal, OKO.press, Expresso, Amphora Media o Page404, entre otros. Esa investigación fue coordinada cuando se realizó por el actual subdirector de Investigación de infoLibre, Nacho Calle, y el periodista de investigación de infoLibre Sergio Sangiao. El trabajo reveló que más de 5.000 mujeres viajan cada año fuera de su país para acceder a un aborto en Europa, cartografiando rutas hasta entonces no cuantificadas hacia destinos como España o Eslovenia.

El jurado de esta edición, presidido por Leila Bičakčić, dará a conocer a los tres equipos ganadores —dotados con 5.000 euros cada uno— el próximo 17 de septiembre, durante la conferencia anual UNCOVERED que este año acoge el Goethe-Institut de Budapest.

La libertad de prensa no consiste en que los periodistas publiquen aquello que satisface a un determinado partido, sustituyendo el criterio profesional por consignas ideológicas diseñadas desde los gabinetes de prensa de las organizaciones políticas. Necesitamos medios libres, periodistas independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.

En los últimos años, el debate sobre la libertad de información se ha ido contaminando por un fenómeno preocupante: algunos partidos no discuten el trabajo periodístico desde la crítica legítima, sino que cuestionan la propia legitimidad de los medios que no se alinean con sus intereses. El objetivo, más que mejorar el periodismo, pasa a convertirse en controlar quién informa y cómo lo hace.

En este contexto, resulta especialmente relevante analizar la relación entre determinadas fuerzas políticas y los medios públicos. El caso de Vox ha generado controversias por la incorporación de personas próximas a su entorno político a puestos de responsabilidad en organismos de comunicación. Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate es el de Álvaro Zancajo. Investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por cobrar de Canal Sur y de Vox. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, una investigación no equivale a una condena, pero sí plantea interrogantes sobre la necesidad de preservar la independencia de las instituciones públicas.

La preocupación no se limita a los nombramientos. También afecta a la gestión editorial. Durante la etapa en la que Zancajo dirigió los informativos de Canal Sur, diversas decisiones fueron objeto de una intensa polémica política y profesional. Entre ellas, las críticas por el tratamiento informativo de asuntos de gran relevancia nacional, como la sentencia del caso Gürtel, o cuando un diputado de Vox se dirigió a la presidenta de la Cámara, a la que literalmente mandó “a tomar por culo”. Aquellas controversias alcanzaron tal dimensión que el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, compareció en el Parlamento andaluz y pidió disculpas por errores en el tratamiento informativo de determinados contenidos.

Más allá de la valoración concreta de esos episodios, la cuestión de fondo es otra: ¿puede un medio público cumplir su función cuando la ciudadanía percibe que existen interferencias políticas en sus contenidos? La credibilidad de un servicio público de comunicación depende precisamente de su capacidad para informar con independencia de quien gobierna.

La libertad de prensa tampoco puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes comparten una determinada orientación ideológica. Los periodistas deben poder investigar tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, denunciar casos de corrupción con independencia del partido implicado y ejercer su profesión sin campañas de intimidación, descalificaciones personales, intentos de señalamiento y amenazas de motosierra y bombas atómicas cuando ellos se hagan cargo.

Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad de expresión propongan, al mismo tiempo, mecanismos destinados a condicionar la actividad de los medios o a desacreditar sistemáticamente a aquellos que publican informaciones incómodas. La pluralidad informativa exige precisamente lo contrario: más independencia, más transparencia y menos control partidista.

No se trata de impedir que existan periodistas conservadores, progresistas o liberales. La diversidad ideológica forma parte de cualquier sociedad democrática. Lo preocupante aparece cuando la fidelidad a un partido pasa a ser el principal criterio para acceder a puestos de dirección en medios públicos o cuando la información queda subordinada a intereses políticos —es lo que yo llamo “síndrome Urdaci” o “enfermedad del Ce Ce o o”—.

Necesitamos periodistas incómodos, profesionales capaces de hacer preguntas difíciles al poder, sea cual sea el color del Gobierno. Cuando la información se convierte en una extensión de la estrategia de un partido, ya no sirve al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos.

El deterioro de la libertad de información rara vez comienza con el cierre de periódicos o la censura explícita. Suele empezar de forma mucho más sutil: mediante la ocupación de espacios de influencia, el cuestionamiento permanente de los medios independientes, la presión sobre las redacciones y la normalización de que la lealtad política pese más que el mérito profesional. Ello da lugar a ciertas invisibilizaciones —por ejemplo, relegando las masivas manifestaciones de las Mareas Blancas a lugares secundarios en los informativos—, ocultando datos clave —como que las listas de espera sanitarias en Andalucía están entre las mayores de España— o no prestando la debida atención a la terrible degradación de la sanidad pública.

Por ello, el debate sobre la libertad de prensa en España no debería centrarse en qué partido controla más medios, sino en cómo garantizar que ningún partido pueda controlarlos. Porque la independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos. Y cuando esa independencia se debilita, no pierde solo el periodismo, sino la calidad de nuestra democracia.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

En 2024, RTVE vivió un año de inestabilidad institucional casi sin precedentes: tuvo tres presidencias distintas —Elena Sánchez, destituida el 26 de marzo tras la crisis por el fichaje de David Broncano; Concepción Cascajosa, elegida al día siguiente como interina y con poderes ejecutivos plenos desde mayo por aval del Tribunal Supremo; y José Pablo López, nombrado por el Congreso el 28 de noviembre con mandato fijo de seis años—, además de una reforma legal de fondo,que amplió el consejo de administración de 10 a 15 miembros, rebajó la mayoría necesaria para elegirlos y cambió la retribución de los consejeros de dietas simbólicas a sueldos fijos de entre 105.000 y 125.000 euros anuales. 

Todo ello mientras el coste neto del servicio público subía a 1.194,87 millones de euros (123,7 millones más que en 2023) y el pluralismo informativo se deterioraba en varios de sus programas insignia, según el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE durante 2024. 

Según el regulador, que por ley está obligado a supervisar a RTVE, cada ciudadano pagó aquel año de media 2,01 euros al mes por el sostenimiento de RTVE, 18 céntimos más que en 2023. Y la deuda pendiente de cobro con la Agencia Tributaria, que paralizó las devoluciones del IVA soportado, pasó de 530,6 a 606,5 millones de euros entre ambos ejercicios.

La cifra tiene el valor que tiene, porque se refiere a la RTVE de hace dos años, en la que el nuevo modelo dirigido por José Pablo López apenas había comenzado su andadura, pero el informe otorga a la corporación una puntuación global de 3,09 sobre 4, lo que supone un cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de servicio público durante 2024, tal y como las fija el Mandato-marco y la normativa audiovisual. Es una nota que se reparte entre 3,04 para las obligaciones de servicio público, 3,01 para los contenidos programáticos, 3,16 para la promoción cultural y 3,67 para la gestión interna.

La CNMC reprocha a Radio Nacional de España que ese año mantuviese, una vez más, su negativa a facilitar al supervisor ningún dato sobre el reparto de tiempo de palabra entre Gobierno y oposición en sus informativos. El propio informe lo describe como un incumplimiento de la obligación de pluralismo político.

En televisión, los datos dibujan un panorama desigual según el programa. Los informativos diarios de TVE se acercaron al equilibrio en 2024, con un 50,20% de tiempo de palabra para el Gobierno frente al 49,80% de la oposición. Un año antes, la diferencia había sido de siete puntos a favor del Ejecutivo.

Ese acercamiento, en cambio, no se repite en otros espacios. En Informe Semanal, el Gobierno concentró en 2024 el 68,26% del tiempo de palabra frente al 31,74% de la oposición. La diferencia, de más de 36 puntos, creció 7,78 puntos respecto al año anterior.

En La hora de La1, la presencia del Ejecutivo pasó del 50,90% al 60,12% en un solo año. En cambio, en La noche en 24 horas la oposición se mantuvo en ventaja, con el 54,49% de la presencia frente al 45,51% del Gobierno.

De los cinco principios que exige el Mandato-marco a la actividad informativa de RTVE, dos obtienen las peores notas de todo el informe. El rigor logra un 1,86 sobre 4 y la imparcialidad, un 2,23. Son las puntuaciones más bajas del documento. El informe basa esas dos puntuaciones en un análisis cualitativo de casos concretos detectados durante el año, no en una fórmula numérica como la del tiempo de palabra. 

Entre los episodios que cita el documento están la edición de unas declaraciones de agricultores en una protesta, que suprimió parte del contenido crítico; las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo emitidas sin contexto suficiente; una entrevista al fiscal general del Estado señalada por falta de neutralidad; la polémica de Inés Hernand en la gala de los Goya; un comentario de Anne Igartiburu sobre Aida Nízar; y el silencio de RNE ante la dimisión de la periodista Montserrat Boix, que la cadena no informó. A partir de esa acumulación de incidentes, la CNMC concluye que el rigor y la imparcialidad son los dos principios peor cumplidos de todo el informe.

Para valorar independencia, neutralidad, imparcialidad y rigor, la CNMC no investiga por su cuenta, sino que “analiza los informes de los Consejos de Informativos de TVE, RNE (...) y Digital” y a partir de ahí selecciona “las más relevantes” de las denuncias internas que esos consejos ya habían presentado durante el año.

Los contenidos informativos ocuparon en 2024 el 22,79% de la programación de TVE y el 20,42% de la de RNE. Ambas cifras son las más bajas desde que la CNMC empezó a medirlas en 2021.

La corporación tampoco alcanzó el porcentaje de producción interna que exige el Mandato-marco para su oferta generalista. La norma fija un mínimo del 60% y RTVE se quedó en el 54,34% en 2024. Para los programas de género divulgativo y de entretenimiento, el objetivo del 55% se incumplió en los tres cuatrimestres del año, con un resultado del 46,10%.

En accesibilidad, Teledeporte necesitaba emitir 780 horas anuales con audiodescripción y sumó apenas 124,78. El propio informe reconoce que el canal se queda muy lejos de conseguir el mínimo exigido.

La emisión en lenguas cooficiales distintas del castellano se limitó, en los canales lineales, al catalán, con un 6,16% del tiempo. Euskera, gallego, valenciano y aranés no registraron ninguna emisión.

La Defensora de la Audiencia gestionó 14.550 comunicaciones durante el año, un 50% más que en 2023. Entre los motivos que explican el repunte figuran la cancelación de un programa de Radio Nacional y las quejas por falta de subtitulado y de audiodescripción, que se repiten cada año.

La plantilla de la corporación bajó de 6.904 a 6.770 empleados, la primera caída en tres años. El fomento de la igualdad de género, con una brecha salarial que se redujo del 6,30% al 3,90%, obtuvo aun así la segunda puntuación más baja de todo el capítulo dedicado a las obligaciones de servicio público.

El ejercicio que evalúa el informe fue, dentro de RTVE, un año de inestabilidad institucional. La corporación tuvo tres presidencias distintas y vivió una reforma legal que cambió las reglas con las que se elige a su cúpula directiva.

Elena Sánchez ejercía la presidencia interina desde septiembre de 2022. El Consejo de Administración la destituyó el 26 de marzo de 2024, tras una crisis interna motivada por el fichaje del presentador David Broncano y el cese simultáneo del entonces director de Contenidos, José Pablo López.

Al día siguiente, el Consejo eligió como presidenta interina a Concepción Cascajosa, para un mandato inicial de seis meses. En mayo, el Tribunal Supremo avaló una reforma de los estatutos que le otorgó poderes ejecutivos plenos, ante el bloqueo del propio órgano.

Para desatascar esta situación, el 22 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024, que modificó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La norma amplió el Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y rebajó la mayoría necesaria para elegirlos, de dos tercios a mayoría absoluta en segunda vuelta. Un cambio que hoy chocaría frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025.

El mismo decreto sustituyó el sistema de dietas de los consejeros, que rondaba los 11.000 euros brutos anuales por persona, por un sueldo fijo de 105.000 euros, ampliable hasta 125.000 con complementos. El coste conjunto del Consejo pasó de unos 100.000 euros al año a entre 1,5 y 2 millones.

El Congreso de los Diputados nombró a José Pablo López presidente el 28 de noviembre, por mayoría absoluta en segunda vuelta. Tomó posesión el 2 de diciembre, con un mandato fijo de seis años, lo que le garantiza estabilidad hasta el 2 de diciembre de 2030, pase lo que pase en las próximas elecciones generales. El Consejo de Informativos de TVE había rechazado, meses antes, la aplicación del decreto que rebajaba las mayorías para llevar a cabo la elección.

La CNMC certifica, de nuevo, la ausencia de un Contrato-Programa entre RTVE y el Gobierno y la falta de actualización del Mandato-marco, vigente desde 2007 y prorrogado desde 2016 sin que se haya aprobado uno nuevo. El regulador repite esta advertencia en cada informe anual desde hace años.

El apartado dedicado al plan estratégico de la corporación recibe en el documento la puntuación más baja de todo el análisis, 1 sobre 4, por la inexistencia de ese contrato.

El primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reflexionado sobre el papel del periodismo en los próximos años. El curso ha reunido a periodistas, analistas, académicos y expertos que han debatido sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la democracia, el poder, la información y el futuro de los medios.

El Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid, "De la censura al algoritmo", se celebró este martes con periodistas, creadoras de contenido, historiadoras, cineastas y responsables institucionales debatiendo cómo recuperar el relato frente a quienes controlan el poder digital.

La jornada, organizada con la colaboración del comisionado de 50 años de España en Libertad y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, combinó mesas redondas, talleres y conferencias sobre una misma cuestión: cómo evitar que la desinformación gane la partida a la convivencia, la identidad y la capacidad ciudadana de distinguir el hecho de la ficción.

La inauguración corrió a cargo de Pepa Bueno, conductora del Telediario 2 de TVE, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Bueno cuestionó la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los periodistas.

Recordó que quienes primero ignoraron internet y después se lanzaron al clickbait vacío pretenden ahora reemplazar a los profesionales por “maquinitas” y preguntó si un algoritmo podría contar a qué huele el incendio de Los Gallardos, o cómo se le quiebra la voz a alguien que ha perdido a un familiar.

El periodismo, defendió, exige comprobar casa por casa la realidad de los hechos. El peligro no está en las máquinas, sino en sus dueños y en los objetivos de quienes controlan los sistemas que difunden medias verdades.

Bueno y Maraña situaron la raíz del problema en la economía del oficio. La precarización del periodismo desde la llegada de internet ha reducido la independencia de los profesionales, que antes podían llegar a fin de mes sin depender de otros ingresos.

El director editorial de infoLibre atribuyó esa precarización a decisiones empresariales. “La precarización no viene de Marte”, dijo, antes de explicar que las grandes empresas prescindieron de los profesionales con más experiencia para apostar por sueldos bajos, una segunda ola ahora impulsada por la inteligencia artificial.

La responsable del Telediario 2 propuso un triple ejercicio de transparencia frente a esta deriva. El profesional, que explique las herramientas y los códigos usados. El ético, que aclare los valores desde los que se informa. Y el financiero, que permita al público saber quiénes son los dueños de los medios.

La primera mesa, moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, introdujo el humor como herramienta de denuncia. El influencer Marc Biarnés, conocido como Nosoloviernes, explicó que el algoritmo de plataformas como TikTok o Instagram no es neutral. "Lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", dijo.

Biarnés advirtió que la audiencia joven busca contenidos de treinta segundos, un formato que facilita la propagación de bulos. Pidió una regulación estricta contra el odio impune en redes como X. “El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca”.

La construcción de la memoria fue el otro eje de la mesa. La directora de cine Laura Hojman defendió que la identidad de un país se construye tanto por lo que se cuenta como por lo que se silencia. Calificó de "terrorífico" ceder la narración humana a la inteligencia artificial.

La profesora Alicia Parras recordó el silencio que sufrieron durante décadas los fotógrafos de la Guerra Civil. Advirtió que la memoria colectiva reside hoy en nubes de empresas privadas que podrían desaparecer o cambiar de manos de un día para otro. Y el periodista Arturo Lezcano vinculó el pasado migratorio de España con la actualidad. Lamentó que algunos líderes políticos olviden que en los años sesenta los españoles fueron emigrantes, mientras regiones como Ourense reciben hoy a miles de personas extranjeras.

La mesa "Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos", moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, partió de una premisa: la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital que monetiza la confrontación.

Antonio González, estudiante de Antropología y creador de contenido, denunció que la viralidad se mide por la polémica que genera un contenido, no por la solidez del argumento. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, señaló que las mujeres conocen mejor que nadie la monetización del odio en redes.

Hernández explicó que ese hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de violencias antiguas. Recordó que Clara Campoamor ya era tildada de histérica en el Congreso, un desprecio que hoy se actualiza con términos como "charo".

Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, advirtió que el algoritmo premia siempre la confrontación en los temas de igualdad para maximizar el tráfico. Rodríguez constató que para los jóvenes ya no existe frontera entre medios y redes, y que el nuevo analfabetismo consiste en no distinguir información veraz de propaganda. 

A su vez, David Álvarez, profesor de la Complutense, propuso adaptar el lenguaje periodístico a las redes sin complejos. "Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel", dijo, antes de reivindicar el periodismo como contrapoder. "Si no es contrapoder, no es periodismo".

El rapero El Chojín, Domingo Antonio Edjang Moreno, puso banda sonora a la jornada en su taller "Música y contracrónica social". Recordó sus inicios en 1990, cuando el rap no era una industria sino la necesidad de contar lo que llevaba dentro.

Citando a Chuck D, de Public Enemy, definió el rap como "la CNN de los barrios". El periodismo, a veces, se percibe desde una intelectualidad que aleja al ciudadano común. El rap, en cambio, usa el lenguaje de la calle. "A veces es más efectiva la música que un artículo”.

Abordó también la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que calificó de "proclama abiertamente racista". Lamentó que la derecha esté perdiendo los complejos y se parezca cada vez más a una ultraderecha que decide quién es ciudadano según su color de piel.

El profesor Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III, advirtió en su taller "La prensa contra las cuerdas" sobre el poder del lenguaje. "Quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva", dijo.

Ante las "alucinaciones" de la inteligencia artificial, con una tasa de error del 10% en millones de consultas diarias, planteó la necesidad de un derecho de rectificación frente a sus fabulaciones. Propuso la técnica del "sándwich de la verdad". Empezar por los hechos reales, señalar la mentira sin amplificarla y repetir la realidad con insistencia.

Señaló a Telegram como el canal opaco en el que se concentra buena parte de la desinformación en España. Recomendó certificar capturas con herramientas como eGarante, para que el borrado de una publicación no elimine también la prueba del bulo. "En caso de duda, la primera reacción debe ser comprobar antes de compartir".

En su turno, hablando de bulos, redes y discursos de odio, Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News, sostuvo que los bulos apelan a la emoción y que los datos no bastan para desmontarlos, porque son “dos lenguajes totalmente distintos”. Defendió que la izquierda necesita generar sus propios marcos narrativos y perder el recelo hacia el marketing, ya que comunicar mejor no equivale a manipular.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ilustró con la investigación “Torre Pacheco, anatomía de un bulo” cómo la violencia digital salta a la calle, y recordó que solo el 22% de los contenidos falsos fue retirado semanas después de los disturbios. Explicó que en RTVE se centran en desmentir el mensaje, no en dar notoriedad a quien lo difunde, y reivindicó el rigor del lenguaje periodístico: “Si una noticia es falsa, entonces no es una noticia”, por lo que pidió hablar de contenido falso y no de noticias falsas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerró la sesión matutina con una reflexión sobre la verdad compartida. Puso ejemplos de su tierra, Canarias, donde desapariciones y ejecuciones de la guerra y el franquismo fueron durante años suplantadas por relatos de personas emigradas a América que en realidad habían sido asesinadas.

Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, había subrayado unas horas antes, en la bienvenida a la jornada, que el periodismo ético es una de las bases del sistema democrático. Advirtió que en un momento en que los discursos de odio se han vuelto admisibles, la ciudadanía tiene más derecho que nunca a una información veraz.

Ya en la sesión de tarde, Nacho Carretero, periodista, escritor y productor audiovisual, señaló tras la proyección de la película Nightcrawler, el error cometido por el periodismo al entrar a competir con perfiles ajenos a la verdad, como los que representa el agitador ultra Vito Quiles. Mientras el periodista honesto debe destruir sus propios prejuicios al enfrentarse a una historia, explicó, estos actores parten del titular ya escrito y fuerzan la realidad para que encaje.

Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, sostuvo que los algoritmos empujan a sus usuarios hacia posturas más conservadoras porque la emoción que genera más permanencia en pantalla es la ira, más que por un sesgo ideológico de las plataformas. Mantener al usuario enfadado, dijo, es un negocio lucrativo.

En la clausura, Maraña resumió los conceptos que atravesaron el encuentro. La precariedad como factor que condiciona la información y la desinformación, la exigencia de responsabilidad a quienes manejan datos sensibles, y la defensa de una regulación real de plataformas, redes e inteligencia artificial.

Aclaró que esa regulación no implica intervenir en la libertad de expresión, sino exigir a las plataformas la misma responsabilidad que a cualquier medio identificado como tal. Citó el ensayo de Timothy Snyder para cuestionar la supuesta opacidad ingobernable del algoritmo, y defendió que las instituciones pueden legislar para que ofrezcan pluralidad de ideas en lugar de solo confirmar el rastro digital del usuario.

Propuso el fin del anonimato, con un registro identificable aunque se publique bajo pseudónimo, como medida frente a la impunidad de la calumnia. Y señaló la velocidad como lo más difícil de gestionar hoy en el análisis periodístico.

“Explíquese” es una de las más fecundas frases que puede emplear un periodista en una entrevista. Al menos aquellos que somos refractarios al conflicto y que evitamos la tensión con el entrevistado. Es cierto que hay una tradición anglosajona para las entrevistas que consisten en apretar al entrevistado, confrontarlo con llaneza o agresividad y ponerlo en el brete de que su respuesta, muy a menudo ensayada y en alguna ocasión manifiestamente falsa, no sea suficiente o aceptable. Requiere un cierto avío de carácter y una erótica de la tensión, pero este mecanismo solo es realmente útil si la entrevista es audiovisual, y uno nunca lo ha interiorizado por haberse desempeñado en entrevistas por escrito, en las que es muy difícil e incluso inconveniente trasladar las tensiones del encuentro. En la transcripción, han de reducirse, resumirse, las intervenciones del periodista para dar vuelo a las respuestas del sujeto de la noticia, pues son sus palabras, explicaciones y desempeños los que les debemos al lector, y no el supuesto brillo del que pregunta o reprocha.

En el marco de impostores español, ustedes han visto desenvolverse con soltura en el género de abrazar, si es menester, la tensión del reproche, la interrupción y la repregunta a Ana Pastor, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo o Carlos Alsina, por mencionar algunos de los que más provecho han sacado de no rehuir la subida de temperatura de una entrevista en los últimos años. En el medio escrito, uno es devoto de las entrevistas de José Enrique Monrosi, uno de los pocos que en el marco político trasladaba al texto pautado (pregunta/respuesta) la vibrante y bulliciosa cabeza del oficiante que imprimía tal velocidad a la conversación que obligaba a su contraparte a estar a la altura y ofrecía al lector un itinerario de conversación estimulante, amena y exigente, superadora de lugares comunes.

Pero cada uno hace de sus avíos atributo y trata de que operen a favor del producto periodístico, aun cuando estos sean —como es el caso del arribafirmante— la alergia a la confrontación y la voluntad de armonía. Y uno de ellos es devolver el balón al primer toque. Un “¿perdón?” a tiempo o un “explíquese”, que lo obligue a seguir hablando cuando ha terminado lo que el entrevistado traía preparado, abren un abismo bajo los pies del entrevistado hipócrita que no quiere dar una respuesta auténtica o sincera. Como todo centrocampista que no tiene una idea memorable de qué hacer con la pelota, a veces basta con tocarla de vuelta para que el paisaje cambie.

El guionista Aaron Sorkin nos enseñó en The Newsroom, para lo bueno y para lo malo, lo útil que es dejar que la gente se explique en detalle y trate de ser exhaustiva. En sentido positivo, el periodista republicano Will McAvoy (Jeff Daniels) construye el mejor monólogo de un prólogo de ficción cuando, en un coloquio, el moderador que le había preguntado por qué América (Estados Unidos, claro) es el mejor país del mundo, le pide que siga hablando: “Quiero una respuesta auténtica”. Lo que sigue, esos cuatro minutos de plática de McAvoy, es ya historia de la televisión. Pero la propuesta la había usado antes. En la película Algunos hombres buenos, de Rob Reiner, con un guion de Sorkin basado en su propia obra teatral, la hipótesis del abogado Daniel Kaffee (Tom Cruise) es que el coronel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) no solo ordenó el código rojo que costó la vida al teniente William Santiago sino que está orgulloso de haberlo hecho porque esa práctica disciplinaria ilegal es imprescindible en un mundo hostil. Y que, en el fondo, arde en deseos de contarlo. El famosísimo interrogatorio final pone a prueba esta hipótesis, acorralando al coronel para que diga lo que quiere decir. Y lo hace. Por supuesto.

Si lo piensan detenidamente, es la mecánica que aplicaba a sus entrevistas el incomparable Jesús Quintero, cuando sonreía en silencio tras una respuesta invitando al entrevistado, con su silencio aquiescente y su mirada siempre amable, a seguir hablando. Esos silencios y esas sonrisas nos han regalado alguna de las mejores entrevistas de la historia de la televisión, y el correlato contemporáneo de este principio de mínima intervención con gesto amigable lo podemos contemplar en las entrevistas de Carlos Alsina en Onda Cero —imprescindible verlas en vídeo, en su versión de YouTube— o, en un sentido menos incisivo —por no tratarse de políticos—, del excepcional programa La noche de Aimar, en el que Aimar Bretos se ha reivindicado como legítimo heredero de la tradición quinteriana.

Conste que se ha saltado uno aquí la habitual cortesía de jamás mencionar los nombres propios de los compañeros de impostura —detalle en el que los seguidores habituales de este púlpito habrán reparado— porque se hace con el propósito de elogio de quienes se desempeñan con haberes que uno envidia por carecer de ellos. Entiéndase bien, uno ha publicado entrevistas estupendas, pero solo porque lo eran los entrevistados, y el plumilla se limitó a actuar a favor de obra; nunca en 30 años ha arrancado una buena entrevista a quien no respetaba, por esa cierta incapacidad para confrontar e irritar.

Pero quédense con que a menudo basta con dejar que el contertulio se exprese en largo, se confíe y no se sienta acosado sino comprendido. La cara de arrobo, de querubín que pasaba los deberes a limpio con bolígrafo de tres colores, que pone siempre Évole ante los personajes más infames le ha dado los mejores momentos de su notable trayectoria televisual.

En los últimos meses, uno ha descubierto que ocurre algo muy parecido con los juristas vanidosos: las explicaciones en largo, las profusas aclaraciones, los hacen desmoronarse como un coronel Jessep gritando al teniente Kaffee “¡¡¡Por supuesto que lo hice, joder!!!”, cuando este lo provoca con el memorable “¡¿Ordenó usted el código rojo?!”. Lo vemos en los deliciosos doscientos folios con los que la sala segunda del Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por algo que nunca ocurrió, y lo vemos en cada escrito del juez Juan Carlos Peinado, en su operación de acoso procesal a la esposa del presidente del Reino de España.

No somos conscientes de lo que vamos a echar de menos la torpísima literatura jurídica de este leguleyo cuando en septiembre se consagre a sus labores de jubilado —que, dados los arreos disponibles, casi seguro no serán los crucigramas—, leyendo su último escrito en el que intenta explicar que no quiso ofender a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al decir que pueden ser cómplices de la fantasmagórica huida de Begoña Gómez y acaba citando el caso del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, huido a Túnez en 1994 debido a los casos de corrupción que lo atosigaban en el periodo de Tangentopolis, para decir que en realidad, sí, muy bien podrían los agentes organizar la huida. Lo que viene siendo, ponerse a escribir y venirse arriba que tan bien conocemos en esta columna semanal.

La paciencia pedagógica y la escrupulosidad jurídica de la Fiscalía y de la representación legal de Gómez irritan al extremo a este magistrado y, como un personaje de Sorkin, es incapaz de controlar la ira que le provoca esa mesura y condescendencia de quienes —salta a la vista— son más duchos en el conocimiento de la ley y el procedimiento. Así que en su última gloria escrita reprocha al letrado de la esposa de Pedro Sánchez su “innecesaria y prolija exposición de los argumentos (…) como si tratara de enseñar algo que ignora [a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha de resolver sobre si el caso puede pasar a juicio oral y convertirse en otro baldón en la maltrecha imagen de las magistraturas españolas]”. El cabreo se transparenta en la línea en la que invoca el latinajo: “…olvidando un principio que también rige en nuestro ordenamiento jurídico que es el principio de iura novit curia”. Significa, literalmente, que los jueces conocen el derecho, asunto que en se plasma en el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su patente irritación, olvida el chusquero —“dicho de un suboficial o de un oficial del Ejército, que ha ascendido desde soldado raso por edad, sin particular mérito militar ni habilidad”—, que el iura novit curia se complementa con el da mihi factum, dabo tibi ius (“dame los hechos, y yo te daré el derecho”), que establece que son las partes las que deben delimitar el terreno de lo cierto, aportando la historia fáctica y probatoria, sin necesidad de ser expertas en la ley, pues serán los togados los que apliquen a ellos la norma.

Bendito seas mil veces, Aaron Sorkin.

Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) dirige y presenta en el Canal 24 horas La noche en 24 horas, que celebra su tercer año consecutivo de crecimiento en audiencia. Licenciado en Periodismo, Fortes ha desarrollado toda su carrera en RTVE, en radio y en televisión, en el ámbito gallego y en el nacional. A alguien como él, que se declara no solo aficionado sino “enfermo del fútbol”, el servilismo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante Donald Trump, presidente de uno de los países anfitriones del Mundial, le “fastidia y repatea”.

“La temporada pasada subimos una décima y este año hemos llegado a 2,5% de share (el porcentaje total de audiencia televisiva). Hemos subido casi medio punto. Son tres años seguidos superando el registro histórico de audiencia del que veníamos el año anterior. Estamos algo sorprendidos. Nos medimos como un canal temático no generalista, competimos con la Champions, el cine, las grandes cadenas. ¿Las razones? Imagino que tenemos una buena dosis de pluralidad en el programa, tanto de temas como de voces que intervienen, y que le damos un tono sosegado y tratamos incluso de favorecer cierta ironía. No ser ni tan dogmáticos ni tan mayestáticos. Buscamos tertulianos progresistas, conservadores, pero que tengan un tono en el que nos entendamos todos. Desde las diferencias, discrepancias e incluso momentos de tensión, lo que no nos gusta ni al equipo ni a mí, ni es la seña de identidad de la televisión pública, es convertir el plató en una carnicería. Se puede hacer televisión sacándole punta a los temas, pero creo que la gente también agradece por la noche un tono más sereno dentro de la discrepancia”.

“Que Vox quiera entrar [en RTVE] con lanzallamas o motosierra, incluso no sé si han utilizado en alguna ocasión la expresión bomba atómica, no me sorprende porque va mucho en el tono que utiliza esta formación. Allá ellos. Yo no voy a entrar a decirle a cada partido cómo tienen que comunicarse ni el lenguaje que tienen que utilizar. Entiendo que puedan tener una visión distinta de la televisión pública y están en su derecho, pero a mí no me parece, desde luego, que si quieres construir empieces con un lanzallamas ni con una bomba atómica. Ahora que tienen, además, gobiernos de coalición o van a tener responsabilidades en gobiernos, que miren un poco para adentro a otras televisiones públicas. Parece que desde algunos púlpitos se dan clases de deontología profesional y yo creo que convendría que mirasen un poquito dentro, la pluralidad de sus tertulias, de sus minutados y la experiencia que han tenido en gestión o control sus nuevos socios de otras televisiones públicas”.

“Son bien conocidas las etapas que vivimos en otras épocas anteriores, donde, por ejemplo, el presidente que se nombró salía en los papeles de la Gürtel. Donde se repartían, en ese caso, los argumentarios del partido que estaba en el poder para hacer las noticias, donde se imponía un modo de hacer información basado en la censura, en la manipulación, se hacían listas negras, se llegaba a censurar hasta Mortadelo y Filemón porque el número 200 se lo dedicaban a Gürtel. Antes de dar clases o dar lecciones, que miren un poco lo que tienen dentro. He salido en defensa de mis compañeros y lo voy a seguir haciendo más allá de que podamos coincidir o no en algunas cuestiones”.

“Yo ya confundo la OTAN con la FIFA. Ya no sé si Infantino es el secretario general de la OTAN y Mark Rutte el presidente de la FIFA. Me parecen el ejemplo de dos perfectos vasallos, de dos siervos de la gleba que no tienen ni la dignidad necesaria no para ocupar su cargo, sino para ir con la cabeza alta. El papel de Mak Rutte me parece lamentable, el de Infantino aún más vomitivo. En el 86 yo tenía 20 años y voté "no" a la OTAN. Hoy posiblemente hubiera votado de otra manera o votaría por esta OTAN de otra manera. La OTAN tiene que ser el escudo defensivo de la Unión Europea más allá de los Estados Unidos. Trump, queriendo hacernos el mayor de los daños y contando para ello con Rutte como fiel escudero, vasallo o mamporrero, nos puede hacer un favor. Y es que tenemos conciencia de nuestra necesidad de autodefensa. Llegar a un 5% de inversión es una barbaridad, salvo que no queramos pagar pensiones, ni hospitales, ni becas escolares. Nuestro gasto en defensa es más que sobrado si está bien coordinado para tener una política de defensa no dependiente de Estados Unidos. A mí no me gustaría que se rompiese el vínculo transatlántico. Espero que después de Trump venga otro presidente que lo recupere y fortalezca. Pero no se puede estar a expensas de lo que pase cada cuatro años al otro lado del Atlántico. Hay que aprovechar ese momento para redefinir la política estratégica de Europa. Por ejemplo, los desajustes entre Alemania y Francia para el cazabombardero que habían programado en los últimos años es una muy mala noticia. En los Balcanes en los 90 tuvieron que venir los americanos. Nosotros no éramos capaces. Lo que hicieron los cascos azules holandeses en Srebrenica es una mancha absoluta en nuestra historia. Ahora hay que hacer una reflexión sobre qué gasto y qué política de defensa coordinada debemos tener”.

“Además de sus vaivenes, utiliza siempre un lenguaje muy de parvulario, muy básico. “España es horrible”, maneja cuatro o cinco palabras, con lo cual da un poco idea de su forma de pensar y de elaborar sus discursos. No soy quién, y menos trabajando en la televisión pública, para decir si Sánchez lo hace bien o lo hace mal. Que decidan los que nos ven si prefieren el modelo de Pedro Sánchez, que cuando un socio impone algo y no está de acuerdo, dice que no, o si prefieren el modelo de Mark Rutte, que es el del vasallaje. Yo tengo claro cuál de los dos modelos me gusta, pero prefiero que lo piense y diga cualquiera de los que nos ven”.

“Entre un 65% y un 70% de la gente, mucha, casi siete de cada diez personas, creen en España que la justicia no lo hace todo lo bien que debiera. La justicia debería hacer una reflexión. Parece que el Poder Judicial va por sí solo, sin que tenga ningún contrapeso, y da la impresión de que es un poder excesivamente endogámico en la medida en que el supuesto órgano que tiene que fiscalizar a los jueces parece ausente de la mayoría de los debates y solo cuando se monta un escándalo de proporciones bíblicas actúa, y de una manera muy leve. Me refiero por ejemplo a las singulares –voy a dejarlo ahí– actuaciones del juez Peinado, llegando hasta esto último de impedir a la mujer del presidente ir al extranjero porque piensa que se puede fugar. Eso no hace falta ni que lo califique yo porque se califica solo. Da la sensación de que el Poder Judicial necesita una pensada y una reforma, y sobre todo si casi siete de cada diez ciudadanos piensan que la justicia a veces se orienta por criterios políticos. Si lo de Peinado es lawfare, si lo de la instrucción del hermano de presidente es lawfare, si lo de la instrucción y condena del fiscal general del Estado es lawfare, como sostienen muchos analistas, que se debata. Pero algo está pasando en la justicia. Yo creo que el actual Gobierno de coalición ha sentado mal en amplias capas del Poder Judicial. La ley de amnistía originó manifestaciones de los jueces, huelgas, algunas protestas de asociaciones de fiscales pidiendo a la oposición derribar este Gobierno. Yo no voy a decir si hay o no lawfare, pero recuerdo mucho aquel dicho gallego de "yo en las meigas no creo, pero haberlas haylas"”.

“Lo de los embriones y posibles futuras vidas humanas me supera. Pero sí entiendo que cuando se abre este debate desde la derecha se está preparando el terreno ideológico para dar el siguiente paso, un recorte de las leyes o de los derechos de las mujeres sobre el aborto. No se puede entender de otra manera, más que pensar que el embrión ya es una vida en sí mismo, ya es un nasciturus, y que va a ser, por lo tanto, una vida que hay que proteger desde el momento en que sea embrión. Estamos hablando de un recorte en cuanto a un derecho básico inalienable de la mujer, que es decidir si quiere tener esa vida antes de que sea vida, si quiere tenerla más adelante porque este no sea el momento, o si no quiere tenerla nunca; es su derecho. Todo ese abono ideológico por organizaciones y asociaciones de carácter ultraderechista y ultraconservador está preparando el camino para una regresión en los derechos de la mujer”.

“El ascenso de la extrema derecha lo encajaría en los habituales vaivenes que ha habido y habrá. La política no siempre es lineal. Si analizamos los últimos 50 o 60 años de nuestro entorno europeo, a los años 60, progresistas –mayo del 68, las revueltas contra Vietnam, etcétera–, les siguieron unos finales de los 70 y principios de los 80 claramente conservadores, con Juan Pablo II, Margaret Thatcher y, sobre todo, Ronald Reagan. A eso seguirían después, en los 90, momentos de libertad, y luego vendría 2008, la regresión, la crisis. Luego, de nuevo, políticas expansivas sociales, y ahora estamos asistiendo a una regresión o involución, a algunos postulados más ultras. Hay algo de natural en el péndulo. Incluso creo que el péndulo, si está dentro de unos márgenes, no es malo del todo. Es normal que a una generación progresista le suceda una conservadora y viceversa. Pero cuando ya el péndulo se mueve tanto y en tantos países, hay que sospechar algunas cosas. ¿Por qué sucede este movimiento ultra? Desde la caída del muro [de Berlín] el sistema económico se ha transformado de liberal a neoliberal. Cuando había rival, aunque fuera uno ilusorio y engañoso como era la tramoya del muro, tras el que las dictaduras del bloque soviético eran miserables y brutales, al bloque occidental le obligaba a tener unas buenas condiciones para sus trabajadores. Cuando cae en los 90 el muro, el sistema económico ya no tiene que estar preocupado por que haya una alternativa. Empiezan a surgir las empresas de trabajo temporal, a precarizarse el empleo, el capitalismo cada vez es más egoísta. Eso aumenta exponencialmente ahora con el auge de las tecnológicas. Es un terreno brutal para que cale todo tipo de lenguaje populista”.

“Estoy asombrado de que ahora el debate sea bajar cuantos más impuestos mejor. Bajar impuestos solo beneficia a los ricos. Cuando un obrero dice que quiere pagar menos impuestos no doy crédito. Puedo entender que el que tiene su propio helipuerto, su propio hospital y su propio avión no quiera pagarlos, pero los trabajadores necesitan que los que más tienen paguen más para que ellos puedan tener hospital, carreteras, médicos, etcétera. Esa frase brutal de "solo el pueblo salva al pueblo" me parece la mayor estupidez que oído en muchísimo tiempo. El pueblo solo salva al pueblo pagando impuestos y exigiendo a sus gobernantes que los empleen bien. El egoísmo suicida del capitalismo salvaje que estamos viviendo con el neoliberalismo y esa pelea por no pagar impuestos me parece que han creado las condiciones para que calen los mensajes de odio de la ultraderecha. Pero claro, a un chaval de 18 o 19 años que ve asombrado lo que está pasando en el mundo y que no puede ni con su sueldo alquilar una habitación para tener una vida en pareja, las proclamas mágicas y fantásticas ultras le pueden sonar a música celestial, pero conducen a que solo se van a salvar los que tienen pasta”.

“Sobre esos escándalos que hacen referencia a Nigel Farage, a Le Pen, el presunto desvío de fondos a una fundación de Vox... que les exija su propia clientela. Si consideran que está bien, nada más que hacer. La izquierda siempre ha sido más autocrítica. Eso tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Yo sí diría a los que en teoría piensan como yo que tuvieran otro tipo de comportamiento. Pero a los otros no tengo que darles ningún consejo”.

“Que Infantino cree el premio FIFA de la Paz para contentar a Trump porque estaba cabreado, porque no le dieron el Nobel, es de tenerlos cuadrados. Y después, en el Mundial, Infantino está bajando la cabeza cuando Trump dice que Irán no puede entrar en su territorio más que para jugar el partido, quitándoles la igualdad de condiciones. A un árbitro somalí, el mejor de África, le impidieron pitar en Estados Unidos. Se anula una sanción al delantero centro de Estados Unidos saltándose todas las normativas porque así se lo pide Trump. Es una vergüenza. A mí el fútbol me apasiona. Yo siempre digo de broma que, junto a la rueda, la imprenta y la penicilina, el fútbol es uno de los grandes inventos de la humanidad. No me gusta el fútbol, soy un enfermo del fútbol y, por trabajo, desde hace ya bastantes años no puedo dedicarle el tiempo que yo creo que el fútbol se merece. Me apasiona el fútbol desde antes de nacer. Entonces me fastidia mucho que eso que a tanta gente y a mí nos provoca tanta pasión caiga en manos de estos sátrapas del dinero y del poder. Lo han desvirtuado bastante, incluso con esas pausas publicitarias que le ponen, con esas normas específicas que han cambiado las reglas habituales del fútbol. Con sus sucias manos están machacando el fútbol, convirtiéndolo en un elemento de poder, cuando siempre fue un juego popular. Y este Mundial es una metáfora de lo que yo quisiera que no fuera el fútbol. Las entradas no pueden tener el precio desorbitado que tienen ahora, donde solo gente o con mucha pasta o muy loca como para hipotecar su casa si quiere una entrada va al fútbol; donde es casi imposible llevar a tu chaval a ver un partido. Me fastidia y repatea en lo que lo ha convertido Infantino, sometiéndose a Trump como un vulgar vasallo. Espero que el fútbol tenga la vitalidad necesaria en todo el planeta para seguir siendo fútbol y lo rescatemos de las sucias manos en las que ha caído”.

“Según algunas tesis xenófobas Lamine Yamal no podría estar en España. Tampoco podría Nico Williams. Tenemos una selección muy coral, de norte a sur, desde Euskadi a Extremadura y a Cataluña. Estoy contento porque va un poco con la idea que tengo yo de España. Siempre digo que si España no existiera, habría que inventarla. Pero tampoco me gusta la idea de una España supuestamente una y grande, que nunca fue una y grande, y menos, libre. Me gusta más la España plural, y en ese sentido yo me siento muy identificado con la selección española. Soy muy fanático de la selección y me gusta una España abierta, inclusiva, como la que tenemos, diversa. A España le hace falta sentidiño y cuanto más queramos hacer a España uniforme y cerrada, menos España será. Me gusta un país como el que tenemos, digamos, plural, diverso, que acepte la diversidad y que sea muy heterodoxo. Siempre que hemos tenido una concepción ortodoxa y cerrada de nuestra historia nos ha ido peor”.

“Incluso la España autonómica no tiene por qué ser uniforme. Puede ser absolutamente asimétrica, porque a lo mejor hay comunidades que no quieren tener todas las competencias que tienen otras comunidades. Aquí no se obliga a todo el mundo a tomar café, por utilizar aquella expresión famosa del café para todos. El que quiera se toma un colacao. Soy gallego y tengo un concepto de Galicia como un país que forma parte de España, pero para mí Galicia también es mi país y quiero formar parte de la nación española. Quiero que entiendan que yo, o muchos, a Galicia la entendemos con un alto sentido identitario y de reclamar sus derechos, sus competencias, para gobernarse a sí misma. En ese sentido es donde encaja mejor el concepto de España que tengo”.

“Como soy muy periférico entiendo España de una manera vertebrada desde la disparidad, la pluralidad y la distancia. Galicia está muy en la periferia de la península. Ahora un poco menos por las nuevas comunicaciones, pero hace décadas ni te cuento. Y está bien salirse de ese núcleo que es la M-30, que a veces hay demasiado CO2 o demasiada contaminación ambiental. Es innegable que en Madrid se cuece todo lo que afecta a España, hasta sus relaciones con Europa. Las relaciones con las comunidades autónomas se cuecen en Madrid, con lo cual el foco tiene que estar aquí, pero eso no impide que podamos salirnos a menudo. Deberíamos salir más de lo que hacemos. Televisión Española tiene una muy costosa pero necesaria red territorial. Ninguna televisión en España tiene nada parecido. Damos informativos con las noticias de cada comunidad. Utilizamos las lenguas propias de cada comunidad. Y yo mismo, por ejemplo, intento acudir a todas las invitaciones que puedo que me hacen desde fuera de Madrid”.

El próximo martes, 14 de julio, el Aula Berlanga de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM acogerá De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato, el primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano del centro universitario.

Este encuentro, que cuenta con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, propone reflexionar sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: de la memoria histórica y la cultura a las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente.

El curso combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizaje práctico y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido con mesas de debate, talleres y actividades de networking. La jornada arrancará a las 09:00 horas y se prolongará hasta las 19:40 horas, dividida en dos bloques.

La primera parte del curso comenzará a las 09:00 horas con la bienvenida de la dirección de infoLibre y de Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El eje central será la cultura, la memoria y la disputa del relato.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y la periodista Pepa Bueno introducirán este asunto en una conversación que dará pie a la primera mesa de debate, Verdad y relato: cómo se construye la memoria, en la que se hablará sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

Moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, el debate contará con Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista; Laura Hojman, guionista; y Alicia Parras, profesora de la UCM.

A partir de las 10:40 horas comenzará el primer taller del curso, Música y contracrónica social impartido por el rapero El Chojin. Tras la pausa para el café, a las 11:40 horas tendrá lugar la segunda mesa de debate, moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso.

Bajo el título Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género, analizarán cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión.

A partir de las 12:30 horas se celebrará el segundo de los talleres de la mañana, La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, impartido por Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. El docente proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

Después, el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos? reunirá a Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. Los tres conversarán acerca de por qué determinadas narrativas falsas o extremas circulan con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas.

La primera parte del curso concluirá con la intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A partir de las 14:00 horas, la comida servirá también como espacio para intercambiar opiniones e ideas entre los asistentes.

A las 16:00 horas, Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, invitará al público a adentrarse en la segunda parte del curso, en la que el cine será protagonista.

Se proyectará la película Nightcrawler, tras la cual el periodista Nacho Carretero participará en una conversación con Rando sobre los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

Tras esta intervención, la dirección de infoLibre repasará las principales claves y conclusiones de la jornada.

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.