La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves su decisión de abandonar la política, después de que su partido se haya despeñado en las elecciones locales y autonómicas del 28M y haya decidido no presentar listas en las generales del 23 de julio. En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha asegurado haber dado sus mejores años a Ciudadanos pero sostiene que "la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban".

Así, ha agradecido a Ciudadanos, "ese proyecto imprescindible", por haberle dado la oportunidad de representarlo, a Albert Rivera y al resto de compañeros con los que ha vivido "cosas inimaginables, buenas y malas". También ha dado las gracias a sus compañeros del Parlamento de Cataluña y a los miembros del grupo parlamentario del Congreso, mencionando expresamente a Guillermo Díaz, el único que la apoyó en las primarias y a que considera "el mejor diputado y el mejor portavoz". Y en cambio ha evitado mencionar a su portavoz adjunto, Edmundo Bal, que ha discrepado con ella en las últimas decisiones relevantes del partido.

Además de agradecer a sus "adversarios políticos", de los que dice haber "aprendido", Arrimadas ha reservado un hueco especial en su despedida a Cataluña, "la tierra donde se comprometió políticamente", reivindicando que Ciudadanos "alzó la voz, rompió el silencio y se enfrentó al régimen nacionalista". También ha repasado otros hitos de Ciudadanos, como desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía gracias a su pacto con el PP y "gobernar en muchos lugares de España, haciéndolo bien, con gran reconocimiento social y sin una mancha de corrupción".

Por último, ha garantizado que mantiene su "compromiso" con los principios que defiende el partido. "Por esta España de libres e iguales voy a seguir luchando", ha concluido.

La decisión de Arrimadas llega después del fracaso electoral del pasado domingo, cuando el partido desapareció de todos los parlamentos autonómicos en liza y perdió el 85% de sus concejales. El descalabro ha llevado a la dirección del partido a renunciar a presentarse a las elecciones generales del 23 de julio con el objetivo de "rearmarse" de cara a futuras citas electorales.

Arrimadas se afilió a Ciudadanos en 2011 y llevó a su partido a la victoria en las elecciones catalanas de 2017, pero no llegó a presentarse a la investidura al formarse una mayoría independentista. Después Albert Rivera la incorporó a las listas al Congreso y ella tomó el relevo del liderazgo del partido tras la derrota en las generales de noviembre de 2019.

Pese a ser el rostro más conocido de Ciudadanos, renunció a presentase en las primarias de la refundación del pasado enero y prefirió apoyar una lista encabezada por la diputada balear Patricia Guasp y el eurodiputado Adrián Vázquez. Inés Arrimadas fue una de las dirigentes que apostó por no presentar listas en las elecciones de julio, una decisión criticada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, que la acusa de ejercer de presidenta en la sombra y de tener un proyecto personal al margen de Ciudadanos.

La candidatura encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, apoyada por la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ganado las primarias para la nueva ejecutiva del partido naranja con un 53,25 % de los votos. La lista rival, la del vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha logrado un 39,34 %, según informa Europa Press.

En la votación, que se ha extendido durante el miércoles y este jueves hasta las 18.00 horas, han participado 49,65 % de los 7.600 afiliados llamados a ejercer su derecho al voto. Un 7,41 % se han decantado por la tercera lista en liza, encabezada por el afiliado de base Marcos Morales.

La candidatura ganadora, de forma provisional, se convierte en el nuevo Comité Ejecutivo de la formación naranja, y tomará posesión durante la celebración de la VI Asamblea General que se celebrará este fin de semana y que significará la culminación del proceso de refundación puesto en marcha para reflotar el partido tras la sucesión de debacles electorales.

Arrimadas, que dejará de ser la líder de Ciudadanos de forma efectiva este fin de semana, figura en una simbólica última posición de la lista conformada por la dupla Guasp-Vázquez. A través de su cuenta en la red social Twitter, ha felicitado a los ganadores y ha pedido "trabajar todos juntos" de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Asimismo, y sin mencionar a su número dos, ha calificado de "ejemplar" la refundación.

La cita llega después de semanas de tensión en Ciudadanos. Bal, acompañado del concejal madrileño Santiago Saura, decidió dar el paso para presentar su candidatura a liderar el partido naranja tras un choque con Arrimadas por el apoyo de Ciudadanos a la ley del Sólo sí es sí y críticas a la refundación mediante.

Las negociaciones para armar una lista de unidad fracasaron, aunque las dos candidaturas mayoritarias han hecho múltiples llamamientos para que la unidad en el partido se materialice el lunes. En el evento, los afiliados tendrán que refrendar otros cambios propuestos en el marco de la refundación, como los nuevos estatutos y valores o cambios programáticos.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado este viernes su intención de presentar su candidatura para liderar el partido, compitiendo con Inés Arrimadas si ella también se presenta, ha recogido Europa Press.

"Quiero presentarme para liderar este proyecto", ha confirmado Bal ante los medios en la Plaza de las Cortes, donde ha acudido en solitario, subrayando que ha meditado "mucho" la decisión pero que, a su juicio, es su "obligación". "Creo que puedo aportar mucho", ha agregado.

Ciudadanos celebrará primarias el 9 y 10 de enero y, conforme a los documentos de refundación aprobados por la dirección del partido, apostará por un modelo de bicefalia con una persona encargada exclusivamente de la Secretaría General para llevar las riendas de la organización y otra distinta, el portavoz, que será su cartel electoral.

No obstante, este modelo aún tiene que ser refrendado por la militancia en la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el 14 y el 15 de enero. En caso de ser validado, Bal se presentará para el cargo de portavoz. Bajo el modelo bicéfalo propuesto, necesita un compañero de fórmula, pero por el momento no cuenta con un nombre. "Estoy llamando a mucha gente", ha explicado, adelantando que informará sobre este extremo "cuando haya algo establecido".

Bal ha detallado que ha conversado con Arrimadas y su entorno durante toda la semana y que antes de hacer su anuncio la ha avisado. Por el momento, la actual presidenta de Cs no ha aclarado sus planes de futuro, pero de hacerlo se enfrentaría al actual vicesecretario general por el cargo de portavoz.

El diputado ha incidido en que "no se presenta contra nadie" ni "contra Inés, ni frente a ella" y ha hecho un llamamiento a la unidad. "No voy a ir solo, yo quiero que se unan a mí todos los activos, las cabezas visibles, todos los que aportan", ha recalcado, antes de reivindicar que la refundación del partido tiene que significar "un cambio de verdad".

Fuentes de Ciudadanos han explicado que Arrimadas no se esperaba el anuncio de Bal, pero que, en cualquier caso, la actual presidenta cabe en el proyecto del vicesecretario. Las mismas fuentes mencionan al procurador de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, y a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, como activos que tienen un hueco.

Uno de ellos, el diputado de Cs en Castilla y León, que perdió las primarias contra Inés Arrimadas en 2020, precisamente pidió públicamente un nuevo liderazgo en el partido el pasado martes, dando por finiquitada la etapa de Arrimadas.

Desde el entorno de Bal garantizan que la intención es no prescindir de nadie en un proyecto que ha de mostrar una revolución y una disrupción total, no dar una imagen continuista. Aseguran que la figura del abogado del Estado es beneficiosa porque no tiene enemigos ni mochilas y cuenta con el apoyo de la mayoría de su grupo parlamentario.

Edmundo Bal fue el candidato designado por Ciudadanos para las elecciones autonómicas de mayo de 2021 en Madrid, tras la marcha de Ignacio Aguado, pero no logró representación en la Asamblea. Eso sí, poco después le compensaron designándole 'número dos' de la dirección nacional del partido.

Ciudadanos celebrará los días 13, 14 y 15 de enero de 2023 la asamblea general extraordinaria en la que entre otros aspectos definirá el liderazgo del partido, en el marco de su proceso de refundación abierto tras la sucesión de malos resultados en elecciones autonómicas. La incógnita es si la actual líder, Inés Arrimadas, intenta reeditar su puesto, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de la refundación y diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, que ha matizado que los órganos pertinentes aún tienen que aprobar la fecha. No obstante el Comité Ejecutivo y el equipo de renovación coinciden en que es "idónea".

"Pensamos que con esta fecha cumplimos exactamente con lo que dijimos, finales de diciembre o principios de enero", ha agregado, remarcando que la fecha permite al equipo presentar los trabajos realizados y los hitos cumplidos "de manera absoluta y satisfactoria".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya adelantó a principios de septiembre que la asamblea extraordinaria "reiniciará" el partido y definirá su programa, su imagen, sus equipos y su liderazgo, aunque por el momento no ha informado de si tiene previsto optar a la reelección como cabeza de la formación 'naranja'.

Preguntado sobre esta cuestión, Díaz ha hecho hincapié en que el partido va dando pasos en el proceso de refundación, cumpliendo con los tiempos establecidos y ha declinado anunciar la fecha de las primarias, que además dependen "de otros factores", ha dicho.

Distintas voces, que se aglutinaron durante el verano en la plataforma de críticos Somos Ciudadanos, insistieron en la necesidad de convocar un congreso extraordinario para elegir una nueva ejecutiva en el marco de la refundación. También reclaman la dimisión de Arrimadas.

Por otro lado, Díaz ha anunciado que Ciudadanos celebrará un acto "bandera" el fin de semana próximo y estará centrado en el asunto de las pensiones, con cuya subida prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 se ha mostrado especialmente crítico.

El acto coincide con la tramitación parlamentaria de los PGE y busca reforzar la idea que Ciudadanos tiene previsto llevar al debate de las cuentas públicas: la insostenibilidad del sistema público de pensiones con un incremento como el propuesto, del 8,5 por ciento.

Sin entrar en más detalles, el diputado ha aclarado que en el acto se plantearán "propuesta valientes".

Díaz también ha ofrecido una valoración de la gira que cargos de Ciudadanos están llevando a cabo para llevar el proceso de refundación por toda España. Según ha explicado, la ruta "está siendo intensa" y "exitosa" y se ha congratulado por la respuesta de los afiliados y simpatizantes, "muy numerosa e ilusionada".

Los señores del esto lo pinta mi hijo han encontrado un nuevo adversario. ¡Ñiiic! ¡Ras! ¡Ay! Una minoría mezquina y silenciosa levanta sus lorzas del sofá de escay. ¿Lo oyen? Es el churretoso ruidillo de los nobles ideales. ¡Hay que defender a Picasso!

¿Quién habrá matado esta vez al archiduque? Los dedos apuntan a un ministro. Iceta dijo que en la conmemoración del cincuenta aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz se mencionaría su biografía. ¡Cáspita! ¡Intolerable! ¿Cómo se va a hablar de Picasso en el año Picasso?

Los intrépidos detectores de artimañas izquierdosas no han reparado en el título de la efeméride. No se festeja el aniversario de la etapa azul ni del Guernica, sino el de su autor. "Caravaggio era un asesino", decía el otro día un espabilado, como si alguien hubiese ido a arrancar sus cuadros de las paredes. En El Mundo, Julio Valdeón escribía (en la sección "genios") que Picasso había hecho "inmortales y ricas" a algunas de sus amantes. El tocino. La velocidad. Incluso la simpar Andrea Ley ha tecleado una tribuna en favor de separar al autor de la obra. Solo nos falta Trapiello gritando que en las celebraciones picassianas hay pocos cuadros de Solana y el botarate de Boadella nombrándolo presidente de Tabarnia en la ultratumba. Reviso lo publicado y, recórcholis, ni una línea sobre pintura. ¿Será que los defensores de la superlativa obra del separadísimo autor no tienen ni puñetera idea de arte?

Hay un tipo de homo sapiens que se interesa por asuntos que ignora, pero que le cabrean. Hordas de cuarentones bramando contra una sirenita negra. Miríadas de detractores del cine de súper héroes enfadadísimos porque haya supermujeres. Tu cuñado, el que quemaría el Pompidou con sus trabajadores dentro, defendiendo la honra de un tipo que dibujaba raro.

Felicísima noticia para los columnistas moderados: la cultura occidental vuelve a estar amenazada por la izquierda woke revisionista e inquisitorial. Encaramados en su hombre de paja, los defensores del statu quo nos propinan estocadas flácidas. "La polémica será falsa", dicen, "pero eso no quita que pueda ser verdadera". Se agotan las camisas de fuerza en la zona centro del país. Uno suelta: "No lo han cancelado porque era de izquierdas". Otra replica: "No le han perdonado que renegara del comunismo". ¿En qué quedamos?

El genio, ¡hay que salvar al genio! Los hagiógrafos de Woody Allen calientan sus Olivetti al compás del chachachá. La cosa ha llegado a sede parlamentaria. Inés Arrimadas rebotaba en sus redes una picante diatriba de uno de sus secuaces: "Indultan a corruptos y rehabilitan a secuestradores, pero exigen borrar a Picasso por su vida privada". Fulgencio, ¡las sales!

Los oligofrénicos corretean en el corro de la patata. Voy a ir haciendo palomitas, porque la cosa promete. Estoy deseando la respuesta de los aludidos del otro lado por la respuesta a una polémica que nunca fue. La tontería, ya lo dijo Descartes, es la cosa mejor repartida del mundo y los oportunistas están de fiesta mayor.

En fin, la semana que viene hablaremos del gobierno.

Todo está encima de la mesa. Desde la marca —Ciudadanos—, que muchos consideran quemada tras la sucesión de fracasos electorales que viene sufriendo desde las generales de noviembre de 2019, hasta el liderazgo. Inés Arrimadas, la sucesora de Albert Rivera, no ha sido capaz de reconciliar la oferta política del partido, la referencia de los liberales europeos en España, con los electores que hace apenas tres años les dieron 4,1 millones de votos y el tercer grupo parlamentario más numeroso en el Congreso. Entonces tenían 57 diputados y la llave de la gobernabilidad y prefirieron repetir las elecciones a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que brindaban tres presidencias autonómicas al PP en Madrid, Murcia y Castilla y León justo cuando los conservadores agonizaban. El resultado: diez escaños, de los que sólo les quedan nueve por culpa de un tránsfuga que se niega a renunciar a su puesto.

Arrimadas sigue echando la culpa a la estrategia de Rivera en 2019. Lo hizo cuando las candidaturas naranjas fracasaron en las elecciones gallegas y vascas de 2020 y en las catalanas y madrileñas de 2021. Lo ha vuelto a hacer este año tras casi desaparecer en Castilla y León y ser borrados del mapa en las andaluzas del pasado mes de junio. En medio, la fallida operación de pactar con el PSOE una moción de censura en Murcia o de negociar los presupuestos generales con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La debacle sufrida en Andalucía —Cs pasó de 21 escaños a ninguno después de casi cuatro años formando parte del gobierno y ocupando una vicepresidencia— dio pie a la presidenta del partido a anunciar una refundación a imagen y semejanza de la realizada por partidos liberales europeos que también han pasado por “momentos durísimos” y que tiempo después han salido a flote, como el FDP alemán. Los liberales germanos fueron barridos del Bundestag en 2014, pero consiguieron regresar en 2017. En 2021 mejoraron ligeramente sus resultados y entraron en el Gobierno federal en coalición con el SPD y Los Verdes.

 Entonces pidió abrir una “reflexión profunda” porque la marca del partido está “muy castigada” y la formación no ha sido capaz de “seducir” ni de reconectar con el electorado. Y se comprometió a seguir al frente hasta que el partido complete en enero el proceso de refundación. Será entonces cuando la militancia decida la nueva dirección en una asamblea general.

En ese camino, Cs puso en marcha “un equipo político” y otro “técnico”, en los que tienen papeles destacados la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el diputado en el Congreso Guillermo Díaz. La idea es facilitar la participación de la militancia a través de cinco grupos de trabajo (funcionamiento orgánico; libertades, modelo territorial y regeneración democrática; políticas económicas, energía y digitalización; políticas sociales y medio ambiente, y Europa y asuntos exteriores) a los que hacer propuestas programáticas y organizativas. Las conclusiones se conocerán el próximo 16 de septiembre y lo único que se sabe, de momento, es que en el proceso están participando, según fuentes naranjas, unos 2.000 militantes, menos del 20% de los afiliados que le quedan al partido. 

Hay que esperar todavía dos semanas para conocer los siguientes pasos y para que una consultora externa contratada por la actual dirección haga una investigación acerca de la viabilidad del proceso de refundación, especialmente si conlleva un cambio de nombre. Entretanto, Cs ya trabaja en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de mayo con la intención de presentarse y defender la representación obtenida hace tres años.

Los movimientos de Arrimadas y las declaraciones de los dirigentes del partido sugieren que, en todo caso, la refundación seguirá apelando a la condición “liberal” de la formación aunque nadie se atreve a aventurar qué puede ofrecer el partido en el futuro, más allá de un nuevo nombre, que no haya intentando ya Cs en estos años. 

El pasado julio, la presidenta de Cs se reunió en Berlín con el presidente del FDP, el ministro de Economía alemán Christian Lindner, en busca de la hoja de ruta que le permita rehacer la organización y garantizar que la marca liberal sigue viva en España.

El nerviosismo es evidente en el escaso poder municipal que les queda a los naranjas. El coordinador autonómico en Canarias, Enrique Arriaga, apoya el proceso de refundación pero asegura que el plazo abierto supone llegar “tarde” a las elecciones. Según él, los cambios se tienen que visibilizar “cuanto antes”.

Los más desconfiados temen que el proceso de refundación se haga de espaldas a la militancia. El pasado lunes, afiliados y cargos de partido pusieron en marcha la iniciativa Somos Cs para exigir que las bases decidan el futuro del partido en una Asamblea General Extraordinaria sin renunciar a la identidad naranja.

Entre ellos hay destacados responsables políticos naranjas de Aragón. Pero también de Asturias, la Comunitat Valenciana y Andalucía. Juntos difundieron un manifiesto en el que afirman la existencia de “dos almas” dentro del partido: los que entraron en la formación atraídos por sus ideas y valores, y se “dejaron la piel, altruistamente, para construir y hacer crecer este proyecto”, liderado por Albert Rivera, y los que se afiliaron al calor de las encuestas, “viniendo a mesa puesta, exigiendo puestos y cargos, convirtiéndose en el núcleo más cercano a Inés Arrimadas que la han convertido en una presidenta despegada de la realidad, que utiliza a Ciudadanos como escudo para ocultar su propia crisis, que no pisa la calle y que no visita ni a los territorios ni a los cargos públicos y orgánicos que están día a día cerca de los afiliados y de los ciudadanos”. 

 El elefante en la habitación del que nadie habla es el PP. Los partidarios de que Cs negocie una entrada ordenada en el partido de Feijóo que resuelva el futuro de los dirigentes y cargos públicos no lo dicen en público. La mayoría ya han llamado a la puerta de Génova desde que el hundimiento electoral de las últimas generales convenció a la mayoría de que Cs no tenía futuro. Es el caso de Toni Cantó, su antiguo líder en la Comunitat Valenciana. Otros, como el eurodiputado Luis Garicano, simplemente han tirado la toalla y se han reincorporado a la vida civil.

Las elecciones de Madrid, Castilla y León y Andalucia han confirmado que la mayor parte del electorado que le quedaba a Ciudadanos ya ha buscado refugio en el PP, impulsando su recuperación y situando a los conservadores en cabeza en todas las encuestas. En Génova dan por hecho que el proceso es irreversible. Y trabajan en la preparación de las elecciones de 2023, convencidos de que, a estas alturas de la legislatura, el único obstáculo que le queda a Feijóo para reunificar el centro derecha es Vox.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha evitado este lunes decir si daría un paso al lado para que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, liderara la formación y se ha limitado a apuntar a que, en el marco del proceso de refundación, los militantes decidirán "sobre todo", lo que incluye también el liderazgo.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Arrimadas ha dedicado palabras de elogio a la vicealcaldesa, considerada uno de los activos más importantes que tiene el partido actualmente, y ha indicado que todos están "involucrados" con el proceso de refundación. "Serán los militantes los que digan quién tiene que ser el equipo directivo", ha indicado.

En esta línea, ha reiterado que la renovación del partido se ocupará de las "ideas y soluciones dentro del ámbito del liberalismo" y ha insistido en que Villacís y otras figuras del partido, como el vicesecretario general, Edmundo Bal, son "activos para el partido".

Arrimadas también se ha referido a los resultados electorales "dolorosos y malos" cosechados por Ciudadanos desde 2019 y ha apuntado a los comicios municipales, previstos para 2023, como una "oportunidad" para demostrar "que hay una red que apoya al liberalismo en España, que se puede aguantar en algunos ayuntamientos muy importantes y lugares de España".

A juicio de la líder naranja, estas elecciones marcarán el inicio de un ciclo electoral "que será mejor". Por ello, el partido se va a apoyar en alcaldes y equipos municipales "que lo están haciendo muy bien" y ya prepara las candidaturas.

Arrimadas se encuentra en Berlín, la capital alemana, en un viaje de trabajo para "estrechar más aún" los lazos con los liberales alemanes. Ha trazado un paralelismo entre la situación de Ciudadanos y lo que le ocurrió al Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán), que desapareció del Bundestag —Cámara Baja— y ahora forma parte del Gobierno de coalición encabezado por Olaf Scholz.

"Pasaron por unos años muy malos pero después volvieron con fuerza", ha explicado, antes de trasladar que tiene previsto reunirse con el líder del partido, Christian Lindner, que actualmente es el ministro de Economía alemán.

Por último, ha valorado la salida de la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, que ha dimitido este lunes como vicesecretaria general del partido por motivos personales. "Le deseo lo mejor y que vaya muy bien", ha concluido.

El espacio político a la derecha del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, disputado por PP, Ciudadanos y Vox, estaba más poblado que el actual. Y las expectativas de unos y de otros eran bien diferentes de las que tienen ahora, a un año de volver a las urnas para renovar las corporaciones locales y actualizar la composición de doce parlamentos autonómicos (todos menos los de Galicia, Euskadi, Cataluña, Castilla y León y Andalucía).

Entonces la estrella emergente era Ciudadanos. De la mano de su líder, Albert Rivera, habían obtenido en las generales celebradas un mes antes un espectacular 15,86%, apenas 0,8 puntos menos que el PP. En votos, los naranjas se quedaron a 219.000 de los conservadores.

Con un Casado cuestionado desde dentro y desde fuera —el PP pasó en aquellas elecciones de 137 a 66 escaños—, Rivera se permitió el lujo de autoproclamarse líder de hecho de la posición. Y desde ese puesto confirmó su decisión de no llegar a acuerdo alguno con Pedro Sánchez. Ni en la investidura, lo que a la postre contribuyó a forzar la repetición electoral de noviembre de ese 2019, ni en las formación de mayorías de gobierno en muchos ayuntamientos y sobre todo en las Comunidades Autónomas donde el PSOE fue la fuerza más votada y estaba en riesgo la continuidad del PP al frente de gobiernos que llevaba ocupando décadas.

Ciudadanos entregó al PP, a cambio de asumir por primera vez responsabilidades de gobierno, las presidencias de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Murcia (Fernando López Miras) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), confirmando así su preferencia por la derecha que unos meses antes había revelado al pactar en la Junta de Andalucía. Lo mismo sucedió en el emblemático Ayuntamiento de Madrid.

En 2019 consiguieron 2.786 concejales. Cuatro años antes, en los comicios celebrados en 2015, cuando el partido comenzaba a tejer su estructura municipal, habían sido solamente 1.516. No lograron superar al PP en ninguna autonomía y sólo lo consiguieron, de entre todas las grandes ciudades, en Gijón.

La estrategia de Rivera se convirtió en un estrepitoso fracaso. Los electores le abandonaron en las elecciones generales de noviembre de 2019 (cayó de 57 a 13 escaños) y el PP diseñó una operación de desestabilización interna de Ciudadanos para quedarse con su espacio político que culminó, tras el fallido intento de los naranjas de sacar adelante una moción de censura con ayuda del PSOE en la Región de Murcia, con la ruptura de ese gobierno y de los de Madrid y Castilla y León. 

Ciudadanos es hoy una formación agonizante. Las encuestas sólo dudan sobre el escenario final: si el año que viene tendrá lugar su desaparición definitiva o su transformación en una fuerza política testimonial. Y su lugar como socio preferente del PP lo ocupa Vox.

La extrema derecha, que en 2018 y 2019 se quedó fuera de los gobiernos locales y autonómicos del PP en parte por empeño de Ciudadanos, cambió de estrategia el pasado otoño. Con encuestas que les sitúan en torno al 15% de los votos —en las horas más bajas del PP han llegado a rozar el 20%— son ellos quienes como hacía Rivera se autoproclaman la verdadera oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Quieren gobernar. Han comenzado a hacerlo en Castilla y León, donde el PP ha cedido a todas su exigencias con tal de evitar una repetición electoral en pleno enfrentamiento interno a cuenta de las comisiones cobradas de la Comunidad de Madrid por el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y se preparan para hacerlo en Andalucía.

La hoja de ruta trazada por los de Santiago Abascal pasa por seguir creciendo de aquí a las elecciones del 28 de mayo de 2023. Y eso, especialmente en lo que a las municipales se refiere, les obliga a dedicar los próximos doce meses a construir una mínima infrastructura en el mayor número de ayuntamientos posible.

El empeño de la extrema derecha es utilizar Castilla y León y Andalucía como laboratorios en las que demostrar dos cosas. Primero, que la colaboración con el PP es viable y que los elementos más radicales de su programa no son un obstáculo. Segundo, para probar a sus electores que son capaces de defender desde posiciones de gobierno, no solamente desde la oposición, las ideas con las que han sido capaces de atraer casi cuatro millones de votos. 

Pero sin olvidar sus prioridades, que siempre son el núcleo de sus campañas electorales. Porque Abascal no oculta que, en todo caso, municipales y autonómicas son sólo una meta volante en su camino hacia un premio mayor: alcanzar la Moncloa con ayuda del PP.

Hace tres años consiguieron colocar su discurso reaccionario en siete cámaras autonómicas (Madrid, Murcia, Aragón, Cantabria, Asturias, Baleares y Castilla y León) y estar presentes en más de tres centenares de ayuntamientos a lo largo y ancho de España gracias a 834.000 papeletas , 770.000 más que en 2015.

Y eso que entonces sólo se presentaron en 726 de los 8.131 municipios españoles, una cifra que el año que viene será mucho mayor. La mayor parte de los concejales que lograron en 2019 eran de ayuntamientos de Madrid y Andalucía, las dos comunidades autónomas en las que el partido ultra había presentado más listas. Pero en su peso municipal también jugaron entonces un papel relevante Castilla-La Mancha y Castilla y León. Sólo en estas cuatro regiones los de Abascal sumaron 380 ediles, es decir, casi el 70% de su representación local. En el extremo contrario se situaban Cataluña, donde sólo logró tres representantes en un municipio, y Canarias, Galicia, Euskadi, Extremadura y Navarra, donde no consiguió ninguno. 

Las expectativas de Vox para dentro de un año son mucho mejores, a la vista de la mayoría de las encuestas. Su potencia económica, mediática e institucional es incomparable. En 2019 eran un partido emergente con representación en Andalucía y 24 escaños en el Congreso. Ahora son el tercer partido del país con 52 diputados, gobiernan Castilla y León y tienen representación en todos los parlamentos autonómicos de España con la única excepción de Navarra y Galicia.

Ciudadanos reconoce ahora que en 2019 cometió un "grave error". Fue "regalar" al PP cuatro presidencias autonómicas: la de Andalucía, la de Murcia, la de Madrid y la de Castilla y León. Así lo ha considerado su líder, Inés Arrimadas, en una entrevista publicada por el diario El País este lunes. "Viendo lo que ha pasado lo que tengo que decir es que la negociación que hizo mi partido en 2019 fue un grave error, porque se regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado. Y fue un error porque ya vemos cómo las utilizan. Si hubieran sido socios leales no habría habido problemas, pero viendo cómo han utilizado el botón nuclear del adelanto, desde luego podíamos haber negociado mucho mejor. A un partido del bipartidismo no le puedes dar tanto poder gratis porque ya sabemos cómo lo utilizan", ha dicho.

La líder de la formación naranja se ha pronunciado así una semana después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocase elecciones anticipadas para el próximo 13 de febrero. La convocatoria la justificó en una supuesta “traición” de sus socios de gobierno de Ciudadanos, los mismos que le hicieron presidente en 2019 a pesar de que la candidatura más votada había sido la del PSOE. Les culpó de “pactar los presupuestos” autonómicos con los socialistas “a espaldas del presidente”, subrayó hablando de sí mismo en tercera persona, y de tratar de“ chantajearle”. “Se han dado la mano para quebrar el principio de igualdad entre provincias. El chantaje funciona con Sánchez, conmigo no. Me hubiera gustado agotar la legislatura pero esta situación es insostenible”, proclamó en una rueda de prensa sin preguntas. 

Las palabras de Arrimadas, además, suponen un golpe al anterior líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al frente de la formación hasta noviembre de 2019, el año en el que se gestaron esos pactos con el PP. Arrimadas ha considerado ahora que "lo que está claro" es que no se pueden "regalar las presidencias autonómicas a ningún partido del bipartidismo". "En Madrid, Zaragoza y en 130 municipios donde gobernamos con el PP no ha habido sospecha de moción de censura. Fue el PP el que se cargó el gobierno de Granada y se lo regaló al PSOE. Y con el PSOE también tenemos acuerdos locales que funcionan bien. Es decir, los acuerdos de gobierno tienen que seguir la vida derivada de la ejecución de ese acuerdo. No pueden ser piezas en un ajedrez, como hacen Sánchez y Casado", ha dicho.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha dicho en cambio este mismo lunes en una entrevista en RNE recogida por Europa Press que el partido no dio ninguna directriz a Mañueco para el adelanto electoral y que lo que le está pasando ahora a Cs es que está pagando la moción de censura de Murcia del pasado mes de marzo. "Lo ha explicado Mañueco, existía un riesgo real de moción de censura y, entre moción y elecciones, ha optado por las elecciones", ha subrayado. "La señora Arrimadas tendrá que hacer su propia reflexión, el mayor problema es que mintió en vísperas de la moción de censura de Murcia, el problema de Ciudadanos y de Arrimadas es que vendía estabilidad en la Región cuando negociaba con Sánchez. Los murcianos y el conjunto de los españoles lo entendieron perfectamente", ha ñadido.

La decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de expulsar de su gobierno a los consejeros de Ciudadanos pone punto final a la colaboración de las dos fuerzas políticas en el ámbito autonómico y confirma el fracaso completo de la estrategia marcada por Albert Rivera en mayo de 2019. 

El entonces líder de los naranjas, cuyo partido ya gobernaba desde diciembre en Andalucía en coalición con los conservadores, decidió apuntalar los gobiernos del PP de Murcia, Madrid y Castilla y León y dio la presidencia a Fernando López Miras, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco en vez de a los candidatos del PSOE que acaban de ganar aquellas elecciones.

En aquel momento Ciudadanos estaba en una situación inmejorable para dar el sorpasso al PP: había conseguido 57 diputados frente a los 66 de los de Casado. Pero, en vez de apuntillar a los conservadores privándoles de casi todo su poder autonómico, decidió reforzarlos y darles tres presidencias autonómicas clave en las que el PP llevaba décadas gobernando.

Dos años y medio después, esos tres presidentes han devuelto el favor a Ciudadanos poniendo fin a los gobiernos de coalición. En el caso de Murcia, feudo de Teodoro García Egea, número dos de Pablo Casado, el PP llegó incluso a ignorar el pacto antitransfuguismo y a fichar a varios diputados de Cs con tal de conservar el poder y cerrar el paso a una moción de censura presentada por los naranjas y el PSOE.

La siguiente en romper con Cs fue Ayuso. La presidenta madrileña echó a sus consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas con la excusa de que los naranjas iban a presentarle una moción de censura con los socialistas, una maniobra sobre la que no existe evidencia alguna. Esta decisión dio un gran resultado: el PP volvió a ganar en Madrid y Cs desapareció del mapa político.

Ahora le ha llegado el turno a Mañueco. El presidente castellanoleonés ha invocado un supuesto pacto, sobre el que tampoco hay evidencias, entre Cs, PSOE y la formación provincial Por Ávila para sacar adelante los Presupuestos de su propio gobierno. Justo cuando las encuestas le son más favorables —todo lo contrario que para Cs— decidió este lunes disolver las Cortes y convocar elecciones.

Dos años y medio después, la estrategia de Rivera ha terminado en un estrepitoso fracaso. Cs está fuera de los tres gobiernos y es incapaz de recuperarse de la agonía en la que entró en noviembre de 2019 cuando los electores les hicieron principales responsables de la repetición electoral por su negativa a negociar con el PSOE de Pedro Sánchez.

Su sucesora, Inés Arrimadas, no quiere de momento extraer ninguna lección del trato que Cs está recibiendo por parte del PP, con el que siguen gobernando en algunos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, y en la comunidad andaluza, aunque este último gobierno tiene ya fecha de caducidad porque las elecciones tendrán lugar el próximo junio o, todo lo más, en el mes de octubre.

Eso sí, en rueda de prensa desde la sede de Cs y tras una reunión de la dirección de este partido dejó claro que lo que ha salido mal tiene su origen en una decisión de Rivera. “Quiero recordar que estos gobiernos responden a una negociación que se hizo en abril de 2019, yo no era la presidenta del partido”, subrayó. De hacer una reflexión, añadió, sería que “se dieron las presidencias [autonómicas] y las alcaldías relevantes al PP y este es el resultado”. 

Arrimadas no quiso especular sobre el futuro, en el caso de alguna elección vuelva a hacer posible una coalición de gobierno entre PP y Cs, algo que empieza a parece muy improbable a la luz de las encuestas. Pero sí llamó a sacar lecciones de aquella negociación “que hizo mi partido anteriormente”, en referencia a la que lideró Rivera en 2019. “Mirar hacia atrás sirve para lo que sirve”, admitió, pero hay que “aprender de los errores”.

Eso sí, añadió tratando de poner distancia entre ella y aquellos pactos de coalición, ahora fallidos: “Yo cuando llego de presidente estos son los gobiernos” con los que se encuentra. “Que por nuestra aparte han funcionado con lealtad”. 

Arrimadas separó lo ocurrido en Castilla y León de la suerte que espera a la coalición PP-Cs en Andalucía y de los que pueda suceder en el Ayuntamiento de Madrid, donde no es posible convocar elecciones anticipadas pero sí una ruptura del acuerdo de gobierno. Y eso que, según ella, “al final Mañueco ha cedido a las presiones de Génova” y ha convocado elecciones “porque Casado lo que cree que necesita es una victoria” con la que tapar la de Ayuso. 

Han decidido siguiendo una “política testosterónica” y en función de “su guerra interna. Al final han cogido el mapa de España y han elegido Castilla y León para su juego de poder”. “Los ciudadanos se merecen mucho más que ser una pieza en las guerras internas del PP”. “Me da muchísima pena”, confesó. Porque era “un gobierno que evidentemente funcionaba”.

Pese al lamento de Arrimadas, el PP no ha hecho nada que no hubiese anunciado previamente. Fue en marzo, justo después de las elecciones catalanas, cuando Pablo Casado autorizó una OPA hostil para captar cargos públicos naranjas que se multiplicó tras la fallida moción de censura de Murcia. En muchos casos con la inestimable ayuda de Fran Hervías, que hasta ese momento era el responsable de Organización de Ciudadanos y como tal uno de los dirigentes que mejor conoce a los entresijos de la formación naranja.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que la declaración "grandilocuente" realizada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para anunciar la fecha de la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes es "mucho ruido y pocas nueces", según informa Europa Press.

Para Casado, el jefe del Ejecutivo central "no ha dicho nada" y, además, "se vuelve a parapetar en las comunidades para no asumir su responsabilidad" en la lucha contra el covid-19, tras lo que ha recalcado que, en el ámbito internacional, son los Estados los que tienen la competencia en materia de pandemias: "Lo dice la OMS y las leyes españolas".

Por otro lado, el presidente de la Xunta, el conservador Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que la Conferencia de Presidentes convocada por Sánchez para el próximo miércoles tenga un contenido "serio y sólido". "De momento no lo tiene", ha avisado. Ha incidido en que "reunir por reunirse está bien desde el punto de vista institucional" pero "es estéril" desde el punto de vista de los ciudadanos. Así, ha dicho que estos asuntos deben de ser analizados por expertos.

En esta misma línea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha preguntado este domingo si Sánchez "va a proponer algo" en la próxima Conferencia de Presidentes. En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno de este domingo, ha dicho que esperaba que fuera en la línea de los grandes líderes europeos, "que liderase la situación actual, que asumiese su responsabilidad y ejerciese ese compromiso para liderar un país en un momento complicado porque estamos en riesgo extremo", pero "lamentablemente no ha sido así y hemos podido asistir, sorprendidos, a una intervención con palabras huecas, vacías".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, participará en la conferencia de este miércoles después de ausentarse de la última celebrada en el mes de julio en Salamanca. El líder catalán prevé trasladar a Sánchez el posicionamiento del Govern para abordar la situación de pandemia, además de su gestión hasta la fecha. Además, pedirá “mayor claridad" hacia la ciudadanía en cuanto a la pandemia, e insistirá en mantener los fondos covid-19 en 2022.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que cree que "hacía mucha falta" esta Conferencia de Presidentes para hacer frente al virus "con medidas compartidas", y espera que las medidas que se tomen sean comunes para todo el territorio, "que no haya ninguna autonomía que se las salte”. Así, ha abogado porque "democráticamente se acepte la voluntad mayoritaria de los que vamos a personarnos en esa línea el miércoles", entre los que se encuentran él mismo y el lehendakari, Íñigo Urkullu, quienes lo han venido diciendo "desde el principio de la pandemia".

Por otro lado, el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, espera que haya unidad de acción entre las comunidades autónomas y salgan resultados. Torres ha recordado que ya hay una comisión interterritorial en la que se toman decisiones y que ha permitido que España esté entre los mejores países en datos de vacunación. "Y ahora tenemos un problema que hay que resolver, que es la variante Ómicrom, y espero que salgan resultados de esa reunión".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo a Sánchez de haber realizado la declaración institucional de esta mañana "solo para justificar que ha viajado en Falcón a un asunto de partido", en referencia a su asistencia al Congreso Extraordinario del PSC. También ha asegurado en una publicación de Twitter que el presidente “habla y habla” para “no decir nada”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al presidente del Gobierno "hacer algo más". "Desde hace semanas debería haber apostado por la prevención sin restricciones", le ha reprochado. En un tuit publicado este domingo, ha asegurado compartir con Sánchez "el mensaje de prudencia y tranquilidad" trasladado en su declaración institucional este domingo, pero le ha reclamado más prevención.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado en su cuenta de Twitter que la comparecencia que todo el mundo espera es aquella en la que Sánchez “aclare la estrategia y normas para Navidad”. "No acabo de entender qué ha aclarado esta comparecencia", ha afirmado.

No era sencillo, pero este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, consiguió elevar aún más su dureza verbal contra el presidente Pedro Sánchez en una sesión de control en la que se mostró convencido de que el jefe de Gobierno acabará en los tribunales “por ocultar una pandemia” pero en la que cargó especialmente las tintas a la hora de describir la situación del menor y la familia de Canet de Mar (Barcelona) amenazados por reclamar enseñanza en castellano.

Casado se desentendió de su pregunta —en ella pedía a Sánchez que convocase el debate sobre el estado de la nación, algo que el presidente ya ha anunciado que tendrá lugar el año que viene— para centrarse en el caso de Canet. El conflicto lingüístico en la escuela catalana se ha convertido en el eje de la política de oposición del PP desde hace varios días y estuvo presente en prácticamente todas las intervenciones de sus diputados en la sesión de control, hablasen de la pandemia o del precio de la luz.

“Usted es padre y yo también. No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle sólo porque sus padres hayan pedido que se cumplan sus derechos. ¿Por qué no obliga a la Generalitat ta cumplir las resoluciones judiciales”, le preguntó, o aplica el artículo 155 de la Constitución para intervenir la educación en Cataluña? “Si está haciendo la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito e prevaricación es usted”, acusó. 

En su primer intervención Sánchez se ciñó a la pregunta que Casado había presentado en el registro —sobre el debate de la nación— y eso irritó aún más al líder del PP. En sus contrarréplica le acusó de “insensibilidad” por no contestarle y mezcló el caso de Canet con la supuesta desatención del Gobierno a los menores en general. Para demostrarlo, citó la supuesta desatención de menores tuteladas en Baleares “que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo”, a “la menor abusada por el marido de Mónica Oltra” y a un niño “de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales”. “Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y de dibujos en euskera pero usted ha desprotegido a los menores y les quita hasta la educación y el futuro de las pensiones”. 

Y remató, desatando el entusiasmo de sus diputados como pocas veces en un una sesión de control: “Como diría usted: ‘¿Qué coño tiene que pasar en españa para que usted asuma alguna responsabilidad?”.

La satisfacción de la bancada conservadora con la versión más radical de su líder se hizo evidente. Fuente del PP consideraron su intervención un “brutal repaso” a Pedro Sánchez, “que no contesta a nada, que está cada vez más alejado de los problemas de los españoles” y que es “el presidente del Gobierno más mentiroso”. “Sánchez, tocado y hundido”, resumen en el PP.

“Acabamos de ver de nuevo un claro ejemplo de cuál es la oposición” y “la falta de respeto que [Pablo Casado] tiene a las Cortes Generales”, respondió Sánchez. “Es bueno para España recuperar la normalidad democrática” y por eso, explicó, el Gobierno está concentrado en la pandemia y la recuperación. Eso implica, añadió, estabilidad democrático, completar la legislatura y aprobar prespuestos, algo que no ocurría desde 2015. Pero también, recordó, “cumplir con las obligaciones constitucionales: le pido de forma respetuosa que cumpla con la Constitución y abandone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial”.

El presidente no se refirió al caso de Canet de Mar en su respuesta a Casado, pero sí lo hizo a continuación en su réplica a Inés Arrimadas (Ciudadanos), no sin antes quejarse ante la presidenta del Congreso de que la líder naranja también se hubiese desentendido del texto de su pregunta.

Sánchez manifestó en nombre del Gobierno su “solidaridad ocn el hijo y los padres” que reclaman enseñanza en castellano y han sufrido amenazas en los últimos días. Un Gobierno, subrayó, “compremetido con la legalidad democrática” que “va a exigir siempre que se cumplan las sentencias dn firme”. Y un Gobierno, remarcó, “que trabaja por la convivencia en las aulas: no vamos a politizar nunca ni la lengua ni la educación en ningún territorio”. Este es “un Gobierno que vive, siente e interpreta la diversidad territorial y las lenguas cooficiales y va garantizar siempre el derecho de los niños a ser educados y aprender sus lenguas constitucionales”.

Sánchez se mostró escandalizado por el tono de las declaraciones de la derecha en relación con lo que está pasando en Canet de Mar, especialmente con las de Pablo Casado. “Cada vez más catalanes lo que quieren es concordia, convivencia, superar precisamente el llamado procés. Nosotros no vamos a estar en esas declaraciones inflamatorias de ustedes, hablando de apartheid ingüístico”, remarcó. “¿Pero saben ustedes lo que ha significado el apartheid en Sudáfrica? ¿Cómo es posible que tengamos al líder de la oposición hablando de un problema como el del Misisipi de 1960 en Estados Unidos? Por favor: no politicen la lengua”, concluyó.

La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, y el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, han dejado este sábado abierta la posibilidad de que el partido naranja concurriera en listas conjuntas con el PP-A en las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de garantizar así que ambos pueden "reeditar el gobierno del cambio" que conforman en la comunidad desde los comicios de diciembre de 2018, y ante la "pinza anticambio" que creen que se está fraguando entre PSOE y Vox, informa Europa Press.

"Llegados a este punto, hay que valorar cualquier cosa para reeditar el gobierno respetando que (PP y Cs) somos dos partidos distintos", ha manifestado sobre la posibilidad de que populares y naranjas concurran juntos a las próximas elecciones andaluzas la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado este sábado en Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol, y que ha compartido con Juan Marín.

Arrimadas ha querido dejar claro que la opción de listas conjuntas en Andalucía "no lo hemos hablado" y "no es algo que haya estado ni está encima de la mesa", pero ha defendido que es esencial "reeditar el gobierno" que PP y Cs mantienen en Andalucía para evitar "una pinza anticambio por la izquierda y la derecha".

Después de que PSOE-A y Vox coincidieran en rechazar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 diseñado por el Gobierno de PP-A y Cs, Arrimadas ha argumentado que se ha producido un cambio de escenario en Andalucía, porque "antes sabíamos que el PSOE y Podemos querían atacar al Gobierno" de la Junta, pero "la novedad ahora es que no hay ningún andaluz que dude de que Vox está trabajando" también "para atacar" al Ejecutivo de PP y Cs.

En esa línea, y aunque a ella le "gustaría" que la "fórmula" para las próximas elecciones andaluzas fuera la de 2018, en la que cada partido concurriera "con su proyecto, su marca, su líder", "llegados a este punto hay que valorar cualquier cosa para reeditar el gobierno" de coalición con el PP-A, ha dicho Arrimadas, mientras que Marín ha compartido que la situación política en Andalucía "ha cambiado mucho" porque "Vox ha cambiado la posición", y "cualquier posibilidad habrá que analizarla".

La fuga de cargos de Ciudadanos se ha agravado esta semana con la crisis del partido naranja en Aragón tras la oleada de dimisiones en la provincia de Zaragoza y que se suma al goteo de bajas en otros territorios como Baleares. La formación que lidera Inés Arrimadas ha sufrido alrededor de 200 deserciones de cargos desde la fallida moción de censura en Murcia, según informa Europa Press.

Desde Ciudadanos han criticado duramente esta "OPA hostil" emprendida por Pablo Casado. Además, han señalado que, "pesar de todo" más del "95%" de los miembros de Ciudadanos permanecen en el partido aunque les hayan ofrecido "carguitos" para defender el "proyecto liberal", en palabras de su presidenta, Inés Arrimadas.

Sin embargo, en las filas de Génova sacan pecho de que esté siendo un éxito su "operación de ensanchamiento" para aglutinar a más votantes en las siglas del PP, ya que el objetivo debe ser desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, según han subrayado a Europa Press fuentes del partido.

El cruce de reproches ha crecido en los últimos días y lo han escenificado en redes sociales la portavoz de Economía de los "naranjas", María Muñoz, y el exsenador de Ciudadanos Fran Hervías, quién dejó su escaño y ahora trabaja en el equipo de Teodoro García Egea.

La diputada de Cs ha acusado a Hervías de querer "acabar" con su partido desde su nuevo puesto en Génova y le ha llegado a preguntar cómo se siente trabajando en un despacho "pagado con dinero negro", tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede con la caja b. El exnúmero tres de Cs ha replicado que este tipo de comentarios comienzan a "rozar lo obsesivo" y que Ciudadanos busca "un enemigo exterior para justificar sus errores y fracasos".

El PP contabiliza 2.000 nuevas afiliaciones procedentes de Cs

En Génova vieron como una "traición" la moción de censura promovida por Cs y PSOE en Murcia para desbancar el Gobierno de Fernando López Miras. El partido naranja dejó de ser un socio fiable y, desde ese momento, el PP pasó al ataque llamando a ingresar en sus filas a los cargos y votantes de Cs "defraudados" tras esa "operación clandestina", en palabras del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

En Génova sacan pecho de esta "operación de puertas abiertas" y dan por amortizado a Cs, que, según subrayan, podría quedarse sin representación en muchas plazas en futuras elecciones, como ya le ocurrió en la Asamblea de Madrid el pasado 4 de mayo. "Una gran mayoría de esos cargos se está ofreciendo para arrimar el hombro y hacer un frente común contra Sánchez y Podemos", han señalado fuentes 'populares'.

El PP prevé que las deserciones aumenten conforme se acerque la fecha de las elecciones y, por lo pronto, ya contabiliza unas 2.000 nuevas afiliaciones procedentes de afiliados de base en este último semestre, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. 

Desde Cs han criticado duramente esta "operación de OPA hostil" a su partido. "Parece que están perdiendo el norte, lo digo con gran tristeza", comentó recientemente el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, poco después de que el que fuera el líder de su partido en Euskadi Luis Gordillo fichara por el PP vasco de Carlos Iturgaiz. También Arrimadas ha cargado duramente contra los "tránsfugas" de Cs que "ahora son más peperos que la gaviota" después de haber dicho "barbaridades" del Partido Popular.

Algunos de los cargos que han abandonado Cs

El último incendio en Cs se ha producido en Aragón, con la dimisión del coordinador provincial en Zaragoza junto otra oleada de cargos en la provincia. Unos días antes se producía también el abandono de cargos orgánicos por la mayor parte de las juntas directivas de las tres agrupaciones de la ciudad de Zaragoza. A principios se semana se conocía también la marcha de concejales de Calvià, Llubí, Sineu, Llucmajor y otros municipios que han dejado la formación naranja ante "la deriva ideológica que ha tomado el partido".

Entre los cargos públicos que han abandonado Cs en estos meses figuran los diputados nacionales Marta Martín, Pablo Cambronero, Marcos de Quinto y Patricia Reyes; así como los senadores Fran Hervías, Emilio Argüeso y Ruth Goñi (estos dos últimos mantienen el acta).

En Murcia, epicentro de la moción de censura, se marcharon varios diputados autonómicos de Cs si bien mantienen su acta en la Asamblea autonómica: Isabel Franco (vicepresidenta actual), Valle Miguelez (consejera), Paco Álvarez (portavoz deñ grupo parlamentario) y Alberto Castillo (presidente de la Asamblea).

También han abandonado el partido diputados autonómicos en la Asamblea de Madrid como Sergio Brabezo, Marta Marbán, y Elena Álvarez Brasero (que se unieron a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo), Juan Rubio, Enrique Martínez Cantero, Ángel Garrido, Enrique Veloso y Luis Pacheco.

En la Comunidad Valenciana, la marcha más sonada fue la de Toni Cantó, ex portavoz Cs y ex diputado nacional por Valencia, que dejó el acta y ahora dirige la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. También dejaron Cs en esta región pero mantienen su escaño Juan Antonio Martínez, Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, Asunción Sánchez y Vicente Fernández.

En Cataluña la marcha de Lorena Roldán, portavoz nacional de Cs, se produjo en diciembre de 2020, antes de la crisis abierta con la moción de censura en Murcia. Poco después concurría en las elecciones de febrero como "número dos" del PP por Barcelona y recientemente anunció su afiliación al PP. En esta comunidad también han dejado el partido Jean Castel, Alfonso Sánchez, Maialen Fernández o Munia Fernández.

En Castilla La Mancha, dejaron la formación los entonces diputados Alejandro Ruiz y Úrsula López; y en Castilla y León hizo lo mismo María Montero, si bien mantiene su escaño. Desde Canarias se dio de baja en el partido naranja Vidina Espino, que mantiene el acta, mientras que en Baleares dejó la formación Maxo Benalal (Ibiza), aunque sigue con su escaño.

A este listado se suman más ex diputados y ex senadores nacionales que han dejado Cs tras Murcia, como Lourdes Guillen (Huesca); Marta Rivera (que fue consejera de Cs en Madrid y ahora lo es con Ayuso); María Luisa Alonso (La Rioja), Sergio del Campo (Tarragona); Sandra Julià (Castellón); Miguel Garaulet (Murcia); Carlos Hermoso (Huelva); Francisco Fernández Bravo (Ciudad Real); Manuel Hernández (Ávila) y Ana Velilla (Zaragoza). A estas fugas hay que añadir la marcha de más de una treintena de portavoces de grupos municipales y concejales de capitales de provincia que han dejado Cs por su apoyo al gobierno de PSOE y Podemos y las mociones de Murcia y Madrid.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha enviado este lunes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al líder nacional del PP, Pablo Casado en la que les urge a llegar a acuerdos sobre siete pactos de Estado, entre ellos una reforma del sistema educativo, de pensiones y del sistema eléctrico.

En una carta remitida a ambos líderes, Arrimadas les conmina a una serie de pactos de Estado, en los que incluye a Ciudadanos, sobre los siguientes asuntos: educación, empleo, ciencia e investigación, reforma del sistema eléctrico, natalidad y las pensiones de hoy y del futuro, refuerzo del orden constitucional y la regeneración democrática y por la reforma del sistema electoral, ha informado Europa Press. 

"Que liberales, socialdemócratas y conservadores impulsemos grandes pactos de Estado que son muy necesarios", ha pedido Arrimadas, ahora que se ha comprobado que son "perfectamente capaces" de alcanzar pactos "cuando les interesa", ha criticado.

Así, ha pedido a PP y PSOE que utilicen sus escaños para "lo realmente importante" y para hacer algo que beneficie a todos los españoles y no solo a "un puñado de amigos" y a sus "socios". La líder naranja, ha pedido que tomen nota de lo que hacen sus familias políticas en las instituciones europea y trasladen ese "modus operandi" a España.

Pide que no consumen el acuerdo sobre el TC

En esta misma carta, Arrimadas ha criticado las negociaciones y pactos entre ambos partidos para "repartirse puestos en las instituciones del Estado" con "toda opacidad" y "a espaldas del Parlamento" en los que , a su juicio, se ha priorizado el criterio de afinidad ideológica sobre el de mérito y capacidad.

Así, ha lamentado que se haya acordado el nombramiento de 20 personas "próximas a sus formaciones políticas" y a sus aliados para desempeñar funciones "de gran trascendencia" en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Arrimadas ha señalado que le encantaría que "rectificaran" y no acabaran consumándolo.

"Que no sea este reparto y el de RTVE lo único en lo que vayan a ponerse de acuerdo esta legislatura. Han sido incapaces de entenderse en nada en medio de la peor pandemia en un siglo. Sus partidos llevan décadas sin alcanzar pactos de Estado relevantes que serían muy beneficiosos para los españoles", ha añadido.

Ni cine, ni música ni literatura: en esta sección, en la que políticos, politólogos y periodistas dejan la actualidad a un lado para ofrecer algunas recomendaciones culturales, Inés Arrimadas sugiere un paseo al aire libre. No cualquiera: la presidenta de Ciudadanos propone una visita a Baelo Claudia, antigua ciudad romana y conjunto arqueológico de la actual Bolonia, en Cádiz, a unos 20 kilómetros de Tarifa. “Su estado de conservación es magnífico”, celebra Arrimadas, “pese a que tardó más de un milenio en ser redescubierta”. “Es un lugar maravilloso, una de las muchas joyas que tenemos en España. Yo he ido infinitas veces y animo a todos a conocerlo y disfrutarlo”, insiste la dirigente de Ciudadanos.

Baelo Claudia fue fundada en el siglo II a.C. como un enclave dedicado a la pesca, la salazón y el comercio. Su crecimiento, especialmente bajo los emperadores Augusto y Claudio (que dio nombre a la ciudad al convertirla en municipio), la dotó con edificios públicos nada desdeñables, como su teatro, la basílica o el templo de Isis. La ciudad continuó con su actividad comercial hasta el siglo IV, cuando comenzó a entrar en declive; el abandono definitivo del asentamiento puede datarse en torno al siglo VII. Y no sería hasta 1917 cuando el arqueólogo francés Pierre Paris inició las primeras excavaciones, un trabajo continuado por otros equipos durante todo el siglo XX, con avances significativos a partir de 1965.

La basílica de Baelo Claudia en Bolonia, Cádiz. / EP

Además de por su garum, un popular condimento romano elaborado a base de vísceras de pescado fermentadas, Baelo Claudia era conocida por la pesca del atún, utilizando ya la técnica de la almadraba, una tradición que se mantiene en la zona hasta hoy. Por su localización, el municipio era también la vía de entrada a África desde el Estrecho, y por lo tanto un punto relevante en el comercio del sur de la Península. Entre las construcciones más destacadas del yacimiento están el teatro, construido en el siglo I con una fachada de 67 metros, y la basílica, quizá la mejor conservada de España. Tras las columnas, que soportaban su amplia estructura, se encontraba una estatua de tres metros del emperador Trajano —nacido en Itálica, actual Santiponce, en Sevilla—, cuyo original se conserva en el Museo de Cádiz.

La elección de la también portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados es inusual, pero encaja con su biografía. Arrimadas es gaditana, nacida y criada en Jerez de la Frontera, y desarrolló pronto un especial interés por la historia y la arqueología: “Soy arqueóloga frustrada”, aseguraba en una entrevista con ABC. Pero hay algo más: “Por si la combinación de playa de Cádiz y ruinas romanas no fuera suficiente, el espléndido estado de conservación —junto con las labores de restauración— del Teatro Romano de Baelo Claudia permite su uso como espacio escénico”, dice. Si la política señala esto quizás tenga que ver con su afición infantil por el teatro, al que se acercó en el Colegio del Pilar, el centro religioso concertado donde estudió. El festival de artes escénicas Anfitrión se celebra en el conjunto arqueológico entre el 4 y el 28 de agosto.

Ciudadanos aprieta por enésima vez el botón de reset para redefinir su identidad. Lo hace ahogado por las encuestas que pronostican su práctica desaparición y por la fortaleza de PSOE, PP y Vox, que según los estudios demoscópicos se están llevando —en distinta proporción— los electores que antes eran de la formación naranja.

La sucesora de Albert Rivera, Inés Arrimadas, se resiste de momento a rendirse y desembarcar en un PP que hace meses puso en marcha una ofensiva de fichajes ofensivacuyo objetivo final es forzar la absorción de los naranjas o, si se siguen negando, su desaparición de las instituciones.

La apuesta de la presidenta por ensayar una vía intermedia que le permitiese reivindicar sus diez diputados en el Congreso llegando a acuerdos con el PSOE no acabó bien. La presión interna de los sectores más afines a Rivera —que fue quien definió en 2019 el cordón sanitario contra Pedro Sánchez que acabó hundiendo a Cs en las últimas generales— y la voluntad del Gobierno de no cegar la vía de la negociación con Esquerra Republicana obligó a Arrimadas a poner fin a aquel intento en plena negociación de los presupuestos y devolvió Ciudadanos al redil de las tres derechas al que llegó cuando Albert Rivera se hizo la foto de Colón.

Cs navega desde entonces a la deriva sin encontrar su sitio. Las elecciones catalanas dieron fe de la huida masiva de electores allí donde hace tres años había alcanzado su mayor éxito. Y la fallida moción de censura de Murcia —que el PP desactivó rápidamente comprando a varios diputados naranjas— acabó de la peor manera para Arrimadas: fuera del gobierno de la Región y fuera también del ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Hace apenas unos días el pulso planteado por el PP en Granada terminó con la pérdida de su principal Alcaldía, que ahora está en manos del PSOE.

A pesar de ello, Arrimadas sigue defendiendo que Cs tiene espacio para movilizar a un electorado propio distinto del PP y que ambas organizaciones deben colaborar para formar “una alternativa” que permita derrotar al PSOE en las próximas elecciones generales. El mismo argumento, por cierto, de Santiago Abascal, el líder de Vox. Con la diferencia de que a los ultras las encuestas les siguen otorgando el papel de tercera fuerza política española y a Ciudadanos le están enseñando la puerta de salida del Congreso.

Para apuntalar ese espacio que Cs dice tener, Arrimadas organizó el pasado fin de semana una convención en la que además de reafirmar la bandera del liberalismo —que también le disputa un PP que quiere volver a ser el de Aznar, en el que cabe todo a la derecha del PSOE— izó nuevas banderas. En primer lugar, el ecologismo. En segundo lugar, el feminismo y la igualdad. A partir de ahora ya no serán dos políticas más de Ciudadanos y pasarán a formar parte del corpus ideológico en que se quieren definir con el objetivo de marcar diferencias con un PP que Arrimadas tacha de conservador y del que ya le separan asuntos como la Ley de Eutanasia. Cs, proclamó Arrimadas este fin de semana tratando de contraponer estas ideas al PP, es un partido “liberal, de centro, de progreso, reformista y limpio”.

La presidenta naranja cree que aún hay tiempo para relanzar su partido. Faltan dos años para las elecciones y la política española ha dado sobrados ejemplos de giros imprevistos de guion. En política las cosas pueden cambiar mucho en poco tiempo, aseguró en la convención del partido de este fin de semana.

En este nuevo intento de reubicarse en el centro, a medio camino del PSOE y PP, lo que no ha hecho Arrimadas es despejar qué piensa hacer si para acabar con Sánchez, como pretende, hace falta la contribución de Vox. Es decir: cómo encaja en el liberalismo progresista que los naranjas acaban de redescubrir la posibilidad de tener que llegar a acuerdos con un partido de derecha extrema como Vox, aliado del homófobo húngaro Viktor Orbán.

“Esto no va de izquierdas y de derechas”, declaró este lunes en una entrevista. Eso es, según Arrimadas, “lo que Sánchez quiere y lo que creo que el PP quiere o está cayendo en la trampa de Sánchez”.

Progresismo, ecologismo y feminismo son, en realidad, las novedades que Arrimadas ha introducido en el discurso con el que quiere reconstruir las opciones de Cs y evitar su cantada desaparición.

No por casualidad Arrimadas se quiere mirar en el ejemplo del histórico FDP alemán. Los liberales germanos, que desaparecieron en 2013 del Bundestag al no conseguir ni el 5% de los votos, regresaron en las elecciones de 2017 con un 10% de la tarta electoral, un porcentaje mucho más en línea con su peso parlamentario desde la Segunda Guerra Mundial.

El ejemplo alemán

El eurodiputado liberal alemán Alexander Lambsdorff le explicó este fin de semana que, tras su debacle electoral, la gente pensó que estaban acabados, pero que ellos siguieron trabajando en el ámbito local reconstruyendo el partido para ser “más fuertes”. “La gente pensó que estábamos muertos, pero estaban equivocados. Seguimos trabajando a nivel regional y nuestros militantes se mantuvieron fieles sin cobrar por su trabajo. Cuatro años después volvimos mucho más fuertes y en las encuestas estamos mejor que cuando empezamos”, se felicitó Lambsdorff.

Lo cierto es que, más allá de la larga historia de siete décadas del FDP alemán, la de Ciudadanos es una sucesión de contradicciones consecuencia de su deseo de definir la oferta política más rentable para hacerse hueco en las preferencias de los electores. Una historia que ahora, con el apellido “progresista”, parece mirar a los orígenes de la formación, en el verano de 2005, cuando los naranjas se autodefinían como “socialdemócratas”. Y que parece corregir el rumbo fijado hace dos años por Rivera, en mayo de 2019, que promovía lo que algunos analistas llamaban el primer partido nacionalista español desde la aprobación de la Constitución —si no el primero, sí el que por primera vez tiene opciones de alcanzar el Gobierno—. Era, en palabras de sus promotores, “una plataforma de la sociedad civil” para conformar un proyecto de país que traspasase “el ámbito de los partidos políticos” y fomentase “la unidad de la sociedad en torno a los valores constitucionales”.

Entonces, según todas las encuestas, Cs no paraba de crecer a costa del PP —y de otros partidos— y estaba a las puertas de convertirse en la primera fuerza política española en intención de voto. Ahora, no consigue detener la tendencia a la baja.

La apuesta de Cs por el nacionalismo español ya le había dado buenos réditos en las elecciones que siguieron al 1 de octubre, en las que Cs se convirtió en primera fuerza en Cataluña. Entonces Vox ni siquiera asomaba en los sondeos. Así que la formación naranja, con Mariano Rajoy en la Moncloa, optó por marcar perfil propio contra el independentismo con el objetivo de mostrar una imagen de mayor dureza que el PP. Reclamó una aplicación estricta del artículo 155 de la Constitución, criticó que el Gobierno y el PSOE renunciasen a intervenir también la radio y la televisión públicas catalanas, planteó una ofensiva sin contemplaciones contra el cupo vasco —piedra angular del autogobierno en Euskadi—, denunció en absoluta soledad el adoctrinamiento al que supuestamente somete la escuela a los niños catalanes y se puso a la cabeza de la manifestación —literalmente— para reclamar la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra.

Entonces Rivera trataba de hacer ver que el PP estaba sometido a la voluntad del PNV e incluso del independentismo catalán al tiempo que reivindicaba como propia la herencia de Adolfo Suárez. Esa doble identidad —el cultivo de una imagen centrista y moderada y el abrazo a algunos de los mensajes más a la derecha del espectro político— no es la única contradicción en la que incurre o ha incurrido Ciudadanos en los últimos años.

Los estatutos originales de Cs proclamaban su carácter socialdemócrata, pero la asamblea del partido decidió en febrero de 2017 reescribir su identidad y abrazar el liberalismo. Después de perder cientos de miles de votos en las elecciones generales de 2015 —en comparación con las europeas de 2014— y de retroceder en las de 2016, Rivera optó por cambiar la identidad del partido y definir a Ciudadanos como “un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista”.

En 2015, cuando Ciudadanos estaba en plena expansión territorial, defendía abiertamente acabar con las penas específicas por violencia machista porque, en opinión de Rivera y sus compañeros de viaje, discriminaban a los hombres por razón de sexo. Exactamente lo mismo que hoy defiende Vox. Las críticas que despertó este enfoque obligaron al partido naranja a abandonarlas en mayo de 2016.

Los titubeos de los naranjas se manifestaron también en relación con la prisión permanente revisable —la versión española de la cadena perpetua— impulsada por el PP como parte del pacto de Gobierno que ambas fuerzas políticas trataron de impulsar en 2016 y que Rivera se comprometió a derogar cuando intentó formar gobierno con el PSOE.

En estos momentos, en cambio, Cs no sólo quiere mantenerla sino que propone endurecer el Código Penal para hacer más difícil el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario —la salida de prisión bajo determinadas condiciones—. Rivera decidió subirse a la ola de alarma social causada por algunos crímenes especialmente graves y pasó a oponerse a la derogación. ¿Su argumento? Prefiere esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su adecuación al ordenamiento jurídico español, tal y como solicitó hace años el PSOE.

Un cambio que ha obligado a Cs a enterrar sus argumentos, como cuando sostenía que “la dureza de la medida no previene los delitos ni sirve para mejorar la seguridad ciudadana real y efectiva”.

Idas y venidas

Las idas y venidas de Cs se hicieron patentes en su corta historia en asuntos tales como el llamado impuesto al sol —en agosto de 2016 quería su derogación, pero en febrero de 2017, apenas siete meses después, apoyó su continuidad— o el modelo de primarias —Rivera apostó en numerosas ocasiones por los fichajes estrella y el modelo de elección quedó en entredicho después de que saliese a la luz un pucherazo en Castilla y León—.

También en la defensa del supuesto derecho a gobernar de la lista más votada, que saltó por aires en 2015 cuando Rivera intentó gobernar mediante un acuerdo con el PSOE. O, ya en 2018, cuando pactó con el PP hacerse con la Junta de Andalucía con ayuda de Vox.

Otro ejemplo revelador: antes de las elecciones de 2016, Rivera llegó a afirmar por activa y por pasiva que nunca facilitaría un Gobierno del PP. En un acto público, uno de los participantes le preguntó expresamente si descartaba abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir”. Rajoy, sin embargo, se convirtió en presidente del Gobierno gracias al apoyo parlamentario que le prestó Ciudadanos y la abstención del PSOE.

Los tres partidos de la oposición ya han reaccionado a los cambios anunciados este mismo sábado en el Ejecutivo de Sánchez. Los movimientos en las carteras ministeriales alcanzan a más del 40% de los ministros socialistas del Gobierno, ya que la cuota de Unidas Podemos se mantendrá como hasta ahora. Tanto Casado como Abascal y Arrimadas coinciden en que el problema principal del Gobierno no son sus ministros sino el propio presidente.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado al presidente del Gobierno. "El problema de España es Sánchez, el que se tiene que ir es él. Agota escudos humanos con 17 ministros purgados en dos años y cinco crisis de Gobierno que dejan un Gobierno en crisis", ha señalado Casado y recoge Europa Press. "Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando", ha sentenciado el presidente del PP.

También el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado a lo sudecido. Almeida ha afirmado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se ha hecho una "enmienda a la totalidad y una moción de censura a sí mismo" con los cambios que ha introducido en su Gobierno y ha indicado que es él quien no funciona como presidente del Gobierno. Por ello, ha asegurado que, si tiene un "rasgo de decencia", debe convocar inmediatamente elecciones.

Martínez-Almeida ha realizado estas manifestaciones tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado una profunda remodelación del Ejecutivo. El también alcalde de Madrid, que se encuentra en San Sebastián para participar en la Escuela de Miguel Ángel Blanco, ha manifestado que Pedro Sánchez se ha hecho una "moción de censura a sí mismo" porque ha sacado del Gobierno a todos aquellos ministros "más relevantes y cercanos a él" y "ningún español entiende que no convoque elecciones inmediatamente".

A su juicio, cuando "uno fulmina a su equipo más cercano", quien "falla" no son los ministros relevados, sino el propio Sánchez como presidente del Gobierno. Tras subrayar que a sus socios de Gobierno "no les ha tocado", ha señalado que, si tiene un "rasgo de decencia" debería convocar elecciones y dejar "los fuegos artificiales y las cortinas de humo". Asimismo, Martínez-Almeida, que ha criticado que no haya reducido el coste del Ejecutivo que es "el más caro", ha añadido que quien ha reconocido que su Gobierno fue un fracaso "no puede permanecer impune".

"Mantiene los mismos cómplices", según Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado Sánchez desde su cuenta de Twitter. "No importa el relevo de sus secuaces. Mantiene los mismos cómplices", ha señalado este sábado el líder de Vox. Para el presidente de Vox, el presidente del Gobierno "es un trilero". "Sánchez es un trilero, permanentemente tratando de distraernos de la realidad: Preside el Gobierno de la mentira, la ruina, la muerte, y la división de España", ha tuiteado.

Arrimadas no descartaría apoyar una moción de censura contra el Gobiern

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado que la remodelación del Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez es sólo "un cambio de caras" y dice que el problema es que el Ejecutivo siga liderado por Sánchez.  "Aunque haya un cambio de caras, el problema es que él marca el rumbo del Gobierno con acciones dañinas para España", ha asegurado Arrimadas durante su intervención en la escuela de verano de Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona.

Preguntada por si apoyaría una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez presentada por Vox, no ha descartado la opción y ha abogado por "pensar en qué es lo mejor para España, que es pensar en lo qué más puede debilitar al Gobierno de Sánchez".

Decenas de miles de personas secundaron este domingo en Madrid una protesta contra los indultos apoyada por toda la derecha política y mediática. Según la Delegación del Gobienro, fueron 25.000 personas, una cifra elevada pero sensiblemente inferior a los 45.000 que, según la misma fuente, acudieron en 2019 al escenario de la plaza de Colón para pedir también la dimisión del Gobierno y denunciar sus supuestos pactos con los independentistas para romper España. Aunque la policía municipal eleva esa cifra a 126.000 personas. Fuentes de la organización reconocieron que aunque la asistencia fue considerable, se quedó por debajo de las expectativas de los promotores.

La concentración había sido convocada con la declarada intención de "dejar todo el protagonismo político a la sociedad civil", pero al final acabaron brillando los dos políticos favoritos de la derecha extrema: el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El primero, arropado por los principales dirigentes de Vox y por miles de seguidores, concentrados en los lugares más cercanos al escenario, dejó clara su comunión con la protesta situándose en un lugar de privilegio entre gritos de “¡Presidente! ¡Presidente!” y consignas contra Sánchez. La segunda eclipsó al presidente del PP, Pablo Casado, con unas declaraciones en las que emplazó al rey a incumplir la Constitución y no firmar los indultos cuando los apruebe el Gobierno. “¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó Ayuso.

Casado, eclipsado por las declaraciones de Ayuso, tuvo que oír gritos de seguidores de Vox que le reprocharon su negativa a apoyar la moción de Vox contra Sánchez. Se acercó a la plaza escoltado por dirigentes y partidarios del PP pero no llegó a acercarse siguiera a los concentrados más próximos al escenario, la zona dominada por los manifestantes más próximos a la derecha extrema. Y se marchó rápidamente nada más terminar el acto, sin esperar a saludar a los concentrados.

Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, también optó por atender a la prensa, igual que Casado, fuera de la plaza. E igual que él acabó escuchando gritos en su contra por parte de concentrados que le reprocharon su mano tendida al Gobierno durante la pandemia. “Traidora”, “fuera” y “te quedan dos telediarios”. Tanto Arrimadas como sus acompañantes, la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo; los vicesecretarios generales, Edmundo Bal y Daniel Pérez; el líder de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, acabaron presenciando la concentración desde fuera de la plaza.

La prevención de Casado y Arrimadas hizo imposible una nueva foto de Colón como la tomada en 2019 a Casado, Abascal y Albert Rivera, el entonces presidente de Ciudadanos. Pese a la coincidencia de criterio de los tres partidos contra los indultos.

Algo que fue aprovechado por Abascal para subrayar las reticencias de Casado y Arrimadas y pedir unidad “por encima de siglas políticas”. “Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto”, proclamó a los pies de la estatua de Blas de Lezo.

La foto de la vergüenza, subrayó reprochando a los líderes de PP y Cs sus reticencias a aparecer en la misma imagen con él, “es la del Gobierno sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España y de las libertades”. “El comunismo, el separatismo golpista y los terroristas, esa es la foto que más pronto que tarde expulsará al presidente del Gobierno del poder”.

Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz parlamentaria del PP, sí acudió a la cabecera de la protesta, muy lejos de Casado y muy cerca de Vox. Allí se dejó querer y se fotografió con todos los que se lo pidieron.

“Megapinchazo”

Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre consideraron el resultado de la protesta un “megapinchazo” en comparación con la de 2019 y concluyeron que sólo “han ganado Ayuso y Vox”, porque Casado y Arrimadas han recibido “abucheos”.

En el PSOE se aferran a la misma idea. Un alto cargo del partido, a preguntas de este diario, calificó de “vergonzante” la participación del presidente del PP, algo que atribuye al temor no sólo a la foto con Abascal sino al miedo a las “reacciones críticas de los ultras”. Y destacó la “apelación irresponsable de Ayuso al rey” como un síntoma de que todo en la derecha española “sigue igual”. "Tenían miedo [los convocantes y participantes] de que les saliera mal, y no les ha salido bien", resumía otro miembro de la dirección socialista.

En nombre del Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va seguir “intentando la armonía entre los españoles” frente a una protesta que, en su opinión, evidencia la “impotencia de la derecha” para resolver los problemas del país.

La protesta en sí transcurrió por lo demás como estaba previsto, más allá de sufrir un retraso considerable como consecuencia de un fallo en el sistema eléctrico que debía alimentar los altavoces y que prolongó la exposición de los concentrados a un sol implacable. Sin otros incidentes que los abucheos, insultos y provocaciones que ya se han vuelto habituales contra los periodistas y técnicos de los medios de comunicación que cubren este tipo de convocatorias. En este caso, los más exaltados se cebaron contra los profesionales TVE, La Sexta y el grupo AtresMedia.

Desde la tribuna tomaron la palabra sólo representantes de la sociedad civil elegidos por la plataforma organizadora, Unión 78. El escritor Andrés Trapiello, Yeray Mellado, presidente de S’Hacabat!, y la ex presidenta de UPyD Rosa Díez, la más aplaudida de los tres. Díez anunció que la de este domingo será la primera de otras protestas contra el Gobierno porque, según ella, los españoles “de bien” y “decentes” no pueden “consentir” que Pedro Sánchez pueda “dormir dos años más en La Moncloa”.

Trapiello se esforzó en subrayar que entre los concentrados había personas de “derecha” pero también de “centro y de izquierda” que están de acuerdo en “unas cuantas cosas", entre las cuales "la más importante” es la defensa del orden constitucional.

Tras asegurar que han acudido a la plaza madrileña a decir 'basta ya' (comparando la protesta con la que surgió contra el terrorismo de ETA), ha recalcado que esta manifestación sí que es de "utilidad pública" y no "los indultos a los golpistas catalanes". "Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente del Gobierno hace unos meses", ha resaltado.

Una ofensiva del PP ha dejado en precario la mayor alcaldía de Cs en España, la de Granada (230.000 habitantes), en una crisis en la que el partido naranja ve reaparecer su mayor pesadilla, las fugas de cargos públicos.

Dos de los cuatro ediles de Cs en la ciudad de la Alhambra, siguiendo los pasos de los seis del PP, salieron este martes del Gobierno de Luis Salvador, que queda en una situación insólita, con el apoyo de un solo edil y obligado a gobernar mediante decretos de alcaldía. Es como suena: en una corporación de 27 concejales, el Gobierno de Salvador se limita a él mismo y a otro fiel. La dirección mantiene el apoyo a Salvador y pide que rectifique al PP, que desató la crisis este martes con la salida de sus seis ediles del Gobierno granadino. Edmundo Bal instó al PP a no usar el voto de "tránsfugas", en referencia a los dos ediles de Cs, que pasan al grupo de no adscritos, según explica oficialmente el consistorio a infoLibre.

En plena crisis granadina, se produjo este martes una relectura del pacto antitransfuguismo firmado por PP y Cs en marzo. El ala del PP en el Gobierno andaluz señala que su compromiso de no fichar cargos de Cs admite "excepciones" a nivel local. Es una declaración que puede ser importante, dado que el ámbito local es el más propicio para los desmoronamientos en Cs, en declive desde la moción fallida en Murcia y la desaparición en Madrid.

La crisis de momento no se ha trasladado al Gobierno andaluz, donde todos hablan de "estabilidad" y de alargar la legislatura hasta diciembre de 2022. Pero la solidez de Cs, que Vox pone en duda para exigir elecciones adelantadas, vuelve al punto de mira.

"Excepciones" al pacto PP-Cs

La alusión a las "excepciones" la realizó el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP). El también portavoz del Ejecutivo afirmó este martes que el acuerdo entre su partido y Cs para evitar fichajes, firmado en marzo tras la moción de censura fallida en la Región de Murcia y el fichaje por el PP de Fran Hervías, admite "excepciones" en el ámbito local. Dicho acuerdo entre los partidos de Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) recoge lo siguiente: "Respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno andaluz, con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase [...]". En plena crisis en Granada, Bendodo fue preguntado sobre la aplicación o no de este artículo a nivel local. Respondió: "Salvo excepciones, se debería reproducir". No hubo más detalles.

El acuerdo no especifica si está ceñido al ámbito autonómico, donde PP (26 diputados) y Cs (21) gobiernan juntos gracias al apoyo de Vox (11), o se extiende a lo local. Juan Marín (Cs) siempre ha dejado claro que sí, sin que el PP lo haya desmentido. "Se entiende que las direcciones locales tienen que respetarlo también", es la versión oficial del ala del PP en el Gobierno. Es importante que la cuestión quede clara, dado Cs está en un proceso de descomposición que donde más riesgo presenta es en los ayuntamientos.

Descomposición

Esa descomposición se ve ya en Granada, donde Cs tenía 4 concejales. Dos de ellos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, han dimitido este martes del Gobierno local que lidera un alcalde de su propio partido, Luis Salvador, pero mantienen sus actas y pasarán a ser ediles no adscritos. 

El PP, que precipitó el movimiento de los dos ediles al sacar a sus seis concejales del Gobierno local, trata ahora de arrebatar la alcaldía a Salvador, al que le queda un solo edil fiel. Para ese asalto al poder en Granada, la mayor alcaldía de Cs en España, el PP necesitaría, a priori, a esos dos ediles naranjas.

Bendodo, mano derecha de Juan Manuel Moreno en el Gobierno andaluz, evitó este martes todo lo que pudo responder a las preguntas sobre Granada formuladas en el Palacio de San Telmo tras la reunión del Consejo de Gobierno, invitando a realizarlas en la sede del partido, a apenas un paseo de cinco minutos, en la calle San Fernando. El también portavoz del Gobierno andaluz reiteró, en un mensaje secundado por Génova, que el pacto de PP y Cs en Andalucía "goza de muy buena salud". Sobre el acuerdo para evitar fichajes, presentado en marzo como la garantía de continuidad de la legislatura hasta diciembre de 2022, afirmó que se refiere a que no se van a "producir trasvases" de cargos públicos, algo que "no tiene nada que ver con la ruptura de un acuerdo puntual en un municipio", en este caso Granada. Y añadió que si las direcciones regionales pactaron ese acuerdo, "salvo excepciones, se debería reproducir" en el ámbito municipal. Desde Cs no hubo comentarios a ese "salvo excepciones".

El laberinto granadino

Está por ver si Granada acaba siendo una de las "excepciones". Allí el PP, a pesar del intento de Inés Arrimadas de parar el asalto, sigue presionando para forzar la dimisión del alcalde, Luis Salvador (Cs). De momento, Salvador se queda. Una de las hipótesis para dar salida a esta situación "surrealista" –en palabras del líder socialista en Granada, Francisco Cuenca– , es que Salvador acabase encajando en un cargo autonómico como recompensa por su salida. Bendodo, preguntado al respecto, afirmó que no le constaba algo así.

El sudoku granadino no se resolvería, en cualquier caso, sólo con un fichaje del PP a los dos concejales de Cs separados del alcalde. Si Salvador decide seguir, y de momento insiste en quedarse, no hay posibilidad de una mayoría del bloque PP-Cs-Vox. La otra alternativa sería una moción de censura que tendría que incluir al PSOE, Adelante Granada y un concejal tránsfuga del PP, el expresidente provincial Sebastián Pérez, que se fue del PP en mayo al considerar que le tocaba ser alcalde en virtud de un acuerdo que Luis Salvador no reconoce. "Ahora mismo", señalan desde el PSOE, la hipótesis de la moción de censura con Pérez no se contempla. A esta hora, Salvador sigue en la alcaldía en clarísima minoría, y con todos los demás absolutamente en contra. ¿Cómo gobernar así?

Matemáticamente hay más opciones, pero implicarían acuerdos entre bloques. Desde el PP deslizan la idea de que Salvador, que fue militante del PSOE, busca ahora apoyarse en el PSOE para continuar, algo que niegan los socialistas, que no quieren saber nada del regidor. La situación es kafkiana. Salvador sólo tiene un concejal en su gobierno, su teniente de alcalde José Antonio Huertas. "Granada funcionará con normalidad" gracias a "los funcionarios", insistía este martes el alcalde, Luis Salvador, que lanzó una carga de profundidad contra el PP al atribuir a uno de los concejales de Cs que lo han abandonado, Manuel Olivares, proximidad con Fran Hervías, el exsecretario de Organización de Cs fichado por Teodoro García Egea. Desde el entorno del alcalde insisten en que las competencias de los concejales son delegadas, y que el ayuntamiento puede seguir funcionando con un regidor y los funcionarios, a la espera de que el PP rectifique. Nada indica que tal cosa vaya a ocurrir.