Las empresas de inteligencia artificial (IA) llevan años leyendo la prensa. Leyéndola, copiándola y usándola para entrenar los sistemas que ahora responden preguntas de millones de personas. A cambio, los medios de comunicación reciben visitas. Muy pocas visitas. 

Por cada cien páginas de periodismo que los robots de Anthropic —la empresa detrás del asistente Claude— rastrearon en sitios de noticias, devolvieron en tráfico el equivalente a una décima parte de una visita humana. En OpenAI la proporción no es mucho mejor. 

La consecuencia ha sido que la inteligencia artificial genera hoy el 0,04% del tráfico externo que reciben los editores de noticias. Y ahora, con esa extracción masiva ya consumada, las mismas empresas que la han padecido ofrecen a los medios un acuerdo para cobrar por el uso futuro de sus contenidos.

Estos datos, recogidos en un informe publicado en abril de 2026 por el Open Markets Institute y el Center for Media and Digital Governace (CMDG) describen una estructura de poder que, según ese mismo informe y un segundo estudio del Media and Journalism Research Center publicado en mayo, reproduce fielmente el modelo que ya arruinó la relación entre los medios y las plataformas digitales durante la primera década de este siglo.

Cuando los grandes modelos de lenguaje empezaron a ingerir internet, los editores de noticias no fueron convocados a ninguna negociación. El entrenamiento de esos sistemas se hizo, mayoritariamente, sin consentimiento, sin compensación y sin que los medios tuvieran siquiera acceso a los datos de qué contenido suyo se había usado y en qué proporción. Más de cien demandas por infracción de derechos de autor se acumulan hoy en los tribunales estadounidenses y en media docena de países más.

Lo que se negocia ahora, en su mayor parte, no es ese entrenamiento histórico. Es otra cosa. Las empresas de IA necesitan que sus sistemas de respuesta en tiempo real, los que funcionan cuando un usuario hace una consulta al chatbot, tengan acceso a información actualizada y contrastada. Esa tecnología se llama RAG (retrieval augmented generation) y consiste, simplificando, en que el modelo consulta fuentes externas antes de responder para no limitarse a lo que aprendió durante el entrenamiento. Y como ahora todo el mundo sabe de dónde toman los datos, necesita licencias. Y ahí es donde los medios tienen, por primera vez, algo de poder de negociación. Algunos medios. Pocos.

El resultado es un mercado naciente que el primero de los dos informes citados mapea con detalle. OpenAI ha firmado acuerdos con unos 35 editores. Microsoft lanzó en febrero de 2026 su Publisher Content Marketplace con un grupo inicial de grandes cabeceras estadounidenses. Perplexity tiene un programa de socios que cubre unas 20 publicaciones. Los números que se han filtrado son llamativos: News Corp –propietario de al menos una cincuentena de medios, como The Sun en Reino Unido o The Wall Street Journal en EEUU– habría cerrado un contrato de cinco años valorado en unos 250 millones de dólares. Thomson Reuters (dueño de la agencia Reuters) declaró 33 millones en ingresos por licencias de IA solo en los primeros meses de 2026. Amazon paga a The New York Times unos 20 millones anuales.

Son cifras que suenan bien sobre el papel. Hasta que se examina a quién están beneficiando.

Los acuerdos bilaterales descritos son, casi sin excepción, contratos entre empresas tecnológicas y grupos mediáticos con presencia internacional, departamentos jurídicos propios y suficiente peso de marca como para que las plataformas los quieran sentados en la mesa. Prácticamente todos son anglosajones o del norte global.

La prensa local, regional, en lenguas minoritarias, étnica e indígena no existe en este mercado. No tiene el reconocimiento de marca que atrae el interés de OpenAI. No tiene abogados especializados en propiedad intelectual. No tiene capacidad técnica para detectar cuándo sus contenidos son rastreados, ni con qué frecuencia, ni para qué fin. En muchos casos, ni siquiera sabe si sus artículos forman parte de los datos de entrenamiento de los modelos que ahora responden preguntas sobre sus propias coberturas locales.

El informe Same Gatekeepers, New Tollbooths, elaborado por las investigadoras Courtney Radsch y Karina Montoya para el Center for Media and Digital Governance, sostiene que la distribución de ingresos del mercado de licencias de IA seguirá probablemente una curva de potencia muy pronunciada. Un puñado de grandes grupos captará la mayor parte del valor. Miles de cabeceras locales e independientes no recibirán prácticamente nada. Y eso, señalan las autoras, no refleja cómo está distribuido el valor informativo real del periodismo. Refleja cómo está distribuido el poder de mercado.

Para España, la consecuencia es directa. Los medios independientes, los comarcales, las radios municipales digitales, los nativos digitales locales que cubren lo que nadie más cubre en sus territorios son exactamente el tipo de publicación que este mercado ignora. No por mala voluntad declarada, sino porque el diseño estructural del sistema los excluye antes de que empiece la negociación.

Hay otro problema más profundo que los informes identifican y que tiene consecuencias a largo plazo. La métrica que domina las negociaciones actuales, el criterio con el que las empresas de IA justifican lo que pagan, es el tráfico de referencia. Cuántas visitas genera la presencia de un medio en los resultados del chatbot. Cuántos clics devuelve el sistema al sitio original.

Esa métrica es heredada de la era de las plataformas sociales y tiene el mismo defecto congénito que entonces. Mide solo una fracción de lo que el periodismo aporta a los sistemas de IA. Los modelos de lenguaje no solo usan el periodismo para responder preguntas en tiempo real. Lo utilizaron para aprender a razonar, a construir argumentos, a redactar con coherencia, a distinguir hechos verificados de rumores. Todo eso ocurrió durante el entrenamiento, sin compensación, y el debate público sobre licencias lo da por amortizado o lo trata como un asunto puramente jurídico pendiente de resolución en los tribunales.

Para corregirlo, el informe del CMDG propone un marco de valoración diferente. La contribución del periodismo a la IA tiene, como mínimo, cuatro dimensiones. La primera es la capacidad lingüística y de razonamiento que los modelos extrajeron de décadas de prosa periodística de calidad. La segunda es el anclaje factual, el mecanismo por el que los hechos sobre el mundo se establecen y verifican públicamente. La tercera es la actualidad, la información de tiempo real que los chatbots —Claude, ChatGPT— necesitan para ser útiles. La cuarta es la legitimidad cívica, la credibilidad que los sistemas de IA heredan cuando citan fuentes periodísticas reconocidas.

Pagar solo por el tráfico de referencia que generen las consultas a la IA es, en este análisis, un error categórico que beneficia a las empresas de IA. Es como tasar una casa sin examinar el estado de la cubierta, de la estructura y de los cimientos.

Tal es el potencial del negocio que está en juego que entre los grandes acuerdos bilaterales y el vacío en el que navegan la mayoría de los medios ha surgido un ecosistema de startups intermediarias. TollBit, Sphere.ai, ScalePost, Defined.AI, ProRata, Miso.ai. Más de una docena de empresas que ofrecen distintas versiones del mismo servicio básico: conectar a los editores con las empresas de IA, gestionar los permisos de rastreo, cobrar por cada consulta o por cada acceso y repartir los ingresos.

Los modelos varían. TollBit y Sphere.ai dicen quedarse con cero comisión sobre los ingresos del editor. ScalePost aplica un 15%. Cloudflare, que gestiona aproximadamente el 20% del tráfico mundial de internet y ha convertido el bloqueo de crawlers de IA –los programas automáticos que recorren internet leyendo páginas web de forma masiva y continua– en opción predeterminada para sus clientes, operaría con una comisión de entre el 20% y el 30%. ProRata, que ha desarrollado tecnología de atribución para calcular la contribución de cada fuente a cada respuesta generada y reparte los ingresos en proporción, se queda con el 50%.

El problema estructural de este ecosistema intermediario es que reproduce, en formato acelerado, la misma trayectoria que tuvo el ad tech, el sector de tecnología publicitaria que durante la década pasada fue acumulando startups especializadas hasta que Google y Meta las absorbieron o las hicieron irrelevantes. La mayoría de estas empresas están financiadas por capital riesgo. Son, por tanto, potencialmente adquiribles por las mismas grandes tecnológicas de las que nominalmente protegen a los editores.

El segundo informe, firmado por Marius Dragomir director y fundador del Media and Journalism Research Center (MJRC), amplía el análisis hacia una pregunta más incómoda. No solo quién cobra qué, sino qué ocurre con el pluralismo informativo cuando los sistemas automatizados deciden, a través de criterios de licencia y de recuperación de datos, qué fuentes son visibles y cuáles no.

Dragomir introduce el concepto de Orden de Información Automatizado para describir el sistema que está reemplazando al ecosistema mediático como infraestructura de conocimiento público. Un ciudadano que pregunta a un asistente de IA qué decidió su gobierno ayer recibe una respuesta fluida y confiada que puede no citar al medio local que publicó la información, porque ese medio no está en la red de licencias del sistema. La respuesta puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, quedar sistemáticamente empobrecida porque quien la recibe no sabe cuál es su origen.

El pluralismo, argumenta Dragomir, no es lo mismo que la exactitud. Un sistema puede dar respuestas correctas y seguir estrechando el espacio informativo si cita siempre las mismas fuentes dominantes, ignora el periodismo local, excluye las lenguas minoritarias o aplana los debates sobre asuntos controvertidos. Los instrumentos clásicos de medición del pluralismo mediático, construidos sobre datos de propiedad, audiencia y línea editorial, no detectan este tipo de concentración porque opera en capas que esos instrumentos no miden.

El problema es que la oportunidad de resolver este doble problema se está acabando, aseguran tanto Radsch y Montoya como Dragomir. Las estructuras contractuales, las tasas de intermediación y las normas de gobernanza que se fijen ahora serán difíciles de revisar cuando se normalicen. La historia de los medios con las plataformas sociales lo ilustra con bastante claridad. Los editores aceptaron condiciones estructuralmente desfavorables porque el tráfico inmediato parecía compensarlas. Cuando quisieron renegociar, la infraestructura ya era demasiado costosa de abandonar.

Los modelos legislativos que los informes señalan como referencias son el Código de Negociación de Australia, la Ley de Noticias Online de Canadá y el derecho afín de la Directiva de Copyright europea, que en España se transpuso como el llamado canon AEDE, luego reformado. Ninguno es perfecto. Todos tienen en común algo que los informes consideran esencial: establecen que la elegibilidad para la compensación es una decisión de política pública, no una preferencia comercial de la plataforma. Quien decide qué medios reciben dinero no puede ser la misma empresa que decide cuánto paga.

Sin esa separación, el mercado de licencias de IA no es un nuevo modelo de financiación del periodismo. Será el mismo modelo de patrocinio de siempre, con nuevas pantallas.

He leído en la portada de un periódico, que cada vez representa más al PP/Vox, como tantos otros que, por desgracia, han perdido la objetividad que debería ser norma en cualquier diario serio: "La policía incautó joyas y relojes en una caja fuerte oculta"... El director que permite esta noticia seguro que los valores o joyas, si los tiene, los deja a la vista y en la mesa de entrada de su casa. O, lo que es peor, no ha contrastado si se trata de bisutería barata.

Es terrible, bochornoso —por no utilizar calificaciones más fuertes para no herir sensibilidades—, que se publiquen noticias, más bien bulos sin contrastar, pecado mortal en cualquier periódico serio, y que con maldad están contaminando el ambiente. Como ciudadano, desde hace tiempo observo un afán de esa maldita España negra que nos distanció históricamente del mundo moderno por derribar a un Gobierno democráticamente elegido utilizando cualquier tipo de medio.

Desde el minuto uno, atacando para destruir con las armas típicas de una derecha no cívica, sino, yo diría, montaraz, nunca homologable con las derechas que vencieron al fascismo y al nazismo en Europa. Utilizan cualquier recurso, alejado de la mínima ética, para destruir; nunca para ofrecer una alternativa política en la forma de gobernar. La política real y los derechos del ciudadano les traen al pairo.

La verdad es que quieren convertir a los ciudadanos en súbditos o, peor, en hooligans que no dudan en ser violentos y en golpear todo aquello que significa democracia. ¿Será que el trumpismo/ayusismo contamina el ambiente? Son fieles a la antipolítica de Bolsonaro, Milei, Trump, Putin, Netanyahu y alguno más escondido en la bruma del mal. Está maldad supera a las ideologías clásicas entre conservadores y progresistas, ensuciando todo lo que tocan.

Para estos personajes solo existe el pensamiento de súbditos o siervos de quienes mueven los hilos: los poderes financieros que desean transformar la política en negocio. No se detienen. Antes movían a un ejército o a un general; hoy mueven a jueces o a un periodismo que, desde que se prostituyó, dejó de ser periodismo. Parecen la peste negra que asoló Europa, dejando cadáveres putrefactos que contaminaron el aire.

En España empieza oler mal. Lo más grave es que, sin escrúpulo alguno, también contaminan a las instituciones más importantes para una democracia, como son los jueces y las fuerzas que nos deben defender precisamente de ellos, los malvados. Y ni siquiera son de derechas: su política es malvada, destructiva, típica de la utilizada por el fascismo, que nos volverá al miedo. Ese miedo con el que Franco pudo durar tanto tiempo y morir en su cama.

Porque fue el miedo el que permitió que sus herederos, con ayudas externas bien conocidas, idearan la Transición, rechazada al principio por una izquierda —la Platajunta—, pero con la ayuda de un PSOE cuyo líder, Felipe González, rompió el pacto —la Plataforma—, al que se unió Carrillo para salir también en la foto. La ausencia de ruptura en aquellos momentos la padecemos ahora.

Quieren derribar al Gobierno: "El que pueda hacer, que haga" es, sin duda, una insinuación golpista. ¿Y la ciudadanía qué piensa? Da la sensación de que las grandes conquistas sociales y el bienestar que han creado las políticas socialdemócratas han instaurado una acomodación en el pensamiento ciudadano, que se limita a mirar por la ventana.

Ya ha pasado en la historia, cuando el terror o la propaganda paralizaban las mentes. Lo vimos en el golpe de Tejero: excepto tres personajes a los que su dignidad mantuvo firmes y sentados, los demás se ocultaron, a pesar de que eran los representantes del pueblo. ¿Miedo otra vez?

Hagamos lo posible, gracias a la unión de los medios democráticos, para que el miedo no nos impida derrotar a esa España rencorosa que, como un muerto, nos quiere anclar en un pasado mediocre e injusto. Si a la víbora no le pisas la cabeza, te puede morder. Es lo que, como ciudadano, pienso.

__________________

Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

Su ascendiente sobre Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa acabó cediendo a su exigencia de que la renegociación de la deuda quedase vinculada a su continuidad al frente de la compañía. Precisamente por haber facilitado información que no era veraz sobre este extremo, la CNMV sancionó a la matriz de El País hace unos meses. De hecho, tienen obligación legal de informar de ello a la próxima Junta General. 

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, de la que es socio Timon SA, el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo, conserva un 7,6% de los derechos de voto. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

Sostiene José Antonio Zarzalejos en su última columna (ver aquí) que los “daños” que el sanchismo está causando al régimen constitucional de 1978 pueden ser “irreversibles”, y que ya no son los socios del Gobierno quienes pueden “rescatar” al sistema: “Ya sólo lo pueden hacer los medios que estuvieron al servicio de la democracia (…). Resistir no es ganar. Por el contrario, resistir es, frecuentemente, sólo aplazar la derrota”, concluye el exdirector de ABC en lo que se podría interpretar como una (poco) velada alusión al manifiesto que infoLibre ha hecho público hace unos días (ver aquí). 

En realidad, cabe entender el llamamiento del influyente analista conservador como una clara extensión de ese “el que pueda hacer, que haga” que Aznar ha reiterado estos días, al hilo de los escándalos político-judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a José Luis Rodríguez Zapatero, un referente moral del espacio progresista. No basta al parecer con lo que ya vienen haciendo un montón de medios escritos, digitales o audiovisuales de la casi infinita derecha mediática, ni con las sonoras acciones de unos cuantos jueces, policías y fiscales, ni con la falsa equidistancia con la que ciertas cabeceras supuestamente progresistas vienen abordando esos escándalos… Ahora se trata de presionar a los (escasísimos) medios que defendemos la legitimidad del Gobierno para seguir gobernando y la de su presidente para convocar elecciones cuando considere oportuno (como estipula, por cierto, la propia Constitución).

Ni Zarzalejos ni Aznar parecen otorgar el menor recorrido a la táctica de Feijóo de presionar por tierra, mar y aire a los socios de investidura de Sánchez, y especialmente a PNV y Junts. Lo cual supone también asumir que el PP sigue teniendo un problema que él mismo se ha buscado y no sabe gestionar: ir del brazo de Vox en los gobiernos autonómicos y en el camino hacia la Moncloa produce una urticaria difícil de superar para las derechas nacionalistas que, ¡ay, se siente!, existen en España y tienen millones de votos. Aznar o Zarzalejos podrían quizás dedicar sus esfuerzos intelectuales y divulgativos a aportar ideas para convencer a los partidos conservadores mayoritarios en Cataluña o Euskadi de que apoyen una moción de censura junto a una extrema derecha que en su programa plantea precisamente la ilegalización de esos partidos nacionalistas. Complicado esfuerzo, nada respetuoso con el “sistema constitucional de 1978”, pero legítimo, por supuesto. 

Mucho menos democrática me parece esa repetida exigencia de Aznar que nunca explica en qué consiste, por lo que es obligado entender lo que todo el mundo entiende y él no desmiente: se trata de que cada juez, fiscal, policía, político o periodista, todo ciudadano desde su ámbito personal o profesional, haga lo que esté en su mano para “echar a este Gobierno de mafiosos y corruptos”. Que es en lo que estamos desde antes de que estallaran los principales casos de presunta corrupción que se investigan o que ya han empezado a juzgarse. Ese insistente llamamiento se parece demasiado a un manifiesto golpista como los que a principios de los ochenta publicaba el colectivo Almendros en El Alcázar en vísperas del 23F (ver aquí). Para sus autores, Suárez era un traidor a los principios del Movimiento como ahora Sánchez es un traidor al “sistema constitucional”.

Y no menos antidemocrática me resulta la proclama de Zarzalejos, que como periodista emplaza a otros periodistas y medios a “acabar con el sanchismo”, ya que la derecha a la que apoya no consigue reunir suficientes votos en el Congreso para una moción de censura que tumbe a Sánchez como él tumbó a Rajoy en 2018, tras la primera sentencia de la Gürtel. Es una lástima que no seamos muchísimos más los medios y periodistas que procuramos informar de todos los asuntos de corrupción política, afecten a quien afecten, pero cumpliendo las reglas mínimas del oficio, distinguiendo hechos y opiniones, respetando la presunción de inocencia y analizando desde un pensamiento crítico toda actuación judicial que ofrezca sombras de contaminación política. O denunciando no sólo las intromisiones que desde la política se produzcan en el poder judicial, sino también las que se ejercen en sentido contrario, cuando jueces y algunos órganos de la justicia critican, rechazan o hasta incumplen las decisiones legítimas del poder legislativo o las que son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. ¿Hacen falta ejemplos? Pues ahí están las protestas de togados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba redactada (ver aquí); o la creatividad made in Marchena para no ejecutar esa misma ley en toda su extensión (ver aquí); o la impunidad con la que el magistrado García-Castellón mantuvo causas abiertas contra Podemos durante años sin una sola prueba… (ver aquí). 

Para que se entienda sin rodeos. Me parece que tiene peso el argumento de reclamar elecciones anticipadas cuando un gobierno no logra aprobar presupuestos varios años seguidos, o cuando no consigue suficiente mayoría para legislar en el Parlamento. Pero también creo que un periodista crítico debe tener en cuenta siempre el contexto. ¿En qué medida el Gobierno tiene recursos para gestionar la vida pública en esta etapa en la que todavía tenemos miles de millones de fondos europeos para utilizar antes de fin de año? ¿Es o no cierto que España vive una situación económica y de empleo que es la envidia de Occidente desde hace ya varios años? ¿Es verdad o no que, a pesar de la obvia debilidad parlamentaria, se ha seguido legislando para mejorar la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos? Y sobre todo: ¿es o no legítimo que un presidente de gobierno convoque elecciones cuando lo considere oportuno dentro de los límites constitucionales, como ha hecho cualquier otro jefe de gobierno de la democracia?

Y sigamos con el contexto. Si uno se limita a leer los titulares o escuchar el griterío sobre cada proceso judicial que afecta al PSOE, al Gobierno o al expresidente Zapatero, será difícil no caer en la tentación del “¡que se vayan, ya!”. Pero la obligación de un periodista decente (de cualquier demócrata no sectario) es analizar caso por caso, afecte a quien afecte. Sin prejuicios, pero también sin sumisiones acríticas. Lo escribo como lo pienso: ha pasado una semana larga desde que conocimos el auto del juez Calama contra Zapatero, después los informes de la UDEF y por último el sumario (casi) completo. Y me mantengo en lo escrito (ver aquí): no encuentro un solo indicio sólido y directo que sostenga la afirmación reiterada del juez que sitúa al expresidente como “líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales”. No lo encuentro yo ni lo han encontrado juristas “de reconocido prestigio” (ver aquí o aquí o aquí). Tiene mucho que explicar Zapatero sobre sus ingresos y los de sus hijas, pero me atrevo a insistir en que por esa vía también cabría exigir muchas explicaciones a Felipe González o a José María Aznar sobre su patrimonio, sus ingresos o los de familiares directos. 

Nada más alejado de un espíritu crítico que lo conspiranoico. Pero Zarzalejos sabe perfectamente que las acumulaciones de supuestas casualidades con efectos políticos letales sólo son creíbles desde la ignorancia o la ingenuidad. Vivimos tiempos veloces en los que la excepcionalidad principal no es el sanchismo, sino los múltiples procesos paralelos y convergentes que vienen respondiendo de una u otra forma a ese “el que pueda hacer, que haga”. ¿En serio aceptamos como casual que las últimas “bombas” judiciales contra el Gobierno o sus entornos coincidan con el juicio oral de la trama Kitchen, el ejemplo más grave de una mafia que utilizó los recursos del Estado y la mismísima cúpula policial para obstruir la acción de la justicia contra la dirigencia del PP durante el Gobierno de Rajoy? ¿No tienen nada que decir el CGPJ ni las asociaciones de jueces –tan sensibles a cualquier crítica desde la política o los medios– sobre ese último auto del juez Peinado amenazando a Begoña Gómez con enviarle a la Policía si no acude a una citación que por ley no es obligatoria? (aquí). 

Sabe muy bien Zarzalejos –y esto lo hemos hablado– que la llamada “crispación” político-mediática en España empezó con la campaña de intoxicación y desinformación en torno a los atentados del 11M (campaña que a él le costó la dirección de ABC por presiones de Esperanza Aguirre). Y también sabe que hubo un precedente de operación antidemocrática practicada por el llamado “sindicato del crimen” a finales de los 90 para dar la puntilla a los gobiernos de Felipe González, también afectados por casos de corrupción. Lo contó Anson unos años después en la revista Tiempo (ver aquí). Así que sí: sobran motivos para percibir que hay movimientos políticos, empresariales, mediáticos y judiciales que vienen abonando una especie de golpismo suave, sin armas pero con poderosas herramientas que utilizan sin descanso desde la instrucción del llamado procés catalán. Con la convicción –en algunos casos pregonada– de que hay que “salvar España” de quienes quieren, en su opinión, “cargársela”. Con la prepotencia de quienes consideran que este país es patrimonio exclusivo suyo, y que todo gobierno progresista debe ser un paréntesis, sobre todo si toca los intereses de determinadas elites económicas que se niegan a aceptar cualquier tipo de regulación, ya sea en el mercado especulativo de la vivienda, en el tecnológico o en el negocio de la desinformación.

Sostiene Zarzalejos que “resistir no es ganar”. Lo que uno cree es que resistir es, hoy por hoy, una obligación democrática que debe invitar al activismo en defensa precisamente de los valores que distinguen una convivencia respetuosa con las reglas que tenemos y con las vías que permitan mejorarlas o cambiarlas, de acciones políticas, judiciales o mediáticas que utilizan la mentira, la mera sospecha o la simple inquina para liquidar reputaciones personales y colectivas. En las urnas ganará quien gane, y gobernará quien consiga una mayoría parlamentaria. La ansiedad permanente no es buena, ni para la salud personal ni para la democrática. Y hay quien lleva sufriendo ansiedad y actuando bajo sus efectos desde junio de 2018, y más aún desde julio de 2023. Un poco de calma. Ya falta menos.

P.D. Inicia su columna Zarzalejos con la cita de un editorial de Manuel Chaves Nogales en Ahora (de una fecha en la que no era director, contra lo que dice Zarzalejos), pero que comparto en lo esencial: “No estando adscritos a partido alguno, no tenemos ningún dogma cerrado que defender. En cada caso y ante cada problema sustentaremos lo que nos parezca más útil a la República y al país”, o sea, a la democracia. Ahí estamos. De modo que, igual que Zarzalejos tiene derecho a defender a las derechas hasta el extremo que considere oportuno, debe aceptar que otros defendemos de forma transparente principios progresistas y rechazamos la deslegitimación permanente del adversario o su expulsión del gobierno por cauces antidemocráticos. Resistimos… y seguimos (si podemos contar con suscriptores suficientes).

*Por cierto, para no caer en la ola hagiográfica sobre Chaves Nogales, más allá de 'A sangre y fuego' y su imprescindible (y manoseado) prólogo, son recomendables lecturas como la de Alfons Cervera (ver aquí) o la de Juan Carlos Mateos, 'La construcción de un mito', de editorial Renacimiento (ver aquí).

El mercado televisivo nacional suma un nuevo operador. El consorcio Siete –nombre comercial del proyecto de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo– ha obtenido del Gobierno, en una decisión aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la licencia imprescindible para poner en marcha el vigésimo tercer canal privado de cobertura nacional en España.

En la elección de Siete frente a la segunda oferta presentada, la de Mediaset, pesó el criterio del “pluralismo”, toda vez que este grupo ya controla siete canales: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

A partir de ahora, los promotores de la propuesta ganadora del concurso tienen un plazo legal de seis meses para comenzar las emisiones. Si el calendario se cumple, la señal estará en antena antes de que acabe el otoño de 2026.

Detrás del proyecto está un grupo de cuatro inversores que se reparten el capital a partes iguales –tres de ellos son, además, accionistas minoritarios del grupo Prisa– que cuentan con el asesoramiento estratégico de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia, uno de los artífices de La Sexta y principal accionista de infoLibre.

El primer 25% está en manos del empresario Andrés Varela, que lidera el proyecto porque es el único accionista procedente del sector televisivo. Su participación es, en todo caso, a título personal, no a través del llamado Grupo Alconaba, que es la sociedad a través de la cual él y otros socios participan en Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER.

El segundo accionista, con idéntico porcentaje, es Diego Prieto, un empresario andaluz que estuvo vinculado al sector de las ambulancias. Otro 25% del consorcio está en manos de una sociedad integrada por personas vinculadas a Adolfo Utor, el dueño de Baleària.

El capital lo completa el empresario argentino José Luis Manzano a través de su sociedad Integra Capital. Manzano es un multimillonario con negocios de todo tipo, muchos de ellos vinculados a la energía y la minería, que fue ministro con Carlos Menem en los años noventa y que en los últimos tiempos se ha hecho fuerte en medios de comunicación de su país.

Integra es, desde hace poco tiempo, la empresa de referencia de la principal emisora de televisión argentina, Telefe. Pero su entrada en Siete no se ha producido a través de ella, sino mediante la sociedad Integra Capital.

Según algunas fuentes, el plan de negocio de Siete parte de un presupuesto operativo anual de entre 20 y 25 millones de euros. Es una cifra notablemente baja para una cadena generalista de cobertura nacional —Mediaset España o Atresmedia mueven presupuestos entre diez y veinte veces superiores— y condiciona directamente el modelo de programación.

Los promotores del nuevo canal aseguran que quieren ir más allá de la TDT y presentan la cadena como la primera etapa de una plataforma de contenidos audiovisuales más amplia, cuyo territorio base será el entorno digital. De ahí que su hoja de ruta contemple una distribución a través de todas las ventanas disponibles.

La cadena prescindirá de servicios informativos, pero se volcará en la actualidad, con el directo como principal seña de identidad. Este modelo, aseguran fuentes del consorcio, es “el único que ha resistido” en el mundo y “el que ha crecido en estos años frente a las plataformas digitales” como Netflix o HBO. Esta “va a ser una tele para estar en directo hablando en todo momento de aquello que sea el tema más interesante”.

La estructura de contenidos se articulará en torno a tertulias, debates y programas de análisis, un formato con costes de producción sustancialmente menores que los boletines o los noticiarios con redacción propia. Los servicios técnicos serán externalizados, así como la gestión comercial, para la que los promotores del canal están considerando contratar a la empresa Pulsa.

La emisora todavía no tiene nombre. Fuentes cercanas al proceso han señalado que el consorcio no descarta llegar a un acuerdo para usar la marca CNN con el fin de dotar al canal de un perfil informativo reconocible y tener acceso a información internacional de primer nivel, si bien las negociaciones ni siquiera han comenzado.

Fuentes del consorcio ganador aseguran que la nueva cadena de televisión buscará competir por “abrirse un hueco” junto a las seis grandes nacionales dirigidas a amplias audiencias. Lo hará “con una rejilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo”. Los contenidos abarcarán “todos los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas”.

Para conseguirlo, el elemento determinante de la apuesta, según las mismas fuentes, “será la presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente de cada uno de sus propios espacios” y a los que se respetará “su independencia”. Se busca potenciar “no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades”.

Aunque no hay nada cerrado y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se han iniciado las conversaciones, en el punto de mira están algunos de los principales activos de RTVE, desde Javier Ruiz a Jesús Cintora, pasando por Marta Flich, Gonzalo Miró o Silvia Intxaurrondo.

En todo caso, la cadena asegura que no apostará “por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso”.

Uno de los objetivos de Siete es alcanzar acuerdos con otros actores informativos en un sentido muy amplio, desde diarios digitales a plataformas y creadores de contenidos. “Tendremos que ver cómo acumular y llegar a acuerdos con todo el mundo”, señalan las fuentes de Siete consultadas por infoLibre. Alianzas que también les den acceso a información deportiva y económica.

Los promotores se proponen competir en la liga de los seis principales canales, empezando por los dos más pequeños: Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia). Sobre todo este último, toda vez que la composición del accionariado de Siete apunta a un perfil informativo progresista, que durante un tiempo fue el principal público de esta cadena.

No obstante, advierten las fuentes consultadas, “para hacer un canal de televisión rentable no puedes hacer un canal militante. Hacer televisión implica actualidad” no exclusivamente volcada en la política, sino con abundantes contenidos de música, cultura, entretenimiento, cocina, viajes o humor.

Con la licencia formalizada, el consorcio abre ahora la fase de ejecución. El primer nombre incorporado al proyecto es Luis Morales Losada como Production Manager, exdirectivo de Mediapro, con experiencia en la puesta en marcha de empresas audiovisuales de producción y distribución. El reto inmediato es cerrar contratos con el personal técnico y los perfiles mediáticos que ocuparán los distintos espacios, además de consolidar la estructura comercial.

Desde 1989, todos los gobiernos han convocado concursos públicos para adjudicar frecuencias de televisión privada. El nuevo canal es el resultado del último de esos procesos y convierte a España en uno de los mercados europeos con mayor densidad de canales generalistas de ámbito nacional.

El ministro Óscar López, titular del departamento de Transformación Digital, responsable del concurso, recordó este martes que la adjudicación del nuevo canal es una obligación legal derivada de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 26 establece la necesidad de convocar nuevos concursos cuando exista capacidad técnica disponible.

“Eso ocurrió en el año 2005, cuando pasamos de la televisión analógica a la televisión digital”, recordó López, y “volvió a ocurrir en el año 2015, porque pasamos de la televisión digital terrestre a la televisión digital terrestre de alta definición y, por lo tanto, se volvió a comprimir la señal, volvió a haber espacio y hubo otro concurso”.

“Ahora hemos pasado de la alta definición a la ultra alta definición, que vuelve a comprimir la señal y vuelve a dejar espacio libre”. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2025 el nuevo plan técnico de la televisión digital terrestre y convocó el 20 de noviembre un concurso “que se ha resuelto en tiempo y forma, con toda normalidad”, subrayó el ministro.

El periodista Carlos Alsina confirmó este lunes en antena que dejará la dirección del primer tramo de Más de Uno, el programa matinal de Onda Cero, al final de la presente temporada. A partir de septiembre, será Rafa Latorre, actual director de La Brújula, quien conduzca el tramo de actualidad e información del magacín de las mañanas. Es el mayor movimiento en la programación de la cadena desde que Alsina tomó las riendas del programa y ha coincidido en el tiempo con el anuncio, por parte de la Cadena SER, de la salida de la emisora de Àngels Barceló. Las mañanas de la radio española cambian de cara de golpe justo a un año de las decisivas elecciones generales de 2027.

Alsina, que lleva 36 años en la radio y 33 dirigiendo programas diarios de información y opinión, justificó la decisión en términos estrictamente personales. “He llegado a la conclusión de que me he gastado”, dijo literalmente durante su programa este lunes a las ocho de la mañana. “Considero que, para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía”. Y añadió que ya no lo está, al menos no en la medida que exige ese tramo. “Cuando tienes 25 años te comes el mundo, y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti”.

La decisión, según relató él mismo, fue comunicada a la dirección de la cadena el 13 de marzo, hace algo más de dos meses. El director general de Onda Cero intentó disuadirlo. No lo consiguió, aunque sí logró una concesión. Le recordó a Alsina sus propias palabras en una entrevista publicada en El País al inicio de esta temporada, en la que el presentador había reconocido que la radio son muchas cosas más allá de la actualidad política. Sobre esa base, acordaron una solución intermedia: Alsina no desaparece del programa, pero se retira del tramo informativo.

La dirección de Atresmedia y Alsina cerraron en marzo que el presentador se hará cargo únicamente del segundo tramo del programa, el de entretenimiento, humor y contenidos no informativos. Un espacio que él mismo reivindicó con energía en antena frente a quienes lo desprecian. “El humor, la comedia y la ficción son parte sustancial de la radio desde que nació hace 100 años”, dijo. “Si además consigues dar un poco de felicidad, pues has tocado el cielo”.

Alsina fue explícito al nombrar lo que supone este movimiento en términos profesionales. “Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. He decidido relegarme”. Y añadió que se trata de una “autorrelegación” que considera “probablemente inédita en la radio en España”.

El argumento de fondo es el cansancio acumulado tras décadas de madrugones y de dedicación intensiva a la actualidad. “Me vendría bien madrugar menos. Me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición”.

Rafa Latorre, que ha batido el récord histórico de audiencia de La Brújula en sus cuatro temporadas al frente del programa nocturno de Onda Cero, pasará a ocupar el espacio de las mañanas a partir de septiembre. Alsina lo presentó como “la persona idónea para dotar de nueva energía a nuestro tramo más madrugador”.

Para sustituirle en La Brújula, Onda Cero ha designado a Marta García Aller, una de las voces del propio Más de Uno, cuya carrera en la radio comenzó hace dos décadas precisamente en ese programa junto al propio Alsina.

El movimiento responde a una lógica de cantera. Alsina llegó a Onda Cero con 21 años, asumió la dirección del informativo Al Día con 23 y desde entonces no ha dejado de conducir un programa diario. Latorre y García Aller son producto de la misma casa. “Si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas. Sin dudarlo”, dijo Alsina.

El anuncio fue precedido por un fin de semana de especulaciones en medios y redes sociales, algunas de las cuales apuntaban a que el movimiento era un castigo o un apartamiento forzado, y otras sugerían contactos con la Cadena SER. Alsina las descartó todas con cierto sarcasmo. “He descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía ni idea”.

Sobre la posibilidad de un fichaje por la SER, fue tajante. Dijo no conocer personalmente al gestor de fondos Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa y primer accionista de la Cadena SER. La última vez que habló con un directivo de esa emisora, precisó, fue en febrero de 2025, durante el Día de la Radio, cuando coincidió con Carles Francino en una conexión en autobús. “Ese día, cuando comentamos Montse Domínguez y yo lo salado que había estado Francino… Conexión en la que Carlos me contó que él no tenía ningún deseo de jubilarse pronto y yo le dije que yo estaba deseándolo”.

El anuncio de Alsina coincidió con otra sacudida en la radio española. Àngels Barceló confirmó este lunes que no renovará su contrato con la Cadena SER al término de la temporada, poniendo fin a 21 años en la emisora y a casi siete al frente de Hoy por Hoy, el magacín matinal líder de audiencia en España.

La salida de Barceló se produce después de meses de tensiones internas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Oughourlian en mayo de 2024, y está ligada a la reorientación ideológica que el presidente del grupo quiere imprimir a sus medios. El propio Oughourlian había manifestado en varias ocasiones su predilección por el programa de Alsina frente al buque insignia de su propia cadena, hasta el punto de sintonizarlo cada mañana en lugar de la SER.

La periodista catalana aterrizó en la SER en 2005, condujo durante once años el informativo vespertino Hora 25 y desde 2019 dirigía y presentaba Hoy por Hoy. “Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, declaró el viernes. La dirección de la SER no ha anunciado todavía quién la sustituirá. Por el programa han pasado, entre otros, Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga y Carles Francino.

La propia Barceló, en su primera intervención en antena este mismo lunes, reconoció que hubiese preferido quedarse, confirmando que ha sido la empresa la que ha forzado su salida. “¿Era la decisión que querías tomar?”, le preguntó el escritor y guionista Bob Pop en su sección del programa. “Bueno, pues a lo mejor no”, respondió la periodista con franqueza. “Pero una vez está tomada, yo soy de una manera que, cuando tomo una decisión: ¡pa’lante!”.

Los movimientos en Onda Cero y en la Cadena SER no son equivalentes en su naturaleza. En un caso, una salida pactada y anunciada por el propio protagonista, con relevo designado y calendario definido. En el otro, una ruptura tras meses de conflicto interno que ha dejado muy mal sabor de boca en la redacción, con el sucesor aún por determinar y la deriva editorial del grupo como telón de fondo.

Lo que tienen en común es que dos de los programas matinales más influyentes de la radio española estrenarán nueva cara en septiembre. El liderazgo histórico de Hoy por Hoy y el tercer puesto consolidado de Más de Uno quedan en manos de periodistas que deberán construir su propio peso específico en un medio que sigue midiendo la audiencia en décimas y en el que las mañanas son, todavía, su prime time. Carlos Herrera, el presentador de la COPE, será el único superviviente de los tres principales comunicadores de la radio española a la vuelta del verano.

Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

Don Fernando, don José, don Paco y don Manuel. Los dones del pueblo en el que uno se raspó las rodillas con la grava eran médico, cura, profesor o boticario porque los demás teníamos apócope o alias. Esa es la España desdentada de la que venimos, un país que aprendió servilismo temiendo a los dementores que paseaban en pareja y con tricornio y capa por los caminos carreteros de todo el país y cuyos arbitrarios podían cambiar vidas y —de esto iba todo— haciendas. Fuimos un país reverente a palos y algunos de esos viejos avíos de menesterosos obedientes afloran de nuevo al tratar a los oligarcas que quieren matar animales y a los que los guardeses —siempre hay un tío Tom entre los plebeyos esperando una palmadita en la cabeza— quieren pagar una alfombra roja de asfalto para que posen sus avioncitos y no tengan que mezclarse por el populacho en las autovías. Otros atavismos no vuelven porque nunca se fueron y el que atañe a este oficio indigente se explicita en su diferente trato con los poderes.

Sabemos que, convencionalmente, la democracia liberal se compone de tres poderes, un ejecutivo que gobierna, un legislativo que fija leyes y un judicial que las aplica. De los tres, atendiendo al diseño constitucional español, el segundo es el único que es encarnación directa de la única soberanía reconocida, la de los lugareños, y por tanto el dotado de las mayores dignidades. Con los tres poderes se las tiene cada día el cuarto, el nuestro, potente y desregulado, como ha de ser la acción civil en las sociedades liberales, pues estas se basan en el principio de la libertad por defecto. Ese dogma se expresa en el aforismo que señala que “todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido”.

Y sin embargo, los oficiantes no nos dirigimos en los mismos términos a los distintos poderes. Tuteamos a los integrantes de la cúspide de la soberanía, los diputados y senadores, y bajamos la cerviz y tratamos con gasa y reverencia a la casta togada. El “respeto” al poder judicial es expresión institucional que obliga a los otros dos poderes, pero no está claro por qué demonios el cuarto hace suya la salmodia reverente desde una posición garbancera de tiralevitas.

“Yo no soy usted”. Un juez de la Audiencia Provincial de Oviedo reprendía así a un abogado que protestaba por las continuas interrupciones de la presidencia de la sala a su interrogatorio. “Perdón, su señoría”, se corrigió el letrado bajando la cabeza. El joven cronista que uno fue levantó la suya y escrutó los tres segundos de silencio que siguieron, en los que casi pudo oírse al defensor tragar saliva. Algunos plumillas nos miramos con la picardía con la que se cruzan muecas los niños cuando alguien menciona el pompis en el aula de primaria y la seño se enfada. En la comprensión aún juvenil del sistema democrático, que uno consideraba ya indiscutible en los 90, los goznes de aquel ceremonial timorato chirriaban con quejido extremo.

El protocolo señala que los diputados y senadores son también “señorías”, y así se dirige a ellos la presidencia de cada cámara, pero dudo que hayan oído a ustedes decir a un parlamentario “yo no soy usted” ante la pregunta de un periodista. Pero quede claro que, atendiendo al protocolo democrático, tan o más señoría es Oskar Matute que Manuel Marchena. El diablo, ya lo ven, está en los detalles.

En el desempeño cotidiano, los periodistas tratamos al ejecutivo y al legislativo con familiaridad correspondida y con inmisericordes epítetos cuando los creemos merecidos. En cambio, en las salas y pasillos del tercer poder, lo convenido es comportarse como pudibundos seminaristas en el palacio episcopal. Nunca una señoría se ha dejado tutear y los plebeyos periodistas jamás se han atrevido a darle al magistrado el trato que le dan al parlamentario o al ministro. Ni en vivo ni en tinta. Hay distancia y reverencia, que el cuerpo de jueces, con sus vetustas sotanas volanderas y sus cursis puños de encaje, cultivan con soberbia calculada y no poco gozo endógamo.

Hay un motivo histórico detrás de esta bochornosa anomalía. Jueces ha habido siempre. España es un Estado complejo desde hace muchos siglos, con cuerpos administrativos y altos funcionarios, pero es una democracia desde anteayer. Diputados electos no ha habido tantas veces y apenas unos pocos ministros de los cientos que ha tenido el país han estado legitimados por el apoyo popular. Para mayor desgracia, el liberalismo político no ha tenido por estos lares capitanes ni tripulación desde aquella desgraciada captura en la playa de Málaga, habiendo presidido el debate del país la disputa entre las dos ramas del cristianismo, la pía de los reaccionarios y la igualitaria de los marxistas. A esa tradición estatalista, de castas oligárquicas y predemocráticas, obedece ese lenguaje retorcido que hoy trata de “politizado” todo lo que proceda de la expresión de la soberanía y en cambio exige “respeto” a todo cuerpo cuya raigambre histórica sea predemocrática y dinástica o tan sangrienta como la honda huella dejada por los tricornios en los pueblos de todo el país.

El ordenancismo latente en ese beato “respeto” a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a las togas y sus mazas puede ser una expresión de modales, pero se trata, sin duda, de modales predemocráticos, un acatamiento de los humildes de su condición, pues el liberalismo democrático solo puede ser irreverente —en el sentido literal del término—, y repelente al fórceps del “orden”, antítesis del “ascensor social”. Porque uno se basa en la perpetuación apolillada de los talcos y el otro en la permeabilidad y el dinamismo de las sociedades modernas. El invocado “orden” con el que tanta gente de bien se llena la boca no es “ausencia de delito” —bien lo saben los lomos amoratados de esta atribulada península, cuyas calles y senderos jamás han sido más seguros y tranquilos que hoy— sino un exhorto de obediencia y devoción.

Viene esto a cuento del menudeo, en esta semana tremenda para la socialdemocracia española —que se ha atrevido a desafiar al unísono a la internacional reaccionaria y a la internacional sionista—, del apotegma “hay que respetar a la Justicia”. Hay un profundo amaneramiento mendicante en esta expresión que ustedes jamás habrán leído aplicada a cualesquiera de los otros dos poderes del Estado. Como los encomios que se hacen de “la profesionalidad de las fuerzas del orden” —que son profesionales tras siglos metiendo en vereda a los humildes es tan obvio como que en los últimos 15 años han sido ocupadas por sindicatos de raigambre fascista—, se expresa en esa pacatería el temor a que se vayan a enfadar y se cansen de la democracia, ya que preexisten a ella y aspiran en secreto a domesticarla o sobrevivirla, como alguna vez hemos dicho por aquí.

Es sintomático del estado de la cuestión que el periodismo de tribunales, ese al que no le está permitido tutear a sus señorías, ha dedicado la semana a subrayar que el juez Calama, que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por lobista —se supone que a los multimillonarios Felipe González y José María Aznar, que llegaron a la política con una mano delante y otra detrás, no les llegará la camisa al cuerpo pensando en la jurisprudencia que pueda sentar el caso—, es “diferente”. Un juez “diferente”. Es decir, lo que nos han dicho los corresponsales en la plaza de la Villa de París —sin querer pronunciarlo en voz alta— es que el juez que va a instruir la causa contra el único expresidente cuyos ministros no acabaron perseguidos por corrupción no es como el juez Peinado, el juez Hurtado, el juez Escalonilla, el juez Marchena o el juez García-Castellón. Como ven, se puede decir muchísimo con muy poco.

Nuestro Jaime Miquel —lúcido frecuentador de estas páginas— bautizó, en su fundacional La perestroika de Felipe VI (2015, RBA Libros), este estado de cosas como “posfranquismo”, etapa intermedia en la que estábamos sumidos mientras tratábamos de convertirnos en una democracia plena. Miquel, militante de “el mandato de los paisanos”, detestaba “la España de los castillos”, la del “porque lo digo yo”, la del “usted no sabe con quién está hablando”, la del “se acabó la broma”, que es la que metió en la cárcel a los procesistas y saboteó el surgimiento de nuevas formaciones de izquierdas. Jaime Miquel no llegó a ver cómo la sala segunda del Supremo rompía el precinto de la desfachatez con la condena al fiscal general del Estado, aunque sí vivió con idéntica incredulidad que el arriba firmante el momento en que esa misma sala segunda hostigaba a la presidenta del Congreso de los Diputados para que retirase el acta al diputado canario Alberto Rodríguez, violentando la voluntad democrática de decenas de miles de ciudadanos del archipiélago. Decía Quique San Francisco, en la obra La vida según San Francisco, que “la guardia civil te puede parar por muchas cosas; por ejemplo, porque sí”, que es exactamente el motivo de la condena del parlamentario insular.

No, no existe ningún motivo para que se presuponga “el respeto a la Justicia” como no lo existía para tratar de “don” al boticario, que no es más que un dependiente de comercio especializado; un ferretero con estudios. Existe la obligación de acatar las sentencias —en tanto se recurren, si es el caso—, como uno ha de detener el coche cuando la Guardia Civil le da el alto, pero ninguna otra gabela nos alcanza. El respeto no es una condición a priori sino una gracia que se amerita. Y es potestad del pueblo soberano concederlo o no.

El periodismo, seguramente el único oficio que vive bajo la obligación de la irreverencia y el escrutinio, no es un oficio de correveidiles consagrado a trasladar al respetable el contenido de una sentencia o un auto ni tiene por qué dispensar trato de “señorías” a ningún cuerpo de funcionarios sino que está obligado a leer con atención lo que produzcan las salas y pasarlo por el cedazo de los hechos ciertos y acreditados por sus mañas. Nosotros, pese al empeño genuflexo de algunos, no estamos para decir “don Manuel”, pues no somos el chófer del patrón que, ante la infamia y la sangre —bien lo sabemos en Asturias—, “con su gorra de plato, se siente desplazado; es un hombre prudente, bien domado”.

¿Se puede comprar la libertad de expresión de un periodista? En definitiva, esa es la cuestión que ha tenido que resolver el Tribunal de Apelación de Versalles (Francia) en el caso que enfrenta al exreportero de Canal+ Jean-Baptiste Rivoire con su antiguo empleador. Y su decisión no va a tranquilizar a los defensores de la libertad de información, ya ocupados en múltiples frentes y que ahora tienen que añadir uno más.

En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Versalles acaba de condenar al director del medio digital independiente Off Investigation a devolver 142.500 euros a la cadena de pago (151.000 euros en primera instancia ante la jurisdicción laboral) por haber criticado públicamente los métodos de su accionista mayoritario, Vincent Bolloré, e incumplir así la cláusula de confidencialidad que había firmado.

En 2021, Jean-Baptiste Rivoire, entonces redactor jefe adjunto del programa de investigación Special Investigation, abandonaba Canal+ tras un largo periodo de desavenencias con su empleador.

Desde 2015, con la toma de control del grupo de televisión de pago por parte del multimillonario bretón, Rivoire había luchado por mantener el único programa de investigación de Canal+ y liderado la rebelión interna, especialmente en calidad de representante sindical. Marginado desde hace varios años, acabó recurriendo a la jurisdicción laboral para denunciar la discriminación sindical que aseguraba sufrir.

Tras duras y largas negociaciones, Canal+ y Rivoire llegaron a un acuerdo para poner fin de forma amistosa a las disputas que los enfrentaban. A cambio de que retirara su demanda, Canal+ aceptó pagar al periodista 140.000 euros.

Otra concesión decisiva arrancada por Canal+: Rivoire se comprometía a “abstenerse de intervenir, testificar o proporcionar declaraciones en cualquier asunto, conflicto, controversia o litigio que implique, directa o indirectamente, a la empresa o a cualquier otra empresa del grupo Canal+/Vivendi”. Además, ambas partes acordaron que esta cláusula permaneciera en secreto.

En definitiva, Canal+ esperaba de su antiguo empleado, a cambio de las sumas abonadas, “que en el futuro renunciara a su derecho a la libertad de expresión”, subrayan los jueces en la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versalles y a la que Mediapart ha podido acceder.

Aunque el tribunal reafirma que la libertad de expresión es una libertad fundamental, explica en su sentencia que es posible renunciar a ella mediante contrato, tal y como dispone el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

“De hecho, la libertad de expresión, aunque se trate de una libertad fundamental, no queda fuera del ámbito de la negociación que precede a la celebración de un acuerdo, el cual es, conviene recordar una vez más, un contrato que genera obligaciones recíprocas para las partes”, afirman los jueces de Versalles.

Pero nueve meses después de la celebración de dicho acuerdo, Rivoire, entrevistado primero en un documental realizado por Reporteros sin Fronteras (RSF) y después en entrevistas concedidas, entre otros, a Blast y Charlie Hebdo, denunció la forma en que Vincent Bolloré había arrasado con la información honesta e independiente en Canal+.

Desde el punto de vista de la cadena de pago, las numerosas declaraciones de Rivoire dañaron la reputación del grupo y, por lo tanto, vulneraron el compromiso adquirido unos meses antes. Una interpretación de los hechos compartida por los jueces del Tribunal de Apelación de Versalles, que ordenaron al periodista devolver la indemnización transaccional que Canal+ le había abonado.

No obstante, al reconocer que Rivoire no fue el primero en denunciar los métodos de Bolloré y que su forma brutal de someter a las redacciones ya estaba ampliamente documentada en artículos de prensa, el Tribunal de Apelación de Versalles consideró que el exempleado no podía ser considerado el único responsable de la mala reputación del empresario bretón.

De este modo, los jueces obligaron a Rivoire a devolver la indemnización pactada con Canal+, pero redujeron de 10.000 a 1.000 euros la compensación adicional por daños y perjuicios que debe pagar a su antiguo empleador.

El Tribunal de Apelación también dio la razón a Rivoire y a su abogado en otro punto. La cláusula de confidencialidad propuesta al periodista, al igual que a muchos otros que abandonaron el grupo antes y después de él, es excesivamente amplia, ya que no se refiere únicamente al empleador directo de Rivoire, es decir, Nulle part ailleurs production, una filial de Canal+, sino a la totalidad de las empresas y directivos del grupo Canal+/Vivendi.

Es decir, una miríada infinita de empresas en los sectores de la prensa, la producción audiovisual, el espectáculo, la edición y el cine, habida cuenta del vertiginoso control de Vincent Bolloré en los ámbitos de la información y la cultura.

Por otra parte, los jueces de Versalles también subrayan que la ausencia de limitación temporal de la cláusula plantea un problema. “En derecho civil, un compromiso de duración indeterminada puede rescindirse en cualquier momento, siempre que se respete un plazo razonable”, detallan. No obstante, según los jueces, el plazo de nueve meses en el que Jean-Baptiste Rivoire "se permitió incumplir el acuerdo al que se había adherido libremente" es demasiado corto para considerarse razonable.

Un escaso consuelo, en opinión de Vincent Brengarth, abogado de Rivoire, a quien le cuesta conformarse con esos “pocos puntos positivos” y lamenta una sentencia “que no está a la altura de los retos democráticos que representa este asunto”.

Para el abogado, el Tribunal de Apelación de Versalles reconoce, en principio, que la cláusula es demasiado amplia y carece de una limitación temporal, pero “no saca ninguna consecuencia de ello”. Para él, esta sentencia equivale a privar a “su cliente de la posibilidad de expresarse sobre un componente fundamental del panorama audiovisual francés”.

El abogado, que denuncia además una “cláusula mordaza firmada en un contexto necesariamente desequilibrado”, se refiere a esta decisión como una “oportunidad perdida por la justicia, que podía haber afirmado que el liberalismo contractual no puede sofocar la libertad de expresión y decir que tales cláusulas no tienen cabida en un contrato, y más aún cuando se trata de un periodista de investigación”.

Contactado por Mediapart, Jean-Baptiste Rivoire no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Casación y desea llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para zanjar el debate de fondo sobre la legalidad de una cláusula de este tipo, sobre la base del derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, en Reporteros sin Fronteras se muestran preocupados por una decisión que crea “un peligroso precedente para el ejercicio de la profesión periodística”. Según la ONG defensora de la libertad de prensa, “al anteponer la protección de la reputación de una empresa a la lealtad fundamental de un periodista hacia el derecho del público a estar informado, este caso envía una señal extremadamente preocupante a toda la profesión”.

Contactado por Mediapart, Canal+ no han querido hacer comentarios, como en cualquier otro asunto judicial.

Traducción de Miguel López

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino Hoy por hoy, líder de audiencia de la radio en España, según ha confirmado la propia emisora.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa. Su renuncia se produce después de meses de tensiones internas de algunos de los principales responsables de programas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere hacer Oughourlian.

El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo, que en más de una ocasión había manifestado su predilección por Carlos Alsina, el presentador estrella de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el buque insignia de su propia emisora, dirigido y presentado por Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana, en vez de la SER, según fuentes internas de Prisa, que oficialmente negó esta información.

En los últimos meses se acumulan indicios que apuntan a que Prisa está modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Es un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Una de las claves de este proceso sería, en opinión de algunos observadores, la creciente sintonía entre Prisa y operadores mediáticos claramente instalados en el campo de la derecha, tanto en el ámbito audiovisual como en el radiofónico. La elección de determinados referentes informativos, el creciente protagonismo de tertulianos y analistas conservadores en espacios antaño asociados al centroizquierda, o la decisión de abrir espacios de reflexión con firmas de marcado perfil neoliberal, son movimientos que, cada uno por separado, podrían leerse como gestos de pluralidad –como explican desde la dirección de la SER–, pero que en conjunto dibujan una deriva reconocible.  

Se trata de un reajuste que desdibuja la frontera que separaba a Prisa de los grandes conglomerados privados alineados con la derecha, hasta el punto de favorecer dinámicas de colaboración y convergencia de relato donde antes predominaba la competencia ideológica. 

Este corrimiento tiene implicaciones políticas evidentes en un ecosistema mediático ya fuertemente desequilibrado hacia la derecha, en el que cada actor que abandona de facto el espacio progresista deja un vacío difícil de cubrir. Si un grupo con el peso simbólico y estructural de Prisa en la socialdemocracia española se desplaza hacia un centro cada vez más escorado, el resultado es una pérdida de capacidad de interlocución crítica frente a las agendas conservadoras y una mayor homogeneización del debate público en torno a marcos favorables a la derecha. 

De momento no se sabe todavía quién va a sustituir a Barceló a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

Nacida en Barcelona en 1963, Ángels Barceló aterrizó en la Cadena SER en Madrid en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino Hora 25 y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal Hoy por hoy, líder de audiencia en la radio en España.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado que no renovará su contrato", indica el comunicado hecho público por la emisora, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. 

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

Qué mal nos contamos. No cabe otra conclusión de estas semanas de efemérides en las que hemos tenido que celebrar cincuentenarios y glosar vidas para el panteón de los ilustres. Quizá el periodismo cuente bastante bien el mundo —y uno está convencido de que es así, de que lo hacemos razonablemente bien y mucho mejor que antes— pero este oficio se está contando bastante mal a sí mismo. Se insiste aquí una vez y otra en que el periodismo solo es procedimiento y se pasma cuando una de las redacciones que mejores periodistas ha alumbrado en España, la de El País, celebra sus bodas de oro sin mención alguna al periodismo como procedimiento, en beneficio de una glorificación de las firmas de opinión, que no son más que la fruta escarchada que desfila por las almenas para adornar el pastel.

La opinión es el menos periodístico de los géneros, por eso rara vez la ejercen los periodistas, a no ser como canonjía que engalana una carrera fecunda y exitosa y prepara la jubilación. Lo común es invitar a las secciones de tribuna y opinión a saberes expertos de distintos ámbitos, catedráticos de lo suyo, o plumas distinguidas de la literatura, cabezas que son referentes intelectuales a las que se les da toda la libertad y ningún método para la reflexión o el desahogo. Y no ha sido raro que envíen o dicten sus textos —muchos periodistas han tenido entre sus tareas la engorrosa labor de recoger dictados telefónicos y darles forma para que una firma famosa por actividades no escritas (la tele o la radio) saliese a la luz con subordinadas de relativo que respetaran la concordancia— y no pongan jamás un pie en la redacción. Es cierto que el articulismo produce autoría visible, porque tiene firma, estilo, frase memorable y temperamento, pero eso desplaza una evidencia incómoda: la mayor parte del periodismo importante nunca la hicieron escritores famosos sino redactores sin gloria ni panteón.

El fallecimiento de la periodista Soledad Gallego-Díaz ha sido la ocasión para que en las crónicas apareciese siquiera una mención a esa galera de esforzados remeros que es una redacción, hacendoso hormiguero que fabrica periódicos, antaño bullicioso y hoy mudo como una biblioteca, un monasterio o un funeral, donde aporrean teclas una legión de periodistas —a menudo, para enlucir textos ajenos de quienes tienen más prestigio que sintaxis y ortografía— y por la que rara vez aparece el gran opinador. La exdirectora de El País siempre hacía mención en sus discursos a esa factoría de los muchos cuando tenía que explicar dónde residían los haberes de este oficio. Que sea una mujer la que arroje esta mirada colectiva y respetuosa hacia el colectivo de los nadie no es casualidad. Porque si prestan atención a cómo nos contamos —mal—, acabarán ustedes pensando que el único periodismo posible es individual, es viril, es épico y está basado en dos arquetipos románticos (y por tanto, reaccionarios) de masculinidad controvertida: el del aventurero y el detective.

La caricatura de Ernest Hemingway patrocina una mirada sobre este oficio masculina, individualista y colonial, la del reportero de guerra, emisario de la metrópoli, que frecuenta trincheras y bares de hoteles de lujo —les aseguro que, al caso que nos ocupa, muchísimo más los segundos que las primeras— en países cálidos y convulsos, o, en general, el corresponsal en el extranjero, un oficio que, hasta que la llegada de internet delató el truco, consistía en resumir para el país de uno lo que los periodistas de la plaza contaban en sus medios en otra lengua. La mayoría de los corresponsales han sido, durante décadas, sagaces traductores y elaboradores de vistosos resúmenes de prensa. No es un reproche, siempre ha sido exactamente eso lo que se esperaba de ellos. La llegada de internet y el descubrimiento de algunos plagios de artículos en lengua indígena obligó a ponerse las pilas a los más holgazanes para trabajar con más pulcritud, pero no para trabajar mucho más, pues la actividad principal que se les ha requerido desde sus empresas siempre ha estado a medio camino entre la del flanneur y el bon vivant a gastos pagados.

Que uno de los libros sobre periodismo más populares, elogiados y vendidos en este país en los últimos años sea el de un corresponsal regresado rayando la cincuentena para dirigir un medio en Madrid y que cuente cómo, a esas alturas, descubrió los juegos de poder de las grandes cabeceras y los grandes capitales, para acabar narrando su encuentro con la realidad de la redacción que gobernaba con la pluma de la condescendencia —y el desdén— de un primer contacto con una ignota tribu indígena es una tragedia muy elocuente de hasta qué punto el arquetipo colonial de las novelas de Henry Graham Greene ha impregnado el oficio. Por cierto, aunque nunca fueron amigos, Greene fue compañero de estudios de otro gigante de la literatura británica, Evelyn Waugh, autor de la más inmisericorde y divertida de las novelas sobre el desempeño del corresponsal de guerra, ¡Noticia bomba!, Waugh diría luego de su melancólico compañero: “A Graham Greene le parecíamos fatuos y pueriles. Nunca participó en nuestras juergas universitarias”, según narra Michael Shelden en la entrada correspondiente a Greene del Oxford Dictionary of National Biography. Greene, que había sufrido un duro acoso en el internado durante la adolescencia y había intentado suicidarse en varias ocasiones, se sumió de adulto en la melancolía y en una cierta misantropía que lo acompañarían hasta el fin de sus días. Su biografía, como la de Hemingway, habla de esa condición individualista del destierro del corresponsal que ha acabado por romantizarse y volverse aspiracional para algunos oficiantes, pero que corresponde, de forma estricta, al encuentro del civilizado occidental con las violentas tierras de ultramar. Piensen en ello la próxima vez que lean sobre la relación de Hemingway con España, con los sanfemines, con el toreo o con la Guerra Civil. Porque, si lo analizamos con detalle, es un arquetipo este impensable sin la realidad del arco colonial de los siglos XIX y XX, y que ha dado más literatura que periodismo.

Entre paréntesis, me permitirán que malicie que quizá el capital financiero hoy propietario de casi todas las grandes cabeceras elija a los corresponsales veteranos para ponerlos al frente de las redacciones —costumbre que se está extendiendo— para evitar cualquier atisbo de solidaridad con los compañeros de una redacción de la que nunca formaron parte y en la que, en el fondo, nunca quisieron estar.

Por otro lado, el éxito de Woodward y Bernstein en The Washington Post, a los que se atribuye cobrarse la pieza de Richard Nixon —en realidad, dimitió porque se puso en marcha el impeachment contra él, años después de la exclusiva del escándalo Watergate—, acabó por afianzar el otro mito periodístico, el del periodista de investigación convertido en una suerte de Sam Spade, el atormentado detective privado de Dashiel Hammet, o el no menos taciturno Phillip Marlowe, de Raymond Chandler, a los que prestó rostro y gabardina Humphrey Bogart. Pero si saltamos por encima de la idealización del malditismo del investigador que duerme en el sofá del despacho y tiene una camisa de recambio en un cajón, las horas de lectura de expedientes, boletines, autos judiciales e informes técnicos son la verdadera y rutinaria pesquisa diaria del periodista que se respeta. Lo demás son dossiers que los servicios de seguridad colocan a periodistas afines con intenciones políticas patentes. Y la “exclusiva” es una etiqueta comercial heredera de la proclama callejera de los niños vendedores de diarios, peo no es una virtud periodística en sí misma pues el compromiso de un periódico con sus lectores es contar el mismo mundo que los demás pero mejor y una información es igual de buena y relevante para el lector al margen de cuántos medios den cuenta de ella.

En fin, el moralista de columna, el corresponsal extranjero y el investigador pendenciero son, en el mejor de los casos y exagerando su importancia, las hojas del rábano periodístico, pero han conquistado el imaginario colectivo por culpa nuestra, por la ausencia de un relato alternativo. Gente que llama por teléfono, comprueba datos, ordena agendas, habla con fuentes, edita piezas ajenas, titula, encaja páginas, rellena blancos por la escasez de texto o cercena perífrasis por la facundia de un corresponsal, y que regresa al día siguiente a hacer exactamente lo mismo es la sustancia de una redacción, el motor de la bestia informativa pero ha sido periclitada por un romanticismo bobalicón, masculino y colonial. La paradoja es fascinante porque el periodismo, que es probablemente el oficio moderno más colectivo y que más exige del compañerismo en su funcionamiento real —el maestro Mariano Guindal suele decir que “la mejor fuente de un periodista es otro periodista”— se cuenta a sí mismo mediante héroes individuales e irrepetibles, mediante elogios al talento y la osadía y nunca al trabajo silente e ingrato —lo ilustra, por ejemplo, Carlota Guindal, hija de Mariano, cuyas pestañas descansan hoy en las decenas de miles de folios de autos judiciales e informes de investigación a los que ha dedicado jornadas que se extienden hasta la madrugada; y como ella, cientos de compañeras en cada Audiencia Provincial o ayuntamiento de provincias— que conforman las decenas de páginas que produce todo rotativo a diario.

Es triste que, en el cincuentenario del diario más importante de la capital, no haya habido apenas mención al bizcocho del oficio y hayan abundado elogios y hagiografías a la fruta escarchada, a los intelectuales, poetas, profesores y novelistas —casi todos muy mayores y muy enfadados— a los que se ha prestado un púlpito para sus labores y humores, a los diletantes en ciudades lejanas y a los compañeros de francachela y combinados de policías y ladrones.

La paradoja es que hace unos años, esta romantización tan contraproducente se daba en un oficio marcadamente masculino, pero hoy el periodismo es, en términos sociológicos, un oficio ejercido por muchas más mujeres que hombres. De esa elegía a los atributos de la virilidad romantizada, la audacia individual y la supuesta insobornabilidad —a los periodistas nadie nos intenta sobornar (¡ojalá!) porque el capital hace mucho que sabe que es mucho más sencillo ser propietario de la cabecera— nace, por supuesto, la idea de que un escuadrista fascista que ejerce la violencia contra sus compañeros y contra los objetos de la información es “un periodista”. Es decir, aguas arriba de Vito Quiles y sus delitos presuntos y ufanos está esa hombría tremebunda de los aprendices de Ernest Hemingway. Un tipo, por cierto, que se voló la tapa de los sesos.

Cuando escribo estas líneas, está prevista una cita de Trump en China con su líder, Xi Jinping. O sea, digamos que es la cita de la fuerza contra la inteligencia, y creo que nadie dudará de quién representa cada característica. Pues bien, creo que el futuro está en la inteligencia, porque el líder estadounidense representa cada vez más el desastre de la riqueza, aunque el chino también aspire a ella, pero bajo una denominación semicomunista teórica que solo pretende el bien de una mayoría.

Vivimos con preocupación la competencia entre la IA y muchas profesiones, entre ellas el periodismo. Se plantea ahí la incógnita de cómo será una vida entre humanos y máquinas, pero creo que, en el mundo en el que vivimos, el papel del ser humano está muy claro. El profesional será el defensor de lo bueno frente a lo malo. Hoy ya sabemos que lo malo es lo de los bulos, los insultos y la mentira. Pues ahí está bien situado el periodista, actuando en defensa del periodismo de la verdad, que solo hay una. Eso sí, usando también la IA, pero con buenas maneras. Ya sabemos que los malos tienen mucho poder, pero la IA puede ejercer precisamente ese papel de bondad que hoy ya estamos viendo en la lucha del periodismo bueno frente a eso que representan Vito Quiles y otros. Creo que, en la abogacía y en muchas más profesiones, la bondad deberá ganar la batalla, muy dura, que ya estamos viviendo. Quizá en la reunión de hoy entre Trump y el líder chino esté representado este momento, y yo ya sé quién es el malo. ¿Y por qué no pensar que Sánchez tendrá un papel importante en esa lucha que se presenta apoyada por la IA?

Sabemos también que la IA es cada día más inteligente, pero el ser humano siempre tendrá más fuerza de defensa, más decisión para imponer la verdad, que es única. Hay muchas clases de periodismo, porque no todo es política, pero la conciencia humana, al menos de momento —y creo que siempre será así—, debe imponer su humanidad para representar una verdad o bien un comportamiento ético, como puede ocurrir también con la abogacía, donde vemos hoy juicios esperpénticos que quedan a merced de humanos contra los que también habrá que luchar, defendiendo la bondad de la honestidad. Sabemos que la honradez no hace rico a nadie, pero vemos la locura a la que lleva la riqueza excesiva en personas que no saben que su dinero quedará a la puerta del cementerio. La salud mental de una conciencia tranquila conduce a la felicidad con lo necesario para una vida digna.

El problema de lo que digo es que implica una lucha dura, con especialistas en ciberataques como protagonistas. Pero aquí se refleja que las profesiones también se están actualizando. Hay mucho por lo que luchar, y Pedro Sánchez, citado antes, podría tener aquí un grandísimo papel. De la derecha no podemos esperar nada, porque representa lo mismo que Trump.

_______________________________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Frente al ruido ensordecedor del mundo, crece la necesidad de una voz amiga que ayude a distinguir la realidad de la manipulación, el rigor de la mala intención. “Contra el odio, periodismo digno” fue el lema del acto con el que infoLibre ha celebrado este miércoles su 13º aniversario. Rodeado de socias y socios, el medio reunió en el Espacio Ecooo, en Madrid, a varios periodistas para reflexionar sobre el estado del oficio en democracia, la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial.

Jesús Maraña, director editorial del periódico, ha abierto el evento con una reflexión sobre las incertidumbres y tensiones que atraviesan la actualidad: "No debemos ni podemos tirar la toalla. Hay mucho que hacer". "InfoLibre intenta ser un periódico y también un proyecto cívico", ha afirmado.

Tras la bienvenida, Virginia P. Alonso, directora del medio, se ha sumado al escenario para conversar con Maraña sobre la historia del periódico, el recorrido de infoLibre y la velocidad vertiginosa a la que la profesión se ve obligada a adaptarse. "Yo empecé a trabajar con máquina de escribir. Hemos vivido una transformación brutal de la industria", ha recordado Alonso. "Siempre hemos intentado que el rigor vaya por delante", incluso cuando algunas noticias puedan incomodar al propio pensamiento que se defiende, y ha añadido Maraña: "Reivindicamos la duda para evitar los sectarismos".

Alonso, bajo la atenta mirada de los asistentes, ha explicado que infoLibre está apostando cada vez más por un periodismo reflexivo: "Solo entendiendo los porqués de lo que está sucediendo podemos defender la democracia". En esa línea, señaló que, ante el cambio de paradigma, el periódico se articula cada vez más en torno a cuatro pilares: el poder, la democracia, los derechos y el dinero público. "Vamos a hacer más fácil encontrar lo importante", ha asegurado.

Antes de dar paso a la mesa redonda, Maraña, visiblemente emocionado, ha lanzado un alegato personal: "A lo único a lo que ya no estoy dispuesto es a no hacer nada para que mis hijas no hereden un país peor". Los presentes han respondido con aplausos, compartiendo la preocupación por un ecosistema informativo cada vez más polarizado.

El coloquio posterior contó con Montserrat Domínguez, periodista y analista política; Pablo Elorduy, director de El Salto; y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y de su Consejo Internacional, además de los propios directores de infoLibre, que permanecieron en el escenario. Los ponentes han respondido a la pregunta que daba título al debate: "¿Ante el fin del periodismo? Contra el odio, periodismo digno".

Palestina ha sido el punto de partida. Con la reciente detención de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla, los ataques de Israel al periodismo internacional han desembocado en una conversación sobre el estado global de la libertad de expresión. "Hay una internacional de gánsteres que hace ahora mismo un import-export de medidas espantosas contra la prensa", ha afirmado Rodríguez. "¿Contra todo eso qué se puede hacer? La única forma es denunciarlo y hablarlo", ha añadido Domínguez.

Al abordar la irrupción de la extrema derecha y la desinformación ligada al infoentretenimiento, Elorduy ha defendido que "el periodismo bien hecho también puede ser divertido de leer". Y, frente a agitadores como Ndongo o Vito Quiles, ha advertido: "No tenemos que confrontar siendo igual que ellos". "La respuesta tiene que ser institucional, porque se nos escapa al gremio", ha apuntado Rodríguez.

Hacia el final de la charla, ha surgido también el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de transparencia en los medios. Ha habido discrepancias. "Es la gran oportunidad para el periodismo", ha defendido Domínguez. Rodríguez, en cambio, ha replicado: "La IA no cubre Irán, no cubre Gaza. Ahí la IA, más allá de los drones para matar periodistas, poco".

El Congreso decidió no esperar más y este miércoles el órgano de gobierno de la Cámara tomó la decisión de suspender de manera cautelar las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, candidato de Se Acabó La Fiesta (SALF) en las europeas y exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid respectivamente. Ambos acumulan varios expedientes por grabaciones no autorizadas, interrupciones en ruedas de prensa y hostigamiento a diputados y periodistas que están a punto de resolverse, pero la Mesa del Congreso prefirió atajar cuanto antes estos comportamientos para "proteger los intereses y derechos" de políticos y periodistas ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia" en la Cámara.

Según explican fuentes de la Mesa, se aplica la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas de manera inmediata "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación". Una resolución que tiene efectos inmediatos, que implica que ni Quiles ni Ndongo puedan entrar en la Cámara una vez que se les notifique formalmente. Fuentes de la Mesa explican que la suspensión cautelar se aplica "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole.

La retirada no tiene en cuenta la propuesta del letrado instructor, Pedro José Peña, que considera acreditadas las infracciones investigadas. Fuentes parlamentarias daban por hecho que la decisión se adoptaría esta misma semana, pero esos informes no se analizaron en la reunión de este miércoles, por lo cual no se ha podido aprobar aún una sanción definitiva. En el caso de Ndongo, el instructor discrepaba de las sanciones propuestas por el Consejo Consultivo y, aunque admitía que es una sanción grave, la rebajaba a leve y únicamente abogaba por retirarle la acreditación un máximo de diez días.

La Mesa entiende que tiene capacidad de echarles provisionalmente hasta que se resuelvan los primeros expedientes — previsiblemente la semana que viene o la siguiente— ante el aumento del número de episodios violentos que está habiendo. Aunque hay que hay que ir renovando esta medida cautelar, en la práctica es indefinida "porque PSOE y Sumar están de acuerdo en renovarla" explican fuentes parlamentarias. "La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia", añaden fuentes del órgano de gobierno.

Hay tres informes cuya tramitación está más avanzada, dos contra Quiles y uno contra Ndongo, por infracciones tipificadas como graves. El caso de Quiles se refiere a dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional, y después otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. 

El letrado considera probado que el que fuera candidato de SALF cometió dos infracciones graves del artículo 98 del Reglamento del Congreso: grabar sin permiso y publicar en redes sociales unas imágenes "obtenidas ilícitamente” y propone sancionar con hasta tres meses de retirada de acreditación, pero únicamente por la grabación a Zapatero. El informe, sin embargo, propone exonerar a Quiles en el caso de Sánchez porque "no se puede probar con certeza" que el agitador realizara esa grabación, desoyera a los trabajadores del Congreso que le advirtieron de de su conducta ni que publicara después esas imágenes en sus redes sociales. Así, el instructor concluye que "no procede imponer ninguna sanción”.

Por su parte, el expediente de Bertrand Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. Pero el instructor discrepa y considera que la “brevedad” de la interrupción y “el desistimiento del expedientado en su conducta obstructiva” atenúan “la gravedad de la infracción”.

Quiles acumula otros seis expedientes de queja por incidentes en la Cámara, según las fuentes consultadas por infoLibre, y Ndongo suma al menos otras dos denuncias. Entre los hechos más recientes figuran la denuncia del PSOE por un vídeo grabado desde un despacho del PP para atacar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el incidente de Ndongo con la diputada Aina Vidal, a la que insultó en rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso. 

El artículo 98 del Reglamento del Congreso tipifica como infracciones graves la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados, la publicación de material obtenido vulnerando el reglamento y la obstrucción o interrupción de ruedas de prensa. También considera muy graves los insultos, las descalificaciones, los atentados contra la dignidad de otras personas y la grabación en despachos o zonas reservadas a grupos parlamentarios, como es el caso de las dos denuncias presentadas recientemente.

El Reglamento del Congreso castiga las infracciones leves con un apercibimiento y, en su caso, con la suspensión de la credencial durante un máximo de diez días hábiles. Las graves se sancionan con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. Las muy graves pueden implicar una retirada de entre tres meses y un día y tres años, o incluso la revocación definitiva. Si se acreditan nuevas infracciones graves en el plazo de un año, el reglamento permite elevar la calificación a muy grave por reiteración, lo que abriría la puerta a suspensiones mucho más prolongadas o incluso a la revocación definitiva de la credencial.

En la categoría de las infracciones leves sólo encajan dos conductas, la de omitir información requerida al pedir la acreditación o la de acceder sin autorización a espacios comunes del recinto parlamentario. La interrupción de una rueda de prensa, como la que protagonizó Ndongo, figura en cambio entre las infracciones graves. Pero el instructor propone aplicar la sanción del escalón inferior al apreciar atenuantes: la brevedad del incidente, el desistimiento del expedientado y el hecho de que la comparecencia continuase después sin anomalías.

Esta retirada cautelar de la acreditación llega meses después de que se produjeran los primeros altercados. Los letrados, según explican fuentes parlamentarias, han actuado con cautela por tratarse de una materia sensible, situada en el cruce entre la libertad de prensa, el derecho a la información y el funcionamiento normal de la Cámara. La reforma buscaba evitar que se repitiera la situación que permitió al Tribunal Supremo anular en 2019 la expulsión temporal de un redactor de okdiario que se había colado en el despacho de la entonces portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. El Alto Tribunal entendió que esa conducta no estaba tipificada en el reglamento y ordenó que se le devolviera la acreditación.

La decisión llega, además, en plena batalla sobre los límites entre periodismo, el activismo y el acoso. La derecha votó en contra de la reforma del reglamento y el Partido Popular se ha alineado en varias ocasiones con Quiles — que participó en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón— , pese a los incidentes acumulados. La mayoría de la Mesa, en manos del PSOE y Sumar, defiende que la medida no castiga preguntas incómodas ni opiniones críticas, sino comportamientos que impiden trabajar a diputados, trabajadores de la Cámara y periodistas acreditados. Para la Cámara Baja, la decisión de este miércoles permite cumplir con el reglamento modificado hace meses para impedir que una acreditación de prensa funcione como salvoconducto para el hostigamiento político.

Andrés Villena (1980, Elche) se doctoró en la Universidad de Málaga con una tesis sobre los grupos de poder en la alta política en España. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Economía, ejerce como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y colabora con infoLibre. Publicó en 2019 Las redes de poder en España y más recientemente, Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Este volumen, que repasa los grupos de presión y sagas que ostentan el poder empresarial, político o funcionarial iba a editarse con Ariel, editorial del Grupo Planeta. “Después de trabajar quince meses con ellos, de pronto se dieron cuenta de que no lo podían publicar”, explica Villena. “La excusa o razón es que no podía salir durante 2026 pese a que estaba previsto para el 8 de enero” añade. Finalmente, Libros del K.O. ha alumbrado esta investigación, que ha despertado mucho interés.

“La razón por la que el libro quedó cancelado nunca la hemos sabido. Como no ha habido una explicación oficial ni clara nosotros no hacemos especulaciones. ¿Qué nombres hemos podido mencionar, o qué tecla hemos tocado, para que eso no haya salido como una investigación periodística? No lo hemos podido saber porque se trata de un libro que desde 1939 hasta 2025 va abordando cuáles son los acuerdos entre las élites que han condicionado nuestra vida. Toca prácticamente todo. El Ejército, la Iglesia, la judicatura, la gran empresa (incluida Planeta)... Es verdad que yo retiré el nombre de Planeta en dos o tres ocasiones, pero aun así fue suficiente para que el libro lo echaran para atrás. Así que nos quedaremos, probablemente, sin saber por qué razón el grupo editorial más importante del país decidió que este libro no debería ver la luz con su marca”.

“Con Selina Bárcena, (para infoLibre) que fue probablemente la primera o la segunda entrevista que hicimos del libro, hablábamos de que las élites penetran en todos los ámbitos. Evidentemente, en el político, en el empresarial. No creo que haya ninguno al que escapen. Para gobernar necesitas tener buena relación con el ámbito financiero y empresarial; y, además, si no la tienes, necesitas tener buena relación también con el ámbito funcionarial: todos estos altos funcionarios que están al frente de los ministerios. No creo que exista un ámbito, ni siquiera el mediático o intelectual, en el que las élites no actúen. En ese sentido, cualquier gobierno o partido reformista o de izquierdas siempre está obligado, no sé si a contar con ellas, pero sí a tenerlas muy en cuenta. De modo que la problemática política se vuelve complicada. Es importante conocer cómo se mueven estas élites y los distintos tipos de élites que hay para saber gobernar; saber gobernar con ellas o saber negociar con ellas. Es una penetración de carácter transversal y, además, continua, porque las élites se tienen que renovar, tienen que enterarse de dónde están los sectores punteros. Ahora mismo lo tecnológico es clave. Su penetración es una cuestión múltiple y transversal y muchas veces difícil de seguir”.

“Las causas relacionadas con la familia del presidente del Gobierno van muy rápido; las relacionadas con la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, menos. Eso también afecta a las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, que es otra élite, policial en este caso. Esto parece indicar que el sesgo en el cuerpo de jueces es mayoritariamente conservador. ¿Por qué ocurre ? Los altos cuerpos de funcionarios como abogados del Estado, letrados del Consejo del Estado, de las Cortes, inspectores de Hacienda... generalmente provienen de una clase media alta o alta. Eso lleva una cierta endogamia, a unas expectativas y a una cercanía a una serie de partidos, normalmente más conservadores. Y provoca que ciertas causas sean vistas desde un determinado punto de vista por los jueces, que además establecen muchas relaciones con otros ámbitos de la sociedad, como la gran empresa o los bancos. Los cursos judiciales o jurídicos que se les pagan, las relaciones con familias de toda la vida. Yo creo que, en general, el cuerpo judicial es conservador de partida. Hoy día quizás se ha ideologizado aún más en una especie de cruzada contra un presidente que tiene muchos planes. Entre ellos, ese punto es importante, la reforma del método para acceder a la función pública. En verano, infoLibre informó de una especie de globo sonda del Gobierno para reformar el método de las oposiciones. Eso les da bastante miedo porque podría romper la forma de acceso y podría multiplicar la diversidad social y de origen de los funcionarios. Eso podría cambiar la Administración y podríamos evolucionar a un sistema más plural y más abierto. Pero lógicamente hay que hacerlo con cuidado, porque las oposiciones, si algo bueno tienen, es que son garantes si no de meritocracia, de una cierta transparencia”.

“Marx, Engels y algunos teóricos marxistas decían que la familia era una forma de administrar a través de relaciones íntimas la vigencia del capitalismo. Porque la mujer garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo y el capital familiar asegura la reproducción cultural de los miembros de la familia. Las relaciones familiares elitistas favorecen ese statu quo. Cuando tú naces, si eres hijo del presidente del Banco Santander, la probabilidad de heredar ese trono se eleva mucho. Además, tu formación te va a conducir a tener probabilidades para heredar ese trono. Eso lo llamamos capital social. No es dinero, son contactos, son valores, son expectativas. El hijo de diplomático, cuando se presenta una oposición, normalmente hablará cuatro o cinco idiomas, porque habrá estado en colegios extranjeros. No es que tu padre te enchufe, pero te transmite unas expectativas, unas capacidades, unos contactos. No remito solo al enchufe, sino al mundo de posibilidades que otra persona de aquí al lado ni siquiera sabe que existe. Una persona con notas de matrícula piensa en opositar a bombero, donde vas a ejercer un servicio público fundamental, pero ignora que existe una oposición que le va mucho mejor, que a lo mejor es técnico de la Administración civil. En su círculo social no hay ningún técnico de la Administración civil. No saber que algo existe también te lleva a que no existan determinadas decisiones. La información desde lo público, las becas para másteres privados, serían un vehículo de movilidad social”.

“Parto de los estudios clásicos en Estados Unidos, años 50, que en principio no tiene mucho que ver con España. Ya decían que las élites, para ponerse de acuerdo, se tienen que casar, se tienen que hacer amigas, tienen que compartir valores. Los colegios son fundamentales, clubes privados para actividades extraescolares, universidades que no necesariamente tienen por qué ser privadas, porque las élites van mucho a la pública. Otra cosa es que se saquen el máster en la privada, como sugerían las escuelas de negocio. Y esas son del Opus Dei, o ESADE de jesuitas. La mayoría de las escuelas de negocio tienen mucha raigambre religiosa. Esa es otra característica de nuestro país, las élites religiosas. Pero no es tan importante formarse como los contactos que se establecen y los contactos muchas veces más importantes son los amorosos. Es cuando esa convergencia de valores se refuerza. Insisto, un punto fundamental para coincidir son los cuerpos de altos funcionarios. Cuando te tiras cinco años estudiando la misma oposición que el de al lado para juez, esa convivencia y esa lucha tan grande que se establece va a crear una unidad casi de sangre. Y otro punto importante son esos clubes privados, como el Club Puerta de Hierro, a donde esas élites empresariales van, como las antiguas cacerías del franquismo, igual que el palco del Bernabéu. Lugares de coincidencia y redes informales para adoptar decisiones que a lo mejor en un ámbito formal son un poquito más difíciles. Insistiría en algo que pasa desapercibido, que son esas academias de oposiciones, esos cuerpos de funcionarios donde se adoptan acuerdos y donde, sobre todo, hay una cierta comunión entre las personas que a veces, aunque sean de ideologías distintas, de PP o PSOE, son más del cuerpo de funcionarios que del partido político al que votarían”.

“Cuando pensamos en los ámbitos más endogámicos o donde se concentra más el poder, la cabeza nos lleva a la banca, a la gran industria, a las grandes corporaciones. Es interesante que busques cuáles son las personas que en más consejos de administración están. Por ejemplo, Isidro Fainé, es el presidente de la Fundación La Caixa, pero lo puedes encontrar en otros consejos. Está en el de ACS, que es empresa presidida por Florentino Pérez, que a su vez, aunque está muy centrado en el Real Madrid, está en otros consejos. Esas cuatro o cinco personas que están en tres o cuatro consejos de administración llevan casi a los puntos clave del IBEX 35. Y, generalmente, si no tienen un título de alto funcionario, están bien relacionados con gente que ha pasado por puestos claves en el Estado. En ese cruce entre lo público y lo privado encontramos puntos muy endogámicos y claves para entender el poder. Porque el poder no es solo privado o público, normalmente es una mezcla. En casi todas las empresas del IBEX 35 hay un alto funcionario, un abogado del Estado, regulando los aspectos legales y fiscales en el consejo de administración. Ningún investigador, periodista o académico puede llegar a entender los ámbitos del poder con todo el detalle que sería necesario. Porque todas esas relaciones familiares, amistosas, amorosas, religiosas en las élites españolas si no son secretas, son discretas, imposibles de rastrear de forma minuciosa. Mi investigación ha sido siempre con fuentes oficiales y en ese sentido no voy a decir nada que me esté inventando, pero siempre voy a estar muy limitado”.

“La pregunta clave es: ¿y el contrapoder que hace posible que exista una democracia? Porque una democracia no es tanto un gobierno del pueblo como un lugar en el que el ciudadano tiene una cierta capacidad de ser representado. La prensa es una especie de cuarto poder absorbido también, en cierto modo, por un poder financiero que va comprando la deuda privada de los grandes grupos. Ya no sabemos si es un poder separado. Desde luego, hay muchos periodistas que se la juegan con investigaciones que nos ofrecen información que no hubiera existido sin ellos. La universidad tiene gente muy vocacional pero, al fin y al cabo, las élites políticas cuentan con puestos de la universidad para formar parte de gobiernos autonómicos o de ministerios de Educación o Cultura. Otros ámbitos intelectuales forman parte de instituciones culturales, con lo cual pueden ser absorbidos con facilidad. El origen de Podemos fue un movimiento antielitista o populista bien entendido. Provenía de la universidad, de una serie de profesores que se organizaron para crear una especie de alternativa política. Pero si vamos viendo su evolución, acabaron siendo ministros o vicepresidentes trabajando con el partido al que se oponían. Por eso creo que esos ámbitos tienen bastantes limitaciones, aunque de ellos han surgido alternativas”.

“El ámbito sindical, durante la Transición, fue clave porque se perdieron millones de horas de cobro en huelgas. Gracias a ellos conseguimos acuerdos sociales y fiscales que no hubiéramos tenido de no haber sido por esa actividad sindical que luchó por una democracia y por una serie de legalizaciones de derechos sociales que ahora consideramos lo más habitual. A lo mejor sin ellos seríamos una excepción occidental, con una especie de democracia autoritaria y sin apenas derechos laborales. Lo sindical, desgraciadamente, hoy día es una excepción. Las tasas de afiliación sindical determinan el poder de los sindicatos y, como son bajas, los sindicatos dependen de subvenciones estatales y eso les corta mucho las alas. Pero quizá lo sindical sea la mayor representación del poder obrero. Lo mediático, lo intelectual y en cierto modo lo universitario también pueden dar lugar a experimentos que, no obstante, correrán siempre el riesgo de quedar absorbidos por el poder estatal”.

“En todos los países del sistema productivo y económico capitalista funcionan élites; en todos hay élites políticas; en todos hay élites corporativas atentas a meterse en el poder estatal para lograr subvenciones. El ejemplo de Elon Musk, colocado al frente de un departamento de Administración General del Estado, es clave. El gran magnate corporativo se mete en el Estado a adelgazar los gastos del Estado. Es un ejemplo de penetración y de puerta giratoria bestial. En Estados Unidos también hay un alto funcionariado judicial y diplomático que está luchando contra Donald Trump y eso es necesario para evitar las veleidades tiránicas. En España yo creo que el rasgo diferencial es que es una democracia más joven. Mientras en 1945 los partidos de centroizquierda y centroderecha estaban haciendo nacionalizaciones en todo Occidente para reconstruir la economía después de la caída del fascismo, en España teníamos un neofascismo o postfascismo apoyado por el Estado. Eso ha hecho que en España se construya el estado del bienestar a partir de 1977, la reforma fiscal que en los 40 hacen los británicos para sostener los gastos públicos la hacemos nosotros casi 40 años después. A lo mejor el peso elitista con pasado franquista está mucho más cercano aquí. Por ejemplo, en el origen de determinados tribunales judiciales. La Transición pudo ser menos ambiciosa, porque no viene de una derrota militar en la Segunda Guerra Mundial, sino de un proceso en el que se intenta lidiar con las élites franquistas de mentalidad más abierta, que sabían que el franquismo tenía que morir y había que crear algún tipo de democracia tutelada. Estas élites tal vez son más partidistas que las de otros países, que con el paso de las décadas han aprendido en cierto modo a ser pragmáticas. Pero con lo que está pasando en Estados Unidos tampoco podemos considerar que España sea una especie de excepción carpetovetónica, sino que es un fenómeno que ocurre de muchas maneras en otros sitios”.

“Las élites empresariales o políticas están llamadas a chocar muchas veces. El Gobierno de Mariano Rajoy de 2011 estaba formado por ministros de las grandes corporaciones y abogados del Estado, era una obra maestra, con sectores representativos de todos los poderes. El ministro de Defensa, de las grandes empresas de defensa; el ministro de Economía, de Lehman Brothers... Pese a todo, chocaban y chocaban. Los abogados del Estado de Soraya Sáenz de Santamaría chocaban con los técnicos comerciales o con facciones del Ministerio de Exteriores. Al final, a los Sorayos se los acabaron cargando en un congreso del Partido Popular porque habían adquirido mucho poder tecnocrático y cualificado. Las élites pelean por el poder. Creo que los seres humanos, del sistema que seamos, tenemos una pasión por adquirir el poder casi mayor que el erotismo o el amor. El poder tiene un factor distributivo clave. Ignacio Sánchez Galán ha estado peleando con Florentino Pérez por el control de Iberdrola. Todas esas tramas del policía Villarejo eran por el control de grandes empresas del IBEX. Están llamadas a chocar porque compiten por el poder accionarial o político. Pero cuando hay un enemigo exterior, un enemigo de clase, como cuando surgió Podemos con el 15M, tienen suficientes valores compartidos y objetivos comunes para aparcar esas importantes peleas. Se unen para evitar amenazas regulatorias, fiscales o expropiaciones. Esa capacidad de organizarse contra la amenaza exterior está forjada a lo largo de décadas de colegios o de instituciones”.

“Para fomentar la igualdad de oportunidades y tratar de diluir o dividir ese poder concentrado tomaría las medidas contrarias a las que se están adoptando hoy día, que son el aligeramiento de lo público. Es la educación la que nos puede conducir desde perspectivas socialistas o liberales a la igualdad de oportunidades. En eso coinciden casi todos los puntos de vista. Si fortaleces las universidades, másteres públicos, programas de posgrado, si das becas a la formación para presentarte a una oposición de diplomático, técnico comercial o abogado del Estado, vas a favorecer no solo que gente de todos los sectores vaya a los puestos decisivos, sino que además los mejores talentos, independientemente de sus posiciones de partida, accedan a los puestos decisivos. Con eso, la probabilidad de que se tomen decisiones a largo plazo mejores para el país va a ser más alta. Sin embargo, si no lo favoreces, esa endogamia va a hacer que las decisiones clave miren más al grupo de referencia que a las posibilidades del país. La expansión de lo público, la buena financiación de servicios públicos, educativos, también sanitarios y sociales, no solo es clave, es imprescindible para que esa igualdad de oportunidades favorezca una diversidad social y un espíritu de servicio público. Así se evita que, después de cuatro años de inspector de Hacienda, alguien se vaya a trabajar a una asesoría fiscal, se fomenta un compromiso con lo público. Además, esas personas que llegan a la cima no solo de lo público sino también de lo privado, tendrán una identificación con el país y mejores decisiones a largo plazo”.

“Todos queremos buscar lo mejor para nosotros y los nuestros, pero creo que si la trayectoria de entrada de nuestras élites universitarias, políticas, empresariales, el funcionariado, cambia y permite que más gente con talento acceda, independientemente de su clase social o de su origen, no solo la diversidad se favorecería, sino que el talento y las capacidades serían mayores. La historia de las últimas décadas de nuestras élites financieras con rescates milmillonarios se puede explicar a partir de decisiones erróneas, de relaciones corruptas, que han remitido a un beneficio a corto plazo absolutamente particular sobre el que apenas se ha debatido. Hay que hablar de cuáles son los métodos por los que la gente llega a estos puestos y de si estamos favoreciendo verdaderamente el talento. Es un debate fundamental”.

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha fallecido la noche de este martes a los 75 años, ha informado el diario El País, del que fue directora.

Gallego-Diaz fue la primera mujer que dirigió El País, además de ser corresponsal en numerosas capitales del mundo y lograr "la gran exclusiva de la Transición" de la publicación del borrador de la Constitución de 1978, informa el mismo diario. Con solo 26 años, publicó en la revista Cuadernos para el Diálogo el borrador constitucional "que, por motivos que hoy parecen incomprensibles, se guardaba en un celoso secreto", señala El País.

Además de primera directora mujer de ese diario –entre el 8 de junio de 2018 y el 15 de junio de 2020–, fue directora adjunta con tres directores diferentes (Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesus Ceberio ) y corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

También fue enviada especial a numerosos acontecimientos internacionales como el fin de la URSS; cronista política; delegada en Sevilla; defensora del lector; editorialista; y profesora en la Escuela de periodismo de El País.

Gallego-Díaz había recibido a lo largo de su trayectoria, entre otros, los premios periodísticos Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional. De hecho, El último acto público en el que participó fue la entrega, en abril, del Premio Aurelio Martín de Ética Periodística que concedió por primera vez la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Nacida en Madrid el 25 de abril de 1951, hija de una cubana que fijó su residencia en España en 1936 y de José Gallego-Díaz, un matemático comunista nacido en Úbeda (Jaén) y fallecido en accidente de tráfico en Venezuela, en febrero de 1965.

Pasó su infancia entre las ciudades norteamericanas de Palo Alto y Nashville, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y en 1972 se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Ese año empezó a trabajar como redactora de la Agencia Pyresa, de la que fue despedida en 1976 después de participar en una huelga en defensa de la profesión.

Un año más tarde, en marzo de 1977, comenzó a colaborar en la sección de Política del diario El País, nacido poco antes, en cuya sección acabó como redactora. Entre noviembre de 1979 y enero de 1983 se encargó de la corresponsalía en Bruselas del diario, donde cubrió la adhesión de España a la Comunidad Europea y la OTAN.

De regreso a España, se incorporó al equipo directivo de El País en la sección de investigación y en 1987 se hizo cargo de la subdirección de la edición dominical, hasta que en 1991 pasó a desempeñar la labor de corresponsal europea.

Posteriormente regresó a Madrid para ocupar el puesto de defensora del lector de El País durante un año.

En julio de 1994 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Usuarios de la Información, encargado de asesorar a la Comisión Europea en política de información, y ese año regresó a su puesto como corresponsal para temas europeos y en noviembre fue nombrada delegada del periódico en Andalucía, donde permaneció dos años.

En octubre de 1996 retomó en Madrid su anterior destino como corresponsal de temas europeos.

Desde 1997 dirigió todos los temas sobre la Unión Europea y desde 1998 coordinó el suplemento semanal 'Guía del Euro', entregado por entregas con El País.

El 11 de julio de 1998 fue nombrada directora adjunta de El País de los domingos, que incluía El País Semanal.

Creadora de la sección 'Mujeres' en El País, Gallego-Díaz ocupó el puesto de adjunta a la dirección del periódico, realizando también crónicas políticas y entrevistas (Felipe González, Mariano Rajoy, Pasqual Maragall o Manuel Chaves).

En octubre de 2008 El País la envió como corresponsal a Buenos Aires, cubriendo la etapa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Regresó a España y en 2012 continuó publicando sus columnas en El País, siendo miembro de su Comité Editorial. Además, hasta 2018 colaboró con el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER.

Sin abandonar el grupo PRISA, en 2014 emprendió la creación del semanario Ahora, junto con Miguel Ángel Aguilar, proyecto que acabó en 2016.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada la primera directora de El País, sustituyendo en el cargo a Antonio Caño, y tomó posesión dos días más tarde.

Durante los dos años que permaneció en su dirección se mantuvo como líder de lectores, con 1.069.000 (segunda oleada EGM 2018) y 1.004.000 (primera oleada EGM 2020). Además, el 1 de mayo de 2020 implantó la suscripción digital del periódico.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.