El juez de vigilancia penitenciaria ha decidido poner en libertad a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, tras haber cumplido más de dos terceras partes de su condena, cuyo límite de cumplimiento era 18 años.

Según informa El País y confirman a EFE fuentes jurídicas, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha dictado este viernes un auto por el que concede al que fuera secretario de Organización del PP gallego la libertad condicional anticipada después de haber pasado en prisión más de 12 años, los tres últimos en tercer grado y con pulsera de control telemático.

En una decisión a la que no se opone la Fiscalía, el juez ha valorado “el escaso riesgo de reincidencia” de Crespo, la antigüedad de los hechos, que se remontan a 2009, y “el tiempo de cumplimiento efectivo” en prisión.

Valora además "la conducta normalizada durante la condena", "el buen uso del régimen abierto", que Crespo desarrolla actividad laboral en el exterior, que está haciendo frente a los pagos de la responsabilidad civil a través de embargos y pagos mensuales de 100 euros y que "cuenta con apoyo familiar vinculante y positivo".

Con todas esas consideraciones, el magistrado entiende que "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la junta de tratamiento", de modo que se cumplen todos los requisitos para otorgarle el último grado de cumplimiento de la pena.

La puesta en libertad no será efectiva inmediatamente, sino cuando el auto firmado hoy sea firme, cosa que ocurrirá dentro de cinco días si, como es previsible, no se presentan recursos contra él.

El auto establece además las obligaciones que deberá cumplir Crespo hasta la extinción completa de la pena, en 2031, como fijar un domicilio de residencia y comunicar cualquier cambio del mismo al juzgado, ser objeto de un seguimiento por parte del centro donde hasta ahora permanecía en régimen de semilibertad y a pedir autorización para cualquier desplazamiento.

Empresario y exdirigente del Partido Popular, Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) es el considerado número dos de la trama Gürtel. Tras desempeñar diversos cargos de confianza en el PP gallego, en 1996 fue nombrado secretario de Organización del PP en Galicia, puesto que ocupó hasta 1999. Entre 1997 y 1998 fue asimismo diputado por Pontevedra.

Relacionadas con la Gürtel, Crespo acumula varias condenas por diversos casos de corrupción relacionados con adjudicaciones, contrataciones irregulares y delitos fiscales, aunque la principal fue dictada en 2018 y le supuso 37 años y 6 meses de prisión dentro de la pieza conocida como 'primera época de Gürtel' (de las tres en las que se dividió el caso). La pena fue rebajada en 2020 por el Tribunal Supremo a 36 años y ocho meses.

Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el PP, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, según informa EFE.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de trece, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Los veinte acusados que reconocen los hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y en concreto Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas.

El cabecilla de la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP Francisco Correa y el expresidente de Martinsa Fernando Martín han confesado que el segundo pagó al primero una comisión de 25 millones de euros por su intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) le adjudicara unas parcelas para construir viviendas. Fuentes jurídicas han señalado a EFE que es una de las mayores comisiones reconocidas en los procedimientos por la trama Gürtel.

La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio a una veintena de acusados de la expansión de este entramado en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en el que un gran número de ellos han ratificado sus escritos de reconocimiento de hechos para ver rebajadas sus posibles condenas, entre ellos el expresidente de la constructora inmobiliaria Martinsa y del Real Madrid C.F. Fernando Martín.

Entre los acusados que han confesado ya este lunes en la vista se encuentra el exalcalde popular de Arganda del Rey Ginés López, que ha reconocido que entre 2002 y 2008 recibió dádivas en efectivo y en especie por 545.328 euros por sus gestiones para adjudicar contratos a empresas de Correa y a otras para las que este intermediaba, y ha recordado que ya ha devuelto casi 300.000.

Igualmente el exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco ha reconocido que cobró de la trama 363.295 euros de los que ya ha devuelto 175.000 y que pretende pagar el resto.

También han declarado Francisco Correa y Pablo Crespo, exdirigente del PP y persona de confianza del anterior en el grupo, ambos en tercer grado penitenciario tras haber cumplido más de una década de prisión por sentencias de otras piezas del caso Gürtel. Han reconocido el cobro de dicha comisión de Martinsa, la adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda a empresas de Gürtel de contratos por más de un millón de euros y el pago a cambio de dádivas al exalcalde y a otros cargos del Ayuntamiento de Arganda de Rey.

Correa ha precisado que participó directamente en las gestiones para que el Ayuntamiento concediera a Martinsa los terrenos para construir viviendas y que a cambio Fernando Martín le realizó una entrega de 12 millones de euros cuando lo aprobó el pleno municipal y otra de 13 millones cuando la Asamblea de Madrid dio luz verde al plan urbanístico, que ingresó en una cuenta bancaria que tenía en Suiza.

Pablo Crespo ha añadido que la dinámica de tramitar contratos preadjudicados a diversas empresas sin cumplir los requisitos legales como en este caso la llevaba a cabo el grupo de empresas de Correa en varios ayuntamientos. Correa y Crespo han dicho que el entonces alcalde Ginés López no pidió nada a cambio pero decidieron gratificarle con 450.000 euros.

Al respecto Ginés López ha dicho: "Correa me hizo un ofrecimiento, primero lo rechacé y luego erróneamente lo acepté".

Por su parte Benjamín Martín Vasco ha comentado que "Correa se comportaba como el amo del ayuntamiento" y que para evitar controles municipales en las adjudicaciones de contratos por desarrollos urbanísticos y para la celebración de eventos crearon la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

También han ratificado este lunes su reconocimiento de hechos el considerado 'contable' de Gürtel, José Luis Izquierdo, y la administradora del grupo Isabel Jordán (ambos condenados en otras piezas de Gürtel) y un comercial que la sustituyó durante la última etapa, además de otros cargos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento y el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo.

La fiscal pedía en sus conclusiones provisionales 29 años de cárcel para Correa y Crespo, 20 para Benjamín Martín Vasco, 19 años y medio para Fernando Martín y 17 para Ginés López, además de penas de entre 2 y 29 años para el resto de acusados, si bien tras los pactos alcanzados verán reducidas las penas e incluso en su caso para evitar el ingreso en prisión.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que dictó la Audiencia Nacional (AN) en 2020 sobre Gürtel por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 para los 19 acusados que resultaron condenados en esta pieza separada, entre ellos el cabecilla de la trama, Francisco Correa, que recibió 13 años y 7 meses, y su número dos, Pablo Crespo, con 15 años y 5 meses, según ha informado Europa Press.

La sentencia declaró probada una estructura societaria creada por Correa para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones y entidades públicas y, en concreto, de la organización y funcionamiento del llamado Grupo Correa en Valencia, o rama valenciana, durante los años 2004 a 2008, y las actuaciones previas dirigidas a obtener la adjudicación de contratos públicos.

Entre ellas, una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo de dicho evento, llevando a cabo negociaciones con el entonces Conseller de Agricultura Juan Cotino, para conseguir la adjudicación del contrato de suministro en régimen de alquiler de las pantallas y sonorización.

La Audiencia Nacional determinó que varios de los acusados decidieron que el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido no se llevara directamente por la Fundación V EMF, sino por el ente público RTVV a favor de una empresa pantalla —TECONSA—, que a su vez subcontrató —cuando ello estaba prohibido— con la empresa Impacto Producciones.

La sentencia condenó a 19 de los 23 acusados por distintos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, unos como autores, otros como cooperadores necesarios, y otros como cómplices. De ellos, solo siete recurrieron el fallo de la Audiencia Nacional, que ahora ratifica íntegramente el Supremo.

En el marco de los 198 folios de la resolución, el alto tribunal ha desestimado el argumento de Antonio José de la Viuda González, ex jefe de Antena de RTVV, condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.

El hombre pedía que se le rebajara la pena "como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022 —por la que se derogó la sedición y se modificó el delito de malversación— al considerar que no se declaró probado que existiese "enriquecimiento personal" en su caso, "ni ánimo de apropiarse de los fondos públicos".

El Supremo ha sido tajante: "La pretensión del recurrente no puede tener acogida". "Los hechos declarados probados no merecen el tratamiento atenuatorio que dispensa el artículo 432 bis del Código Penal, en la medida en que, entre otras razones, no existió restitución de los fondos públicos utilizados, además, difícilmente en este caso podemos hablar de carácter privado, no lucrativo, de la acción llevada a cabo por los autores del delito", han explicado los magistrados. El fiscal interesó que se mantuviera la condena en la extensión impuesta.

Asimismo, el Supremo ha desestimado los argumentos de las demás defensas, incluido el alegato de que se les causó indefensión a los que fueron imputados transcurridos casi ocho años, cuando ya no podían hacerse efectivas determinadas pruebas.

"Podemos afirmar que si bien los recurrentes, tal y como apuntan, fueron objeto de una imputación tardía, lo cierto es que no han acreditado que ello les haya causado indefensión", ha explicado.

Al margen, el Supremo también ha rechazado las alegaciones de las defensas, que aseguraban que se habían vulnerado sus derechos a una tutela judicial efectiva, así como el principio de igualdad ante la ley de los acusados no conformados respecto de los acusados-conformados.

Los magistrados han incidido en que es "intranscendente la falta de unanimidad en la conformidad" y han explicado que ello "no genera indefensión por si misma a los restantes acusados", aunque en estos casos el tribunal no puede dictar sentencia de estricta conformidad respecto a los que no conforman en ese acto, sino que tiene que continuar el juicio y celebrarse, tal y como hizo.

Los recurrentes insistieron en que los coimputados ofrecieron en el juicio versiones al tribunal diferentes a las de la fase de investigación porque estaban "amedrentados" por la gravedad de las penas iniciales pedidas por la Fiscalía. Según denunciaron, las declaraciones celebradas en la vista oral no se practicaron con las debidas garantías de contradicción.

Al hilo, los magistrados han explicado que el hecho de que los otros acusados hayan aceptado la acusación y la penalidad "no es reprochable". "No por ello podemos hablar de indefensión y falta de contradicción, aunque los acusados conformados guardaran silencio", han precisado.

Además, la Sala de lo Penal ha indicado a los recurrentes que las conclusiones a las que llegó la Audiencia Nacional eran "lógicas, coherentes y racionales", por lo que son "suficientes" para "desvirtuar el principio de presunción de inocencia".

El tribunal ha recalcado que la sentencia de la Audiencia Nacional "realiza una profunda inmersión en el material probatorio incorporado a la causa" que se ha confrontado con la versión exculpatoria del acusado.

"Por mucho que el recurrente discrepe de la sentencia recurrida, la convicción acerca de la realidad de los hechos declarados probados y sobre la culpabilidad del recurrente, ha tenido asiento en prueba válidamente obtenida e incorporada en el proceso, de suficiente contenido incriminatorio, y razonablemente valorada con arreglo a máximas de experiencia comúnmente aceptadas, expuestas de manera lo bastante motivada para excluir arbitrariedad", ha apuntado.

Así las cosas, el Supremo ha declarado no ha lugar a los recursos de casación presentados por las defensas de José Luis Martínez Parra, consejero delegado de TECONSA; Francisco Javier Arnuncio Perujo, empresario; Antonio José de la Viuda González, ex jefe de Antena de RTVV; Juan Prefaci Cruz, ex jefe de gabinete del director de RTVV; Vicente Sanz Monlleo, ex 'número dos' de RTVV; María Encarnación Pérez Pallares, ex abogada de los Servicios Jurídicos de RTVV; y Salvador Benjamín Iñiguez Escuder, ex jefe de la Unidad de Compras de RTVV.

El PP recurrirá la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condena como partícipe a título lucrativo a pagar 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de la tercera condena del tribunal a los conservadores después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la caja b para costear las obras de reforma de la sede del PP en Génova.

Los magistrados han determinado que la formación política debe abonar esa cantidad por responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa; su "número dos", Pablo Crespo; el ex alcalde del municipio madrileño Arturo González Panero, apodado "El Albondiguilla"; o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

La sentencia señala que el beneficio para el PP fue "evidente". Según su relato, se derivó de los pagos del Grupo Correa destinados al "sostenimiento de la propia organización", por lo que se traducía en un "menor gasto" para el sostenimiento del partido en Boadilla del monte y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007.

Además, la Audiencia Nacional dice que el PP contaba en esas campañas con un "colchón" de remanente que sobró y considera que esto evidencia "de un modo claro" que el partido "no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito".

En cuanto el argumento usado por la defensa de los conservadores, que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apunta que es irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

Y en lo referido al argumento de que el PP no sabía de esos gastos y que eran "contrarios a su voluntad", la AN afirma que es irrelevante porque, tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, "la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva". Y recuerda que la condena a título lucrativo es compatible con la buena fe.

El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para "El Albondiguilla". Deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

Los magistrados cargan con dureza contra González Panero subrayando que "negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando un reconocimiento de hechos", recuerdan.

Precisamente, González Panero ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para la vistilla donde se decidirá si ingresa en prisión y en qué términos.

Para el cabecilla de Gürtel y su subalterno, fijan condenas ostensiblemente menores, después de que ambos presentasen sendos escritos de confesión antes del inicio de la vista oral. Así, Correa y Crespo añadirán a su cuenta 13 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos mencionados.

Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, José Luis Ulibarri, Isabel Jordán, Arturo González Panero, Alfonso García Pozuelo… Así hasta quince de los principales acusados en el nuevo macrojuicio del caso Gürtel han ido cumpliendo el guion y han ido confirmando el reconocimiento de los hechos que ya habían ido adelantando al tribunal de la Audiencia Nacional que les ha comenzado a juzgar este martes. Sus confesiones dejan al PP, acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta, en una posición muy delicada, pues podrían traducirse en una nueva condena, la tercera, para el partido conservador.

Uno por uno, diecisiete de los veinticinco acusados por los negocios de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, la llamada Época II, han ido confirmando en la vista oral lo que en los últimos meses habían venido manifestando por escrito: que los hechos que relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción son ciertos y se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo de conformidad.

Se trata de los líderes del grupo criminal, así como empresarios y excargos del PP que habrían participado en las actividades corruptas que buscan reducciones de condena de prisión y se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve al Ministerio Público para acreditar su acusación ante el tribunal.

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

Beneficiado con 204.198 euros

Los componentes de la trama se repartieron las mordidas, pero también destinaron parte del dinero a financiar actos de campaña del PP, según las propias confesiones de acusados. Por eso, Anticorrupción considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

Los acusados que han confesado son, entre otros, los números uno y dos de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente; José Luis Izquierdo, el contable de la trama; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias el Albondiguilla; el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales; los empresarios José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo, Jacobo Gordon; el exdiputado del PP Alfonso Bosch; Javier del Valle, exasesor fiscal del exalcalde; el arquitecto Antonio de Miguel Reyes; los asesores del Grupo Correa José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; o la administradora de las empresas de la trama Isabel Jordán.

La cascada de confesiones, la mayoría ya sabidas y otras conocidas en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, ha hecho que los abogados no hayan planteado al tribunal ninguna cuestión previa y que hayan manifestado su renuncia a la práctica de la prueba que habían pedido en sus respectivos escritos de defensa tras el auto de procesamiento, antes de que reconocieran los hechos.

El resto de acusados, los que no han confesado, han comunicado al tribunal su intención de defenderse de las acusaciones y, por tanto, seguir adelante con la vista oral.

Sin cambios en las penas máximas

La explicación de por qué confiesan unos y otros no está en muchos de los casos en que hay acusados en este juicio, como Francisco Correa o Pablo Crespo, que ya acumulan otras condenas, pero su tiempo de cumplimiento efectivo de las penas ya está fijado.

Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional estableció el límite de cumplimiento para el líder de la Gürtel en dieciocho años –aunque está condenado a más de 90 años– y aunque sume más condenas, ese será el tiempo máximo que pase en prisión, ya que el cumplimiento efectivo se fija, según el Código Penal, en el triple de la pena máxima; en su caso, seis años por malversación de caudales públicos.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del juicio, pero no ha planteado ninguna cuestión previa y sólo ha pedido permiso a los tres magistrados para poder seguir las sesiones del juicio de forma telemática.

El calendario inicial preveía jornadas de martes a jueves hasta el próximo mes de febrero –salvo las semanas de Navidad–, pero el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete acusados podría reducir considerablemente la duración del procedimiento.

Francisco Correa, Arturo González Panero, Pablo Crespo... Así hasta ocho acusados en el próximo macrojuicio del caso Gürtel que con sus confesiones ponen contra las cuerdas una vez más al PP. La llamada Época II, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, comenzará a juzgarse el próximo 16 de noviembre y el reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al partido conservador a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción. Sería la segunda que llega en tiempos del nuevo PP de Pablo Casadonuevo, el mismo que se niega a comentar desde hace meses la "herencia" que recibió de las anteriores direcciones de Mariano Rajoy y José María Aznar, bajo cuyo mandato se produjeron las corruptelas investigadas y juzgadas.

Ya son diez los acusados que han decidido confesar los hechos, iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal. En su escrito provisional, el Ministerio Público considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

El juicio por la Época II comenzará sólo tres semanas después de que el partido resultara condenado como responsable civil subsidiario por pagar en negro con dinero de la caja b parte de las obras de la sede central de la calle Génova. Sin olvidar que la primera condena, de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por la primera época de Gürtel, propició la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.

En el juicio que examinará las actividades de la Gürtel en Boadilla habrá 27 personas sentadas en el banquillo, de las cuales han confesado ocho (de momento). Fue el pasado mes de marzo cuando uno de los principales acusados en esta pieza de la macrocausa de corrupción, el líder de la trama Francisco Correa, envió un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo como "ciertos" los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones de euros.

Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio madrileño a cambio de comisiones, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero el cumplimiento efectivo será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años por el delito de cohecho.

Han pasado ya trece años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En esta experiencia previa es en lo que se basó la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

Un constructor, el primero

En realidad, el acusado que abrió la veda fue el empresario Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, quien ya admitió en julio de 2016 que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos" y se comprometió a declararlo así en la vista oral que empieza el 16 de noviembre, igual que ya hizo en el juicio de la primera época de Gürtel, donde afirmó que había abonado comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. También explicó que parte de esas comisiones ilegales que pagó se entregaron al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Años después es cuando ha llegado la confesión de Correa sobre el pago a cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla de "dádivas en especie, viajes, ropa, regalos, etc" a cambio de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas y en los siete meses posteriores que han pasado, los escritos de reconocimiento de los hechos de otros acusados en la Época II, a los que ha tenido acceso infoLibre, han ido llegando a cuentagotas al tribunal.

El siguiente fue el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ya condenado por los contratos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y que ahora ha admitido que pagó a Correa 1,8 millones de euros a cambio de adjudicaciones públicas y que el líder de la trama le consiguió los contratos dadas las “magníficas relaciones” que éste tenía con distintas administraciones “gobernadas por el PP”.

Comisiones, dinero para campañas y "vías de presión"

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, hizo lo propio unos días después, admitiendo que cobró comisiones de entre el 3% y el 4% por intermediar en adjudicaciones a constructoras y que las empresas de la trama ordenaron pagar gastos del PP de la localidad relativos a las elecciones municipales de 2007. Le siguió el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch, al que llamaban el bujías o el neveras por su apellido, explicando que el modus operandi del Grupo Correa incluía "vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos" y que su relación con la trama comenzó en 1995 dado que colaboraba por entonces con la organización territorial del PP nacional y participaba en las campañas electorales.

Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio y el último en confesar ha sido uno de los principales acusados, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. La suya es una de las declaraciones más esperadas por el cargo que llegó a ejercer en la localidad y la información que puede aportar ante una posible tercera condena para el PP por lucrarse con las actividades de la trama. Ha confirmado, tal y como le acusaba Anticorrupción, que dio un "trato de favor" a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, en línea con lo admitido por el líder de Gürtel. También acaba de reconocer que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.

Es llamativo el cruce de acusaciones entre Correa y González Panero en sus respectivos escritos. Ambos se acusan mutuamente de tener una ambición desmedida y mientras el primero califica al segundo de "amoral" en su conducta, el exalcalde considera que el líder de la trama corrupta le llegó a hacer propuestas "desproporcionadas que implicaban un mayor riesgo de exposición". La relación entre ambos, efectivamente, no debió terminar muy bien, pues González Panero asegura, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas "reglas de conducta" que él interpreta como "amenazas y presiones" y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.

Pero hasta ese momento, la relación debió ser fructífera para ambos. Así lo expone el abogado Javier del Valle, asesor fiscal del exalcalde González Panero, acusado también en este próximo juicio que reconoce que "ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras una parte de los fondos percibidos en consideración a sus cargos" de regidor y de presidente de la empresa municipal del suelo "y prevaliéndose de los mismos". En su escrito, describe las estructuras financieras que el Albondiguilla compartió con Correa en Madeira y Panamá, por lo que admite delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Antonio de Miguel Reyes, arquitecto del Ayuntamiento de Boadilla, también ha enviado su propio escrito admitiendo los hechos de los que le acusa Anticorrupción. Según afirma, desde el Consistorio “se le daba a entender” que había "empresas en las que había especial interés" para adjudicarles contratos públicos, por lo que hacía informes técnicos favorables.

Habrá que esperar al inicio del juicio para ver si las confesiones de los procesados se traducen en acuerdos de conformidad con la Fiscalía y qué efectos pueden llegar a tener para el resto de acusados, incluido el PP. Tras el escrito de Correa, desde Anticorrupción se mostraron prudentes sobre el alcance que podría tener y se apresuraron a recordar que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de la misma.

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como El AlbondiguillaEl Albondiguilla, ha confesado en un escrito enviado al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgará por las actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño que dio un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, informa Europa Press.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Panero reconoce que consintió dicho "trato de favor" al Grupo Correa tanto desde el Gobierno de Boadilla del Monte como desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), aunque en este segundo caso solo "dejando hacer", a cambio de comisiones.

El Albondiguilla hace un relato detallado de su relación con Correa, al que acusa de tener unas pretensiones "desmedidas", y con otros actores de la trama, así como de los contratos en los que intervino y de las mordidas que se embolsó por ello. 

En concreto, indica que se adjudicó irregularmente un contrato de recogida de basuras a la UTE formada por FCC y SUFISA a cambio de una comisión a distribuir entre los implicados en el proceso y el PP.

También apunta a los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, por los que él dice que recibió 12.000 euros, mientras que otros 30.050 euros habrían ido a la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004.

"Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP", ha asegurado el ex regidor local sobre los negocios con la empresa de Alfonso García-Pozuelo.

Asimismo, cuenta que los gestores de TECONSA, entre ellos José Luis Martínez Parra, y Correa convinieron "la entrega de 1,8 millones de euros para su reparto entre los miembros de la organización (Gürtel) y el PP a cambio de la adjudicación de contratos por los entes municipales de Boadilla del Monte entre los años 2002 y 2007". De este monto, González Panero se llevó 180.000 euros.

El antiguo edil subraya que se dio cuenta de "la verdadera relevancia" de Correa dentro del PP cuando vio que "tenía acceso directo tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa".

Viajes, trajes y un plasma 

Además de las mencionadas cantidades -12.000 y 180.000 euros-, González Panero admite que cobró 21.657 y 18.000 euros por el contrato de recogida de basuras otorgado a FCC y SUFISA y 510.000 por otros encargos del equipo municipal a la Constructora Hispánica, lo que suma un total de 741.657 euros.

No obstante, el ex alcalde de Boadilla del Monte reconoce que a eso aún hay que sumar los "numerosos contratos menores" concedidos a las empresas de Correa en las que figuraba Isabel Jordán, unas contrataciones que revela que "incluían un sobreprecio destinado a sufragar servicios a favor del PP".

Y, además, reconoce "dádivas" en especie. En este apartado menciona diversos gastos, entre ellos una factura de sastrería de más de 4.000 euros, otra de zapatos por más de 2.000 euros, otra en concepto de viajes por 29.847 euros y otra que abarca viajes, ropa, calzado y una pantalla de plasma por 48.941 euros.

Ha confesado igualmente "la ocultación a través de distintas estructuras financieras y societarias" de los fondos que percibió por todas estas irregularidades, estructuras que dice que estaban gestionadas a través de Javier del Valle.

Un "gran enfrentamiento" con Correa 

González Panero explica que conoció a Correa porque se lo presentó José Galeote, que tenía una "gran amistad" con el cabecilla de la Gürtel  "a resultas de los contactos que (este último) tenía en la sede de Génova".

Se conocieron en 2001 en una reunión en un restaurante de Aravaca porque, según relata, Galeote le dijo que le interesaba tratar con Correa porque había accedido a la Alcaldía de Boadilla del Monte por una moción de censura y podía pasar que no fuera en las listas populares para las elecciones municipales porque su posición no era lo suficientemente fuerte dentro de la formación política.

"Los contactos con el señor Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo" hasta 2005 cuando rompió su "relación personal y directa con él", aunque siguió favoreciendo los intereses de la "organización".

La razón de que ambos se distanciaran, de acuerdo con el ex alcalde de Boadilla, es que las pretensiones de Correa "eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición". De esta forma, devuelve el revés al líder de la Gürtel, que en su propia confesión, realizada el pasado mes de marzo en otro escrito, destacó la "ambición desmedida" y la actuación "amoral" del alcalde popular.

"La tensión explotó a principios de 2005", desarrolla González Panero, por la adjudicación a UFC, empresa dirigida por José Luis Ulibarri, de una parcela en Boadilla del Monte que se valoró a precio de mercado, unos 2.000 euros el metro cuadrado, cuando al mismo tiempo se estaba enajenando otra parcela similar en Majadahonda -donde el suelo era más caro- por 1.400 euros el metro cuadrado.

"Reglas de conducta"

A partir de ahí la relación se truncó hasta el punto de que Correa llegó a pensar que González Panero actuaba por su cuenta, al margen de la GürtelGürtel, y elaboró junto a Pablo Crespo, considerado el 'número dos' de la trama, unas "reglas de conducta" que el ex alcalde de Boadilla del Monte interpreta como parte de las "amenazas y presiones" que recibió desde esa operación de 2005.

"No te queremos joder la vida", arrancan esas "reglas de conducta" para aclarar después que "se trata exclusivamente de hacer justicia" o, lo que es lo mismo para Correa y Crespo, "restablecer la situación previa".

Acusan al ex regidor local de tratar a Correa "como un perro" cuando -dicen- él le ha tratado "como un hermano". "Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbatas, gemelos, etc.). Hasta el plasma de tu casa", le recalcan. "¿Todo claro? Esto solo se romperá si tú lo rompes. Nada de engaños", concluyen.

González Panero también alude a Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, que fueron gerentes de EMSV en esos años, como piezas clave de esta presunta maquinaria de adjudicaciones ilegales. Sobre Bosch, sostiene que le fue "sugerido" por Antonio Cámara, "persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar".

Falta de efectivo 

El que fuera jefe del Gobierno de Boadilla del Monte, que se sentará en el banquillo de lo acusados en el juicio que comenzará el próximo 16 de noviembre por estos hechos, reivindica en su escrito que su decisión de reconocer lo ocurrido y "colaborar con la Justicia" no nace a "última hora", "sino que es una decisión tomada desde hace más de un año y medio".

"El mayor problema que he tenido es la obtención del numerario suficiente para poder atender a la reparación del daño y poder obtener una conformidad con el Ministerio Público", ha manifestado.

González Panero ha enfatizado que, "de disponer del metálico suficiente hubiera hecho, en pura lógica, consignación de alguna cantidad que hubiera podido resultar significativa", pero asevera que le ha sido "imposible".

Además de Correa y González Panero, de cara al inicio del juicio han confesado los hechos más de media docena de acusados, entre los que destaca Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha comunicado a Suiza la autorización expresa que han otorgado el líder de la red corrupta Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el extesorero del PP Luis Bárcenas; y el que fuera su testaferro Iván Yáñez para que se desbloqueen sus cuentas bancarias en ese país y poder satisfacer la responsabilidad económica a la que fueron condenados, que asciende a más de 58 millones de euros, según informa Europa Press.

Así consta en un auto, en el que el tribunal da traslado a las autoridades helvéticas de estos consentimientos para continuar con el trámite iniciado hace dos meses cuando la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que instó a solicitar la repatriación de los fondos para que estos condenados puedan hacer frente a la "responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias" a las que fueron condenados en este procedimiento.

La petición se hizo en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado octubre sobre los primeros años de actividades de la Gürtel. Así, siguiendo el curso del trámite, el pasado 22 de febrero se solicitó a Correa, Crespo, Bárcenas y Yáñez que dieran su consentimiento expreso para poder reclamar a Suiza la repatriación de sus fondos. También solicitó la autorización de Arturo Fasana, quien habría gestionado la cuenta abierta en el banco Credit Suisse de las empresas Golden Chain y Main Business, propiedad del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.

Fasana ya no administra cuentas del líder de la Gürtel

No obstante, Fasana manifestó que no tenía ninguna objeción a la transferencia de los fondos bloqueados, pero que ya no tenía ninguna facultad legal sobre la misma puesto que cesó en 2010 como administrador de las dos empresas de Correa.

En concreto, una vez sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Correa, penado a 51 años de cárcel por los primeros años de actividades de la trama Gürtel, ascienden a un total de 11,3 millones que se encontraría en una cuenta del banco Credit Suisse.

En el caso de Crespo, condenado a 36 años y ocho meses por esta pieza de la macrocausa, suman 5,1 millones de euros, por lo que se pide que se liberen los fondos bloqueados en esa misma entidad bancaria y en el banco Mirabaud.

En cuanto a Bárcenas, penado a 29 años y mes de cárcel, se reclaman 36,2 millones de euros que tiene en dos cuentas abiertas en los bancos Lombard Odier y LGT Bank; mientras que la responsabilidad económica de Iván Yáñez, que tan sólo fue condenado a un año y 10 meses de prisión, asciende a 6 millones de euros de los que dispondría en el banco LGT Bank y en Banque Syz.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional añade en su resolución que, una vez satisfecha las responsabilidades pecuniarias a las que han sido condenados, si queda alguna cantidad sobrante, esta debe permanecer disponible para futuras condenas que les puedan imponer en el marco del caso Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza, y la principal, del caso Gürtel contra un total de 26 personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros, ha informado Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envía a juicio también a 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por esta pieza relativa a los presuntos delitos fiscales por la que la Fiscalía Anticorrupción pide otros 77 años de prisión para los líderes de la Gürtel Gürtel.

Se trata de la última pieza que queda en instrucción, a excepción de una parte de los conocidos como los papeles de Bárcenas, que se reabrió en marzo de 2017 y que aún sigue investigándose.

En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigas en las piezas separadas", dice el juez, y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".

La titular del juzgado de instrucción 39 de Madrid ha llamado a declarar como imputado al inspector jefe de la Udef que dirigió desde su inicio el trabajo policial en el caso Gürtel. La magistrada cita a Manuel Morocho y a otro agente por un supuesto delito de falsedad documental en un registro practicado hace 11 años en la sede principal de las empresas que conformaban el conglomerado que dirigía Francisco Correa. Fijada para el próximo jueves, 30 de enero, la comparecencia de los dos policías es fruto de la querella presentada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, en enero de 2019. Es decir, una década después del estallido del mayor caso conocido de sobornos a políticos, contratos públicos amañados por administraciones públicas de distinto ámbito, delitos contra Hacienda, ocultación de cantidades millonarias en paraísos fiscales y otras actividades que, según la sentencia, beneficiaron económicamente al PP.

La imputación de los dos policías se produce como consecuencia del auto por el que, como publicó infoLibre, la Audiencia Provincial de Madrid obligó el pasado 25 de octubre a la titular del juzgado 39, Belén Sánchez, a admitir la querella de Crespo. Tras esa resolución, la jueza tuvo que tramitarla de manera forzosa, pero dictó otro auto el 5 de noviembre donde denegaba las diligencias propuestas por Crespo. Entre esas diligencias figuraba la toma de declaración como investigados –o sea, imputados– de Morocho y de un segundo agente. La defensa del lugarteniente de Francisco Correa recurrió. Y la Fiscalía se adhirió a su recurso. Entonces, la magistrada optó por revocar su último auto y dictó el 27 de diciembre uno nuevo donde ya señalaba fecha para la declaración de los dos policías: el 30 de enero a las 09.30 de la mañana. La decisión de fijar ya la comparecencia de Morocho y su compañero fue adelantada este viernes por el digital valenciaplaza.com.

En la querella, Crespo acusa de un delito continuado de falsedad documental a los dos policías. Lo hace con el argumento de que, simultáneamente, firmaron el día en que estalló el caso –6 de febrero de 2009– actas derivadas del registro a la sede principal de Gürtel, la del número 40 de la madrileña calle de Serrano, y otras relacionadas con que habían estado interrogando a una de las detenidas, Isabel Jordán.

Al inicio del primer macrojuicio de Gürtel, el de la llamada Época 1, su defensa esgrimió el dato de la simultaneidad entre el registro a Serrano 40 y el interrogatorio a Jordán en un nuevo intento por lograr la nulidad de las pruebas obtenidas. En la sentencia de mayo de 2018, la Audiencia Nacional tumbó el intento de Crespo, que ya había lanzado otros anteriores. E introdujo un párrafo que cita parcialmente la querella de Crespo pero que el tribunal madrileño no reproduce. Ese párrafo dice lo siguiente: "Hecha tal alegación [la de la falsedad en las actas del registro a la sede principal de la trama] en fase de cuestiones previas, hubiera sido poco prudente que este Tribunal acordara, en ese trámite, la nulidad del propio registro, y mucho más la de todas las demás diligencias, porque, dejando al margen esas irregularidades, calificadas de falsedades documentales, que, de ser tan graves como se dice, lo razonable es que hubieran sido objeto de denuncia". Es esa última parte, la que ahora aparece en negritas, la que cita Crespo en su querella.

El auto de la Audiencia madrileña que forzó la admisión de la querella tuvo como ponente a Ignacio González de Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) desde hace tres años. Y lo que ese auto sostiene es que resulta contraria a la ley "la inadmisión de la querella por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa, como se fundamenta en la resolución recurrida". Esto es, en el auto con que el juzgado 39 había rechazado en marzo de 2019 la apertura de diligencias. La querella, dice también el auto, debe admitirse "solo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan las exigencias de algún tipo penal". 

La Audiencia Provincial esgrime igualmente el siguiente argumento: que la "fase de instrucción no tiene como finalidad la plena acreditación de los hechos objeto de imputación, ya que solo se puede declarar probada la comisión de un hecho delictivo tras la práctica de la prueba en el acto plenario [el juicio], excepción hecha de la prueba anticipada o preconstituida".  Y que, por tanto, la querella de Pablo Crespo había de ser admitida.

Otra querella más en la lista

Con su querella, Crespo busca la nulidad de los registros. Y persigue así convencer al Tribunal Supremo de que la demoledora sentencia dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional ha de ser revocada. Esa resolución, la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, sentencia a Crespo a 37 años y medio de prisión. Ese mismo mes, el Supremo había confirmado las condenas de la primera rama del caso juzgada –los contratos valencianos de Fitur–, que en lo que respecta al exdirigente del PP gallego y mano derecha de Francisco Correa alcanzaba la cifra de 13 años y tres meses. Un mes más tarde, en junio de 2018, la Audiencia Nacional le impuso otros cinco años de reclusión por la financiación del PP valenciano. Y ya en noviembre de 2019, la Audiencia Nacional añadió otra condena: tres años de prisión por los contratos de Jerez para Fitur.

Ninguno de los dos policías querellados por Crespo aparece mencionado en el auto por su nombre. Pero las claves que identifican al bregado inspector de la unidad contra delitos económicos de la Policía forman ya parte de los anales del país. Morocho es el "agente número 81.067", como consta en el ejemplar del Diario de Sesiones del Congreso que plasma su testimonio ante la comisión que en 2017 investigó la "presunta financiación ilegal del PP".

Allí, al igual que ya había hecho en junio de aquel año ante el tribunal que juzgaba la principal pieza de Gürtel –recibió "seis o siete" querellas, dijo en la sala–, Morocho confirmó que había sido objeto de varias denuncias de miembros del PP: fue denunciado, respondió en la Cámara Baja, "por Luis Bárcenas, por Jesús Merino, por Alberto López Viejo; quedó en fase inicial de avenencia con el señor Cotino; el señor Cascos también nos puso una denuncia… En fin, diferentes personas". A esa lista añadió a renglón seguido otro nombre: el de Ricardo Costa, que terminó por confesar la financiación ilegal del PP valenciano. Salvo el exministro Francisco Álvarez Cascos y el exdirector general de la Policía Juan Cotino, todos acabaron sentados en el banquillo y condenados. Cotino afronta ahora el riesgo de una condena en otro de los juicios de la larga serie de Gürtel, el de la visita del Papa a Valencia, que comienza el 9 de marzo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a tres años de prisión por las irregularidades en las adjudicaciones concedidas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para su participación en la Feria Internacional de Turismo en 2004. Asimismo, el tribunal absuelve a cinco funcionarios de este consistorio por prescripción del delito. El tribunal también condena a dos años y tres meses a Javier Nombela, extrabajador de las empresas de Correa, y a un año y dos meses de cárcel a la que fuera administradora de las sociedades, Isabel Jordán, quien confesó los hechos.

La sentencia que se ha dado a conocer este miércoles relata cómo el cabecilla de la red corrupta, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, quien estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento que entonces dirigía María José García Pelayo, "obtuvo ilícitamente" a favor de sus empresas Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres contratos por el importe de 214.028,71 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de obligar a que se admita la querella por falsedad presentada por el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, contra dos policías que participaron en la investigación. La querella fue presentada el 31 de enero, es decir, a punto de cumplirse 10 años del estallido de la operación y ocho meses después de la sentencia que condenó a Correa, Crespo y otras 27 personas por graves delitos de corrupción. 

En marzo, el juzgado en el que había recaído la denuncia, el de instrucción 39 de Madrid, resolvió inadmitirla. Crespo recurrió y ahora, con la oposición de la Fiscalía, la Audiencia Provincial le da la razón. Fechado el 25 de octubre, el auto de la Sección 17 ha tenido como ponente a Ignacio González de Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) desde hace tres años.

Con esa querella, Crespo persigue la nulidad de los registros y convencer al Tribunal Supremo de que la sentencia dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional ha de ser revocada. La ofensiva contra la sentencia se reactiva así, en paralelo a la recusación de uno de los jueces clave en aquel juicio, José Ricardo de Prada, a quien el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha apartado del tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas. Lo ha hecho copiando los argumentos que el PP esgrime contra la sentencia en su recurso ante el Supremo.

En su querella, Crespo acusa ahora de delito continuado de falsedad en documento público y oficial a dos agentes bajo el argumento de que simultáneamente firmaron en febrero de 2009 actas derivadas de registros y otras relacionadas con que habían estado interrogando a una de las detenidas, Isabel Jordán.

Al inicio del primer macrojuicio de Gürtel, el de la llamada Época 1, su defensa esgrimió el dato de la simultaneidad en un nuevo intento por lograr la nulidad de las pruebas obtenidas. En la sentencia de mayo de 2018, la Audiencia Nacional tumbó el intento de Crespo, que ya había lanzado otros anteriores. E introdujo un párrafo que cita parcialmente la querella de Crespo pero no, mucho menos de forma completa, el tribunal madrileño. Es este: "Hecha tal alegación [la de la falsedad en las actas del registro a una de las sedes empresariales principales de la trama] en fase de cuestiones previas, hubiera sido poco prudente que este Tribunal acordara, en ese trámite, la nulidad del propio registro, y mucho más la de todas las demás diligencias, porque, dejando al margen esas irregularidades, calificadas de falsedades documentales, que, de ser tan graves como se dice, lo razonable es que hubieran sido objeto de denuncia". Es esa última parte, la que ahora aparece en negritas, la que cita Crespo en su querella.

Según la Audiencia, resulta contrario a la ley "la inadmisión de la querella por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa, como se fundamenta en la resolución recurrida". Esto es, en el auto del juzgado 39 que denegó la apertura de diligencias. La querella, dice también el auto, debe admitirse "solo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan las exigencias de algún tipo penal". La Fiscalía se opuso desde el inicio a la admisión de la denuncia de Crespo.

La Audiencia sostiene igualmente el siguiente argumento: que la "fase de instrucción no tiene como finalidad la plena acreditación de los hechos objeto de imputación, ya que solo se puede declarar probada la comisión de un hecho delictivo tras la práctica de la prueba en el acto plenario [el juicio], excepción hecha de la prueba anticipada o preconstituida".  Y que, por tanto, esta querella ha de ser admitida.

No es la primera vez que los policías asignados a Gürtel reciben ataques en forma de denuncia. Durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investigaba la financiación del PP, el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, cuantificó en siete las querellas que distintos cargos del PP presentaron contra él por el caso Gürtel. Todas ellas fueron archivadas.

El número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, remitió un escrito a la Fiscalía de Suiza en el que denuncia un supuesto pacto entre la Fiscalía Anticorrupción española y el administrador de sus cuentas en aquel país, Arturo Fasana, por el que éste obtendría una reducción en la petición de condena por los delitos de los que se le acusa en España a cambio de repatriar el dinero que guarda en el Credit Suisse.

En el escrito, firmado el pasado 1 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, Crespo expone que tuvo conocimiento "a través de una diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 25-03-2019" de que la Fiscalía de Suiza y Anticorrupción de España mantuvieron "una serie de contactos" secretos de los que no se informó a los afectados.

Se refiere en concreto a un intercambio de correos, avanzado por El Mundo, en el que los fiscales de ambos países estarían pactando la repatriación a España de en torno a 23 millones de euros que Crespo y el también condenado por la trama Gürtel Francisco Correa tienen en cuentas en Suiza administradas por testaferros como Fasana.

Según detalla el escrito, para conseguir este propósito, Anticorrupción "está intentando llegar a un acuerdo procesal" con él, de modo que la petición de condena por los delitos que se le imputan en España "se vería sensiblemente reducida" si convierte "todos los activos" de las sociedades de Crespo y Correa que gestiona en líquidos y remite el saldo resultante a la Justicia española.

"Fasana tiene instrucciones"

En su opinión, el acuerdo se sustenta "sobre una clara ilegalidad" porque Fasana recibió "instrucciones precisas de no adoptar medida alguna sin contar con la autorización de los propietarios de los fondos depositados en Credit Suisse" y "más aún, se les ha ordenado expresamente que no transfieran fondo alguno".

Considera "escandaloso" que habiendo dictado tales instrucciones al administrador de sus cuentas "y teniendo conocimiento la Procuraduría Federal (helvética) de que los propietarios y beneficiarios de esos fondos son dos personas físicas, se proceda mediante turbias y clandestinas maniobras extraprocesales, con ocultación a las partes, a intentar sustraer unos fondos absolutamente lícitos".

Para Crespo, esto es un ejemplo de "la administración desleal de Fasana, que aprovecha su posición como administrador de los fondos de unos clientes para obtener un beneficio procesal en España, pese a tener constancia de la firme oposición de los propietarios/beneficiarios de esos fondos a que se realice la transferencia de los mismos".

El que fue secretario de organización del PP en Galicia resultó condenado en la Audiencia Nacional a 37 años y medio de prisión en el marco de la primera época de la trama Gürtel y a pagar multas por importe cercano a los dos millones y medio de euros.

La Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de cárcel de 29 años de cárcel para los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo –en prisión desde hace dos años cumpliendo condena por otras piezas de esta causa–, y otros 17 años de prisión al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.

El Ministerio Público acusa también a otras 18 personas que se sirvieron de sus competencias para hacer posible la presunta contratación ilegal y que fueron procesados el pasado enero por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos. Los fiscales solicitan penas de prisión para todos ellos, que oscilan entre los dos y los 29 años, según su escrito de acusación que adelantó La información y al que ha tenido acceso Europa Press. Entre los acusados se encuentra el ex concejal Benjamín Martín Vasco, para quien Anticorrupción pide 20 años de cárcel.

En este listado también están el considerado contable de la trama, José Luis Izquierdo, para quien piden 10 años y medio de cárcel; los que fueran administradores de las empresas Isabel Jordán y Pablo Collado, que se enfrentan a 16 años y medio y dos años de prisión, respectivamente; y a ocho años el asesor fiscal de Correa, José Ramón Blanco Balín.

Para el exdirector financiero de sociedad Fomento Juan Fernández Caballero se interesa la misma condena que para el cabecilla de la Gürtel; mientras que para la exdiputada de la Asamblea de Madrid y exjefa de Deportes de sociedad Fomento María Josefa Aguado; el exdirector de programación y proyectos de la misma empresa Isaac García Requena y el asesor jurídico Luis Bremond piden 9 años de prisión. Asimismo, el exdirector de programación y coordinación del Ayuntamiento César Tomás Martín y el que fuera técnico de gestión de la sociedad Fomento José Ramón Gutiérrez Villar tan sólo se enfrentan a dos años y medio de cárcel.

Por otro lado, Fiscalía interesa que se impongan las penas de ocho años y medio de prisión para los empresarios José Luis Martínez Parra (Teconsa) y Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica); 19 años y medio para el responsable de Martinsa, Fernando Martín; y 16 años y medio y 22 años y medio de cárcel para los que abonaron las comisiones de las parcelas Manuel Salinas y Amando Mayo. Por último, los fiscales piden tres años de cárcel para el arquitecto Álvaro García del Río; y otros dos, para Joaquín Martín Vasco por tratar de ocultar parte del dinero negro que percibió su hermano.

"Estrechos contactos" con el PP

Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE madrileño, también ha hecho llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5 su escrito de acusación contra los 21 procesados por los posibles delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos, insolvencia punible, contra la Hacienda pública y asociación ilícita.

En su escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, además de hacer un relato detallado sobre las actividades de la trama Gürtel en Arganda del Rey, la acusación recuerda que "cómo venía siendo habitual" en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia y en municipios regidos por el PP, Correa se valió de sus "estrechos contactos con personas relevantes" dentro de dicho partido tanto a nivel municipal como nacional. Con todo ello, pide para Correa y Crespo 29 y medio de prisión; mientras que para Ginés López solicita 22 años y seis meses de cárcel.

En cuanto al escrito de acusación de Anticorrupción, los fiscales Concepción Sabadell e Ignacio Stampa comienza relatando que el cabecilla de la red corrupta convino con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda del Rey desde al menos 1998 y mientras gobernaba el PP en el municipio para hacer negociar lucrarse con contratos públicos a cambio de una comisión.

Así, la contratación se vio favorecida a través de la empresa municipal del suelo Sociedad de Fomento sobre la que Benjamín Martín Vasco, Ginés López Rodríguez y Juan Fernández Caballero tenían competencias directas que "permitían efectuar contrataciones públicas eludiendo el control de la oposición política y de la Intervención General de la Administración del Estado".

Olimpiadas escolares y el 'Rock in Rio' 2008, en el listado de eventos

El denominado Grupo Correa fue seleccionada para organizar distintos eventos: las Galas del Deporte celebradas entre los años 2003 y 2008; las Olimpiadas Escolares, entre 204 y 2008 –salvo el año 2005–; Rock in Rio 2008; el Día del Árbol 2008, así como el acto de colocación de la primera piedra de la nueva Comisaría de Policía en 2005. Según indica Fiscalía, por estas "irregulares" adjudicaciones, las empresas de la Gürtel obtuvieron contratos por un total de 1.244.639,14 euros obteniendo un beneficio de, al menos, 189.991,81 euros.

Conforme a lo pactado con la Gürtel, el que fuera alcalde recibió regalos en efectivo y en especie por el valor de 545.328,98 euros; Martín Vasco fue obsequiado con 363.295,63 euros y el ex director financiero de la empresa municipal percibió un importe total de 13.700 euros. Gran parte de estas cantidades procedió de la caja 'b' de Correa, destaca el escrito.

Por otro lado, Anticorrupción explica que el líder de la Gürtel y su número dos, Pablo Crespo, intermediaron para que otras sociedades ajenas a sus empresas (Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa) resultase beneficiadas. Con sus gestores, Correa mantenía una "estrecha relación", ya que ya habría cobrado comisiones de ellos por negocios similares en los municipios madrileños de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, recuerdan los fiscales.

En concreto, Martinsa fue adjudicataria de varias parcelas de Arganda, que después iban a ser distribuidas entre algunos de los acusados; a Teconsa se le encomendó la construcción de una guardería infantil, y de un centro deportivo con piscina cubierta, además de varios tramos de obra de una carretera, en la que también trabajó Constructora Hispánica. Esta última sociedad también realizó la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas y de mobiliario e instalaciones urbanas.

El exjuez Baltasar Garzón ha afirmado este sábado que la querella interpuesta contra él por el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, busca "entorpecer" la acción y la investigación de los tribunales, y ha lamentado su admisión a trámite por parte del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. "No estoy nada preocupado. Tengo confianza en el sistema judicial, aunque a veces no se comprendan bien las decisiones", ha declarado Garzón según recoge Europa Press, antes de participar en la conferencia Política para la Democracia, en la que se ha anunciado la concurrencia del partido Actúa a los procesos electorales de 2019.

"Lo que ha hecho el juez es pedir una información que se podía haber obtenido de otra forma sin necesidad de admitir a trámite la querella", ha agregado. Sin embargo, ha subrayado que la querella ha sido admitida a trámite, pero que "nadie" le ha citado. Eso sí, en el caso de que sea llamado a declarar como investigado en el futuro, se ha mostrado "encantado" de "explicar con datos y elementos suficientes este tema".

Crespo, condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de actividades de la trama corrupta, se querelló contra el exmagistrado por "confabular" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo la operación contra el entramado corrupto encabezado por Francisco Correa y "perjudicar al Partido Popular".

El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, cuyo titular Esteban Vega, estudiará si realmente estas dos personas están involucradas en la organización del operativo policial, tal y como se escucha en la grabación filtrada de una conversación que mantuvo con el excomisario en 2009.

Garzón ha garantizado que se cumplió "rigurosamente" con la legalidad y que estos temas son planteados "para entorpecer la acción judicial de los tribunales en un caso de tanta gravedad como el caso Gürtel". Aun así, ha concluido afirmando que "todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales y que sean los tribunales quienes decidan".

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, cuyo titular, Esteban Vega, estudiará estas afirmaciones que se escuchan en la grabación filtrada de una conversación que mantuvo el excomisario en 2009.

La querella afirma que de estos audios se desprende que el excomisario general de Información Juan Antonio González y el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, el excomisario Gabriel Fuentes y el propio José Manuel Villarejo se habrían reunido un día antes de la presentación de la querella de Anticorrupción, es decir el 5 de agosto de 2008, para la "construcción del caso Gürtel"Gürtel.

El auto, con fecha de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press explica que investigará este caso porque los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación".

Se construyó una causa AD HOCAD HOC

Para el abogado de Crespo, Miguel Durán, estos audios ponen de manifiesto una presunta "confabulación instrumentada por el exmagistrado Baltasar Garzón, quien, junto con algunos mandos de la Policía, construyeron una causa ad hocad hoc con la finalidad de perjudicar al Partido Popular". Este letrado y otras defensas en el caso Gürtel han denunciado durante todo el procedimiento que las normas de reparto de la Audiencia Nacional fueron vulneradas para que la investigación de las actividades de la trama Gürtel recayese en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que entonces dirigía Garzón.

El juez de Madrid entiende que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación" y por ello ha dictado un auto en el que admite a trámite de la querella. Se da la circunstancia de que Garzón fue apartado de la carrera judicial por este mismo delito por ordenar escuchar a Correa, Crespo y otros investigados con sus abogados mientras se encontraban en prisión provisional; aunque la querella hace hincapié en que no tiene ninguna relación con este hecho.

Asimismo, el magistrado de Plaza de Castilla pide al decanato de la Audiencia Nacional que remita testimonio de las normas de reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción en el año 2008, ya que, según la querella, Garzón asumió "de forma totalmente injusta, tanto en una dimensión formal (por vulnerar las normas de reparto de la Audiencia Nacional), como material (por instruir una causa que había sido previamente confeccionada para él)".

Justificación de la competencia 

También recuerda que el exjuez justificó su competencia para investigar el caso Gürtel en una conexión "débil o nula" con el caso BBVA-PrivanzaBBVA-Privanza, que en ese momento investigaba y en el que estaba imputado el "cerebro financiero" de la red corrupta, Luis de Miguel.

El juez Vega aún no ha acordado la citación a Garzón como investigado, ni la comparecencia como testigos del propio Villarejo, en prisión provisional desde hace un año por el caso Tándem, y los interlocutores en esa conversación, tal y como solicitó el abogado de Crespo.

El ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido conocían cómo se financiaba la organización, los papeles de Bárcenaslos papeles de Bárcenas, y que el 75% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió "sobresueldos" ilegales a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.

Así lo ha señalado durante el interrogatorio al que le ha sometido la diputada del PSOE Soraya Rodríguez, quien le ha preguntado sobre algunas de las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos años el compareciente sobre la financiación del PP.

Crespo, que ha sido condenado en dos piezas relacionadas con la trama Gürtel, ha evitado señalar expresamente que el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy conociera que el partido se financiaba de forma ilegal, pero sí ha dado a entender que, como secretario general del partido que fue en su momento, sí debió conocer de manera "global" y "troncal" cómo funcionaban las cuentas.

Preguntado si considera conocedores de estas prácticas también a Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, ha señalado que su afirmación tenía un carácter "valorativo" porque considera que los secretarios generales deben conocer "cómo se organiza y sobrevive" su partido, pero que no podía dar nombres porque él no estaba en Génova.

Crespo ha explicado que, según su experiencia en el PP debían conocer cómo se financiaba el partido en cada uno de sus niveles el tesorero, el gerente y el secretario general y que también el presidente tendría que saber en términos generales "cómo están las cosas". Ha puntualizado que hay gente que "quiere saber y otra que no" y ha puesto el ejemplo de Manuel Fraga, quien presidía el PP en Galicia cuando él era secretario general y que, según ha detallado, no quiso saber nunca nada de las cuentas del partido y sólo pedía que los encargados de ellas le dieran todo arreglado.

El ex secretario de organización del PP gallego, condenado a más de 55 años de cárcel por la Gürtel, ha señalado que "había donaciones irregulares, no creo que fueran ilegales, de empresarios, y efectivamente había una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido". Aunque no ha responsabilizado directamente al anterior presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de conocer este supuesto sistema, Crespo ha dicho que generalmente "todos los secretarios del PP conocían la actividad que llevaba el señor (Luis) Bárcenas", antiguo tesorero del partido. "No he hablado de Rajoy", ha dicho Crespo, y ha añadido que, pese a que no es probable que "un secretario general entre hasta el detalle de lo que hace un gerente", sí debe conocer "los aspectos globales de cómo se financia un partido" o de "si recibe donativos". A la pregunta de si Rajoy cobró sobresueldos en Galicia, respondió: "No voy a contestar". 

Xosé Cuiña y Xesús PalmouXosé Cuiña y 

Después ha aclarado que el no tiene constancia de que fuera así. Sí ha señalado que ni Fraga ni Xosé Cuiña, secretario general del PP gallego durante su etapa, los percibían aunque eran ellos los que decidían quién y cuánto cobraba cada uno de los receptores de esas cantidades mensuales.

Preguntado por si Xosé Cuiña, el entonces hombre fuerte del PP gallego, estaba al tanto del pago de sobresueldos, respondió que "no solo Cuiña sino también Fraga, que era el presidente". "Yo era un mero ejecutor de las instrucciones que recibía con dación trimestral de cuentas [...] Decidían básicamente Cuiña y Fraga", que no cobraban.

Crespo ha optado por el silencio cuando se le ha preguntado si los cobraban Xesús Palmou, secretario general del PP gallego entre 1999 y 2006, los exministros José Manuel Romay Becaría y Pío Cabanillas o el senador José Manuel Barreiro. Sí ha dicho que en su momento tuvo cientos de "recibís", algunos "manuscritos", pero que ahora no sabe dónde están. 

El grueso del dinero para los sobresueldos y el 65% del que se utilizaba en las campañas gallegas durante su etapa, provenía, según ha confesado Crespo de las donaciones de empresarios que, ha recalcado, también daban dinero al PSOE o al BNG. También salieron de esas donaciones irregulares los 21 millones de pesetas que entregó al extesorero nacional Álvaro Lapuerta. Génova había avalado al PP gallego ante los bancos para que le renovaran créditos por valor de 200 millones y había que abonar ese dinero.

Crespo fue secretario de Organización entre 1996 y 1999, regía un sistema de pago de sobresueldos en negro que él mismo pagó a periodistas y a dirigentes de partido como compensación al dinero que perdían al pasarse a la policía. Sobre éstos últimos ha dicho desconocer por qué les pagaban -"Nunca he cambiado la portada de un periódico", ha deslizado- y ha rehusado dar nombres ni de informadores ni de políticos alegando que no iba a traicionar ahora la "discreción" que se le exigió en su momento y que aquellos políticos están ya muertos o retirados.

Bárcenas

El compareciente, que ha presumido de ser más ordenado que Bárcenas, a juzgar por sus famosos papeles, se ha negado a desvelar quiénes eran los principales donantes del partido, pero sí ha querido dejar claro que jamás ha tenido noticia de que parte de ese dinero proviniera del narcotráfico

Era responsable de las campañas electorales del PP gallego entre 1996 y 1999 y desde 2002 gestionó las empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Según ha explicado, le presentaron al que luego fue su "jefe" y "amigo" como el proveedor "de referencia" del partido a nivel nacional para las campañas electorales.

Al compareciente, que ha negado conocer personalmente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le han preguntado por qué éste le mantuvo como representante de la Consellería de Política Territorial en el Consejo de Administración de Portos de Galicia tras dejar su puesto orgánico. Crespo ha atribuido esa circunstancia a "un error" y ha señalado que en 1999 dejó de acudir a las reuniones de la empresa. Además, ha indicado que cuando dejó el partido las empresas de Correa dejaron de cobrar del PP gallego, que les dejó a deber 120.000 euros, y que fue el nuevo secretario general Xesús Palmou quien tomó esa decisión sólo porque él se había incorporado al Grupo Correa.

Ricardo Costa y Fundescam

Respecto a la rama valenciana de Gürtel, Crespo ha recalcado que ex secretario de Organización del partido en esa comunidad Ricardo Costa "miente como un bellaco" cuando sostiene que le entregó dinero. Crespo, según ha recalcado, únicamente recogía el dinero que Costa le daba a Álvaro Pérez 'El Bigotes', que era el que hablaba con el político valenciano y con quien compartía una relación "íntima".

El compareciente sí se ha ratificado en su declaración judicial de que Costa propuso a Orange Market, a la que debían una importante cantidad de dinero, que si quería cobrar tendría que facturar esos trabajos a otras empresas que él le indicaría. En principio él se opuso a la operación, aunque luego, ha reconocido no tuvieron más remedio que plegarse para cobrar la deuda.

Crespo ha admitido que según ha "leído" las empresas a las que cargaban la facturación después obtenían contratos de la Generalitat Valenciana, pero ha dicho desconocer si esas adjudicaciones eran o no legales. Eso sí, en otro momento, ha recomendado a los diputados que se legisle para incrementar el control sobre los concursos públicos porque "siempre van a acompañados de un halo de oscurantismo".

También ha reconocido que el que fuera gerente del PP de Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre le pidió que hiciera la misma operación con la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fudescam). Es decir, le pidió que cargase a esta fundación del PP regional facturas por trabajos que en realidad habían realizado empresas de Gürtel. Crespo ha dicho desconocer si Aguirre estaba al tanto de esto.

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción y chantaje, ha facilitado a los condenados del caso Gürtel una carta que ciertas defensas presumen ganadora caso Gürtely que otras cualificadas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran abocada de antemano al fracaso. Esa baza es el audio donde se oye cómo Villarejo –supuesto autor de la grabación y consciente, por tanto, de que sus palabras quedarían almacenadas– asegura que él mismo y otros policías se reunieron con Baltasar Garzón  en agosto de 2008 para "preparar" el caso Gürtel un día antes de que el entonces juez de instrucción 5 de la Audiencia Nacional dictara el auto de apertura de diligencias.  

Tomando como base ese audio, al menos el abogado de Pablo Crespo, lugarteniente de la trama, y el del exalcalde del PP Guillermo Ortega se preparan ya para interponer una querella contra Baltasar Garzón. Lograr la nulidad de la causa, en la que sus clientes han sido sentenciados a 37 y 38 años de cárcel respectivamente, vuelve a ser el leitmotiv que les guía. Durán llegó a deslizar en una entrevista radiofónica y en una información publicada este martes por elindependiente.com que "hay materia" para que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional investigue cómo se incoaron estas diligencias previas. Según el abogado, “la grabación de Villarejo corrobora que Garzón se apropió espuriamente del caso”. 

"No veo esa posibilidad", responde una cualificada fuente de la Audiencia que tampoco cree factible que el audio de Villarejo ofrezca elementos de consistencia para que el Tribunal Supremo anule la causa. "Incluso en la lejana hipótesis de que el tribunal apreciase que hace diez años hubo un error o un vicio en el reparto, la sentencia contiene argumentos muy sólidos y no parece que esto pudiera ser motivo de nulidad". "Y el Supremo –tercia otra fuente conocedora del caso y ajena a la Audiencia– ha sido ya tan claro al confirmar la sentencia del caso Fitur [la primera pieza del tronco Gürtel que fue a juicio] y avalar las grabaciones y toda la instrucción que muy, muy difícilmente puede provocar un vuelco el audio de Villarejo".

Supuestamente –el audio está pendiente de análisis por los investigadores del caso Villarejo–, el excomisario hizo esa afirmación durante el almuerzo de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo, aquel en que participaron Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado,. Pero –dice moncloa.com– el policía abordó ese tema cuando el entonces juez y la entonces fiscal ya se habían ido. 

Ni la grabación ni la web que la publicó hacen mención a la cronología de los hechos documentados que marcaron el arranque del caso Gürtel: el auto de apertura lleva fecha de 6 de agosto de 2008 [puedes consultarlo pinchando aquí]  y se sustenta en la denuncia interpuesta dos días antes por la Fiscalía Anticorrupción [puedes leerla aquí] . A su vez, esa denuncia de la Fiscalía tuvo su origen en la declaración que, el 6 de noviembre de 2007, ya había prestado ante la Policía el exedil del PP José Luis Peñas [puedes verla pulsando aquí], el hombre que grabó en secreto a Francisco Correa y destapó así los entresijos de la trama.

Fuentes de las defensas han asegurado a infoLibre que "no descartan" presentar su querella contra Garzón ante el Supremo ante la posibilidad de que "algún aforado estuviera concernido". ¿Quién y por qué? Las fuentes callan y no dan ninguna explicación.

Garzón fue inhabilitado como juez en 2012 por el Tribunal Supremo tras la denuncia del abogado de uno de los principales empresarios implicados en la trama corrupta, José Luis Ulibarri, ahora protagonista estelar del caso Enredadera. El Supremo dictaminó que el primer instructor de Gürtel había prevaricado al interceptar conversaciones mantenidas en prisión por los principales cabecillas de la red y sus abogados. Las escuchas fueron luego prorrogadas por el segundo instructor de la causa, el ya fallecido Antonio Pedreira. Ninguno de los imputados emprendió acciones legales contra Pedreira.

Las escuchas de Villarejo amenazan con derivar en una cascada de denuncias cruzadas. Garzón ya ha anunciado sendas querellas contra el medio que las lanzó, la ya citada web moncloa.com, y contra elconfidencial.com.