La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 4 años de cárcel para la cúpula del Banco de Valencia por un delito societario de falsedad que presuntamente habrían cometido maquillando las cuentas de 2009 y 2010 para ofrecer una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad de un agujero de 20 millones de euros en una entidad mermada por la crisis de las subprime y una política expansiva de "escasa prudencia" y "elevado riesgo", según informa Europa Press.

En concreto, Anticorrupción acusa a 14 personas físicas y 12 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por delito societario continuado de falsedad. Solicita cuatro años y medio de prisión para el expresidente del banco, José Luis Olivas, y su exconsejero delegado Domingo Parra; y tres años para los vicepresidentes del Consejo y de la Comisión Ejecutiva Antonio Tirado y Celestino Aznar, y los consejeros Agnes Noguera, José Segura y Silvestre Segarra.

Asimismo, pide condenas de dos años y seis meses de cárcel para los también consejeros en aquella épooca Manuel Olmos, Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz –que además presidía el comité de auditoría–, y Federico Michavila, mientras insta un año y medio de prisión para el socio auditor de Deloitte que firmó las cuentas Miguel Monferrer.

Según explica el escrito de acusación, Banco de Valencia, en una política expansiva contraria a las recomendaciones que le dirigió al hilo de la crisis de las subprime el Banco de España en mayo de 2007, pasó de contar con 97 millones de capital social en diciembre de 2003 a 118,3 en diciembre de 2009, presentando para aquel año un balance total de 22.792 millones de euros y repartiendo, en todos estos años, dividendos a los accionistas.

"La política expansiva marcada por el Consejo de Administración del Banco de Valencia, e implementada por su Consejero Delegado de conformidad con el mismo, se mantuvo, basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su escasa prudencia y elevado riesgo, haciendo posible el crecimiento por la financiación de operaciones de importe elevado, desproporcionado para el balance, para los recursos propios y para la capacidad de gestión del propio banco", dice el escrito de la Fiscalía.

Explica que en muchas ocasiones, lo hicieron a costa de "créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos", confiando en que sus problemas se resolverían con el respaldo que suponía tener como accionista principal a Bancaja y la perspectiva de ampliar capital en el futuro.

14 empresas al banquillo

Sin embargo, los "reales malos resultados que acaecieron en el ejercicio 2009" podían dañar estos planes del Consejo de Administración y una pérdida de recursos, por lo que según la Fiscalía, la Comisión Ejecutiva primero y el Consejo de Administración, después, pese a ser conocedores de los datos reales de morosidad, acordaron efectuar una maniobra contable para "maquillar" esas cifras negativas y aprobaron unas cuentas ese año y al siguiente que "no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria".

De hecho, "la falacia", conforme recoge el escrito del Ministerio Público, de aquellas cuentas quedó acreditada el 17 de febrero de 2011 por el Banco de España, en un informe que destacaba la existencia de un déficit de provisiones a 31 de diciembre de 2010 de 197 millones de euros. En julio de aquel año, el Supervisor elevó la cifra a 819 millones de euros y concluyó que, además, el banco tenía dudosos no registrados por 718 millones de euros y subestándar por 1.434.

Al encontrar un delito continuado de falsedad en las cuentas, la Fiscalía Anticorrupción pide que además de los 14 directivos del banco se sienten en el banquillo por este presunto delito 12 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, (BANCAJA); Operador de Banca Seguros vinculado de ese grupo; Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, S.L., Bankia Hábitat S.L.; Bancaja Centro de Estudios S.A; Bankia S.A, Banco Financiero y de Ahorro, Tenedora de Acciones, S.L.U; Libertas; Macomar Inver, S.L.; Minaval, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social y Fundación Bancaja.

Caixabank hizo pagos a Hacienda por importe de 922,63 millones de euros desde 2014 hasta 2017, aunque resulta imposible conocer su contribución neta al no ser público el dato de cuánto dinero pidió que se le devolviese en la declaración anual. En todos esos ejercicios tuvo beneficios. Lo contrario de lo que ocurrió en 2012 y 2013, cuando registró unas pérdidas brutas de 62,41 y 979,75 millones de euros, respectivamente. Pero, gracias a los créditos fiscales tanto en un año como en otro su resultado después de impuestos fue positivo: 228,75 millones de beneficios en 2012 y 308,65 millones en 2013.

Los “pagos de caja” del impuesto de sociedades no coinciden con el gasto que las entidades hacen constar por este concepto en sus cuentas anuales. Tampoco equivalen exactamente al resultado de la declaración anual del impuesto, puesto que pueden incluir las liquidaciones que hayan efectuado como resultado de un acta de inspección fiscal, por ejemplo. Pero es la cifra que más puede aproximarse a la cantidad que realmente abonan los bancos en cada ejercicio.

En cualquier caso, las cuentas de Caixabank reflejan una historia fiscal parecida a la de sus pagos de caja. Al menos desde 2014, fecha a partir de la cual la entidad financiera catalana empezó a publicar en su informe anual los pagos por impuestos de cada ejercicio. Cada año Caixabank también elabora un informe de su contribución fiscal que revela la cifra total de impuestos que abona, pero sin detallar cuánto desembolsa por el de sociedades. Sólo distingue entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social.

En el informe anual figura la referencia contable del gasto por el impuesto de sociedades, que en 2017 ascendió a 377,62 millones de euros sobre unos beneficios de 2.097 millones. En 2016 se elevó a 482,18 millones de euros, sobre unos resultados positivos de 1.538 millones. Pero en 2015 lo que figura no es un gasto, sino un ingreso de 180,75 millones, que aumentó sus beneficios hasta los 816,52 millones de euros. Otro tanto ocurrió en 2014, cuando el ingreso fue mayor: 417,75 millones que elevaron su resultado hasta los 619,92 millones de euros.

En 2013 Caixabank terminó el ejercicio con unas pérdidas antes de impuestos de 979,75 millones de euros, pero gracias a los créditos fiscales sus números pasaron del rojo al negro: contabilizó un ingreso de 1.288,35 millones de euros por el impuesto de sociedades que dejó el resultado neto del ejercicio en 308,6 millones de euros de beneficios. En 2012 el ingreso fiscal ascendió a 291,16 millones, lo que transformó unas pérdidas de 62,41 millones de euros en unas ganancias de 228,75 millones. En resumen, las ventajas fiscales han arreglado las cuentas a Caixabank desde 2012 hasta 2015.

10.254,84 millones de colchón fiscal

Según el informe de 2017, la entidad presidida por Jordi Gual acumula activos fiscales –o ventajas fiscales, que permiten a las empresas rebajar la factura a Hacienda– por importe de 11.054,98 millones de euros, de los cuales son activos fiscales diferidos (DTA) 10.254,84 millones. Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Con la crisis financiera, las entidades españolas acumularon una gran cantidad de estos activos, que les están sirviendo para rebajar su factura con Hacienda.

Es lo que ha hecho Caixabank. Lo recoge expresamente en sus cuentas de 2014, donde reconoce un ingreso neto de 309,22 millones de euros por cancelación de activos fiscales. Además, la entidad heredó los activos fiscales acumulados por los bancos que adquirió durante la crisis: Banco de Valencia y Banca Cívica en 2012 y Barclays en 2015. Así, los activos fiscales diferidos de Caixabank pasaron de 2.262,39 millones en 2011 a los actuales 10.254,84, multiplicándose por tanto casi por cinco en seis años. Banco de Valencia le traspasó 1.780 millones de euros en DTA, Banca Cívica otros 3.988 millones y Barclays, 877,44 millones. En total, 6.645,44 millones de euros. En 2017 ha adquirido el portugués BPI, del que posee el 92,9% de las acciones. A estas ventajas fiscales también contribuyen las pérdidas del banco. En 2017, Caixabank acumulaba bases imponibles negativas de ejercicios anteriores por importe de 1.063 millones, así como 1.591 millones de euros más por deducciones pendientes de aplicación. Parte de su reserva fiscal para desgravarse en futuros ejercicios.

Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es decir, el Estado los garantiza. De esos DTA monetizables, Caixabank tiene en sus balances 5.891 millones de euros.

Las tasas efectivas del Sabadell

El Banco Sabadell no publica un documento con su contribución fiscal total. Pero, según sus informes anuales, ha pagado 488,88 millones de euros a Hacienda en el impuesto de sociedades desde 2014. Al igual que ocurre con la Caixa, no es público el dato sobre la liquidación anual y por tanto se desconoce el saldo neto (si pago algo en impuestos o no). 

En 2017 reconoce en sus cuentas –no hace públicos los pagos de caja– un gasto por este concepto de 43,07 millones de euros, lo que equivale a una tasa efectiva de sólo el 5% de sus beneficios, 848,25 millones de euros. El tipo legal del impuesto para los bancos es del 30%. Y ése es el que dice haber satisfecho el Sabadell un año antes, cuando reconoce un gasto de 303,07 millones de euros para unas ganancias que ascendieron a 1.019,42 millones de euros. Sin embargo, en 2015 la factura se recorta considerablemente, hasta los 32,51 millones, sólo un 4% de los 744,76 millones de euros de beneficio contable. En 2014 había sido muy superior, 109,74 millones sobre unos resultados de 486,39 millones, una tasa efectiva, dice el banco, del 23%.

El año pasado, el Banco Sabadell contaba con unos activos fiscales de 6.861,4 millones de euros, de los cuales son DTA 6.531,84 millones. Y de éstos, los garantizados por el Estado y convertibles en efectivo suman 5.336,97 millones. En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. En sus cuentas, el banco de Josep Oliu también revela cuánto ha pagado al Estado a cambio de esos DTA garantizados: 54,66 millones de euros el año pasado y 57 millones en 2016.

Como Sabadell también ha salido a la compra de otras entidades durante los últimos años, ha heredado igualmente sus activos fiscales diferidos. En 2012 adquirió el escocés TSB, que ese año tenía en sus cuentas DTA por importe de 148,91 millones de euros, una cantidad muy inferior a la acumulada por las entidades españolas.

  Caixabank y Sabadell no hacen públicas sus declaraciones

infoLibre preguntó a Caixabank y Banco Sabadell por  la cifra de beneficios declarados a Hacienda, tanto en 2015 como en 2016, en el impuesto de sociedades. También por el resultado de la declaración de ese impuesto en esos dos años. Este periódico le especificó que ya tenía acceso a los datos que publican en sus cuentas anuales, tanto de beneficios como del gasto del impuesto; lo que pedía eran los datos declarados a Hacienda y el resultado de esa declaración, que nunca coinciden con los datos contables. Además, se le requirió la base imponible de la declaración en ambos ejercicios, así como por las bases imponibles y las deducciones pendientes de aplicar, y la cifra de activos y pasivos fiscales.

Finalmente, se les preguntó:

–¿Cómo consigue un banco con un volumen de beneficios tan elevado no pagar por el impuesto de sociedades; es más, cómo consigue que la declaración a Hacienda le salga a devolver?

Ambas entidades alegaron que esa información “no es pública”. Caixabank remitió a este periódico a sus informes de contribución fiscal, donde figura el gasto total en impuestos, sin desglosar por tipo de impuesto y sin indicación de los pagos de caja. Estos últimos constan (sólo desde 2014) en los informes anuales. También proporcionó una indicación genérica de por qué los datos contables no coinciden con los datos de las declaraciones fiscales: no todos los ingresos contables de la cuenta de pérdidas y ganancias son objeto de tributación. Banco Sabadell, que no publica un informe de contribución fiscal, ni siquiera respondió.

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Este reportaje es el quinto de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Banco Santander pidió a Hacienda 2.440 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades en cuatro años

3. Hacienda pagó 38 millones a Bankia por los activos fiscales diferidos de BMN

4. El BBVA lleva cuatro años declarando pérdidas por su negocio en España

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción". 

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos del Banco de Valencia por un delito continuado de administración deseal por la presunta adquisición irregular del 68% de la piscifactoría Acuigroup Maremar, propiedad del exministro socialista Antoni Asunción, fallecido hace dos años. Esta operación supuso un perjuicio económico para la entidad de algo más de 29 millones de euros.

Para el ex consejero delegado Domingo Parra, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión, mientras que para los exresponsables de Departamento de Participadas Juan Carlos Zafrilla y Celestino Aznar reclama tres años de cárcel, según consta en el escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien se ha hecho cargo de la investigación.

La de la adquisición de parte de la sociedad del exministro socialista, dedicada a la cría de dorada y lubina, es una de las numerosas piezas que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del banco valenciano.

Entrar en el accionariado "a todo trance"

Según el escrito de acusación, el consejo de administración del Banco de Valencia dio el visto bueno en 2006 a la adquisición del 20% de Acuigroup Maremar a través de Inversiones Valencia Capital Riesgo (Ivscr), que era la sociedad instrumental creada por motivos fiscales de la que la entidad se valía para la participación en otras sociedades.

"Guiados, por tanto, del objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir por los vendedores a partir de la fusión de las existentes, procedieron los acusados a articular los pasos necesarios que revistieran de legalidad la decisión de entrar a todo trance en el accionariado de aquélla", explica.

El fiscal encargado del caso, José Miguel Alonso, apunta que la entrada en la sociedad propiedad de Antoni Asunción fue "totalmente indebida" y "contraria a cualquier tipo de racionalidad económica, entendida ésta en el sentido de aparecer encaminada a favorecer los fines legalmente atribuidos a la institución financiera Banco de Valencia".

Aumentaron la participación al 68%

Tras la adquisición del 20% de la empresa, y a pesar de que el "deteriorio patrimonial se mantuvo en el tiempo" y de que "no generó resultados positivos en ningún ejercicio" posterior, "lo cual debería haber conducido a proponer al consejo de administración del Banco de Valencia la adopción de medidas drásticas" como la venta de la participación, el Ministerio Público indica que los acusados optaron "arbitrariamente, sin apoyatura en criterio económico lógico alguno y con perjuicio muy previsible", por "aumentar el porcentaje de participación hasta el 68%".

Este incremento en la participación en Acuigroup Maremar llevado a cabo en 2010, según añade el escrito, no sirvió "más que para que la entidad bancaria, en cuanto socio mayoritario", pasara a ser, además de financiador, "garante del excesivo endeudamiento bancario" de la empresa del exministro socialista.

Para Anticorrución, "la falta de lógica económica del aumento de la participación del banco hasta el citado porcentaje venía determinada por la conocida para los acusados falta de viabilidad del negocio", por lo que la operación no fue presentada ante el consejo de administración, sino que se aprobó únicamente en la junta general de Ivscr, en la que Domingo Parra representaba a Banco de Valencia.

Conscientes de la falta de rentabilidad

"En definitiva, se decidió la compra de un 48% adicional de la compañía con plena conciencia por los acusados de su falta de rentabilidad pasada, presente y futura, aún cuando se siguió trasladando a los órganos sociales correspondientes la impresión de ser factible de conseguir, tal y como figura en el acta de la reunión del consejo de administración de Ivscr de 31 de marzo de 2011", explica.

"Todo lo anterior conforma un marco en el que el Banco de Valencia incurre en lo que en términos empresariales se denomina riesgo reputacional, que es evidentemente muy superior para la entidad financiera una vez adquiere sin lógica de ningún tipo un 68% de la compañía, frente al 20% que detentaba hasta julio de 2010", remarca el fiscal en su escrito.

Es más, Anticorrupción considera que los acusados, "conscientes en todo momento de la situación extremadamente deteriorada de Acuigroup Maremar", trataron de "salvar su responsabilidad, por un lado, pactando con los hasta mediados del año 2010 socios mayoritarios y, por otro, propiciando el ejercicio de acciones judiciales contra éstos a modo de cobertura ante eventuales reclamaciones que les pudieran ser exigibles a ellos mismos".

Tras la dimisión de Domingo Parra en octubre de 2011, y ante el "reconocimiento del propio Banco de Valencia de no poder acometer un plan creíble para recomponer su situación económica, y con agravamiento de los problemas de liquidez", tuvo lugar un mes después la intervención de la entidad por parte del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Además de la petición de cárcel para los tres acusados, Anticorrupción pide que indemnicen solidariamente a CaixabankCaixabank, entidad sucesora del Banco de Valencia, o bien, en caso de renuncia de ésta, al FROB por la cantidad de 29,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El jefe de la misión de la Comisión Europea para el rescate financiero español, Servaas Deroose, no dudó este jueves en alabar la intervención en ayuda de la banca nacional como un auténtico “éxito”. En su comparecencia ante el Congreso, el jefe de los hombres de negro –como los bautizó en su día el ministro Cristóbal Montoro– aventuró que, sin el rescate, “la economía española y los contribuyentes” habrían tenido que hacer frente a mayores costes. Según explicó, las medidas de recapitalización interna permitieron ahorrar unos 13.000 millones de euros de la cantidad que finalmente se solicitó al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

En su intervención, Deroose no mencionó el último informe del Banco de España sobre la reestructuración financiera, que da por perdidos 42.590 millones de euros de los 56.865 millones de dinero público inyectados entre 2008 y 2014. Sólo se recuperará el 6,8%.

Desde 2009, cuando el Gobierno intervino Caja Castilla-La Mancha, hasta el tercer semestre de este año –los últimos resultados publicados–, la gran banca ha ganado 79.435,97 millones de euros. Es decir, sus beneficios superan en un 40% la cantidad de dinero público recibido por el sector. En esa cifra se incluyen los beneficios de Santander, BBVA, Caixabank, Bankia –antes Caja Madrid–, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. En realidad, con las ganancias acumuladas hasta 2013, la banca ya había cubierto la factura del rescate. Sólo en 2012 sumaron pérdidas, 17.200 millones de euros, por culpa de los 19.056 millones en números rojos con que cerró el ejercicio Bankia, los mayores de la historia financiera nacional. En 2011 también terminó en negativo, -3.381 millones, después de reformular unas cuentas que en principio reflejaban unos beneficios de 309 millones.

Además de la entidad de José Ignacio Goirigolzarri, únicamente el Banco Popular perdió dinero durante los años de la reestructuración financiera: 2.461 millones en 2012 y 3.485 millones en 2016. Fue finalmente absorbido por el Santander el pasado mes de junio.

En los nueve primeros meses de este año, los mayores bancos españoles han ganado ya 11.783 millones, una cifra que supera los beneficios obtenidos en todos los ejercicios completos desde 2011. Aun así, el resultado queda lejos del récord de 22.939,4 millones que se apuntaron en 2007, antes de que estallara la crisis.

Más ayudas públicas

Aunque el rescate lo recibieron las cajas de ahorro, éstas pasaron después al poder de los bancos. El BBVA adquirió Catalunya Banc –a su vez resultado de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa– y Unnim –Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa–. Caixabank se quedó con Banco de Valencia y Banca Cívica –Cajasol, CajaCanarias, Caja Burgos y Caja Navarra–. Banco Sabadell hizo lo propio con la Caja de Ahorros del Mediterráneco (CAM), el Banco Gallego y Caixa Penedés. Bankia ha absorbido BMN –Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra–.

Para estas operaciones, las entidades recibieron ayudas públicas. Por ejemplo, los Esquemas de Protección de Activos (EPA), avales que les garantizan la cobertura de las pérdidas en que puede incurrir una cartera de créditos o inmuebles. Los EPA se concedieron a cajas de ahorro y bancos con problemas entre 2009 y 2011 para facilitar su venta a otras entidades financieras. Estas garantías eliminan la incertidumbre sobre unos activos abocados al deterioro y a generar pérdidas, por lo que aumentan el atractivo para un potencial comprador de unas entidades condenadas si no al cierre. Caixabank, BBVA, Sabadell, Liberbank y BBK recibieron estos avales.

Los concedieron tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con dinero público, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de 130 bancos privados españoles. En total, 13.101,3 millones de euros.

Si a los 56.865 millones de euros públicos, se añade el dinero aportado por el Fondo de Garantía de Depósitos y otros 16.300 millones en créditos extraordinarios otorgados como “provisión urgente y transitoria de liquidez” por el Banco de España y por el FROB, la factura del rescate financiero se eleva hasta los 79.054 millones de euros. Una cifra que iguala los beneficios obtenidos hasta ahora por los mayores bancos del país.

Venta de Bankia 

En su informe sobre el rescate, el Banco de España considera “recuperables” 10.402 millones de euros, de los que 9.260 millones corresponderían a la privatización de Bankia. Hace sólo dos semanas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno estudia vender un paquete de Bankia “antes de final de año”, si se “solventa” y “endereza” la situación política en Cataluña. Y el pasado lunes, al presentar los resultados de Bankia, su consejero delegado, José Sevilla, confiaba en que el FROB encontrara “ventanas para la privatización” de la entidad “en el mes en curso o a final de año”.

En febrero de 2014, el FROB, que dispone de una participación del 67% de Bankia, colocó en Bolsa entre inversores institucionales una participación del 7,5% del banco, por unos 1.300 millones de euros. En sus cuentas de 2016, el FROB ya rebajaba el valor de sus participaciones en Bankia y BMN, ahora fusionadas, en 1.389 millones. Además, en 2014 vendió a seis euros la acción. Este mes los títulos de la entidad nacionalizada han caído a cuatro euros. A la espera del efecto en Bolsa del conflicto catalán.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba el pasado mes de abril que el Banco Popular era “solvente”, porque así se lo había comunicado el Banco de España. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, insistía dos días después en que también el Banco Central Europeo (BCE) había informado al Gobierno de que el Popular, intervenido este miércoles por las autoridades europeas ante una quiebra inminente, “no presentaba problemas de solvencia”. De hecho, el Banco de España sólo reconocía su preocupación sotto voce, mientras susurraba a la prensa que el único problema del Popular era de “gobierno corporativo, con un accionariado muy representado dentro del consejo” y decía apoyar el proyecto nonato de banco malo diseñado por el expresidente de la entidad Ángel Ron para liquidar el exceso de ladrillo tóxico que envenenaba sus balances.

Además, el banco recién comprado por el Santanderaprobó todos los tests de estrés a que le sometió desde 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) menos uno.

“Los supervisores no estuvieron atentos o no se atrevieron a tomar medidas drásticas en el momento adecuado”, razona el analista Juan Ignacio Crespo. “Está claro”, añade, “que no tomaron medidas a tiempo, tranquilizados por los trankimazines de las sucesivas ampliaciones de capital trankimazinesque iba completando el Popular”. El banco que desde febrero gobernaba Emilio Saracho lanzó cuatro ampliaciones de capital en cuatro años, la primera después de suspender las pruebas de esfuerzo europeas en 2012. La última, hace sólo un año, sirvió para mejorar el aprobado por los pelos obtenido por el Popular en los tests de la EBA del verano pasado, cuando quedó el quinto peor de los 51 bancos puestos a prueba. Las ampliaciones de capital debían ayudar a tapar un agujero que, por el contrario, no hizo más que aumentar hasta los 8.200 millones de euros que ha calculado la Junta Única de Resolución (JUR) antes de liquidar la entidad.

También el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo cree que al Popular los organismos supervisores “le han dado más cancha” que la concedida a las cajas de ahorro. “Si esto mismo le hubiera ocurrido a una caja, habrían intervenido hace mucho tiempo”, apunta. Con un banco no se podía argumentar que “la gobernanza era mala porque la llevaban los políticos”, como se hizo con las cajas de ahorro, lo que, a juicio del economista, ha dejado al Popular “en una situación no deseable, que ha terminado desbordándose: cuando los depositantes pierden la confianza, ya no se puede parar”.

Juan Ignacio Crespo echa de menos que no se tomaran medidas para reducir el riesgo, sobre todo en lo que se refiere a los activos tóxicos inmobiliarios. El analista ve en el Popular una “vida gemela” a la de Caja Duero. Ambas entidades llegaron tarde al boom inmobiliario, en 2005, y “fueron corriendo detrás de precios y promociones”, recuerda. Cuando la burbuja pinchó, en 2008, la caída empujó a Caja Duero primero a una fusión con Caja España, después a su conversión en banco y finalmente a ser comprada por Unicaja.

Múltiples señales de que algo iba mal 

El Popular, en cambio, caminaba solo pese a las señales claras de que algo iba mal. García Montalvo destaca el nivel de provisiones, que no superaba el 35% frente al más de 50% de media que poseía el resto de la banca. Además, el profesor de la Pompeu Fabra reprocha al Banco de España que se haya comportado como en ocasiones anteriores, considerando cada problema como una “crisis pasajera”, una estrategia que considera “un error garrafal desde el principio” y que no se ha seguido “ni en Estados ni en ningún otro país”.

Desde luego, rechaza que el Banco Popular tuviera un problema de gobierno corporativo. “No conozco muchos casos en que un consejo de administración haya despedido a su presidente”, contrapone José García Montalvo en referencia a la salida de Ángel Ron de la entidad el pasado diciembre. Fueron los consejeros independientes quienes permitieron a la presidenta del comité de nombramientos iniciar el despido, explica el profesor de la Pompeu Fabra. “Parece que la gobernanza no funcionaba tan mal”.

Más signos de alarma: el pasado abril una auditoría de sus cuentas llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers desveló un agujero de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró a la CNMV que el desfase no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el anuncio coincidió en el tiempo con la dimisión de su consejero delegado y número dosnúmero dos, Pedro Larena, sólo siete meses después de haber accedido al cargo.

Al tiempo, Standard & Poor’s alertaba de que la situación de capital del que fue considerado durante años “el banco más rentable del mundo”, era “débil” y “limitada su capacidad para generarlo de forma orgánica”.

El millonario fichaje de Emilio Saracho, procedente de JP Morgan, tampoco ha dado el resultado que se esperaba. Buscaba una nueva ampliación de capital, imposible según iba desplomándose el valor de la acción en las bolsas. García Montalvo considera que, en realidad, Saracho tenía poco margen de maniobra cuando fue nombrado el pasado 20 de febrero: “Quizá estaba mal informado o pensaba que iba a tener más capacidad para convencer a posibles inversores”. Los bajistas, que apuestan por la caída de la acción, llegaron a hacerse con el 12% del capital mientras se sucedían los rumores sobre la salida de depósitos. Las noticias sobre el interés de Bankia, BBVA o Santander no fructificaban. En sólo cuatro días, el Popular perdió la mitad de su valor en bolsa, un 65% en el último año. Tras la intervención europea, la CNMV ha asegurado que prestó “la máxima atención” al Popular durante los últimos meses, y seguido “estrechamente la evolución de la cotización” del banco en cada momento. Pero en ningún momento llegó a suspenderla. Hay que recordar que, tras la venta al Santander, los 300.000 accionistas del Popular han perdido todo su dinero. También los poseedores de deuda híbrida y subordinada. Los CoCos (obligaciones convertidas en acciones) valen cero.

Las tests de estrés no sirven para detectar problemas

El Banco Popular desaparece menos de un año después de aprobar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Pero tanto García Montalvo como Juan Ignacio Crespo coinciden en que estas pruebas sólo detectan “los casos extremos”, los evidentes, como el del italiano Monte dei Paschi, recién rescatado. “Los tests se hicieron por primera vez en 2009 en Estados Unidos y su objetivo era estabilizar el sector bancario, dando confianza a los inversores, independientemente de cómo esté cada entidad”, explica el profesor de la Pompeu Fabra. Para Juan Ignacio Crespo, las pruebas de esfuerzo bancarias no son más que “quitamiedos”.

Ahora el Santander tendrá que digerir los 38.000 millones de activos tóxicos del ladrillo que han acabado por matar al Popular. “Si algún banco puede hacerlo es el banco de Ana Patricia Botín, es el que tiene mayor capacidad de gestión y mayor capacidad para conseguir esos 7.000 millones de euros previstos en la ampliación de capital”, aventura García Montalvo. “Si no descubre pérdidas adicionales”, añade Juan Ignacio Crespo, “será una buena operación para el Santander”. A juicio de este analista, no cabía otra solución: “El Gobierno tiene que estar aplaudiendo: el Santander se hace cargo, quitándole un problema sin coste para el contribuyente y planteando un provisionamiento de hasta el 70%, una cifra tremenda”.

García Montalvo, por su parte, apunta que los accionistas del Popular no son los únicos que han perdido sus inversiones durante la crisis. Ya les ocurrió, indica, a los del Banco de Valencia y a los poseedores de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –que también fue vendida por un euro, al Banco Sabadell–. También los accionistas del BBVA o del Santander, continúa, han perdido el 50% o 60% de sus inversiones desde el comienzo de la crisis: “Esta fiesta la han pagado muchos, no sólo el sector público, sino también inversores”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana del PP y ex número dos de Rodrigo Rato en Bankia, José Luis Olivas, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que durante su etapa de presidente del Banco de Valencia no tenía capacidad ejecutiva, y por tanto no disponía de "poderes" en la entidad que encabezó entre enero de 2004 hasta su dimisión en octubre de 2011, según aseguran a infoLibre fuentes presentes en la declaración.

En su declaración como investigado en el seno de la pieza principal del caso Banco de Valencia, una entidad financiera participada primero por Bancaja y tras la fusión con Caja Madrid por Bankia, Olivas ha tratado de eludir cualquier responsabilidad en el agujero de más de 17.000 millones de euros, lo que la sitúa como la tercera entidad que más dinero público ha necesitado para evitar la quiebra detrás de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (24.4000 millones de euros) y de Bankia (22.400 millones de euros).

Olivas, que ya ha sido condenado a un año y medio de cárcel por falsificar una factura al empresario Vicente Cotino, apuntó al consejero delegado en Banco de Valencia, Domingo Parra, como el verdadero responsable del hundimiento del Banco de Valencia, una entidad privada que desapareció tras más de 100 años de historia. Parra, que declara este jueves en la Audiencia Nacional como imputado, era la persona que se reunía con los inspectores del organismo supervisor.

Sólo presidía el consejo

¿Cuál fue entonces el papel de José Luis Olivas como presidente de Bancaja y de Banco de Valencia entre 2004 y 2011? Según su testimonio ante Pedraz se limitaba a presidir el consejo de administración, que se reunía seis veces al año. Y también encabezada las comisiones ejecutivas del banco, que eran doce al año.

Por cada reunión, Olivas cobraba dietas. Y según el Banco de España, el número dos de Rodrigo Rato en Bankia percibió 3,3 millones de euros de forma "irregular". Sin embargo, Olivas dio un argumento que él consideró de peso a la hora de conocer su participación en el agujero de Banco de Valencia: no tenía despacho en el banco, participado por Bancaja, que él también presidía.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.

Y pese a que Olivas presidía el consejo de administración y la comisión ejecutiva, el expresidente de la Generalitat Valenciana también ha asegurado al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia, Santiago Pedraz, que no tuvo información puntual de las inspecciones del Banco de España ni de las conclusiones de los funcionarios, que en todo momento advirtieron del agujero de la entidad valenciana.

No se analizó el agujero

En el mismo sentido, Olivas resaltó en su testimonio que el consejo de administración de Banco de Valencia no trató la situación en la que se encontraba la entidad, ni las advertencias de los inspectores del regulador. Y por ello, en todo momento estaba tranquilo con las cuentas de 2009 y 2010, ya que el Banco de España no realizó "requerimientos específicos".

Tampoco, siempre según las mismas fuentes presentes en la declaración de Olivas ante el juez, el expresidente valenciano tuvo conocimiento del informe de febrero de 2011 del Banco de España que anunciaba pérdidas de 200 millones de euros en las cuentas de 2010.

De esta forma, Olivas trata de eludir la acusación del delito de falsedad contable aduciendo que no tenía información puntual de las reuniones entre los directivos del banco y los inspectores del Banco de España, que no realizaron requerimientos.

Olivas también contó su versión sobre su inesperada dimisión de octubre de 2011, que fue el preludio de la intervención un mes después de la entidad financiera valenciana, que tuvo que ser rescatada con dinero público. Según el expresidente valenciano, que también está a un paso del banquillo de los acusados en el caso Bankia, dimitió de su cargo de presidente del Banco de Valencia porque este era incompatible con el de vicepresidente de Bankia, cuyo presidente, Rodrigo Rato, seguía encabezando Caja Madrid.

Renuncia de honores

Al final de su comparecencia, que superó la hora y media de duración, Olivas también ha explicado que considera que "todo estaba perfecto", sobre todo tras mantener una reunión con el subgobernador del Banco de España en octubre de 2010. 

En abril pasado Olivas anunció su renuncia a todos los honores y derechos que corresponden como ex jefe del Consell tras haber confirmado la Audiencia Provincial la condena de año y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

Olivas remitió una comunicación al presidente valenciano, Ximo Puig, en la que explica: "Como quiera que la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, renuncio expresa y voluntariamente a todos los honores y derechos que me pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la ley 6/2002 que regula el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un vuelco al caso Bankia llamando a declarar como investigados –antiguos imputados– al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como a la cúpula de la Inspección del supervisor –Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González y Jerónimo Martínez Tello– y los exsubgobernadores Fernando Restoy y Javier Aríztegui.

Tres veces intentaron las acusaciones particulares que el juez instructor, Fernando Andreu, investigara la actuación del Banco de España en la salida a bolsa de Bankiala salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011. Pero Andreu siempre rechazó imputar a la cúpula del organismo supervisor, una petición que consideraba “impertinente e inútil”. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, fueron los consejos de administración de BFA [la matriz] y de Bankia los que decidieron qué alternativa adoptar”. Así, esa decisión era “perfectamente legítima” y, aunque errónea, no debía ser objeto de una investigación penal.

Por el contrario, la Sala de lo Penal encuentra “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” contra los responsables del Banco de España y de la CNMV “en cuanto garantes e indicativos de su corresponsabilidad” en la posible salida fraudulenta a bolsa.

La clave para que la sala estime parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que se adhirió la CGT, y ordene la declaración como investigados de las cúpulas de los dos organismos supervisores son los correos enviados por el responsable de la Inspección del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, a sus jefes. Como los emailsno fueron aportados hasta octubre de 2016, la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de investigación de los sindicatos en sus dos anteriores resoluciones, de julio y octubre de ese año. Pero una vez examinados los mensajes, dicen ahora los jueces, su “contenido explícito es altamente significativo del alcance, extensión y claridad” de las “reiteradas advertencias” hechas por el equipo de inspección a los directivos del Banco de España sobre la inviabilidad del banco.

“Una máquina de perder dinero”

Los correos confirman la declaración que el propio José Antonio Casaus hizo ante el juez el pasado septiembre. Entonces aseguró que los inspectores habían informado “hasta cuatro veces” a la dirección del supervisor bancario de que no debía aprobarse la salida a bolsa de Bankia, porque “no solucionaba los problemas del grupo”. A juicio de los inspectores, el banco que presidía Rodrigo Rato era “una máquina de perder dinero” que terminaría siendo nacionalizado “en pocos meses”, como de hecho ocurrió. Es más, reseña el auto judicial, la salida a bolsa supuso un “grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”, que las acusaciones particulares cifran en 15.000 millones de euros.

“A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones”, advertía José Antonio Casaus en un correo al jefe de grupo de la Inspección, José Antonio Gracia Sanz, el 2 de diciembre de 2011, cinco meses después de la salida a bolsa. “El panorama del grupo bueno cotizado [el malo era BFA], pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador, pese al buenismo de las proyecciones”.

La interpretación que hace la sala de estos correos, por tanto, es opuesta a la que sirvió al juez Andreu para desechar la imputación de los directivos del Banco de España y la CNMV. En su último auto sobre el asunto, Fernando Andreu considera que los correos tienen carácter informal y espontáneo. Lo que realmente cuenta, argumenta, son los “informes de seguimiento de los inspectores, que constituyen el cauce oficial para que estos funcionarios expongan el resultado de su trabajo. De esos documentos, añade el juez, “no se desprende que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento”.

Los informes revelan las irregularidades

Sin embargo, una vez más, la Sala de lo Penal contradice a Fernando Andreu. Y asegura que los indicios de criminalidad revelados por la declaración de Casaus Lara y ratificados por los correos electrónicos quedan “reforzados” precisamente por los informes de seguimiento emitidos por los inspectores.

Estos documentos, “aunque de modo suavizado en relación con los emails”, dan cuenta de “graves y reiteradas irregularidades” en Bankia. El de 21 de diciembre de 2011 denuncia que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de la entidad, por ejemplo proporcionando “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”. También ponía en cuestión, según reproduce el auto de la sala, que el banco fuera a ser capaz de devolver los fondos aportados por del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El rescate de Bankia le costó a las arcas públicas 24.500 millones de euros.

Otro informe de marzo de 2012 revela que Bankia no reflejaba en sus cuentas la morosidad real de su cartera de créditos, “en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal”. Los inspectores explicaban que esos créditos morosos se estaban refinanciando con carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses”. “Bankia debe ser gestionada como una prensa en crisis y hasta ahora no está haciendo así”, concluía el informe.

La Sala de lo Penal también ve en los informes periciales indicios adicionales de que la salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta. Todas las cuentas del ejercicio de 2011 contenían “errores contables” e incluso eran “falsas”, según explican las acusaciones particulares y el auto incluye. Así, los beneficios oficiales obtenidos en 2011, 305 millones de euros, resultaron ser 2.979 millones de pérdidas tras reformularse sus cuentas en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al mando. En ese “engaño contable continuado” fue parte activa el Banco de España, destacan las acusaciones. Que también califican de “sorprendente” la actuación de la CNMV.

Fernández Ordóñez presionó a Olivas

Finalmente, el auto de la Audiencia Nacional acepta igualmente como indicio de delito la reunión que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantuvo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. Según declaró éste ante el juez, Fernández Ordóñez le “conminó” a fusionarse con Caja Madrid o se le intervendría la entidad. “En unas condiciones normales no habría aceptado la integración”, concluyó Olivas, también imputado en el caso Bankia. Además, asegura que recibió una llamada del entonces subgobernador, Javier Aríztegui: “El gobernador quiere que lleguéis a un acuerdo”. Además, le urgió a alcanzarlo en el plazo de una semana, por lo que tuvieron que “trabajar contrarreloj” para cumplir con lo que se les “estaba exigiendo”.

A juicio de las acusaciones, el Banco de España no sólo intervino “durante todo el proceso”, desde la misma fusión, sino que también lo “impulsó”.

Por todo ello, en definitiva, la Sala de lo Penal considera “razonable y razonada” la petición de las acusaciones particulares de que de declaren como investigados las cúpulas del Banco de España y de la CNMV. Aunque no entra a calificar el posible delito de sus actuaciones como estafa de inversores.

Horas después de conocerse su imputación, dimitieron de sus cargos los máximos responsables de la Inspección del Banco de España: Mariano Herrera García-Canturri, Pedro Comín y Pedro González. Al tiempo, la CNMV se mostraba “convencida” de que su actuación en la salida a bolsa de Bankia fue “correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia”.

La banca italiana será rescatada finalmente, tras años de crisis larvada. La inyección de capital ascenderá a 20.000 millones de euros, casi el mismo importe –22.429 millones– que en principio recibió Bankia. Ahí acaban las coincidencias. Pese a que las condiciones del rescate bancario a España en 2012 –que terminó sumando casi 62.000 millones de euros– quedaron consagradas después en la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria, que entró en vigor hace ahora un año, el Gobierno italiano ha maniobrado con una finezza digna de admiración y Bruselas le ha dado luz verde. Apurando la letra de las normas comunitarias pero saltándose el fin para el que fueron aprobadas, el rescate italiano degrada al Gobierno español a la categoría de primo de Europa.

  FONDOS europeoS, fondos propios

El rescate de la banca española se hizo con fondos europeos, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio forzado a cumplir un memorando de 37 condiciones que incluían obligaciones de política económica general y a someterse a la vigilancia de los hombres de negro. El rescate italiano, por el contrario, se nutrirá de fondos estatales. Será una recapitalización preventiva o cautelar, en la que el Estado se presenta como garantía última y que sólo se permite si se produce una situación económica adversa y cuando las entidades suspenden los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). El Ejecutivo de Roma aduce que esa coyuntura dañina la ha provocado el Brexit. Y en los últimos exámenes de la EBA el Monte dei Paschi fue el único banco europeo que no consiguió el aprobado.

  Sin quitas en Italia; en España, hasta el 74%

Aunque la directiva europea establece que el coste de los futuros rescates bancarios debe ser asumido primero por los accionistas y después por los bonistas o tenedores de deuda, para evitar que el pagano sea el Estado, Italia le ha hecho una finta a la norma. En el decreto que aprobó la víspera de Nochebuena, el Gobierno de Paolo Gentiloni recalca que quienes adquirieron bonos subordinados “conservarán el 100% de su valor nominal”. Sólo los tenedores de deuda de mayor calidad, que son inversores institucionales, perderán un 25% de su capital. Una quita muy tímida si se compara con las que sufrieron cuatro años antes los acreedores españoles.

Las quitas para los preferentistas de Bankia ascendieron a un 38% de media –para los clientes del Banco de Valencia, una de las entidades que la integran, alcanzaron el 86%– antes de que sus participaciones fueran canjeadas por acciones. Tras el cambio, el descuento total aplicado alcanzó el 74%. Los accionistas de la entidad que presidió Rodrigo Rato lo perdieron todo.

  300.000 preferentistas en Bankia; 60.000 en el Monte dei Paschi

En Italia se calcula que hasta un 15% de la población posee deuda subordinada. Sólo el Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo y la tercera entidad del ránking transalpino, colocó el 65% de sus emisiones de deuda subordinada, unos 5.000 millones de euros, en manos de pequeños ahorradores, unos 60.000. Bankia hizo lo mismo con el 73,24% de sus productos híbridos –preferentes y deuda subordinada–, que sumaron 6.911 millones de euros. Unos 300.000 particulares los compraron. En toda España quedaron entrampadas con las preferentes 700.000 personas.

Pero no sólo se han librado los italianos de las quitas que dejaron sin ahorros a los bonistas españoles sino que, además, podrán canjear sus títulos por acciones, que el Estado a continuación cambiará por bonos de nueva emisión y de la máxima calidad.

Eso sí, para que todo este esquema de rescate sin quitas se ajuste a la directiva europea, Italia deberá demostrar ahora que la venta de deuda subordinada fue fraudulenta, que se colocó a pequeños inversores sin informarles de los riesgos, como ocurrió en España.

  25% de mora en Italia; 15% en España

Más diferencias. El agujero de las cajas de ahorro rescatadas en España lo produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. El de Italia, la morosidad de las empresas, maltrechas por una economía que no crece. De hecho, el monto de los créditos morosos italianos asciende a 360.000 millones de euros, con una tasa media del 25% que, en el caso del Monte dei Paschi, se dispara hasta el 35%. En España, la tasa de morosidad no superaba el 15% en 2012 y hoy está por debajo del 10%. La de Bankia en el año del rescate era del 13%.

La mala salud de los bancos italianos no es una sorpresa, los datos no son nuevos, sino el resultado de retrasar el rescate año tras año.

  Enfermedad macroeconómica

Pero también es la consecuencia de una economía que en 2012 se contrajo un 2,8%, dos décimas más que la española, y un 1,7% en 2013, lo mismo que la española. En 2014 sólo creció una décima y siete más en 2015. El último dato, del tercer trimestre de 2016, cifra en un 1% el aumento del PIB. Es decir, todos ellos números muy por debajo del crecimiento de la economía española, que en 2014 experimentó un alza del 1,4% y en 2015 del 3,2%, el mismo que lleva acumulado hasta el tercer trimestre de 2016.

Tampoco puede presumir Italia de su deuda, que en octubre de 2016 alcanzaba el 132,3%, sólo superada por Grecia dentro de la UE. La de España, aun desbocada, está en el 99,8%. En 2012, la deuda española se quedaba en el 85,7%, mientras la italiana ya despuntaba con un 123,3%.

Por el contrario, el desafío macroeconómico español se situaba en el déficit, que en el año del rescate se disparó hasta el 10,47%, por sólo un 2,9% en Italia. En 2015 el desajuste nacional doblaba al transalpino.

Hace cuatro años la prima de riesgo era el monstruo con cuya escalada se asustaba cada mañana al ciudadano, ante la amenaza de que a España se le cerrara el grifo del crédito. En mayo de 2012, cuando se firmó el rescate, la prima se había encaramado hasta los 542 puntos básicos, cuando por encima de 100 empezaban a saltar las alarmas. En julio alcanzó su máximo, con 637 puntos. Pues bien, la italiana no era mucho mejor entonces. En mayo llegó a 482 puntos básicos y en julio, a 532. Hoy, la española es incluso menor que la italiana: 118 por 161.

  Draghi y Enria frente a Restoy

Pero el paisaje macroeconómico ha pesado mucho menos que los motivos políticos. O que el peso político de Roma en comparación con Madrid. El Gobierno italiano ha sabido utilizar frente a sus socios europeos las bazas que le ofrece la incertidumbre política actual. Los peligros del Brexit, por un lado, y el fantasma del populismo, por otro, le han servido para conseguir un rescate a la carta. Castigar a decenas de miles de italianos con perder sus ahorros puede incendiar la llama del descontento y avivar a los partidos antisistema, esgrimieron, con éxito, los gobernantes italianos ante Bruselas.

También es un factor a tener muy en cuenta que dos italianos se sientan en lo más alto del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Andrea Enria.

En cambio, España sólo tiene situado a Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, en una alta institución económica europea: desde el pasado día 1 preside el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI), un órgano del Banco Internacional de Pagos (BIS). Se quedará solo en octubre, cuando el exgobernador del Banco de España Jaime Caruana deje de dirigir este último organismo. Precisamente cuando se preparaba el rescate a Bankia, en marzo de 2012, abandonó su puesto en el comité ejecutivo del BCE José Manuel González Páramo, el último español en primera línea. Desde entonces, la ausencia española en las altas esferas del poder financiero europeo ha sido reveladora de la pérdida de ascendiente político internacional del Gobierno de Madrid.

La cúpula de Banco de Valencia estaba compuesta entonces por el también presidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado Domingo Parra, que fueron detenidos en junio de 2015 por estafa y malversación en relación con los negocios de Bancaja en el Caribe.

En su informe de 1 de agosto de 2013, los inspectores de la Intervención del Estado, que actuaban como peritos de la Fiscalía Anticorrupción, analizaron las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año. Según los cálculos de los peritos, la cuentas tendrían que haber presentado unas pérdidas de 86,23 millones en lugar de unos beneficios de 132 millones de euros. 

Para estos funcionarios, los ratios de morosidad y solvencia mostrarían una situación mucho más desfavorable que la que se había plasmado en las cuentas oficiales: "Consideramos que no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con los principios y normas contables contenidos en la Circular 4/2004 del Banco de España".

Control semanal

La comparecencia de estos dos funcionarios, que eran jefe y subjefa de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, precede a la declaración prevista para este jueves de los inspectores de Hacienda que se encargaban de realizar el control en la entidad.

Entre estos funcionarios se encuentra el inspector José Antonio Casaus Lara, quien según la documentación aportada por el Banco de España al juez que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, dirigió en marzo de 2011 varios correos electrónicos al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, en el que aseguraba la mala situación en la que se encontraba el Banco de Valencia.

En concreto, Casaus envió a su jefe un mensaje el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, en el que le explica que había advertido a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Salida a bolsa

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

Tras la comparecencia de los inspectores de Hacienda, el juez Santiago Pedraz tiene intención de llamar a declarar como investigados a los integrantes del consejo de administración que aprobaron las cuentas que ahora los peritos consideran irregulares.

El juez Santiago Pedraz. 

Entre los citados estarán el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

Diferencia de cálculo

En el auto en el que declaraba compleja la causa, el juez Pedraz adelantó que los investigados tendrían que dar explicaciones "sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la inspección del Banco de España.

El Banco de España intervino en noviembre de 2011 el Banco de Valencia y sustituyó a los admistradores. También se vio obligado a inyectar 1.000 millones de euros al mismo tiempo que concedió a los nuevos gestores una línea de crédito de otros 2.000 millones para asegurar su liquidez.

En total, las administraciones públicas han tenido que aportar 17.868 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, para evitar la quiebra de Banco de Valencia, que era una sociedad participada de forma mayoritaria primero por Bancaja y tras la fusión por Bankia.

De esta forma, el Banco de Valencia es la tercera entidad financiera que ha necesitado más dinero para evitar la quiebra, tras los 24.861 millones de la Caja del Mediterráneo y los 22.426 millones de BFA-Bankia.

Olivas dimitó de su cargo de presidente de Bancaja el 21 de noviembre de 2011, días antes de la intervención. Al final de todo el proceso, el Banco de Valencia ha acabado en manos de CaixabankCaixabank, que se hizo con la entidad financiera valenciana tras abonar 1 euro y asumir la deuda de la misma.

Y el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector Casaus explica a su jefe que advirtió a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

El Banco de Valencia estaba participado mayoritariamente por Bancaja hasta la fusión, cuyo dominio fue traspasado al Grupo BFA-Bankia. Y debido a ese control, según los peritos judiciales del caso Bankia, sus cuentas tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

No cumple las normas

Por el contrario, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especificaban los peritos en sus conclusiones sobre la gestión de Bankia.

En el aludido mensaje electrónico de marzo de 2011, conocido este viernes, se da cuenta de que el Banco de España advirtió a Bankia de que con la bajada de rating de Moody's al Banco de Valencia, la calificación del banco valenciano quedaba "por debajo del grado de inversión, lo que imposibilitaba su acceso a los mercados".

Además, según los inspectores que controlaban las cuentas de Rato, pese a que el banco valenciano llevaba su gestión tesorera de forma independiente de Bankia, "podría necesitar el apoyo de ésta para hacer frente a los vencimientos (líneas de crédito abiertas disponibles por 970 millones)".

"Salidas anormales de depósitos"

El correo electrónico muestra un panorama para Banco de Valencia muy preocupante: "Los depósitos interbancarios que vencían en marzo (600 millones de euros) se les han ido y tienen un vencimiento de senior por 700 millones en julio. Además, están notando que desde el anuncio de Moody's la prensa local está incidiendo en su calificación de bono basura y se están produciendo salidas anormales de depósitos a plazo (70 millones en tres días). El disponible en póliza asciende a sólo 600 millones de euros".

Además, el inspector asegura en el documento que comentó a los directivos de Bankia que la situación de liquidez "es preocupante: en julio vencen 700 millones de euros y hay otros 200 millones sobre los que Bayerische Landesbank está reclamando la salida".

Entre los problemas que sufriría Bankia por su decisión de dejar a su suerte a la entidad valenciana, Casaus resaltó que Bankia "tiene 1.700 millones de euros de financiación dispuesta con Banco de ValenciaBanco de Valencia, materializada en una línea de 1.000 millones que ha quedado en BFA y otra de 1.000 millones en Bankia".

José Luis Olivas

Además, el funcionario apuntó otro nexo de las entidades: que el presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, era entonces vicepresidente ejecutivo de BFA y de Bankia y que el banco valenciano "consolida globalmente en el Grupo BFA-Bankia".

"Según me han dicho ellos mismos", completa el inspector en su escrito en el que da cuenta de sus reuniones con los directivos de Bankia,"muchos acreedores de Banco de Valencia pensaban que Bancaja era quien estaba detrás, pues las colocaciones en el mercado las cerraba el personal de Bancaja. Además, la relación que tenían Bancaja y Banco de Valencia era tan evidente como que la financiación de 1.700 millones que tiene de Bankia son los 1.700 millones que Bancaja emitió en avaladas para, a continuación, prestárselos a Banco de Valencia".

Pese a su decisión de abandonar el banco valenciano a su suerte, los directivos de Bankia, que defendían ante el regulador que Banco de Valencia pertenecía a BFA (banco malo) y no a Bankia, aseguraron que si al final se decidía a hacer algo para ayudar al banco valenciano "tendría que ser antes del 3 de julio [fecha de la salida a bolsa de Bankia], porque un banco cotizado no puede abrir la financiación a una inversión de baja calidad".

"Otros socios"

En este sentido, en su primera declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Rato aseguró: "El Banco de España tenía clara cual era mi posición. Y no me planteó que la cambiase. Yo estaba a favor de una ampliación de capital, pero solo si hay un informe independiente que me diga que es suficiente. Y solo por el 39%. Por lo que tendría que haber otros socios considerables...". Además, explicó que mantener la liquidez del Banco de Valencia le costó a Bankia "400 millones de euros".

En el correo electrónico enviado el 10 de noviembre de 2011 por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, el primero asegura también que en una reunión con sus interlocutores de Bankia les trasladó que el organismo supervisor consideraba que desde el 7 de de octubre de 2001, "el Grupo BFA tomó una decisión estratégica: lanzar al mercado su idea de desentenderse de Banco de Valencia", sostiene el funcionario.

"Pese a pedírselo repetidas veces desde el 13 octubre, aún no nos habían dado cifras sobre el impacto de valorar a cero Banco de Valencia, entendíamos que dicha decisión tan relevante se había adoptado por parte de Grupo BFA sin haber evaluado previamente el impacto en el Grupo, lo que desde el punto de visto de nuestra valoración del gobierno corporativo nos parecía un aspecto a tener en cuenta. La respuesta de José Luis Sánchez Blázquez [Bankia] es que en Cibeles se tenía toda la información", explica el inspector.

"Quebranto reputacional"

De esta forma, la decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según explican los peritos judiciales de Bankia en consonancia a las conclusiones que realizó su compañero en 2011, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención".

Tan solo 11 días después de este último correo, el 21 de noviembre de 2011, un día después de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España.

En total, la centenaria entidad financiera valenciana ha necesitado 17.000 millones de euros para evitar la quiebra. Una parte de este dinero fue a parar a Caixabank, que se hizo con la entidad por un 1 euro. A cambio, el banco de Isidre Fainé recibió una línea de crédito de 7.000 millones para reflotar el banco.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha calificado este jueves de "artimaña" la actuaciónartimaña del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para desmentir las conclusiones de los peritos judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, han informado fuentes jurídicas, informa Europa Press.

Ambos expertos, Busquets y Sánchez Nogueras, apuntaron en sus informes que el grupo BFA-Bankia conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes y que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios. El Banco de España elaboró meses después, a petición del FROB, un segundo informe que contradecía estas conclusiones y que favorecía los intereses de Rodrigo Rato.Rodrigo Rato

El magistrado ha intervenido durante la declaración testifical prestada por el actual director general de Supervisión de la entidad reguladora y exdirector general del FROB, Mariano Herrera, que respondía a preguntas efectuadas por el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog.

Un contrainformecontrainforme

El letrado interrogaba al testigo -que continuó como miembro de la comisión rectora del FROB tras abandonar la dirección general- sobre la decisión del organismo de rescate de solicitar al Banco de España el contrainformecontrainforme cuyas conclusiones desmentían las adoptadas por los peritos judiciales.

Este documento, fechado en marzo de 2015, se incorporó a la causa a petición de la defensa el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y no fue aportado por el propio FROB, personado en el procedimiento como acusación particular. El juez ha interrumpido a Herrera para aclararle que el letrado le pedía "explicaciones" sobre esta maniobra y la ha calificado de "artimaña".

Al margen del juez

Tanto el director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, como el director general de Regulación del mismo organismo, Julio Durán, participaron en la petición del FROB al Banco de España de un contrainforme, y que ambos acabaron elaborando al margen del propio juez.

Por otra parte, el directivo del Banco de España Mariano Herrera ha vuelto a ratificar, como ya hicieran otros cargos del organismo supervisor esta semana, que Bankia disponía de provisiones genéricas de fondos, no asignadas, y destinadas a cubrir deterioros adicionales en caso de necesidad, han informado fuentes jurídicas.

Herrera ha avalado la declaración prestada el pasado mes de junio por el socio auditor de Deloitte, Francisco CelmaFrancisco Celma, que señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias y precisó que ascendían a 3.000 millones de euros. Ha precisado, además, que la cifra concreta del colchón era de 3.027 millones.

La Intervención General del Estado (IGAE) fiscalizó una muestra de 16 de los 65 contratos de más de 18.000 euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó entre 2009 y 2013. La operación formaba parte del control financiero permanente a que está obligado a someterse este organismo, encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. El resultado del primer control fue un informe, con fecha de mayo de 2014, que revisaba la política de contratación, personal y tesorería del FROB hasta el primer semestre de 2013 y al que ha tenido acceso infoLibre.

Uno de esos contratos fue concedido en octubre de 2009 a la firma de cazatalentos Seeliger y Conde para que seleccionara personal directivo. Su presidente, Luis Conde, fue nombrado dos años más tarde consejero independiente de Catalunya Banc, entidad cuyo accionista mayoritario era el FROB. Conde se sentó en el consejo de la entidad hasta julio de 2013, cuando renunció por “motivos personales”. Por entonces, aún seguía vigente el contrato de cazatalentos con el organismo público, que le había sido adjudicado en un procedimiento negociado sin publicidad. Su importe era de 64.656 euros anuales.

Seeliger y Conde fue la firma que fichó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en enero de 2013, para que presidiera su consejo asesor. Es una de las principales consultoras españolas especializadas en la selección de directivos para las mayores compañías. Luis Conde explica a infoLibre que empezó a trabajar para Catalunya Banc “mucho antes de que el FROB entrara en el banco” y que fue “a raíz de esas colaboraciones y de conocer a sus principales ejecutivos” por lo que su presidente, Adolfo Todó, le propuso incorporarse al consejo. Recuerda que antes había trabajado en banca durante 15 años. “No entré por mediación del FROB ni con el conocimiento del FROB, sino por Todó”, replica, “por tanto, no hubo ningún tipo de incompatibilidad”.

También asegura que dejó el puesto en el consejo de Catalunya Banc porque no podía dedicarle el tiempo que le exigía, también porque ser consejero le impedía contratar con el banco. Y eso ocasionaba un “claro perjuicio” a su empresa.

Los interventores encontraron varias deficiencias en la ejecución de este contrato, por el que Seeliger y Conde seleccionaba a los administradores del FROB en las entidades nacionalizadas. Entre ellas, la firma de cazatalentos redactó un informe con fecha de 23 de noviembre de 2009, un día antes de que le fuera hecho el encargo. Además, Seeliger y Conde no acreditó ante el FROB que no estuviera prestando sus servicios a otras personas o empresas que pudieran suponer un conflicto de interés con el gestor del rescate financiero.

Entre esos 16 contratos de la muestra analizada por los interventores figuran los firmados con tres de las cuatro grandes de la auditoras internacionales: Ernst & Young, KPMG y Deloitte. También firmó con BDO Auditores. Todas ellas se encargaron de los procesos de due diligence de las entidades administradas por el FROB, las investigaciones a que se someten las empresas para determinar la conveniencia y el precio de una operación financiera. Por cada entidad las auditoras cobraron entre 180.000 euros y 1,1 millones de euros.

Por su parte, los bancos franceses Crédit Agricole y Société Générale hicieron valoraciones de las entidades intervenidas por el FROB. El primero cobró entre 50.000 y 250.000 euros según el banco, y el segundo percibió 200.000 euros por cada una de las tres valoraciones que entregó.

Grandes despachos

Para asistirle en temas jurídicos, el FROB acudió a grandes despachos. J&P Garrigues percibió 45.000 euros al año por asesorarle sobre recapitalización de las entidades intervenidas, 45.000 euros más sobre restructuración y otros 44.000 por consultoría. Los interventores del Estado advierten en su informe de que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con este bufete.

Con el despacho internacional Clifford Chance también suscribió un contrato genérico de asesoramiento y asistencia jurídica, por el que abonaba una minuta de 10.000 euros al mes. El despacho británico fue el que asesoró al venezolano Banesco para la compra del 88% de Novacaixagalicia, una de las entidades administradas por el FROB, por 1.003 millones de euros.

Con Simmons & Simmons, otro bufete internacional, el FROB pactó una remuneración de 75.000 euros anuales para que le asesorara en el proceso penal que se sigue contra Bankia y sus consejeros en la Audiencia Nacional. Y con el banco japonés Nomura celebró otro contrato para que le asesorara sobre estrategias para fortalecer las entidades que administra, a cambio de 517.241 euros. Según el interventor, en este contrato Nomura subcontrató los encargos de Banco de Valencia y Caja Sur sin que el FROB se lo autorizara o denegara. El banco japonés fue accionista, a través de un fondo, de la empresa de infraestructuras y tecnología de la información Avanzit, luego renombrada como Ezentis. Uno de sus consejeros fue Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Sin concurso ordinario

Todos estos contratos de asesoría fueron adjudicados por un procedimiento negociado y sin publicidad, como el 83% de los contratos que suscribió el FROB en esos años. Se trata de concursos restringidos en los que se invita a un mínimo de tres candidatos. El de Simmons & Simmons, no obstante, se hizo sin invitaciones.

También recurrió el FROB a la consultora internacional Oliver Wyman para diseñar el plan de resolución del Banco de Valencia. Le pagó 550.000 euros por un mes de trabajo. No hubo concurso, se le adjudicó directamente el contrato. Oliver Wyman fue la firma que llevó a cabo los test de estrés de la banca española en 2012 y 2014.

infoLibre preguntó al FROB sobre el informe de la Intervención General del Estado y los datos que allí aparecen sobre el contrato que el organismo firmó con Seeliger y Conde en 2009. Le envió un correo con las siguientes preguntas, que ha declinado contestar:

–En octubre de 2011, Luis Conde fue nombrado consejero independiente de Catalunya Banc, cuyo mayor accionista era el FROB. Es decir, su nombramiento debió de contar con la aprobación del FROB. ¿No existe algún tipo de incompatibilidad entre el hecho de que Conde fuera al mismo tiempo adjudicatario del FROB y consejero de una entidad administrada por el FROB?

–¿Sigue vigente este contrato (el informe dice que sí lo estaba a la fecha de su entrega, mayo de 2014)?

En la resolución judicial, de 6 de junio, el juez permite a Bankia Hábitat personarse en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional como "defensa" ya que en la querella inicial se incluyó a Bancaja Hábitat, empresa que pasó a formar parte de Bankia y que tras la fusión pasó a llamarse Bankia Hábitat, como una de las responsables del hundimiento de la centenaria entidad financiera valenciana.

La querella la interpuso el letrado asturiano Diego Muñoz-Cobo, en nombre de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), y entre los querellados incorporó a todos los integrantes del consejo de administración del banco valenciano, cuyo principal accionista era Bancaja hasta la fusión con Caja Madrid y otras entidades finacieras, y que después pasó a depender de la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

"Sujeto pasivo"

"El inicio de estas actuaciones lo compone la querella presentada en su día ante los juzgados de Valencia por la asociación Apabankval, y entre ellos figuraba querellado José Luis Quesada Ibáñez, en nombre de Bancaja Hábitat SL. Como lo que se ha producido es, en realidad, un cambio de denominación en Bancaja Hábitat, que actualmente es Bankia Hábitat, procede aceptar la personación de Bankia Hábitat como sujeto pasivo de este procedimiento", especifica el juez Pedraz en el mencionado auto de 6 de junio.

De esta forma, Pedraz hace caso al recurso interpuesto por el letrado Muñoz-Cobo, que alertaba contra una posible nulidad por indefensión ya que su querella se dirigía contra todas las personas físicas y jurídicas que integraban el consejo de administración de Banco de Valencia, entre las que se encontraba Bancaja Hábitat. "En consecuencia, entiende esta parte que resulta procedente la personación de Bankia Hábitat SLU, como sucesora de Bancaja Hábitat, al ostentar legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento en condición de responsable penal y/o en su caso, responsable civil".

Imagen fiel de la entidad

Según Pedraz, la pieza principal del caso Banco de Valenciaaborda el "eventual falseamiento" de las cuentas de 2010, "al haberse omitido la dotación de las provisiones obligatorias, y valorando de modo incorrecto, por excesivo, concretos activos. Así, se impidió conocer la imagen fiel de la entidad bancaria, pudiendo causarse perjuicios al banco y a sus accionistas (hechos, que pueden calificarse, indiciariamente, como delito societario". 

Con el transcurso de la instrucción de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz acordó ampliar la investigación al delito de falsedad contable del año 2009. Sin embargo, por el momento ninguno de los querellados ha declarado como investigado, ya que el magistrado no ha contado con una sala de declaraciones que pueda acoger a los letrados de los imputados.

Bankia Hábitat, la filial inmobiliaria de la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri, ha vendido su paquete accionarial de la empresa de Castellón Costa Bellver por un millón de euros, cuando Bancaja la había comprado en 2009 por 65,1 millones de euros, según reconoce la entidad financiera en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las irregularidades cometidas por los exdirectivos de Banco de Valencia.

Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

"Sin perjuicio de lo que señalen los informes de valoración encargados por el juzgado, Bankia Hábitat ha experimentado ya una minusvalía efectiva de 64 millones de euros al transmitir las acciones de Costa Bellver a un precio notablemente menor al que se adquirieron esas mismas acciones (precio de venta de un millón frente a una inversión de 65,1 millones de euros)", constata el escrito enviado el 24 de mayo pasado a la Audiencia Nacional por el abogado que representa a Bankia Hábitat en el caso Banco de Valencia, que destaca también que la entidad ha perdido "el 98,5% de la inversión inicial".

El pasado 8 de abril, la empresa Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), de la familia de empresarios Calabuig, que disponía del resto de las acciones de Costa Bellver, ejercitó el derecho de adquisición preferente para hacerse con todas las acciones de las que disponía Bankia en la inmobiliaria castellonense. De esta forma, la familia Calabuig, cinco de cuyos integrantes están imputados (investigados) en la Audiencia Nacional por el caso Banco de Valencia, se ha hecho con el 100% de las acciones de la inmobiliaria.

Cumplimiento de un acuerdo

En un escrito de 27 de abril, Bankia justifica al juez Pedraz la venta a tan bajo precio de sus acciones en Costa Bellver "en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea" que obliga a las entidades rescatadas, como es el caso de la entidad presidida por Goirigolzarri, a vender sus participaciones "no estratégicas", entre ellas la inmobiliaria de Castellón: "Así pues, la desinversión en la indicada sociedad se trata de una imposición que resulta de obligado cumplimiento para el Grupo BFA-Bankia".

Bankia se refiere al memorando firmado el 28 de noviembre de 2012 entre el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y el entonces comisario Joaquín Almunia, en el que se fijaban las contrapartidas de la ayuda europea para el rescate del sistema financiero español. En este acuerdo, el Gobierno español se comprometía a vender todas las participaciones no estratégicas de las empresas de Bankia en un plazo máximo de cuatro años, cuyo plazo finaliza en noviembre.

"Dicho sea de otro modo, Bankia Hábitat estaba obligada a vender su participación en Costa Bellver no pudiendo esperar a que cambiaran las circunstancias económicas, se avanzara en las diligencias realizadas en el contexto de este procedimiento penal o surgiera una oferta que minimizara la pérdida experimentada por mi representada en relación con su inversión en Costa Bellver", sostiene el abogado de la filial de la entidad presidida por Goirigolzarri.

Además, Bankia explica al magistrado el proceso de venta, que se inició antes de que los Calabuig anunciaran la compra de las acciones de la empresa. Así, su división inmobiliaria realizó "un proceso competitivo con potenciales inversores dirigido a la venta de la totalidad de su participación en Costa Bellver".

Proceso competitivo

"Dicho proceso competitivo", prosigue el documento enviado por Bankia al juez Pedraz, dio lugar "a la presentación de varias ofertas vinculantes, de las cuales se ha seleccionado a una de ellas", y con cuyos representantes se firmó una opción de venta que fue ejercitada por los compradores con fecha de 8 de marzo de 2016.

Fuentes de Bankia han asegurado a infoLibre que, en el caso de la venta de sus participaciones de Costa Bellver, se ha procedido de forma idéntica al resto de desinversiones. Así, se nombra a un asesor externo que se encarga de la venta, de cuyo montante final obtiene un beneficio.

Pero los estatutos sociales de la empresa que vendía Bankia incluían unas condiciones de "adquisición preferente" para el otro socio, en este caso la familia Calabuig, que tras tener conocimiento de la operación optó por hacerse con las acciones de la entidad financiera que en una reunión del consejo de administración de 8 de abril, en la que el otro socio, Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) "ha ejercitado el derecho de adquisición preferente, por lo que Bankia Hábitat ha de proceder a vender a Fucsa en los mismos términos y condiciones que los que se contienen en la oferta recibida", prosigue el escrito de Bankia.

En su documento, Bankia rechaza la petición de los Calabuig de que el juez Pedraz archive sus diligencias sobre el caso, al considerar que la transmisión de las acciones de Costa Bellver, "lejos de suponer una suerte de satisfacción extrajudicial de la pérdida experimentada por Bankia Hábitat, cristaliza el perjuicio patrimonial sufrido por Bankia en la compra de las acciones".

infoLibre se ha puesto en contacto con Eugenio Calabuig, que no ha contestado las preguntas de este diario acerca de la adquisición de las acciones de Bankia por un millón de euros.

El juez Pedraz investiga, en el marco de una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia, el perjuicio sufrido por la citada entidad valenciana y Bancaja, así como por su sucesora Bankia, en una operación financiera para comprar acciones de Aguas de Valencia (Agval). En este negocio, Banco de Valencia, entonces filial de Bancaja, presidida por el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, se hizo también con acciones de la empresa constructora Costa Bellver, cuyo principal patrimonio era suelo en la provincia de Castellón.

Esta compraventa, según Pedraz, provocó un perjuicio importante para las entidades financieras, que participaron en un negocio que acabó siendo ruinoso para ellas. Además de actuar como socios de los empresarios, el banco y su matriz prestaron la mayor parte del dinero necesario para la operación.

Izquierdo y Parra

En esta pieza separada permanecen imputados (investigados) los exdirectivos de Bancaja Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, así como cinco integrantes de la familia Calabuig. Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

Tanto Izquierdo como Parra, al igual que el propio expresidente de Bancaja José Luis Olivas, afrontan diferentes investigaciones por su gestión de las entidades financieras que han tenido que ser recapitalizadas con fondos públicos. Banco de Valencia ha necesitado 17.000 millones para evitar su quiebra, mientras que los fondos suministrados a Bankia superan los 22.400 millones.

La cadena de supermercados, cuyo propietario mayoritario es el empresario valenciano Juan Roig, ha admitido a preguntas de  infoLibre que los pagos a la firma de los directivos, dos de los responsables del hundimiento de Banco de Valencia, se realizaron a lo largo de los años 2010 y 2011 en concepto del alquiler de una tienda de Asturias. La portavoz de la empresa no ha querido concretar la ubicación de la misma.

Banco de Valencia necesitó más de 17.000 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra,

Las mismas fuentes de Mercadona aseguran que en 2011 el arrendador del inmueble "pasó a ser otra empresa", cuya identidad tampoco ha querido facilitar, por lo que entonces finalizó la vinculación con IZPA [Izquierdo y Parra]. Mercadona se ha negado a informar sobre la fecha concreta de inicio del alquiler ni la cantidad total pagada.

Abonos mensuales

Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre prueba que los dos exdirectivos que pasaron a trabajar en Bankia tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras entidades de menor tamaño, percibieron abonos mensuales de entre 20.166 y 21.199 euros por parte de Mercadona.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia y sus 11 piezas separadas, Santiago Pedraz, trata de determinar los motivos por los que Izquierdo y Parra percibieron "11,3 millones de euros gracias a sus relaciones con clientes del Banco de ValenciaBanco de Valencia", según confirma un informe realizado por dos inspectores del Banco de España.

Entre estos clientes de los dos directivos se encontraban las empresas de la familia Calabuig, de la que cinco integrantes están imputados en la Audiencia Nacional por el presunto trato de favor recibido del Banco de Valencia en la operación vinculada a la empresa Aguas de Valencia: "Este informe del Banco de España cierra el círculo", aseguran fuentes de la denunciante Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que destacan que los 11,3 millones podrían explicar el supuesto trato de favor de Banco de Valencia hacia los empresarios valencianos.

Favoreció a terceras personas

La querella inicial interpuesta por los pequeños accionistas de Banco de Valencia incluía entre las operaciones sospechosas que perjudicaron a Banco de Valencia la inversión que hizo la entidad levantina en la empresa de energías renovables Renomar mediante la sociedad Med Wind Energy. "Estas operaciones se han realizado en contra de los intereses del Banco de Valencia. En los casos indicados [entre los que se incluía la sociedad Med Wind Energy] se favoreció a terceras personas , por la única razón de tener vinculaciones personales con alguno de los miembros del consejo de administración y se realizaron causando un daño al patrimonio del Banco de Valencia", especifica la querella interpuesta por el abogado Diego Muñoz-Cobo.

En concreto, en esta operación de energías renovables uno de los socios de Banco de Valencia era el empresario Fernando Roig, que era además el presidente de Renomar y propietario de Pamesa, a la vez que dueño del 11% de Mercadona. "El banco llegó a acuerdos con personas que debían comprar un 25% del capital social, asumiendo el banco el 75% restante", especifica la querella.

Pero la implicación de Banco de Valencia en Renomar, que era accionista del 26% según el diario Levante, fue más allá. Según una nota de prensa de esta empresa, en marzo de 2009 Banco de Valencia formó parte del sindicato bancario que "aseguró la financiación del proyecto eólico en plena época de crisis". Es decir, el Banco de Valencia asumió un doble riesgo al ser accionista y prestamista de la operación encabezada por Fernando Roig.

Financiación de 512 millones 

La nota de prensa de Renomar especifica el papel concreto de los bancos en la refinanciación de finales de 2009: "Un sindicato bancario ha aprobado esta financiación por un importe de 512 millones de euros. Las entidades financieras mandatadas organizadas en un único nivel son: Banco Bilbao Vizcaya, Banesto, Banco de Sabadell, Banco Santander Central Hispano, Caja de Ahorros de Madrid, Calyon, The Royal Bank of Scotland, Société Générale y Banco de Valencia", especifica la mencionada nota de Renomar, que explica que este balón de oxígeno de la banca en marzo de 2009 permitía "estructurar definitivamente su balance financiero y con ello garantizar la viabilidad de los proyectos".

infoLibre se ha puesto en contacto con Caixabank, que compró por 1 euro el Banco de Valencia. Un portavoz aseguró que la entidad financiera vendió Renomar hace más de un año al no encajar esta firma en la estrategia de la entidad financiera catalana.

Tanto Parra como Izquierdo fueron arrestados en junio pasado junto al expresidente de la Comunidad Valenciana y Bancaja, José Luis Olivas, por su participación en el agujero de 220 millones que sufrió Bankia por las inversiones de Bancaja en el Caribe mexicano.

Rodrigo Rato

Pero Izquierdo y Parra no son los únicos exdirectivos de Bankia que han obtenido fondos de Mercadona por el alquiler de un inmueble. La semana pasada, el juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, embargó al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo RatoRodrigo Rato su parte del alquiler que percibe la empresa Paracuga SL de la cadena Mercadona por uno de sus supermercados en la localidad madrileña de Alcorcón.

El 30 de octubre de 2009, tan solo dos días después de que Caja Madrid firmara el primer acuerdo con la banca de Inversiones Lazard, controlada en España por el socio de Rato Jaime Castellanos, el ex director gerente del FMI creó la sociedad Paracuga junto a otros tres compañeros del banco de inversiones.

De hecho, Rato se vio obligado a reconocer (tras negarlo inicialmente en sede judicial) que desde el 30 de octubre de 2009 tenía negocios con su "amigo" Castellanos, en concreto la propiedad del mencionado local comercial de Alcorcón, que alquila desde finales de 2010 a Mercadona.

El resto de socios en Paracuga eran personas vinculadas con Lazard, como por ejemplo Pedro Pasquín, que fue el encargado de firmar los contratos de asesoría a Caja Madrid y a Bankia. En total Rato adjudicó a la firma de su amigo y socio Jaime Castellanos desde Caja Madrid y Bankia por un valor de 16,9 millones, de los que al final solo se abonaron 5,3 millones.

Pujol y Bárcenas

El nombre de la cadena de supermercados de los hermanos Roig también ha aparecido en el caso Oleguer Pujol, que al igual que en el caso Banco de Valencia instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz. Según el sumario, el menor de los Pujol alquiló junto a una empresa de Roberto Centeno, yerno de los hermanos Roig, cuatro locales a Mercadona.

Asimismo, Juan Roig declaró como testigo en la causa del caso Bárcenas sobre la presunta caja B del PP. En esa comparecencia negó haber realizado la entrega de 150.000 euros que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, el 27 de febrero de 2008, a nombre de Mercadona.

La petición de la operación, a la que ha tenido acceso infoLibre, la cursó el 14 de febrero de 2011 el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, que junto al propio José Luis Olivas y Aurelio IzquierdoJosé Luis Olivas fueron enviados a prisión por su presunta participación en inversiones irregulares en el Caribe mexicano que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

El reparto de los fondos fue reclamado por los directivos que hundieron el Banco de Valencia diez días después (4 de febrero de 2011) de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicara un hecho relevante en el que se anunciaba que la agencia Fitch rebajaba su calificación sobre la deuda a largo plazo de Banco de Valencia, que pasaba a ser considerada como bono basura. El 24 de marzo fue el turno de otra agencia, en concreto de Moody's, que al igual que Fitch depreció la calificación de la deuda del banco a corto plazo al nivel de bono basura.

0,055 euros brutos por acción

Sin embargo, el consejo de administración, presidido por José Luis Olivas, contando con la autorización del Banco de España y del Ministerio de Economía, aprobó en su reunión de 26 de marzo de 2011 "una retribución a favor del accionista, complementaria al dividendo satisfecho con cargo al ejercicio de 2010, consistente en distribuir 0,055 euros brutos por acción", según consta en la comunicación dirigida a la CNMV, que fue publicada el 28 de marzo de 2011.

El Banco de España dio su visto bueno a la operación pese a tener conocimiento de que los datos internos del banco apuntaban, ya desde 2009, que la cartera crediticia de la entidad "se estaba deteriorando de manera rápida". Fuentes del caso justificaron a infoLibre la decisión del Banco de España, ya que aseguraron que el pago de los dividendos se realizó con cargo a las acciones propias o autocartera, por lo que no tenía efectos sobre la solvencia y los recursos propios de la entidad.

Los trabajos de inspección de junio de 2010 hicieron aflorar, tal y como reconoce el Banco de España en el mencionado informe de 4 de abril de 2014, "significativas reclasificaciones de riesgos a dudosos y subestándar, con unas necesidades de provisiones de 420,4 millones". Pero también detectaron "deficiencias en el procedimiento de gestión del riesgo de crédito", refinanciaciones con importes concedidos en algunos casos para el pago de "intereses futuros, que debían considerarse como inversión dañada".

Ausencia de un plan estratégico

Asimismo, los inspectores del supervisor se dieron cuenta de "la dificultad de la entidad para refinanciar sus vencimientos de deuda, pero sobre todo de la ausencia de un plan estratégico que abordara la búsqueda de soluciones ante la difícil situación que la entidad atravesaba".

Estas conclusiones fueron trasladadas a los directivos de Banco de Valencia, entre ellos el propio Domingo Parra, que manifestaron que no estaban de acuerdo con algunas calificaciones, "así como que pensaban que la inspección había sido demasiado dura y no compartían la opinión de la mala calidad de la cartera".

En una reunión posterior celebrada entre los responsables de Banco de Valencia y el Banco de España, los banqueros propusieron una ampliación de capital de 370 millones de euros, al mismo tiempo que se comprometieron a que Bancaja suscribiría la parte que le correspondiera,"y cargar a reservas una parte de los ajustes dentro del proceso de integración de Bancaja en Bankia".

26 millones para los accionistas

Pese a conocer los problemas de Banco de Valencia, ni el Banco de España ni el Ministerio de Economía se opusieron al abono de los dividendos. La mencionada comunicación de la CNMV en la que se informe del pago de los dividendos no especifica el total del dinero que se iban a repartir los accionistas. Pero esta cifra sí se incluye en la petición dirigida al Ministerio de Economía: "Solicito que tenga por presentado este escrito y en méritos al mismo se sirva conceder, previo informe del Banco de España, la oportuna autorización para disponer de la prima de emisión de acciones, en cuantía de hasta 26.557.924 euros, a fin de complementar la participación del accionista en el beneficio neto del ejercicio de 2010, a razón de 0,055 euros por acción".

Para justificar este nuevo complemento, el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, adjuntó a la petición dirigida a la ministra Elena Salgado un documento en el que especificaba que los recursos computables a Banco de Valencia ascendían hasta los 1.673 millones de euros, de los que 1.272 euros correspondían a recursos propios básicos y 400 a recursos propios de segunda categoría. También explica la existencia de un exceso de recursos propios de 354 millones.

Una realidad diferente

Pero la realidad de Banco de Valencia, controlada por Bankia en un 38,33%, era bien diferente, tal y como consta en los informes de los peritos judiciales nombrados por el Banco de España para analizar las cuentas del Grupo, en el que se incluía el Banco de Valencia. A 31 de diciembre de 2010 el deterioro no contabilizado por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, era de 536 millones de euros: "Desde inicios de 2010 el Banco de Valencia está siendo inspeccionado por el Banco de España, que en noviembre de 2011 envió requerimientos a la entidad identificando un déficit de provisiones específicas de 562 millones, 393 millones netos de impuestos, que redujeron el ratio de capital principal a junio de 2011 del 7,2% al 4,9%", especifica uno de los dos informes judiciales del caso Bankia.

Además, el informe pericial recuerda que un dictamen de la consultora Price WaterhouseCoopers (PWC) de 25 de mayo de 2011, tan solo unos meses después de que se autorizara el reparto de los 26 millones entre los accionistas, apuntó la existencia de "una pérdida esperada no provisionada para inversión crediticia de entre 762 y 1.047 millones, y una pérdida no provisionada para activos inmobiliarios de entre 110 y 155 millones".

El informe apunta el origen de los deterioros de Banco de Valencia: "Es evidente que estos deterioros no se generaron en el segundo semestre de 2011 sino que venían de años anteriores, de lo que se deduce que los estados financieros de Banco de Valencia a 31 de diciembre de 2010 no expresaban la imagen fiel de la entidad".

Otro informe, esta vez del propio Banco de Valencia realizado en agosto de 2011 tras una inspección del Banco de España cursada en 2010, apunta al compromiso del consejo de administración de aumentar provisiones y capital en 200 millones de euros por la caída de las inversiones inmobiliarias.

Nueve meses después

Tan solo nueve meses después de repartir entre los accionistas los 26 millones de euros, el Banco de Valencia tuvo que ser intervenido de urgencia por el Banco de España. La entidad financiera valenciana, cuyo accionista mayoritario era Bankia, ha necesitado un total de 17.000 millones de euros para evitar su quiebra. Además, según los peritos del caso Bankia, la intervención del Banco de Valencia tuvo un efecto dominó sobre Bankia, ya que provocó un "riesgo reputacional" para Bankia, que días antes de la decisión del Banco de España se desligó de la entidad valenciana por decisión del propio Rodrigo Rato. Esta decisión de Rato también "descompuso las relaciones entre los representantes de Bancaja y Caja Madrid". 

La decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según los peritos, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención". Según los peritos del supervisor, las cuentas del Banco de Valencia tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

Reclasificó su relación 

Así, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo RatoRodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especifican los funcionarios del regulador en el informe.

En concreto, y según las conclusiones de los peritos, Rato tomó esta determinación en solitario tras conocer que el Banco de Valencia necesitaría entre "800 y 900" millones de euros para sanearse. Tal y como prueba "una nota interna de Bankia", el presidente ejecutivo de la entidad financiera tomó la decisión de separar la entidad financiera valenciana de Bankia, que era su accionista mayoritaria. Una decisión, que según uno de los dos informes elaborados por peritos del Banco de España, que se adoptó sin el necesario respaldo del consejo de administración, algo que contravenía las normas del propio regulador y la normativa interna de BFA-Bankia.

El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver a un exdirector de la entidad 73.800 euros por las preferentes que le vendió un compañero y amigo suyo. El hombre realizó esta compra cuando estaba jubilado, con 77 años, y no se le practicó ni test de conveniencia ni recibió información completa sobre las participaciones.

Así consta en la sentencia, ganada por Apabanc, en la que el juez estima la demanda del exdirector del banco y declara nulas las operaciones de compra-venta de participaciones preferentes por importe de 73.800 euros y los contratos de recompra y suscripción de canje por acciones de Bankia.

El demandante fue empleado de la Caja de Ahorros de Valencia –actualmente Bankia– en varias oficinas de La Safor y fue director de una sucursal de Gandia en 1995, antes de jubilarse. Su vida profesional se enmarca en la realización de operaciones como cuentas corrientes, préstamos personales, hipotecarios o pólizas de crédito, sin ninguna experiencia como banquero de finanzas ni con productos complejos.

Además de trabajador de Bankia, el hombre ha sido cliente –él y su familia– de la entidad, y contaba con una relación de gran confianza tanto con los empleados como con su compañero, a quien conocía hacía más de 30 años.

El demandante era de perfil conservador, prudente, previsor y pequeño ahorrador jubilado, un cliente minorista con necesidad de disponer de dinero para atender sus gastos familiares, por ello siempre depositó sus ahorros en plazos fijos.

En 1999, fue a su sucursal a hablar con su compañero y éste le gestionó la suscripción de participaciones preferentes por un valor de 73.800 euros. No se ha acreditado que al demandante se le practicara un test de conveniencia ni de idoneidad, ni que recibiese información completa sobre las participaciones.

El juez recuerda que las preferentes no son un producto adecuado para clientes minoristas y de perfil conservador, y ve acreditado que el producto suscrito es "claramente inadecuado" para el perfil del suscriptor.

"A tenor del perfil conservador del suscriptor –agrega– si se le hubiera advertido de que había riesgo de perder todo o parte de su dinero; o que no podía disponer de su dinero de forma inmediata; es seguro que no hubiera suscrito participaciones preferentes, que fue el producto que le sugirió el empleado de la entidad bancaria, que lo comercializó como asimilado a un depósito a plazo fijo".

Tras la resolución, el presidente de Apabanc, Ricard Torres, ha subrayado que la sentencia indica que el demandante "era prudente, previsor y pequeño ahorrador jubilado, un cliente minorista con necesidad de disponer de dinero para atender sus gastos familiares. Es decir, un perfil idéntico al de miles de ahorradores españoles que han caído en la trampa de Bankia", ha lamentado.

El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto fianzas solidarias de 232 millones de euros (264,4 millones de dólares) para el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia Jose Luis Olivas, y contra los banqueros Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Rafael Codoñer y José Cortina, por las ruinosas y presuntamente delictivas inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

En el caso de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó el juez les impone una fianza solidaria de 626,9 millones de euros (712,4 millones de dólares). Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en sentencia.

El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para que no resulten ilusorias la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias.

Andorra y Suiza

Para calcular las fianzas el juez ha valorado indiciariamente en 198,3 millones de dólares, la divisa en la que se realizaron las operaciones, la cuantía de la apropiación indebida y estafa, más el tercio que prevé la ley. El abono de Ferri y Baldo se incrementa 112 millones de dólares por el delito de blanqueo en relación con sus transferencias a Andorra y Suiza.

El juez explica en siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son graves, complejos y aparentemente delictivos. Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Grand Coral.

En concreto, se están analizando las operaciones inmobiliarias denominadas Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones de dólares las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), de 246 millones o 250 millones de dólares, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Correos electrónicos

En relación con la actuación de los máximos directivos de las entidades bancarias, el juez explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios investigados.

Unas quejas, las de los directivos medios, "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

"Si bien los máximos directivos de las entidades bancarias afectadas, que mantenían una estrecha relación con los empresarios investigados, no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades y favoreciendo los intereses particulares de los referidos empresarios", indica el juez en uno de los autos, que prosigue. "Y todo ello en contra de los socios mayoritarios y de las entidades bancarias, generando un perjuicio para las mismas".

Según el juez, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia actuó como máximo dirigente de ambas entidades, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Numerosas irregularidades

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona el juez aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

En esta actuación "difícilmente explicable" según el juez, el magistrado añade los viajes a Cuba de José Luis Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresariosJosé Luis Olivas y sufragados por estos últimos que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".

El expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, mantiene dos causas abiertas en dos juzgados diferentes por hundir el Banco de Valencia y Bancaja. El agujero de 1.700 millones en esta última entidad se unió al de Caja Madrid y provocó el rescate de 23.000 millones de Bankia, donde fue vicepresidente.

El juez de la Audiencia Nacional también ha desbloqueado las cuentas de otro imputado, el exdirector general de Bankia Hábitat, Tomás Codoñer, que podrá disfrutar de 3.000 euros mensuales en gastos personales y otros 1.700 para hipotecas. 

La decisión del magistrado se produce en contra del criterio de Anticorrupción, que era partidaria de permitir una asignación mensual de 648 euros para ambos imputados, una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional. Al extesorero del PP Luis Bárcenas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le denegó el pasado mes de septiembre una asignación de 600 euros mensuales.