El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

Zoido se ha congratulado de que la reunión haya servido para defender la memoria de las víctimas y para subrayar que el Estado de Derecho ha conseguido derrotar a la banda terrorista, reiterando el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para combatir las "alusiones a una falsa responsabilidad compartida" o las "distinciones entre víctimas", como hizo ETA en sus comunicados de disolución.

"No lo vamos a permitir, no lo vamos a consentir", ha enfatizado a este respecto Zoido, que ha repetido en varias ocasiones que los antiguos dirigentes y terroristas de ETA "no tienen otro camino que cumplir la ley". "No habrá impunidad ni contrapartidas, no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota", ha señalado.

Según los diferentes portavoces, la reunión del Pacto Antiterrorista ha servido para subrayar la unidad de los demócratas frente al terrorismo de ETA, sin que se haya entrado a debatir en profundidad sobre otras cuestiones polémicas. Pese a las preguntas de la prensa, Zoido ha evitado polemizar sobre la ausencia del PNV o contestar sobre la propuesta de esta formación para llevar al Estatuto la constitución de Euskal Herria, con la anexión de Navarra y del País Vasco francés.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Íñigo Allí ha insistido en su turno en que exigirán que Rajoy se comprometa por escrito a no participar en una mesa para negociar el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras o, de lo contrario, su formación votará en contra de los presupuestos generales del Estado para 2018.

"No se trata de rellenar un formulario"

Zoido ha repetido en varias ocasiones que habrá cumplimiento "escrupuloso" de la legislación vigente sobre el acercamiento o los beneficios penitenciarios. "Hay que cumplir con una serie de requisitos que no es rellenar un formulario", ha señalado, "se trata de acreditar a lo largo del tiempo una serie de conductas y actitudes". Se refería a la exigencia de que los beneficios individuales, como se hace desde hace décadas, se aprueben previo rechazo del preso a la violencia de ETA, la colaboración con la justicia y el pago de las responsabilidades civiles.

Al Pacto Antiterrorista de este jueves se ha sumado el PDeCAT, aunque su diputado Carles Campuzano ha renunciado a comparecer ante la prensa. PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UpyD son el resto de partidos que han participado de la reunión adelantada el pasado viernes por el presidente del Gobierno, durante su declaración institucional coincidiendo con el acto en Cambo en el que los mediadores anunciaban la disolución de ETA. Además del PNV, ERC tampoco ha asistido.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha hablado de día "agridulce" por mezclar la alegría de la derrota de ETA con el recuerdo de sus víctimas, eludiendo entrar en otras cuestiones como la flexibilización de la política penitenciaria. Rafa Mayoral, de Podemos, ha pedido una investigación sobre "todas las violaciones de derechos humanos" durante la existencia de la banda terrorista, congratulándose por su desaparición. Según él, los presos etarras deberían cumplir sus penas "lo más cercano a sus domicilios, como cualquier preso".

Homenajes y armas de ETA

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Guirauta ha puesto el acento en que ha habido "vencedores y vencidos" y en que los presos de ETA "no pueden tener beneficios por dejar de matar". En esta idea ha insistido el portavoz del PP, Carlos Rojas, subrayando que habrá cumplimiento íntegro de las condenas "sin contrapartidas". Además, ha realizado una petición: "Tienen que desaparecer los actos de homenaje a ETA".

Los partidos minoritarios firmantes del Pacto Antiterrorista también han respaldado la tesis general de recuerdo a las víctimas. Tomás Aparicio, de UPYD, ha abogado por no cometer los mismos errores que con el IRA en Irlanda, donde las víctimas han sido "marginadas" y el Sinn Fein "ocupa" ministerios e instituciones. En este sentido, ha criticado que ETA haya conseguido la legalización de sus "herederos políticos" o que aún haya armas que no han entregado.

El representante de UPYD ha dicho que esto último lo han expuesto a puerta cerrada los mandos policiales presentes en el Pacto Antiterrorista. Zoido y el resto de portavoces han tenido palabras de agradecimiento para las fuerzas de seguridad por conseguir derrotar a ETA. En la reunión han participado el director del CITCO, José Luis Olivera, y los máximos jefes de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil, Juan Carlos Ortiz y Fernando Santafé, respectivamente.

El Ministerio del Interior hizo gestiones este martes para confirmar la participación en la reunión del pacto antiyihadistapacto antiyihadista que se celebra hoy tanto de Podemos como del resto de partidos no firmantes, desoyendo las peticiones de veto del PP y de Ciudadanos, que son partidarios de excluir de la mesa de trabajo a las formaciones que asisten como observadores.

Fuentes de Interior han confirmado a Europa Press que fue el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que hizo ayer por la tarde una ronda de llamadas para abrir la reunión a todos los partidos, incluidos aquellos que, como Podemos y los partidos nacionalistas, habían asistido a otras citas en calidad de observadores por discrepancias con las medidas penales impulsadas a raíz de la firma del pacto.

A la reunión de este miércoles en el Ministerio del Interior han asistido el representante de Podemos, Rafael Mayoral; del PSOE, Adriana Lastra; de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas, y de UPyD, Cristian Brown. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia y los partidos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC han rechazado la invitación.

La semana pasada el Ministerio del Interior remitió una carta a todos los grupos en las que se informaba de la reunión de trabajo, reiterando su petición de suscribir el Pacto Antiterrorista: "Si tuviera interés en asistir a la reunión del pacto antiyihadista y, suscribirse por tanto al acuerdo, le ruego que nos lo comunique lo antes posible". Los nacionalistas entienden que se les dejaba fuera.

Los portavoces en el Congreso del PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Miguel Gutiérrez, respectivamente, pidieron este martes en sendas ruedas de prensa que los partidos no firmantes no asistieran a la reunión de trabajo. "Vamos a trabajar, no a ser observados", comentó el primero, a lo que el dirigente del partido naranja insistió: "O se está dentro o fuera".

La figura del observador en el Pacto Antiterrorista es habitualmente cuestionada por algunos de los firmantes de pleno derecho. La mesa se convocó por última vez el 21 de agosto, cuatro días después del doble atentado en Cataluña.

El Gobierno valoró positivamente la asistencia a aquella cita de todos los partidos, incluidos los que no habían suscrito el pacto, aunque Ciudadanos y Podemos consideran que la de hoy se convoca para avanzar en cuestiones meramente técnicas, por lo que no tiene sentido que asistan observadores.

El propio ministro Zoido se ha mostrado partidario de que este foro reúna a los firmantes de pleno derecho. El pasado junio subrayó desde los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial que esperaba que "muy pronto" se sumaran todos los partidos. "La lucha antiterrorista requiere unidad y firmeza", comentó.

Novedades del atentado en Cataluña

El pasado 12 de diciembre, Zoido anunció en el Senado que se convocaba el pacto antiyihadista y que su intención era informar de los últimos datos recabados por Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil sobre el atentado en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto, respetando siempre el secreto judicial.

"Vamos a hablar de la amenaza terrorista, de las últimas operaciones, de posibles reformas que se puedan acometer y otras que ya se han llevado a cabo y de la coordinación con otras administraciones", señaló Zoido en declaraciones a la prensa en los pasillos de la Cámara Alta.

Zoido no quiso revelar si entre los temas que se abordarán se incluirá la relación que tuvo con los Servicios de Información el cerebro de los atentados de agosto, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Un portavoz del CNI reconoció recientemente que habían contactado con él cuando cumplía condena en prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas, siguiendo los protocolos habituales.

Tras los atentados, el juez Fernando Andreu ordenó que los Mossos, en coordinación con Policía y Guardia Civil, continuaran al frente de una investigación que conectó horas después del atropello en La Rambla con la explosión de la casa de Alcanar donde la célula terrorista almacenaba el TATP o "madre de satán" con el que querían cometer una acción criminal de mayor envergadura. Otro de los aspectos polémicos han sido los avisos recibidos desde organismos internacionales.

Este jueves se cumplen cinco años desde que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La organización comunicó entonces, sin poner condiciones, que renunciaba definitivamente a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos. El anuncio se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones que sacaron al PSOE de la Moncloa. 

Euskadi vive hoy en paz –todas las facciones de la banda aceptaron la decisión de manera disciplinada– pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque el País Vasco afronte con total normalidad el primer lustro sin ETA, sí hay tareas pendientes en cuestiones relacionadas con la convivencia. 

Entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz está el desarme y la disolución formal de la banda o la política penitenciaria, una cuestión que el PP ha desdeñado afrontar en la última legislatura. Otra cuestión pendiente es el reconocimiento del daño causado por la izquierda abertzale. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes ramas. 

infoLibre analiza a continuación todas estas cuestiones con la ayuda de expertos y protagonistas del conflicto:

1. El fin de la violencia: el desarme y la disolución formal

"El hecho de que ETA anunciara el cese definitivo de forma unilateral y que esta decisión no fuera consecuencia de una negociación hace que las cosas lleven su propio ritmo. No obstante, hay temas que hay que ir cerrando, como el del desarme", señala el catedrático de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir. A su juicio, es importante encontrar una "vía técnica" para resolver esta cuestión por lo que tiene también de "rito" en la culminación de este proceso. 

Lo cierto es que en 2014 el Ejecutivo vasco se ofreció al Gobierno del PP y a ETA para verificar su desarme –varios centenares de fusiles y pistolas– con apoyo internacional. El objetivo era obtener un final ordenado del terrorismo que evitara también el descontrol del armamento. La propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno de los interlocutores. La oferta, señala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue vigente. 

Fernández explica que, en esta materia hay tres modelos en juego: "el Gobierno español apuesta por un desarme estrictamente policial; ETA parece que quiere un modelo de desarme acordado con los Gobiernos de España y Francia; y el Ejecutivo vasco y las instituciones vascas defienden que ETA tiene que desarmarse unilateralmente ante la sociedad vasca y que ese desarme tiene que ser verificado". Por el momento, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre las partes sobre qué postura tomar. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo, la banda, sin poner condiciones, se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. 

De ahí que las fuentes consultadas coincidan ahora en que otra de las tareas pendientes es la disolución formal de ETA. A juicio de Zallo, no obstante, esta es una decisión "más de tipo táctico que estratégico" que lo que queda de ETA tiene que tomar especialmente en relación a los presos. "Cuando una organización armada deja de estar operativa y entrega las armas está claro que no va a emprender acciones armadas. Pero ETA tiene que evaluar si desaparece y traspasa la función de referencia de todos esos presos a alguna clase de organismo de la sociedad civil que actúe de intermediario o si mantiene las siglas sin apenas militantes, que parece ser su opción", asevera. 

2. La política penitenciaria: acercamiento y cuestiones humanitarias

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones que la mayoría de las fuentes consultadas –a excepción de la asociación de víctimas Covite– coinciden en señalar como relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad. 

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de ETA, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y el 50% en centros penitenciarios alejados del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados. 

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con la dispersión de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. En este punto coincide Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia. 

"No podemos dejar de reconocer que la ley se ha de cumplir y que si el acercamiento es posible, debería cumplirse. De hecho, se debería haber cumplido desde el minuto cero, es decir, desde que en 1987 el Gobierno socialista apostó por esta política. No tenían que haberlos alejado, se puede dispersar pero no alejar", señala Laespada.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995– considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. 

"El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero  la mayoría ha elegido voluntariamente obedecer la disciplina de ETA, continuar formando parte de una banda y seguir ensalzando su trayectoria", señala. 

Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. "ETA ha acabado, el riesgo de reincidencia es nulo y eso algo que se tiene que tener en cuenta", asevera. 

Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción. "Esta fue una cuestión que se impulsó en la época en la que Zapatero estuvo en la Moncloa y que se paró por completo al llegar el PP al Gobierno", señala. Lo cierto es que los conservadores ni han puesto en marcha políticas para favorecer la reinserción ni han flexibilizado la política penitenciaria ni ha acercado presos a Euskadi, como le reclaman todas las fuerzas parlamentarias vascas por razones humanitarias.

También es muy crítico con la inflexibilidad del PP a este respecto el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, que no duda en calificar de "vergonzosa y vengativa" la forma en que los conservadores se han enfrentado a la cuestión de los presos de ETA. "Hay que buscar salidas que propicien la reinserción para los reclusos que estén dispuestos a comprometerse con el rechazo a la violencia. Tampoco se pueden ciertas medidas de excepcionalidad que son de una inhumanidad increíble", subraya. 

Zallo considera, además, que en este marco podría pensarse también en "revisar aquellos tipos de decisiones judiciales que fueron tomadas al calor de una situación excepcional y de una legislación excepcional". "Considero que esas revisiones también son vistas en Euskadi como necesarias para que haya procesos de integración plena sin que eso suponga una desmemoria sobre lo ocurrido", asevera. 

03. El reconocimiento del daño causado

Las secuelas de 43 años de terror, explica Laespada (Gesto por la Paz), perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. "Ellas padecen las secuelas más duras y la soledad de unos tiempos en los que todo el mundo se siente tranquilo. Es muy importante crear una especie de manto social de solidaridad hacia ellas y eso es algo que queda pendiente por hacer", subraya. Por eso, a su juicio, sería "muy positivo para la convivencia" que gran parte del colectivo de presos mostrara su arrepentimiento y reconociera el daño causado.

Otro aspecto clave en este punto es el papel de la izquierda abertzale. Y es que al fin de ETA contribuyeron tanto los golpes policiales como el giro de la izquierda nacionalista, que para sortear el desierto de la ilegalización aceptó el precio exigido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar el fin de la actividad armada. Pero ni entonces reconoció la derrota de ETA ni hizo autocrítica por su pasado. Y tampoco lo ha hecho desde entonces. 

A juicio de todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje sería relevante que la izquierda abertzale, como organización, hiciera ese ejercicio. Otegi –también otros responsables– han pedido disculpas por si habían añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que hubieran dicho o hecho, pero no ha habido un reconocimiento de todo el colectivo. "Sería suficiente con que Sortu, en su próximo congreso, reconociera el daño causado. Bastaría con que lo dijeran sólo una vez... pero sería importante que lo hicieran", señala el sociólogo Javier Elzo. 

Ordoñez va más allá. "La izquierda abertzale tiene una tarea pendiente fundamental, que es reconocer su implicación, su responsabilidad y su colaboración en la pervivencia del terrorismo durante más de cuatro décadas. Hasta ahora no lo han hecho y el Estado de Derecho ha permitido que sin hacerlo, se siente en las instituciones y colabore en poner en práctica la estrategia de ETA por la que los terroristas decidieron que era mucho más eficaz luchar por sus objetivos desde las instituciones en lugar de hacerlo matando", señala.

Laespada, por su parte, entiende que sería "ideal para la democracia" que los responsables de la izquierda nacionalista se declararan responsables de la "perpetración del terror" y admitieran que ETA existió hasta 2011 porque ellos quisieron. "Cuando ellos quisieron cerrar la persiana, ETA no tuvo más remedio que hacerlo. Por tanto, hay una responsabilidad activa muy importante. Me gustaría que hicieran esa lectura y que se engancharan a la democracia completamente, es decir, revisando lo que han hecho mal. Hasta ahora han hecho amagos…. pero tienen un lastre tremendo del pasado de no reconocer que fue un error", señala. 

Hay también quien entiende que hay extender esa autocrítica a otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas por el GAL, o a la violencia policial. Aunque hay matices entre unas opiniones y otras. Según Fernández son dos niveles: por un lado está la necesidad por parte de la sociedad vasca de que ETA y su entorno hagan una reflexión crítica y autocrítica específica y, por otro, una reflexión "crítica y compartida" sobre todas las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi. 

Zallo, sin embargo, no diferencia entre esos dos niveles. Y aunque define a la izquierda abertzale como "agente principal" de este proceso, cree que la reclamación de autocrítica debería extenderse al resto de actores que intervinieron en el conflicto. "Sería positivo que todos hicieran una reflexión estratégica para, visto desde hoy, analizar qué estrategias o enfoques erróneos pudieron tener", señala. 

"Es algo que no sólo le toca a la izquierda abertzale sino también al PSOE, que nunca se ha autocriticado con el tema del GAL ni ha señalado al responsable de todo ese montaje. Por otra parte, el PP es responsable por herencia de los crímenes del franquismo y nunca hemos oído una autocrítica al respecto. Esta es la parte que veo más útil de un ejercicio de reflexión y lo que de verdad podría hacer que se encontraran en el camino relatos distintos", añade. 

04. La construcción del relato

Lo cierto es que si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada cree que es esencial hacer esa tarea de "deslegitimación de la violencia" que él relaciona con el relato. "No hay que quedarse en la tristeza, hay que tirar hacia adelante... pero hay que hacerlo leyendo bien el pasado. La conclusión tiene que ser que esto fue un error y un horror y que ETA no consiguió nada de lo que se proponía", dice el promotor de Gesto por la Paz. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admite Laespada, que  reconoce que ese dictamen sobre el pasado terrorista será "diverso" y tendrá "diferentes ramas", aunque se muestra confiado en que confluirá en el reconocimiento de que fue un horror utilizar la violencia. También el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo cree que es importante "definir la historia para saber qué ocurrió".

Sin embargo, considera que todavía hay relatos muy distintos en ciernes y que, cuando se escriban, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales desde parámetros ideológicos determinados que sea rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subraya. A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". 

Jonan Fernández asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica. Estos movimientos, sin embargo, resultan insuficientes para Laespada, que cree que al Gobierno vasco "sólo le interesa el futuro". "Algunos no entienden que con la mochila que tenemos se puede avanzar más. Esa mochila es un motor de experiencia tremendo para que en posibles ocasiones futuras no se dé ningún caso de violencia", añade. 

El sociólogo Javier Elzo entiende, sin embargo, que ese "fenómeno de reconciliación" se tiene que poner en marcha "ya" y se tiene que apoyar desde lo público y desde lo privado. En este sentido afea al PP su inmovilismo con la causa de la pacificación, al tiempo que acusa al partido de Mariano Rajoy de estar "apalancado en una guerra de vencedores y vencidos". "No me duelen prendas en decir que la postura del Gobierno vasco es positiva y me gustaría decir lo mismo del Gobierno español, pero no es verdad", subraya.

En este sentido, subraya que es muy relevante que el "discurso social" mantenga un un planteamiento que sea básicamente en dos términos: no la impunidad y sí a la reconciliación. "Las cuentas hay que saldarlas, pero eso no nos tiene que llevar a una justicia vengativa que es en la que estamos ahora", sentencia. 

05. Los retos de la convivencia 

Entre tanto, la sociedad vasca enfrenta con total normalidad este lustro sin violencia. Para Elzo hay una cuestión que puede parecer obvia pero que es tan simple como que ya no hay violencia en la calle. "Por ejemplo, en San Sebastián, la parte vieja, que era donde se solían dar manifestaciones de kale borroka... pues ahora se ha convertido casi en un parque temático por la cantidad de turistas que nos visitan", subraya. 

Para Covite, sin embargo, todavía hay heridas abiertas en este tema de la convivencia. "Por un lado, el mantenimiento de la cultura del odio, que sigue intacta y que ha convertido al País Vasco y a Navarra en los lugares con niveles de radicalización más altos de Europa. Por otro, la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver que impide a las familias de las víctimas acceder a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia", señala Ordoñez. 

"Es difícil hablar de paz cuando todos los días se producen actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles, cuando las instituciones del País Vasco y de Navarra hacen la vista gorda mientras se fomenta el culto al asesino y cuando el brazo político de ETA está legalizado y, por tanto, el proyecto político por el que nos mataron, nos secuestraron y nos extorsionaron está más vivo que nunca", añade la hermana del teniente alcalde asesinado.

Ordoñez alude, además, a incidentes como la agresión a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua sucedida este fin de semana. "Una banda terrorista se puede desarticular y puede incluso entregar las armas, pero desarmar moralmente a una sociedad que lleva cuarenta años respirando odio no es tan sencillo", señala. Jonan Fernádez y Javier Elzo, sin embargo, coinciden en que este es un hecho aislado aunque muestran su preocupación y condena ante cualquier acto violento. 

06. El debate identitario, a la baja 

Entre tanto, la sociedad vasca afronta este lustro sin violencia con absoluta normalidad y mostrando más sensibilidad a los retos sociales que a los identitarios. Esta es una cuestión que se reflejó en la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. 

Los sondeos de opinión también vienen señalando esa caída de independentismo. El último sondeo de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, que preguntó por este tema en abril de 2016, mostró que los ciudadanos que tienen poco o ningún deseo de independencia representaban el 63%, frente al 55% de la anterior oleada en julio de 2015. Por otro lado, los ciudadanos con grandes deseos de independencia han pasado del 30% del año pasado al 24% el pasado abril. Además, un sondeo del Sociómetro del Gobierno vasco también constató el pasado marzo que las preocupaciones sociales se sobreponían con creces a las identitarias.

Según Ramón Zallo, esta realidad tiene que ver con el hecho de que la población haya pasado una época de crisis económica, social y política. En consecuencia, ha pasado al primer plano todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y económicas. También Fernández cree que la situación de crisis, desempleo… ha creado un ámbito de preocupación de gran prioridad en la sociedad vasca que ha hecho que la tensión social por otros temas haya decrecido.

El PP registró en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende reafirmar la unidad política contra el terrorismo yihadista y forzar así a Unidos Podemos y las fuerzas nacionalistas a sumarse.

El PP y el PSOE sellaron ese pacto antiyihadista en febrero de 2015 y a él se sumaron después otros partidos como Ciudadanos, UPyD, Coalición Canaria, Unió o Foro Asturias. Podemos, por contrario, no quiso firmarlo aunque asistió a algunas reuniones en el Ministerio del Interior.

Pablo Iglesias ha explicado en numerosas ocasiones que Podemos no ha firmado el pacto porque plantea “soluciones que tienen que ver con los bombardeos o con la renuncia a las garantías del sistema penal". No es momento “de pensar con el estómago sino con la cabeza, de tener altura de Estado y de defender las libertades y los sistemas garantistas", declaró en su momento.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP sostiene que "la unidad, es el mejor valor que los demócratas tenemos frente al terror" y que aquel acuerdo de 2015 fue "un pacto histórico" que sitúa a España a la cabeza de sus socios europeos en materia legislativa de lucha frente al terror.

"La experiencia de España en la lucha contra el terrorismo, pone de manifiesto que el consenso de las fuerzas políticas, la cooperación internacional y la eficacia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son la clave para la derrota del terrorismo –argumenta–. Este acuerdo ha permitido afianzar la unidad y el consenso en defensa de la democracia, la seguridad y la convivencia en paz y en libertad".

Es difícil de entender que algunos no se hayan sumado

Por ello, el PP considera "difícil de entender la actitud de las fuerzas políticas parlamentarias que no han querido adherirse al pacto antiterrorista": "Todos los que creemos en la democracia deberíamos estar unidos en la lucha contra el terrorismo", sostiene.

Lo que pretende el PP es que el Pleno del Congreso reafirme "el Pacto de Estado para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, con el fin de mantener viva la unidad de los demócratas frente al terror y mejorar la respuesta del Estado de Derecho frente a quienes intentan poner en peligro nuestras vidas y nuestras libertades".

Igualmente, llama a "desarrollar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que todas las fuerzas políticas parlamentarias se incorporen al Pacto de Estado antiterrorista", así como "continuar impulsando las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo".

Por último, se ratifica "el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, su memoria y su testimonio" y se insta a "seguir desarrollando en coordinación con los estados miembros de la Unión Europea una estrategia global de lucha contra el terrorismo yihadista".

El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y miembro de Podemos, José Julio Rodríguez, defendió este lunes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien, señaló, ha demostrado altura de Estado muchas veces.

"No hace falta que le diga nada a Colau que ha demostrado muchas veces altura de Estado" aseguró Julio Rodríguez en una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si animaría a Colau a que hiciera una declaración de reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.

Así, el ex General de Podemos justificó una vez más que la alcaldesa de Barcelona trasladase en persona a representantes del Ejército su rechazo a la presencia de militares en el Salón de la Enseñanza que se celebra cada año en Barcelona y subrayó que, en el gesto de Colau, "no hubo ni desprecio, ni humillación a las Fuerzas Armadas".

Instado a detallar las actitudes de Colau en las que ha visto altura de Estado, el ex JEMAD aseguró que la alcaldesa es "una política responsable" en el ayuntamiento de Barcelona pero que también está buscando una solución para el país y que tiene propuestas que, a su juicio, son interesantes a largo plazo.

Podemos, contra el terrorismo

El exgeneral quiso subrayar que el partido de Iglesias "está tanto como el que más" en la lucha contra el terrorismo pese a no haber firmado el pacto antiterrorista que sí han suscrito PP, PSOE y Ciudadanos.

"Lo que no debe entrar en el debate es el compromiso en la lucha contra el terrorismo, la necesidad de unidad y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", aseguró Julio Rodríguez al ser preguntado por los motivos por los que Podemos no suscribe el pacto antiterrorista propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy tras los atentados de París del pasado 7 de enero de 2015.

El ex general recalcó que la formación morada no está en el debate de hacer "declaraciones grandilocuentes" y "fotos determinadas" en "momentos puntuales", sino que, subrayó, considera que la lucha contra el terrorismo es una "lucha de fondo". En este sentido, explicó que el pacto antiterrorista no cumplía, cuando fue firmado en febrero del pasado año por socialistas y populares, con determinados "requisitos" que Podemos considera "oportunos" en la lucha antiterrorista.

Apuesta por soluciones pacíficas

Así, el ex JEMAD argumentó que soluciones pacíficas como cortar la financiación al Estado Islámico, controlar de forma efectiva la trazabilidad del armamento o no demonizar a la inmigración resultan "mejores" en la lucha antiterrorista que la "utilización del instrumento militar" porque, razonó, "las soluciones quirúrgicas nunca suelen acabar con el problema".

"El problema de terrorismo no es un problema que surgió ayer y se va a solucionar mañana, es un problema de largo plazo" insistió el Julio Rodríguez, quien volvió a hacer hincapié en que Podemos está "por la soluciones a largo plazo y no por la foto".

El diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas criticó este martes que Podemos reciba información del Ministerio del Interior en las reuniones de seguimiento del pacto antiyihadista sin haberse sumado al acuerdo; mientras que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, avisó de que "ya no hay excusas" para suscribirlo.

El portavoz de Interior de Podemos en el Congreso, Rafael Mayoral, acudió este martes a la reunión del pacto antiyihadista convocada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en calidad de observador porque la formación morada no suscribió el acuerdo debido a desacuerdos con el texto, aunque sí trabaja "con lealtad" en la lucha contra el terrorismo, según argumentó.

Esta posición no convence a Ciudadanos, ya que cree que las reuniones del pacto se basan en una relación de confianza que no se puede tener con quien no ha firmado el acuerdo. "Consideramos anómala esta situación", reconoció Villegas, que no cree que un partido que "no se ha comprometido" con la política antiterrorista deba recibir la misma información que el resto de formaciones.

"El compromiso de un pacto es la firma y lo demás son palabras", insitió el diputado de Ciudadanos, que sostuvo que se trata de un asunto que "habrá que abordar" en el futuro.

También el portavoz parlamentario del PP avisó a Podemos de que en estos momentos no es bueno "estar de perfil ni ausente" y animó al partido de Pablo Iglesias a sumarse al acuerdo, que considera que no incluye "ninguna restricción" a la libertad de los ciudadanos. "Me parece que no hay ninguna razón para no estar de pleno derecho en el pacto", insistió incluyendo en este llamamiento también a otras formaciones como IU y partidos nacionalistas que no lo fimaron.

Además, criticó la polémica en estos momentos de duelo y censuró que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya criticado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por no modificar su agenda. "Creo que Rivera debería darse cuenta de que la agenda de todos ha cambiado", respondió Hernando, según informa Europa Press.

Por su parte, la diputada del PSOE Meritxell Batet coincidió en que el terrorismo no debe ser materia de confrontación política y ha manifestado su esperanza de que la presencia de Podemos como observador en las reuniones sea "un primer paso para que lo firme después.

Podemos, comprometido con el Gobierno

Rafael Mayoral respondió que Podemos no comparte el texto del pacto antiyihadista pero sí quiere lanzar un mensaje de unidad de todas las fuerzas democráticas y su "lealtad institucional" al Gobierno y las fuerzas de seguridad. "No es el momento de debatir sobre contenidos, sino que toca dar una voz clara respecto a los hechos acaecidos", apuntó.

En este sentido, lamentó las críticas e insistió en que no es momento de entrar en debates sobre los puntos que separan a las fuerzas políticas, sino de lanzar un mensaje de los puntos en común y defender la democracia y los derechos humanos.

La investigación abierta por el Ejecutivo, pero sobre todo la que corresponde a la Audiencia Nacional, quizás sirva para aclarar los detalles de lo ocurrido tras una confusión considerable. Aún no sabemos en qué momento se logró evacuar la embajada, por ejemplo, pese a que las autoridades mantenían "hilo directo y permanente” con Kabul. Los principales partidos han solicitado al Gobierno “información veraz” y todos insisten en el compromiso de “no utilizar esto electoralmente”.

Del 11-M al 20-D

Ha sido evidente, una vez más, que Mariano Rajoy y sus asesores actúan condicionados por la memoria de la indecente utilización política que José María Aznar desde la Moncloa y el propio Rajoy desde el PP encabezaron tras los atentados del 11-M en Madrid en vísperas de las elecciones de 2004. Se demostró hace un mes con los ataques terroristas en París y se ha vuelto a demostrar este fin de semana. Lo primero que hizo Rajoy fue llamar por teléfono a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias para informarles. (Curiosamente, el candidato del PP se niega a debatir con los dos últimos por no tener aún representación parlamentaria, pero sí les otorga esa autoridad para hablar con ellos de “asuntos de Estado”).

Pero Rajoy, ya sea por incompetencia y mala información o por un afán de precipitar el mensaje de que “España está segura”, ha vuelto a patinar. La mayoría de los medios de comunicación volvimos a demostrar respeto a la presidencia del Gobierno y a quien la ejerce. Los primeros teletipos de agencias internacionales afirmaban con toda lógica que se trataba de un atentado con coche bomba “contra la embajada española en Kabul”. Si un presidente proclama que no es así, que el objetivo eran unos edificios vecinos y que todo el personal de la embajada está a salvo, cabe confiar en que sabe lo que dice y dice lo que tiene comprobado. No era así. Con intención (electoralista) o por falta de conocimiento (peor aún).

Como es obvio, estar en mitad de una campaña electoral no resta un ápice de sinceridad a la reacción de todos los actores políticos (y del resto de los humanos) en solidaridad con las familias de Isidro San Martín y Jorge García, y con las de todas las demás víctimas del terrorismo. Lo cual no debe aparcar, especialmente en plena campaña electoral, el necesario debate sobre la forma idónea de responder a los distintos y complejos terrorismos yihadistas.

Los 'firmes' y los 'buenistas'

Uno de los mitos de carácter político más consolidados en las últimas décadas consiste en que la derecha neoliberal gestiona con mucho más rigor la economía y los asuntos de seguridad que las formaciones progresistas, a las que el imaginario colectivo adjudica una mejor capacidad para redistribuir equitativamente los recursos. Para expresarlo en el lenguaje de la “nueva política”, los think tanks de “los de arriba” y sus potentes altavoces mediáticos han logrado un éxito indiscutible en el reparto de etiquetas, de modo que en todo Occidente (también en las democracias emergentes) los partidos conservadores representan supuestamente el rigor, la seriedad, la eficacia, la solvencia y la firmeza ante cualquier amenaza, mientras los de izquierda son utópicos, soñadores y 'buenistas'. Ese 'marco' (en el sentido que define George Lakoff) se impone (y resulta muy fructífero para los sectores más reaccionarios) cuando se discute sobre política económica y cuando se trata de la respuesta al yihadismo.

Los talibanes no son el Daesh, ni Afganistán es Francia ni España. Pero hay un elemento común: hay gente dispuesta a inmolarse con explosivos o dentro de un coche bomba, fanáticos decididos a entrar en una discoteca en París o en una embajada en Kabul pegando tiros o lanzando granadas. Por cierto, sólo unos días antes del ataque a nuestra sede diplomática, otra acción de los talibanes en el aeropuerto de Kandahar se saldó con más de cincuenta muertos.

Afirmar que la estrategia aplicada hasta ahora por los “sabios”, “firmes” y “rigurosos” tocados con la verdad absoluta ha sido un fracaso contra el terrorismo yihadista no es una opinión, es simplemente un dato. Si utilizáramos el mismo 'marco' que impone el pensamiento único, cabría tachar de “tontos útiles” del yihadismo a quienes hasta el momento han conseguido seguir engordando al monstruo al tiempo que descalifican como “buenismo” cualquier planteamiento que pase por declarar menos guerras e incrementar mucho más los recursos de la inteligencia, la información, la cooperación, la diplomacia y la justicia.

Una campaña electoral no frena los terrorismos. Tampoco un atentado debería aparcar el necesario debate sobre la respuesta a una amenaza tan compleja. Ni la exigencia al Gobierno de aclarar la confusión transmitida sobre lo ocurrido y sobre las medidas de seguridad con las que trabajan los españoles que aún quedan en Kabul.

A siete días de la cita con las urnas, procede aclarar la distinción entre rigor, buenismo e incompetencia.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó este martes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que se incluirá a su partido en el pacto contra el terrorismo yihadista, como había solicitado. Según ha explicado la formación, será el jueves cuando firme dicho acuerdo.

"De esta forma, el Gobierno y el PSOE aceptan la petición de Ciudadanos de pasar a formar parte de este acuerdo para hacer frente a la amenaza del terrorismo fundamentalista islámico", celebró el partido en un comunicado.

Rivera ha manifestado la necesidad de "estar unidos y demostrar responsabilidad" frente al terrorismo yihadista ya que es una "amenaza real". Asimismo, ha advertido de que España "no se puede quedar fuera de la estrategia común" que se establezca para luchar contra el Estado Islámico.

En su opinión, "la colaboración contra el terrorismo es necesaria" y este "es el momento de reforzar los lazos con Francia y con el Partido Socialista francés". En este contexto, ha recordado la colaboración que Francia prestó a España para combatir el terrorismo de ETA y ha manifestado que "España debe tener un compromiso claro para asistir a nuestros vecinos y prestar la ayuda que nos soliciten tras los graves atentados de París" del pasado 13 de noviembre.

La respuesta del Gobierno llega un día después de que el líder de Ciudadanos lamentara que aún no había recibido respuesta a las cartas que envió la semana pasada al líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que expresaba el deseo de su partido de unirse al pacto antiyihadista.

La dirección del Pedro Sánchez acumula una nueva gotera. Esta vez, a cuenta del pacto antiterrorista que el secretario general firmó con Mariano Rajoy en la Moncloa hace una semana y cuya primera materialización, la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, pasó este martes su primer trámite parlamentario. El malestar ya se venía larvando en los últimos días, pero la ejecutiva se lo encontró de frente durante la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, en la que media docena de diputados –entre ellos, y este no es un dato menor, Eduardo Madina– protestaron por el alcance del acuerdo. Sobre todo, por el hecho de que el partido haya asumido la referencia indirecta a la prisión permanente revisable y por la forma en la que se visualizó la entente, con una foto de los dos líderes en el palacio de la Moncloa. Pero no es el único asunto que ha causado tiranteces dentro del PSOE. También ha irritado a algunos sectores que el secretario general ofreciese acuerdos "de fondo" con el PP en ciertas materias, como en educación. La lectura es que todo acercamiento con el Ejecutivo daña al partido en un año preñado de citas electorales, ante las que parte muy debilitado, según todas las encuestas. 

Madina llevaba prácticamente siete meses fuera de la escena política. Compitió contra Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias por la Secretaría General en el congreso de julio. Perdió, rechazó integrarse en la nueva ejecutiva y prometió que se refugiaría en su escaño, que no molestaría ni entorpecería la labor de la dirección. Desde entonces, no había intervenido en ninguna reunión del Grupo Parlamentario, que suele celebrarse cada martes de las semanas en las que hay pleno. Pero ayer Madina habló. Fue el primero en tomar la palabra. En todo momento, según coincidían varios diputados, subrayó su "lealtad" a la cúpula de Sánchez, pero sentía que debía manifestar su discrepancia porque esta materia, la lucha contra el terrorismo, la considera cercana, habiendo sido víctima de un atentado de ETA en 2002. Señaló que, aun estando de acuerdo con los pactos antiterroristas, este no lo apoyaba al cien por cien.

El diputado vizcaíno apuntó lo que otros compañeros suyos también dijeron en la reunión de este martes y fuera de ella: que no era fácil de digerir un acuerdo que contuviera la cadena perpetua revisable, que los socialistas rechazan de plano. Que aceptarla suponía tocar una fibra sensible del partido y de la militancia. Y que en anteriores textos no se hacía referencia a las penas. 

Además de Madina, Seara, Barreda, Hernández o Elorza

Desde que se firmó el acuerdo, el pasado 2 de febrero, el PSOE no ha conseguido desenredarse de esta cuestión central. En el documento que firmaron Rajoy y Sánchez en la Moncloa [aquí en PDF], se dice que PP y PSOE acuerdan que, "tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal", que según la reforma que los conservadores han impulsado del Código Penal (y que ya está en el Senado), es la prisión permanente revisable. Además, se añade, a iniciativa del PSOE, que el acuerdo "no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal". Con esa redacción, los socialistas ya estaban indicando que la prisión permanente revisable se derogará en cuanto vuelvan al poder y, pese a ello, el pacto seguirá vigente. Sánchez y su equipo también adelantaron, desde el mismo día de la rúbrica solemne, que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional de forma automática. 

Además, ha producido resquemor dentro del PSOE la foto, que sellaran su entente Sánchez y Rajoy en la Moncloa, elevando el simbolismo de un acuerdo con suficientes aristas. 

En la posición crítica de Madina se alinearon otros diputados que le apoyaron en las primarias internas y que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano, como la gallega Laura Seara y la candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández. Pero también manifestaron sus discrepancias el expresidente manchego José María Barreda, el representante de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha y el diputado vasco Odón Elorza. 

Con más o menos matices, todos vinieron a expresar sus mismas reservas. Que aun compartiendo que el PSOE debe estar en los acuerdos antiterroristas, porque siempre estuvo en los anteriores –el de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000–, en este caso la negociación se había conducido mal. Primero, por la aceptación, aunque indirecta, de la cadena perpetua revisable, una posición difícil de explicar. "Y si cuesta explicarlo, ya malo", se quejó Barreda. Dos, porque el PSOE ha liderado el diálogo, en lugar del Gobierno, con lo que ha dado un punto a favor a Rajoy en una cuestión que al PP le sale más rentable. Tres, por la foto en la Moncloa.

Cuatro, por la metodología, por cómo se ha gestionado el diálogo con el PP. Algunos encontraban que se había hecho al revés, que tal vez lo oportuno habría sido intentar trenzar una alianza con otras fuerzas de la oposición para después presionar al Gobierno con la cuestión de la cadena perpetua, o haberse esforzado por haber incluido en las conversaciones a más partidos. Pero, de esta manera, el coste lo asume en solitario el PSOE, ya que la proposición de ley orgánica la suscribieron sólo los diputados de Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y este martes, en la toma en consideración en el pleno del Congreso, se sumaron los seis parlamentarios de Unió, la parte democristiana de CiU.

Y quinta denuncia: que Sánchez ofreciera "más pactos" al Ejecutivo, como en educación. En las huestes socialistas ha desconcertado la propuesta del jefe, precisamente cuando el partido se halla sumergido en plena ofensiva contra la ley Wert y contra su última reforma, la de los grados universitarios (de cuatro a tres años) y los másteres (de uno a dos). Más aún, ayer el líder se reunió con los rectores universitarios –que decidieron retrasar la reforma hasta 2017– y hoy miércoles el grupo dirigirá tres preguntas y una interpelación al ministro sobre este asunto. Los colaboradores del máximo responsable socialista han venido reiterando que este lleva meses ofreciendo acuerdos al Ejecutivo sobre cuestiones nucleares que entiende que deben trascender el marco de una legislatura, como la educación, la transición energética o la modificación de la Carta Magna. 

"En el fondo, hay una tensión entre quienes creen que hay que viajar al centro y quienes creen que debemos ir a la izquierda, porque es allí donde nos roba votos Podemos. Lo primero es la falsa mentalidad de la responsabilidad de Estado", observaba uno de los asistentes a la reunión en la Cámara baja. 

En las críticas subyace el miedo al efecto que el pacto pueda tener en las urnas. Apenas queda mes y medio para las andaluzas, en mayo serán las autonómicas y municipales, en septiembre las catalanas y hacia el final del otoño, las generales. Y en el PSOE, aunque no se termina de dar crédito a las encuestas, se mira con preocupación el estado de opinión que reflejan los sondeos, algunos de los cuales, como el del CIS, le colocan en tercera posición, por detrás de la formación de Pablo Iglesias. Es decir, se cuestiona la "oportunidad" del acuerdo, y también su necesidad. Hay responsables que consideran que tampoco beneficia siquiera al secretario general, ya que a menos de 15 días para su primer debate del estado de la nación, le interesa distanciarse lo máximo posible de Rajoy para visualizar su alternativa. Ese duelo parlamentario será la ocasión en la que, de derrotar al presidente, podría recuperar algo de oxígeno.  

El porqué de la intervención del diputado vasco

Las fuentes consultadas inciden en que la intervención de Madina estuvo "muy pensada, muy preparada", de "buen tono", "respetuosa" en las formas aunque muy contundente en el fondo. "¿Qué nos ha pasado?", preguntó retóricamente, apuntando al hecho de que un pacto antiterrorista esté causando tantas dudas a un partido acostumbrado a forjar grandes acuerdos en esta materia. Si el diputado vasco intervino esta vez se debió, según su entorno, a que entendía que se había "traspasado una línea roja como la cadena perpetua", que el partido jamás había apoyado, ni siquiera en los años de plomo de ETA. "Por eso sentía que debía decirlo, y hacerlo no en los medios, sino donde corresponde, en los órganos", le defendían los suyos. 

El secretario de Organización del PSOE, César Luena (a la derecha), charlando con el diputado vizcaíno Eduardo Madina, durante el pleno del Congreso de este 10 de febrero | EFE

Quien abrió el debate en la reunión de grupo de este martes fue el secretario de Organización, César Luena. Algo infrecuente, porque quien suele fijar la posición del grupo en las votaciones es el portavoz. El número dos tiró de la argumentación que el partido ha venido esgrimiendo en los últimos días. Que el PSOE ha estado en todos los pactos anteriores, que tiene vocación de Gobierno, que se logró que el PP aceptara recoger la discrepancia en torno a la prisión permanente revisable, que no aparece ninguna referencia a esta pena ni en el acuerdo que suscribieron Rajoy y Sánchez ni en la proposición de ley orgánica. Y que, a fin de cuentas, este acuerdo "no atenta contra la identidad del PSOE", más bien al contrario. Una defensa que también articuló el secretario general durante su entrevista en Telecinco, el lunes por la noche. 

Más apoyo a favor de la dirección

A favor de la dirección se pronunciaron más diputados. Entre ellos, José Enrique Serrano –uno de los muñidores del acuerdo y un veterano fontanero de los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero–, Manuel Chaves, Trinidad Jiménez, Diego López Garrido, Rafael Simancas, Antonio Trevín –portavoz de Interior, y como tal participó en las conversaciones– Juan Moscoso o Herick Campos. La intervención de este irritó a los críticos porque sostuvo que la reunión de grupo no era el foro idóneo para discutir una decisión que se había tomado ya desde Ferraz, para la que la ejecutiva era la competente.

A varios llamó la atención que no interviniera ningún parlamentario andaluz –más allá de Chaves o Jiménez, que no representan la voz de la presidenta de la Junta, Susana Díaz– ni ningún catalán. La federación andaluza, de hecho, ha querido expresamente dar perfil bajo a este pacto, para que interfiera lo menos posible en la precampaña electoral. Más aún, como comentaba a este periódico un dirigente próximo a Díaz, se va a hacer todo lo posible para que el debate nacional no cruce Despeñaperros, porque la jefa del Ejecutivo autonómico quiere centrar su discurso en el acento social y en la diferente forma de gobernar de los socialistas. Sólo así espera frenar el avance de Podemos y no despertar al PP, muy débil. 

Antonio Hernando, el portavoz en el Congreso, fue quien protagonizó la intervención de resumen. Hernando volvió a incidir en los argumentos oficiales, en que la unidad de los partidos es necesaria para combatir el terrorismo, y que el PSOE lo ha tenido claro incluso cuando el PP atacaba duramente a Zapatero durante el proceso de paz con ETA. Luena cerró el debate, y agradeció el talante de sus compañeros, incluido Madina. 

Sin fugas en la votación

La reunión fue intensa, pero no bronca, según apreciaron tanto los más críticos con el pacto –que no eran sólo los que hablaron, sino bastantes más que prefirieron no intervenir– como la dirección. Algunos miembros del equipo de Sánchez reconocieron que el debate había sido útil, y que quizá "se podía haber gestionado de otra manera" el pacto para que creara menos fisuras, pero estaba hecho, y no tenía vuelta atrás. 

Por la tarde, el pleno comenzó con la discusión sobre la toma en consideración de la proposición de ley acordada por PP y PSOEproposición de ley acordada por PP y PSOE. No estuvo Sánchez presente en el debate, y quien salió a la tribuna fue José Enrique Serrano, y no Hernando. Una elección que causó cierto descontento en la bancada socialista. Algunos diputados apuntaban que no era lógico que se hubiera revestido del máximo simbolismo a la firma del pacto y luego, en el primer trámite parlamentario, ni lo presenciara Sánchez –sí estaban los ministros de Interior y Justicia– y se hiciera descansar la posición del partido en un hombre de perfil técnico como Serrano. La dirección alegó que Hernando asumirá la defensa de la iniciativa el próximo 19 de febrero, cuando sea aprobada por el pleno y viaje ya hacia el Senado. 

Durante las votaciones, como se esperaba, no hubo sorpresas ni fugas. Todos los críticos, empezando por Madina y Elorza, ya habían anticipado que, pese a sus reticencias, respaldarían la toma en consideración de la proposición de ley. En la votación, cerca de las nueve de la noche, sí estuvo presente el secretario general. 

La formulación final del acuerdo, sin embargo, podía haber sido otra. De hecho, mientras se sucedían las negociaciones con el Ejecutivo, se plantearon otras alternativas. En uno de los debates en el equipo socialista, la portavoz de Justicia, Rosa Aguilar, sugirió una vía para desligar el pacto de la cadena perpetua. ¿Cómo? Planteando al PP que la previsión de que los delitos de terrorismo con resultado de muerte se castiguen con la "prisión por el tiempo máximo previsto" –esto es, con la cárcel permanente revisable– no figurara en el texto. Sugirió que el PP lo introdujera como una enmienda a su reforma del Código Penal en el Senado. Allí, en la Cámara alta, es donde se sigue la tramitación de la reforma del Código, en la que el Gobierno ha incorporado, por vez primera en España desde que fue abolida durante la dictadura de Primo de Rivera, la figura de la cadena perpetua.

El problema de la 'vía Senado'

La portavoz de Justicia era consciente del malestar que había provocado en el partido, y en circuitos próximos –como los penalistas cercanos–, la posibilidad de que el PSOE tragase, siquiera indirectamente, con un asunto tan sensible como la prisión permanente revisable. Sin embargo, aquel planteamiento de la exministra de Medio Ambiente fue rechazado. Habría supuesto, como explican fuentes parlamentarias, "reabrir toda la negociación", algo que a esas alturas ya no era posible. El diálogo estaba "muy avanzado", y no era posible rebobinar. Aguilar, que se había tenido que desconectar de las conversaciones en días anteriores por cuestiones personales, había llegado tarde. El melón no podía abrirse otra vez, según le dijeron.

Además, la alternativa de la enmienda en la Cámara alta planteaba sus complicaciones. "Seguro que alguien hubiera interpretado que se colaba a hurtadillas este asunto en el Senado, y que el PSOE se escondía. Eso también tenía sus riesgos", explicaban fuentes conocedoras de las conversaciones. En cualquier caso, esa sugerencia, que se expresó en plena "tormenta de ideas" y que no se llegó a trasladar al PP, fue parada por la dirección. 

En todo el intercambio de opiniones con el Gobierno y el PP, jugó un papel clave Serrano, y también en este último trayecto de la negociación. Serrano ha sido un hombre de confianza en cuestiones delicadas no sólo de los dos expresidentes socialistas, González y Zapatero, sino también de Alfredo Pérez Rubalcaba. Sánchez también lo ha mantenido a su vera en temas nada intrascendentes, como los contactos discretos con el Gobierno y con el Govern de CiU sobre el futuro de Cataluña, o en la redacción del programa electoral, del que es vicecoordinador. 

Según fuentes de la negociación, "no había salida", porque el PP no se iba a avenir a renunciar a la cadena perpetua por mucho que se lo pidiera el PSOE, puesto que la estaba impulsando con el rechazo de toda la oposición. Y, por otro lado, "no tenía sentido escribir que los delitos de terrorismo con resultado de muerte no serán castigados con la pena máxima". "¿Qué íbamos a hacer, que hubiera cadena perpetua por un asesinato y no por un atentado? Eso sí que sería ilógico", indicaba uno de los implicados en el diálogo con el PP. La dirección incide en que gracias a la presión de los socialistas se han logrado incluir en el pacto otros asuntos importantes, como la dotación de mayores recursos materiales y humanos a las Fuerzas de Seguridad, petición que Sánchez pretende llevar al Congreso dentro de poco. 

Como analizaba a la noche, al finalizar el pleno, una diputada miembro de la ejecutiva, con cierta desazón, cunde un cierto desánimo. La sensación de que "a perro flaco todo son pulgas" y de que los problemas, en muy poco tiempo, se han multiplicado. 

En septiembre, cuando comenzó el curso político, pocos ciudadanos conocían al nuevo secretario general del PSOE. Pedro Sánchez. Un hombre de 42 años, doctor en Economía, diputado en dos legislaturas casi por azar –o sea, sin entrar a la primera–, exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid. Objetivo: darlo a conocer, aprovechar todos los medios, intentar que estuviera allí "donde esté la gente", explotar los puntos fuertes que veían sus asesores: su empatía y telegenia. Resultado: en octubre, le ponía cara el 81,8%; en enero de 2015, lo hacía el 90,5%. 

Segunda fase: empezar a confeccionar el traje de hombre de Estadohombre de Estado. Una faceta que, para muchos dirigentes del partido, tiene como manifestación clara la firma del acuerdo antiterrorista con Mariano Rajoy el pasado lunes. Su primer pacto de Estado, con una controvertida y solemne puesta en escena, en el palacio de la Moncloa, al lado del presidente del Gobierno, en una comparecencia sin preguntas. Al día siguiente, en Barcelona, Sánchez expresa su deseo de que haya "más acuerdos [con el PP] en algunos elementos de fondo" necesarios para "responder al futuro". 

El refuerzo del papel institucional del secretario general dista de ser, para algunos observadores en el partido, algo meramente casual. Necesitaba ese giro. "Sin duda está construyéndose esa imagen de hombre de Estado. La primera fase era traspasar los muros del partido. En esta segunda, se trata de decir que el PSOE está y estará en las cuestiones de Estado", señala con rotundidad un dirigente territorial. Y no es el único. Sin embargo, sus colaboradores más cercanos niegan rotundamente que se trate de una campaña calculada. Más aún, consideran que pensar que obedece a una estrategia de comunicación es "frivolizar" con una "amenaza real que ha sacudido el corazón de Europa", la del terrorismo yihadista. E insisten en que Sánchez no hizo más que "renovar" y actualizar los tres acuerdos antiterroristas anteriores (el de Madrid, de 1987; el de Ajuria Enea, en 1988, y el de Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, de 2000). 

La televisión como aliada

Sánchez concurrió a las primarias internas del pasado verano, caído Alfredo Pérez Rubalcaba, con un perfil bastante desconocido para sus compañeros y mucho más para los ciudadanos. Gracias a la ayuda de varios barones territoriales –singularmente, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz–, y aupado por la fuerza de 64.118 votos (el 48,67%), se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Pasado el verano, ya elegida su ejecutiva, sus asesores y su equipo de comunicación –capitaneado por Verónica Fumanal y Manuel Delgado–, se reforzó la campaña de lanzamiento del secretario general. Sobreexponiéndolo, explotando la televisión y combinando formatos informativos con otros de entretenimiento, más desenfadados, palos poco habituales para un líder político. Para la hemeroteca quedan desde la llamada en directo en Sálvame, a entrevistas en El hormiguero y Viajando con Chester, una visita a un mercado para El intermedio, la defensa de sus posiciones frente a una familia catalana en Salvados o el ascenso por el peñón de Ifach (Calpe) para Planeta Calleja. 

7 de enero. Atentado yihadista contra la revista satírica Charlie Hebdo en París. El domingo siguiente, Sánchez se suma a la multitudinaria manifestación de repulsa del terrorismo en la capital francesa, a la que acuden mandatarios de todo el mundo. Dos días después, el 13 por la mañana, antes de tomar un avión rumbo a Washington, el secretario general llama a Mariano Rajoy para ofrecerse a pactar nuevas medidas antiterroristas. Por la tarde, Gobierno y PSOE anuncian el acuerdo: las dos principales fuerzas presentarían una proposición de ley conjunta, al margen de la reforma del Código Penal que ya estaban tramitando las Cortes. 

1 de febrero. Clausura de la Conferencia Autonómica del PSOE en Valencia. Sánchez protagoniza el cierre con un discurso bastante celebrado por los suyos, en el que centra sus ataques en el PP para manifestar que el único adversario es "la derecha". Ignora a Podemos. "A quien teme el PP es al PSOE", proclama. 

18 horas del 2 de febrero. Sánchez firma en la Moncloa con Rajoy el pacto de Estado para luchar contra la amenaza yihadista, que se complementa con una proposición de ley orgánica en la que se hace una referencia indirecta a la prisión permanente revisable, a la que se opone el PSOE y que ha rechazado durante la tramitación de la reforma del Código Penal. Los socialistas, que se consideran "impulsores" del acuerdo, se sienten "satisfechos" porque han logrado que el PP asuma que si vuelven al Gobierno, se derogará la cadena perpetua, y también que la llevarán ante el Tribunal Constitucional en cuanto se publique en el BOE. El martes, el portavoz socialista, Antonio Hernando, advierte de que las diferencias entre los dos partidos son "abismales" y que "no hay posibilidad de pacto" en otra materia que no sea la lucha antiterrorista. Casi en paralelo, desde Barcelona, Sánchez le contradice y ofrece acuerdos "de fondo" al PP. El miércoles, se publica el barómetro de enero del CIS: el PSOE pasa a tercera fuerza por primera vez, desbancado de la segunda plaza por Podemos. 

Tres días de "manicomio"

"Sí, es un poco de manicomio la secuencia que vivimos del domingo al martes, no ha sido buena", confiesa un barón regional, que reconoce que la firma del pacto no cayó bien entre la militancia –"Los pactos con el PP no suelen recibir aplausos"–, que no comprendió un acuerdo que, siquiera tangencialmente, suponía tragar con la cadena perpetua. Algo que se había marcado como "línea roja". "En los temas de derechos es donde debemos ser radicales, porque es en lo que tenemos una identidad muy clara", observa una veterana dirigente.

Otros cuadros creen que ha faltado "pedagogía", explicar en qué consistía el acuerdo y qué mejoras se han introducido gracias a la presión de los socialistas, como el aumento de medios humanos y materiales. "El pacto había que hacerlo, no creo que quedasen muchas dudas. La lectura que yo hago –conviene otro barón de peso, que también se someterá al escrutinio de las urnas el 24 de mayo– es que el PSOE ha conseguido que no se mencione la prisión permanente revisable, que ya le hubiera gustado al PP. Esto es un logro de los socialistas, sin duda, aunque no se haya conseguido explicar dada la dificultad del asunto". 

Lo que desconcertó más no fue tanto el fondo –Sánchez recabó el visto bueno de todos los barones, incluida Díaz– sino sobre todo la forma. La escenificación en la Moncloa, que según coinciden varias fuentes consultadas –barones, altos mandos territoriales–, "se podía haber evitado" y pudo verse "excesiva". En el partido, algunos responsables consideran que la foto con Rajoy "quizá sobraba", que habría bastado sellar la firma del acuerdo en el Congreso, como hicieron los portavoces de los dos grupos, Antonio Hernando (PSOE) y Rafael Hernando (PP) al día siguiente. Así se habría restado solemnidad. Sin embargo, tanto Sánchez como el equipo negociador socialista –en el que estaba el propio Antonio Hernando, además de la portavoz de Justicia en la Cámara, Rosa Aguilar, y el fontanero de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano–, consideraban que, dado que el acuerdo trascendía la mera redacción de una proposición de ley, había que buscar otro marco. El documento del pacto de Estado suscrito en la Moncloa era, de hecho, el texto en el que podía consignarse la discrepancia de los socialistas respecto a la cuestión clave de la cadena perpetua. 

"Pedro lo ha liderado, y no se esconde"

En la sede federal han reiterado que no se ha obrado moviéndose por "cálculos electorales", pensando si beneficia más o menos a los candidatos que comparecen ante los ciudadanos el 24 de mayo y antes, el 22 de marzo, en Andalucía. "El acuerdo nace no desde el tacticismo, sino desde la convicción de que esto es muy serio y de que el PSOE no puede estar al margen, porque siempre ha estado con el PP en la lucha antiterrorista, tanto en el Gobierno como en la oposición", recalca un miembro de la ejecutiva de Sánchez. Sus colaboradores más cercanos insisten en que en la "identidad" del PSOE está marcada a fuego la "unidad de todos en el combate al terrorismo", y ahora el Estado "no tenía mecanismos suficientes para luchar contra una amenaza real" y distinta, como los lobos solitarios, o el adoctrinamiento a través de páginas web. "El terrorismo siempre ha estado para nosotros fuera de la estrategia partidista, y lo hemos creído en el Gobierno y en la oposición. Pensar que la firma del último pacto forma parte de una estregia es frivolizar. El PSOE nunca será Podemos. Es el PSOE. Tiene una identidad propia. Y no es que estemos inventando nada, estamos actualizando un compromiso que viene de 1987. Hay una amenaza real y hay que estar preparados, porque esto no tiene que ver con ETA", subraya una persona del equipo de confianza del secretario general.

Ferraz, en descargo de Sánchez, recalca que "no es la primera vez" que se firma un documento "al más alto nivel". "Ya lo hicieron en diciembre la patronal y los sindicatos. Una vez que tú has liderado el pacto, no puedes esconderte. Pedro lo ha liderado y está muy orgulloso, y ha reiterado el compromiso de que se llevará la cadena perpetua al TC y se derogará en cuanto lleguemos al Gobierno", le defienden en su núcleo más cercano, que a la vez recuerdan que "gracias al PSOE", se han conseguido eliminar "barbaridades" propuestas por el PP que "sí que podían ser inconstitucionales", como las referencias al aborto o la visita sin más de páginas web. "El PSOE ha logrado que se conjuguen seguridad y libertades", apuntalan. Lo que no ha conquistado es el sí de los demás grandes grupos, ya que el acuerdo se cocinó a dos, por mucho que ambos apelen a la "unidad" como mejor arma para frenar el terror. 

Haya o no una estrategia detrás, lo cierto es que la impresión que ha quedado en muchos de sus compañeros es que el perfil institucional de Sánchez se ha delineado más. "Claro que esto refuerza su imagen de hombre de Estado. En el fondo, esto nos viene bien a medio y largo plazo, pese a todo. Nosotros no podemos ser Podemos. Nuestro adversario es el PP. ¿Y eso es compatible llegar a acuerdos? Sí, porque podemos ponernos de acuerdo en temas de Estado como este", señala un dirigente territorial.

Preocupación baja, según el CIS

Un barón rechaza pensar sólo en la traducción en votos: "Si pensáramos en eso sólo, no habría Ley del Aborto, o memoria histórica, o dependencia... Eso es un valor diferencial del PSOE. Yo quiero un líder que sea hombre de Estado, que defienda los intereses generales. Y necesitamos que se perciba a Pedro como un buen presidente". "El PSOE es un partido de Gobierno, y la aspiración es llegar a gobernar este país. Ese papel institucional lo tienes que jugar", observa una diputada, a la vez alto cargo en una ejecutiva regional. Con ella está otro secretario autonómico, que ve "lógico" que se "fomente" el retrato del líder de la oposición "como hombre de Estado", porque lo contrario sería equivocado. "Él además está convencido de que debe buscar la centralidad, como hace Susana –tercia una veterana, afín a la presidenta andaluza–, sólo que ella lo tiene más fácil porque gobierna". 

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, durante la firma del pacto antiterrorista en el palacio de la Moncloa, el pasado 2 de febrero | EFE

Los socialistas se apoyan, en efecto, en la ubicación ideológica de los españoles y en cómo estos perciben a su partido. Los ciudadanos, según el último barómetro del CIS, se colocan de media en el 4,55, en una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), y sitúan al PSOE en el 4,62. El PP está muy escorado a la derecha (8,17) y Podemos, muy a la izquierda (2,28), más que IU (2,62). De ahí que piensen que no debe moverse de donde está, de ese lugar central que ocupa, que le permite "hablar y tener interlocución con otras fuerzas, como ninguna otra". 

Pero también según ese último estudio del CIS, realizado en parte tras los atentados de París, se veía que el terrorismo preocupaba sólo al 1,1% de los encuestados. Para los responsables socialistas, esa baja inquietud no puede ser óbice para la firma de un pacto de Estado sobre este asunto. "No se puede operar sólo en base a lo que dicen las encuestas", opina una dirigente. El sentir compartido es que es normal que el terrorismo internacional no suscite ahora mismo alarma en España, porque no parece acechar una amenaza cercana, "pero todo podría cambiar si hubiera un atentado" –señala un barón crítico con la actuación de Sánchez–, por lo que conviene estar prevenidos. "Hoy preocupa al 1% porque hemos acabado con ETA gracias a los anteriores pactos. Y ojalá esto sirva para que esa preocupación no aumente", reflexiona otro secretario autonómico. Los asesores del líder socialista se fijan, en cambio, en una reciente encuesta de Metroscopia para El País, que indica cómo se ha disparado la inquietud de los españoles a raíz del atentado contra el Charlie Hebdo. 

Acuerdos en otras materias

Asentar la imagen de Sánchez como hombre de Estado, no obstante, comporta riesgos, a ojos de sus compañeros. "Que en las tertulias vuelva a aparecer aquello de PPSOE, del Gobierno de gran coalición. Pero es que si hacemos de Podemos bis, también tiene sus riesgos", alerta un responsable territorial. Hernando se afanó el pasado martes en subrayar, ante los periodistas, que este será el único pacto que el PSOE entable con el PP, que no hay margen para la convergencia en otros temas, porque las diferencias entre los dos partidos son "absolutas" y "abismales", que es "absurdo" pensar que la entente antiterrorista sea el preludio de una Gobierno de coalición entre las dos grandes fuerzas. ¿Cómo se concilia eso con lo que luego dijo el propio Sánchez, ese mismo día, sobre la necesidad de acuerdos "de fondo", como en educación?

Sus colaboradores defienden que era más la plasmación de un deseo, y que tampoco es ninguna novedad, porque Sánchez lleva meses señalando que hacen falta "pactos de Estado en temas fundamentales" como en enseñanza, para evitar que la ley cambie cuando cambia el Gobierno, o en la reforma constitucional o en un tema que considera capital, como la energía. "El PSOE tiene voluntad de diálogo y es consciente de que hay políticas de Estado, porque hay cuestiones que trascienden una legislatura. Eso es lo que Pedro ha dicho, y también que con el PP es imposible", le defienden los suyos.

Con Podemos en los talones

Sin embargo, otros importantes dirigentes sostienen que al PSOE no le conviene aparecer ahora mismo con el PP de la mano en nada, cuando están a la vuelta de la esquina las andaluzas y las autonómicas y municipales del 24-M y los sondeos apuntan a un auge imparable de Podemos. "A nadie le va bien, y tampoco en Andalucía, un pacto así. No es el momento", opina un barón de una federación importante, y que siente cerca la posibilidad de echar a los conservadores tras años de mayorías absolutas. "Hay que saber cuándo conviene poner el foco en unas cosas y en otras. Quizá Pedro no acertó con el momento y en cómo lo explicó", le disculpan desde otra federación. Otros dirigentes señalan, por el contrario, que suscribir un acuerdo así con Rajoy puede atraer a los votantes más moderados, un factor importante en aquellas comunidades más conservadoras. "Hablar de rendimiento electoral –confrontan fuentes próximas a Sánchez– es irresponsable. Nosotros no vamos con la calculadora. Son otros los partidos los que lo hacen. Estamos hablando de seguridad, de vidas humanas". 

El PSOE se aferra a su ADN distintivo, de partido de Gobierno y central, para justificar un pacto que, sin embargo, tiene aristas no menores criticadas incluso por jueces y fiscales próximos, como la prisión permanente revisable o la falta de apoyo de otros partidos. Si hay o no coste electoral, se sabrá pronto. 

1.- No es sencillo explicar que uno firma algo que se compromete a eliminar si un día llega al Gobierno, por mucha cláusula de derogación en diferido que el texto incluya. Si uno rechaza por principio la cadena perpetua, no puede asumirla durante una temporada, ni siquiera un rato. Ni tampoco presentando un recurso de inconstitucionalidad.

2.- No se trata (sólo) de una cuestión ideológica. La prisión permanente revisable que incluye la reforma del Código Penal puede ser inconstitucional, pero además es innecesaria e ineficaz. Sobre el dislate jurídico, basta la lectura de algunos textos de especialistas en derecho penal como Diego Blázquez, Joan Carles Carbonell o Tomás S. Vives, que concentran de forma rigurosa y argumentada las razones por las que esa reforma del Código Penal aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados es rechazada por una inmensa mayoría de jueces, fiscales y expertos.

3.- No tiene sentido el propio enunciado del pacto que se firma: 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en contra del terrorismo'. Para “afianzar la unidad” lo primero que hay que hacer es intentar sumar el máximo apoyo, porque si no la unidad que se afianza es exclusivamente la que forman PP y PSOE (o sus direcciones). Un acuerdo que asume unos cambios del Código Penal que no sólo no se consultan sino que son criticados por jueces, fiscales y expertos es tanto como pretender un Pacto por la Educación contra el criterio de profesores, decanos, rectores, pedagogos, alumnos y padres de alumnos.

4.- Para afianzar la unidad “en defensa de las libertades”, no parece que la herramienta más adecuada sea el endurecimiento de un Código Penal que ya era de los más duros de Europa en uno de los países (España) con menores tasas de criminalidad y más alta proporción de presos por 100.000 habitantes. Las libertades no se fortalecen precisamente dando la espalda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una manipulación decir que otros países europeos también tienen la prisión permanente revisable cuando las características de esa revisión no tienen nada que ver con las que aquí se establecen.

5.- Para afianzar la unidad “…en la lucha contra el terrorismo” convendría elevar mucho el rigor y el respeto a la hora de hacer esa declaración. Cabe recordar que contra el terrorismo, por principio, estamos todas y todos los demócratas. De hecho quien se pronuncie a favor comete un delito. No está más en contra del terrorismo quien firma un pacto político que quien lo rechaza. Siendo rigurosos y prácticos, si lo que este acuerdo busca concretamente es mejorar la lucha contra el yihadismo, es obvio que el trabajo de “unidad” hay que hacerlo a escala europea y global, no entre dos partidos (por principales que sean) de un solo país.

6.- Como explica cualquier experto en lucha antiterrorista, uno de los puntos más concretos del pacto, el que “tipificará como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella”, es un brindis al sol si no se ejecuta y se coordina por parte de toda la Unión Europea (y más allá...). Su concreción en un registro internacional y compartido de pasajeros no sólo suscita discusión en el Parlamento Europeo sobre protección de datos sino que los propios expertos en seguridad ponen en duda la eficacia de los registros masivos de datos. (No hay más que repasar las intervenciones de miembros de la NSA interrogados en Estrasburgo por el caso Snowden).

7.- “España se sitúa en el liderazgo mundial en el ordenamiento jurídico sobre terrorismo yihadista”, ha presumido este martes (ver minuto 3:38 y ss.) el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la firma del acuerdo con el PSOE en el Congreso. A los responsables políticos lo primero que cabe exigirles es eso, responsabilidad. Un ministro encargado de la seguridad de todos los españoles no puede situarlos como “líderes mundiales” en una especie de guerra contra unos fanáticos cuya característica diferencial respecto a otros terroristas es su disposición al suicidio si con él logran dañar al máximo número posible de “infieles”. (Razón obvia por la que, además, a un yihadista le importará bien poco la amenaza de cadena perpetua, sea revisable o no). Si se plantea en términos belicistas, la vanguardia contra el yihadismo debe ser colectiva, europea, internacional y con el apoyo y colaboración de las organizaciones y gobiernos musulmanes interesados también en derrotar a los fanatismos. Sin "liderazgos mundiales".

8.- “Contra el terrorismo y por la libertad siempre hemos estado juntos y siempre estaremos juntos”, proclamó el lunes solemnemente Mariano Rajoy en La Moncloa en presencia de Pedro Sánchez tras la firma de este pacto. Y faltó solemnemente a la verdad. Basta recordar alguna manifestación que el propio Rajoy encabezó contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero (todo lo audaz y discutible que se quiera, pero bajo cuyo mandato ETA dejó las armas).

9.- El punto número 5 del Acuerdo contra el yihadismo contiene el compromiso de “garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y los servicios de inteligencia”. No hacía falta un pacto ni bipartidista ni “de Estado” para cumplir con la principal reclamación que se viene haciendo desde la judicatura y las fuerzas de seguridad. Bastaría con que quien llega al Gobierno cumpliera su programa electoral, porque una redacción calcada figura en casi todos los programas electorales.

10.- El fomento del pluralismo y la convivencia y el rechazo a cualquier actitud discriminatoria o xenófoba figuran en la introducción del acuerdo, no entre los ocho compromisos especificados. Y a estas alturas resulta difícilmente discutible que uno de los retos básicos para acabar con el yihadismo, y con cualquier fanatismo, consiste en reforzar los mecanismos de integración social frente a quienes apuestan por la exclusión. 

Si este Pacto no está hecho de sólidos argumentos jurídicos ni de eficacia policial, queda por atender al carácter netamente político del mismo. Es lo que, en público y en privado, sostienen fuentes de la dirección socialista: “el PSOE es un partido de gobierno, con un riguroso sentido de la responsabilidad de Estado”. Felipe González lo ha expresado a su modo: “Gobierno y PSOE han hecho un ejercicio de responsabilidad frente a todas las tonterías que se oyen”.

Que el Gobierno y el PP están encantados con la foto de Rajoy y Sánchez en Moncloa no tiene duda. Sánchez y González sabrán si era el momento político más oportuno para una fotografía que puede interpretarse como una especie de ecografía de un renacido bipartidismo. El tiempo, y los próximos resultados electorales, lo dirán.

El afán de los socialistas es recalcar que ha actuado con "responsabilidad" y que su secretario general obró con "sentido de Estado" al impulsar el acuerdo con el PP, el cuarto que se firma en materia antiterrorista después del Pacto de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000. Los ciudadanos, según enfatizó Antonio Hernando, el portavoz socialista en el Congreso y uno de los negociadores, "no podrían perdonar" que las dos grandes fuerzas no actuarán juntas en una cuestión tan sensible como esta.

Para el PSOE, firmar el pacto ha supuesto asumir, aunque de forma indirecta, que los delitos de terrorismo con resultado de fuerte conllevarán la "máxima pena" establecida en el Código Penal que, según la reforma que está liderando el Gobierno en solitario y que está ya en el Senado, es la cadena perpetua, que el PP ha rebautizado como prisión permanente revisable. Los socialistas tiraron por elevación y, aparte de suscribir una proposición de ley orgánica para reforzar la lucha antiterrorista [consúltala aquí en PDF], plantearon el pacto de Estado, un documento de carácter más político, que les permitía reflejar la discrepancia con el PP respecto a la cadena perpetua, una condición inexcusable que los barones habían pedido a Sánchez.

"Buenos réditos" trajo el pacto de 2000

En ese texto, el que suscribieron Sánchez y Rajoy en la Moncloa ayer lunes, se dice que el acuerdo "no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes [PP y PSOE] en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal". La dirección de Sánchez considera un "elemento fundamental" que el Gobierno haya asumido que el pacto seguirá "vigente" aun cuando se derogue la prisión permanente revisable si el PSOE vuelve al poder. Y también creen un éxito que Rajoy haya aceptado que el principal partido de la oposición recurra la cadena perpetua ante el Tribunal Constitucional. Es más, según Hernando, el PSOE presentará su impugnación "al día siguiente" de que la reforma del Código Penal se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El portavoz recalcó que las diferencias ideológicas y programáticas con el PP son "abismales, absolutas", y no coinciden, por ejemplo, en cómo sacar a España de la crisis, en la reforma laboral, en el recorte de derechos y libertades. Son partidos "antagónicos". Pero "si hay un tema" en el que PP y PSOE deben estar juntos, dijo, es en la lucha antiterrorista. Puso el ejemplo de lo que ocurrió en 2000, cuando a raíz de aquel acuerdo, propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero se cambió la Ley de Partidos. Aquella unidad, ensalzó, trajo "buenos réditos" e hizo a España "más fuerte" en el combate al terror. "Y a nadie se le ocurrió hablar entonces de gran coalición" porque era "inconcebible", como lo es a día de hoy. "No hay posibilidad de pacto con el PP en otros temas, sólo es esto, el terrorismo", incidió, intentando poner tierra de por medio.

Sin embargo, ese no resultaba aparentemente contradictorio con lo que Sánchez afirmó desde Barcelona, en un acto del Cercle d'Economia. El secretario general defendió el pacto con Rajoy y pidió nuevos acuerdos "de fondo", por ejemplo sobre educación, una propuesta que ha reiterado en más ocasiones. "Me gustaría que hubiesen más acuerdos", explicó, en la única referencia que hizo al texto de ayer, informa Europa Press. 

Hernando explicó que igual que en 2000 se respondió a una ofensiva de ETA, ahora se contesta a los atentados de París. El PSOE quería "trasladar la unidad" que se vio en la gigantesca manifestación en la capital gala a nuestro país. "Es el único motivo por el que se hace ahora", dijo, y no hay "cálculos electorales ni de ningún otro tipo", más que garantizar la seguridad de los ciudadanos sin recortar sus libertades. "No hemos pensado a quién beneficia en clave partidista; beneficia a los ciudadanos, a las Fuerzas de Seguridad, a la administración de Justicia y a la imagen de España", resaltó.

Sánchez "ha estado a la altura de las circunstancias"

El portavoz fue preguntado por las discrepancias de jueces y fiscales progresistas, que consideran innecesaria la introducción de nuevas medidas porque ya el Código Penal es muy duro, y porque el PSOE ha asumido a fin de cuentas la cadena perpetua revisable. Hernando respondió que es verdad que se ha ido adaptando la legislación a las nuevas amenazas, y que se atendieron las conclusiones de la comisión de investigación del 11-M, pero los terroristas avanzan "más rápido". Alegó que hace años Internet no había evolucionado como hasta ahora, ni existía el caso de los terroristas retornados y los lobos solitarios, ni existía el Estado Islámico. Además, insistió en que a través de las negociaciones se ha mejorado y perfilado el texto inicial del PP, de modo que la proposición de ley, cuando quede aprobada, será "bien exigida" por jueces y fiscales.

Hernando también rechazó la idea de que la escenificación en la Moncloa perjudique al PSOE. Fue la misma que en 2000, defendió, aunque en aquella ocasión suscribieron el pacto los secretarios generales de PP y PSOE, Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero, ante la mirada de José María Aznar. La Moncloa, según el portavoz socialista, es el "escenario adecuado" para una ocasión como esta. ¿Consolida la imagen de Sánchez como hombre de Estado? "El líder de la oposición ha estado a la altura de las circunstancias, ha demostrado que tiene sentido de Estado" firmando el pacto. 

La proposición de ley fue suscrita este martes por PP, PSOE y tres partidos del Mixto: UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. Y registrada a continuación en el Congreso. Hernando aseguró que su formación no se olvida del resto de grupos y prometió hacer un "esfuerzo" para que se unan al acuerdo o a cualquiera de las leyes que lo desarrollen. 

Críticas de IU, UPyD y PNV

Sin embargo, la postura del resto de partidos sigue siendo más que fría. Cayo Lara, presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que el PSOE ha querido caer en la "trampa" que le ha puesto el PP, y lo que se ha escenificado es "una gran coalición para aplicar la cadena perpetua por la puerta de atrás". El coordinador de IU volvió a dejar clara su oposición al acuerdo, tanto por la forma como por el fondo, y avanzó que se opondrá a la toma en consideración de la proposición. Aseguró que la posición del PSOE no se comprende. "No se puede entender que con una mano se esté firmando la cadena perpetua y luego se diga se va a recurrir el Código Penal que la contempla. Si se está en contra de la prisión permanente revisable, sencillamente no se firma". dijo en rueda de prensa en la Cámara baja. 

El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el pacto es más "una foto propagandística" para apuntalar el bipartidismo. Pero ese acuerdo, siguió, no les ayudará a remontar frente a una sociedad "harta" de la alternancia de PP y PSOE y "más dura con las incongruencias". Gorriarán cargó igualmente contra el PSOE, quien pasó de asegurar que la cadena perpetua es una "línea roja" a considerarla una "línea de puntos". "Y anuncian que van a recurrir la prisión permanente al TC, pero, entonces, ¿por qué la firman en el pacto?", se preguntó, informa Europa Press.

También el PNV se mostró crítico. Su portavoz de Interior y Justicia en el Congreso, Emilio Olabarria, denunció el pacto por "electoralista", por tener serias "deficiencias técnico-jurídicas" y por estar vinculado a la prisión permanente revisable. Su grupo tendrá una posición "presumiblemente no favorable" a la toma en consideración de la proposición de ley la semana próxima. El diputado se mofó igualmente de la posición socialista: este es el "único pacto en la historia política de la humanidad sujeto a condición", la de "eliminar la cadena perpetua si el PSOE gana las elecciones". 

Gobierno: España está en una posición de "liderazgo mundial"

El Ejecutivo también salió a valorar el texto rubricado en la Moncloa. La ley orgánica surgida del mismo, dijo el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, coloca a España en una posición de "liderazgo mundial" en la lucha contra el terrorismo yihadista. El ministro compareció acompañado de su homólogo de Justicia, Rafael Catalá, quien defendió la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable y aplaudió la fórmula recogida en el documento, ya que garantiza en cualquier caso que a los delitos por terrorismo se le aplicará la pena más alta recogida en el Código Penal. Catalá consideró legítimo que el PSOE presente un recurso ante el TC, una intención que ya había manifestado durante las negociaciones, según reconoció.

"No era entendible" que no hubiera un entendimiento entre las dos grandes fuerzas, sostuvo Fernández Díaz, que invitó a los demás grupos a sumarse: "Cuanto más seamos, más fuertes seremos". El ministro recordó, en línea con lo que afirmó el PSOE, que el pacto de 2000 supuso "el principio del final de ETA". 

Las cuatro cabeceras de prensa de mayor tirada de Madrid celebran este martes la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de firmar con el presidente Mariano Rajoy un acuerdo contra el terrorismo yihadista a pesar de que les obliga a aceptar que determinados delitos se castiguen con cadena perpetuacadena perpetua (lo que el proyecto ha denominado “prisión permanente revisable”).

Estos son los párrafos más significativos de los editoriales publicados por El Mundo, El País, La RazónEl PaísLa Razón y Abc:

El Mundo: "Muy positivo"

“En este sentido, Sánchez da muestras de actuar con sentido de Estado al firmar hoy con el PP el pacto contra el terrorismo yihadista. Ha salvado, incluso, el escollo de la cadena perpetua revisable para los terroristas –a la que siempre se ha opuesto el PSOE– al remitir las referencias en el acuerdo a esa pena a lo establecido en el Código Penal. Se trata del primer acuerdo de Estado de Pedro Sánchez y es muy positivo para el país que se mantenga esa unidad de los dos grandes partidos nacionales contra el terrorismo”.

El País: "No cabe sino felicitarse"

“Es una mala noticia que España se haya convertido en uno de los centros financieros de la Yihad. Por ello —y por muchas más razones— cobra especial importancia el pacto contra el terrorismo firmado este lunes entre el Partido Popular y el PSOE. Es el cuarto acuerdo de este tipo que ratifican las dos principales formaciones presentes en el Parlamento y no cabe sino felicitarse porque en una materia que tanto dolor causa las fuerzas políticas mayoritarias adopten una estrategia común”.

La Razón:"Dice mucho del sentido de Estado de Pedro Sánchez"

“No es el primer pacto de Estado al que llegan los dos principales partidos españoles
en la presente legislatura –Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba ya habían acordado la renovación de los órganos constitucionales, la «voz única» ante la UE y la ley de abdicación de Don Juan Carlos–, pero confirma un hecho político de la mayor transcendencia: que, por encima de las personas que lideren el PP y el PSOE, y con independencia de cuál de los dos partidos ejerza el poder, ambas formaciones man- tienen un sentido de la responsabilidad institucional que se impone a los meros intereses partidistas coyunturales. Que Pedro Sánchez haya acudido a La Moncloa, desdeñando las presiones de un sector de su propio partido para que no se hiciera una fotografía con Mariano Rajoy, dice mucho del sentido de Estado del líder socialista y afianza al PSOE como la única alternativa creíble al Gobierno de la nación”.

Abc: "Una gran noticia"

“Aunque tarde, el socialismo abandona su política frentista, que en los ultimos meses lo ha llevado a impugnar en los tribunales buena parte de los proyectos legislativos del PP, y recupera su perfir institucional al apoyar al Gobierno en un aspecto esencial, como es la seguridad de todos. Este pacto de Estado –el primero que suscriben ambos líderes políticos– es una gran noticia para preservar la libertad de los españoles (...). Pedro Sánchez deja a un lado la demagogia con que ha tratado de nuetralizar, hasta ahora sin éxito, el avance de la izquerda extrema y populista, y asume el papel que la sociedad exige a un partido que ha de seguir contribuyendo, desde el realismo político, al progreso de España”.

Ni a los jueces ni a los fiscales progresistas gusta un acuerdo de lucha contra la amenaza yihadista –el cuarto pacto antiterrorista de la democracia– que contiene, siquiera indirectamente, la prisión permanente revisable. Ese ha sido el gran peaje que han tenido que pagar Pedro Sánchez para poder firmar un texto con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Los socialistas subrayan una y otra vez que no apoyan, ni avalan ni asumen la cadena perpetua revisable, porque votó en contra en el Congreso y lo hará ahora en el Senado y además la llevará al Tribunal Constitucional. Pero, aunque de forma indirecta, sin una mención explícita, la prisión permanente está dentro del pacto. 

El Acuerdo para afianzar la unidad en la defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo es un documento de cuatro folios y ocho compromisos suscrito por PP y PSOE, que prevé que se aplique "la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal" a los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Esa máxima pena, según la reforma del código que ya está en la Cámara alta, es la cadena perpetua revisable, a la que los socialistas se oponen con rotundidad. Tal remisión a la "máxima pena" aparecerá también en la proposición de ley orgánica que se registrará este martes en el Congreso y que ambas fuerzas han pactado. 

No obstante, el texto del pacto de Estado contiene una cláusula a la que los socialistas se aferran para recalcar que ellos no avalan la prisión permanente. "El presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal". Una forma alambicada de decir que el PSOE "se opone firmemente" a la cadena perpetua revisable –así lo remarcó Sánchez durante su comparecencia conjunta con Rajoy en la Moncloa, y sin preguntas– y que la derogará en cuanto vuelva al Ejecutivo. 

La introducción de esa cautela es la que ha permitido cerrar el acuerdo después de tres semanas de trabajo de los dos equipos negociadores, que tendrá su primera traducción práctica en la proposición de ley orgánica, que se tomará en consideración en el pleno del Congreso del 10 de febrero y que se espera que voten más partidos (básicamente, CiU, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias y quizá UPyD). 

UPF: el PSOE "pagará" por este "pecado"

Ni Jueces para la Democracia (JpD) ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las asociaciones más cercanas al PSOE, se han reunido con la dirección de Sánchez para asesorarle sobre la letra del pacto, pero sí le trasladaron, como al resto de grupos, su oposición a la cadena perpetua revisable y a la reforma del Código Penal impulsada por el PP, criticada duramente por más de 60 catedráticos de 33 universidades públicas españolas. 

"Me parece una renuncia a los principios, supone renunciar a lo que la Constitución dice en su artículo 25", que las penas de cárcel están "orientadas hacia la reeducación y reinserción social", recuerda Álvaro García, presidente-portavoz de la UPF. "No soy el PSOE, pero desde una visión progresista no tiene sentido publicitar una unidad en lo que parece que hay discrepancias", añade. García condena el "mal hábito" de no criticar una medida represiva, porque "si lo haces parece que consientes", cuando la "crítica es necesaria, sobre todo cuando se legisla en caliente, como este caso". 

Este fiscal, como los penalistas firmantes del manifiesto contra la reforma del Gobierno, considera que el error es de raíz, que no hace falta endurecer un Código Penal que de suyo ya es muy duro, ya que contempla una prisión efectiva de 40 años. "Ni siquiera en los peores años del terrorismo de ETA se planteó la cadena perpetua, y ya fue muy criticado elevar la pena a 40 años. Ahora se entiende menos. Es innecesario y los tribunales lo van a corregir, suavizando los excesos, porque siempre es así. Endurecer el código es una fórmula muy barata de hacer política, dando la sensación de que solucionas un problema cuando no es así", remacha García, que vaticina que el PSOE "pagará" por este "pecado", ya que ha sido una "renuncia". 

Algo más prudente se muestra Joaquim Bosch, portavoz de JpD. En conversación con este diario, rehusó entrar a comentar el contenido concreto del pacto rubricado en la Moncloa, pero sí consideró que "no es acertado el apoyo directo o indirecto a una norma inconstitucional, que supone un paso atrás en la legislación". Se refiere, obviamente, a la prisión permanente revisable que, según su asociación, "no cabe" en la Carta Magna, como también creían el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía. "Nos preocupa que haya un retroceso tan importante, cuando la Constitución impide tratos humanos y degradantes. Todo se desmonta por intereses electoralistas. Es incorporar postulados del populismo punitivo en lugar de analizar las causas, y además en España tenemos una baja tasa de criminalidad. Resulta innecesario". ¿Es un error que el PSOE haya sucumbido? "No me atrevo a calificarlo –dijo Bosch–, pero sí creo que no es acertado incorporar la cadena perpetua". 

Acuerdo "mucho más amplio y ambicioso"

Los socialistas, sin embargo, se confiesan "satisfechos" y "orgullosos" de un pacto contra el terrorismo yihadista que "impulsó" Sánchez hace dos semanas, cuando llamó a Rajoy para trasladarle que era necesaria la unidad para frenar la amenaza islamista y que su partido estaba dispuesto a llegar a un entendimiento. Fue antes de embarcarse en un vuelo hacia Washington. Ese mismo día, 13 de enero, el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, se reunió con los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá. Entonces se acordó desgajar la negociación de las medidas antiterroristas de la reforma del Código Penal. 

En las siguientes semanas, se fue trabajando en el detalle de la proposición de ley. El equipo negociador, por la contraparte socialista, estaba encabezado por Hernando, la portavoz de Justicia, Rosa Aguilar, y el experto fontanero de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano.

Según el relato oficial de la dirección del Grupo Socialista, hacia "el miércoles-jueves de la semana pasada", Sánchez y el PSOE trasladaron al Gobierno la idea de que convenía darle mayor empaque al acuerdo, firmando un pacto de Estado, algo "mucho más amplio y ambicioso", y no sólo una proposición de ley. Gobierno y socialistas se intercambiaron borradores. El viernes pasado, 30 de enero, quedó fijada la fórmula indirecta por la que, en la proposición de ley orgánica, se remite a la "pena máxima" contemplada en el Código Penal para aquellos condenados por delito de terrorismo con resultado de muerte, sin referencia a ningún artículo concreto. El domingo, se incorporó la cautela de que cuando el PSOE gobierne y suprima la prisión permanente revisable, el pacto seguirá vigente. E incluso en la mañana del lunes, horas antes de la firma del texto, se introdujeron algunas últimas correcciones. Rajoy y Sánchez cerraron su comparecencia conjunta para las seis de la tarde [puedes ver el acto aquí].

Cuando ya se empezó a hablar de "pacto de Estado", se acordó "darle la solemnidad que corresponde", con una rúbrica entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE en la Moncloa. Los socialistas, según Ferraz, no pudieron imponer un formato más abierto, con preguntas de los periodistas. "Fuimos invitados", alegaron. 

"Somos un partido de gobierno"

Fuentes de la dirección, en un encuentro con informadores este lunes por la tarde en Ferraz, resaltaron de la importancia de la firma del cuarto acuerdo antiterrorista, tras el Pacto de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000, el que planteó José Luis Rodríguez Zapatero. "De no haberlo suscrito, habría sido la primera vez desde 1987 que el PSOE no estuviera en un acuerdo con el Gobierno en materia antiterrorista. Siempre es más difícil para la oposición impulsar un pacto de estas características. Pero lo hizo Zapatero y lo podíamos haber hecho nosotros. Podríamos haber dejado que el Gobierno legislase y habernos desentendido, pero un partido que quiere ser alternativa de Gobierno debe asumir alguna responsabilidad, y esta es una de ellas", explicaban. 

Los socialistas insistieron en que el acuerdo es mucho más amplio que la proposición de leyproposición de ley, que se ciñe a la modificación del Código Penal. El acuerdo de Sánchez y Rajoy, señalaron, habla de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir las investigaciones de inteligencia, la necesidad de actuación conjunta con la UE y de las instituciones internacionales, de mantener el recuerdo a los víctimas del terrorismo, o de garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar "más eficazmente" contra el terrorismo. 

Desde Ferraz se subrayaba que el Gobierno ha acabado asumiendo que no se haga una referencia explícita a la cadena perpetua, que el PSOE la cambiará cuando vuelva al poder y que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Penal. Pero aunque haya modificaciones, "el pacto seguirá vigente", y eso es un "bien superior". Además, la proposición de ley "da más garantías", está "mejor redactada" que las enmiendas que en un primer momento presentó el Grupo Popular, recorta la elasticidad de las penas, elimina las cláusulas genéricas y perfila los delitos relacionados con Internet. La iniciativa será firmada por los dos y votada en su integridad por los dos, hasta en el punto que remite a la cadena perpetua. Los socialistas creen que la rubricarán probablemente Coalición Canaria "y quizá Foro Asturias y UPN", pero confían en que la voten más grupos, como CiU y UPyD. 

"Somos un partido de gobierno y sabemos qué es gobernar con unidad y sin unidad en cuanto al terrorismo. No sé si otros partidos pueden hacer esto", señalaron fuentes socialistas, en relación con Podemos. 

En la dirección de Sánchez creen que la firma del pacto no tendrá "coste político", porque la ciudadanía "entiende" que las dos grandes formaciones vayan juntas en un tema tan sensible, que ha provocado tanto sufrimiento. Y niegan reiteradamente que hayan renunciado "a ningún principio". "Lo vamos a explicar lo suficientemente bien como para que todo el mundo lo entienda", añadieron. Ferraz se empleó a fondo en remitir sus argumentarios a sus cargos públicos. 

"Repugnante que se piense en elecciones"

El problema es que en menos de dos meses habrá una primera cita con las urnas. Serán los comicios andaluces del 22 de marzo. "Nos parece repugnante que se piense en elecciones. Firmamos esto precisamente para no hacer electoralismo. Siempre nos ha salido bien ser responsables. El PSOE debe asumir responsabilidad y liderazgo", indicaron las citadas fuentes. 

Los socialistas dicen no tener "miedo" a la foto de su líder con el presidente, porque pretenden que sea "la inversa" dentro de un año, con Sánchez como jefe del Ejecutivo. Y consideran "absurdo pensar" que se crea que esto es un anticipo de la gran coalición. En la cúpula remarcaron que sus diferencias con el Gobierno de Rajoy son muchas y muy profundas, y que su oposición es y seguirá siendo "firme", pero no quita para que se sea consciente de la trascendencia de este acuerdo, que "refuerza la política antiterrorista y mejora la imagen de España ante las instituciones internacionales y la Unión Europea". 

En Ferraz recalcaron que Sánchez había llamado a todos los barones autonómicos. Entre ellos, a la presidenta andaluza, Susana Díaz, la primera que tendrá que someterse al examen de las urnas. "Con todos habló y con ninguno ha habido problemas", justificaron. 

"Que cada cual sepa qué fotos hace"

Desde el equipo de Díaz confirmaron que había recibido el aviso del secretario general. "Ella le insistió en que debía dejar claro que el PSOE no acepta de ningún modo la cadena perpetua", comentaban sus colaboradores. Pero rehusaron ahondar más, porque cerrar un pacto en esta materia "es competencia de la ejecutiva federal", y porque quieren sumergirse en la campaña andaluza, sin entrar en nuevas polémicas con Sánchez, con quien las relaciones no son fluidas. "No vamos a perder un segundo ni calentar el ambiente", dijeron. 

Algunos dirigentes socialistas consultados consideraron un "error" la firma del acuerdo, y también que Ferraz hubiera aceptado el formato impuesto por el Ejecutivo. En el fondo, agregaron, subyace la voluntad de "construir una imagen de Pedro Sánchez como hombre de Estado", después de darlo a conocer. En la dirección del secretario general apuntaban, de hecho, a la necesidad de asumir "liderazgo". Desde el equipo de la presidenta andaluza se evitaba entrar en valoraciones, pero no se privaban de este aviso: "Que cada cual sepa qué fotos se hace y por qué se las hace". 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Este texto se modificó el martes 3 de febrero de 2015, a las 13 horas, para incorporar el texto íntegro de la proposición de ley de reforma del Código Penal, suscrita finalmente por PP, PSOE, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y registrada este día en el Congreso incorporar el texto íntegro de la proposición de ley de reforma del Código PenalPP, PSOE, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Itxaso analiza las negociaciones que PP y PSOE mantienen de cara a la conformación de un acuerdo antiterrorista para hacer frente "a la nueva amenaza que supone el yihadismo".

"Al parecer, ambas formaciones se han dado un breve plazo para seguir negociando y el tema de mayor discrepancia sería el de la inclusión en dicho acuerdo de una mención implícita a la cadena perpetua que el PP quiere incorporar", indica.

En este sentido, defiende que si el PSOE "asume la cadena perpetua, o la prisión permanente revisable, como eufemísticamente se le quiere llamar ahora, como una de las medidas a adoptar frente a la amenaza del fanatismo islámico", estará "renunciando al principio resocializador y reinsertador que la Constitución confiere a las penas de cárcel".

"Un sistema que el propio PSOE construyó y que ha gozado de amplio consenso ciudadano desde la Transición. Creo que endurecer el Código Penal es una respuesta fácil que los gobiernos sin ideas tienden a adoptar para satisfacer los instintos primarios de una ciudadanía cuya conciencia se ha militarizado a causa del miedo, de la incertidumbre y de la falta de respuestas", alerta.

Por ello, cree que sería un "grave error" que los socialistas "abdicásemos de nuestros valores, y de nuestra propia visión sobre la seguridad y la libertad, por más que la amenaza terrorista esté radicalizando a la opinión pública".

En esta línea, se pregunta si es la "cadena perpetua" un mensaje que disuadirá a los criminales, "cuyas lógicas y comportamientos obedecen a coordenadas radicalmente distintas a las occidentales". "¿O es más bien un gesto para calmar a los sectores más levantiscos de la derecha, que propugnan el 'ojo por ojo' y una política basada en la venganza?", señala, para añadir que es "corto de miras pretender resolver un problema del siglo XXI con recetas del XIX".

Por ello, aboga por que, junto a la labor de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, se realice una "inversión de fondo por la integración multicultural, para evitar que en estas bolsas de desengaño y frustración social termine por prender la llama del odio y de la exclusión".

El pacto de PP y PSOE para luchar contra el terrorismo yihadista está acabándose de cocinar. De hecho, Pedro Sánchez espera poder cerrar los últimos flecos este jueves, tras una comunicación con el presidente del Gobierno. Ya se da por superado uno de los obstáculos que veían los socialistas: la prisión permanente revisable. Al final, lo que constará en la proposición de ley que ambos grupos firmarán será una remisión indirecta a la “máxima pena” de las previstas en el Código Penal, sin especificar. Pero esa “máxima pena”, según la reforma que aprobó el PP en el Congreso la semana pasada y ya está en el Senado es la cadena perpetua revisable.

Hace unas semanas, el Gobierno y los socialistas acordaron sacar de la modificación del Código Penal todo el arsenal de medidas antiterroristas, porque el principal partido de la oposición, al igual que otros grupos, se oponen a la nueva formulación del código planteada por el PP. Por múltiples razones, pero entre ellas por la introducción del mayor castigo: la prisión permanente revisable, una figura controvertida y sobre la que pesan dudas de constitucionalidad. La contestación ha llegado incluso a través de un manifiesto firmado por más de 60 catedráticos de 33 universidades públicas españoles.

Sin embargo, los culpables de terrorismo, según la nueva redacción que se incluirá en la proposición de ley promovida por los dos grandes partidos, se exponen, según los casos, al castigo más grave. Y ese es la prisión permanente revisable. Lo habitual, en la técnica jurídica, es que en el Código Penal se defina, para cada delito, la pena prevista de cárcel. Pero los socialistas rechazaban que apareciese en algún lado del texto pactado lo que en la práctica se considera como cadena perpetua. Tragar con la redacción del Ejecutivo habría sido entendido como un aval a una medida extrema y a la que se oponen. 

El Gobierno se comprometió a repensar la formulación si eso suponía un escollo. Así que en los supuestos agravados de terrorismo, simplemente se dirá que se castigará con la “máxima pena” prevista en el código. Esto es, la prisión permanente revisable. La mención específica no estará. La alusión será, pues, indirecta, porque los socialistas dan por descontado que, si vuelven al Gobierno, se reformará de nuevo el Código Penal ya que, como analizan en el partido, la actual legislación ya es de por sí “muy dura”.

Más fuerzas se “sumarán” en la votación

Sánchez había mostrado esta mañana, ante el Grupo Socialista Europeo en Bruselas, su “firme determinación” de llegar a un pacto con el Gobierno en este asunto. "Si algo hemos aprendido los españoles tras nuestra amarga experiencia en el combate contra el terrorismo es el valor de la unidad", ya que "defender la libertad de todos es tarea de todo", aseguró. Voluntad que reiteró posteriormente en un encuentro con periodistas desplazados a la capital belga.

El acuerdo, en realidad, ya está “bastante hecho”. El secretario general quiere “hablarlo” con Rajoy este jueves para rematar la negociación, según fuentes de la dirección. Los socialistas esperan que, aunque el texto lo firmen PP y PSOE, sí se “sumen otras fuerzas” a la hora de votar, caso de UPyD, CiU o PNV.

Sin embargo, los grupos en su momento ya objetaron, sobre todo, por las formas, al visualizar una entente tras una reunión de la delegación socialista, encabezada por el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, y los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá. El más distante es Izquierda PluralIzquierda Plural(IU-ICV-CHA), que cree que no hace falta introducir nuevas medidas.

Para el secretario general, era fundamental “preservar la unidad de los dos grandes partidos” en un tema tan sensible como el terrorismo, donde tradicionalmente han actuado juntos. Pero los socialistas consideran “fundamental” que se incorporen otras fuerzas, y por eso intentaron que el Gobierno cediera y sacara de la reforma del Código Penal las 12 enmiendas que el Grupo Popular había introducido para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Tramitación rápida

El PSOE tenía, además, dudas respecto a la redacción de alguna de ellas, toda vez que podían suponer una cortapisa a la libertad. Acuerdo que consiguió arrancar del Ejecutivo a los pocos días de los atentados yihadistas en la capital francesa. En todo momento, la dirección de Sánchez ha subrayado que consideraba clave trasladar el “espíritu de París” –la unidad política que se vio en la manifestación multitudinaria que siguió a la tragedia– a España.

Una vez cerrado el acuerdo, se registrará la proposición de ley en el Congreso. No está claro si habrá foto conjunta de los dos líderes, Rajoy y Sánchez, o se visualizará el pacto en la Cámara baja. De cualquier modo, a partir de ahí arrancará la tramitación parlamentaria, que se prevé rápida. 

La organización armada Boko Haram habría secuestrado en el noreste de Nigeria a otras 60 niñas desde la declaración, la semana pasada, del alto el fuego con el Gobierno nigeriano, según fuentes locales e informaciones de medios nacionales recogidos por EuropaPress.  

Las jóvenes fueron capturadas la noche del miércoles en dos localidades del estado de Adamawa, en el noreste del país: Waga Mangoro, donde los milicianos se llevaron a 40 niñas, y otras 20 en Garta, según aseguraron fuentes locales al diario nigeriano This Day.

Particularmente cruento fue el ataque en Garta, donde los milicianos prendieron fuego a varias viviendas y degollaron a cuatro hombres antes de secuestrar a las jóvenes, la mayoría cristianas.

"Por supuesto que estas informaciones son creíbles", según confirmó por otro lado el obispo Stephen Mamza al diario The New York Times. "Es algo que está pasando todos los días, lo que sucede es que nadie informa de ello", añadió.

Ambas localidades se encuentran cerca de Chibok, en el vecino estado de Borno, donde el pasado mes de abril esta secta islamista secuestró a 200 escolares cuya liberación es todavía un punto pendiente en las conversaciones entre Boko Haram y el Gobierno nigeriano, que acusó al Ejército de alimentar en falso las esperanzas de los familiares tras anunciar erróneamente la semana pasada la inminente liberación de las niñas.

Acuerdo en vigor

El Gobierno chadiano, gran mediador entre Nigeria y los islamistas, consideró que todavía existe la posiblidad de que las niñas de Chibok regresen a sus hogares siempre y cuando el Gobierno nigeriano acepte someterse a un intercambio de prisioneros con Boko Haram.

El Ministerio de Exteriores chadiano achacó los nuevos ataques tras el alto el fuego a "elementos disidentes que ni los propios Boko Haram son capaces de controlar" y "hasta ahora, no hay motivo para dudar de que los otros cumplan este acuerdo", según declaró a Reuters este jueves el número dos del Ministerio, Musa Mahamat Dago.

"Solo puedo decir", continuó, "que quienes negociaron con el Gobierno nigeriano lo hicieron de buena fe y estamos esperando a la próxima fase del acuerdo: la liberación de las niñas".

La consejera de Seguridad en Euskadi, Estefanía Beltrán de Heredia, se reúne este miércoles con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde le planteará la necesidad de “adecuar” las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el territorio vaco, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA.

El encuentro se celebrará al mediodía en la sede del citado Ministerio y supondrá una primera “toma de contacto” desde la llegada del PNV al Ejecutivo vasco. Durante la reunión, la responsable autonómica en materia de seguridad aprovechará la cita para sugerir la necesidad de convocar la Junta de Seguridad, en el que están representados ambos organismos, para estudiar estas cuestiones, según ha informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Cooperación entre las FSE y la Ertzaintza

Beltrán de Heredia trasladará a Fernández Díaz la disposición que tiene el Ejecutivo vasco a trabajar por la “cooperación y coordinación” entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, así como amoldar a estos distintos cuerpos policiales a una nueva situación, desde el punto de vista de la seguridad. Además, la responsable autonómica le hará llegar algunas cuestiones relacionadas con la “vulneración” de algunas de las competencias de la Ertzaintza como Policía "integral".

Desde su llegada al cargo, Beltrán de Heredia ha apostado por replegar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el territorio, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, situación que calificó de “esperanzadora”. Ejemplo de ello fue el pasado 20 de febrero, fecha en la que la consejera, durante su intervención en el Parlamento Vasco, anunció su intención de plantear al ministro del Interior la necesidad de convocar la Junta de Seguridad para "abordar la adecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado al momento y las competencias que tienen en Euskadi".

Como recoge el Estatuto de Autonomía vasco, entre las competencias de las FSE en el territorio están la vigilancia de puertos, aeropuertos y costas, control de entrada y salida del territorio nacional, extradición, inmigración, pasaportes y DNI o armas y explosivos.

Esta propuesta no sólo responde a cuestiones de competencia, sino que atiende también a razones económicas, como subrayó la representante del Ejecutivo autonómico, ya que el actual despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestan cerca de 500 millones de euros anuales. Además, durante la reunión, Beltrán de Heredia, pedirá que la Ertzaintza participe en todos los foros de seguridad de la Unión Europea, incluido el Acuerdo de Schengen sobre el control de las fronteras.