El Partido Popular está viviendo su propio dejà vu con la dimisión de Carlos Mazón. El valenciano anunció su marcha el lunes, pero nadie sabe muy bien cuándo se irá ni quién le sustituirá —ni siquiera sus compañeros de filas—, aunque el nombre del actual portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aparece en todas las quinielas. En Génova la crisis valenciana ha generado un desgaste que ha arrastrado a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tras decidir mantener a Mazón en el cargo durante un año pese a su negligente gestión de la dana. Incluso ahora niega ser el artífice de su caída. Por su parte, en el PP valenciano la mayoría celebra —en privado—dejar atrás una agónica etapa, pero teme que se revivan las viejas pugnas en el partido y un futuro condicionado, más aún, por Vox. La salida a la crisis no será fácil ni estará exenta de movimientos internos para lograr el control del partido. 

La Comunitat Valenciana vuelve, así, a convertirse en el epicentro de los problemas del PP. Fue la misma que, en 2015, marcó el inicio del declive de la presidencia de Mariano Rajoy con los escándalos de corrupción que desahuciaron a los conservadores de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital. También fue la primera en pactar y aceptar un Gobierno de coalición con la extrema derecha tras las autonómicas de 2023, esta vez bajo el mandato de Feijóo, y con un Mazón al que Génova siempre ha culpado de frustrar las expectativas de su líder de alcanzar La Moncloa meses después. Ahora, los de Santiago Abascal están más fuertes y ya han anticipado que impondrán condiciones más duras.

El antaño feudo del PP, que gobernó veinte años ininterrumpidos en la comunidad, de 1995 a 2015, y veinticuatro en el Ayuntamiento de la capital bajo la batuta de Rita Barberá, fue también un símbolo de poder y caciquismo: el PP de las plazas de toros llenas, del derroche sin complejos, de televisiones manipuladas y obras faraónicas. Valencia aparecía como la tierra prometida que el Partido Popular predicó en tres provincias: Castellón, Valencia y Alicante. "El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo", llegó a admitir Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón, condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ese era el estilo PP.

Una forma de gestionar el partido y las instituciones que dio muchas victorias, pero también campañas electorales irregularmente financiadas, proyectos costosos con presupuestos doblados, proyectos fallidos como el aeropuerto de Castellón, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz y eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1. Y muchos casos de corrupción: Orange Market, Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Taroncher, Fabra, Nóos. Los escándalos alcanzaban todos los niveles, hasta el punto que tres de los cinco presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido han sido procesados: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Se salvan, de momento, Alberto Fabra y el citado Carlos Mazón, aunque si pierde el aforamiento podría ser imputado por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que ha solicitado hasta en dos ocasiones su declaración voluntaria.

El gran artífice de que el PP se convirtiera en una fuerza hegemónica en la Comunitat Valenciana fue fue Eduardo Zaplana. Fue él quien unificó en las siglas del PP a toda la derecha nacionalista española y quien, en ese proceso, logró fagocitar a Unión Valenciana, el principal partido de la derecha valencianista. Una formación que llegó a tener diputados en el Congreso, logró la presidencia de las Cortes Valencianas y varias carteras en el Consell gracias a más de 200.000 votos.

Originario de Cartagena, Zaplana supo hacer suyo ese discurso anticatalanista que tuvo tan buen predicamento en la cultura valenciana. El ascenso del partido en la Comunitat fue meteórico gracias al apoyo de José María Aznar, pese a que antes de ser candidato a la Generalitat y cuando era presidente del PP de Alicante, se vio envuelto en el primer escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro, con unas escuchas que finalmente fueron anuladas en el proceso.

En 1995 el PP consiguió con Zaplana sus mejores resultados en unas elecciones autonómicas, pero necesitó acordar con la citada Unión Valenciana para alcanzar la presidencia de la Generalitat, lo que después se conoció como el pacto del pollo por la forma de repartirse el poder: para el PP el Consell y para UV la presidencia de las Corts Valencianes. En 1999, Zaplana alcanzó su primera mayoría absoluta, aunque no llegó a acabar su mandato. Se le quedó pequeña la política autonómica y, en 2002, dio el salto al ministerio de Trabajo con el Gobierno de Aznar. Como sucesor dejó a quien había sido su mano derecha, José Luis Olivas —un caso que recuerda a la actual situación de Mazón y Pérez Llorca—, que ocupó el interregno de menos de un año hasta que en 2003 viniera el sucesor, Francisco Camps, con otra nueva mayoría del PP. Olivas fue recompensado con la presidencia de Bancaixa y del Banco de Valencia, ambos ya desaparecidos, y también fue condenado a año y medio de prisión por falsedad documental.

Zaplana fue una de las caras de la portavocía del Gobierno de Aznar tras los atentados del 11-M de Madrid, cuando se intentó vender que en la masacre yihadista había intervenido ETA. Tras la derrota del PP en esos comicios, pasó a la oposición como portavoz del PP de Mariano Rajoy y, tras completar una legislatura, en 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica. La sombra de corrupción siempre planeó sobre su figura y, años después de dejar la política, fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. 

Tras Zaplana y Olivas llegó Camps, que tampoco acabó su último mandato en la Generalitat. El Ayuntamiento de València fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la ex alcaldesa de València, Rita Barberá, cuando ella militaba en la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el Gobierno valenciano presidido por Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president. Allí se mantuvo Camps desde 2003 hasta 2011, en pleno boom inmobiliario. Fue también la época de los pelotazos urbanísticos, las facturas falsas, la duplicidad de gastos, el troceo de licitaciones para evitar el control administrativo y de la valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Todo ello con la complicidad de la Administración pública valenciana.

En su ascenso al poder, Camps fue dejando más de un enemigo por el camino. Uno de ellos fue su antecesor y mentor, el citado Zaplana, y le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos en la que penetraron con suma facilidad nombres como el Álvaro Pérez, alias el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo. Sin embargo, el expresident –que controlaba su partido al milímetro– consiguió sortear la corrupción pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado caso de los Trajes. En ese grupo de adeptos también estuvo el expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y principal cabecilla de la operación Taula, Alfonso Rus, al igual que la exalcaldesa de València, Rita Barberá, que murió por un problema hepático en 2016 y tras ser defenestrada por sus propios compañeros de partido.

Pese haber ganado con mayoría absoluta, Camps abandonó la Generalitat presionado por Mariano Rajoy, que sin embargo mantuvo hasta el final la "honradez" del valenciano. El expresident, que lleva meses tratando de volver a la primera línea de la política, presentó su despedida como "un sacrificio personal y político" para "no ser un obstáculo" en el camino de Rajoy a La Moncloa. Los pronunciamientos de Rajoy en los meses anteriores a la imputación del mandatario valenciano habían buscado arroparlo al calificarlo como un "político honrado" y un "extraordinario dirigente", e incluso llegó a decir que ambos eran "parecidos". "Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual", afirmó. El apoyo de Camps fue clave para que Rajoy se mantuviera en el poder en el congreso del año 2008 en el que Esperanza Aguirre amagó con dar la batalla contra él. Paradójicamente, Camps sobrevivió a la guerra con Zaplana y sus afines, pero no pudo convencer al hombre al que salvó de perder el control del PP.

La abrupta salida de Camps dio paso a Alberto Fabra, que no solo llegó a la presidencia de la Generalitat, sino que también heredó la del PP valenciano, con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio: sólo el grupo parlamentario que heredó ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado, entre ellos el caso Gürtel, el caso Cooperación y el caso Brugal. Fabra logró sortear los recelos de Rajoy a su candidatura y fue el cabeza de lista en 2015, pero las urnas pusieron fin a la hegemonía del PP en la Administración valenciana.

Durante esos años Barberá y Fabra mantuvieron una dura pugna por el control interno, sobre todo después que esta última llevara el timón durante los meses en los que Camps estuvo alejado mentalmente del Consell por sus problemas judiciales con la Gürtel. Finalmente fue Isabel Bonig la que se hizo con el puente de mando del PP valenciano tras la derrota electoral. Cuando llegó la caída de Rajoy en 2018 y se produjo el congreso nacional para elegir a su sucesor, ella apoyó de manera expresa a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, mientras otros cargos del PP, especialmente del alicantino, se decantaron por Pablo Casado. Entre ellos estuvo el propio Mazón, al que poco después Ciudadanos trató de fichar como candidato a la alcaldía de Alicante. Una oferta que provocó que el lugarteniente de Casado, Teodoro García Egea, le prometiera a Mazón la Generalitat a cambio de quedarse en el partido.

Hoy la situación interna del PPCV no es sencilla. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, aunque algunos cargos como Fabra, Esteban González Pons (portavoz del PP en Bruselas) y la alcaldesa de València, María José Catalá, no se circunscriben en ninguna de esas dos familias. Mazón, sin embargo, decidió premiar a los afines al primer president de la Generalitat bajo las siglas del PP. Y es que la trayectoria —y el ascenso político— del alicantino no se entendería sin Zaplana. Él fue quien nombró a Mazón director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Ahora el PP valenciano vive otro momento de transición y ya hay algunos que han pedido paso, como Vicent Mompó, que aspira a ser el próximo presidente del partido. Pero, como siempre sucede, será Madrid, es decir, Génova, quien tendrá la última palabra.

La Generalitat valenciana acaba de despedir a 37 inspectores de tributosdespedir a 37 inspectores de tributos que se encargaban de la gestión de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre el juego. Pero, al tiempo, la Comunidad Valenciana se gasta millones de euros cada año en pagar a los registradores de la Propiedad para que hagan ese mismo trabajo. En 2014 fueron 12 millones. Los registradores cobran un tanto por ciento del dinero que recaudan. En la Comunidad Valenciana era un 4% hasta 2013, cuando el Gobierno de Alberto Fabra, acuciado por las estrecheces económicas, recortó en un 24% las retribuciones a los registradores. Pretendía así ahorrar un total de 17,2 millones hasta 2017.

Pero no es la valenciana la única comunidad autónoma que paga a los registradores de la Propiedad y Mercantiles por gestionar los tributos cedidos por el Estado. En realidad, lo hacen todas menos Asturias, Baleares, Canarias y Murcia. Y desde hace mucho tiempo, desde 1959 al menos, cuando se les encargó por decreto la recaudación del impuesto sobre derechos reales, lo que ahora sería el impuesto de sucesiones. Sólo que con la cesión a las comunidades autónomas de un puñado de impuestos en 2001, cada una de ellas firmó su correspondiente convenio o encomienda de gestión con el colegio de registradores respectivo. Como queda dicho, se les paga un porcentaje de lo recaudado: el 5% en La Rioja, por ejemplo, aunque en Canarias llegó a ser del 8%.

Así, la Comunidad de Madrid pagará 38,6 millones a los registradores hasta 2019. Cataluña les compensó con 19,4 millones de euros en 2014, a razón de un 1,9% por los primeros 6,89 millones ingresados; un 1,5% hasta 13,8 millones, y el 1% por encima de esa cantidad. También se quedan con el 20,6% de lo que recaudan en concepto de liquidaciones complementarias y sanciones firmes. Andalucía llegó a pagarles 22,7 millones en 2010, aunque desde entonces ya les ha recortado en tres ocasiones los honorarios, la última el pasado mes de enero. No obstante, siguen llevándose el 5% de la recaudación.

infoLibre se puso en contacto con el Colegio de Registradores para obtener su punto de vista y apreciaciones sobre la actividad liquidadora que realizan. Sin embargo, no ha conseguido una contestación en la última semana.

En resumen, ingresan cantidades considerables si se tiene en cuenta que, en buena parte de las comunidades autónomas, las oficinas liquidadoras de los tributos cedidos que gestionan los registradores son las responsables de casi la mitad de la recaudación por este concepto. Según los informes anuales que elabora el Ministerio de Hacienda sobre la gestión de cada administración autonómica, en Andalucía recaudan el 43% de la cantidad ingresada por esos tributos, que asciende a 1.618,4 millones de euros; en la Comunidad Valenciana, el 55% de 1.241,7 millones.

Asturias asumió en 2009 las funciones de estas oficinas; Baleares lo hizo en 2010. Murcia y Canarias suprimieron sus convenios con los registradores en 2013. En todos los casos, el trabajo lo asumieron funcionarios de sus respectivas administraciones. No sin polémica en el caso canario, puesto que los registradores recurrieron los decretos del Gobierno de Paulino Rivero, que fueron anulados primero por el Tribunal Superior de Justicia y, en 2015, por el Tribunal Supremo.

Funciones incompatibles

En realidad, que los registradores de la Propiedad ejerzan de liquidadores de impuestos, además de resultar un trabajo caro, despierta suspicacias legales. En 2009, UPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se instaba a reconocer la “incompatibilidad” entre la función de registrador y de liquidador tributario. La Ley Hipotecaria prohíbe a los registradores ejercer cualquier otro “cargo o empleo público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos del Estado, de la provincia o del municipio”. Y si quieren realizar otra actividad deben obtener un permiso del Ministerio de Presidencia para que no se modifiquen ni la jornada de trabajo ni el horario de ambos puestos, que se prestan de cara al público. Además, no pueden percibir al mismo tiempo dos retribuciones, tal y como dispone la Ley de Incompatibilidades de 1984. Y de sumarse ambas remuneraciones, en ningún caso podrían ser superiores al sueldo de un director general.

Según explica la proposición no de ley, existe otro factor que convierte en “manifiestamente ilegal” la figura del registrador/liquidador. Los registradores cobran de los ciudadanos un arancel por registrar el “valor comprobado” de los bienes, y luego, como liquidador tributario, deben comprobar ese valor. Es decir, destaca UPyD, tienen un incentivo que “pone en riesgo su imparcialidad”.

Finalmente, cada Registro de la Propiedad tiene una competencia territorial exclusiva, por lo que, apunta la proposición parlamentaria, su titular ejerce la actividad de liquidador “en régimen de monopolio”. Lo que, a su vez, “desincentiva que los ciudadanos interpongan recursos contra las comprobaciones de valor”. La proposición no de ley ni siquiera llegó a ser debatida en la Cámara baja.

También ha resultado polémico el hecho de que las comunidades autónomas hayan otorgado a los registradores/liquidadores la capacidad de proponer sanciones, de las que, además, cobran un tanto por ciento. Y que el personal de sus oficinas maneje información tributaria pese a no ser funcionarios; son contratados por cada registrador, al que les une una relación laboral de Derecho privado. Hay unos 12.000 empleados de registros en toda España.

Deben cobrar el IVA cuando gestionan impuestos

Los registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pero poseen características especiales. A diferencia de los segundos, no cobran sus salarios de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sus remuneraciones proceden del arancel que cobran a los particulares. Dependen del Ministerio de Justicia cuando funcionan como tales, pero están integrados en su correspondiente administración tributaria autonómica cuando ejercen como liquidadores de impuestos.

Las peculiaridades de su figura se evidenciaron, por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en noviembre de 2009 que deben cobrar el IVA cuando ejerzan como liquidadores de impuestos. Los jueces comunitarios fallaban así en contra del Gobierno español, que sostenía que, como funcionarios públicos cuya actividad como liquidadores tributarios no tiene “carácter económico”, no debían estar sujetos al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, el TJUE dejó claro que las funciones de los registradores como liquidadores son retribuidas, no sólo con una compensación por las prestaciones que realizan, sino también con una contrapartida económica por encima del gasto que soportan. “Los registradores/liquidadores”, destaca el tribunal europeo, “no ejercen su actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho público, puesto que no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal”.

El caso es que, apoyados en esa doble condición –funcionarios asimilados a profesionales liberales–, los registradores no sólo gestionan tributos autonómicos, sino también municipales. Llevan años firmando convenios con ayuntamientos para liquidar y recaudar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la conocida como plusvalía municipal, que se paga en la compraventa de inmuebles. A cambio, suelen cobrar un 10% de la recaudación. Más de 250 ayuntamientos han firmado convenios de este tipo con los registradores. Otra fuente generosa de ingresos para el gremio.

El Senado es utilizado por los partidos políticos para ubicar a dirigentes en retirada o a los que se quiere apartar de la primera fila. Pero las formaciones con representación parlamentaria, que llevan décadas prometiendo reformas de esta institución que nunca llegan, niegan que sea así apuntando a que si otorgan escaños a expresidentes autonómicos o exalcaldes es porque van a ofrecer al Senado toda su experiencia y conocimiento en el ámbito territorial. ¿Tiene esto su reflejo en el día a día? En la corta XI Legislatura, y en lo que tiene que ver con el Partido Popular, el argumentario conservador contrasta con el trabajo de los exbarones a los que Mariano Rajoy dio cobijo tras el batacazo casi general de las municipales y autonómicas de hace casi un año. Su actividad ha sido nula.

Tras perder todas las mayorías absolutas en las comunidades autónomas y 2,5 millones de votos en las municipales, fueron varios los barones autonómicos que anunciaron que cedían el testigo a otros compañeros y que dejaban de ejercer la política en sus respectivos territorios. En respuesta, Mariano Rajoy autorizó a que fuesen propuestos como senadores por designación autonómica. Y así ocurrió con Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Alberto Fabra (Comunidad Valenciana), José Ramón Bauzá (Baleares) y Pedro Sanz (La Rioja). En el ámbito municipal el caso más conocido es el de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia. Todos ellos han integrado en esta XI Legislatura el Grupo Parlamentario Popular en el Senado junto a los parlamentarios que fueron elegidos en las listas de las generales del 20 de diciembre.

Las Cámaras se constituyeron el 13 de enero y desde esta fecha hasta su disolución para la convocatoria de elecciones el pasado día 2 todos ellos tienen en común haber presentado cero iniciativas. Así figura en la ficha personal que cada uno de ellos tiene habilitada en la página web del Senado. El caso de Rita Barberá es el mismo: en casi cuatro meses su actividad parlamentaria ha sido nula. Un hecho al que se unen algunas ausencias en el momento en el que estalló la operación Taula en el Ayuntamiento de Valencia.

Fuentes del PP en el Senado consultadas por infoLibre precisan que no existe ninguna directriz especial a la hora de repartir juego entre los parlamentarios y señalan que es el Consejo de Dirección del Grupo el que en su reunión semanal organiza los plenos y las iniciativas. Además, recalcan que la XI Legislatura ha sido muy peculiar por el momento de Gobierno en funciones en el que se ha desarrollado.

34 iniciativas del Grupo y de los senadores del PP

Según la información que facilita la Cámara baja la actividad del resto de sus compañeros de Grupo tampoco ha sido muy intensa en estos meses. En total, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado 24 iniciativas y senadores conservadores a título individual un total de 10. En el resto de formaciones la actividad ha sido superior. Tomando como ejemplo el Partido Socialista, en el mismo periodo, el Grupo Parlamentario registró 109 iniciativas y sus diputados 3.731.

Fue el pasado verano, cuando se conoció el desembarco de exbarones que Rajoy ideaba para el Senado cuando volvió a agitarse el debate sobre su utilidad y su necesaria reforma para, primero, ser una Cámara de representación autonómica y, después, deshacerse de su fama de cementerio de elefantes. Lejos de entrar al fondo del debate tanto PP como PSOE salieron a defender tanto PP como PSOEsu apuesta por que los expresidentes estén en el Senado agarrándose a su experiencia.

Un "plus"

Por parte del PP, el encargado de defender la valía de sus compañeros que estaban a punto de aterrizar en el Senado fue el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando. Dijo que la "experiencia" de los expresidentes autonómicos era un "plus" que había que aprovechar. "Me parece chocante que se cuestione que una persona que ha sido mayoritariamente votada por sus ciudadanos no pueda estar en el Senado", consideró. En definitiva, que el debate era "absurdo".

En esta XI Legislatura esa "experiencia" de la que hablaba Hernando no ha quedado plasmada en ninguna iniciativa de las registradas en el Senado.

El "plus" de las comisiones

Los expresidentes autonómicos que Rajoy ubicó en el Senado tras las elecciones de mayo de 2015 no son rasos. Todos ellos presiden una comisión, unos órganos que, según reconocen en el propio PP tampoco han tenido una actividad normal por lo reducido de la legislatura. Pese a esto, todos ellos y el resto de senadores que han ostentado la presidencia de una comisión han sumado a su nómina un plus por este concepto de 1.431 euros mensuales. 

A algunos senadores del PP les ofendió el hecho de que Rajoy premiara a sus exbarones con una presidencia de comisión además de con el escaño.

El caso de Barberá es diferente. No recibió el premio de una presidencia de comisión. Pero sí el de integrar la Diputación Permanente del Senado, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. En la práctica, pese a la disolución de la Cámara continúa aforada, lo que supone un blindaje extra ante una posible imputación.

Por ello, considera, según señaló en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, que Barberá debe "dar la cara" y explicaciones a la ciudadanía. Le pidió también que "dé un paso atrás" para que "el PP pueda seguir avanzado y generando confianza" aunque matizó que es "importe" respetar la presunción de inocencia.

Preguntado por si él fuera Barberá renunciaría, replicó "yo no soy Barberá". Al respecto, señaló que cuando fue presidente en "una época complicada", con 11 imputados en las Corts, mantuvo "el criterio" de que "la responsabilidad política debe estar distanciada de lo que es la responsabilidad judicial".

En ese sentido, argumentó que los políticos deben "generar confianza" y "en el momento en el que hay momentos de duda lo mejor es que esa persona dé un paso atrás y que el PP pueda seguir avanzado y generando confianza a los ciudadanos". "Cualquier persona que pueda entorpecer esa generación de confianza debe dar un paso atrás", insistió.

Fabra relató que habló con Barberá "al principio" y le preguntó "como compañero, cómo estaba y si ella tenía algo que decir". "No tengo nada y hará las declaraciones cuando lo estime oportuno", aseguró Fabra que dijo la exalcaldesa.

Al respecto, consideró que "hay que dar la cara. Esa es nuestra obligación", recalcó. Preguntado por el hecho de que Barberá no esté dando la cara, contestó: "yo creo que hay que hacerlo, hay que dar explicaciones siempre y luego que la gente juzgue si está de acuerdo con tu planteamiento o no".

Fabra insistió en que el partido es "un proyecto muy grande y se ha avanzando mucho cortando aquellas personas que entendían que la política era un lugar donde podían tener un beneficio particular. Por ello, consideró que si Barberá tiene "mucha experiencia, ella entenderá y sabrá lo que debe hacer".

Asimismo, consideró que el PP ha sido "sensible" con la situación por la que "vive" Barberá ya que aunque la devolución del acta de senadora es "una cuestión personal" señaló que ahora ya no es presidenta de la Comisión constitucional y sólo es vocal de dos comisiones porque los senadores tienen que ser vocales". "No tienen ningún protagonismo", recalcó.

Además, explicó que ella está amparada por el hecho de ser senadora territorial no por el hecho de estar en la Diputación Permanente. Insistió en que el partido "actuará" cuando el juez pida un suplicatorio para Barberá ya que, recalcó, "que sea senadora no quiere decir que sea impune". "Lo cierto es que más allá de las sospechas y de las dudas de que todo su entorno está siendo investigado, a ella no se la ha pedido nada ni por parte del juez ni por parte de la Policía", ha apuntado.

"MENOSPRECIO A LA POLÍTICA"

Preguntado por si con sus líneas rojas se ganó enemigos como el exvicealcalde de Valencia, procesado en el caso Nóos, ha comentado que "no fueron momentos fáciles" los que se vivieron en la Comunitat Valenciana con personajes como Alfonso Grau que "hacían un menosprecio no a lo que yo pudiera decir sino a la dignidad de la política y a los ciudadanos".

Fabra ha apuntado que "nadie se puede sorprender" de los resultados electorales que consiguió el PP en las pasadas elecciones autonómicas y ha recordado que "había personas que no podían entender que pudiéramos cambiar el paso en cuanto a exigir un mayor limpieza en el partido".

Al respecto, ha explicado que los estatutos del partido establecían que se actuaría cuando hubiera un sentencia firme mientras que ahora estábamos hablando de tomar medidas cuando haya una investigación o una imputación. "El cambio se produjo en la Comunitat Valenciana porque la situación era extraordinaria de origen", ha señalado.

Por eso, ha recordado que se expulsó al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus "cuatro días antes" de las elecciones tras las conversaciones en las que presuntamente salía contando dinero. Preguntado por si Rus era su "gran" enemigo y "gran amigo de Barberá, ha comentado: "yo no quiere hablar de amigos ni de enemigos porque en política uno está porque quiere", ha apostillado.

El dato, que abre nuevas incógnitas sobre el manejo que el PP hizo de las cuentas públicas valencianas durante sus 20 años de mandato, había permanecido en la sombra hasta ahora. Pero ha podido ser rastreado por infoLibre después de que el nuevo gobierno de la Generalitat, conformado por socialistas y Compromís con el apoyo externo de Podemos, publicase la semana pasada en su web el detalle de los gastos de la caja fija del último cuatrienio.

Regulada por un decreto vigente desde 1998, la caja fija es la provisión de fondos permanente de que disponen las consejerías valencianas para atender con gran rapidez pagos que corresponden a gastos de carácter periódico o repetitivo, "en particular los referentes a dietas, gastos de locomoción, material, conservación y mantenimiento, o cualquier otro gasto de similares características". Y, según las fuentes pulsadas por infoLibre en la Generalitat valenciana, los gastos de publicidad tienen en principio difícil encaje en ese cajón de sastre.

Los gastos de la caja fija no requieren fiscalización previa. Y dado que la inmediatez del pago constituye un factor esencial, el listado divulgado ahora solo consigna la fecha en que quedó registrada la factura, pero no aquella otra en que se pagó. "Se supone que entre la llegada de la factura y el pago transcurren como mucho dos o tres semanas", explican fuentes de la Conselleria de Transparencia valenciana.

Las mismas fuentes recalcaron en conversación con infoLibre que el hecho de que el Gobierno del conservador Alberto Fabra abonase casi medio millón de euros con fondos de la caja fija en vísperas de unas elecciones generales "no parece muy regular".

Y calificaron igualmente de "irregular" que en la lista aparezcan al menos 41 facturas emitidas entre febrero de 2009 y septiembre de 2010, es decir, hasta dos años y medio antes de su pago con cargo a la caja fija. "Cabe la posibilidad de que la Generalitat acordase un sistema de pagos diferidos con medios de comunicación y agencias", sugieren los expertos sondeados por este diario. 

"No conocemos la explicación –admite un alto cargo– porque la relación de facturas abonadas no especifica en qué consistió cada trabajo, y eso solo sería posible saberlo si algún grupo parlamentario pidiera información sobre el asunto de forma expresa".

Los expertos consultados en el Ejecutivo valenciano resaltan que, por su propia naturaleza, la estructura de la caja fija permite camuflar pagos que en realidad se corresponden con contratos fraccionados que deberían haberse otorgado previo expediente administrativo.

Por ejemplo, el decreto que regula la caja fija prohíbe realizar con sus fondos "pagos individualizados" superiores a 12.000 euros. Y si superan los 6.000, la Generalitat debe solicitar tres presupuestos. Pero la lista divulgada ahora apunta a que el coste de los servicios fue fraccionado en distintos casos. Hay ejemplos de cómo un solo proveedor emitió distintas facturas el mismo día o en fechas muy próximas entre sí.

La relación de facturas muestra cómo de los 464.000 euros de la caja fija destinados en total a publicidad y propaganda entre julio de diciembre de 2011 y diciembre de ese mismo año, solo 21.000 euros distribuidos en 22 facturas sirvieron para cubrir el coste de las disposiciones y anuncios insertados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto del dinero fue a parar en un elevado porcentaje a medios de comunicación valencianos o a las delegaciones autonómicas y locales de medios de ámbito nacional.

La Sindicatura de Comptes ya ha alertado en distintas ocasiones del descontrol que afecta a los gastos de la caja fija. Los tres partidos que sustentan al Gobierno valenciano y Ciudadanos se han declarado partidarios de limitar por ley el importe total adscrito a esa bolsa de fondos públicos.

El vicesecretario de Ideas, Principios y Valores del PPCV, Luis Santamaría, ha denunciado este viernes un "oscurantismo" organizativo en torno al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya que asegura que en el área de Presidencia hay actualmente adscritas 178 personas en puestos de confianza, con un coste de 8.196.264 euros, mientras que en la época de Alberto Fabra la cifra era de 45, con un coste de 2.104.709.

Los conservadores, que hablan tanto de subsecretarios como directores generales, jefaturas de servicio y personal eventual, incluyen en ese listado a la Abogacía de la Generalitat y a otras áreas que en el actual gobierno se han adscrito a Presidencia como la Agencia de Turismo o Emergencias.

Santamaría ha expresado la "enorme preocupación" del PP porque el Consell esté haciendo de la administración pública un "cortijo" para aumentar la "red clientelar" tanto de PSPV como de Compromís y ha atribuido la "inflación" orgánica a la "batalla" entre Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, por la "supremacía" y por el "choque de trenes o rivalidades políticas que deriva en el que Palau de la Generalitat se parezca más al Kremlin que a una organización administrativa".

En una rueda de prensa junto con la coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, para hablar de cuestiones de actualidad política, Santamaría ha denunciado que se ha convertido a la administración en "una especie de territorio de purgas" y un "campo de batalla" entre Puig y Oltra. En esta línea, ha asegurado que desde el verano más de cien personas están "en casa" en expectativa de destino, una situación que ha calificado de "enormemente grave".

"Disparar el revólver"

Según los datos de Santamaría, entre el 30 de junio y el 20 de octubre se han registrado 117 ceses en subdirecciones generales y jefes de servicio y 85 nombramientos. De los ceses, ha indicado que los consellers que "más han disparado el revólver" han sido Presidencia, con 23 ocasiones; Vicepresidencia, con 12; Educación, con 22; Economía, con 14; Sanidad, con 12; Hacienda, con 10 y Vivienda con ocho. También se ha cesado a 20 interinos en Agricultura y a otros 30 en el Servef.

De los nombramientos, ha manifestado que 85 han sido por comisión de servicio y adscripción provisional, pese a que deberían haber sido por libre designación. Así, según ha dicho, se han hecho "sin publicidad y sin concurrencia" pública y, por tanto, sin que los nombres hayan salido publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Por ello, ha denunciado que ha habido "bastante revanchismo" en los ceses y "opacidad" y "oscurantismo" en los nombramientos, con algunas personas de las que han sido designadas que formaron parte en las pasadas elecciones municipales en las listas de PSPV y Compromís.

Según Santamaría, esta "preocupación" también ha sido expresada por la Unión Sindical Obrera, en concreto en torno a los cuerpos docentes, UGT o CCOO.

"Se está instrumentalizando enormemente la administración de la Generalitat", ha dicho, y ha criticado también que se va a abrir los puestos de libre designación a funcionarios municipales, que estarán por encima de los de la Generalitat.

El Gobierno valenciano ve "delirantes" los datos del PP

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mònica Oltra, ha asegurado que el Consell gobernado por PSPV y Compromís ha reducido un 30% su personal eventual, lo que ha supuesto un ahorro anual de unos 600.000 euros. "No sé de dónde habrá sacado esos datos delirantes el PP, pero no se corresponden con la realidad", ha indicado.

Mònica Oltra ha respondido en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell que esos datos "no son verdad" y ha asegurado que el Consell actual ha disminuido un 30%, con un ahorro anual de 600.000 euros, el personal eventual respecto al anterior Gobierno del PP.

Asimismo, la vicepresidenta ha denunciado "una manera de contrataciones perversas que hacía el Gobierno del PP de falsos autónomos contratados, que hacían de personal eventual o trabajos para el PP". "Con eso se está acabando", ha resaltado.

El senador y ex presidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra ha modificado la declaración de bienes y rentas que presentó en la Cámara Alta y ha comunicado que el año pasado cobró 77.082 euros por su cargo en el Gobierno autonómico, así como que pagó a Hacienda 19.332 euros de IRPF.

Fabra presentó su declaración en agosto tras tomar posesión del escaño como senador autonómico por la Comunidad Valenciana. En ese primer documento dejó en blanco la casilla de los ingresos de 2014 y de la cantidad pagada de Renta. El expresidente ha corregido el olvido y ha declarado ambos conceptos.

El resto de la declaración no ha variado. Fabra ha comunicado que tiene dos pisos, uno comprado en pleno dominio en el año 2000 en Puertomingalvo (Teruel) y otro adquirido al 50% en 2008 en Castellón, así como una plaza de garaje en esta misma ciudad.

Además, declara 40.000 euros en cuentas corrientes, un préstamo de 367.377 euros del que le quedan 239.000 euros por pagar, un coche y una moto, ambos comprados en julio una vez que dejó de ser presidente de la Generalitat Valenciana.

Fabra fue elegido senador autonómico por las Cortes Valencianas tras perder la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. Una vez en el Senado, el PP le ha incluido en la Diputación Permanente, como suplente, y le ha dado la vicepresidencia primera de la Comisión de Fomento.

El Comité Ejecutivo del PP de la Comunidad Valenciana han elegido a Isabel Bonig como nueva presidenta de la formación regional 'popular' en sustitución de Alberto Fabra, que ha renunciado al cargo, según informa Europa Press. El anuncio ha sido emitido por el vicesíndic del PP en las Corts a través de su cuenta de Twitter, en la que da la enhorabuena a la nueva líder de la formación.

Isabel Bonig, de 45 años y natural de Castellón, fue consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el Gobierno de Alberto Fabra y actualmente desempeña el cargo de portavoz adjunta en las Corts Valencianes. Bonig quedó fuera del comité electoral que designó Alberto Fabra el pasado mes de febrero de cara a las elecciones autonómicas, tras lo cual fue nombrada coordinadora regional del partido.

La nueva líder del PP valenciano se define a sí misma como "orgullosa de ser de derechas, del PP, española y valenciana". 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se mostró convencida de que Bonig será una "magnífica" presidenta porque es una mujer "valiente, inteligente y con convicciones" y "dirigirá el partido de una manera "muy acertada". Según Cospedal, la propuesta de Bonig como presidenta ha sido "consensuada y compartida" por las direcciones provinciales del PP en la Comunitat.

No son los únicos escándalos que salpican nuevamente al PP:

Y que tienen "abochornados" a algunos miembros del partido:

El PP de la Comunidad Valenciana tampoco se queda al margen de la trama corrupta, razón por la que Alberto Fabra ha dejado la presidencia del partido, no así su cargo de senador. Y es que supuestamente su Administración era un filón en este entramado de adjudicaciones irregulares.

Hubo un tiempo en que se podía viajar de punta a punta del País Valenciano sin abandonar el azul del Partido Popular sobre el mapa. Fueron 20 años, de 1995 a 2015, de intenso lifting económico. El territorio se vació por dentro y se abultó por la costa. El dios era el ladrillo y su altar el andamio. En su nombre se celebraron carísimas carreras de coches y barcos y se edificaron aeropuertos sin uso con la creencia de que un día llegarían los aviones. Tierra, mar y aire, valenciano se convirtió en sinónimo de sofisticado, ufano y codiciable. Pero tras el humo de la traca solo quedaron los luminosos de la verdad, que como dice Joan Manuel Serrat, “nunca es triste”, “lo que tiene ese remedio”. Eran los neones de Gürtel, Brugal, Nóos o Valmor, destellos del valencian way of life o la más perfeccionada máquina de la corrupción. Quedó al descubierto que la locomotora valenciana corría más porque el combustible estaba trucado y que el milagro económico consistía en pintarle unos ceros a los documentos oficiales.

Y así dos gobiernos casi al completo pasaron por el banquillo de los acusados, incluido su presidente, Francisco Camps. Y tres altos cargos, de momento, ya están en prisión: Rafael Blasco, Carlos Fabra y Pedro Hernández Mateo. La altura artificial alcanzada generó una increíble velocidad de caída. Es como esos sueños en los que uno se siente devorado hacia el precipicio y despierta de golpe, empapado por un miedo indefinible. Ese vértigo, en Valencia, supuso un cambio de régimen. En una sola noche, la del pasado 25 de mayo, el PP perdió 20 años de poder. De aquella cartografía netamente azul solo quedan las diputaciones de Alicante y Castellón. Y Orihuela y Benidorm como únicos ayuntamientos con más de 50.000 habitantes.

Mientras tanto, los principales referentes ya han iniciado la retirada. Alberto Fabra y Rita Barberá recibieron esta semana su acta para el Senado, institución donde los políticos digieren su Waterloo en la urnas. Fabra, además, anunció este sábado, por sorpresa, que durante la próxima semana dimitirá como presidente regional, cargo desde donde pretendía tutelar la transición regional hasta el congreso de 2016. Un reclutamiento de estricta observancia interna para recomponer filas con la misión inminente de las elecciones generales de fin de año. Pero, ¿quién queda? ¿quiénes son los líderes del PP valenciano? Sin sastre que borde los trajes a medida, el mapa de la derecha valenciana aparece zurcido de costurones.

Valencia. A las órdenes de la “dama de hierro”

En el Partido Popular todos dan por hecho que Isabel Bonig, secretaria general de la formación regional, sustituirá en los próximos días a Alberto Fabra. Su nombre ya sonó para encabezar las lista a la Generalitat en sustitución de un Fabra a quien jamás se le consideró un paladín con demasiados bríos. En cambio, Bonig es impetuosa, lenguaraz y “muy de derechas”, tal y como a ella misma le gusta definirse. Se la conoce como la Tatcher o “la dama de hierro” valenciana. Aunque su familia es de fuertes convicciones socialistas, Bonig militó desde joven en Nuevas Generaciones. Y en 2007 consiguió la mayoría absoluta en su localidad, la Vall d'Uixó (32.000 habitantes). Un mayoría que repitió en 2011 e, inmediatamente, fue nombrada consejera de Infraestructuras.

A Bonig le han encargado levantar la moral de un tropa en descomposición, aunque como manda la inmediata historia del PP aborigen, tampoco se libra de la sombra de las presuntas corruptelas. Se trata de Vaersa, empresa pública vinculada al medio ambiente y que también sufrió las mordidas de la Gürtel en forma de contrataciones a Orange Market. Pero el lastre más pesado los representan los ex directores Enrique Simó y Fernando Espinosa, imputados por un supuesto delito de malversación tras la compra millonaria de todoterreno y asesorías externas fuera concurso. Sin embargo, ambos cuentan con “el apoyo y la confianza” de Bonig.

Otra candidata al PP valenciano, aunque con menos apoyos, es María José Catalá, ex consejera de Educación y ex portavoz del Consell. Es la principal apuesta de un Fabra con poco margen de maniobra en Génova, donde opositores como Rita Barberá o José Ciscar cuentan con mayor influencia. Otros rostros visibles son los de Vicente Betoret en substitución de Alfonso Rus al frente del PP provincial después que éste fuera suspendido de militancia por el escándalo del caso Diputación. O Juan Carlos Moragues, ex consejero de Hacienda, quien suplió a Serafín Castellano como Delegado del Gobierno cuando éste quedó también sin carnet por, presuntamente, beneficiar a una empresa amiga cuando era titular de Gobernación. Finalmente, en la ciudad de Valencia, no existe cabeza visible, ya que Rita Barberá ha dirigido el PP municipal con tal personalismo durante 24 años que no ha dejado ni un solo hueco para herederos.

Alicante. Ciudadanos marca el camino

En la provincia de Alicante el referente de circunstancias es César Sánchez, alcalde de Calp (23.000 habitantes), presidente de la diputación y delfín de José Ciscar, ex vicepresidente del Consell. Precisamente era Ciscar quien optaba a ser presidente del ente provincial, pero fue vetado por Ciudadanos tras exigir una “renovación política”. Entre las bambalinas está la enemistad personal entre Ciscar y Edmigio Tormo, diputado provincial de Ciudadanos. Tormo fue en su día concejal del PP en Elche y persona de confianza de José Joaquín Ripoll, ex líder zaplanista e imputado en Brugal, con quien Ciscar mantuvo un dura batalla por el poder territorial. La exigencia de Ciudadanos obligó a renunciar a Císcar, para quien “el partido está por encima de las personas”. Sánchez, propuesta de consenso, ha sido diputado autonómico durante dos legislaturas y forma parte del sector cristiano en su día capitaneado por Juan Cotino.

Castellón. Desmontando a Carlos Fabra

Es el territorio donde el dominio del PP es más claro. La diputación sigue gobernada por Javier Moliner, heredero en su día de Carlos Fabra y reconvertido en enemigo público tras la caída del viejo jerarca. De hecho Fabra presumía públicamente de no conocerle y de haberle retirado el saludo. Moliner, de perfil suave y moderado, se ha dedicado a desgajar la red clientelar de su predecesor, que llegaba hasta la cúpula de la diputación. Solo recientemente Moliner consiguió deshacerse de Francisco Martínez, mano derecha de Fabra e imputado por un asunto turbio en un recalificación de terrenos para la construcción de un depuradora en Borriol. Y también ha sido rocambolesco el episodio de la caída de Esther Pallardó, novia de Carlos Fabra y ex vicepresidenta de la diputación, quien intentó limar el poder de Moliner creando perfiles falsos en facebook para desacreditar su labor política y fomentar una corriente contestataria. Por todo ello acabó expulsada. Ahora se dedica a diseñar camisetas con ilustraciones del Juan Ripollés, autor de la escultura de Fabra por 300.000€ en el polémico aeropuerto de Castellón. Pura chanza y surrealismo. Quizá por eso todas la prendas de Pallardó llevan impresos mensajes “sobre la felicidad y el buen rollo”.

El presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, anunció este sábado que presentará su renuncia a la Presidencia del partido en la próxima Junta Directiva Regional, que se celebrará la semana que viene, para que sean otras personas quienes "defiendan lo que tiene que ser el nuevo modelo de PP" en la Comunitat Valenciana.

Así lo manifestó Fabra en declaraciones a los medios en la Jornada Política #MésaPPertura que celebró el partido en Valencia, donde precisamente realizó este anuncio.

"Nos enfrentamos dentro de unos meses a unas elecciones tremendamente importantes no sólo para la Comunitat Valenciana, sino para toda la sociedad española y el partido va a estar preparado; entiendo que ciertas personas entre las que me incluyo hemos hecho un servicio al partido, pero ahora han de ser otras las que estén al frente", dijo.

Según explicó, dejará el cargo con el "espíritu de hacer las cosas fáciles, de servir todavía al partido" desde la responsabilidad que tiene como senador y, por ello, ayudará al PP "allá donde esté".

"Todos debemos generar ese gran sentimiento de partido, defendiendo unos principios y unos valores, y haciendo que nos identifiquemos más con la sociedad valenciana: ese tiene que ser el compromiso del partido en los próximos meses", recalcó.

Así, recalcó que, más allá de su cargo como senador, será un militante más "empujando desde atrás para que el partido pueda tener el mejor resultado posible". A su juicio, lo importante es tener presente que "la opción del PP de centro derecha sigue siendo la mejor para poder defender los intereses de la Comunitat Valenciana y de España". "Y desde cualquier responsabilidad voy a estar empujando y ayudando a que mis compañeros puedan tener mejor resultado", insistió.

Niega haberse sentido presionado

Preguntado sobre si se ha sentido presionado para tomar esta decisión, Fabra dijo que no y recalcó que "si ha habido algo ha sido comunicación" tanto con la dirección nacional del partido como con el resto de barones provinciales "para poder llegar a un consenso" donde "gane el partido" y todos, "sin ningún tipo de resquemor", puedan generar la imagen que el PP necesita para conseguir mejores resultados.

"El PP de la Comunitat Valenciana tiene que ofrecer la mejor imagen y las personas que hemos tenido una responsabilidad tenemos que tener esa generosidad de dar un paso atrás y hacer que otros puedan dirigirlo", concluyó.

La Guardia Civil sospecha que empresarios relacionados con la trama Púnica estaban dispuestos a financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano para las elecciones del pasado mes de mayo. El Grupo de Delitos contra la Administración del Instituto Armado detectó dos conversaciones del constructor David Marjaliza que apuntaban a que pretendían entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.

Según se desprende del sumario de la operación Púnica, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes precisaron, en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que si se confirmaba el contenido de las llamadas telefónicas se estaría "ante un caso de financiación irregular de partidos políticos" con la participación de "personas de especial relevancia en la Comunidad Valenciana".

Los agentes suponen que la trama había iniciado "contactos con autoridades públicas" y agregan que en esos encuentros "pudiera producirse un concierto para la adjudicación de contratos de antemano a cambio de financiación de una campaña política".

En la primera de las conversaciones Marjaliza habla con otro de los empresarios imputados en la trama, Alejandro de Pedro. Este último comenta que se reunió el 19 junio de 2014 con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro del PP. De Pedro dice también a Marjaliza que tiene previsto reunirse la siguiente semana con el presidente de la Comunidad Valenciana, en esas fechas Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña".

La Guardia Civil no concreta si ese encuentro llegó a producirse. "A juicio policial del contenido y tono de la conversación puede deducirse que en la reunión que tiene previsto mantener con el presidente, dado que le van a reclamar para la campaña (previsiblemente la campaña para las elecciones que se celebrarán en 2015) va a solicitar como contrapartida la adjudicación de contratos", dice en su informe.

"Tema de campaña"

Según la transcripción de la conversación, De Pedro dice a Marjaliza: "Voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene si no pasa nada, ¿vale?. Una de las ideas que se me han ocurrido es que, como él ahora me va a pedir tema de campaña".

En ese punto, Marjaliza le corta para advertirle que no trate ese tipo de cuestiones por teléfono. "Lo hablamos pero no por teléfono que es mejor, lo hablamos bis a bis", le dice.

Unos minutos después Marjaliza habla con alguien identificado como Alfonso y ambos se refieren a la misma publicación de concursos en Elche y Calpe. Alfonso afirma: "apalabraíllo teníamos de los siete, uno seguro y dos bueno". "De dicha afirmación parece deducirse que tendrían comprometida la adjudicación de un procedimiento público de contratación", indica la Guardia Civil.

Durante los últimos días la prensa española se ha hecho eco del uso dado al Senado como destino de expresidentes autonómicos o alcaldes, así han encontrado acomodo en él los populares Rita Barberá, José Ramón Bauzá, Luisa Fernanda Rudi o Alberto Fabra, donde coincidirán con sus compañeros de partido Pedro Sanz o Juan José Lucas, así como con los socialistas Marcelino Iglesias, José Montilla, Francesc Antich o Joan Lerma, a todos ellos se les asignan sueldos superiores a los 60.000 euros, más otras prebendas como gastos de desplazamiento, dietas, smartphones, tabletas, portátiles, etc… al margen de mantener algunos de sus privilegios de su etapa de presidentes (otro sueldo, coche oficial, chofer, etc…). El costo agregado para el erario público del Senado se eleva a 52 millones de euros y la utilidad de la institución no parece conectar con las necesidades reales de los ciudadanos, ni de la sociedad española, a lo cual tampoco ayuda este sistema digital de designación con aires de prejubilación dorada.

Pero el Senado no es el único caso de asignación de privilegios en clave de casta, ¿qué son sino los consejos consultivos autonómicos?, en España hay tantos de ellos como Comunidades Autónomas, ocupados por ciento veintiocho integrantes nombrados digitalmente por propios y cuyo presupuesto agregado es de 31 millones de euros.

¿Tiene sentido en un Estado autonómico, como el español, con, además, más de 8.000 ayuntamientos, que sigan existiendo las Diputaciones Provinciales?, en España hay 41 y su presupuesto anual supera los 6.000 millones de euros, lo cual supone cuatro veces el importe del anticipo del ajuste fiscal anunciado por Rajoy desde el uno de julio. Pero es que además su funcionamiento ha perpetuado, hasta nuestros días, el sistema caciquil del siglo XIX, ya que sus responsables son elegidos por los concejales de los ayuntamientos agrupados en cada una de ellas, con lo que sucede que el elegido es el presidente provincial del partido de turno, ello explica casos como el de Alberto Fabra en Castellón, donde ya su abuelo ocupó ese mismo puesto en 1874. No es menor el detalle de la gran incidencia de casos de corrupción que han sucedido en relación a estos entes.

Una de las reformas que más necesita el Estado español es el aligeramiento de estructuras, buscando eficacia en la gestión, ese será uno de los retos del próximo Gobierno, en este momento de necesaria regeneración democrática. Valorar adecuadamente la necesidad de que el Senado exista, o no, así como los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales e, incluso, las delegaciones del Gobierno es más que necesario, porque el ciudadano medio sólo ve en esos entes instrumentos para repartir privilegios desde el poder entre los del propio linaje; definición, según la RAE, de casta.

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

Ya, resulta incoherente por mi parte generalizar después de haber criticado una generalización. Lo confieso: me siento condicionada, a la par que fascinada, por la avalancha de expresidentes/as de comunidades autónomas o alcaldes/as que, perdido el apoyo en las urnas, son agraciados con un sillón en la cámara territorial, en plan premio de consolación:

Presentador: ¡Ya no presidirás la Comunidad!

Público: Ohhhhhhh...

Presentador: Pero te llevas...

Concursante: ¿Un apartamento en Torrevieja, Alicante?

Presentador: ¡Mucho mejor! ¡Un puesto en el Senado!

Concursante: ¡Tomaaaa!

(Aplausos y vítores)

Los últimos agraciados: Rita Barberá, Luisa Fernanda Rudi, Alberto Fabra, Pedro Sanz y José Ramón Bauzá, que se suman a otros como José Montilla, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Francesc Antich. Hay tanto “ex” en el Senado que aquello parece eDarling.

La Cámara Alta se ha convertido en una especie de Cocoon institucional. Cocoon ¿recuerdan la peli? Es la historia de unos ancianos que conviven en una residencia y que, al contacto con unos capullos extraterrestres, rejuvenecen y se vienen arriba.

Si se están preguntando ustedes quiénes son los capullos que les dan la vida a sus señorías en el caso del Cocoon senatorial español, les recuerdo que tener la cámara abierta y a nuestros senadores bien cuidados y atendidos, con sus dietas y sus viajes –que no les falte de ná– nos cuesta más de 50 millones de euros. Han acertado, los capullos somos nosotros.

Hay una pregunta que pulula en el ambiente desde hace tiempo y que flota junto con otras cuestiones trascendentales que nunca logra responderse el ser humano: ¿A qué huelen las nubes? ¿Papá, por qué somos del Atleti?

La pregunta es:  ¿Es necesario el Senado?

Sobre el papel suena bien: la Cámara Alta es un órgano de reflexión y de representación territorial. Sirve para reconsiderar las decisiones que se toman en el Congreso y para dar voz a los territorios y propiciar la coordinación entre poder central y autonómicos.

Pero ¿cumple realmente con estas funciones?

(En este momento pasa una bola de paja rodando)

Bien. Dejemos a un lado la pregunta principal y no nos hagamos sangre con la duda de cómo pueden sobrevivir países como Suecia, Noruega o Dinamarca sin Senado, esos locos vikingos...

Vayamos a la subpregunta que nace de la cuestión principal: En caso de que esta cámara sea justa y absolutamente necesaria, ¿de verdad hacen falta tantos senadores?

Por comparar, en Estados Unidos, el país de las camas King Size, las hamburguesas de una libra y las camisetas XXL, tienen cien, dos senadores por Estado. En España doscientos sesenta y seis.

- Soy español ¿a qué quieres que te gane?

- ¡A número de senadores!

- Hala, has palmao.

- Mierda.

Otra pregunta reconcome al paisanaje... ¿De verdad quiénes componen el Senado por designación autonómica, son los mejores para el puesto?

No sé si será de malpensados, retorcidos y suspicaces seres malignos sospechar que, vistos los títulos de crédito de la peli de estos años, en ese casting tienen muchas papeletas para conseguir el papel los actores que encajan en alguna de estas categorías:

a) Tienen una edad que les impide ejercer la política activa.

b) Reciben el premio a los favores prestados en un partido.

c) “Necesitan” un complemento económico para otra actividad.

Repreguntamos: ¿De verdad han hecho méritos suficientes para ocupar tan cómodos sillones en los que se han dormido legendarias siestas?

La defensa es clara, quienes han gobernado una Comunidad son quienes mejor conocen las necesidades de su territorio. Pero, si las conocían tan bien ¿por qué lo hicieron tan mal? Se han dado casos...

Ahora que lo pienso, lo de ocupar el sillón es relativo, si medimos la imagen pública del Senado por ciertas fotografías que vemos en la prensa, la Cámara sería el perfecto ejemplo de oxímoron: PLENOS VACÍOS.

De vez en cuando, algún periodista publica una foto del Hemiciclo deshabitado y produce más desasosiego que la Gran Vía en Abre los ojos de Amenábar.

La última de estas estampas, la publicó El Mundo. Eran más de las once de la mañana y de los 266 senadores, 212 no estaban en sus escaños. Que yo lo entendí, eh, con este calor uno solo tiene ganas de piscina, ir a pasar el día a la Cámara Alta tiene que ser un bajón...

Después escuché al senador Lerma decir en Onda Cero que si la foto se hubiera tomado a las 12 de la noche habría inmortalizado a 260 personas votando, porque cada uno sigue las leyes que entiende. También el senador Anasagasti, en un duro escrito en su blog –allá por noviembre– dijo de otra foto similar que era maldita, sucia y manipulable, que no reflejaba el trabajo real de los senadores fuera de sus escaños. Y oye, me tranquilizó, una ve las imágenes y le da por pensar que algunos plenos se podrían celebrar en el cuarto de baño, utilizando para votar el botón del secamanos y para dar por finalizada la sesión, un tirón de cisterna.

La necesidad de la reforma del Senado y la puesta en duda de su utilidad son mantras que suenan machacantes como el reggaetón, pero que nunca se traducen en nada. Veremos si sucede un milagro antes de que concluya la legislatura... ¡Después de que haya bajado la luz y el IRPF yo ya no pierdo la esperanza!

Mientras, seguimos gastando los euros en smartphones, bonos para taxi, pensiones vitalicias y Loctite en garrafa para embadurnar esos sillones que a sus señorías les cuesta tanto abandonar. Senado D’Or, ciudad de vacaciones.

En Valencia todo está patas arriba. Ha cambiado la posición de la imagen en el espejo y se vive un mundo al revés respecto de los 20 años de hegemonía y régimen del Partido Popular. Las puertas del Ayuntamiento de la capital están abiertas a los ciudadanos, que ya ha han acudido por miles. Y de su balcón cuelga la bandera del orgullo gay. Tras el pacto con Compromís y Podemos, el recién nombrado presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha oficiado por primera vez en la historia un discurso íntegramente en valenciano. Entre sus primeras medidas habló de abolir el copago y la anticatalanista Ley de Señas de Identidad. Además, en unos días, se reabrirá la comisión de investigación del accidente del metro ocurrido en 2006 para depurar responsabilidades y dignificar a las víctimas. Los familiares ya han anunciado que el próximo jueves se concentrarán por última vez.

Mientras, el Partido Popular valenciano se derrite en su propio fuego interno. Alberto Fabra ha anunciado su marcha y Rita Barberá medita cómo reinventar sus influencias y tutelajes. El pasado jueves, durante el debate de investidura de Puig, la ex alcaldesa de Valencia se lanzó en tromba con la boca llena de improperios, pero se encontró, por primera vez, el micrófono cerrado. “No tiene la palabra”, le endilgó Francesc Colomer, presidente de les Corts. Y al rato, Manuel Mata, portavoz parlamentario del PSOE, fue aún más gráfico: “Señora Barberá, por favor, ¡deje ya de tocar las narices!”. Y es que el PP se ha hecho añicos. Cuantitativamente ha pasado de 302 a 164 alcaldías. Y, cualitativamente, ese poder es más diminuto, casi rural, ya que ha perdido el mando en todas la ciudades de más de 50.000 habitantes salvo Orihuela y Benidorm. Y en las localidades superiores a 20.000 habitantes apenas gobierna Alfafar y Benicàssim.

Para intentar explicar este vuelco político de muchísimos grados en el giro, infoLibre ha consultado a distintos referentes de la vida social, cultural e intelectual valenciana. El análisis aborda los factores del cambio y los retos a la hora de desescombrar las ruinas tras el derrumbe del PP valenciano.

Una constelación de factores

“Me he quedado sin empleo”, bromea el actor y humorista Xavi Castillo, conocido por sus imitaciones de Francisco Camps, Rita Barberá o Alfonso Rus, entre otros. De hecho, las musas se le han jubilado por sobredosis de corrupción. Gürtel, Brugal, Emarsa, Nóos, Valmor... Son algunos de los nombres que conforman el vademécum valenciano de la podredumbre. Una realidad sistemática, arraigada y de gran equilibrio territorial. Tanta como para que, de momento, se dé un preso por cada provincia. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón; Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja, Alicante; y Rafael Blasco, multi consejero del PSOE y del PP, quien hace apenas una semana ingresó en la cárcel de Picassent.

“Este ha sido el elemento aglutinador”, señala Joan Romero, profesor de Geografía, en referencia a la multitud de corruptelas. “Éramos la coña de España, la hipérbole, nuestros diarios eran monográficos sobre la corrupción”, añade Castillo. Un paisaje, que según Romero, ha provocado la “cristalización” de una conciencia crítica frente al discurso triunfalista de la derecha valenciana, “insostenible frente a la crisis”. “Era un globo de color que se ha ido deshinchando”, explica Joan Francesc Mira, escritor y presidente de Acció Cultural del País Valencià, para quien “las fantasías, las imágenes ideales, el mensaje de ser la locomotora de Europa” se han desvanecido frente la terca realidad del número de parados o las cifras de pobreza infantil.

“Mientras nos iba bien, daba lo mismo que los dependientes se quedaran sin ayudas o importaba poco nuestro sufrimiento o el de los vecinos del barrio del Cabanyal”, critica Beatriz Garrote, portavoz de la asociación de víctimas del metro, quien cree que la sociedad valenciana “por fin ha abierto los ojos”. Una somnolencia aguijoneada, según Joan Romero, por el 15-M. “Ha sido el catalizador de todo este malestar”, defiende y añade que este movimiento ha abierto grietas, puntos de fuga, para que numerosos caudales de contestación pública hayan confluido en unas mismas aguas.

Pero lo que da un barniz específicamente valenciano al cambio es la eclosión de Compromís, que ha obtenido 19 diputados además de la alcaldía de Valencia. “Durante muchos años centenares de militantes del Bloc Nacionalista [socio mayoritario de la coalición] han realizado un trabajo de hormiga en los municipios hasta crear un fuerza política constante, de confianza y que no sopla al aire”, teoriza Mira. Algo con lo que coincide el músico Miquel Gil, quien además destaca “el tirón mediático de Mònica Oltra”. Una alineación perfecta de los astros políticos: una buena candidata al frente de una base sólida de implantación local. “Y la situación de centralidad de la izquierda, entre el PSOE y Podemos”, que para Romero ha sido el factor determinante para atraer el voto útil. Eso y que la sociedad perciba Compromís como una marca propia, singular, de fuero valenciano. “Si saben gestionarlo bien, pueden ser en la izquierda lo que Coalición Canaria es en la derecha, es decir, la fuerza clave de un territorio”, aventura Romero.

A desescombrar

¿Cómo gestionar este patrimonio? ¿Cuáles son las expectativas inmediatas sobre un propuesta política de garantías? Los agentes consultados coinciden en que aún es demasiado pronto para aventurar predicciones. “De momento existe una mayoría electoral. Falta ver si será capaz de convertirse en hegemonía política y conformar un relato de país”, enuncia Romero. Y Mira aporta claves como “la necesidad de dar una imagen de coherencia que relegue la lucha de egos e iniciar una primera etapa de eficacia pública”. Se trata, en su opinión, de ser efectivo frente a los desahucios, incentivar los comedores sociales o resolutivo con las promesas a los dependientes”. Esto y trasladar “cierta idea de sinceridad, es decir, que si no hay dinero para ciertas cosas, se explica con toda naturalidad”.

De hecho, el déficit del País Valenciano alcanza los 40.000 millones y a 1 de enero de 2016, el Consell dispondrá de 4.000 millones menos para prestar los mismos servicios en Educación y Sanidad. En ese sentido, Ximo Puig, señaló como prioridad esencial de la legislatura negociar un sistema de financiación que no sea mortificante para las cuentas valenciana. “Estamos exhaustos de ofrendar nuevas glorias a España y de ser el Levante feliz”, fue una de las frases de Puig más aplaudidas durante su investidura.

En esa línea de transparencia y reivindicación, Miquel Gil aboga “por un ejercicio diario de generosidad política” entre los partidos de gobierno. “Que los equipos sean híbridos, mestizos. Es lo que quiere la gente, candidaturas de unidad popular”. “La ciudanía ya no desea mayorías absolutas”, explica Romero, quien defiende como positivo que los ayuntamientos estén gobernados “por tres o cuatro fuerzas que deban ponerse de acuerdo”. “Es lo normal en Europa. Lo que no era normal es el bipartidismo y la alternancia de poder heredada de la Transición”, enuncia.

¿Será el País Valenciano la Finlandia del sur, cómo desea Ximo Puig? ¿Acaso la capital mediterránea de la bicicleta, como preconiza Joan Ribó, nuevo alcalde de Valencia? Aunque esto ocurra, la cuadrícula y el sopor son ajenos a la sociedad valenciana, tal y como defiende Xavi Castillo. “No será todo tan auténtico y desaforado como con el PP, pero siempre habrá nuevos personajes para la sorna”. Y no va desencaminado. El furibundo ataque de Carolina Punset contra el valenciano, a cuyos hablantes llegó a llamar “aldeanos”, o las recientes declaraciones del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al asegurar que el aborto “no es compatible con la ecología”, son algunos ejemplos. “Vamos a vivir momentos muy divertidos, será una fiesta”, pronostica Castillo.

El Partido Popular y el Gobierno han hecho en estos últimos años de la denuncia de la herencia recibida uno de los ejes de su discurso. No hay sesión de control al Ejecutivo en el Congreso o en el Senado en la que Mariano Rajoy no se haya envuelto en la bandera de la recuperación después de señalar que su hazaña tiene mucho mérito si se tiene en cuenta el panorama que se encontró cuando el PSOE pasó a la oposición. Lo mismo ha ocurrido en las comparecencias y actos de partido. Ahora, tras el 24-M, los conservadores han visto desaparecer todas sus mayorías autonómicas y 2,4 millones de votos en las municipales. Esto ha implicado que dejen de ser el partido de Gobierno en muchos territorios y consistorios. Y que, por tanto, sean ellos ahora los que dejen en herencia, sobre todo a fuerzas de izquierda, los frutos de su gestión.

En el plano autonómico, el partido de Rajoy ha perdido la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Extremadura y Cantabria. Al cierre de 2010 –las pasadas autonómicas se celebraron en mayo de 2011– todas estas regiones sumaban una deuda de 36.327 millones de euros. Esta misma cifra, en el primer trimestre de 2015, casi se ha duplicado y llega a los 70.352 millones según datos del Banco de España. El porcentaje de incremento es del 93,6%.

Los datos de deuda del total de las 17 comunidades autónomas al cierre del primer trimestre de 2015 fueron de 240.411 millones de euros.

En la esfera municipal, la situación mejora, aunque no de forma significativa. De las capitales de provincia más pobladas que detalla el Banco de España, el partido de Mariano Rajoy ha perdido Madrid, Sevilla  y Valencia. Al cierre de 2010, la deuda de estos  ayuntamientos –sólo la de Madrid era de 6.453 millones– sumaba 7.797 millones de euros. Los datos del primer trimestre de 2015 mejoran en más de 700 millones hasta los 7.089.

Sumando la deuda de las seis comunidades que cambian de manos a las de estos tres ayuntamientos –se han perdido muchos más pero estos son los más grandes–, la cantidad resultante es de 77.441 millones de euros.

A continuación, infoLibre repasa de forma detallada la herencia que deja el PP.

Comunidad Valenciana

A esta comunidad, tradicional feudo conservador, solo la supera en deuda Cataluña. Los últimos datos, del primer trimestre de este año, sitúan la deuda pública en los 37.615 millones. La de Cataluña es de 64.792. La cifra de esta comunidad que hasta el 24-M estuvo en manos de Alberto Fabra es la peor de toda la serie desde el año 2000, cuando la cantidad adeudada estaba en los 6.004 euros.

En términos de Producto Interior Bruto (PIB), el déficit de la Comunidad Valenciana fue en el primer trimestre de 2015 del 37,5%, 17,8 puntos por encima del porcentaje del año 2010.

Junto a Madrid y Baleares, la Comunidad Valenciana ha sido, de las tradicionalmente gobernadas por el PP, de las más insistentes a la hora de reclamar al Gobierno central una reforma en el sistema de financiación. A principios de año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro que habría que esperar a la siguiente legislatura.

Los conservadores de la Comunidad Valenciana achacan en gran parte a la corrupción el haber cedido el testigo a los socialistas en la región. Pero también reparten culpas para el Gobierno central.

El año pasado, desde la Generalitat Valenciana se recordaba que la institución recibía "algo menos de 8.200 millones" para cubrir gastos de sanidad y educación. Unos gastos que, sin contar bienestar social, sumaban 9.200 millones de euros. Según estos cálculos, faltaban al menos 1.000 millones para cubrir las necesidades mínimas.

Pérdida de puestos de trabajo

Datos de Hacienda demuestran que esta comunidad ha sido de las más obedientes a la hora de cumplir con plan de reforma de las administraciones públicas. Al arranque de la legislatura, la Generalitat tenía registradas 82 entidades públicas. El año pasado, ya se habían suprimido la mitad.

El ahorro calculado es de unos 1.400 millones de euros. Pero esto ha implicado también el despido de más de 3.000 trabajadores públicos.

En materia de empleo, la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2011 ubicaba la tasa de paro de esta comunidad en el 24,1%. En el primer trimestre de 2015 fue del 24,3%.

Castilla-La Mancha

De las comunidades que pasan de manos del PP a otras fuerzas políticas, Castilla-La Mancha es otra de las que peor legado deja en lo económico, duplicándose la deuda que María Dolores de Cospedal se encontró cuando ganó las autonómicas de mayo de 2011.

Castilla-La Mancha, que ahora pasará a manos socialistas, cerró el año 2010 con una deuda de 6.110 millones. Y, el mismo dato al cierre del primer trimestre de 2015 se multiplica por dos hasta los 12.865 millones de euros. Al igual que ocurre con la Comunidad Valenciana, el dato es el peor de la serie histórica desde el año 2000.

En términos de PIB, esta deuda supone ahora el 33,7% frente al 15,6% registrado en el conjunto del año 2010.

Junto a la Comunidad de Madrid, que seguirá estando en manos del PP con Cristina Cifuentes al frente, Castilla-La Mancha ha sido considerado el laboratorio de pruebas de los recortes que después Mariano Rajoy ha aplicado desde el Gobierno central.

Pese a estas políticas, la secretaria general del PP no ha evitado dejar el Gobierno regional con los peores datos de deuda de los últimos quince años.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha siempre se ha insistido en que Cospedal ha gobernado sin desmontar los servicios sociales básicos y que todas las decisiones difíciles que ha tenido que tomar han venido motivadas por la situación en la que se encontró cuando accedió al Gobierno tras derrotar al socialista José María Barreda.

Según un informe del Banco de España publicado en verano de 2013, desde 2007 se ha observado "un incremento generalizado del endeudamiento" en todas las comunidades autónomas. El documento citaba a Castilla-La Mancha y Valencia, además de a Cataluña, como las comunidades "que alcanzaron mayores niveles de deuda en porcentaje de su PIB regional".

Cuando Cospedal llegó al Gobierno, la tasa de paro estaba en el 21,79%. Los datos del primer trimestre de 2015 superan esta cifra hasta el 28,7%

Baleares

El dirigente conservador José Ramón Bauzá, ya en retirada, dejará a la socialista Francina Armengol una deuda en Baleares del 29,5% del PIB, frente al 17% que se encontró al principio de la legislatura. En millones de euros, la cantidad es de 7.948, frente a los 4.458 del cierre de 2010. El incremento ha sido, pues, del 78%.

En porcentaje del PIB, la deuda de Baleares es del 29,5%, sólo superada por la Comunidad Valenciana (37,5%), Castilla-La Mancha (33,7) y Cataluña (32,2%). En 2010, medio año antes de que Bauzá obtuviese la presidencia de las islas, el déficit era del 17%. 

Pocos meses antes de las elecciones, Armengol ya se quejaba de la herencia que podría recibir del Partido Popular. La candidata del PSIB criticó al Gobierno de Bauzá por considerarse «el Govern de los trabajadores» y aseguró que la «herencia Bauzá» son «8.000 millones de deuda pública», «precariedad laboral» y que ha situado a Balears «los últimos en inversión por cápita».

Tras estos datos y tras la debacle del 24-M también ha habido consecuencias internas para el partido presidido por Mariano Rajoy. Ya casi desde la noche electoral, Bauzá fue de los primeros barones del partido en anunciar que daba un paso atrás y que quería que se abriese un proceso para que se le sucediese al frente del partido. Llegó incluso a pedir a Génova, sede nacional del partido, que permitiese celebrar el congreso en el que cederá el testigo este verano.

La dirección nacional del partido, no obstante, no quiere que se abran procesos sucesorios hasta después de las generales. En el caso de Bauzá va a permitir que este abandone sin congreso y que otro dirigente del partido en Balerares –todavía por definir– lo presida de forma transitoria hasta la celebración del cónclave. Bauzá se ha encontrado con un fuerte sector crítico que le ha pedido que se marche ya para no tener paralizada la actividad del partido.

En Baleares, no obstante, la Encuesta de Población Activa (EPA) habla de una ligera mejora. El primer trimestre de 2011 la tasa fue del 25,36%. Los últimos datos, del primer trimestre de este año, son del 22,3%.

Aragón

Como Bauzá y Fabra, Luisa Fernanda Rudi fue otro de los cargos del PP de Rajoy que anunció, tras ver que las cuentas no le salían para gobernar, que no volverá a presidir el partido ni a ser candidata. 

Los datos que deja no son buenos. A finales de 2010, la deuda de Aragón era de 2.901 millones de euros. Ahora, la cantidad crece y se multiplica por dos. Según datos del Banco de España del primer trimestre de este año, Rudi deja a su sucesor, el socialista Javier Lambán, una deuda de 6.064 millones de euros.

En función de su PIB, Aragón presenta ahora una deuda del 18,1, casi diez puntos más que al cierre del año 2010.

El paro también sube pero de forma menos acusada que la deuda. En el primer trimestre de 2011, la EPA ubicaba el paro en Aragón en el 17,95%. Los primeros datos de 2015 apuntan al 18,6%.

Extremadura y Cantabria

Las cantidades de deuda no llegan a los niveles de los apartados anteriores, pero si se comparan las cantidades de estas dos comunidades en las que el PP cede el testigo con las que figuraban al cierre de 2010 los incrementos son muy considerables llegándose casi a duplicarse, como es el caso de Extremadura, o yendo incluso más allá, como ocurre con Cantabria.

José Antonio Monago deja en manos del socialista Guillermo Fernández Vara una deuda de 3.307 millones de euros, casi el 90% más de la cantidad con la que se cerró el año 2010 (1.747 millones). En términos de PIB pasa del 9,7% de 2010 al 19% del primer trimestre de este año.

El paro, utilizando los datos de la EPA también ha subido en esta legislatura. Poco antes de llegar al poder en la Junta de Extremadura el conservador Monago, en el primer trimestre de 2011, la tasa de paro era del 25,06%. El mismo periodo de este año ofrece una cantidad cinco puntos por encima: 30,02%

En Cantabria, la deuda se ha incrementado el 153% entre 2010 y el primer trimestre de 2015. Ha pasado de los 992 millones de euros a los 2.517. En porcentaje del PIB, pasa del 7,7 al 20,4%. De los 2.517 millones, 1.517 son deuda bancaria.

Esta misma semana, Ignacio Diego, el presidente saliente, comparó la deuda generada por su Gobierno frente al último de PRC-PSOE entre 2007 y 2011. Según sostuvo, de los 2.517 millones de euros, 1.819 se acumularon durante el Gobierno de coalición de regionalistas y socialistas. "La deuda que dejó el anterior Gobierno era, hasta mayo de 2011, de 1.293 millones, pero a esa cifra hay que sumar 326 millones de facturas en los cajones y 200 millones de financiación estructurada que empezaron a computar en 2012", dijo. En este contexto, subrayó que la deuda atribuible a su Gobierno, hasta 31 de marzo de 2015 —última cifra oficial conocida—, es de 698 millones de euros", la "necesaria" para "sufragar los déficits contraídos" por el Ejecutivo.

Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria) (Partido Regionalista de Cantabria)volverá a presidir esta comunidad en la que dejó una tasa de paro del 16,37% respecto a la población activa y se la encontrará en el 18,5%, más de dos puntos por encima.

Ayuntamientos: Madrid, Sevilla y Valencia como ejemplo

En el ámbito municipal, la situación mejora respecto al panorama autonómico. De las capitales de provincia más pobladas que detalla el Banco de España en su apartado destinado a las corporaciones locales, el partido de Mariano Rajoy ha perdido Madrid, Sevilla y Valencia. Al cierre de 2010, la deuda de estos ayuntamientos –sólo la de Madrid era de 6.453 millones– sumaba 7.797 millones de euros. Los datos del primer trimestre de 2015 mejoran en más de 700 millones hasta los 7.089.

De los seis grandes ayuntamientos de España –Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza– el de Madrid, que el PP ha cedido a Manuela Carmena (Ahora Madrid), sigue siendo el campeón de la deuda. Al cierre del primer trimestre de 2015, la cantidad ascendía a los 5.892 millones, el grueso de la deuda que suman las seis ciudades que refleja el Banco de España en sus estudios. Y es que, la deuda de Madrid sumada a la de Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Valencia es de 9.431 millones de euros. Es decir, que el Ayuntamiento que tiene en sus manos Carmena aglutina el 62,47% de la deuda de los ayuntamientos de capitales de provincia con más de 500.000 habitantes. Y es muy superior a la suma de la deuda del resto de capitales de provincia españolas: 4.634 millones de euros hasta marzo de 2015.

Pese a lo importante de la cantidad, el Ayuntamiento de Madrid ha ido mejorando sus registros de deuda en los últimos años, con Ana Botella al frente del Ayuntamiento. La peor cifra de toda la serie se corresponde con los 7.757 millones que presentó en el primer trimestre de 2013.

Fue Alberto Ruiz-Gallardón, que después cedería el testigo a Botella al marchar al Gobierno, el alcalde que embarcó a la ciudad en estos compromisos de deuda. Las obras más destacadas de sus años al frente del consistorio son el soterramiento de la M-30 y la reforma del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.

La deuda de Madrid representa más de 1.800 euros por habitante.

También Sevilla y Valencia cambian de manos y dejan unas cuentas municipales más saneadas que al cierre del año 2010. Rita Barberá se marcha del consistorio valenciano con una deuda de 765 millones de euros frente a los 890 con los que se cerró el año anterior a las municipales de 2011. Y Juan Ignacio Zoido, por su parte, se despide del ayuntamiento de Sevilla con la deuda más baja de todos los ayuntamientos de su grupo: 432 millones.

El socialista Ximo Puig fue elegido este jueves president de la Generalitat Valenciana, al lograr el apoyo de los parlamentarios de PSPV y Compromís y de ocho diputados de Podemos, de modo que ha logrado 50 votos favorables, justo el número de la mayoría absoluta necesaria.

Así, Puig se convierte en el sexto jefe del Ejecutivo valenciano y en el segundo socialista que ocupa este cargo. De este modo, ha sido investido jefe del Consell y sucede al socialista Joan Lerma (1982-1995) y a los conservadores Eduardo Zaplana (1995-2002), José Luis Olivas (2002-2003), Francisco Camps (2003-2011) y Alberto Fabra (2011-2015).

Tras la constitución de Les Corts el pasado 11 de junio, el pleno de investidura se celebró este jueves y en él Puig –el único candidato propuesto a president– obtuvo, mediante sistema de votación pública por llamamiento, el "sí" de 50 diputados, es decir, de los parlamentario socialistas, de Compromís y de ocho de Podemos –los otros cinco representantes de este grupo se abstuvieron, entre ellos, su portavoz, Antonio Montiel–.

Por su parte, PP y Ciudadanos votaron no a la investidura de Puig, de forma que se lograron 44 votos en contra. La anécdota de la votación la protagonizó el conservador Miguel Ángel Mulet, quien ha respondido: "Sí, no, perdón".

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ya había avanzado en su discurso que su grupo parlamentario daría sólo ocho de sus 13 votos a la investidura del socialista Ximo Puig como president de la Generalitat –justo los que necesitaba para la mayoría absoluta–, "para estar seguros de que no olvidará el compromiso adquirido con la sociedad valenciana en el Acord del Botànic.

Gobernar "humildemente"

En su discurso de este mañana, Ximo Puig, se comprometió a poner a las personas en el centro de la acción política y ser un presidente "cercano y humilde", y pidió la confianza del Parlamento valenciano para gobernar "humildemente y pensando antes de nada en los más humildes".

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts y ya expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió con "orgullo" la gestión que ha hecho su Gobierno en los últimos cuatro años, "los peores de la crisis" y pidió a Puig que se aleje de "tentaciones del populismo" del "multipartito".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, dio su apoyo al candidato del PSPV para "crear las bases de un nuevo país" y "contribuir a que el Acord del Botànic sea una realidad", mientras que la síndica de Ciudadanos, Carolina Punset, centró su intervención en la lengua y advirtió de que "allá donde triunfa la inmersión lingüística estamos volviendo a la aldea".

Con la presencia de Alberto Fabra

Tras ser investido president, el siguiente paso que dará Puig será el juramento o promesa del cargo y la toma de posesión, tras su nombramiento por el rey Felipe VI. Será el domingo cuando se celebrará este acto, a partir de las 11.00 horas, al que está previsto que asistan el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el exministro y actual portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Tras jurar o prometer su cargo, Puig hará una "proposición" sobre su programa de gobierno –que no será objeto de debate– y, a continuación, la comitiva socialista se desplazará hasta el Palau de la Generalitat donde se realizará un acto simbólico de apertura de puertas a la sociedad.

Ximo Puig,

de 56 años y natural de Morella (Castellón), está casado y tiene dos hijos. Periodista de profesión, trabajó en el periódico Mediterráneo de Castellón, la agencia Efe, Radio Popular y Antena 3 Radio.

En mayo de 1995 fue elegido alcalde de Morella y fue reelegido por mayoría absoluta primer edil en las convocatorias electorales de 1999, 2003 y 2007. Diputado autonómico desde 1999 hasta 2011, fue portavoz del grupo socialista, vicepresidente de Les Corts Valencianes y portavoz adjunto.

En 2011 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados por la circunscripción de Castellón, escaño que dejó tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Es secretario general del PSPV-PSOE desde el 1 de abril de 2012 y, mediante primarias abiertas, fue el primer candidato socialista a la Generalitat elegido por este proceso con el voto de más de 40.000 valencianos.

Los 99 diputados de Les Corts Valencianes de la IX legislatura eligieron este jueves una Mesa que, por primera vez, estará compuesta por miembros de todos los grupos que componen la Cámara autonómica. Así, el socialista Francesc Colomer presidirá la Mesa, mientras que Enric Morera (Compromís) será vicepresidente primero; el conservador Alejandro Font de Mora, vicepresidente segundo, y Emilio Argüeso (Ciudadanos) secretario primero, y Marc Pallarés (Podemos), secretario segundo.

El acuerdo alcanzado entre PSPV, Compromís, Podemos permitió que las tres fuerzas de izquierda votaran en bloque al presidente de la Mesa, con el apoyo de Ciudadanos, que casi a última hora, cedió la vicepresidencia segunda al PP.

El proceso de elección se realizó mediante voto secreto en urna, primero sólo al presidente, seguido de las vicepresidencias y las secretarías. Así, para dirigir la Cámara, el socialista Francesc Colomer logró 68 apoyos –sumando los de PSPV, Podemos y Ciudadanos–, frente a los 31 del PP a su diputado Alejandro Font de Mora.

Para las vicepresidencias primera y segundo, Enric Morera obtuvo 55 apoyos –PSPV, Compromís y Podemos– y Font de Mora 31 votos –PP– y se contaron 13 votos en blanco, presumiblemente los de Ciudadanos. Para las secretarías, primera y segunda, el representante de Ciudadanos, Emilio Argüeso logró 36 votos (PSPV y Ciudadanos); y el diputado de Podemos Marc Pallarés obtuvo el apoyo de 32 diputados (Podemos y Compromís) y se escrutaron 31 votos en blanco, presumiblemente los del PP.

Dado que el voto es secreto, el cálculo se ha realizado en base a los resultados electorales: PP, 31 diputados; PSPV, 23 diputados; Compromís, 19 diputados; Podemos, 13 diputados; Ciudadanos, 13 diputados, y a las declaraciones sobre el acuerdo realizadas por dirigentes del PSPV y Compromís antes de que comenzara la sesión.

De esta manera, se sustanció el acuerdo que han alcanzado horas antes de la constitución de Les Corts las tres formaciones de izquierda, al que se sumó Ciudadanos para la composición de las Mesa del Parlamento valenciano, tras cerca de dos semanas de negociaciones, con cruces de declaraciones y de comunicados que, hasta este miércoles a última hora desmentían pactos y consensos para esta cuestión.

Abrazo de Puig y Oltra

El abrazo entre el candidato del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, y la candidata de Compromís al Consell, Mònica Oltra, momentos antes de iniciarse este jueves la sesión de constitución de Les Corts centró la expectación de los numerosos medios gráficos que esperaban la entrada de los diputados en el hemiciclo.

El gesto se produjo después de las negociaciones que ambas formaciones, junto con Podemos, han mantenido tras los comicios para alcanzar un acuerdo de gobierno para la Generalitat; tras la suspensión de estos contactos entre socialistas y Compromís esta semana; y tras al pacto alcanzado para que el parlamentario socialista Francesc Colomer presida Les Corts y el diputado de la coalición de izquierdas Enric Morera sea su vicepresidente.

Los nuevos parlamentarios y los que repiten en el parlamento autonómico en esta nueva legislatura accedieron al hemiciclo minutos antes de que comenzara la sesión de constitución, a las 10.30 horas, entre saludos, sonrisas, intercambio de palabras y expectación de los medios de comunicación que esperaban a los representantes políticos.

Poco después de entrar en el hemiciclo, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mònica Oltra, se dirigió desde su escaño al del diputado del PSPV Manuel Mata para saludarlo y hablar con él durante un momento. Tras ello, se acercó a Mata el diputado de Compromís Enric Morera, que también lo saludo e intercambiaron unas palabras.

Unos minutos después accedió al hemiciclo Ximo Puig, que fue rodeado por una gran cantidad de fotógrafos y cámaras de televisión. Tras sentarse en su escaño, Puig se levantó para saludar a Enric Morera y a Oltra. 

Fabra junto a diputados del PP

Antes de entrar Puig al hemiciclo, lo hizo el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat y jefe del Consell en funciones, Alberto Fabra. El dirigente conservador entró acompañado de diputados del PP.

En el mismo grupo iba el diputado y hasta ahora portavoz del PP en las Corts, Jordi Bellver. Minutos después llegó hasta ellos la parlamentaria del PP y alcaldesa de Valencia en funciones, Rita Barberá, que ocupó el escaño situado junto a Bellver y detrás de los que ocupan Fabra y Císcar.

Por otra parte, tras saludar a algunos diputados al entrar al hemiciclo, ocuparon sus respectivos escaños la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Carolina Punset, y el candidato de Podemos, Antonio Montiel. Ambos entran a formar parte de las Corts Valencianes por primera vez tras la elecciones, dado que hasta ahora sus partidos no tenían representación en la Cámara autonómica.

Saludos al Consell en funciones

Tras emitir su voto para elegir al presidente del Parlamento valenciano, tanto Ximo Puig como Mónica Oltra se acercaron a los escaños del PP para saludar a los miembros del Consell en funciones encabezados por Alberto Fabra.

Una de las anécdotas de la votación ha sido el comentario hecho por la diputada del PSPV Carmen Amoraga al votar después de que no la nombraran al inicio de este proceso, al ser una de las primeras por orden alfabético, y la citaran casi al final. "Creía que no iba a jurar, pero juro", ironizó la parlamentaria.

Ginés Jesús Lifante, número 2 desde enero de la Junta Directiva Local del PP en Alicante capital y marido de la alcaldable y todavía consejera en funciones de Bienestar en el Ejecutivo de Alberto Fabra, Asunción Sánchez Zaplana, montó tres empresas en el paraíso fiscal de Panamá en 2006 mientras ocupaba un cargo público como asesor del presidente de Las Cortes valencianas.

Lifante, un histórico del PP alicantino que en 2011 dirigió la campaña de la hoy exalcaldesa Sonia Castedo, defenestrada tras años de sucesivos escándalos por sus nexos con la trama Brugal, ha asegurado este lunes en una respuesta escrita a infoLibre que una de las tres empresas se creó para “la fabricación y distribución de módulos” destinados al Canal de Panamá". Se trata de la compañía Eslylla SA.

Según Lifante, las otras dos compañías –Ilco SA y Euromex SA– tenían por objeto "legalizar en Panamá el uso de tecnología a través de pintura para la erradicación de insectos", pintura patentada por una socia de Lifante: Pilar Mateo, exdirectora general de Cooperación Internacional de la Generalitat, cofundadora de Ilco SA y Euromex SA y quien tiene patentada la pintura cuyo uso promueve la Administración valenciana tanto para combatir plagas en palmerales como para desinsectar alcantarillado.  

Según el número dos del PP en la capital alicantina, ninguna de las tres compañías panameñas en las que sigue figurando como suscriptor y/o director llegó a tener actividad.

"En su momento -había sostenido Lifante por la mañana durante una conversación telefónica- se dio la orden de dar esas sociedades de baja pero no sé por qué no se hizo, estoy intentando hablar con la persona que tenía que hacerlo".

En esa conversación, el dirigente del PP alicantino ya había avanzado que mantiene con su esposa un régimen de separación de bienes y que, como asesor del presidente de Las Cortes, no venía obligado a comunicar a nadie su presencia en compañías panameñas. 

Coincidencias con el macrocomplejo Panamarina Pacific

Cuando nacieron las tres compañías panameñas con participación visible de Ginés Lifante, empresarios con múltiples intereses en Valencia estaban gestando en el Istmo centroamericano un macroproyecto que finalmente resultó fallido: la construcción de una isla artificial sobre la que debía erigirse un complejo turístico de lujo con una inversión prevista de 1.500 millones de dólares.

El entonces presidente de Las Cortes y jefe directo de Lifante, el ahora senador del PP Julio de España, viajó de hecho a Panamá meses después de dejar ese cargo y cuando era ya senador, como reflejó la prensa panameña.

InfoLibre preguntó expresamente a Lifante si su plan de construir y distribuir módulos para el Canal a través de la empresa Eslylla SA guardaba alguna relación con el proyecto destinado a levantar el macrocomplejo turístico Panamarina Pacific.

Lifante respondió así: su compañía nació "con el fin de fabricación y distribución de módulos para la creación del canal y no con otro; desconozco la vinculación del señor Llamas con otros proyectos realizados en Panamá en este sentido".

Las informaciones de la época señalaban que el consorcio empresarial que asumiría aquel ambicioso desarrollo urbanístico estaba capitaneado por Jesús Carlos Llamas, empresario alicantino y socio de Lifante en las tres compañías panameñas en cuya fundación participó el dirigente local del PP.

El número de pasaporte de Llamas, reflejado tanto en la escritura de constitución de Euromex SA, Ilco SA y Eslylla SA como en la de Panamarina Pacific SA confirma que se trata de la misma persona.

Las dos primeras, Euromex SA e Ilco SA, se constituyeron el mismo día –el 27 de marzo de 2006-, mientras que Eslylla SA quedó creada el 12 de septiembre de ese año. Las tres se inscribieron en el registro previa escritura formalizada ante el mismo notario, Diomedes Edgardo Cerrud. En cada uno de los tres casos el capital fundacional fue de 10.000 balboas (8.900 euros al cambio actual).

Las tres comparten un amplísimo objeto social que abarca desde la importación y exportación de bienes a las tareas de construcción, ingeniería y arquitectura. Y, sobre todo, las escrituras notariales de las tres matizan que las acciones podrán ser “nominativas o al portador”, con lo cual puede producirse un traspaso de títulos por el procedimiento más simple de todos: que el título cambie literalmente de manos.

Pero, además de la fecha de constitución, sí hay una diferencia entre Euromex e Ilco por un lado y Eslylla por otro: en las dos primeras, Ginés Lifante y Jesús Carlos Llamas constan como “directores”, terminología habitual en Panamá para designar lo que en España se conoce como administrador o consejero, según el caso.

En cambio, en Eslylla aparecen también ambos como suscriptores. Es una incógnita si eso significa que su participación real –es decir, accionarial- en las dos compañías constituidas en marzo de 2006 es diferente a la que ambos ostentan en la tercera. Este diario le formuló esa pregunta a Lifante pero no hubo respuesta.

InfoLibre inquirió a Lifante sobre si en su momento había comunicado a Las Cortes valencianas su participación en tres proyectos empresariales localizados en uno de los paraísos fiscales más activos del momento. Según el dirigente del PP, no tenía por qué hacerlo ni como asesor de la Presidencia de la Cámara ni como cónyuge de la ya entonces concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante.

Hasta septiembre de 2008, el consistorio alicantino operó bajo la batuta del alcalde Luis Bernardo Díaz Alperi, caído por su implicación -presunta- en varios casos de corrupción. Le sucedió Sonia Castedo, quien también se vio forzada a dimitir en diciembre de 2014 tras años de sucesivas y escandalosas revelaciones sobre sus vínculos supuestamente corruptos con empresarios del entorno del PP, entre ellos el constructor Enrique Ortiz.