La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de declarar nulo el auto por el que el juez de Púnica, Manuel García Castellón, archivó en abril la imputación que pesaba sobre el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia no solo da así la razón a la Fiscalía y las acusaciones populares sino que coloca al magistrado en una posición complicada. García Castellón, que "de manera incomprensible" –dice el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra Pedro Antonio Sánchez sin explicar su cambio de criterio, deberá dictar una nueva resolución donde aporte razones "claras y precisas" si sigue entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, trabajos para lavar en internet su imagen con dinero público en la campaña electoral de 2015.

Dos autos sucesivos –uno sobre el recurso planteado por Anticorrupción y fechado el día 11 y el segundo datado este martes sobre el elevado por la asociación Adade y el PSOE– son los que ahora devuelven a Sánchez al terreno de Púnica. El expresidente murciano vio cómo García Castellón lo exculpaba el 8 de abril de 2019 con un auto basado en la decisión del Tribunal Supremo de exonerar a la exalcadesa de Cartagena, la senadora Pilar Barreiro, y donde sostenía que "el supuesto fraude no pasa de la mera sospecha". Pero, como subrayaron en su recurso las acusaciones populares, la resolución por la que el alto tribunal libró a Barreiro se refiere en exclusiva a ella. Y, "en contra de lo que hace el instructor", no entra "a valorar la participación de otros actores".

El segundo de los dos autos dictados por la Sección Cuarta, que ha tenido como ponente al magistro Fermín Javier Echarri, se remite al dictado hace cinco días. Y lo hace en términos demoledores:  "En Rollo de Apelación 522/2019, ha recaído auto nº 546/2019 de fecha 11 de octubre, en virtud del cual la Sala acordaba la nulidad del auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de fecha 8 de abril de 2019 que deberá ser sustituido por otro nuevo de acomodación de las diligencias previas a las normas del procedimiento abreviado, en la que se establezcan con claridad y precisión los hechos objeto de imputación y las personas que, indiciariamente, han participado; así como en su caso, las razones claras y precisas por las que considere que no hay datos de incriminación suficientes para continuar las actuaciones con respecto a alguno de ellos".

El cambio de criterio del juez

Pero hay más. La Sala de lo Penal subraya lo siguiente sobre el auto que exculpa al expresidente murciano: "El auto de 8 de abril de 2019, objeto de la presente resolución, de manera incomprensible, omite toda mención a los hechos evidenciados en la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena ya recogidos en la anterior resolución de 12 de septiembre de 2018, sin que en el periodo temporal que va desde aquella fecha al 8 de abril de 2019, el Magistrado Instructor haya practicado otras diligencias de prueba que los hayan desvirtuado". Es decir, según la Audiencia el magistrado cambió de criterio sin que nuevas "diligencias de prueba" hubieran hecho que las anteriores perdieran validez. 

La Fiscalía había pedido no ya la revocación sino la nulidad plena del auto de García Castellón "por su inconsistencia y contradicción, al no contener un relato completo de los hechos pues elimina los relativos a la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena, pero mantiene las imputaciones por esos hechos" contra varios investigados. Entre ellos, Alejandro de Pedro, el experto en reputación online investigado también por la financiación del PP madrileño, y su socio José Antonio Conesa.

Al conocerse aquel auto por el que García Castellón exoneraba al expresidente murciano, el número dos del PP, Teodoro García Egea, reaccionó de inmediato:  "Espero que los socialistas tengan la vergüenza de pedirle perdón a Pedro Antonio Sánchez", dijo el mismo 8 de abril.

La senadora Pilar Barreiro forma ya parte de nuevo del Grupo Popular en el Senado después de haber pertenecido durante siete meses al Mixto por exigencia de Ciudadanos, que pidió su dimisión como condición para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, informa Europa Press.

El Grupo Popular ha registrado este miércoles el escrito de solicitud de reincorporación de Barreiro a sus filas firmado por su portavoz, Ignacio Cosidó, y por la propia senadora. Tras este trámite, al que ha tenido acceso Europa Press, su vuelta a la bancada 'popular' es automática.

Barreiro volverá a ocupar escaño junto a los senadores del PP en el próximo Pleno de la Cámara Alta, el del 6 de noviembre, una vez que el Tribunal Supremo ha archivado su causa sobre el caso Púnica.

Antes, el grupo parlamentario celebrará su habitual reunión con todos sus senadores, una cita a la que podrá acudir de nuevo Barreiro y en la que recibirá la bienvenida de sus compañeros de filas, apuntan fuentes 'populares'.

La parlamentaria abandonó el Grupo el pasado mes de marzo para facilitar el acuerdo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que había puesto como condición para apoyar las cuentas que el PP la apartara de sus filas. La propia Barreiro explicó que lo hizo para evitar "que unos indeseables" utilizaran su nombre contra la gestión del Ejecutivo de Rajoy.

"Siempre he confiado en la Justicia y en la verdad, y me siento muy feliz, no sólo porque con esta ya son doce las veces que han intentado destrozarme la vida con mentiras y no lo han conseguido, sino porque gracias a esta decisión del Tribunal Supremo también se restablece el honor de nuestro partido", añadió la senadora una vez conocido el archivo de la causa.

"Que Rivera pida disculpas"

Tras la decisión judicial, numerosos dirigentes del PP aprovecharon para exigir disculpas al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Pilar Barreiro sufrió el daño personal y profesional de los frívolos que buscaban la foto de su dimisión. Los que la condenaron siendo inocente deben pedir disculpas", sentenció en red social Twitter la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.

En otro mensaje recogido por Europa Press, la vicesecretaria de Comunicación, Marta González Vázquez, exigió también "al menos una disculpa pública de Albert Rivera, que forzó injustamente la salida del Grupo Popular de Pilar Barreiro para aprobar las cuentas de 2018". "Un ejemplo más de la ridícula desfachatez del dentífrico de la política", apostilló.

La senadora Pilar Barreiro volverá a las filas del Grupo Popular una vez que el Tribunal Supremo ha archivado su causa por el caso Púnica y dejará así de pertenecer al Grupo Mixto, al que ella misma se fue en marzo para facilitar el acuerdo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que había puesto como condición para apoyar las cuentas que el PP la apartara de sus filas.

Fuentes conservadoras han explicado a Europa Press que el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, ha charlado con la senadora tras conocerse el auto del Supremo y que ambos han compartido su satisfacción. Pilar Barreiro tendrá que solicitar ahora su vuelta al Grupo Popular, en un escrito que lleve el visto bueno y la firma de Cosidó, y su incorporación será inmediata. El PP pasará a tener así 148 senadores y el Grupo Mixto, 12.

La ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) anunció el 23 de marzo que abandonaba el Grupo Popular en plena negociación presupuestaria. Ciudadanos mantenía la presión para que dejara el PP y la resolución del asunto en el Supremo previsiblemente se iba a prolongar, al haberse personado en el caso la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Para no "perjudicar" al PP, dijo la propia Barreiro en un comunicado, decidió pasarse al Grupo Mixto, lo que fue celebrado por el presidente de Cs, Albert Rivera. "Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles", señalo la senadora entonces.

"No hay sospechas de corrupción contra la investigada", afirma la magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo, Ana Ferrer, que se ha encargado de la instrucción contra la senadora. En el auto señala que existe una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejerías murcianas para abonar los servicios de reputación onlineconcertados con el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.

La Fiscalía ya solicitó el archivo de las actuaciones contra la exalcaldesa, pero antes de tomar tal decisión, la juez acordó practicar una serie de diligencias.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal Supremo archiva la presunta implicación de la senadora en una causa de corrupción, pues ya en diciembre de 2016, la Sala de lo Penal confirmó su sobreseimiento en el caso Novo Carthago, por la presunta recalificación de unos terrenos próximos al Mar Menor en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.

Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez que se encuentran ya camino del banquillo por los contratos a Gürtel acaban de pedir a la Audiencia Nacional que les aplique el mismo criterio por el que el Tribunal Supremo exoneró a quien era alcaldesa cuando el grupo de Francisco Correa recibió aquellas adjudicaciones: la exsenadora y hoy diputada al Congreso María José García Pelayo, del PP.

Los recursos de súplica de estos cinco inculpados constituyen el último eslabón en una cadena de temblores de carácter procesaltemblores. Y el epicentro se sitúa en las dependencias de la Sala Penal del alto tribunal y en las de los fiscales que intervienen en esa instancia respecto de causas que afectan a aforados.

El cerrojazo al caso máster tras el rechazo del Supremo a investigar a Pablo Casado llegó después de un primer episodio todavía pendiente de resolución: la negativa férrea de la Fiscalía del alto tribunal a que se mantenga la imputación que pesa sobre la senadora Pilar Barreiro en la Operación Púnica mientras Anticorrupción mantiene intactas sus acusaciones contra no aforados y las sostiene exactamente por los mismos indicios de criminalidad. Son esos picos en el sismógrafo judicial los que trazan una línea de puntos con un denominador común: la repercusión que la doctrina aplicada a los cargos políticos con escaño comienza a tener sobre investigaciones simétricas en cuanto a los hechos y delitos examinados pero divergentes en tanto que los imputados en esas piezas carecen de blindaje judicial.

El Supremo exculpó a García Pelayo el 28 de abril de 2016 con dos argumentos esenciales: que, a tenor de los indicios, la exalcaldesa de Jerez ignoraba las irregularidades de las adjudicaciones efectuadas en 2004 para el stand de la ciudad en Fitur; y que, en cualquier caso, los delitos habrían prescrito.

Firmado por el magistrado conservador Antonio del Moral, el auto que salvó a la entonces senadora y hoy diputada dice lo siguiente: "En su declaración la aforada sostuvo de forma creíble queignoraba todas esas irregularidades; y que cuando estampó su firma en los distintos acuerdos relacionados con ese asunto lo hizo como era habitual en su gestión en la confianza de su corrección, única forma razonable de operar a la vista del cúmulo de asuntos que tenía que despachar, fiada de los criterios de los técnicos".

Ahora, y en los recursos de súplica dirigidos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, sus antiguos subordinados alegan esto: que si el Supremo entendió que el delito estaría siempre prescrito porque las "resoluciones arbitrarias", incluso en el supuesto de que fueran atribuibles a la antigua regidora, se localizaban más de diez años atrás –en enero de 2004– también a ellos debe hacerse extensivo ese razonamiento. 

El Supremo sostuvo que la cuenta atrás hacia los 10 años de prescripción comenzó el 1 de octubre de 2004, que es cuando entró en vigor la reforma del Código Penal aprobada el año antes y que amplió el plazo de prescripción hasta los 15 años en caso de delito continuado. Pero, según el alto tribunal, nada después del 1 de octubre de 2004 permitía inferir que la alcaldesa hubiese podido cometer delito continuado. Porque, según el auto, resulta inocuo a efectos penales que la datación tanto de los pagos a las dos firmas de Correa contratadas –Special Events y Down Town Consulting– como de la decisión de no retenerles la fianza exigible fuera posterior a esa "fecha clave" del 1 de octubre.

Casado, el trato de favor y la prescripción

Hace menos de tres semanas, la jueza que en Madrid investigaba el llamado caso máster archivó el 1 de octubre las diligencias abiertas contra 19 personas por prevaricación y cohecho apenas 72 horas después de que el Supremo rechazara abrir causa contra Pablo Casado por esos mismos delitos. "No resulta posible –argumentó en su auto la magistrada Carmen Rodríguez-Medel– circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado". Contra el archivo ha recurrido la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero no el ministerio público.

Como ocurrió en la pieza de Jerez, la irrupción de Casado evidenció una brecha entre la posición que durante seis meses había manejado la Fiscalía madrileña y la que esgrimió la del Supremo. Desde la apertura de las diligencias, la Fiscalía madrileña había avalado las resoluciones de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla investigaba a los 19 imputados sin aforamiento.

El procedimiento se dirigía contra todos ellos por los mismos delitos que la juez incluyó en la exposición razonada donde solicitaba al Supremo la imputación del líder del PP: prevaricación y cohecho impropio, la modalidad más leve del soborno. La magistrada sostenía que todos ellos, profesores y estudiantes, habían participado en un "sistema de prebendas" urdido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en beneficio de lo que podría denominarse alumnos VIP.

Frente a esa tesis, y ya con María José Segarra en la cúpula del ministerio público, la Fiscalía del Supremo vino a aducir que ningún dato avalaba la existencia de un plan –o un concierto– en cuyo desarrollo hubiera participado Pablo Casado. Días después, el alto tribunal dictaba un auto que exoneraba a Casado pese a admitir los indicios de "trato de favor". La resolución presentaba al líder del PP como un sujeto pasivo sin intervención alguna en el regalo del máster, si este existió, y sin responsabilidad por tanto en un hipotético delito de prevaricación. Según el Supremo, ni siquiera cabía examinar si Casado cometió cohecho al aceptar supuestamente ese regalo dado que, en ausencia de prevaricación, ese delito estaría siempre prescrito.

Del caso máster solo queda viva una pieza: la que, por delitos distintos –presunta falsedad, la que habrían cometido quienes supuestamente falsificaron el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM)–, involucra a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Carmen Montón, efímera ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra en espera de que también la jueza Rodríguez-Medel decida si sigue adelante o archiva las actuaciones abiertas por prevaricación y cohecho tras una denuncia anónima. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, que había requerido documentación a la Universidad Rey Juan Carlos, ya la ha recibido. El viernes dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre qué hacer. Las fuentes conocedoras del caso auguran que, tras lo sucedido con Casado y los otros imputados, la exministra saldrá también ilesa.

La senadora Barreiro y la "mera suposición"

En un tercer procedimiento anterior en su origen al del caso máster, el de la pieza de la Operación Púnica relativa a los contratos que Alejandro de Pedro obtuvo en Murcia para mejorar reputaciones políticas en internet, acusaciones y defensas aguardan expectantes la decisión del Supremo sobre Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena.

En marzo, hace ya siete meses, el fiscal que tiene asignado el caso en el Supremo, Fernando Sequeros, pidió el sobreseimiento de su imputación y lo hizo con un informe que asestaba una auténtica bofetada  al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y se situaba en las antípodas de lo que había venido sosteniendo Anticorrupción. Según Sequeros, la exposición razonada con la que Velasco había pedido al Supremo la imputación de Barreiro alcanzaba conclusiones que "no parecen respetar el principio de intervención mínima".

Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Y los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena –añadía– no pasaban de ser una "mera suposición". Cuando el escrito vio la luz, fuentes conocedoras de la Operación Púnica reaccionaron con sorpresa y se formularon la siguiente pregunta: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó?" 

Contra Barreiro, la Fiscalía Anticorrupción esgrimió exactamente los mismos argumentos que amenazan con sentar en el banquillo al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que perdió su aforamiento –este, ante el Tribunal Superior de su comunidad– al dimitir. Pero, a diferencia del Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno murciano no llegó a firmar los contratos con De Pedro. El sucesor de Eloy Velasco en la instrucción del caso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, no ha dictado aún el auto de apertura de juicio.

De momento, ninguna de las defensas ha enarbolado ante García Castellón el escrito por el que el fiscal del Supremo Fernando Sequeros pide el archivo de las diligencias para Pilar Barreiro. "Lo lógico –opina un jurista vinculado al caso– es que todo el mundo espere a que el Supremo tome una decisión sobre la senadora, porque si finalmente decide seguir adelante con la causa pese a la oposición de la Fiscalía del Supremo y a instancias de las acusaciones privadas [el Ayuntamiento de Cartagena, la asociación de abogados Adade y el PSOE], el argumento se les volvería en contra y empeoraría el panorama de sus clientes". 

Pero lo cierto, conviene la misma fuente, es que la discrepancia flagrante entre la Fiscalía del Supremo y Anticorrupción supone una "amenaza" para la investigación del caso. "A estas alturas –resume de modo coloquial– más de uno estará pensando que quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija". El buen árbol –aclara la fuente– es aquí el aforado.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes en el Congreso un acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y ha garantizado el apoyo de los 32 diputados de la formación naranja para respaldar en el Parlamento el proyecto que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario de este martes.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, Rivera ha justificado este apoyo en la ya anunciada rebaja fiscal en el IRPF, la inclusión del complemento salarial para jóvenes con contrato de formación —contemplado en el acuerdo de investidura para 2017 pero hasta ahora no aprobado— y la exclusión del Grupo Popular en el Senado de Pilar Barreiro, investigada por el Tribunal Supremo en el caso Púnica.

"El Gobierno sabe perfectamente contar escaños y que, sin el apoyo de Ciudadanos, estos Presupuestos no pueden salir", ha aseverado Rivera en su comparecencia.

Sin embargo, la suma de los diputados de PP y Ciudadanos aún no es suficiente para sacar adelante el proyecto de Presupuestos, y todo queda expensas de la decisión del PNV, que ha recalcado en reiteradas ocasiones su negativa a negociar las cuentas si el artículo 155 de la Constitución sigue en vigor en Cataluña.

La senadora conservadora Pilar Barreiro anunció este viernes su voluntad a la Mesa del Senado de abandonar el Grupo Parlamentario Popular e incorporarse al Grupo Mixto, informa Europa Press.

Ciudadanos había puesto como condición para apoyar los Presupuestos Generales de 2018 que el PP apartara del escaño a Barreiro, que sigue investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama Púnicatrama Púnica, aunque la Fiscalía pidió el archivo provisional de la causa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".

En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente –sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el orden penal".

Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.

Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea, aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones que gobernaban.

Anticorrupción no observa "contradicción"

Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la investigación posterior al de la exposición razonada".

Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.

Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo, supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza. 

El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.

Tres diligencias desde octubre

Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba "ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y testigos relacionados con la trama murciana.

La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer, asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada. Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE, se personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del presidente local del PP .

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe en el que pide a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer que dicte auto de sobreseimiento provisional de la causa que se instruye contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella, informa Europa Press.

Barreiro declaró el pasado 15 de enero en el alto tribunal, donde negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP.

Ciudadanos trasladó en enero al Gobierno que si la senadora Pilar Barreiro no renunciaba a su acta por su implicación en la Púnica no daría su apoyo a las cuentas del Estado del año 2018.

Sin repercusión en otros investigados

El archivo se solicita con independencia de que la causa pueda reabrirse si se aportan nuevos indicios contra Barreiro y la Fiscalía concreta que su petición respecto a esta investigada, sin que la decisión que tenga que adoptar ahora Ferrer "tenga por qué trascender respecto a las demás investigaciones" seguidas en el marco de la causa por la operación Púnica que se instruye en la Audiencia Nacional.

En el escrito de 18 páginas dado a conocer este jueves, el fiscal Fernando Sequeros subraya que no se niega "la evidencia de unos hechos objetivos admitidos incluso por la propia investigada y los demás implicados", ya que han sido constatados documentalmente en las actuaciones.

"Lo que en modo alguno queda claro tras la investigación, es su trascendencia y más para que el orden penal sea el adecuado para su sanción", al no poderse garantizar prima facie que pudieran ostentar "no sólo la nota de antijuricidad exigible como punto de partida para su persecución, sino particularmente la de su tipicidad como referencia inaplazable para una condena posterior".

Así, concreta que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales —trabajos de reputación contratados con las empresas de De Pedro— fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación. Además, de confirmarse esta hipótesis, el asunto sería pagado por el PP tal y como confirmó el presidente regional de este partido Francisco Celdrán.

Crítica a la instrucción de Velasco

El documento de la Fiscalía arremete contra la instrucción previa de la causa contra Barreiro realizada en la Audiencia Nacional por el primer juez que instruyó el caso, Eloy Velasco —actualmente lo investiga el actual titular del Juzgado Central de Intrucción número 6 Manuel García Castellón— y añade la falta de relevancia penal, por ejemplo, de determinados correos electrónicos interceptados entre De Pedro a un trabajador de la empresa Madiva.

Su contenido confirma, por el contrario, "el despliegue propagandístico desplegado, igualmente perseguido por la publicación de las noticias" en relación con los logros materiales de la exalcaldesa de Cartagena respecto al desempeño de su función.

Lo mismo dice de conversaciones telefónicas interceptadas, que no evidencian según la Fiscalía "más allá de unas relaciones de conocimiento y en el mejor de los casos contracturales con la investigada, sin que del lenguaje ambivalente, críptico, oscuro y superficial utilizado en las mismas por sus artífices, puedan extraerse otras conclusiones".

Añade que los indicios acumulados no trascienden, desde el punto de vista de la Fiscalía, de la "mera suposición", y que el cúmulo de "indicios periféricos" facilitados por la investigación "carecen de entidad y relevancia", tanto individualmente como en su conjunto. Por ello "no son aptos" para interesar por la acusación una sentencia condenatoria para la senadora popular.

Dice también de la exposición razonada que el juez Velasco remitió en su día al Supremo "no parecen respetar el principio de intervención mínima, conforme al cual se le reconoce al derecho penal su doble carácter subsidiario y fragmentario".

Tampoco se consolidaron en su día los "principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción" contra Barreiro , "requisito, por otra parte, inaceptable para proceder con rigor y seriedad" desde la perspectiva de una acusación pública.

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención—. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.  

Ciudadanos mantiene en el escaño a su única representante en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, a pesar de que está imputada en el caso Santa Bárbara, en el que se investiga por qué no se derribaron decenas de viviendas ilegales sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición en la época en la que ella fue concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres). Domínguez ocupó ese puesto entre junio de 2007 y diciembre de 2010, cuando militaba en Unión del Pueblo Extremeño (UPEx), una formación de corte regionalista que ella misma fundó en marzo de 2007 tras abandonar el Partido Popular. 

Por su condición de aforada, la investigación se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que el pasado jueves desestimó el recurso presentado por Domínguez contra el auto que ponía fin a la fase de instrucción. En esa misma causa también están siendo investigados la exalcaldesa Elia María Blanco (PSOE) y otros dos exconcejales de Urbanismo: Mónica García (Coalición Extremeña) y Francisco Barbancho (PSOE). La Sala de lo Civil y Penal de este tribunal considera que aunque la situación de las viviendas ilegales era sobradamente conocida por ellos, existió "una total pasividad" que hizo posible su "consolidación". 

La jueza de Plasencia que inició la investigación consideró que esta actuación podía ser constitutiva de ilícito penal y les atribuyó de forma indiciaria los delitos de prevaricación (artículos 320 y 404 del Código Penal) y de omisión de impedir determinados delitos (artículos 407 y 450). El TSJEx, tras analizar múltiples expedientes urbanísticos, mantuvo las imputaciones y señaló que los investigados "nunca sancionaron a nadie ni ordenaron la demolición de ninguna de las múltiples edificaciones ilegales" a pesar de que "ninguna de ellas se ajustaba a la legalidad", según adelantó el diario Hoy. 

Pese a estos indicios y a su situación de imputada, Ciudadanos no cree que Domínguez deba abandonar su escaño en la Asamblea de Extremadura. Fuentes de la Ejecutiva de la formación consultadas por infoLibre explican que se le abrió un expediente informativo en el que se concluyó que se trataba únicamente de un "error administrativo" que fue cometido cuando ni siquiera militaba en el partido naranja. Las citadas fuentes no se pronuncian sobre qué ocurrirá si el TSJEx decreta finalmente la apertura de juicio oral y su representante tiene que sentarse en el banquillo. 

El acuerdo que el PP y Ciudadanos suscribieron antes de la investidura de Mariano Rajoy incluye, en su artículo 93, que ambos partido se comprometen "a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". 

Además, el propio código ético de la formación naranja establece que los representantes institucionales y cargos orgánicos deben poner su acta a disposición del Comité Ejecutivo si son investigados, aún sin acusación, por los delitos de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, que es el relativo a los delitos contra la Administración pública. 

Precisamente dos de los delitos que se atribuyen a los investigados están incluidos en el citado título. En concreto, el 404, que castiga con la inhabilitación temporal para empleo o cargo público a la autoridad que, a sabiendas de la injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo; y el 407, que también impone penas de inhabilitación para las autoridades que abandonen su destino para no impedir o no perseguir delitos. Las citadas fuentes declinaron explicar si el partido incurre en este caso en una contradicción. 

El caso de Barreiro 

Además, la posición respecto a su parlamentaria autonómica contrasta con la que el partido está teniendo en relación al caso de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por cinco presuntos delitos en el caso Púnica, y cuya dimisión Ciudadanos reclama como condición imprescindible para otorgar su apoyo a los Presupuestos de 2018 y para llegar a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy. Sin embargo, en la formación de Albert Rivera insisten en que el caso de Domínguez "no tiene nada que ver".

"Ciudadanos exige la dimisión de todos los imputados por corrupción política y forzó al PP a firmar eso mismo en el acuerdo de investidura. Los afectados por cuestiones administrativas, como es este caso, obviamente no entran en esa categoría. El de Domínguez es un asunto administrativo por no haber derribado unas casas y dejado a familias en la calle, es ofensivo compararlo con el escándalo de la trama Púnica", señalan fuentes del partido. 

En la formación sacan a colación el caso del diputado del PP en el Congreso Óscar Clavell, al que una jueza de Castellón atribuyó los supuestos delitos de prevaricación y malversación al validar unas facturas cuando era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón), y cuya dimisión no fue exigida por Ciudadanos (la causa fue finalmente archivada). Y lo contraponen al del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y que dimitió tras exigirlo la formación naranja para posibilitar la investidura de un candidato del PP. "El PP quiere enfangar a quienes no tenemos corrupción poniendo al mismo nivel el escándalo de la Púnica con un asunto administrativo", reiteran esas fuentes. 

Los magistrados, sin embargo, mantienen que la "no actuación" de los investigados en el caso Santa Bárbara –incluida, por tanto, la parlamentaria de Ciudadanos– "supuso apartarse de los parámetros de la legalidad convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico". Y también sostienen que los encausados "incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras". 

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro ha negado este lunes ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, ha dicho que estaba previsto que lo pagara el partido.

Así lo ha manifestado el abogado de Barreiro, José Pardo, al término de la casi hora y media de declaración de la senadora, que ha evitado hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del alto tribunal.

"Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada "no llegó a terminarse y lo iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada".

"No hubo pago con dinero público alguno", ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez —procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica—. "Yo de la UCO prefiero no hablar", ha añadido.

La prensa debe pedir perdón

Pardo ha señalado que su defendida se encuentra en la misma situación que hace dos años, cuando el Tribunal Supremo archivó la causa abierta contra ella por supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanización Nova Carthago en Cartagena.

"A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Tribunal Supremo con muy buen criterio archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo", ha dicho, para añadir que en ese caso la prensa debería "pedir perdón, porque la pobre lo está pasando muy mal".

Para el abogado, la petición de Ciudadanos de solicitar la dimisión de Barreiro como requisito para que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado es "una locura", y que lo mismo ocurrió con el caso de Nova Carthago y después "no dijeron nada".

Sobre las declaraciones de Barreiro de este lunes, el abogado ha señalado que su clienta ha explicado que su conducta "fue totalmente atípica, no hay delito alguno diga lo que diga la UCO" de la Guardia Civil.

"Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas —ha añadido Pardo—. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".

Barreiro ha sido interrogada por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que el PP "está perdiendo el apoyo de mucha gente" en España porque "esconde" la corrupción en vez de combatirla, y le ha advertido de que si no pide el acta a su senadora Pilar Barreiro, imputada por delitos de corrupción, Cs no apoyará los presupuestos generales del Estado de 2018.

"Si el PP está perdiendo el apoyo de mucha gente es porque se esconde de la corrupción o esconde la corrupción" al "proteger" a los imputados que se quedan "atados a un escaño", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido recogida por Europa Press.

Por eso ha pedido a los conservadores y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no huyan de la corrupción, sino que la combatan", también en la Asamblea de Madrid, donde el PP ha abandonado la comisión de investigación sobre corrupción política. "Que dé la cara" y "no tenga miedo al espejo", que "mire lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid", ha recomendado.

Rivera les ha acusado de incumplir el pacto por el que Cs apoyó la investidura de Rajoy en 2016, que obliga a apartar del cargo público a quien sea investigado por delitos de corrupción política. "La senadora tiene que abandonar su cargo para no poner en jaque los acuerdos económicos y sociales" que representan "derechos para los españoles", ha dicho sobre las medidas que acordaron para los presupuestos, que suman más de 8.000 millones de euros.

El líder de Cs espera que el PP no sitúe "la silla de una persona" por delante de cuestiones como la bajada del IRPF o el aumento de la retribución de policías nacionales y guardias civiles. "¿Quién entendería que una senadora condicionase los presupuestos de una nación?", se ha preguntado tras instar a los conservadores a actuar "cuanto antes".

También se ha dirigido al PSOE para pedirle que "desbloquee de una vez las reformas" que servirán para "modernizar" España y permita la aprobación de los presupuestos de 2018, en vez de posicionarse en el "no" junto a Podemos y los partidos nacionalistas.

Respecto a las últimas encuestas sobre intención de voto, ha destacado que Ciudadanos se va acercando al PP y al PSOE porque es capaz de responder a "las premisas del siglo XXI" y porque ofrece un proyecto nacional de "libertad, europeísmo y unión e igualdad de todos los españoles". "Los españoles esperan mucho de nosotros", y en Cs "asumimos el reto", ha afirmado.

Prioridades para 2018

Rivera ha explicado cuáles son las prioridades de su partido para este nuevo año, entre las cuales ha mencionado la lucha contra el paro y la precariedad, para lo cual impulsará una reforma del mercado laboral, y afrontar el problema de la sequía, que cree que se debe tratar en una "mesa del agua".

Asimismo, ha recalcado que en 2018 se deberá establecer un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la solidaridad entre territorios, la transparencia, la igualdad a la hora de acceder a los servicios públicos y la corresponsabilidad de las comunidades autónomas.

Igualmente, ha enumerado una serie de reformas políticas que "se necesitan urgentemente", como la reforma del sistema electoral antes de los próximos comicios generales, la eliminación de los aforamientos políticos, la prohibición de los indultos a condenados por corrupción o la regulación de los lobbies. En el mismo sentido, espera que la ley anticorrupción de Cs, que recoge varios de estos puntos, se apruebe la próxima primavera.

En el ámbito judicial, Ciudadanos seguirá apostando por la "despolitización" de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los que quiere cambiar los sistemas de nombramiento. Tras señalar que PP y PSOE no apoyan la propuesta de Cs para el CGPJ, ha dicho que si la siguen "vetando", los diputados naranjas la promoverán a través de una proposición de ley.

Por último, Rivera ha destacado la importancia de la cuestión de Cataluña, donde, según ha asegurado, su partido vigilará que las formaciones independentistas respetan la Constitución y a los catalanes no separatistas si finalmente forman Gobierno. Desde su punto de vista, el nacionalismo es ahora "la principal amenaza a la convivencia y a la economía".

La oposición en el Senado ha denunciado este miércoles la pasividad del PP con la senadora Pilar Barreiro, después de que el Tribunal Supremo acordara este martes investigarla por cinco supuestos delitos de corrupción.

Así, el PSOE considera "infumable" que Rajoy "siga amparando corruptos", lo que produce un grave daño a la imagen de las instituciones; mientras que Unidos Podemos acusa al PP de convertir el Senado en "la cueva de Ali Babá". Fuentes conservadoras han informado a Europa Press que el grupo parlamentario no decidirá nada relativo a la exalcaldesa de Cartagena hasta que se abra el juicio oral.

"La imputación de Pilar Barreiro no es baladí. Son delitos muy graves de los que se le acusa y en su caso llueve sobre mojado porque ha estado involucrada en otros procesos", apuntan fuentes del grupo socialista, que recuerdan que este caso se suma a nuevos episodios de corrupción como el que salpica al también senador del PP José Luis Sanz.

Por parte de Unidos Podemos, se critica que el partido del Gobierno esté convirtiendo la Cámara Alta en un refugio para sus corruptos, "en una auténtica cueva de Ali Babá", indican fuentes del grupo parlamentario. En este sentido, la formación morada observa con preocupación lo que considera un modus operandi del PPmodus operandi , nombrando como senadores a personas que aparecen en sumarios judiciales, señalan estas mismas fuentes.

El PP no actuará contra Barreiro

El PP en el Senado no tomará medidas por el momento contra su senadora y sitúa en la apertura del juicio oral el punto en el que actuaría contra Pilar Barreiro. La exalcaldesa de Cartagena, será investigada en el marco de la trama Púnica por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Fuentes conservadoras afirman que el grupo parlamentario no está en ese escenario y apuntan que hasta que se abra el juicio oral no se planteará medidas. Estas mismas fuentes advierten que Barreiro ya estuvo en una situación similar, cuando el Supremo decidió archivar en mayo la causa por la presunta gestión irregular del proyecto urbanístico Novo Carthago, por lo que el PP prefiere aguardar a nuevos acontecimientos y respetar el principio de presunción de inocencia.

Suplicatorio al Senado

Si el asunto prospera, el Supremo deberá solicitar al Senado un suplicatorio, la retirada temporal del aforamiento a Pilar Barreiro para poderla juzgar. Esta retirada del aforamiento exige que se reúna primero la Comisión de Suplicatorios, ante la que puede comparecer el afectado para dar explicaciones.

Una vez que esta comisión decide conceder o no el suplicatorio, envía su propuesta al Pleno, que la aprueba definitivamente en voto secreto. El PP, que cuenta con la mayoría en el hemiciclo, tradicionalmente ha votado a favor de los suplicatorios, y en este caso tampoco pondría objeciones a la petición del Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

En un auto, recogido por Europa Press, que se ha dado a conocer este martes, el Tribunal Supremo ha designado instructora del caso a la magistrada Ana María Ferrer para llevar a cabo las diligencias solicitadas el pasado mes de julio por la Fiscalía.

Esta petición se hizo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco —que ha estado investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial—, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

La Sala, en cuyo auto recoge la exposición razonada del juez Velasco, considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos. Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De PedroAlejandro De Pedro —considerado el conseguidor de la Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Dinero público para pagar trabajos particulares

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subraya también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

El juez de la Audiencia Nacional cree que la senadora "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención—. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha firmado ya la exposición razonada en la que pide al Tribunal Supremo que investigue a la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado dejó firmado el escrito de la exposición razonada el miércoles pasado, 24 de mayo, un día antes de dejar el Juzgado Central de Instrucción número 6, tras ser ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas han explicado que una vez que se incluyan en el sumario los testimonios incriminatorios, se dará traslado del escrito a la Sala 2 del Tribunal Supremo, que será el que decida si finalmente imputa a la senadora.

A Barreiro, quien en su día fue alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertar con empresas del empresario Alejandro De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

Velasco también pide investigarla por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares, como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Trabajos reputacionales por 4.840 euros al mes

El juez cree que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad, sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartagocaso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014, los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención— y, posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

En el marco de la misma operación, el juez Velasco ya remitió el pasado febrero al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la parte relativa al ya expresidente Sánchez, a quien también atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Por este motivo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Púnica en esta comunidad, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo 6 de junio a Sánchez para que declare en calidad de investigado.

El fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha reclamado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, que encargue a la Agencia Tributaria una investigación sobre el patrimonio del exalcalde socialista de Cartagena y exdiputado en el Congreso José Antonio Alonso Conesa, considerado por el magistrado que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como una de las personas que estaba "a la cabeza del entramado de tráfico de influencias" liderado por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

En un escrito de 27 de febrero pasado, al que ha tenido acceso infoLibre, el representante del Ministerio Público se opone el sobreseimiento del denominado caso Novo Carthago, y recuerda a a la jueza Marín "que prácticamente está agotada la instrucción judicial, faltando sólo el pronunciamiento sobre la investigación solicitada por la Fiscalía sobre las sociedades de José Antonio Alonso Conesa", una petición que ya fue realizada por el propio fiscal en junio de 2016.

La Fiscalía de Murcia acordó en diciembre de 2006 abrir de oficio diligencias por la construcción de la urbanización Novo Carthago, que incluía 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto fue presentado en 2003 por el Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel antes incluso de la recalificación de los terrenos.

"Se han acreditado pagos directos de comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena por el PSOE por un total de 1.629.801 euros, pero también al exconcejal de Turismo del PP hasta 1999 Juan Martínez García (745.208 euros), con buenas relaciones con el Ayuntamiento de Cartagena", explica el fiscal, que hace referencia a la amistad entre el propio Alonso Conesa y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro, que junto a la Comunidad de Murcia fueron los que aprobaron la recalificación de los terrenos:

El propio exalcalde del PSOE Cartagena confirmó a este diario que el día que fue arrestado por orden del juez Eloy Velasco tenía en el bolsillo de su chaqueta la tarjeta de peajes asignada por el Congreso de los Diputados a la exparlamentaria y entonces alcaldesa del PP en Cartagena Pilar Barreiro.

"Somos amigos"

“Hemos dicho en público que somos amigos [él y Pilar Barreiro], y es verdad que tenemos que pagar el peaje de que siendo amigos yo haya sido alcalde y ella la alcaldesa actual, y habiéndome ganado ella las elecciones y habiendo sido del PSOE y ella del PP. Bueno, tengo derecho a tener mis amigos siendo del PSOE, del PP o de Podemos, aunque de Podemos tengo pocos, aunque alguno sí”, manifestó en mayo de 2015 Alonso Conesa. Barreiro ya no es alcaldesa, pero sí senadora del PP.

Según el escrito del fiscal, Alonso Conesa cobró comisiones de los vendedores originales de los terrenos en los que se iba a construir la urbanización Novo Carthago, de los intermediarios, y también de la empresa promotora, que era Hansa Urbana, la división inmobiliaria de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): "Se tuvo que recurrir a dos exconcejales del Ayuntamiento de Cartagena para tal fin. Y fijada la venta a [la promotora de la CAM] Hansa Urbana, se procedió a un nuevo reparto de las comisiones de intermediación", completa el documento.

"Igualmente llamativo es que los verdaderos intermediarios con honorarios pactados de los vendedores de las fincas tengan que recurrir a su vez a otros intermediarios (José Antonio Alonso Conesa y Juan Martínez), abonando importantes pagos, participando estos en sociedades con los compradores e intermediarios, así como pagos de la propia compradora Hansa Urbana en el caso de Alonso Conesa, cuyo contrato de mediación no consta", resalta el fiscal, que sostiene que los abonos coinciden con los hitos administrativos de la recalificación de los terrenos.

Supuestos intermediarios

Por ello, Juan Pablo Lozano solicita a la magistrada que pida a la Agencia Tributaria toda la documentación sobre "las mercantiles en las que conste participación societaria de José Antonio Alonso Conesa, Agustín Alonso Conesa [hermano del anterior] y [el exconcejal del PP] Juan Martínez García o de cualquiera de sus empresas participadas, como supuestos intermediarios que consiguieron una decisión favorable respecto a los terrenos de La Finca Miramar y Derramadores, a fin de conocer los ingresos-ventas y las compras-pagos por las que pudieran estar percibiendo ingresos y derivándolos como compras relacionados con esta operación en Novo Carthago", especifica el documento de 2016.

La intermediación del presunto cabecilla de la Púnica se llevó a cabo con dos fincas incluidas en un espacio natural protegido, "pese a que ya existían nombrados gestores para su venta y hasta una opción de compra de dicha finca", recuerda el fiscal, que concluye: "Esa contratación no obedece al mero ejercicio de la legítima actuación de intermediario, sino que sólo intermediaron en la finca cuya reclasificación en principio se antojaba imposible por su elevado grado de protección".

El proyecto Novo Carthago, por el que están investigados entre otros los exconsejeros del Gobierno de Murcia Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pero también una de las hijas y un yerno del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, fue publicitado como una iniciativa empresarial que incluía una inversión de más de mil millones de euros para construir unas 10.000 viviendas para 35.0000 habitantes e iba a crear 8.000 puestos de trabajo. 

Pilar Barreiro, Ramón Luis Valcárcel, Javier Guillamón (CAM) y Rafael Galea (Hansa Urbana) durante la presentación del proyecto de Novo Carthago.

Pero, según destaca el fiscal en su escrito de febrero, esta inversión trataba de urbanizar "la última ventana al Mar Menor", que además estaba protegida por la Unión Europea. Sin embargo, el 12 de junio de 2003, antes de que se recalificara el terreno, el propio presidente murciano Ramón Luis Valcárcel asistió a la presentación pública de la promoción, acto en el que coincidió con varios de los ahora imputados y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, "pese a que debían conocer que una parte del proyecto podría ser inviable al afectar a un espacio natural, y cuya obligación era proteger en aras del interés general evitando la especulación urbanística".

Cabecilla de GürtelGürtel

Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree "acreditado" que José Antonio Alonso Conesa se concertó "con diversas autoridades en la Región de Murcia Murcia, León y la Comunidad de Madrid Madrid para la adjudicación de contratos públicos", siendo uno de ellos el entonces consejero de Educación y expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP).

Hace dos semanas Velasco envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)) una exposición razonada en el que reclama la imputación del propio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, estrecha el cerco en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a la oposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez. 

En un auto del pasado 17 de febrero, Velasco cierra la pieza separada de Murcia de la Púnica, e incluye entre los acusados al máximo colaborador de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia en sus actividades presuntamente delictivas: el empleado público David Conesa Ferrer.

Además, el instructor imputa dos de los tres delitos que también atribuye por los mismos hechos a su exjefe en el Gobierno murciano: fraude y revelación de información reservada. El magistrado aplica al presidente de la Región de Murcia un tercer delito de cohecho.

Velasco reclama a las partes personadas en la pieza separada de Murcia de la Púnica que presenten, en el plazo de diez días, sus escritos de acusación o defensa, como paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en las actividades delictivas de la trama liderada por Francisco Granados en la Región murciana.

David Conesa Ferrer

Entre los implicados por estas actividades se encuentra David Conesa Ferrer, del gabinete de la Consejería de Educación de Murcia, cuyo consejero era el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Y el juez Velasco especifica los delitos que presuntamente habría cometido este empleado público. El primero el de fraude, que también implica al presidente de Murcia, al concertarse presuntamente con empresas vinculadas al informático de la red, Alejandro de Pedro, "en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación de la Región de Murcia".

El auto resalta que Conesa Ferrer trató de que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería).

Precisamente, la imputación del delito de fraude acordada por Velasco choca de forma frontal con las intenciones de la Fiscalía General del Estado, que a través de la teniente fiscal Belén Suárez aseguró en un escrito de 13 de febrero, que consideraba improcedente elevar una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez, y explicó: "Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional, a lo que se suma el hecho de que ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

Un fraude sin cuantificar

Anticorrupción justifica esta decisión también porque la cuantificación del perjuicio futuro "tampoco puede establecerse a los afectos del fraude, en la medida que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un informe preventa y no la aceptación de las mismas por el citado aforado", en referencia al presidente murciano.

Sin embargo, Velasco incluye en el auto en el que da por finalizada la instrucción de la pieza de Murcia un apartado en el que justifica la atribución de los delitos a los investigados. Y de esta forma, el juez alude a la sentencia del Tribunal Supremo 166/2014, de 28 de enero de 2014, cuyo ponente fue el magistrado Antonio del Moral García, y que estableció: "El artículo 436 del Código Penal describe un delito de naturaleza netamente tendencia o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Bastaría la simple elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo".

Por eso, el instructor establece en el auto que el fraude, "en consecuencia, es un delito de mera actividad, que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales no pertenece a la perfección del delito y debe sancionarse en concurso medial, siendo pues, compatible con el delito de malversación".

Un segundo delito

El segundo delito que el instructor de la Púnica imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar". También en este segundo caso coinciden tanto los hechos como el delito atribuido a Pedro Antonio Sánchez.

Precisamente, el propio empleado público David Conesa Ferrer reconoció en un escrito del pasado 15 de febrero dirigido al juez Velasco, que los hechos que se le atribuyen son los mismos que los del presidente murciano: "Ha tenido que ser el propio Ministerio Público, en el que en un escueto pero claro y contundente informe, destinado a un posible aforado", en referencia a Sánchez, "pero en relación a los mismos hechos, ha venido a afirmar que no existe el más mínimo indicio, no ya de la participación" el empleado público, "sino incluso de la comisión de delito alguno".

De esta forma, el representante legal del imputado David Conesa Ferrer utiliza, al igual que ya hiciera otra de las implicadas en la pieza de Murcia, la ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia Reyes Samper el informe de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de sortear el banquillo de los acusados.

Pero sin ningún éxito, ya que Velasco mantiene la acusación contra todos los implicados, a excepción de Pedro Antonio Sánchez y de la senadora Pilar Barreiro, que como aforados tendrán que ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en el Tribunal SupremoMurcia, respectivamente.

Una posible imputación

En el auto, Velasco explica también que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a la trama liderada por Francisco Granados porque "temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación" en el caso Auditorio, por el que ha sido llamado a declarar como imputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado.

Según explica el magistrado en un auto hecho público este lunes, durante el año 2014 el presidente murciano contactó con el empresario de la red Alejandro de Pedro para valorar la posibilidad de que se le realizaran trabajos reputacionales en internet y redes sociales. Velasco explica que en aquel momento "la candidatura de la región se encontraba en disputa" lo que convertía en algo básico "un buen posicionamiento en las redes sociales" y una buena reputación.

En el caso del presidente murciano, explica el auto, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista [4.600 con un total de 32.200 euros] y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

El contrato se truncó

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada Púnica, a finales de octubre, que la abortó.

En el citado auto, el juez Velasco ordena continuar el procedimiento contra la veintena de acusados en la pieza que investiga las actividades de la trama Púnica en Murcia. El magistrado deja fuera a los dos aforados en esta parte de la investigación -el presidente de Murcia y la senadora del PP Pilar Barreiro- a la espera de decidir si remite o no las actuaciones relativas a ambos a los tribunales competentes.

El instructor acusa entre otros al exconsejero de Turismo e Industria Juan Carlos Ruiz, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, así como uno de los presuntos cerebros de la red, el exalcalde del PSOE de Cartagena y exdiputado José Antonio Alonso Conesa. Considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

Tres delitos en PúnicaPúnica

Fue la semana pasada cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuían la posible comisión de tres delitos al actual presidente murcianopresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la Consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen on line.

El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez no ha podido explicar un hecho anómalo que ha provocado la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cargó además contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.

Por otra parte, las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio han anunciado su intención de recurrir la citación como imputado de Pedro Antonio Sánchez ya que el auto del magistrado Julián Pérez Templado le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres delitos: fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

En este sentido, este miércoles el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidirá si continúa en su cargo el actual fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que este lunes anunció a infoLibre su intención de ejercitar acciones legales contra el periodista Eduardo Inda, que en el programa de laSexta Al Rojo Vivo aseguró que la mujer del fiscal, como letrada del PSOE, fue la artífice de la querella que dio lugar al caso Auditorio, unos hechos que rechaza el funcionario público, que explica que su cónyuge abandonó cualquier actividad ligada al PSOE justo antes de que pasara a ejercer en 2006 las labores de fiscal jefe de Murcia.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un informe ante el instructor de la operación Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación online. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse, según ha informado Europa Press.

Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, también del PP. En su caso, considera que se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la operación Púnica, relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha negado de forma tajante este lunes su participación en la trama Púnica, ya que "no se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió", ha informado Europa Press.

Sánchez ha hecho estas declaraciones una media hora después de conocer el auto dictado por el juez instructor de la causa, de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En dicho auto conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En este sentido, el presidente del Gobierno murciano ha reconocido que "se recibieron ofertas, alguna muy insistentemente y con agresividad comercial, en este caso sobre todo y de otras empresas también, peor no se hizo con ésta ni con ninguna otra empresa". "Nunca se hizo nada, ni se acordó, ni se pactó y como no se hizo lo probaremos", ha zanjado el presidente murciano.

"Este asunto supuestamente habla que pudo acordarse un contrato de alrededor de 30.000 euros para hacer supuestos trabajos de reputación online", ha explicado Sánchez, quien ha vuelto a insistir en que "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificaciones oficiales que acreditan que nunca se firmó, se acordó, se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, ni se pidió una oferta ni a esta ni a cualquier otra empresa".

En esta misma línea, el presidente, que ha comparecido en el patio del Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, ha mostrado su máximo respeto a cualquier miembro de la Justicia y al juez instructor de la causa, y si "considera que hay que investigar, pues colaboraremos como siempre hemos hecho".

También ha aprovechado para mandar un mensaje a la sociedad murciana, a quienes les ha asegurado que "no tengan duda, porque nunca se hizo nada".