“Explíquese” es una de las más fecundas frases que puede emplear un periodista en una entrevista. Al menos aquellos que somos refractarios al conflicto y que evitamos la tensión con el entrevistado. Es cierto que hay una tradición anglosajona para las entrevistas que consisten en apretar al entrevistado, confrontarlo con llaneza o agresividad y ponerlo en el brete de que su respuesta, muy a menudo ensayada y en alguna ocasión manifiestamente falsa, no sea suficiente o aceptable. Requiere un cierto avío de carácter y una erótica de la tensión, pero este mecanismo solo es realmente útil si la entrevista es audiovisual, y uno nunca lo ha interiorizado por haberse desempeñado en entrevistas por escrito, en las que es muy difícil e incluso inconveniente trasladar las tensiones del encuentro. En la transcripción, han de reducirse, resumirse, las intervenciones del periodista para dar vuelo a las respuestas del sujeto de la noticia, pues son sus palabras, explicaciones y desempeños los que les debemos al lector, y no el supuesto brillo del que pregunta o reprocha.

En el marco de impostores español, ustedes han visto desenvolverse con soltura en el género de abrazar, si es menester, la tensión del reproche, la interrupción y la repregunta a Ana Pastor, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo o Carlos Alsina, por mencionar algunos de los que más provecho han sacado de no rehuir la subida de temperatura de una entrevista en los últimos años. En el medio escrito, uno es devoto de las entrevistas de José Enrique Monrosi, uno de los pocos que en el marco político trasladaba al texto pautado (pregunta/respuesta) la vibrante y bulliciosa cabeza del oficiante que imprimía tal velocidad a la conversación que obligaba a su contraparte a estar a la altura y ofrecía al lector un itinerario de conversación estimulante, amena y exigente, superadora de lugares comunes.

Pero cada uno hace de sus avíos atributo y trata de que operen a favor del producto periodístico, aun cuando estos sean —como es el caso del arribafirmante— la alergia a la confrontación y la voluntad de armonía. Y uno de ellos es devolver el balón al primer toque. Un “¿perdón?” a tiempo o un “explíquese”, que lo obligue a seguir hablando cuando ha terminado lo que el entrevistado traía preparado, abren un abismo bajo los pies del entrevistado hipócrita que no quiere dar una respuesta auténtica o sincera. Como todo centrocampista que no tiene una idea memorable de qué hacer con la pelota, a veces basta con tocarla de vuelta para que el paisaje cambie.

El guionista Aaron Sorkin nos enseñó en The Newsroom, para lo bueno y para lo malo, lo útil que es dejar que la gente se explique en detalle y trate de ser exhaustiva. En sentido positivo, el periodista republicano Will McAvoy (Jeff Daniels) construye el mejor monólogo de un prólogo de ficción cuando, en un coloquio, el moderador que le había preguntado por qué América (Estados Unidos, claro) es el mejor país del mundo, le pide que siga hablando: “Quiero una respuesta auténtica”. Lo que sigue, esos cuatro minutos de plática de McAvoy, es ya historia de la televisión. Pero la propuesta la había usado antes. En la película Algunos hombres buenos, de Rob Reiner, con un guion de Sorkin basado en su propia obra teatral, la hipótesis del abogado Daniel Kaffee (Tom Cruise) es que el coronel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) no solo ordenó el código rojo que costó la vida al teniente William Santiago sino que está orgulloso de haberlo hecho porque esa práctica disciplinaria ilegal es imprescindible en un mundo hostil. Y que, en el fondo, arde en deseos de contarlo. El famosísimo interrogatorio final pone a prueba esta hipótesis, acorralando al coronel para que diga lo que quiere decir. Y lo hace. Por supuesto.

Si lo piensan detenidamente, es la mecánica que aplicaba a sus entrevistas el incomparable Jesús Quintero, cuando sonreía en silencio tras una respuesta invitando al entrevistado, con su silencio aquiescente y su mirada siempre amable, a seguir hablando. Esos silencios y esas sonrisas nos han regalado alguna de las mejores entrevistas de la historia de la televisión, y el correlato contemporáneo de este principio de mínima intervención con gesto amigable lo podemos contemplar en las entrevistas de Carlos Alsina en Onda Cero —imprescindible verlas en vídeo, en su versión de YouTube— o, en un sentido menos incisivo —por no tratarse de políticos—, del excepcional programa La noche de Aimar, en el que Aimar Bretos se ha reivindicado como legítimo heredero de la tradición quinteriana.

Conste que se ha saltado uno aquí la habitual cortesía de jamás mencionar los nombres propios de los compañeros de impostura —detalle en el que los seguidores habituales de este púlpito habrán reparado— porque se hace con el propósito de elogio de quienes se desempeñan con haberes que uno envidia por carecer de ellos. Entiéndase bien, uno ha publicado entrevistas estupendas, pero solo porque lo eran los entrevistados, y el plumilla se limitó a actuar a favor de obra; nunca en 30 años ha arrancado una buena entrevista a quien no respetaba, por esa cierta incapacidad para confrontar e irritar.

Pero quédense con que a menudo basta con dejar que el contertulio se exprese en largo, se confíe y no se sienta acosado sino comprendido. La cara de arrobo, de querubín que pasaba los deberes a limpio con bolígrafo de tres colores, que pone siempre Évole ante los personajes más infames le ha dado los mejores momentos de su notable trayectoria televisual.

En los últimos meses, uno ha descubierto que ocurre algo muy parecido con los juristas vanidosos: las explicaciones en largo, las profusas aclaraciones, los hacen desmoronarse como un coronel Jessep gritando al teniente Kaffee “¡¡¡Por supuesto que lo hice, joder!!!”, cuando este lo provoca con el memorable “¡¿Ordenó usted el código rojo?!”. Lo vemos en los deliciosos doscientos folios con los que la sala segunda del Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por algo que nunca ocurrió, y lo vemos en cada escrito del juez Juan Carlos Peinado, en su operación de acoso procesal a la esposa del presidente del Reino de España.

No somos conscientes de lo que vamos a echar de menos la torpísima literatura jurídica de este leguleyo cuando en septiembre se consagre a sus labores de jubilado —que, dados los arreos disponibles, casi seguro no serán los crucigramas—, leyendo su último escrito en el que intenta explicar que no quiso ofender a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al decir que pueden ser cómplices de la fantasmagórica huida de Begoña Gómez y acaba citando el caso del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, huido a Túnez en 1994 debido a los casos de corrupción que lo atosigaban en el periodo de Tangentopolis, para decir que en realidad, sí, muy bien podrían los agentes organizar la huida. Lo que viene siendo, ponerse a escribir y venirse arriba que tan bien conocemos en esta columna semanal.

La paciencia pedagógica y la escrupulosidad jurídica de la Fiscalía y de la representación legal de Gómez irritan al extremo a este magistrado y, como un personaje de Sorkin, es incapaz de controlar la ira que le provoca esa mesura y condescendencia de quienes —salta a la vista— son más duchos en el conocimiento de la ley y el procedimiento. Así que en su última gloria escrita reprocha al letrado de la esposa de Pedro Sánchez su “innecesaria y prolija exposición de los argumentos (…) como si tratara de enseñar algo que ignora [a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha de resolver sobre si el caso puede pasar a juicio oral y convertirse en otro baldón en la maltrecha imagen de las magistraturas españolas]”. El cabreo se transparenta en la línea en la que invoca el latinajo: “…olvidando un principio que también rige en nuestro ordenamiento jurídico que es el principio de iura novit curia”. Significa, literalmente, que los jueces conocen el derecho, asunto que en se plasma en el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su patente irritación, olvida el chusquero —“dicho de un suboficial o de un oficial del Ejército, que ha ascendido desde soldado raso por edad, sin particular mérito militar ni habilidad”—, que el iura novit curia se complementa con el da mihi factum, dabo tibi ius (“dame los hechos, y yo te daré el derecho”), que establece que son las partes las que deben delimitar el terreno de lo cierto, aportando la historia fáctica y probatoria, sin necesidad de ser expertas en la ley, pues serán los togados los que apliquen a ellos la norma.

Bendito seas mil veces, Aaron Sorkin.

Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) dirige y presenta en el Canal 24 horas La noche en 24 horas, que celebra su tercer año consecutivo de crecimiento en audiencia. Licenciado en Periodismo, Fortes ha desarrollado toda su carrera en RTVE, en radio y en televisión, en el ámbito gallego y en el nacional. A alguien como él, que se declara no solo aficionado sino “enfermo del fútbol”, el servilismo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante Donald Trump, presidente de uno de los países anfitriones del Mundial, le “fastidia y repatea”.

“La temporada pasada subimos una décima y este año hemos llegado a 2,5% de share (el porcentaje total de audiencia televisiva). Hemos subido casi medio punto. Son tres años seguidos superando el registro histórico de audiencia del que veníamos el año anterior. Estamos algo sorprendidos. Nos medimos como un canal temático no generalista, competimos con la Champions, el cine, las grandes cadenas. ¿Las razones? Imagino que tenemos una buena dosis de pluralidad en el programa, tanto de temas como de voces que intervienen, y que le damos un tono sosegado y tratamos incluso de favorecer cierta ironía. No ser ni tan dogmáticos ni tan mayestáticos. Buscamos tertulianos progresistas, conservadores, pero que tengan un tono en el que nos entendamos todos. Desde las diferencias, discrepancias e incluso momentos de tensión, lo que no nos gusta ni al equipo ni a mí, ni es la seña de identidad de la televisión pública, es convertir el plató en una carnicería. Se puede hacer televisión sacándole punta a los temas, pero creo que la gente también agradece por la noche un tono más sereno dentro de la discrepancia”.

“Que Vox quiera entrar [en RTVE] con lanzallamas o motosierra, incluso no sé si han utilizado en alguna ocasión la expresión bomba atómica, no me sorprende porque va mucho en el tono que utiliza esta formación. Allá ellos. Yo no voy a entrar a decirle a cada partido cómo tienen que comunicarse ni el lenguaje que tienen que utilizar. Entiendo que puedan tener una visión distinta de la televisión pública y están en su derecho, pero a mí no me parece, desde luego, que si quieres construir empieces con un lanzallamas ni con una bomba atómica. Ahora que tienen, además, gobiernos de coalición o van a tener responsabilidades en gobiernos, que miren un poco para adentro a otras televisiones públicas. Parece que desde algunos púlpitos se dan clases de deontología profesional y yo creo que convendría que mirasen un poquito dentro, la pluralidad de sus tertulias, de sus minutados y la experiencia que han tenido en gestión o control sus nuevos socios de otras televisiones públicas”.

“Son bien conocidas las etapas que vivimos en otras épocas anteriores, donde, por ejemplo, el presidente que se nombró salía en los papeles de la Gürtel. Donde se repartían, en ese caso, los argumentarios del partido que estaba en el poder para hacer las noticias, donde se imponía un modo de hacer información basado en la censura, en la manipulación, se hacían listas negras, se llegaba a censurar hasta Mortadelo y Filemón porque el número 200 se lo dedicaban a Gürtel. Antes de dar clases o dar lecciones, que miren un poco lo que tienen dentro. He salido en defensa de mis compañeros y lo voy a seguir haciendo más allá de que podamos coincidir o no en algunas cuestiones”.

“Yo ya confundo la OTAN con la FIFA. Ya no sé si Infantino es el secretario general de la OTAN y Mark Rutte el presidente de la FIFA. Me parecen el ejemplo de dos perfectos vasallos, de dos siervos de la gleba que no tienen ni la dignidad necesaria no para ocupar su cargo, sino para ir con la cabeza alta. El papel de Mak Rutte me parece lamentable, el de Infantino aún más vomitivo. En el 86 yo tenía 20 años y voté "no" a la OTAN. Hoy posiblemente hubiera votado de otra manera o votaría por esta OTAN de otra manera. La OTAN tiene que ser el escudo defensivo de la Unión Europea más allá de los Estados Unidos. Trump, queriendo hacernos el mayor de los daños y contando para ello con Rutte como fiel escudero, vasallo o mamporrero, nos puede hacer un favor. Y es que tenemos conciencia de nuestra necesidad de autodefensa. Llegar a un 5% de inversión es una barbaridad, salvo que no queramos pagar pensiones, ni hospitales, ni becas escolares. Nuestro gasto en defensa es más que sobrado si está bien coordinado para tener una política de defensa no dependiente de Estados Unidos. A mí no me gustaría que se rompiese el vínculo transatlántico. Espero que después de Trump venga otro presidente que lo recupere y fortalezca. Pero no se puede estar a expensas de lo que pase cada cuatro años al otro lado del Atlántico. Hay que aprovechar ese momento para redefinir la política estratégica de Europa. Por ejemplo, los desajustes entre Alemania y Francia para el cazabombardero que habían programado en los últimos años es una muy mala noticia. En los Balcanes en los 90 tuvieron que venir los americanos. Nosotros no éramos capaces. Lo que hicieron los cascos azules holandeses en Srebrenica es una mancha absoluta en nuestra historia. Ahora hay que hacer una reflexión sobre qué gasto y qué política de defensa coordinada debemos tener”.

“Además de sus vaivenes, utiliza siempre un lenguaje muy de parvulario, muy básico. “España es horrible”, maneja cuatro o cinco palabras, con lo cual da un poco idea de su forma de pensar y de elaborar sus discursos. No soy quién, y menos trabajando en la televisión pública, para decir si Sánchez lo hace bien o lo hace mal. Que decidan los que nos ven si prefieren el modelo de Pedro Sánchez, que cuando un socio impone algo y no está de acuerdo, dice que no, o si prefieren el modelo de Mark Rutte, que es el del vasallaje. Yo tengo claro cuál de los dos modelos me gusta, pero prefiero que lo piense y diga cualquiera de los que nos ven”.

“Entre un 65% y un 70% de la gente, mucha, casi siete de cada diez personas, creen en España que la justicia no lo hace todo lo bien que debiera. La justicia debería hacer una reflexión. Parece que el Poder Judicial va por sí solo, sin que tenga ningún contrapeso, y da la impresión de que es un poder excesivamente endogámico en la medida en que el supuesto órgano que tiene que fiscalizar a los jueces parece ausente de la mayoría de los debates y solo cuando se monta un escándalo de proporciones bíblicas actúa, y de una manera muy leve. Me refiero por ejemplo a las singulares –voy a dejarlo ahí– actuaciones del juez Peinado, llegando hasta esto último de impedir a la mujer del presidente ir al extranjero porque piensa que se puede fugar. Eso no hace falta ni que lo califique yo porque se califica solo. Da la sensación de que el Poder Judicial necesita una pensada y una reforma, y sobre todo si casi siete de cada diez ciudadanos piensan que la justicia a veces se orienta por criterios políticos. Si lo de Peinado es lawfare, si lo de la instrucción del hermano de presidente es lawfare, si lo de la instrucción y condena del fiscal general del Estado es lawfare, como sostienen muchos analistas, que se debata. Pero algo está pasando en la justicia. Yo creo que el actual Gobierno de coalición ha sentado mal en amplias capas del Poder Judicial. La ley de amnistía originó manifestaciones de los jueces, huelgas, algunas protestas de asociaciones de fiscales pidiendo a la oposición derribar este Gobierno. Yo no voy a decir si hay o no lawfare, pero recuerdo mucho aquel dicho gallego de "yo en las meigas no creo, pero haberlas haylas"”.

“Lo de los embriones y posibles futuras vidas humanas me supera. Pero sí entiendo que cuando se abre este debate desde la derecha se está preparando el terreno ideológico para dar el siguiente paso, un recorte de las leyes o de los derechos de las mujeres sobre el aborto. No se puede entender de otra manera, más que pensar que el embrión ya es una vida en sí mismo, ya es un nasciturus, y que va a ser, por lo tanto, una vida que hay que proteger desde el momento en que sea embrión. Estamos hablando de un recorte en cuanto a un derecho básico inalienable de la mujer, que es decidir si quiere tener esa vida antes de que sea vida, si quiere tenerla más adelante porque este no sea el momento, o si no quiere tenerla nunca; es su derecho. Todo ese abono ideológico por organizaciones y asociaciones de carácter ultraderechista y ultraconservador está preparando el camino para una regresión en los derechos de la mujer”.

“El ascenso de la extrema derecha lo encajaría en los habituales vaivenes que ha habido y habrá. La política no siempre es lineal. Si analizamos los últimos 50 o 60 años de nuestro entorno europeo, a los años 60, progresistas –mayo del 68, las revueltas contra Vietnam, etcétera–, les siguieron unos finales de los 70 y principios de los 80 claramente conservadores, con Juan Pablo II, Margaret Thatcher y, sobre todo, Ronald Reagan. A eso seguirían después, en los 90, momentos de libertad, y luego vendría 2008, la regresión, la crisis. Luego, de nuevo, políticas expansivas sociales, y ahora estamos asistiendo a una regresión o involución, a algunos postulados más ultras. Hay algo de natural en el péndulo. Incluso creo que el péndulo, si está dentro de unos márgenes, no es malo del todo. Es normal que a una generación progresista le suceda una conservadora y viceversa. Pero cuando ya el péndulo se mueve tanto y en tantos países, hay que sospechar algunas cosas. ¿Por qué sucede este movimiento ultra? Desde la caída del muro [de Berlín] el sistema económico se ha transformado de liberal a neoliberal. Cuando había rival, aunque fuera uno ilusorio y engañoso como era la tramoya del muro, tras el que las dictaduras del bloque soviético eran miserables y brutales, al bloque occidental le obligaba a tener unas buenas condiciones para sus trabajadores. Cuando cae en los 90 el muro, el sistema económico ya no tiene que estar preocupado por que haya una alternativa. Empiezan a surgir las empresas de trabajo temporal, a precarizarse el empleo, el capitalismo cada vez es más egoísta. Eso aumenta exponencialmente ahora con el auge de las tecnológicas. Es un terreno brutal para que cale todo tipo de lenguaje populista”.

“Estoy asombrado de que ahora el debate sea bajar cuantos más impuestos mejor. Bajar impuestos solo beneficia a los ricos. Cuando un obrero dice que quiere pagar menos impuestos no doy crédito. Puedo entender que el que tiene su propio helipuerto, su propio hospital y su propio avión no quiera pagarlos, pero los trabajadores necesitan que los que más tienen paguen más para que ellos puedan tener hospital, carreteras, médicos, etcétera. Esa frase brutal de "solo el pueblo salva al pueblo" me parece la mayor estupidez que oído en muchísimo tiempo. El pueblo solo salva al pueblo pagando impuestos y exigiendo a sus gobernantes que los empleen bien. El egoísmo suicida del capitalismo salvaje que estamos viviendo con el neoliberalismo y esa pelea por no pagar impuestos me parece que han creado las condiciones para que calen los mensajes de odio de la ultraderecha. Pero claro, a un chaval de 18 o 19 años que ve asombrado lo que está pasando en el mundo y que no puede ni con su sueldo alquilar una habitación para tener una vida en pareja, las proclamas mágicas y fantásticas ultras le pueden sonar a música celestial, pero conducen a que solo se van a salvar los que tienen pasta”.

“Sobre esos escándalos que hacen referencia a Nigel Farage, a Le Pen, el presunto desvío de fondos a una fundación de Vox... que les exija su propia clientela. Si consideran que está bien, nada más que hacer. La izquierda siempre ha sido más autocrítica. Eso tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Yo sí diría a los que en teoría piensan como yo que tuvieran otro tipo de comportamiento. Pero a los otros no tengo que darles ningún consejo”.

“Que Infantino cree el premio FIFA de la Paz para contentar a Trump porque estaba cabreado, porque no le dieron el Nobel, es de tenerlos cuadrados. Y después, en el Mundial, Infantino está bajando la cabeza cuando Trump dice que Irán no puede entrar en su territorio más que para jugar el partido, quitándoles la igualdad de condiciones. A un árbitro somalí, el mejor de África, le impidieron pitar en Estados Unidos. Se anula una sanción al delantero centro de Estados Unidos saltándose todas las normativas porque así se lo pide Trump. Es una vergüenza. A mí el fútbol me apasiona. Yo siempre digo de broma que, junto a la rueda, la imprenta y la penicilina, el fútbol es uno de los grandes inventos de la humanidad. No me gusta el fútbol, soy un enfermo del fútbol y, por trabajo, desde hace ya bastantes años no puedo dedicarle el tiempo que yo creo que el fútbol se merece. Me apasiona el fútbol desde antes de nacer. Entonces me fastidia mucho que eso que a tanta gente y a mí nos provoca tanta pasión caiga en manos de estos sátrapas del dinero y del poder. Lo han desvirtuado bastante, incluso con esas pausas publicitarias que le ponen, con esas normas específicas que han cambiado las reglas habituales del fútbol. Con sus sucias manos están machacando el fútbol, convirtiéndolo en un elemento de poder, cuando siempre fue un juego popular. Y este Mundial es una metáfora de lo que yo quisiera que no fuera el fútbol. Las entradas no pueden tener el precio desorbitado que tienen ahora, donde solo gente o con mucha pasta o muy loca como para hipotecar su casa si quiere una entrada va al fútbol; donde es casi imposible llevar a tu chaval a ver un partido. Me fastidia y repatea en lo que lo ha convertido Infantino, sometiéndose a Trump como un vulgar vasallo. Espero que el fútbol tenga la vitalidad necesaria en todo el planeta para seguir siendo fútbol y lo rescatemos de las sucias manos en las que ha caído”.

“Según algunas tesis xenófobas Lamine Yamal no podría estar en España. Tampoco podría Nico Williams. Tenemos una selección muy coral, de norte a sur, desde Euskadi a Extremadura y a Cataluña. Estoy contento porque va un poco con la idea que tengo yo de España. Siempre digo que si España no existiera, habría que inventarla. Pero tampoco me gusta la idea de una España supuestamente una y grande, que nunca fue una y grande, y menos, libre. Me gusta más la España plural, y en ese sentido yo me siento muy identificado con la selección española. Soy muy fanático de la selección y me gusta una España abierta, inclusiva, como la que tenemos, diversa. A España le hace falta sentidiño y cuanto más queramos hacer a España uniforme y cerrada, menos España será. Me gusta un país como el que tenemos, digamos, plural, diverso, que acepte la diversidad y que sea muy heterodoxo. Siempre que hemos tenido una concepción ortodoxa y cerrada de nuestra historia nos ha ido peor”.

“Incluso la España autonómica no tiene por qué ser uniforme. Puede ser absolutamente asimétrica, porque a lo mejor hay comunidades que no quieren tener todas las competencias que tienen otras comunidades. Aquí no se obliga a todo el mundo a tomar café, por utilizar aquella expresión famosa del café para todos. El que quiera se toma un colacao. Soy gallego y tengo un concepto de Galicia como un país que forma parte de España, pero para mí Galicia también es mi país y quiero formar parte de la nación española. Quiero que entiendan que yo, o muchos, a Galicia la entendemos con un alto sentido identitario y de reclamar sus derechos, sus competencias, para gobernarse a sí misma. En ese sentido es donde encaja mejor el concepto de España que tengo”.

“Como soy muy periférico entiendo España de una manera vertebrada desde la disparidad, la pluralidad y la distancia. Galicia está muy en la periferia de la península. Ahora un poco menos por las nuevas comunicaciones, pero hace décadas ni te cuento. Y está bien salirse de ese núcleo que es la M-30, que a veces hay demasiado CO2 o demasiada contaminación ambiental. Es innegable que en Madrid se cuece todo lo que afecta a España, hasta sus relaciones con Europa. Las relaciones con las comunidades autónomas se cuecen en Madrid, con lo cual el foco tiene que estar aquí, pero eso no impide que podamos salirnos a menudo. Deberíamos salir más de lo que hacemos. Televisión Española tiene una muy costosa pero necesaria red territorial. Ninguna televisión en España tiene nada parecido. Damos informativos con las noticias de cada comunidad. Utilizamos las lenguas propias de cada comunidad. Y yo mismo, por ejemplo, intento acudir a todas las invitaciones que puedo que me hacen desde fuera de Madrid”.

El próximo martes, 14 de julio, el Aula Berlanga de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM acogerá De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato, el primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano del centro universitario.

Este encuentro, que cuenta con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, propone reflexionar sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: de la memoria histórica y la cultura a las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente.

El curso combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizaje práctico y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido con mesas de debate, talleres y actividades de networking. La jornada arrancará a las 09:00 horas y se prolongará hasta las 19:40 horas, dividida en dos bloques.

La primera parte del curso comenzará a las 09:00 horas con la bienvenida de la dirección de infoLibre y de Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El eje central será la cultura, la memoria y la disputa del relato.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y la periodista Pepa Bueno introducirán este asunto en una conversación que dará pie a la primera mesa de debate, Verdad y relato: cómo se construye la memoria, en la que se hablará sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

Moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, el debate contará con Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista; Laura Hojman, guionista; y Alicia Parras, profesora de la UCM.

A partir de las 10:40 horas comenzará el primer taller del curso, Música y contracrónica social impartido por el rapero El Chojin. Tras la pausa para el café, a las 11:40 horas tendrá lugar la segunda mesa de debate, moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso.

Bajo el título Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género, analizarán cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión.

A partir de las 12:30 horas se celebrará el segundo de los talleres de la mañana, La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, impartido por Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. El docente proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

Después, el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos? reunirá a Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. Los tres conversarán acerca de por qué determinadas narrativas falsas o extremas circulan con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas.

La primera parte del curso concluirá con la intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A partir de las 14:00 horas, la comida servirá también como espacio para intercambiar opiniones e ideas entre los asistentes.

A las 16:00 horas, Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, invitará al público a adentrarse en la segunda parte del curso, en la que el cine será protagonista.

Se proyectará la película Nightcrawler, tras la cual el periodista Nacho Carretero participará en una conversación con Rando sobre los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

Tras esta intervención, la dirección de infoLibre repasará las principales claves y conclusiones de la jornada.

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

La desigualdad en el periodismo español sigue siendo una de las paradojas más agudas del mercado laboral contemporáneo: una profesión feminizada masivamente desde hace años en sus bases y en las aulas, pero que mantiene una estructura de mando rígidamente masculina en sus niveles de decisión.

A pesar de que las mujeres representan desde hace tiempo la mayoría de los graduados y una parte esencial de las redacciones, su acceso a los puestos de alta dirección no solo se ha estancado, sino que los datos más recientes de 2025 sugieren un preocupante retroceso estructural.

El año 2025 marcó un punto de inflexión negativo para el liderazgo femenino en la prensa de referencia en España. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el número de mujeres ha descendido.

Este retroceso se ha hecho patente en cabeceras con mucha visibilidad. En junio de 2025, el diario El País relevó a Pepa Bueno —quien dirigía el medio desde 2021— para nombrar a Jan Martínez Ahrens. Casi simultáneamente, en la prensa económica, Amanda Mars fue sustituida al frente del económico Cinco Días por Ricardo de Querol. Estos movimientos han provocado “una descapitalización del liderazgo femenino en los nodos de decisión estratégica del Grupo Prisa”, según la APM, devolviendo estos puestos a perfiles masculinos y restableciendo pautas históricas de mando.

Actualmente, el panorama en las grandes cabeceras impresas es desolador para la paridad. De las 15 principales cabeceras de prensa en España, según el Estudio General de Medios (EGM), solo el diario económico Expansión, controlado por el grupo italiano que también posee El Mundo, cuenta con una directora, Ana Isabel Pereda, nombrada en 2010.

Al margen de eso, solo hay cuatro excepciones en papel, las dos primeras del grupo Editorial Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll. Se trata de Gemma Martínez, quien acaba de asumir la dirección del catalán El Periódico, y de Isabel Morillo, al frente de El Correo de Andalucía desde enero de 2024. A las que hay que sumar otras dos, también de ámbito local y regional: Esther Vera en el diario Ara y Teresa Cobo en La Rioja, del grupo Vocento.

Si incluimos en el análisis las cabeceras digitales, hay pocas excepciones. La primera entre los generalistas es infoLibre, dirigido por una mujer: Virginia P. Alonso asumió el cargo en marzo de 2025, después de liderar la redacción de publico.es, un caso único en el periodismo español. La segunda es el huffingtonpost.es, la versión del digital estadounidense propiedad del grupo Prisa, al frente de la cual está Laura Riestra desde junio de 2025.

La fotografía más reciente de la cúpula de los medios de prensa en España la ofrece un mapa elaborado con datos actualizados a marzo de 2026 por otra excepción: lamarea.com , dirigido desde 2015 por la periodista Magda Bandera. El resultado es contundente: 64 de los 219 directivos de los principales medios impresos y digitales del país son mujeres. Menos de tres de cada diez.

Los números se vuelven más elocuentes cuando se bajan al detalle. En El País, la dirección tiene 4 mujeres de 14 puestos directivos en los niveles analizados. En El Mundo, 3 de 11. En La Vanguardia, 4 de 14. En Abc, 1 de 9. En los consejos de administración y presidencias la proporción empeora: en varios de los grandes grupos, la cifra es de una mujer sobre cinco, cuatro u ocho hombres.

Entre los medios digitales el panorama es algo menos uniforme. eldiario.es, infoLibre o publico.es presentan mayor presencia femenina en sus estructuras que las cabeceras impresas tradicionales. Pero incluso allí la paridad no es la norma.

Las facultades de comunicación llevan años con un desequilibrio llamativo: entre el 70% y el 80% del alumnado son mujeres, y sus notas medias superan a las de los hombres —6,83 frente a 6,64, según estudios de caso. La cantera es femenina. El problema está en lo que ocurre después.

En las redacciones, las mujeres representan más del 52% del personal contratado. Son la base operativa de las empresas informativas. Pero a medida que se asciende en la jerarquía, esa mayoría se evapora. Y fuera del mercado laboral, el paro también se ceba con ellas: el 62% de los periodistas desempleados que buscan empleo como primera opción son mujeres, frente al 38% de hombres, según datos del SEPE.

La literatura académica sobre el tema ha ido abandonando la metáfora del techo de cristal —la barrera final y visible— para sustituirla por imágenes más precisas. Como la formulada en 2007 por Alice H. Eagly y Linda E. Carli, investigadoras de Northwestern y Wellesley College respectivamente. La imagen que propusieron es la del laberinto: no hay un muro al final de la carrera, sino obstáculos distribuidos a lo largo de toda la vida laboral. Entre ellos, los prejuicios sobre la autoridad femenina y la exclusión de las redes informales donde se deciden ascensos y mentorías, espacios de socialización masculinos a los que las mujeres raramente acceden. Un recorrido de obstáculos continuos —prejuicios en la promoción, resistencia cultural al liderazgo femenino, cargas familiares desiguales— que se acumulan a lo largo de toda la vida laboral.

La transición digital no ha roto la desigualdad. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados.

La tecnología ha añadido un tramo más al recorrido. En las escuelas de ingeniería, las mujeres representan el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

A las barreras verticales se suman las horizontales. Las mujeres son empujadas hacia secciones consideradas blandas —sociedad, cultura, consumo— mientras que los espacios con más peso simbólico y proyección pública —política, economía, opinión— siguen dominados por hombres. En las páginas de opinión, la cifra es elocuente, igual que en las tertulias y en la presentación de espacios informativos y de actualidad.

Resulta revelador contrastar la situación de los medios convencionales con el sector de la comunicación corporativa e institucional, que tradicionalmente ha funcionado como un entorno más igualitario. Hasta hace poco, la representación femenina en puestos directivos de departamentos de comunicación era significativamente superior a la de las redacciones, llegando a alcanzar el 65%.

Sin embargo, incluso este refugio profesional está mostrando signos de fatiga en términos de igualdad. Los datos de 2024 indican que la mujer ha perdido presencia en estos cargos directivos, cayendo del 65% al 52% en apenas un año. Este dato refuerza la tesis de que el techo de cristal no es un problema que el tiempo solucione por sí solo, sino que requiere cambios estructurales profundos en la cultura organizacional.

La desigualdad no se detiene en los organigramas. Afecta también a las condiciones materiales del trabajo. En estudios regionales se ha detectado que las periodistas cobran hasta 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha que se abre en una profesión donde la precariedad ya es norma compartida.

Las jornadas tampoco ayudan. El 56% de los periodistas trabaja más de 40 horas semanales, y una parte significativa supera las 45. Esa disponibilidad permanente es difícilmente compatible con una distribución desigual de las cargas domésticas, que en España sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

El desgaste tiene consecuencias medibles. Alrededor del 66% de los profesionales afirma sufrir problemas de salud mental relacionados con la precariedad y la presión laboral. Para las mujeres, esa presión tiene una capa adicional: la exigencia de demostrar de forma continua una competencia que a sus compañeros varones se les presupone.

La transición digital no ha paliado el problema. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados. En las escuelas de ingeniería, las mujeres siguen siendo minoritarias: representan, por ejemplo, el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

La ausencia de mujeres en esos equipos técnicos tiene consecuencias concretas, según los expertos. Los sistemas de IA tienden a replicar los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados, lo que genera un sesgo de género algorítmico que se cuela en herramientas que afectan a la selección de contenidos, la distribución de la audiencia y la visibilidad de las firmas.

El entorno digital ha traído además nuevas formas de violencia. Las periodistas sufren de manera desproporcionada campañas de acoso en línea y discursos de odio, que actúan como mecanismo de silenciamiento en la esfera pública digital.

La conclusión es que el tiempo y la formación superior de las mujeres están lejos de ser capaces de derribar las barreras de género en el periodismo español. Las facultades siguen graduando a una mayoría de mujeres, y los despachos de dirección siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Para subvertir esa inercia, expertas en igualdad como Marta Ortiz y Mª Angustias Bertomeu proponen estrategias que van desde la implantación de cuotas y medidas de acción positiva en los consejos de administración hasta un pacto de reconocimiento entre las propias profesionales para visibilizar genealogías femeninas y fomentar el liderazgo. Sin una transformación de la cultura masculina de las empresas periodísticas, el periodismo seguirá siendo una profesión escrita mayoritariamente por mujeres que sigue siendo pensada y dirigida por hombres.

infoLibre estrenará el próximo 14 de julio su primer Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La jornada, titulada “De la censura al algoritmo”, se celebrará en el Aulario Pilar Miró de la Facultad de Ciencias de la Información y reunirá a periodistas, creadores, docentes, divulgadores y estudiantes para pensar cómo se construye hoy el relato público en una sociedad atravesada por las plataformas digitales, la desinformación y la disputa por la atención. Este primer curso está organizado en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y cuenta con el apoyo del Comisionado para la Memoria Democrática, España en Libertad | 50 años. Si te apetece asistir, puedes apuntarte a través de este formulario.

El curso marca una nueva etapa para infoLibre. No es solo una jornada formativa, sino el primer paso de una iniciativa propia que busca llevar el espíritu crítico del periódico al espacio universitario y convertirlo en un punto de encuentro con la ciudadanía. En un momento en el que la conversación pública se acelera y los consensos democráticos vuelven a estar en disputa, la propuesta invita a detenerse, escuchar y debatir sobre el papel que debe desempeñar el periodismo.

La apertura contará con una conversación entre Jesús Maraña y Pepa Bueno, con el objetivo de situar el contexto político, cultural y mediático en el que nace esta primera edición. Después la mañana se centrará en la memoria y la construcción del relato, con una mesa moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

En esa primera parte participarán perfiles vinculados a distintos lenguajes narrativos. Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, aportará la mirada de la comunicación digital; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista, acercará la experiencia de la ficción y las series; Laura Hojman lo hará desde el documental; y Alicia Parras, profesora de la UCM, abordará el papel del español como vehículo del relato.

El programa también pondrá el foco en la juventud, la igualdad y las nuevas formas de participación democrática. En una mesa moderada por Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, se analizará cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión. En este bloque están previstos nombres como Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género.

La jornada además integrará una dimensión práctica a través de dos talleres. Uno de ellos estará a cargo de Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid que proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

La sesión de la mañana se cerrará con un coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio, una conversación pensada para analizar por qué determinadas narrativas falsas o extremas logran circular con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas. Participarán Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE.

El curso continuará por la tarde con la proyección de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). La película servirá como cierre cultural de la jornada y como punto de partida para una conversación posterior con Nacho Carretero, que abordará los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

El 14 de julio, el Aulario Pilar Miró de la Universidad Complutense de Madrid acogerá el estreno de esta nueva iniciativa de infoLibre. Será una jornada para pensar en el periodismo que viene, compartir ideas con sus protagonistas y cerrar el día con una reflexión desde el cine sobre una profesión que sigue siendo esencial para entender y defender la democracia. ¡Estad atentos porque en los próximos días publicaremos el programa completo!

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios  (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.

La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.

ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.

Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.

Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.

El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.

La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.

Presiones en IB3 y huelga en la radiotelevisión catalana

La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.

El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.

La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.

Los días 29 y 30 de junio, el Campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos acoge el curso de verano "Periodismo de investigación en Europa: democracia, regulación y retos transnacionales", que analizará los principales desafíos del oficio en un contexto marcado por las amenazas híbridas, la desinformación y las nuevas normativas comunitarias.

infoLibre tendrá una destacada presencia en el programa. Nacho Calle, subdirector de Investigación de infoLibre y presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API), participará en la apertura institucional del curso el día 29 y en la clausura del día 30 así como en otras partes del programa. Por su parte, Ignacio Carrascón, periodista de investigación de infoLibre y miembro de las redes europeas EIC, OCCRP e IE, intervendrá en la mesa sobre investigación transnacional en Europa, donde abordará métodos, redes y vías de financiación para el trabajo periodístico transfronterizo.

El curso cuenta con una notable participación del Parlamento Europeo, presente a través de varios de sus responsables: Damián Castaño, jefe de prensa de su Oficina en España; Jesús Carmona, director de Medios; Gonzalo Velasco, de la Unidad de Public Opinion Monitoring; y Carlos Rullián, responsable de redes y experto en desinformación.

La iniciativa está organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la dirección de la profesora Marta Sánchez Esparza, y se enmarca en la oferta de cursos de verano del Campus de Aranjuez. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) colabora en la cita, que reúne además a varios de sus miembros entre los ponentes.

El programa se completa con la intervención de destacados profesionales y académicos. Entre ellos figuran Pilar Requena, directora de Documentos TV y presidenta del comité de dirección de la Red de Periodismo de Investigación de la EBU/UER; la periodista de RTVE Beatriz Gálvez; el periodista de investigación José Bautista (porCausa, The New York Times, Der Spiegel); la periodista transfronteriza Brenda Chávez; Carlos Aguilar, del steering group del Media Board y consejero de la CNMC; el catedrático Carlos Elías, director de la Cátedra Jean Monnet sobre desinformación; el periodista de Verifica RTVE Borja Díaz-Merry; y la investigadora Aleksandra Seklecka (Universidad Nicolás Copérnico de Torun, Polonia).

“El gremio periodístico es el único que no es un gremio”. Lo decía un veterano profesor de la Universidad del País Vasco en los albores de los años 90. Quizá el nuestro sea uno de los pocos desempeños profesionales donde no cabe corporativismo, donde nunca se cierran filas porque nos fiamos los unos de los otros lo justo. Y no solo ni principalmente entre medios adversarios. Cada sección es una nación en permanente estado de preguerra contra las secciones vecinas dentro del mismo medio. Uno de los primeros compañeros de oficio que uno tuvo en un diario regional le informó de que no tratara de comprender las dinámicas de los periodistas deportivos: “Son un periódico dentro del periódico”. En muchos sentidos, puede aplicarse a cualquier otra sección, cada una convencida de ser la única que cuenta lo verdaderamente relevante para la comunidad humana —da igual que se trate de política, cultura, economía, ciencia, internacional, sociedad o deportes— y condescendiente con la pretensión de importancia de todas las demás.

Pero, de todas ellas, quizá, como decía el compañero, la más aislada, también por desempeñarse en jornadas y horarios particulares, sea la de deportes. Su forma de hacer —de hacer el fútbol, quiere decirse, que es la tarea que ocupa nueve de cada diez de sus contenidos—, marcada por la adhesión a colores y a menudo una pasión de hincha que desmerece la supuesta ecuanimidad del periodismo, nunca ha sido particularmente respetada por el resto de secciones, a las que también mueven los celos —para qué negarlo— por la atención popular que reciben los periodistas deportivos.

Y sin embargo, quizá deberíamos tomar en cuenta alguna de las características, o incluso vicios, que exhiben en su tarea. Por ejemplo, el excepcional protagonismo que dan a quien no debería tenerlo, el árbitro, al que nunca dudan en responsabilizar de los infortunios que acaecen a los colores que a cada cual mueven cuando alguna decisión arbitral se antoja determinante para el resultado. El juicio al juez es algo de lo que el periodismo político, el económico, el cultural o el internacional se mantiene alejado como de la peste. Y pensándolo con detenimiento quizá haga bien el hooliaganismo deportivo en poner la lupa sobre los titulares de la lupa. Porque, atendiendo al eslogan de uno de los cómics más famosos de todos los tiempos, Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, “¿quién vigila a los vigilantes?”.

El arriba firmante aún recuerda el estupor funcionarial del Ayuntamiento de Oviedo cuando comenzó a poner en pie la praxis de no esperar a que los grupos de oposición denunciaran las imaginativas modalidades contractuales que empleaba el equipo de gobierno para sortear la obligación de realizar concursos públicos, ampliar contratos o acortar los plazos de tramitación, sino que se compró una ley de contratos y una ley de bases, y se dedicó a leer los informes de los servicios de intervención municipales que daban por buenas las pintorescas prácticas de contratación de la Alcaldía. Esa forma de obrar permitía afirmar en los titulares que las modalidades contractuales de tal o cual expediente estaban fuera de lo que establecían la ley de contratos del Estado o la ley de bases de régimen local, sin esperar a que lo denunciara la oposición tras el estudio del expediente. No gustaba al equipo de gobierno, en aquel caso el PP, pero tampoco gustaba a la oposición, claro, porque les hurtaba la posibilidad de hacerse valer después en los titulares, como “IU critica…” o “El PSOE denuncia…”.

En aquellos tiempos, un veterano del tinglado protestaba amargamente porque los verbos enunciativos copaban el 90% de cualquier publicación. “Anuncia, sostiene, denuncia, critica, asegura, propone, afirma, cuestiona…”. Las secciones enteras de política local, autonómica y nacional eran —y en buena medida siguen siendo— alguien hablando de algo con convencimiento pleno, y el periodista se acomodaba a la mera transcripción del relato eufónico, en el mejor de los casos abriendo comillas. La lectura íntegra de los expedientes que iban a comisión fue la forma que uno encontró para tratar de hurtarse a la condición de emisario de conclusiones ajenas.

Si bien, como decía, aquello no gustaba a los grupos políticos, ni gobierno ni oposición, los que realmente andaban furiosos por los cafetines ovetenses eran los miembros del servicio de intervención municipal, un cuerpo de habilitación nacional —es decir, que el gobierno local no puede cesarlos ni trasladarlos—, acostumbrados a la invisibilidad, que no estaban preparados para que se diera a conocer el contenido de los informes en los que daban su plácet a extraños procedimientos de tramitación urgente, bendecían con su hisopo la habitual fragmentación de contratos con la que el gobierno municipal elegía a dedo al contratista y asentían ante ampliaciones y modificaciones de contratos que multiplicaban hasta por diez el precio de la adjudicación original. Compañeros de oficio y concejales de todo pelaje preguntaban al cronista por esta práctica inhabitual que tan pocos amigos hacía en las consistoriales, pero uno estaba convencido de que la tarea de unos altos funcionarios que tenían salarios muy superiores a los de los ediles y cuyo cometido era asegurar la legalidad de las tramitaciones bien podía ser expuesta para el juicio del respetable en una administración cuya tarea dio lugar a la primera manifestación “contra la corrupción” de la historia de España.

Los interventores eran pues los árbitros de la política de contratación municipal y, cual periodista deportivo, uno exponía con super slow motion su aplicación del reglamento —en este caso, la ley— a las más controvertidas obras de aquella administración local.

Es obvio que esta excentricidad juvenil no creó escuela ni allí ni en ninguna parte y, de hecho, en la política nacional, los árbitros —las altas magistraturas judiciales— no solo no son cuestionados sino que cuando se conducen con reglamentos inventados o retorcidos, lo más que se puede esperar del oficio es que los califique de “pintorescos” y juzgue sus patentes arbitrariedades como “singulares” o “excéntricas”.

Y el caso es que, en tanto poder informal de contraste —“cuarto poder” es el sintagma clásico para definir lo que hacemos los impostores— y llegados al caso de la crisis de la democracia liberal por el abrazo de las derechas del iliberalismo, cuando consta que los togados han cambiado gobiernos en América Latina (el caso brasileño es particularmente indecoroso) pero también en la Unión Europea (aquí al lado, Antonio Costa fue forzado a dejar el Gobierno luso por una arbitrariedad judicial), quizá sería deseable que el periodismo empezara a poner el grito en el cielo ante los penaltis inexistentes y los fueras de juego discutibles que siempre se inclinan hacia el equipo local para hinchar su marcador y garantizar su clasificación.

Y, levantando la vista, más allá del colegiado en cuestión, convendría cargar las tintas contra el Comité Arbitral de la Competición Profesional por los disparates que su labor está patrocinando. Y sí, hablamos del Consejo General del Poder Judicial.

Las redes sociales y los servicios de vídeo superan ya a las webs y aplicaciones propias de los medios como la vía más usada en el mundo para acceder a las noticias. Ocurre por primera vez desde que el Digital News Report mide esta variable. La edición 2026 del informe del Reuters Institute for the Study of Journalism que se presentó este martes sitúa el uso medio de redes y vídeo en el 54% entre los encuestados de los 48 mercados analizados. Las webs y apps de las cabeceras quedan en el 51%.

El informe, la decimoquinta edición del Digital News Report, dirigida este año por el investigador Jim Egan, describe el fenómeno como una “plataformización” creciente del consumo de noticias. 

A la migración hacia redes y vídeo se suma un actor nuevo. Uno de cada diez encuestados ya usa chatbots de inteligencia artificial para informarse —tres puntos más que el año pasado—. El uso es mayor entre los menores de 35 años, donde alcanza el 16%, y la función que más valoran sus usuarios es la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento —la cita el 42%—.

El vídeo informativo en plataformas ajenas a los medios llega ya al 77% de la población mundial cada semana, una mayoría que se registra por primera vez en los 48 países del estudio. En 45 de esos mercados, más gente ve ya vídeo informativo online que televisión convencional, y solo en Alemania, Dinamarca y Países Bajos la televisión mantiene la delantera o un empate.

TikTok es la red que más crece, aunque parte de una base pequeña, con un 20% de uso global para noticias, mientras Instagram avanza de forma más moderada pero con una presencia mayor, del 26%. Facebook sigue siendo la red más usada en conjunto, con un 43%, y revierte así caídas de años anteriores. Una cuarta parte de los encuestados ve ya noticias por demanda en aplicaciones como YouTube desde el televisor.

Mientras estas plataformas ganan terreno, el uso de la televisión y de las webs propias de los medios cae 13 y 12 puntos respectivamente desde 2020, un retroceso que el informe considera tan relevante en el caso de las webs como en el de la televisión, aunque menos conocido.

La confianza global en las noticias ha caído este año en 29 de los 48 mercados, hasta el 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015, con descensos de más de cinco puntos en 19 países. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los encuestados confía en las noticias la mayor parte del tiempo, mientras la preocupación por las noticias falsas sube cuatro puntos, hasta el 62% de media, y solo retrocede en Brasil.

Pese a este clima, la mayoría dice preferir noticias que no tomen partido, y el 45% de los encuestados se inclina por la “imparcialidad” como ideal, más del doble que quienes prefieren información que comparta su punto de vista, aunque ese apoyo ha bajado desde 2020.

El informe detalla el avance de los creadores individuales, que ya aportan parte de las noticias a una cuarta parte de los encuestados en el conjunto de los 48 mercados, mientras casi la mitad recurre a algún tipo de creador. La mayoría los combina con los medios tradicionales en lugar de sustituirlos, ya que solo el 3% depende únicamente de ellos, frente al 13% que cubre con creadores la mayor parte de sus necesidades informativas.

El interés general por las noticias también retrocede, ya que desde 2021 la proporción de personas muy o extremadamente interesadas en la información ha caído una media de 13 puntos. Una cuarta parte de los encuestados son ya usuarios pasivos, que consultan noticias como mucho una vez por semana, frente al 16% de 2021.

En España, Instagram se confirma como la red más usada para informarse, con un 32% de los encuestados, 14 puntos más que el año anterior, seguida de Facebook, con el 31% (siete puntos más), y de WhatsApp, con el 29% (cinco puntos más).

TikTok escala hasta el 16% como fuente de noticias, cinco puntos más que en 2025, mientras X se mantiene casi igual, en el 16% (un punto más), y YouTube no varía, en el 19%. Los chatbots de IA, todavía minoritarios, llegan al 8% de uso para informarse, el doble que el año pasado.

La comparación con la media global matiza el dato, ya que Instagram se usa más en España (32%) que en el conjunto de los 48 mercados (26%), mientras TikTok queda por debajo de la media mundial (20%).

Ese avance de las plataformas no se traduce, sin embargo, en más confianza, que en España se sitúa en el 33% (dos puntos más que el año pasado), en la zona media de los 48 mercados encuestados, frente a una media global que cae al 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015.

El dato medio esconde diferencias entre cabeceras, ya que RTVE, Antena 3 y la prensa regional o local rondan el 52% de confianza entre quienes conocen la marca, mientras okdiario.es y Telecinco se quedan en el 35% y el 36%. Persisten además diferencias entre encuestados de izquierda y derecha sobre la mayoría de las marcas evaluadas, algo que el informe vincula a la polarización del país, mientras el porcentaje de españoles que evita las noticias a veces o a menudo se mantiene sin cambios, en el 37%.

En los 26 países con medios públicos que analiza el informe, la valoración media de su impacto social es positiva, con un 37% frente a un 22% negativo, aunque esa media no se cumple en todos los mercados. España aparece, junto a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre los países con mayor diferencia de opinión entre izquierda y derecha sobre el papel social de la radiotelevisión pública.

El informe detecta además una brecha según la fuente principal de información, ya que entre quienes en España se informan sobre todo por redes sociales, la valoración de la cobertura de los grandes temas es negativa en todos los casos analizados, con un saldo de -41 puntos en inmigración, frente a los -15 puntos de quienes se informan principalmente por televisión. En el conflicto de Ucrania la diferencia es de -21 frente a +12, y en la guerra de Oriente Próximo, de -27 frente a -2.

Quienes tienen las webs de noticias como fuente principal se sitúan en un punto intermedio, con saldos negativos pero más moderados en la mayoría de los temas, una brecha que el informe interpreta como reflejo del menor filtro editorial de las redes frente a las webs y la televisión.

Solo el 9% de la población española paga por acceso a noticias digitales, un punto menos que el año anterior, mientras a escala global ese porcentaje se mantiene sin cambios en el 17%, en la cesta de 20 países que el informe sigue desde hace años. En el extremo opuesto, Suecia llega al 32% de población que paga por noticias, uno de los niveles más altos del estudio.

Esa cifra del 9% convive, sin embargo, con un dato distinto, ya que España cuenta ya con algo más de un millón de suscriptores de noticias digitales, según los datos de las propias empresas editoras, con El País a la cabeza, con 451.000, seguido de El Mundo (181.000) y La Vanguardia (167.000). El estudio no detalla, sin embargo, el efecto sobre esas cifras de las agresivas ofertas de estas cabeceras, que llegan. Ofrecer suscripciones mensuales por debate del euro.

El millón de suscriptores se concentra, en todo caso, en unos pocos medios nacionales, y la proporción de población dispuesta a pagar no crece al mismo ritmo. El informe advierte de que el flujo de personas que llegan a las webs de medios para suscribirse se reduce a medida que el consumo se desplaza hacia las plataformas.

A escala global, quienes pagan por noticias lo hacen sobre todo por el acceso directo al contenido que quieren leer, motivo que cita el 81% de los encuestados, mientras casi la mitad, el 46%, añade motivaciones de valores, como apoyar el periodismo por su papel social, algo que algunas cabeceras ya explotan en sus campañas de captación.

El informe recoge datos ya conocidos, como la evolución del sector publicitario español, que cerró 2025 en 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% que puso fin a cinco años de crecimiento, según los datos de InfoAdex que recoge el informe. La publicidad en prensa escrita se mantuvo estable, en 750 millones, mientras la inversión en noticias digitales, con 412,5 millones, superó ya a la del papel, con 337 millones.

El Reuters Institute agrupa ambos fenómenos, el trasvase hacia plataformas y la dificultad para convertirlo en pago, bajo lo que llama “el alejamiento del consumo directo de noticias”, ya que, a medida que menos gente llega a las webs de los medios, también se reduce el embudo por el que esas mismas webs convierten visitas en suscripciones.

El periodismo siempre ha cambiado cuando cambiaron sus herramientas. Forma parte de su esencia, aunque en apenas un cuarto de siglo estas nos hayan dado la vuelta como un calcetín. Tengo 53 años y he vivido suficientes mudanzas tecnológicas en la profesión como para desconfiar tanto de la nostalgia como del entusiasmo hacia cada nueva innovación. Empecé a trabajar con máquina de escribir. En la primera redacción que pisé, los teletipos se rasgaban en los cantos de las mesas y se repartían en mano. He grabado en radio con magnetófonos de bobina abierta, he visto a documentalistas en archivos de papel encontrar en minutos lo que hoy un buscador devuelve en milésimas de segundo (y no siempre con más inteligencia). También he vivido el salto a internet, la promesa de la abundancia y del procomún –¡ja!–, el vértigo del tiempo real, la ruptura del modelo de negocio, la conversión del lector en usuario y del periódico en una portada sin fin.

La digitalización de archivos, los gestores de contenido, las bases de datos, las alertas automáticas, las transcripciones asistidas o la edición digital no han destruido por sí mismas el oficio; en muchos casos lo han hecho menos ingrato y más ambicioso. Internet abrió puertas extraordinarias y, al mismo tiempo, arrasó los cimientos económicos de buena parte de la prensa. Ocurrió porque la tecnología nunca llega sola: llega acompañada de una cultura empresarial que casi siempre opera en la misma dirección, la de capturar valor y redistribuir poder hacia quien ya lo tiene. Lo que viene siendo el capitalismo.

En relación muy directa con esto último, la inteligencia artificial generativa ha colonizado un espacio crítico de la esfera pública: el umbral entre los lectores y el periodismo. Ahí, justo antes del clic, antes de la lectura y antes del reconocimiento de una firma, ofrece respuestas limpias, rápidas y convincentes, pero construidas con materiales que periodistas tuvieron antes que seleccionar, buscar, investigar, verificar, editar y de los cuales se hicieron responsables en el mismo momento de darle al botón de publicar. La IA no pisa la calle, no habla con fuentes, no recibe burofaxes, no rinde cuentas ni desde luego paga redacciones. Pero depende de todo ello para existir. 

No estamos ante una herramienta que escribe más deprisa, sino ante una tecnología capaz de suplantar una responsabilidad reconocible –la que, en buena parte, otorga la credibilidad– a través de una voz que suena plausible y que parece tener autoridad. Por eso, la disputa entre IA y periodismo es por el valor, la autoría y la confianza pública. Es económica, jurídica y democrática. La cuestión, entonces, no es tanto si la inteligencia artificial generativa es capaz de acabar ella sola con el periodismo, como a quiénes interesa que eso ocurra y por qué. 

No es casual que la UNESCO y Reporteros Sin Fronteras hayan entrado de lleno en este debate. Cuando organismos dedicados desde hace décadas a la libertad de prensa han salido a la palestra, es porque han entendido que aquí no se discute sobre innovación, sino sobre las condiciones de posibilidad de esa esfera pública como espacio donde se juega también la democracia.

El periodismo es una industria extraña: produce un bien público con un modelo de ingresos privado y frágil. Su sostenibilidad depende de una combinación inestable de publicidad, suscripciones, prestigio, tráfico y paciencia empresarial. Por tanto, cuando las plataformas de IA contestan dentro de sus propios entornos con materiales obtenidos del trabajo periodístico, capturan el valor sin soportar el coste de producirlo. La demanda de The New York Times contra OpenAI y Microsoft refleja bien esa tesitura: el periódico sostiene que sus contenidos fueron usados para construir productos que compiten con él, desvían audiencia y erosionan el incentivo económico que hace posible el periodismo original.

Pero esta historia también la hemos vivido antes. Durante años, las plataformas prometieron a los medios visibilidad a cambio de dependencia. El precio fue alto: empobrecimiento del vínculo directo con los lectores y subordinación del criterio editorial a la lógica –o ilógica– del algoritmo. La IA amenaza con llevar ese ciclo a una fase superior. El Reuters Institute lo formula con claridad inquietante: los buscadores se están convirtiendo en “motores de respuesta”, y los responsables de medios encuestados esperan que el tráfico procedente de buscadores caiga más de un 40% en los próximos tres años.

Hasta hace nada, los medios escribían para aparecer en buscadores. En la era de la IA, lo hacen para ser absorbidos, resumidos y citados –con suerte– por sistemas conversacionales. Antes, el buscador mostraba un enlace y el medio podía recibir una visita que le generara unos ingresos, aunque fueran irrisorios. Ahora, el sistema ofrece una respuesta compuesta de tal forma que el usuario ni siquiera siente la necesidad de salir de esa página para ir a la del medio. El periodismo queda convertido en combustible para una caldera que no calienta a nadie, pero llena la habitación de gases tóxicos.

La primera emanación, y quizá la más dañina, es la degradación de la verdad factual. Los modelos de lenguaje producen frases convincentes con una desenvoltura que confunde incluso a lectores entrenados. Su habilidad para sintetizar convive con una incapacidad estructural para distinguir entre lo verificado y lo inventado. Pueden resumir una investigación y, en la misma operación, deslizar un matiz falso, atribuir una frase a quien no la dijo o enlazar a una página que no existe. Y eso sin entrar en fotos que captan algo que no ha sucedido, audios que recogen frases que nadie ha pronunciado o vídeos en los que un dirigente dice lo contrario de lo que dijo.

La desinformación ya era una industria financiada, profesional y con intereses geopolíticos. La IA generativa la alimenta. Y el periodismo, que durante décadas fue el oficio de contrastar, se ve obligado ahora a demostrar que lo real es real. Esa inversión de la carga de la prueba –antes había que probar la mentira, ahora hay que probar la verdad– es una de las transformaciones más serias de nuestro tiempo.

Una investigación del Tow Center for Digital Journalism (de la Escuela de Periodismo de Columbia) sobre ChatGPT Search concluye, además, que los medios están expuestos a que su contenido sea mal atribuido o mal representado (más allá de que permitan o no el rastreo de sus contenidos por OpenAI; es decir, su canibalización a cambio de un generoso pago). El lector recibe una respuesta envuelta en una pretendida autoridad mientras la fuente original aparece desfigurada, desplazada o directamente desaparece. El mismo centro analizó en otra ocasión ocho herramientas de IA generativa, entre ellas ChatGPT, Perplexity, Gemini y Grok. Más del 60% de las respuestas contenían errores en la identificación de artículos periodísticos, autores o enlaces originales. Y con frecuencia generaban hipervínculos a páginas de error o dominios falsos. 

Hay otro frente donde el extractivismo de la IA respecto al periodismo se vuelve casi obsceno: el plagio. En junio de 2024, Forbes acusó a Perplexity de republicar partes de exclusivas con atribución insuficiente. La controversia creció cuando otros medios denunciaron prácticas semejantes y, meses después, Dow Jones y New York Post demandaron a la empresa alegando infracción de copyright y un metadaño: la invención de noticias falsas atribuidas a cabeceras reales.

Más recientemente, una red local impulsada por IA, Nota News, que se presentaba como remedio para los desiertos informativos de Estados Unidos, cerró sus webs tras descubrirse decenas de casos de plagio. Axios y Poynter documentaron que sus páginas habían copiado citas, frases e incluso fotos de medios locales. La promesa, noble en apariencia, terminó devorando aquello que decía venir a salvar. 

Europa ha empezado a entender que esta discusión no puede quedar a merced de contratos privados entre gigantes tecnológicos y grandes cabeceras. El caso Like Company contra Google Ireland, pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deberá responder si un chatbot como Gemini puede vulnerar derechos de autor al resumir o reproducir contenido periodístico protegido, y si el entrenamiento de modelos con publicaciones de prensa puede quedar amparado por las excepciones de minería de textos y datos.

Entre tanto, la homogeneización formal y estilística es una amenaza menos aparatosa que el plagio, pero de propagación más rápida. Los modelos generativos tienden a escribir con corrección, incluso con cierta elegancia, pero su inclinación natural es hacia la mediocridad verosímil. El periodismo suele nacer de lo contrario: de una anomalía, una frase que no encaja, un matiz que obliga a reenfocar la pieza. La IA puede ordenar el mundo según patrones, pero es el periodista quien debe desconfiar de ellos.

Y ahí se juega también una pérdida de calidad literaria. Porque una crónica no solo informa: guía al lector a través de una experiencia. Una investigación no es una acumulación de pruebas: es una arquitectura levantada sobre esas pruebas. Una prosa neutra e intercambiable huele a muerto; está en las antípodas de lo que debería ser el periodismo: frescura, viveza, vivencia, ingenio, profundidad.

La Fundación Gabo ha señalado otra mutación inquietante: la IA generativa está saturando Internet con contenido de baja calidad, producido masivamente y sin supervisión humana. Se lo conoce como AI Slop –slop significa bazofia–. Textos, imágenes o vídeos diseñados para engañar algoritmos, atraer clics y generar ingresos publicitarios, más que para informar. Esta, discúlpenme, mierdificación dificulta distinguir la información verificada de la falsa o irrelevante, devalúa el trabajo periodístico y debilita la credibilidad de medios y autores.

A todo esto hay que sumar que la IA ya funciona como argumento para recortar plantillas. Fortune despidió aproximadamente al 10% de su redacción aludiendo, entre otros factores, al advenimiento de la IA y la caída del tráfico web. Associated Press ha ofrecido bajas incentivadas a más de 120 periodistas en Estados Unidos mientras se aleja del periodismo escrito y busca nuevas fuentes de ingresos, incluida la IA. Sería ingenuo atribuir cada despido únicamente a esta tecnología. La prensa lleva años adelgazando plantillas por causas que la preceden: fuga de publicidad, concentración del mercado, captura de la atención por plataformas, precarización de las redacciones. Pero la IA entra en esa crisis como un acelerador.

Por si fuera poco, el Comité para la Protección de los Periodistas alertó ya en 2025 sobre el plan del Estado de Maharashtra, en India, para usar inteligencia artificial con el fin de monitorizar la cobertura mediática y responder a informaciones que el Gobierno clasifique como “negativas”. Una estrategia perfecta para alimentar la autocensura y disuadir de coberturas críticas.

En este punto conviene recordar algo elemental: el periodista no es solo un productor de texto, es una cadena de responsabilidades humanas. La IA es una herramienta de procesamiento estadístico; el periodismo, un ejercicio ético, de campo y de confianza pública, basado en la selección de historias y enfoques, en la investigación laboriosa, la edición con criterio, la responsabilidad legal y la firma como compromiso. Elementos, todos ellos, que requieren de la intervención de mujeres y hombres. 

Tal vez por eso la pregunta decisiva no sea qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el periodismo, sino qué periodismo queremos defender frente a la inteligencia artificial. Si aceptamos que la información es un bien público, hay que exigir condiciones a empresas y gobiernos y también imponérnoslas a nosotros mismos: desde la transparencia radical en su uso, la protección efectiva de la autoría o la adopción de reglas de atribución hasta el establecimiento de límites al entrenamiento extractivo. 

Porque en el fondo la disputa no es entre humanos y máquinas. Es entre un periodismo que responde por lo que difunde y una industria que absorbe contenido, lo recombina y lo devuelve sin asumir los costes de producirlo ni las consecuencias de publicarlo. La IA ya nos está poniendo a prueba: nos obliga a elegir entre responsabilidad y extractivismo, entre un bien público y un residuo procesable. Y de esa prueba podemos salir más fuertes o con los pies por delante. De nosotros depende.

*Virginia P. Alonso es directora de ‘infoLibre’.

“Se acabó”. La periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) puso este jueves fin, por sorpresa y de forma abrupta, a su etapa de siete años al frente de Hoy por Hoy, el programa estrella de la Cadena SER. “Hoy soy yo la que hablo”, dijo sin previo aviso al final de la emisión de este jueves. “Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí. Porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene”.

Fue la única explicación que ofreció, antes de añadir, a continuación, una metáfora reveladora. “Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, subrayó.

La periodista había anunciado su renuncia a continuar en la cadena el pasado 22 de mayo, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado dos años antes por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa. Un conflicto que se volvió especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian.

En los últimos meses se acumularon los indicios que apuntaban a que Prisa estaría modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Barceló aprovechó su último programa para sacar pecho por los mejores datos de audiencia que Hoy por Hoy ha conseguido. “Que vengan a perseguirnos”, retó antes de agradecer “la complicidad de los oyentes” que les “han traído de la mano hasta aquí”. “Porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Los oyentes nos han dado la fuerza para levantarnos todas las mañanas, para venir aquí, para decidir cómo lo hacíamos, qué poníamos, dónde íbamos, dónde conectábamos”.

En defensa de su trayectoria, puso en valor su compromiso con “la verdad, el compromiso de ser rigurosos”. “Hoy termina una etapa, comienza otra”, insistió, sin mencionar siquiera al que será su sucesor a partir del 31 de agosto, el periodista Aimar Bretos.

“Sed muy felices con lo que os toque”, añadió en referencia a los miembros de su equipo. “Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado del todo”, añadió en referencia a la cadena, “se pasa un tiempo de duelo, pero luego a gente es capaz de volverse a enamorar. O sea que enamórense; yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar bien convencidos”.

José Luis Sastre, la mano derecha de Barceló en los últimos años al frente del programa, abandonará también las mañanas y pasará a dirigir y presentar Hora 25, el programa informativo nocturno de la cadena, precisamente el que dejará libre el periodista que se hará cargo de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto.

En un vídeo difundido por la SER, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite de 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien, por su parte, conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas.

Esta reconfiguración de la parrilla de la cadena, forzada por la salida de Barceló, tendrá como consecuencia una mayor masculinización de los principales programas, que estarán dirigidos aún más por hombres. A falta de conocer qué hará ahora la emisora de Prisa con el resto de la programación, al frente de grandes espacios quedan únicamente Aida Bao (informativos del fin de semana) y Mara Torres, que dirige y presenta cada madrugada El Faro, un programa nocturno muy personal centrado en entrevistas en profundidad.

Barceló llevaba en la Cadena SER desde julio de 2005, donde comenzó al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo Hora 25 y, desde septiembre de 2019, dirige y presenta el magacín matinal Hoy por Hoy, líder de audiencia en la radio española.

El opio ya no sirve. Un pueblo movilizado necesitaba ser adormecido con la religión y otros elementos para que no amenazara el orden establecido. Ahora que vivimos en una sociedad fragmentada, individualista y pasiva, que confunde la relaciones con las conexiones y no distingue entre lo real y lo virtual, necesita ser agitada y estimulada para que pase a la acción en defensa de ese mismo orden. Por eso hoy lo que hace falta es “la cocaína del pueblo”, que no es otra cosa que el estímulo artificial necesario para agitar y excitar a una sociedad acomodada en la costumbre, situación que se ha hecho con tanta intensidad que ha llevado a una convivencia polarizada y enfrentada.

Y la cocaína del pueblo es la desinformación, es decir, una información capaz de adaptarse a cada persona para que reciba aquellos contenidos necesarios que la mantengan en las posiciones previamente definidas, y para que duden o directamente cuestionen los contenidos que no encajen en esas referencias, los cuales son presentados como un ataque a sus ideas.

El ejemplo de esta estrategia de polarización y guerra cultural lo vemos en el tratamiento informativo de los casos judiciales que afectan a diferentes personas del PSOE.

Y para explicarlo, nada mejor que comparar la situación de la información actual con la que se hacía sobre los casos de corrupción del PP.

No se trata de justificar lo referente a cada uno de los partidos con el “y tú más”, sino de entender el diferente contexto de cada uno de ellos para analizar su significado y consecuencias, y cómo lo que antes era una manifestación del debate y enfrentamiento político, ahora es parte de una estrategia de diseño en la que los hechos son algo secundario.

Y lo primero que hay que reconocer, pues es una gran diferencia, es que “el sistema ha mejorado”. Ahora, por ejemplo, nada más salir informaciones que de manera general se refieren a una persona como el “One” o el “Uno”, ya se sabe sin ninguna duda quién es esa persona, mientras que hace años el sistema fue incapaz de saber quién era “M. Rajoy” escrito sobre una contabilidad en B del PP. Parece que hemos avanzado.

Pero, ironías aparte, la gran diferencia en la actualidad no está en la crítica política y mediática a los hechos conocidos relacionados con el Partido Socialista, es más, si todo lo que se sabe respecto al PSOE se supiera sobre el PP, la actitud del Partido Socialista y de una parte de la sociedad criticando y exigiendo responsabilidades sería muy parecida. La diferencia está en que hoy todo forma parte de una estrategia que busca influir en un resultado con independencia de los procedimientos democráticos establecidos.

El objetivo está en la estrategia de comunicación para generar una realidad que dé significado a todo el planteamiento político, mediático y social que la acompaña. Y para ello se instrumentalizan determinados hechos o se crean con bulos y postverdades si no existen. La estrategia consta de cinco pasos:

Esa “información masticada” y dirigida es la que actúa como “cocaína del pueblo” para mantener a una parte de la sociedad agitada e hiperactiva.

La diferencia principal respecto a lo que ocurría en otras épocas está en que lo que antes se paraba con el Telediario, el informativo radiofónico o la última hoja del periódico, ahora se convierte en un 24/7 en las redes que satura el espacio informativo, aumenta la intensidad de manera progresiva y nubla la conciencia bajo los efectos tóxicos de esa “cocaína del pueblo”.

El objetivo en todo momento ha sido la estrategia de ataque y cuestionamiento, ahora, con los casos conocidos, puede parecer que se trata de la información sobre los mismos, pero recordemos que cuando se inició en el minuto uno de la legislatura y no se conocían estos casos, ya comenzó con lo del “Gobierno ilegítimo”, “Gobierno traidor”, “perro Sánchez”… Y cómo desde el principio situaron a “pseudoperiodistas” dentro del propio Parlamento para desarrollar el trabajo necesario que alimentara la estrategia.

Y con todo lo conseguido, ahora el PP tiene prisa, pero no solo porque quiere alcanzar el Gobierno cuanto antes, sino porque es consciente de que la estrategia de resistir y dejar pasar el tiempo funciona. Es lo que él hizo y lo que le permitió continuar en el Gobierno a pesar de todos los indicios de criminalidad y corrupción que había, hasta que se dictó una sentencia condenatoria. Y eso, consciente de la estrategia y de que mucho de lo que dan por sentado no lo será en un juicio, es lo que no quiere para el PSOE.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

En una época de saturación informativa, el youtuber, cineasta y periodista de investigación Carles Tamayo (Masnou, 1995) se ha consolidado como el referente de una nueva generación de comunicadores capaces de combinar el rigor más exigente con los lenguajes digitales para destapar asuntos tan complejos como sectas, estafas y redes de manipulación. 

Su estilo cercano y directo ha demostrado que el periodismo independiente, incómodo y comprometido con la verdad no solo puede conectar con las audiencias jóvenes, sino que sigue siendo una herramienta imprescindible para defender el pensamiento crítico, un esfuerzo que le ha valido el Premio Joven infoLibre 2026 al Periodismo Comprometido, que se entregará en una gala en Barcelona el próximo jueves 18. Si quieres asistir, aquí te contamos qué tienes que hacer.

En esta entrevista, el galardonado reflexiona sobre el salto del entorno digital a la televisión tradicional, analizando los desafíos de los rígidos calendarios televisivos frente a la libertad de YouTube, y cómo el respaldo de un gran equipo le permite ahora plantear investigaciones aún más ambiciosas y complejas. 

Infiltrarse siempre ha sido una técnica periodística complicada y arriesgada. ¿Dónde traza la línea entre el engaño necesario para que una investigación funcione y el engaño que ya no puedes justificar éticamente? ¿Hay cosas que no haría aunque la historia lo mereciera?

La infiltración es una herramienta más. Yo no creo que sea buena ni mala por sí misma. La pregunta importante es si existe una forma alternativa de obtener esa información y si el interés público justifica utilizarla. Si puedo conseguir la información dando la cara como periodista, prefiero hacerlo así. Pero hay investigaciones en las que eso simplemente no es posible. Hay personas o estructuras que nunca te van a enseñar cómo funcionan realmente si saben que les estás investigando. Y potencialmente te van a usar para hacerse propaganda.

Obviamente, siempre me surgen dudas morales y tengo mis propias contradicciones. No tengo una respuesta sencilla.

También creo que existe cierta obsesión con la idea de la imparcialidad. Yo no creo que el periodismo consista en colocarse exactamente a la misma distancia de todo el mundo. Cuando investigo cualquier cosa, normalmente hay una persona que está siendo perjudicada y otra que está provocando ese perjuicio. Tratar ambas posiciones como si estuvieran en igualdad de condiciones me parece injusto. Yo no lo voy a hacer. Para mí, el rigor consiste precisamente en contrastar toda la información, verificar los hechos y escuchar a todas las partes implicadas, pero eso no significa fingir que todos los actores tienen la misma posición de poder.

Su trayectoria arranca en canales alternativos y ahora llega a Se nos ha ido de las manos en RTVE. ¿Qué pierde y qué gana cuando el periodismo de investigación pasa de una plataforma que controlas uno mismo a una institución que tiene sus propias presiones, sus propios tiempos y su propio consejo de administración?

Honestamente, yo no he notado ninguna presión editorial. Hemos ido de la mano de Ramón Campos, de Bambú Producciones, y, si ha habido alguna presión en algún nivel, a mí no me ha llegado. Creo que el resultado lo demuestra bastante bien: hemos podido tocar los temas que queríamos, como queríamos y con el formato que creíamos adecuado. Que algo así llegue en el prime time de una televisión no es fácil. Siento que se han alineado un poco los astros.

Lo que sí cambia son los tiempos. En YouTube tenía una libertad enorme para decidir cuándo publicaba y cuánto tiempo dedicaba a cada cosa. En televisión, los calendarios son mucho más rígidos. Pero también he ganado otras cosas. De repente puedo trabajar con un equipo muchísimo más grande, cuando durante años he estado solo. Eso me permite hacer investigaciones más ambiciosas y plantear propuestas narrativas mucho más locas de las que podría asumir por mi cuenta en YouTube.

Y, sobre todo, estamos llegando a un público completamente distinto. Hay muchísima gente que nunca vería uno de mis reportajes en YouTube y que sí se ha encontrado con la serie de Prime Video o la de RTVE. Nuestro objetivo es aunar estas dos audiencias. Me emociona especialmente cuando alguien por la calle me dice que se han puesto hijos y padres delante de la tele para ver uno de nuestros documentales… antes solo se los miraban los hijos.

¿Sufre acoso e injurias en redes o en persona? No es un fenómeno nuevo ni exclusivo suyo: ocurre de forma sistemática a periodistas que tocan estructuras de poder, sean sectas, esquemas de fraude o partidos políticos. ¿Cómo afecta ese acoso a las decisiones editoriales, consciente o inconscientemente? ¿El periodismo joven está absorbiendo ese coste sin que nadie lo nombre?

Cualquier tema que toco suele molestar a alguien. A veces son amenazas, a veces campañas de desprestigio, publicaciones en redes o intentos de desacreditar el trabajo realizado. Forma parte del trabajo y estamos bastante acostumbrados.

De hecho, me preocuparía más que nadie respondiera. Cuando una investigación genera una reacción, es porque probablemente está señalando algo que incomoda o que genera problemas a alguien. Eso no significa que todas las críticas sean injustas, pero sí que muchas veces las respuestas llegan antes para desacreditar al mensajero que para discutir el contenido.

Más allá de ese ruido, la realidad es que casi nunca llega a nada. Incluso he sido denunciado por algunas de las organizaciones que he investigado y no ha prosperado. En muchos casos son estrategias destinadas a asustarte o a hacerte pensar dos veces antes de volver a hablar del tema.

Donde sí veo un problema es en la gente que empieza. Yo ya tengo una comunidad, una productora y cierta experiencia gestionando estas situaciones. Pero para un periodista joven, recibir una campaña de acoso cuando todavía está intentando abrirse camino puede ser mucho más difícil. Y creo que es un coste del que se habla menos de lo que debería.

infoLibre le reconoce por un periodismo libre, valiente y comprometido con la ciudadanía. Pero "valiente" es una palabra que a veces se usa para elogiar lo que debería ser simplemente normal. ¿Qué condiciones estructurales —laborales, económicas, legales— harían que ese periodismo dejara de necesitar valor para hacerse y pudiera hacerse, simplemente, como un trabajo? 

Lo que hace falta es algo mucho menos épico de lo que parece: tiempo, estabilidad económica y cierta seguridad jurídica. 

Investigar requiere meses de trabajo, revisar documentación, contrastar información, ganarte la confianza de las fuentes y asumir que muchas líneas de investigación acabarán en nada. Eso es muy difícil cuando vives pendiente de fechas de entrega de los reportajes muy ajustadas. Por suerte, a mí se me está dando cierta banda ancha para que mire en pro del contenido y no de “publicar antes”.

Casi todas las buenas investigaciones que he visto tienen algo en común: alguien pudo dedicarles el tiempo necesario para llegar hasta el final.

El futuro tecnológico que dicta Silicon Valley no está escrito en piedra. Cientos, miles, quizá millones de plumillas harán falta para contar una historia distinta sobre el siglo XXI. Créanme, el fin del trabajo no es la utopía socialista anhelada: alguien tendrá que narrar lo que venga después, y a nuestras máquinas de escribir inteligentes no les quedan tantos años de energía. Pero parece que a muchos periodistas se nos ha olvidado, entre el ritmo cacofónico del capitalismo lingüístico del clickbait, que las palabras crean mundos. Fue en algún momento entre la crisis de las puntocom y el crash financiero global que se nos extravió la concepción material de nuestra práctica. En la era en la que las plataformas han roturado el suelo sobre el que se cuentan los sucesos, los periodistas somos formalmente libres de escribir cualquier cosa y de hacerla llegar al planeta entero. Pero solo si esa información genera engagement social, si se vuelve viral, es decir, si en último término produce interacciones que maximizan el beneficio y abaratan el coste de cada artículo. Más impactos, más feedback, más publicidad dirigida vendida. 

No es solo que hayamos perdido el poder sobre las imprentas, es que las imprentas se han convertido en oleoductos tecnológicos, y los periodistas en los operarios que extraen el crudo para que los tech bros lo refinen de la manera en que mejor se adapte a su visión del mundo. Y así seguirá siendo mientras las infraestructuras que organizan la opinión pública –los servidores, los algoritmos, las métricas, los sistemas de reputación e identidad, las redes neuronales– pertenezcan a Google y a Meta. La imprenta digital de estas empresas ha colonizado los últimos reductos del mundo de la vida democrática; esa esfera donde el difunto Habermas situaba la conversación, el diálogo y la deliberación cotidiana. En los últimos años se han privatizado los mecanismos que sostienen la atención pública sobre lo que se cuenta. La racionalidad sistémica del dinero y del poder tecnológico ha dejado de presionar desde fuera a los guardianes de la información para censurar artículos: el periodismo del caso Watergate murió para siempre en 2007 y ahora su herencia se reparte entre patrimonios construidos en la nube. 

Jeff Bezos compró el Washington Post por 250 millones y, una década después, su lema pasó de “la democracia muere en la oscuridad” a una defensa de “las libertades personales y el libre mercado”. Patrick Soon-Shiong adquirió Los Angeles Times, y poco después una inteligencia artificial reetiquetaba los artículos de opinión según el “sesgo” del accionista. Elon Musk pagó 44.000 millones por Twitter para que sus algoritmos ocultaran los enlaces a la prensa progresista. El hijo de Larry Ellison –fundador de Oracle, cuarto hombre más rico del mundo– se sienta sobre el accionariado de CBS News. Marc Benioff, CEO de Salesforce, compró Time y la convirtió en púlpito de su “capitalismo de stakeholders”. Los ejemplos son interminables: Laurene Powell Jobs con The Atlantic, John Henry con el Boston Globe, Joe Mansueto con las revistas Fast Company e Inc. 

Si los medios de comunicación han sucumbido a los magnates tecnológicos es porque fueron los primeros en caer en el fetiche de que la digitalización era sinónimo de innovación. Esa es la conclusión del libro Despertar del sueño tecnológico, que escribí en 2019. La crisis económica no solo se llevó por delante a millones de editores, corresponsales, cronistas, colaboradores de toda índole, sino también el modelo de negocio que los sostenía. La ideología solucionista de Silicon Valley predicó un futuro tecnológico ante el cual las redacciones debían someterse para no quedar fuera del nuevo siglo, mientras les entregaba sus poderosas herramientas de analítica, engagement, optimización y embudos de conversión. Pongamos los ejemplos del Digital News Innovation Fund (DNI) / Google News Initiative y del Facebook Journalism Project. Presentados como ejercicios de filantropía para combatir la desconfianza hacia los medios, funcionaron como un caballo de Troya para “capturar el periodismo”. El gran capital tecnológico –no los directores de las cabeceras, ni mucho menos los sindicatos de periodistas– decidió qué problemas merecían solución y en qué términos. Por eso la única condición para acceder a las becas de Silicon Valley era que las tecnologías fueran monetizables. Y progresivamente se transformó la naturaleza institucional de los periódicos. Las redacciones se convirtieron en laboratorios de I+D y los periodistas en científicos de datos.

El Washington Post desplegó Heliograf, un sistema que en su primer año publicó 850 artículos automatizados. The New York Times delegó parte de la moderación de sus comentarios en Perspective API, un algoritmo de Google que decide si las intervenciones del lector son admisibles en el debate público. El Mundo recibió financiación de Google para implementar Content Intelligence, un modelo de aprendizaje automático diseñado para maximizar los ingresos publicitarios de cada artículo. Público desarrolló el Transparent Journalism Tool, un sistema que cuantificaba el coste exacto de producir cada pieza para luego recibir micropagos. La agencia británica Press Association construyó RADAR, un servicio capaz de generar 30.000 historias locales automatizadas al mes a partir de bases de datos públicas, distribuidas hoy a cientos de medios regionales que en su mayoría han ido prescindiendo de los reporteros en los últimos años. Incluso los periodistas que recibían dinero para proyectos de test A/B en Google Analytics alimentaron durante años los modelos lingüísticos que terminarían sustituyéndolos. Detrás de todo también está el trabajo gratuito del ejército de periodistas precarios que labran su marca online produciendo contenido viral en las redes sociales de Meta, y el trabajo invisible de las redacciones que rellenan el cuadro de indexación para aumentar el tráfico en el motor de Google.

Las cosas no mejorarán con la llegada de la IA. Los estudios confirman que la dependencia de las redacciones respecto a las plataformas no desaparecerá. Se volverá “invisible”. Más que en algoritmos inmateriales, la imprenta digital se sostiene en cables submarinos, puntos de intercambio, CDNs, centros de datos y servicios cloud. Hasta el prestigioso Columbia Journalism Review concluye que la complejidad técnica de la IA está generando nuevos lock-ins donde los medios grandes consiguen acuerdos especiales para acceder al desarrollo de los modelos de frontera mientras los medios locales, pequeños y del Sur Global quedan rezagados, lo que reduce la diversidad de los contenidos y de los modelos futuros. Según el consenso de las revistas académicas especializadas en periodismo, el giro hacia la IA monopolizará para siempre el poder de definir qué es una noticia. Las respuestas a los problemas de los medios no vendrán de Palo Alto, y tampoco las soluciones. Debemos liberarnos del mito originario de la inteligencia artificial.

Al fin y al cabo, como polemizó Evgeny Morozov en The Guardian, “la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial”. No hay ejemplo que mejor ilustre esto que una redacción periodística. Todo sistema inteligente necesita del trabajo creativo de los plumillas, así como de las instituciones culturales y mediáticas que se han ido construyendo en los últimos siglos de historia. La “inteligencia artificial” es siempre “inteligencia colectiva”: el archivo acumulado de periódicos y revistas, los criterios de edición, las relaciones con autores, los rituales de presentación, el diseño tipográfico reconocible, la disposición física de los periódicos en los quioscos, el hábito de los lectores. Todo ese conjunto material y social incorpora una forma de ver el mundo que no se almacena en ninguna superinteligencia. Vive en la práctica comunicativa de seleccionar, editar y distribuir; exige ciertos gestos y excluye otros, produce sentido donde antes no había más que palabras sueltas. 

Para salir del fetichismo de la IA generativa y de la excepcionalidad algorítmica, el filósofo brasileño Álvaro Vieira Pinto nos invita a pensar que ninguna tecnología es meramente moderna. No existe un salto cualitativo entre el escriba medieval, el linotipista del siglo XIX, el ludita del Washington Post que en los setenta saboteó las rotativas industriales y la red neuronal entrenada con el archivo digitalizado de un periódico que escribe los artículos automáticamente. Los humanos, y también los periodistas, siempre hemos sido tecnológicos: observamos la realidad y reflexionamos sobre las fuerzas naturales, nos abstraemos creando formas de conocimiento y desarrollando métodos para transmitirlos, y lo aplicamos sistemáticamente para transformar el mundo mediante proyectos tan ambiciosos como lo fue la imprenta de Gutenberg.

Las máquinas son siempre extensiones del poder creativo, reflexiona Vieira Pinto. Lo único que las vuelve deshumanizadoras son las relaciones sociales en las que se inscriben, la división del trabajo intelectual y la propiedad privada. Es por eso que debemos recuperar la lección del periodismo ilustrado: la profundidad del lenguaje, el pensamiento conceptual y el uso de la palabra son tecnologías de creación de mundos. Pero solo si renunciamos a que el mercado sea la única institución para codificarlos en la esfera pública. La información no puede ser una mercancía, los regímenes de verdad no pueden estar sometidos a la competencia. Como decía Raymond Williams, “una sociedad libre requiere que los medios de comunicación sean elementos de educación extendidos, infraestructuras democráticas que van más allá de la mera transmisión de mensajes entre emisor y receptor”. La comunicación es siempre un proceso de comunidad: compartir significados, actividades y finalidades comunes; proponer, recibir y comparar nuevos significados, que llevan a los logros del progreso social. 

Pensar la inteligencia artificial requiere hacerlo fuera del modelo hegemónico de las plataformas. Recordemos el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación que ocupó a la UNESCO y al Movimiento de Países No Alineados durante los años setenta y ochenta. Una comisión experta, presidida por el premio Nobel Seán MacBride, elaboró una serie de recomendaciones para democratizar el orden informativo mundial, promover la paz y el desarrollo humano. El informe resultante, Many Voices, One World, defiende que los medios tienen nuevas tareas sociales, que el acceso a la información es un recurso esencial para construir un mundo interdependiente, respetuoso con las identidades culturales y los derechos individuales, y que la comunicación es un derecho democrático fundamental. 

Este proyecto fracasó estrepitosamente por culpa de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero sentó las bases para muchas otras formas de entender las tecnologías. Indymedia fue el primer ensayo planetario de periodismo ciudadano construido desde los movimientos de alterglobalización, donde la lucha por el software libre se entrelazaba con la batalla por el conocimiento abierto. WikiLeaks demostró que la información puede emplearse para revelar elementos de la realidad que muchas veces la propiedad privada del conocimiento esconde. Wikipedia nació con un gesto similar, pero recordando que las bibliotecas y archivos existen desde hace siglos al margen de las leyes de la propiedad intelectual. 

La tarea utópica en el presente es construir un nuevo stack: mapear los experimentos del pasado y del presente que han creado nuevos mundos, desarrollar las herramientas necesarias para diseñar qué tipo de vida en común queremos y, sobre ese mapa, levantar una pila de instituciones radicalmente distinta a la que la Costa Oeste estadounidense nos ha vendido durante quince años. Aplicado al periodismo y a la inteligencia artificial, ese stack pasa, en primer lugar, por modelos de propiedad alternativos. 

Existen al menos 29 cooperativas periodísticas internacionales donde los lectores tienen voto sobre la línea editorial y existen tecnologías de deliberación democrática como Decidim para debatir sobre los temas que merecen ser narrados y con qué enfoques. Frente a la falsa dicotomía entre rentabilidad y servicio público, caben plataformas digitales en propiedad de los trabajadores, los usuarios o ambos. Imaginemos además que cada ciudadano dispone, junto con su renta básica y cesta de servicios digitales gratuitos, de un crédito anual destinado a financiar los medios cooperativos que él mismo elija.

Pasa, en segundo lugar, por construir infraestructuras públicas e internacionales de innovación tecnológica que socialicen las herramientas de visualización, investigación y creación. Fondos que faciliten el florecimiento de iniciativas individuales, que permitan escalar las más sostenibles con servidores y archivos comunes y sobre los cuales se levanten las imprentas digitales. La creación de consorcios internacionales de investigación para publicar exclusivas mundiales sobre corrupción prueba que el modelo en red multiplica la capacidad del periodismo, siempre y cuando se construya sobre la solidaridad y el reparto de la visibilidad entre medios de comunicación. 

Pueden desarrollarse, también, small language models de código abierto (menos de 10.000 millones de parámetros) alojados en centros de datos de titularidad pública y entrenados con datos verificados. Muchas informaciones importantes en los últimos diez años han salido de redes mixtas de investigación forense ciudadana donde un arquitecto, un programador, un vecino y un periodista reconstruyen bombardeos, masacres, accidentes industriales con imágenes abiertas. Hasta pueden fomentarse materiales pedagógicos y culturales colaborativos, lo que evitaría que cada redacción tenga que pagar cantidades millonarias a Silicon Valley por token usado.

Los medios públicos como “infraestructura crítica democrática” requieren redes federadas interdisciplinares –ya bosquejadas en el Fediverso, Mastodon, Lemmy, Peertube o en decenas de protocolos como ActivityPub– capaces de curar la esfera pública sin necesidad de algoritmos de estandarización ni publicidad dirigida (como hace The Syllabus), lo que además devolvería al lector la posibilidad de descubrir lo genuino y al periodista la libertad creativa. Los servidores interoperables permiten que cada instancia se autogobierne, que el lector deje de ser un espectador y pase a ser productor, transformando así las condiciones técnicas en las que la información se produce y distribuye. Si el algoritmo es, además, modificable, se adaptará a las decisiones que vayan tomando las distintas comunidades. Sobre esa base podrían levantarse escuelas populares de OSINT, de uso de IA, de archivos digitales y de redacción.

Ese stack alternativo pasa por institucionalizar lo invisible de la comunicación cotidiana: que un artículo escrito por el periodista de cualquier medio pueda dialogar con un archivo público de libros, con una base de datos científica abierta, con otra crónica local, con conversaciones grabadas en museos, bibliotecas y espacios autogestionadas, o con el enorme ecosistema de pódcasts. Y todo con un modelo lingüístico entrenado sobre el procomún que permita a cada ciudadano llevar a cabo ese viaje, si quiere como lector, pero también con las capacidades adquiridas para tomar la palabra. Solo entonces podrán convivir las tecnologías y los periodistas, cuando las prácticas que ya están naciendo dejen de ser experimentos aislados y se nombren y se compartan para generalizarse. 

Las prácticas que harán posible la convivencia entre tecnología y periodismo ya existen. Falta nombrarlas, compartirlas y multiplicarlas hasta que dejen de ser algo excepcional. 

*Ekaitz Cancela es escritor, investigador y editor. Autor de ‘Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo’ (Verso Libros, 2023).

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

Por momentos, la historia política española parece avanzar a bandazos, pero no pocas veces lo hace también en círculos. Hay fenómenos que, bajo distinta apariencia, regresan con una inquietante cercanía. Uno de ellos es el debate sobre la existencia de un entramado mediático, judicial y político que, de forma más o menos coordinada, actuaría para desgastar a determinados gobiernos.

La pregunta que aparece hoy, con mayor o menor intensidad, es inevitable: ¿estamos ante una reedición, adaptada al siglo XXI, de aquel denominado 'sindicato del crimen' y de la 'caverna mediática' (que ya Platón reflexionó en su famosa alegoría) de mediados de los 90 del siglo XX?

Conviene recordar el origen del término. A mediados de los años 90, en la última etapa de gobierno de Felipe González, varios periodistas y medios de comunicación de orientación conservadora fueron señalados por su papel protagonista en una sucesión de informaciones que contribuían a erosionar la imagen del gobierno socialista. Con el tiempo, algunos de aquellos protagonistas, como Luis María Anson, llegaron a admitir públicamente la existencia de una estrategia para “acabar con el Gobierno” en una época en la que, según sus propias palabras, se trataba de una prioridad política. Aquellas declaraciones, realizadas años después, cuando cualquier posible implicación penal carecía ya de recorrido, confirmaron lo que en su momento muchos sospechaban, pero pocos podían demostrar.

El llamado 'sindicato del crimen' no era, en realidad, una organización formal, ni tenía actas, portavoces ni sede. Era una confluencia de intereses, una sintonía ideológica y estratégica entre determinados actores mediáticos y, probablemente, otras instancias menos visibles del poder. El fenómeno fue complejo; a la labor informativa, legítima en sí misma, se sumaron filtraciones interesadas, amplificaciones selectivas de escándalos y una narrativa constante de desgaste. Paralelamente, diferentes investigaciones judiciales adquirían notoriedad pública en un flujo continuo que contribuía a generar una sensación de crisis permanente.

Nadie, en aquel momento, reconocía formar parte de una operación coordinada. Y, sin embargo, el efecto progresivo de informaciones, titulares y procesos judiciales creaba un clima político irrespirable. La percepción terminó siendo tan relevante como los hechos en sí mismos.

Hoy, décadas después, la situación presenta paralelismos que invitan, al menos, a la reflexión. Sin poner en duda, como no puede ser de otra forma, la independencia de la justicia ni la legitimidad de las investigaciones en curso, resulta llamativo que en determinados momentos se concentren en pocos días múltiples casos que afectan a un mismo espacio político. No se trata de negar los hechos ni de defender a los implicados, sino de observar los tiempos, el tratamiento informativo y la intensidad del foco mediático.

Frente a esa rapidez y visibilidad, contrasta la lentitud con la que avanzan otros procesos judiciales de enorme relevancia relacionados con el Partido Popular. Casos como el del señor González Amador (más conocido como el novio de Doña Isabel Díaz Ayuso) el denominado Kitchen, el caso Montoro o la macrocausa Púnica han avanzado durante años a un ritmo que difícilmente capta la atención diaria de la opinión pública. Las resoluciones se dilatan, los titulares escasean y el impacto político se difumina. No es que estos casos no se investiguen, es que rara vez protagonizan la agenda informativa con la misma intensidad que otros.

Esta asimetría en la cobertura mediática es, quizás, uno de los elementos más reveladores. Los grandes medios de orientación conservadora, con honrosas excepciones, tienden a abrir con amplios titulares cuando las investigaciones afectan al PSOE, mientras relegan a espacios secundarios o diluyen en el tiempo aquellas que perjudican al PP. Se oscurece deliberadamente la influencia de sectores radicales de EEUU, con los que se reúnen en la embajada de dicho país los señores Feijóo y Abascal. No se trata de una conspiración explícita, sino de una directriz editorial que, repetida sistemáticamente, acaba configurando una determinada percepción de la realidad.

El resultado es un marco en el que una parte de la ciudadanía percibe una acumulación constante de escándalos en torno a un solo espacio político, mientras que otros aparecen relativamente a salvo o, al menos, menos expuestos. En política, esa percepción es determinante, influye en la confianza, en la credibilidad y, en última instancia, en el voto.

¿Significa todo esto que existe hoy un nuevo 'sindicato del crimen' en el sentido clásico del término? Probablemente no en la forma que tuvo en los años 90. Las dinámicas actuales son más complejas, más fragmentadas y, en muchos casos, menos visibles. Las redes sociales, la multiplicación de canales informativos y la velocidad de la información han transformado profundamente el ecosistema mediático. Sin embargo, la posibilidad de que exista una convergencia de intereses entre determinados poderes económicos, mediáticos y políticos no puede descartarse sin más.

España sigue siendo un país en el que los grandes grupos económicos mantienen una notable influencia, directa o indirecta, sobre el panorama mediático. Y esos poderes, por tradición y afinidad ideológica, han estado más próximos a posiciones conservadoras que progresistas. La hipótesis de que una parte de estas élites vea con incomodidad, o incluso con hostilidad, a gobiernos del PSOE no resulta descabellada desde un punto de vista histórico.

A ello se suma un elemento clave que es la utilización política de los tiempos. No es lo mismo que una investigación judicial avance de forma discreta durante años que su irrupción en la agenda pública se concentre en momentos de alta tensión política o electoral. Sin necesidad de cuestionar la actuación de jueces y fiscales, cabe preguntarse por los mecanismos mediante los cuales determinadas informaciones llegan a los medios en momentos especialmente sensibles.

La famosa frase atribuida a José María Aznar, “el que pueda hacer, que haga”, resuena en este contexto con una vigencia inquietante. Más allá de su interpretación concreta, encierra una idea de movilización de recursos y capacidades al servicio de un objetivo político. Cuando distintos actores, cada uno desde su ámbito, actúan en la misma dirección, el efecto puede ser indistinguible de una estrategia coordinada, incluso aunque no exista una coordinación explícita.

La cuestión no es tanto si existe o no un nuevo 'sindicato del crimen' con estructuras reconocibles, sino si el sistema democrático español dispone de los suficientes contrapesos para garantizar una competencia política en condiciones de equidad. La pluralidad mediática, la independencia judicial y la transparencia institucional son pilares esenciales de esa garantía. Cuando uno de ellos parece inclinarse, aunque sea levemente, el equilibrio se resiente.

La historia reciente nos recuerda que la combinación de presión mediática, judicialización de la política y desgaste continuado puede tener efectos decisivos. Negar esa posibilidad sería ingenuo. Aunque afirmarla sin matices parece irresponsable. Entre ambas posiciones, se encuentra el terreno de una reflexión necesaria, la de una democracia que debe vigilar no solo sus instituciones formales, sino también las dinámicas informales que, a veces, acaban siendo igual o más influyentes.

Porque si algo nos enseña el pasado es que, en política, los nombres cambian, pero las lógicas de poder tienden a repetirse. Y, en ese modelo, España haría bien en mirarse con atención.

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José María de la Riva es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.

Para los que tenemos una cierta edad y no hemos perdido la memoria, esta situación insostenible contra Pedro Sánchez nos recuerda el acoso y derribo contra Felipe González en 1996. Para mí no hay nada casual. No quiere decir que sean los mismos —algunos instigadores quizás sí— pero sí se trata de la misma manera de proceder.

Se llamó sindicato del crimen a un grupo de periodistas —sobre todo— muy bien relacionados con la judicatura, la policía, el ejército, el clero, la banca y el empresariado que conspiraron de una manera coordinada para derribar a Felipe González que llevaba ya 11 años en el poder y, según ellos, llevaba camino de convertirse en vitalicio.

Baste ahora sólo con compartir unas declaraciones de Luis María Anson, uno de los miembros más activos de dicho sindicato —junto a su hermano Rafael, el verdadero urdidor, que no aparece, como todos los cerebros, en ningún lugar—, publicadas en el semanario Tiempo el 23 de febrero de 1998 —¡qué día el elegido!—, una vez que accedió al poder José María Aznar y el sindicato del crimen cumplió sus objetivos, aunque estuvo a punto de fracasar porque, en las elecciones de 1996, Felipe González, en sus horas más bajas y acosado con casos de corrupción similares o peores que los actuales, solo perdió por unos 300.000 votos contra el Aznar que llevaba tres años diciéndole lo de "¡Váyase, señor González!".

Le entrevista no tiene desperdicio, pero solo me fijo ahora en la relación de medios periodísticos —de entonces, sin internet, ni redes, ni móviles— con el mundo judicial. Anson responde:

"[...] los medios reaccionaron atizando algunas situaciones. Ese fue el caso de los conflictos y el papel de la Justicia. Al atizar el fuego en ese sector se favorecía la erosión de Felipe González... así que se hizo. Fue una operación de acoso y derribo...".

En otro momento, Anson afirma:

"[...] Había que terminar con González, esa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro... pero era la única forma de sacarlo de ahí. No tanto por los posibles abusos que cometió, si es que lo hizo, sino por el riesgo de anulación de la alternancia".

La conclusión provisional es que, cuando el PP lleva demasiado tiempo sin controlar el poder —es decir, sin "mandar"—, está dispuesto a todo —como ayer dijo Feijóo —, y en ese todo está incluido todo lo que cada uno pueda imaginar y hacer —léase Aznar—; y, si tenemos en cuenta los antecedentes del PP en cuanto a dominio de esos resortes —ahora mismo se juzga la Kitchen—, hay que esperarlo todo y no precisamente todo legal, pues lo único legal que tiene a su alcance, la moción de censura, no la ejerce, y por algo será...

El nuevo sindicato del crimen está acosando nuestra democracia para imponernos SU democracia. Quieren eliminar al PSOE y a Pedro Sánchez. Quieren un PSOE domesticado, a las órdenes de un Felipe con problemas cognitivos sobre su propio pasado y su lacayo Page. Estamos avisados y tenemos la obligación de defenderlo con todos los medios legales a nuestro alcance. Defender ahora mismo al PSOE es defender la democracia tal y como la conocemos.

Si alguien quiere ampliar información, remito a la entrevista completa con Anson y al espléndido trabajo de Enric Juliana.

Post-scriptum.— En 1996 formaban parte del sindicato del crimen las siguientes personas, que a mucha honra siguieron enorgulleciéndose de la labor realizada y de las cuales algunas siguen aún vivitas y coleando:

Ramón Tamames; Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo; José Luis Gutiérrez, director de Diario 16; el sindicalista canario Justo Fernández, que ya se había enfrentado a González en el congreso socialista de Suresnes en 1974; el periodista Manuel Martín Ferrand, líder intelectual del grupo; Luis María Anson, entonces director del diario ABC; Antonio Herrero, brillante piloto de la tertulia matinal de la cadena Cope, propiedad del episcopado español; el radiofonista Federico Jiménez Losantos; Jaime Capmany, director del semanario Época, en el que González aparecía caracterizado como un vampiro ávido de la sangre de los contribuyentes; el sociólogo Amando de Miguel; el periodista parlamentario Víctor Márquez Reviriego, el más felipista del grupo; Pablo Sebastián, antiguo director del diario El Independiente, y el escritor Fernando Sánchez Dragó. ¡Ahí es nada! Esos eran los líderes visibles, pero judicialmente invisibles... Hay mucha tela que cortar aún, pero no seamos ingenuos.

Seguimos investigando.

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.

Múltiples perturbaciones, por Jordi Gracia.

Por una inteligencia colectiva. Cómo rescatar las imprentas digitales de Silicon Valley, por Ekaitz Cancela.

Perder la ilusión de la realidad, por Marta Peirano.

La prueba definitiva para el periodismo, por Ismael Nafría.

Lo que la IA no sabe hacer, por Raúl Novoa.

La IA no destruirá el periodismo, pero puede volverlo invisible, por Esther Vera.

Periodismo frente al expolio algorítmico, por Virginia P. Alonso.

Ríos voladores. La ruta migratoria del Darién, por Lina M. Moros.

El cante católico con toque integrista: Hakuna y el Opus Dei, por Miguel Saralegui.

Parábola de Jesucristo y Marc Giró, por Miguel Sánchez-Romero.

El caso Tucker Carlson, por Carlos C. Pérez.

Soledad Gallego-Díaz, maestra en ética periodística, por Xavier Vidal-Folch.

Obra en marcha. Meter a los amigos dentro de un libro. Poemas de Elisa Fernández Guzmán.

Historia privada de una fotografía. Patti Smith, la musa despeinada, por Ramón Reboiras.

Puedes leer los números anteriores aquí

La inteligencia artificial ya no pertenece a la ciencia ficción, ni es una nueva promesa de Silicon Valley; su papel ocupa un lugar central no solo en el mundo tecnológico, sino también en nuestra forma de informarnos, trabajar, pensar y relacionarnos con la realidad. Un lugar, además, muy inquietante cuyas ramificaciones y efectos en la comprensión del mundo solamente acaban de empezar. Ante este reto abrumador, el número de junio de TintaLibre se ha puesto manos a la obra para tratar de explicar a los lectores cómo la IA afecta y subvierte las reglas de lo que más nos duele: el periodismo.

El encuentro para presentar el nuevo número de TintaLibre, La IA y el periodismo profesional, tendrá lugar este martes 2 de junio, a las 19:00 h, en la Sala Azul del Espacio Ronda, situado en el centro de Madrid. El espacio cuenta con una capacidad máxima para 50 personas. Las socias y socios podrán asistir al acto previa inscripción a través de este enlace. ¡Y si no eres socio, pinchando aquí puedes remediarlo!

La presentación estará a cargo de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda centrada en el impacto y la irrupción de la inteligencia artificial. El encuentro, moderado por Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, buscará abrir un diálogo plural sobre cómo la IA está transformando la producción informativa, los modelos de negocio y la relación con la verdad.

El coloquio contará con la presencia de Ekaitz Cancela, escritor, investigador y editor, que en el número de junio esboza el diagnóstico del paciente colectivo de esta transformación imparable: “La imprenta digital de Google y Meta ha colonizado los últimos reductos de la vida democrática”. También intervendrá Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, que en la revista plantea un interrogante situado en el ojo del huracán: “Tal vez la pregunta decisiva no sea qué impacto tendrá la IA en el periodismo, sino qué periodismo queremos defender ante los retos tecnológicos”. La mesa contará, además, con la presencia de Marta Gesto, directora general de infoLibre y articulista en este medio precisamente sobre IA y nuestra relación con ella.

Este número incluye un emotivo homenaje in memoriam a Soledad Gallego-Díaz, en un texto de Xavier Vidal-Folch con el que TintaLibre recuerda su trayectoria y reivindica su compromiso con el rigor informativo y el periodismo.