El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo que su partido "no está preocupado" por las nuevas revelaciones de la operación Kitchen que el diario El Mundo publica en la edición del lunes. "Tenemos que mirar a futuro", ha añadido.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el número dos de los "populares" ha explicado que "todas las informaciones" relacionadas con esta operación --que gira en torno al extesorero del PP Luis Bárcenas-- serán "tratadas bajo la transparencia, la rendición de cuentas y la honradez que caracterizan" a la formación liderada por Pablo Casado.

En concreto, García Egea ha sido preguntado por la información que el diario lleva en la portada de este lunes, y que habla sobre el robo de la agenda digital de Bárcenas --con datos personales entre 2009 y 2013-- por parte de la Policía.

Siempre según la información de El Mundo, el extesorero habría reflejado en ella todos sus encuentros desde meses antes de su primera imputación en el caso Gürtel. En esas reuniones, se habría visto con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y con otros cargos del partido como Jesús Sepúlveda, Álvaro Lapuerta, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Ana Mato.

"De todos los que ha nombrado ahí solo he conocido y estrechado la mano a Álvarez Cascos y a Arenas. El resto estaban en el PP cuando yo nací", ha señalado el secretario general de los "populares" tras ser cuestionado.

En aquellos años, el director general de la Policía Nacional era Ignacio Cosidó, el actual portavoz del PP en el Senado. "Tenemos que mirar a futuro. El PP desde luego no está preocupado", ha señalado, para después decir que tampoco cree que Cosidó esté preocupado.

La exministra de Sanidad y el dirigente del PP Ana Mato defendió este martes en el Congreso la honradez del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dejó claro que "nadie" tiene que "rendir cuentas" o "asumir responsabilidad" por "lo que haya hecho otra persona", informó Europa Press.

"Mariano Rajoy es una persona honrada", subrayó Mato ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, donde deploró la tesis de que se puede "entrar en política para lucrarse" y señaló que Rajoy "ha hecho una magnífica labor" y ha "mejorado la vida de los ciudadanos".

Mato recordó que ella dimitió como ministra de Sanidad en 2014 para que nadie utilizara su nombre para dañar a su partido como, a su juicio, había empezado a ocurrir cuando el juez Pablo Ruz la señaló como posible beneficiaria a título lucrativo de las actividades de la trama Gürtel.

Los regalos de la 'Gürtel'

El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional condenó a su exmarido Jesús Sepúlveda a 14 años de cárcel y a ella le impuso una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel.

Tal y como hizo ante el juzgado, Mato insistió en que, aunque estaban casados en régimen de gananciales, ella y su exmarido tenían cuentas separadas y cada uno se hacía cargo de una parte de los gastos familiares. Por eso y como tenían dinero suficiente para comprar lo que, según la sentencia, fueron regalos de la trama, ella nunca le preguntó por los mismos ni por cómo los había pagado.

Aunque contestó a algunas preguntas sobre su convivencia con Sepúlveda, en un momento dado Mato se negó a comentar sus "relaciones de pareja" por respeto a sus hijos y ella misma, remarcó que si su exmarido no pagó lo que le correspondía la responsable no es ella, sino él.

"A lo mejor tenía que haberlo sabido, pero no lo sé. Doy por hecho que tenía dinero suficiente para pagarlo, por eso no pregunté", argumentó.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión por su implicación en la trama Gürtel, decidió guardar silencio y no contestó a ninguna de las preguntas que se le formularon durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP.

En el arranque de la sesión, Sepúlveda tomó la palabra para, tras mostrar su "respeto" por la comisión y el Congreso, avisar de que no pensaba responder a las cuestiones que le plantearan los comisionados, en aras de su derecho de defensa, informó Europa Press.

"Estoy inmerso en un procedimiento judicial y, siguiendo la recomendación de mis abogados y para garantizar mi derecho de defensa, no voy a hacer ninguna declaración", comentó, añadiendo que, en todo caso, se remitiría a lo ya afirmado en el juzgado.

El presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo, reconoció que Sepúlveda tenía derecho a guardar silencio, pero dio la palabra a los grupos parlamentarios para que ejercieran el suyo a interrogarle. La socialista Soraya Rodríguez, y el diputado de Bildu, Óskar Matute, verbalizaron algunas de las cuestiones que querían plantear al compareciente, pero no le llegaron a preguntar directamente.

Sólo ha movido pestañas y cejas

Sí hizo su interrogatorio el representante de Ciudadanos, Toni Cantó, quien no obtuvo ni una sola respuesta porque Sepúlveda no rompió su silencio en ningún momento. Pese a que había anunciado que como mucho se remitiría a su declaración judicial para no perjudicar su derecho de defensa, Sepúlveda optó por no despegar sus labios, sólo respondió con pestañeos y con algún esporádico arqueo de cejas y mantuvo en todo momento cara de circunstancias.

También quiso que constaran en acta todas sus preguntas el secretario general del grupo de Unidos Podemos, Txema Guijarro, que tampoco logró arrancar ni una sola palabra al exalcalde de Pozuelo. Durante los interrogatorios, el compareciente ni siquiera cambió de postura: estuvo todo el rato con los brazos sobre la mesa y ligeramente inclinado hacia delante.

Sepúlveda, que fue responsable del Área Electoral del PP, estuvo casado con Ana MatoAna Mato, quien dimitió como ministra de Sanidad en 2014 cuando se vio salpicada por el caso Gürtel y que había sido citada por el Congreso también para este martes.

La también exdirigente conservadora avisó hace unas semanas a la Cámara de que no podrá acudir porque la comparecencia le coincidía con una pequeña intervención quirúrgica. La comisión tiene ahora que buscar una nueva fecha para recibirla.

El PP protesta por las preguntas sobre Mato

El nombre de Mato surgió varias veces en los interrogatorios, especialmente durante el turno del portavoz de Podemos, quien aseguró no tener interés en su relación sentimental con Sepúlveda, pero sí en su vinculación monetaria como matrimonio. Las menciones a la exministra llevaron a intervenir al diputado del PP Eloy Suárez, quien protestó por la formulación de preguntas, a su juicio, de índole "personal".

También hubo muchas alusiones a los regalos que el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa hizo a Sepúlveda, como el ya famoso Jaguar. El año pasado, durante su declaración ante el tribunal que juzgó la primera etapa de la Gürtel (1999-2005) el exalcalde admitió haber recibido varios obsequios, pero los enmarcó en su relación de amistad con Correa.

En este sentido, negó la versión de la Fiscalía, que sostiene que los regalos se hicieron a cambio de que Sepúlveda intercediera para que las empresas de su amigo obtuvieran contratos públicos. El dinero procedente de estas operaciones ilegales en el Ayuntamiento de Pozuelo siendo él alcalde habría servido para financiar la campaña electoral del PP de 2003.

El Ministerio Público, que mantiene que Sepúlveda cobró de la trama tanto en efectivo como en especie, también señala a Ana Mato como partícipe a título lucrativo de las actividad de su exmarido en la Gürtel y le reclama por ello 28.467 euros, cantidad en la que están valorados los obsequios que habría recibido.

Entre ellos, una estola y un echarpe adquiridos por el propio Correa en Louis Vuitton por valor de 610 euros y la celebración de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos.

Despido en diferido

Tras su implicación en la trama en 2009, Sepúlveda dimitió como alcalde y pidió su reingreso como trabajador del PP donde tenía un contrato indefinido y una excedencia forzosa. Estuvo en nómina pero trabajando desde casa hasta febrero de 2013, cuando Génova cortó su relación laboral con él a raíz de la publicación de un informe policial que confirmaba los regalos que le había hecho la Gürtel. El diputado de Bildu, Óskar Matute, hizo referencia a este "despido en diferido" durante su turno de palabra.

Por su parte, el conservador Eloy Suárez utilizó su intervención para volver a denunciar que la comisión que investiga las finanzas de su partido no es otra cosa que una "comisión de hostigamiento" contra la formación que preside Mariano Rajoy. También volvió a acusar a Podemos de financiarse con dinero de Irán y puso sobre la mesa el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.

El actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y la exministra de Sanidad Ana Mato, y el exgerente de la empresa de decoración de globos han reconocido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que fueron las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, quienes le contrataron y pagaron sus servicios en estas celebraciones.

Así lo han manifestado estas dos personas –que han comparecido como testigos– a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell y que han afirmado que ni Mato, ni el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, les han dado instrucciones.

El que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González, ha constatado que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer "efectos de caída de globos y confeti" y que decoraba "muy pocos" eventos particulares. Así, ha reconocido que el líder de la Gürtel sí ha pedido alguna vez su participación para eventos de "un amigo o grandes clientes".

Entre ellos, se encontraba el exalcalde de Pozuelo para el que organizó tres eventos: dos cumpleaños –uno, cuya temática era el Jardín de las Maravillas de Alicia, y otro con dos columnas de globos– y una comunión. Sobre esta última celebración ha dicho que no lo recuerda con certeza, aunque así lo concretase en su declaración durante la instrucción de la causa.

"A mí me pagaba quien me contrataba", ha añadido, en referencia a que era Down Town Consulting la empresa que le requería los servicios y que trataba directamente la organización de los eventos con la administradora de algunas de las sociedades de la Gürtel, Isabel Jordán, a través de fax.

Además, ha recordado que una de las decoraciones con globos de una de estas celebraciones familiares de Sepúlveda no la facturó para agasajar a Correa, que le pidió que se "portase bien" después de llevar tantos años trabajando juntos. "Recuerdo que hubo un cumpleaños que coincidía con un evento grande en Getafe, era un presupuesto de 200 euros aproximadamente, una chorradilla y decidí no facturar este evento", ha contado.

Correa era "muy pesetero"

"Paco Correa era muy pesetero, era muy buen cliente y pagador pero ajustaba mucho", ha afirmado el dueño de Interglobo, al tiempo que ha asegurado que aceptó la sugerencia del cabecilla de la Gürtel porque esta "atención normal" era como "mandar una cesta de navidad o invitar a comer a un cliente".

Por su parte, el actor Luis Bermejo, cofundador de Producciones El Zurdo, ha precisado que Special Events contrató a su empresa para que hiciesen una actuación de payasos y títeres para dos cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato. Ha afirmado que siempre la empresa de Correa siempre le pagó por sus servicios, pues, según ha dicho, emitían la factura a la oficina de la calle Serrano de Madrid de esta mercantil.

Este miércoles también han testificado dos comerciales de dos concesionarios quienes han explicado la forma de pago por parte de Correa y de Sepúlveda de los vehículos de alta gama que adquirieron. Uno de ellos, ha enfatizado que Correa contactó con él en una ocasión para arrendar un coche a través de leasing pero que no sabía a quién entregó después ese vehículo.

El otro testigo ha destacado que hizo un renting con Sepúlveda, con el cuál estaba "encantado" porque eso suponía hacer un negocio con "una persona pública" y ha asegurado que no sabe quien hacía los pagos de las cuotas mensuales del coche.

Un exconcejal afirma que con Ortega cambiaron los procedimiento

Por último, el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) Juan Carlos Díaz ha apuntado que con la llegada de Guillermo Ortega a la alcaldía del municipio madrileño "cambiaron los procedimientos" y que todo lo relacionado con la publicidad pasó a ser competencia del departamento de Gabinete.

"Había un grupo reducido de personas que eran los que se reunían y tomaban decisiones" que después indicaba al resto de concejales que "tenían que hacer", ha recalcado Díaz en referencia al equipo de Gabinete del alcalde, entre los que se encontraban la entonces jefa del departamento y exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y el exconcejal Juan José Moreno. No obstante, ha dicho que este departamento no daba instrucciones sobre las empresas con las que contratar.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, ha reconocido este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, le adelantó el dinero para adquirir un Jaguar –que él tenía pensado adquirir a plazos– porque así se podría desgravarse el IVA como gasto en sus empresas, según ha informado Europa Press.

Sepúlveda, para quien Anticorrupción pide 15 años y 4 meses de cárcel por su relación con las actividades de la Gürtel en su primera época (1999-2005), ha relatado a preguntas de su abogado que el Jaguar le gustaba, y que el día que fue a pagar la señal de 250.000 pesetas se encontró casualmente a Correa en la puerta de la sede del PP en la calle Génova de Madrid y el empresario se ofreció a acompañarle al concesionario, situado en Nuevos Ministerios.

Una vez examinado el vehículo, y cuando Sepúlveda le explicó que pensaba comprarlo a plazos, el empresario propuso a su amigo adquirirlo él a nombre de sus empresas, ya que de este modo saldrían los dos beneficiados. "A él le venía bien porque podría desgravarse el IVA como gastos de su empresa, y yo me lo ahorraba y luego no estaría pagando todos los meses, se lo podría ir dando cuando pudiera a un amigo", ha explicado el exmandatario popular.

Aunque Sepúlveda –que es la primera vez que declara por los hechos que se le imputan en esta causa, pues se ha negado hacerlo durante la instrucción– ha dicho que en un principio se negó a aceptar este acuerdo. Finalmente, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón entregó a Correa un BMW que había comprado tres años antes, y que tenía un valor de unos tres millones de pesetas. Para hacer el pago del préstamo al empresario, el exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato pidió, además, un crédito por 18.000 euros, según ha explicado.

Asegura que el Range Rover no fue un regalo de Correa

Otro de los coches que presuntamente el cabecilla de la trama adquirió para Sepúlveda fue un Range Rover. Correa aseguró en su declaración que, debido a que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón le manifestó que le "apetecía tener" uno, él se ofreció a comprarlo: "Te lo compro, nada más", recordó el empresario que dijo.

Sin embargo, el exmandatario popular ha hecho hincapié en que efectivamente le trasladó su preferencia por este vehículo y que entonces fue Correa quien le dijo que tenía localizado un coche de este modelo en Málaga que "podía salir a buen precio". En este sentido, ha constatado que decidió hacer la compra a través de una empresa de renting vinculada a un conocido de un amigo suyo.

"Se lo pagué yo a la empresa de renting", ha subrayado. Ha apostillado que para adquirir el vehículo tenía que dar una entrada de 24.000 euros y qué él pagó 17.000 euros, mientras que los 7.000 restantes los aportó el de la empresa de renting.

Regalos a la familia del exalcalde

Por otro lado, Sepúlveda ha negado también que tanto él como su familia hayan sido agasajados con regalos o atenciones por parte del cabecilla de la trama, Francisco Correa. Entre ellos, el Ministerio Público apunta en su escrito de acusación que su exmujer Ana Mato fue obsequiada con una estola y un echarpe de Louis Vuitton por el valor total de 610 euros.

El exalcalde del municipio madrileño ha afirmado que no recuerda que el empresario haya hecho ningún regalo a la exministra. "Estoy convencido que no", ha dicho.

Asimismo, ha puntualizado que el matrimonio tenían un régimen de bienes gananciales y "total independencia" de los gastos.

Reconoce que Correa le regaló viajes

Con respecto a los viajes y servicios turísticos prestados por la agencia Pasadena Viajes, ha recalcado que los "organizaba" él y que los pedía a esta sociedad porque la comodidad que resultaba hacer los trámites, debido a que tenía contacto con ella por trabajar con el PP. De hecho, ha asegurado que su exmujer Ana Mato no sabía cómo los contrataba o adquiría porque siempre se "encargaba" él de esa operación.

"Hubo algunos viajes que se abonaron en metálico y tengo que reconocer que en algún momento no lo aboné", ha reconocido. Ha concretado que no tiene ningún recibí de los desplazamientos pagados en efectivo porque ni se lo dieron, "ni los pedí".

Sobre los que fueron adquiridos gratuitamente, ha explicado que Correa le dijo que tenía servicios turísticos que no le costaban y que no le pidió "ninguna cosa" a cambio por este regalo. Asimismo, ha señalado que no sabe cómo el empresario conseguía esos viajes gratuitos: "No sé la forma de funcionar que tuviera la empresa", ha añadido.

"A nadie le amarga un dulce"

Por último, ha explicado ante el tribunal que en 2003 se presentó a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón a propuesta del actual presidente del Senado Pío García-Escudero, a pesar de que él no quería porque, según ha dicho, estaba conforme con su puesto de senador y de secretario de Acción Electoral. Aceptó la candidatura porque "a nadie le amarga un dulce", ha afirmado.

Tras relatar su etapa como primer edil en el municipio madrileño, se ha desvinculado de la adjudicación a una de las empresas vinculada con la Gürtel de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y ha destacado que en 2003 ordenó en el ayuntamiento que dirigía dejar de contratar con Correa por directiva del PP nacional.

Además, ha afirmado que a él le llegaron "comentarios" de una persona, que no era el extesorero del PP Luis Bárcenas, de que Correa "venía alardeando" del "control" que tenía en algunos municipios madrileños y que "había que pasar por él".

La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, acusada en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) por su supuesta implicación en las actividades irregulares del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por la contratación de servicios a las empresas de la red que encabezaba su expareja, ha asegurado este miércoles que "nunca ha recibido dinero de nadie".

Así lo ha manifestado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargado de juzgar a los 37 acusados en esta pieza, donde ha explicado qué función ejercía dentro del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Majadahonda desde el año 2001 cuando comenzó a trabajar en él y del que llegó a ser directora.

"Nunca he recibido dinero de nadie, jamás", ha subrayado al ser preguntada por la fiscal Concepción Sabadell sobre si el presunto contable de la trama, José Luis Izquierdo, le había entregado alguna cantidad en efectivo. Igualmente, ha asegurado que tampoco ha obtenido dinero de la denominada "anticipos Caja Fija" relacionada con el ayuntamiento para el que trabajó.

Asimismo, ha afirmado que no tenía conocimiento de otras de las cuentas que señala el escrito de acusación del Ministerio Público, como la "Cuenta Gabinete" que fue utilizada supuestamente para sufragar los actos relacionados con la publicidad de entidades públicas del municipio madrileño o para la realización de actos del PP. "No sabía que el gabinete de comunicación tenía un presupuesto", ha añadido la exmujer de Correa y apuntado que ella "nunca" ha encargado actos para el partido.

Los relojes de Guillermo Ortega

Sobre la cuenta "Extracto Servicios Willy" –correspondiente a la cuenta personal del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega y, por tanto, utilizada para el pago de servicios prestados a su favor, dice el escrito– ha dicho que "no tenía ni idea" de su existencia. Aún así, la fiscal le ha insistido en si Ortega utilizó fondos públicos del consistorio para pagar unos relojes adquiridos en julio de 2001 por más de 23.000 euros, a lo que ha respondido que no recuerda si acordó con el ex primer edil dicho pago.

Según la Fiscalía, para la adquisición de los relojes, Ortega simuló contratar a Special Events la confección de un vídeo denominado "creciendo en calidad de vida" y así aparentar legalidad en la salida de los fondos. Rodríguez Quijano ha recordado que tuvo un juicio por estas imágenes "nada más llegar al ayuntamiento", debido a una denuncia que interpuso un concejal socialista al conocer que ella era administradora de la empresa que realizó de la producción audiovisual y a la vez trabajaba para el entonces alcalde.

No obstante, a preguntas de su abogado, Carlos Pardo, ha destacado que ella le dijo a su exmarido que quería dejar de "gestionar"su empresa para que no le "fastidiase la contratación" en Majadahonda, ya que no podía compatibilizar ambos cargos. Asimismo, ha recalcado que no recuerda que Correa le haya insinuado la contratación de sus sociedades. Quijano ha declarado que ella firmaba lo que le ponían sin mirar.

Niega haber participado en la OAC de Majadahonda

Rodríguez Quijano –que se enfrenta 35 años y siete meses de prisión– ha insistido en que ella no tenía potestad para contratar ni fijar presupuestos. "Ninguno del gabinete podíamos hacer nada ni gestionar nada", ha apostillado.

Sí ha tenido conocimiento de contrataciones o de algún pliego de condiciones se debe a que los concejales les remitía todo lo que tenían entre manos para que "todo el mundo estuviese enterado y sabiendo lo que se estaba haciendo", ha explicado.

En esta línea, ha sido preguntada por la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del municipio y ha afirmado que no tuvo "ninguna participación" en esta contratación, ya que, tal y como ha apuntado, se hizo "antes de que entrara" a trabajar en el ayuntamiento.

Aún así, la representante del Ministerio Público le ha mostrado un acta de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, con fecha de 24 de mayo de 2004, en la que se refleja que la exmujer del presunto 'cabecilla' de la Gürtel acudió como invitada del entonces alcalde para informar sobre unos de los temas abordados, entre los que aparece la OAC. Rodríguez Quijano ha reiterado que no recuerda su asistencia y que si lo hizo sería como "oyente".

Otro de los documentos que le ha exhibido Sabadell ha sido un correo electrónico que le mandó la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, con el pliego de condiciones de dicha oficina. "A lo mejor me lo mandó para que se lo mandase al concejal; no sé si era para agilizar, pero lo que es una realidad es que nosotros como gabinete no podíamos tomar ninguna decisión", ha remachado.

"Muchas cosas conjuntas" con Sepúlveda

Por último, preguntada por el trato de su exmarido con el exalcalde de Majadahonda, la exmujer de Correa ha constatado que tenía una "buena" relación. De hecho, el propio Correa en su declaración afirmó que Ortega era su amigo y el padrino de su hijo. Sin embargo, ha resaltado que la que fue su pareja no le contaba "nada" relacionado con sus trabajos y negocios.

También ha hablado del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, del que ha dicho que le conocía porque hacían "muchas cosas conjuntas", ya que era invitada a inauguraciones por trabajar en los ayuntamientos de municipios "cercanos". De su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato, ha enfatizado que no ha tenido trato alguno con ella.

Rodríquez Quijano continuará declarando mañana a preguntas de su abogado y después está previsto el interrogatorio de Jacobo Ortega Alonso, Hermano del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. La Fiscalía pide para él 5 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

El presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, ha asegurado, a preguntas de su abogado, Juan Carlos Navarro, que entregó al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda (PP), entre 100.000 y 120.000 euros para "colaborar con la campaña" electoral de las elecciones de 2003. Correa no precisó si era dinero para las elecciones municipales o autonómicas, ya que ese año se celebraron ambas, aunque por el contexto parece deducirse que sería para la campaña local del propio Sepúlveda.

Correa ha aludido de esta forma a las preguntas realizadas por el abogado de Sepúlveda sobre el presunto pago de 120.000 euros para la campaña de 2003: "Se le entregó un dinero, yo creo que eran 100.000 o 120.000 euros, para colaborar con la campaña. Y me enfadé con él, porque la campaña la hizo Free Handicap, y lo normal es que lo haga tu empresa", ha completado el presunto cabecilla de la red Gürtel.

Interpelado de nuevo por el letrado Juan Carlos Navarro por el motivo por el que este pago no se refleja en ninguna documentación, Correa ha explicado que podría haber salido de su caja B personal.

Una tarjeta especial

Pero Correa también ha contestado, de forma indirecta, a las preguntas realizadas por el letrado de Luis Bárcenas, Francisco Maroto Granados. En concreto, Correa ha asegurado que no pasaba el control de seguridad y escáner de la sede nacional del PP con el dinero: "Al letrado del señor Bárcenas se le olvida que yo no pasaba por el escáner. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al párking. No pasaba por el escáner. Y eso lo pueden comprobar pidiendo la documentación en Génova de que yo tenía una tarjeta especial como la tenían los miembros de la ejecutiva del partido", ha relatado el cabecilla de la trama, que ha completado: "Además, no sólo llevaba el dinero a Génova sino a su casa también, en la Calle Príncipe de Vergara" de Madrid.

Asimismo, Correa ha aportado en el juicio más información sobre otras de las empresas que, además de OHL, Dragados y ACS, habría recibido contratos a cambio de contratos: "Hispánica recibió muchísima obra gestionada por mí; y Teconsa yo creo que ha recibido obra gestionada por mí y por Jesús Merino también".

El exconcejal de Hacienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández, reconoció ante el tribunal que le juzga por el caso Gürtel junto a otros 36 acusados que en "tres o cuatro" ocasiones recibió sobres con dinero en efectivo –superaron los 100.000 euros en total– dirigidos a financiar la campaña electoral de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la que se presentaba como candidato del PP el también encausado Jesús Sepúlveda, exmarido de la que fuera ministra del gobierno de Mariano Rajoy Ana Mato, según informó Europa Press.

Fernández se enfrenta a una pena de cárcel de 2 años y 3 meses por los delitos de fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos. Junto, con los empresarios Alfonso García Pozuelo y Jacobo Gordón, Fernández reconoció los hechos que le imputa Anticorrupción buscando la aplicación de atenuantes a su condena.

El exedil no identificó a la persona que le entregaba los citados sobres, si bien señaló que provenía del entorno de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, a quien solía ver en actos electorales del PP. Posteriormente, él se relacionaba con la representante de éste en el consistorio, Isabel Jordán, también procesada en esta misma causa.

Adjudicación a dedo

Igualmente, el exconcejal relató de forma pormenorizada cómo se adjudicaban a dedo, "a quien decía el alcalde" determinados contratos municipales y cómo en una ocasión el entonces primer edil reunió a todo el grupo municipal conservador para advertir de que había tenido conocimiento de escuchas policiales y no queria "bajo ningún concepto" que ninguno de ellos volvieran a establecer contacto con Correa.

Fernández relató, a preguntas de la representante de la Fiscalía Anticorrupción, que él fue contactado para trabajar en el Ayuntamiento de Pozuelo en 2002 por su amigo José Antonio Sáinz, concejal de Hacienda, tras recibir él un premio al mejor economista de la Comunidad de Madrid.

Se dispararon los gastos de campaña

Sobre la campaña de Sepúlveda, explicó que el exmarido de Ana Mato decidía sobre los gastos, que se habían disparado por el alquiler de la oficina, el pago a la secretaria y la compra de otros materiales como la fotocopiadora, y que él recibió en tres o cuatro ocasiones sobres con dinero en efectivo de una persona.

También señaló que con el dinero para la campaña se hacía frente a "circunstancias grotescas", como colificó el pago de diversos másteres en el IESE para dotar de "barniz cultural" al candidato del PP. Sobre la cantidad total entregada para la campaña, en otro momento del interrogatorio, Fernández señaló que fue "más de 100.000 euros".

Contrataciones

El acusado –que sólo respondió a las fiscales y a su defensa– relató el modo irregular de operar en la concesión de contratos por el Ayuntamiento de Pozuelo siendo alcalde Sepúlveda.

Explicó que todos los contratos de obras eran informados por el técnico Leopoldo Gómez, ya fallecido, que según él "tenía un largo historial de denuncias y demandas por hipotéticas prevaricaciones a la hora de abordar estos asuntos".

Las propuestas de la Comisión de Contratación, que coordinaba el también concejal y investigado por laPúnica Mario Utrilla, las propuestas llegaban a la Junta de Gobierno. En este punto señaló que el propio alcalde les decía a quién había que darle los contratos y en qué circunstancias concretas.

"Todo lo pagaba Correa"

Además, Fernández aseguró que Sepúlveda le pidió en una ocasión que le acompañara a la calle Serrano de Madrid a donde se dirigía para comprar un bolso de Loewe. "Me dijo que todo lo pagaba Paco Correa", indicó de forma rotunda.

El acusado también se refirió a un coche de la marca Land Rover –otro de los regalos que, según la Fiscalía Anticorrupción, fueron entregados a Sepúlveda– y especificó que la fallecida Mar Rodríguez Quijano, cuñada de Correa y directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, le contó que era suyo y que se lo regaló a Sepúlveda.

Como cierre de su declaración, Fernández explicó los motivos que le condujeron a confesar su participación en la trama. A preguntas de su abogado explicó que sus vínculos con la Gürtel le llevaron a "tocar fondo" y a pasar de ser catedrático y vicerrector en la Universidad Complutense a encontrarse en esta situación.

"Pensé que el único modo de demostrar a mis hijos que su padre está saliendo adelante con estos temas era decir la verdad", dijo.

La exministra de Sanidad y exdiputada del PP Ana Mato obtuvo el pasado 9 de febrero la autorización del Gobierno en funciones para reincorporarse a su antiguo empleo en el Partido Popular, según se recoge en el Portal de Trasparencia de la Administración General del Estado. 

Mato dimitió como responsable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en noviembre de 2014, tras conocerse que había sido declarada por el juez partícipe a título lucrativo dentro del caso Gürtel, a raíz de las relaciones de su exmarido, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, con la trama. Su último cargo en el PP había sido el de secretaria de Organización. Ahora solicitó reincorporarse como trabajadora del partido para no perder sus derechos laborales aunque, según precisaron fuentes del PP a Europa Press, no tiene previsto volver al partido al estar a la espera de otras opciones laborales.

Ana Mato continuó en el puesto de diputada tras su dimisión como ministra, hasta el fin de la legislatura que culminó con las generales del 20 de diciembre. Fue una de los 64 diputados que solicitaron la indemnización por cese por no tener otro ingreso, que le permitió cobrar durante dos años un sueldo de 2,813 euros, al que tendrá que renunciar ahora por incompatibilidad.

Una larga trayectoria en el PP

La exministra cuenta con una larga trayectoria dentro del partido conservador. Fue asesora de José María Aznar tras ser elegido presidente de Castilla y León, y también diputada autonómica en el Parlamento madrileño entre los años 1991 y 1993, momento en el que accede a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Dentro del PP fue coordinadora de Participación y Acción Sectorial y después de Organización. Fue eurodiputada en Bruselas tras las elecciones europeas de 2004, y de ahí pasó a número tres por Madrid en la lista a las elecciones generales de 2008. En 2011, tras haber conseguido el PP de Mariano Rajoy la mayoría absoluta, fue nombrada ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta su dimisión en 2014.

La defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato (PP) (PP)sostiene que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones personadas en el caso Gürtel han justificado su consideración en la causa como partícipe a título lucrativo en "una mera presunción que resulta un tanto sexista" y que consiste en imputarla por "el mero hecho de haber estado casada con uno de los acusados", en referencia al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda.

"Como si ella no fuera independiente, no trabajase y no contribuyese a los gastos de su unidad familiar", señala el escrito de defensa de Mato, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que su abogado, Santiago Muñoz, sostiene que la diputada nacional "no conocía los hechos delictivos" presuntamente cometidos por su exmarido.

Mato, acusada de haberse beneficiado de viajes, regalos y celebraciones familiares abonados por las empresas de Francisco Correa por valor de 28.467,53 euros, también denuncia en su escrito que la apertura de juicio oral contra ella le ha provocado "un perjuicio notorio y desproporcionado". "Nos remitimos a las hemerotecas", apunta antes de cuestionar "la indudable eficacia de los golpes de efecto informativos que consigue la invocación de nombres de altos cargos en activo".

Mato pagaba el colegio; Sepúlveda, los viajes

La defensa de Mato se basa en la tesis de que correspondía a Sepúlveda el pago de los viajes que Correa abonó por valor de 28.467,53 euros y los tres cumpleaños y comuniones de los que se benefició su familia por un importe de casi 5.500 euros. A cambio, argumenta que la exministra sufragaba otros gastos familiares como el colegio de sus hijas, la comida o los recibos de luz o teléfono.

"Estas cargas familiares asumidas por uno solo de los entonces cónyuges compensan sobradamente el valor de los servicios turísticos a que alude la acusación como asumidos por el otro cónyuge pero sin que hubiera mediado el correspondiente pago a la agencia prestadora de los servicios", señala el escrito.

En este contexto, la defensa de Mato asegura que "no ha recibido nunca, ni una sola vez desde Pasadena Viajes ni desde ninguna otra agencia, bien o servicio alguno que no hubiera pagado si respondía a un encargo propio".

Regalos de Vuitton

En relación con la estola y el 'echarpe' de la firma de lujo Louis Vuitton, por valor de 610 euros, con los que presuntamente le habría agasajado la red Gürtel la defensa de la exministra mantiene que "resulta incongruente la idea misma de que a una sola persona le regalen el mismo día dos objetos distintos, estola y 'echarpe', procedentes de la misma tienda".

Según indica, en las actuaciones "no consta probado" que estos objetos fueran "entregados" a Mato. "No los tiene a su disposición ni los recuerda, aunque sí puede recordar que jamás ha recibido dos regalos simultáneos de la marca Vuitton".

En esta línea, el escrito concluye que, "aun cuando hubiera sido perfectamente lícito que le aprovecharan los ingresos de su entonces marido", Mato "siempre ha trabajado y obtenido sus propios ingresos como resultado de su trabajo personal", por lo que ha participado "de manera continua y sistemática en la atención de los gastos de su unidad familiar".

El Banco Popular ha cailitado al Partido Popular (PP) la presentación de un aval bancario por valor de 245.492 euros para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la causa en la que se investiga la "primera época" de actividades de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado del PP y exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos traslada al magistrado una copia de un aval expedido el 23 de marzo pasado por el Banco Popular Español a favor de la formación presidida por Mariano Rajoy.

Con esta cuantía el PP asegura las "eventuales responsabilidades pecuniarias" que podrían imponérsele en un próximo juicio oral, en el que la formación, como persona jurídica, tendrá la consideración de partícipe a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

Sepúlveda también ha consignado en la cuenta del juzgado un total de 2.599,69 euros en relación con la fianza por responsabilidad civil que se le impuso en el marco de este procedimiento. En todo caso, aún debe cubrir una fianza de 3,3 millones de euros, que reúne la responsabilidad civil, una indemnización de 2,5 millones y el tercio de incremento establecido por la ley.

Además, el juez impuso una fianza civil de 88,8 millones de euros al extesorero del PP Luis Bárcenas y otra de 60,3 millones al presunto líder del a trama Gürtel, Francisco Correa, según consta en el auto de apertura de juicio oral dictado contra 40 acusados por la primera época de actividades de la red, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

Tras los importes impuestos a Bárcenas y Correa figuran las fianzas que tendrán que afrontar el exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama, Pablo Crespo (49,6 millones de euros); el contable de la red, José Luis Izquierdo (47,3 millones); el cerebro financiero, Luis de Miguel (25,8); el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez (23,2); y la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias (22,2).

El exalcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP), exmarido de la exministra de Sanidad Ana MatoAna Mato, ya ha trazado su línea de defensa ante las acusaciones del magistrado que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

La culpa fue de sus concejales, que en realidad eran los auténticos responsables de las áreas municipales que se encargaban de las adjudicaciones a la red corrupta liderada por Francisco Correa. Esta es la principal conclusión del recurso de apelación enviado por el representante legal del dirigente del PP al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado acusa a Sepúlveda de cobrar mordidas a cambio de adjudicar obras y servicios a Correa. De estas sumas también se habría beneficiado el Partido Popular, por lo que esta formación política ha sido considerada por Ruz "partícipe a título lucrativo", a semejanza de la exministra de Sanidad Ana Mato.

Delegó las competencias

Para el abogado que firma el escrito en nombre de Sepúlveda es "fundamental" recordar que el entonces regidor "delegó la totalidad de competencias" que le fueron atribuidas como alcalde en los miembros de la comisión de gobierno, "como se refleja en el decreto de alcaldía-presidencia de 16 de junio de 2003".

Además, el letrado acusa al juez de ignorar el archivo de la causa "respecto de personas en quien tenía delegadas la totalidad de funciones inicialmente atribuidas a sí mismo", en referencia a la exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Yolanda Estrada.

Según esta versión Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo de Alarcón, cedió sus competencias en las áreas que coincidían con las de "mayor relevancia institucional y operacional del municipio": que eran las de Coordinación General, Cultura y Festejos; Economía, Hacienda y Régimen Interior; Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras; Familia y Bienestar Social; y Seguridad y Transporte.

No obstante, el exconcejal de Deportes de Pozuelo Ignacio José de Costa admitió ante el juez que la orden de adjudicar contratos del Consistorio a empresas de la trama Gürtel partía de Sepúlveda.

Decreto municipal

Así, Sepúlveda se aferra al mencionado decreto, que según el letrado acredita que el exalcalde de Pozuelo no tenía "competencias en la contratación. Conforme reconocieron los propios concejales en los actos de su declaración".

En descargo del exmarido de Ana Mato, el letrado defensor argumenta también que su representado, "al igual que otros muchos alcaldes, no puede ser perfecto conocedor de la totalidad de las competencias que le han sido, en esta causa, atribuidas a su cargo", y que por eso delegó en sus concejales.

Además, el recurso destaca que todas las contrataciones públicas efectuadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón entre 2003 y 2005 "cumplieron con una serie de condiciones que no hacen más que probar la legalidad de los procedimientos".

Así, el documento especifica: "Los órganos de contratación lo fueron por delegación de Sepúlveda y existió una participación de la mesa de contratación, debidamente constituida, que contó con la intervención de concejales, funcionarios públicos e incluso las figuras del interventor municipal e ingeniero técnico municipal, Leopoldo Gómez Gutiérrez".

Amistad con Correa

No obstante, en el documento, que tiene como fecha el 4 de diciembre, se reconoce la vinculación entre Correa y Sepúlveda, aunque “dicha amistad no ha devenido en la adjudicación irregular de contratos, obras o cualquier otra prebenda pública a Correa o a sus empresas en ninguna de las etapas de Sepúlveda”.

El exmarido de Ana Mato también defiende la legalidad de su actuación como senador del PP por la Región de Murcia y como secretario electoral de este partido: “En estos dos casos es obvio, ya que dichos cargos no tenían aparejada función alguna en materia de contratación”, completa el escrito enviado a Pablo Ruz.

En este sentido el escrito resalta: "El auto [de Pablo Ruz] es erróneo. ya que en ningún caso puede imputarse a mi mandante un delito de cohecho propio. Sepúlveda no ejercía ninguna de las facultades en materia de contratación", completa el escrito, que pretende que el juez archive la acusación contra el exmarido de Ana Mato.

"Ignora y omite"

Para Sepúlveda, el instructor "ignora y omite referirse a indicios de descargo" como la existencia de unanimidad en las mesas de contratación, los informes favorables del interventor del Ayuntamiento "que demuestran la absoluta legalidad que se siguió en la adjudicación de todos y cada uno de los contratos públicos objeto de instrucción; y el hecho de que no hubo jamás reparo alguno por parte del secretario o la tesorera del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón".

Pero además de Sepúlveda, también interpuesto sus recursos los representantes legales de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa e Iván Yáñez, el presunto testaferro de Bárcenas.

Así, Bárcenas se apunta a la estrategia de Sepúlveda, asegurando que como cargo del PP y como senador de este partido en Cantabria, no tenía capacidad de adjudicar contratos a Correa. Pero además, considera que todas las pruebas contra él generadas en Suiza no pueden ser utilizadas en el caso Gürtel. En similares términos se expresa el presunto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, que fue quién presuntamente ayudó a sacar el dinero de la confederación Helvética.

La demencia de Lapuerta

Por su parte, Álvaro Lapuerta ha pedido al juez el archivo de su acusación al sufrir "un proceso de demencia". Además, el escrito en nombre del que fuera jefe de Bárcenas en la tesorería del PP, hace referencia a la acusación concreta que le imputa el juez Ruz, que califica de "pequeñísima parcela fáctica y jurídica", asegurando que se trata de solo "tres movimientos".

"Insistimos, no se trata [...] de conjeturar y elucubrar si el Partido Popular tuvo o no un sistema de gestión de ingresosPartido Popular y gastos al margen de las cuentas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas; no se trata ahora de conjeturar o elucubrar si esos ingresos de lo que el auto llama la contabilidad B, tuvieron proyección o vinculación con concretos actos administrativos", resalta el recurso presentado por Lapuerta en la Audiencia Nacional.

"No me consta nada, pero en todo caso Jesús Sepúlveda dará las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión. No tengo nada más que añadir". Esa fue la respuesta de Mato en marzo de 2009 a las preguntas de los periodistas sobre el Jaguar que recibió como regalo de la trama su entonces exmarido, Jesús Sepúlveda, en 1999. 

Cuatro años después, Mato aseguró en el Congreso ser víctima de una "una cacería política y personal que llega hasta lo grotesco" y no tener "nada que ocultar", por lo que aseguró que iba a "seguir trabajando para los españoles" y además añadió que se sentía "orgullosa de continuar en este Gobierno".

"¿Eso es lo que hemos avanzado en igualdad?", 

"Se compraba los coches por 'renting'"

El País los pagaban su exmarido y ella misma

nada jamás a cambio de una decisión en el partido o en el Gobierno

se compraba los coches a través de renting renting

el viaje de su hijo de Disneyland París en 1998el viaje de su hijo de Disneyland París desconocía si el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, pagó este viaje

Además de las 43 personas contra las que dirige el procedimiento, el juez considera a Ana Mato y Gema Matamoros partícipes a título lucrativo por el beneficio que pudieron haber obtenido por los hechos delictivos atribuidos a los imputados Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. En la misma condición de partícipe a título lucrativo se mantiene al Partido Popular.

En concreto, el juez explica que en el caso de Ana Mato, como esposa del imputado Jesús Sepúlveda en el momento de los hechos, “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, según hace constar el juez en una tabla con cuantías y conceptos. Será en el plenario donde, según Ruz, se concretará la exacta cuantía de lo que la partícipe pudiera haberse beneficiado. Por tanto, Mato tendrá que ir a juicio y deberá devolver el dinero como responsable civil en el caso de que sea finalmente condenada. El juez utiliza el mismo argumento para considerar partícipe a título lucrativo a Gema Matamoros, como esposa del imputado Guillermo Ortega.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que la Fiscalía comparte "en principio" el criterio del juez Ruz de considerar a Ana Mato partícipe a título lucrativo de las actividades de la trama Gürtel.  "En principio, aunque no he tenido ocasión de leer el auto del juez, en principio, compartimos ese criterio", ha respondido Torres-Dulce al ser preguntado por esta cuestión poco antes de presentar la memoria de su institución relativa a 2013 en el Congreso de los Diputados.

Sobreseídas las actuaciones sobre Acebes

En su escrito el magistrado acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en esta pieza separada para el exsecretario general del PP Ángel Acebes Paniagua.

Ahora se abre un plazo de 30 días para que la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa.

Las 43 personas deberán sentarse en el banquillo por hechos cometidos por la trama Gürtel durante los primeros años y en operaciones que se circunscriben a las comunidades autónomas de Castilla y Leon, Madrid (Ayuntamiento de Madrid, Pozuelo y Majadahonda) así como la localidad malagueña de Estepona.

Origen y estructura de la trama

El juez contextualiza en un auto de 205 páginas la operativa desarrollada en torno a Francisco Correa y Pablo Crespo, las dos personas que durante años lideraron un entramado societario con la participación, entre otros de tres extesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Angel Sanchís, los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepùlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios, etcétera.

Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en once delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Para el juez Ruz se trata de "un grupo jerarquizado y con una estrategia coordinada". El auto relata cómo Francisco Correa, que comenzó su actividad con 14 años como botones turístico, terminó siendo el máximo responsable de la organización, con Pablo Crespo actuando bajo sus órdenes y ejecutando las directrices marcadas por Correa.

El juez se remonta a los años 90, cuando Correa comienza a desplegar su actividad laboral a través de sociedades con personas de su máxima confianza que actuaban de administradores y le gestionaban el patrimonio para ocultar la titularidad real de sus bienes.

La red de Correa se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del Partido Popular, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el PP para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba, según explica Ruz, de entregar dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas.

Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo.

Diversificación del negocio

El auto de Ruz detalla cómo a partir de las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del PP el grupo de Francisco Correa comenzó a trabajar en la Comunidad de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Recoge las irregulares adjudicaciones de contratos en los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Pozuelo, a cambio de dádivas percibidas en dinero en efectivo o prestación de servicios (viajes organizados por la agencia de viajes de Correa).

En relación con la Comunidad de Madrid, Ruz considera constatado indiciariamente que distintas entidades y consejerías realizaron contratación pública durante los años investigados “ que se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” de lo investigado se concluye que al menos 348 actos de la Comunidad fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas del grupo Correa.

El sistema ideado por Luis de Miguel para ocultar los fondos obtenidos por la organización de Correa de forma ilícita sirvió posteriormente, según Ruz, a los cargos públicos o responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias. De esta forma, según el juez “Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos”

El juez dedica un apartado a las contrataciones irregulares en la Comunidad de Castilla y León en donde el magistrado destaca el papel de Luis Bárcenas y Jesús Merino, que recibirían, según Ruz, regalos y comisiones por actuar de intermediarios con las empresas de Correa.

Sin perjuicio de lo que el magistrado está investigando en la llamada “pieza de los papeles de Bárcenas”, Ruz señala que el exsenador del PP por Cantabria, prevaliéndose de sus cargos de gerente y tesorero se apropió de fondos del partido al llevar junto con Álvaro Lapuerta una contabilidad paralela o caja B de la formación política entre los años 1990 a 2008.

La caja B "se nutría de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.

Diligencias practicadas y calificación jurídica

Entre las diligencias practicadas más significativas se encuentran toda la documentación incautada en los registros, las declaraciones de más de 100 imputados, más de 100 testigos, las 190 Comisiones rogatorias (más de 80 tomos) cursadas a 21 países, las diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

En cuanto al sobreseimiento de la imputación de Ángel Acebes en la presente causa, el juez explica que para imputarle un delito de apropiación indebida de comisión por omisión la jurisprudencia obliga a acreditar el conocimiento de la situación que genera el deber de actuar; según Ruz, las diligencias practicadas no arrojan mayores indicios sobre el eventual conocimiento por parte del imputado de que las operaciones de suscripción de acciones de Libertad Digital fuesen llevadas a cabo entre otros por Luis Bárcenas a través de su mujer, empleando los referidos fondos opacos que el gerente y tesorero administraban, sin perjuicio de que el juez considera indiciariamente acreditado por los estatutos del PP la posición del secretario general de superioridad jerárquica y autoridad sobre la actuación del gerente, del que podría racionalmente inferirse “un deber especial de control o de vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente”.

Por otra parte, Ruz considera y así lo explica en su escrito, con apoyo en el criterio mantenido por la Sala de lo Penal, que la reciente resolución de la justicia suiza sobre Bárcenas (que retrotraía a la fase inicial la petición de autorización de uso de sus documentos para enjuiciar los eventuales delitos fiscales) no debe alterar el avance de la investigación en España. Así, el magistrado acuerda que se traduzca y se envíe a las autoridades suizas su auto.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto una pieza separada dentro del caso Gürtel que permitirá adelantar el juicio contra los extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas; Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís,Luis BárcenasÁngel Sanchís según un auto firmado este martes.

Entre las 45 personas que están a punto de ser procesadas se encuentran políticos, empresarios y familiares como la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias; el considerado como testaferro del extesorero Iván Yáñez; Francisco Correa; Pablo Crespo; Jose Luis Izquierdo; Isabel Jordán; Álvaro Pérez El Bigotes; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; el exmarido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda; el exviceconsejero madrileño Alberto López Viejo; el exdiputado del PP Jesús Merino; Ricardo Galeote, Luis de Miguel, Jacobo Gordon y el denunciante del caso José Luis Peñas.

45 personas

De esas 45 personas, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo, por los hechos de la pieza que ahora Ruz quiere desglosar. Las otras 24 personas permanecen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los imputados se enfrentan a la acusación de once delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

En el auto el juez ofrece además acciones a los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo y Madrid por los posibles perjuicios sufridos e informa al Partido Popular de su derecho a personarse como partícipe a titulo lucrativo en relación con los hechos vinculados a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega y que con su actuación pudieron generar un “ilícito beneficio” para el partido de Mariano Rajoy cifrado en 236.864 euros.

Primera época

Esta nueva pieza, que se denomina primera época y que engloba los hechos ocurridos entre 1999-2005, refleja las operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa, así como otros hechos que se extienden a años posteriores.

El juez justifica la compartimentación del caso, adelantada por infoLibre, por el recorrido que ha seguido la investigación durante cinco años ante varios instructores; por todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países, pero sobre todo por haberse resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas. “Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”, especifica el magistrado en su auto.

Tribunal Supremo

Ruz se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los delitos económicos para escindir determinados hechos en una pieza separada. Cita sentencias, como la del caso Banesto o la más reciente del caso Hacienda, para desglosar en piezas la investigación y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable. Además, se da el caso que Luis Bárcenas permanece en prisión provisional desde el pasado verano.

Los hechos investigados que se dan por concluidos se centran en los primeros seis años de la trama (el juez señala que los imputados actuaron durante una década] y a operaciones en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.

El magistrado recoge el prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en los municipios madrileños de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Madrid; en la Comunidad de Madrid; en la Comunidad de Castilla y León y en el municipio malagueño de Estepona, "sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores”. El resto de los hechos se incluirán en otras piezas posteriores y que ya el auto del juez deja entrever que se centrarán en los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares, así como en constatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.

Entramado

Ruz relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas, mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

Utilizando sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y la Hacienda esos beneficios ilícitos.

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional pretende enviar a juicio a Bárcenas y al exdiputado del PP Jesús Merino Delgado, por sus presuntos cobros en contraprestación a su intermediación en la contratación pública. Asimismo, en relación con Bárcenas, esta nueva pieza separada también incluirá un apartado sobre el "apoderamiento de fondos" del PP y a la posible ocultación de sus ganancias ilícitas.

Estructura opaca

"Durante el periodo en que ocupó dicho cargo así como el de tesorero, el imputado, prevaliéndose de las funciones que los mismos le otorgaban, se habría apoderado de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada en ese partido", completa el juez sobre Bárcenas, a quien le atribuye haber cobrado más de 150.000 euros que fueron ingresados en una cuenta de Suiza.

Asimismo, la resolución judicial incluye dos inversiones con dinero de la caja B del PP por las que está siendo investigado Bárcenas: una inversión en acciones en Libertad Digital y la compra de un inmueble a la empresa Neu 1.500 SL. En ambas, el juez considera que el extesorero pudo haberse quedado con los fondos.

El auto resalta, además, que Bárcenas, con la finalidad de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad delictiva, utilizó, en connivencia con su esposa, la también imputada Rosalía Iglesias Villar, mecanismos de facturación ficticia y un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas.

El extesorero del PP justificó una parte de esos ingresos con operaciones de compraventa de obras de arte: "La excusa de las operaciones de compraventa de cuadros también se habría utilizado como justificación de numerosos ingresos en sus cuentas suizas y para solicitar un crédito", llega a indicar la resolución judicial.

Pero el juez Ruz también incluye entre los hechos por los que debería ser juzgado Bárcenas el presunto cobro de comisiones a empresas junto al exdiputado del PP Jesús Merino y a través de Francisco Correa.

Francisco Correa

Por otra parte, el instructor considera probada de forma indiciaria la existencia, desde al menos diciembre de 1999 hasta febrero de 2009, de una trama organizada en torno a Francisco Correa.

Y este empresario, vinculado al PP, contó con la ayuda de otros imputados, esencialmente a partir del año 2002 de Pablo Crespo Sabarís, "lideró un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones gobernadas por el Partido Popular, mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones".

Colaboración de Peñas

Además, en el escrito, en el que se mantiene la imputación del denunciante del caso, el exconcejal de Majadahonda del PP José Luis Peñas, el juez incluye un párrafo en el que destaca que su "colaboración ha resultado esencial en la averiguación y esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los eventuales responsables".

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que los regalos y las entregas en sobres que la red Gürtel realizó al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, "no pueden tener consecuencias fiscales", informa Europa Press.

En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, el departamento tributario señala que el importe de las "entregas de dinero, viajes y otras prestaciones" que le generaron "ganancias patrimoniales" a él y su familia entre 2000 y 2005 "no llegan a generar para cada periodo impositivo del IRPF cuota superior a 120.000 euros", umbral del delito de fraude fiscal. Sólo en entregas en metálico Sepúlveda recibió 477.090 euros entre los años 2002 y 2005.

En cuanto a los gastos de la campaña electoral de la Oficina de Pozuelo de Alarcón en las elecciones municipales de 2003, el informe de la Agencia Tributaria señala que "no pueden tener consecuencias fiscales para Sepúlveda, sin perjuicio de las que puedan existir a efectos de otros delitos o para otras personas o entidades".

El exconcejal de Deportes de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Ignacio José de Costa, ha admitido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la orden de adjudicar contratos del consistorio a empresas de la trama Gürtel partía de la Alcaldía del municipio madrileño, al frente del cual estaba Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración.

De Costa, que ha declarado como testigo ante el magistrado, ha indicado que la decisión de atribuir estos contratos a empresas de la trama liderada por Francisco Correa "partía de arriba" y ha precisado poco después: "Del gabinete de la Alcaldía". El exconcejal se ha referido, además, a dos facturas con empresas de la trama en las que figura su firma y ha explicado que Sepúlveda se encontraba ausente cuando él avaló los documentos, en su calidad de presidente del Patronato de Deportes.

Ruz ha citado a declarar como testigos a cuatro personas vinculadas con el Ayuntamiento para que declaren sobre el presunto cobro por parte del exalcalde de la localidad madrileña Jesús Sepúlveda "de comisiones ilegales vinculadas, bien a su cargo de senador, bien a la adjudicación irregular de contratos públicos". Además del exconcejal de Deportes, han comparecido como testigos ante el magistrado la encargada de la delegación especial de urbanizaciones, África Sánchez, el ingeniero de Caminos municipal Leopoldo Gómez y el representante de las compañías Travelling Escenografía y Producciones Escenográficas, Juan Peguero, que mantenía relaciones comerciales con empresas de la trama Gürtel como Special Events u Orange Market.

Reformaron un chalet

Peguero, que se dedica al montaje de escenografías para series de televisión y cine, ha indicado ante Ruz que los encargos que le realizaban las empresas de Correa le resultaron "extraños y sospechosos" desde el inicio, por lo que decidió conservar toda la documentación.

En este sentido, ha explicado que Special Events y otras compañías de Correa le contrataban para funciones que no están relacionadas con la actividad de Travelling Escenografía y Producciones Escenográficas, como la construcción de unas plazoletas. Special Events también le encargó "la reforma de un chalet", ha indicado, aunque no ha podido precisar a quien pertenecía la vivienda. Ruz le ha requerido que le aporte los documentos que guarda en un plazo de cinco días, han indicado fuentes jurídicas.

El juez atribuye al exmarido de la ministra Mato la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que le remita informes ampliatorios sobre los fondos que percibió el exalcalde de la trama y le informe si éste cometió delitos fiscales. Ha pedido también al Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo datos sobre las diligencias previas que abrió en 2008 y reclama a la empresa Asfaltos Vicálvaro SL el contrato que firmó con Constructora Hispánica SA en relación con el proyecto de obras 'operación asfalto 2004'.

El ayuntamiento adjudicó por 1.854.656 euros a las empresas D. Velasco y Asfaltos Vicálvaro estas obras, que fueron después subcontratadas a Constructora Hispánica. La red presuntamente cobró 63.643 euros por esta operación.

Regalos a la familia de Mato

La trama Gürtel regaló a la familia Sepúlveda-Mato viajes turísticos, artículos de lujo y "eventos familiares particulares" como fiestas de cumpleaños con payasos que costaron más de 62.000 euros. También pagó otros 75.000 euros para la oficina electoral del PP de Pozuelo y una serie de servicios al Ayuntamiento de la localidad, según reflejaba un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) remitido al juez en febrero de 2013.

Los viajes fueron costeados por la empresa de la red Pasadena Viajes por un monto total de 50.049,01 euros. La Policía también detallaba la existencia de "distintas entregas de dinero en metálico (60.000 euros) con destino a la cuenta de servicios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el pago de gastos relacionados con la organización de distintos actos de carácter político (no cuantificados) y el montaje de la oficina electoral del Partido Popular (PP) de dicha localidad con motivo de las elecciones autonómicas de 2003 (15.600,16 euros).

En relación con los "actos de carácter particular/familiar a nombre de Jesús Sepúlveda Recio", el informe de la UDEF aseguraba que los mismos supusieron un coste para la trama Gürtel de "un mínimo de 4.555,24 euros", al que habría que sumarle "una fiesta de cumpleaños" celebrada el 19 de junio de 2004 que costó 7.274,59 euros. De igual modo, destacaba el hallazgo de documentos que indican la compra, por parte de Special Events de dos artículos de Louis Vuitton por valor de 610 euros. El citado documento presenta una anotación manuscrita en su parte inferior: "Obsequio Ana Mato".

La ministra de Sanidad, Ana Mato, fue la protagonista el 8 de junio de 2004 de un acto electoral del PP en Majadahonda (Madrid) organizado por la mujer de Francisco CorreaPP . El paso la ministra por este municipio madrileño formaba parte de la campaña para las Elecciones Europeas que se celebraron el 13 de junio. Un mes de junio de 2004 en el que, según el sumario Gürtel, Ana Mato y su entonces marido Jesús Sepúlveda se beneficiaron también de regalos de Correa: como por ejemplo el cumpleaños de uno de sus hijos, el 19 de junio, y el viaje a Suiza de dos personas, el 30 de junio. Pese a la negativa de Mato, que insiste en asegurar que ella se ha pagado todos los gastos, la Agencia Tributaria ha asegurado que existen datos "irrefutables" de que el viaje a la Confederación Helvética con su hija lo abonó Correa.

La primera de las tres facturas por 2.495 euros asociadas al viaje a Suiza, según la contabilidad de Gürtel, se refiere a los billetes de avión, según ha corroborado Hacienda en su último informe sobre el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, con su hija. La segunda sufraga la estancia en el hotel CPT Suisse Golf. El tercero paga los billetes de tren desde Ginebra hasta la localidad de Montreux, donde la menor se incorporó a un campamento de verano. En enero de 2011 Ana Mato aseguró en un comunicado, al igual que con el viaje a Disneyland-París, que ese gasto había sido pagado íntegramente por ella. No obstante, en el caso de la capital francesa la ministra aseguró desconocer si alguien ajeno a su familia había sufragado los gastos de su hijo.

El acto electoral de Ana Mato en Majadahonda del 8 de junio de 2004 consistió en una visita al casco urbano, tal y como prueban las imágenes obtenidas por infoLibre sobre el evento. La logística de la jornada corrió a cargo de una de las integrantes de la red Gürtel, y más concretamente de María del Carmen Rodríguez Quijano, la entonces mujer del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Ella era la encargada de todos los actos electorales del partido de Mariano Rajoy que se desarrollaban en Majadahonda. Con Quijano trabajaba el que después se convertiría en concejal del PP José Luis Peñas. Fue precisamente Peñas quien, tras recoger información sobre la trama en distintas grabaciones, presentó una querella ante la Policía Judicial que acabó en manos del juez Baltasar Garzón.

María del Carmen Rodríguez Quijano, la segunda por la izquierda. Detrás, con una chaqueta azul, Ana Mato, en el mercadillo de Majadahonda.

El paso de Mato por este municipio madrileño ese 8 de junio duró solo la mañana, tal y como explica una exigua nota difundida por el PP municipal. En la misma, el gabinete de comunicación del PP majariego destacaba que la ahora ministra había sido acompañada por el alcalde del PP Guillermo Ortega y otros concejales del PP. Ortega está, al igual que la mujer de Correa, imputado en Gürtel.

Según el comunicado difundido por el PP, la número cinco en la candidatura del PP a las europeas de 2004, que encabezaba Jaime Mayor Oreja, recorrió la Gran Vía de Majadahonda y el mercadillo local: "Donde han recibido numerosas pruebas de afecto y apoyo. Ana Mato se interesó por la caseta de la Policía de Proximidad instalada junto al mercadillo", explica de forma escueta la nota. Varias imágenes ilustran esta información. Y en al menos dos de ellas se puede ver a la ministra cerca de la mujer de Correa, con quien según el propio Peñas mantenía un trato cercano. En una tercera fotografía Mato se retrata junto a Guillermo Ortega, que simultaneaba el cargo de regidor con el de responsable de los actos del PP en la Comunidad de Madrid.

Jefa de gabinete de Guillermo Ortega

Mari Carmen, como se le conocía de forma familiar en el Consistorio, era desde 2002 la jefa de gabinete de Guillermo Ortega. Y entre sus cometidos se incluía la organización de los actos municipales. Al margen de este cargo, Rodríguez Quijano también se encargaba de los actos del PP de Majadahonda, que según un informe de la Policía Judicial se financiaron en parte gracias a las aportaciones recibidas por empresarios que pagaban a la red Gürtel después de recibir cuantiosos contratos públicos.

Guillermo Ortega junto a Ana Mato el 8 de junio de 2004 en Majadahonda.

Pero el acto electoral de Mato en Majadahonda no es el único que relaciona a la ministra con la exmujer de Correa. Según un informe policial que consta en el sumario, un coche de baja gama marca Suzuki pasó en 1994 de pertenecer a María del Carmen Rodríguez Quijano a MatoSuzuki . La ministra también ha rechazado haber recibido un bolso marca Louis Vuitton de 610 euros en noviembre de 2003, tal y como refleja la contabilidad de la red Gürtel. El exmarido de Mato, Jesús Sepúlveda, siempre ha asegurado que ella no sabía nada acerca de la procedencia del dinero y de los regalos.

60.000 euros pagados por Molpeceres el 11 de junio

También fue el 11 de junio de 2004, según los papeles de Bárcenas, cuando el empresario Joaquín Molpeceres, dueño de la empresa Licuas, financió al PP con un pago 60.000 euros. Tan solo tres días después de que Ana Mato protagonizara el principal acto de la campaña en Majadahonda con la visita al mercadillo del municipio, conocido como epicentro de la trama. Las firmas Licuas y Coarsa, ambas ligadas a Molpeceres, que no está imputado en Gürtel, recibieron 43,7 millones de euros del Ayuntamiento del PP de Majadahonda en adjudicaciones.

Y como contrapartida, según el informe policial, las empresas de Molpeceres abonaron también otros 185.000 euros entre 2002 y 2004 a Correa. Estos fondos, enmascarados mediante facturas falsas, siempre según la Policía, pasaron a engrosar la caja b de la trama, que sirvió para financiar la campaña del PP para las elecciones generales de 2004. Y también para sufragar gastos del funcionamiento diario del gabinete de alcaldía, encabezado por la mujer de Correa.

Majadahonda abonó 11.995 euros a la firma Licuas

Pero además, la contabilidad remitida por la empresa de Molpeceres al magistrado del caso Gürtel, Pablo Ruz, muestra que el Consistorio majariego abonó el 30 de junio, dos semanas después del acto electoral, 11.995 euros a la empresa Licuas en concepto de "importe correspondiente a los trabajos de apoyo por las Elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio de 2004".

Precisamente, el mismo día en el que Licuas percibió los 11.995 euros del Ayuntamiento de Majadahonda, el 30 de junio de 2004, la contabilidad del grupo de Correa interceptada en la sede central de la organización en la calle Serrano de Madrid refleja el pago de tres facturas con destino a Suiza por 2.495 euros con la rúbrica de 'A. Mato'. Diecisiete días después de haber sido elegida eurodiputada del PP.

Los extesoreros nacionales del PP Luis Bárcenas (1.107.395 euros) y Álvaro Lapuerta (594.566), la exresponsable de las cuentas del partido en Valencia Cristina Ibáñez (220.517), el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (316.269 euros) y el exeurodiputado del PP Gerardo Galeote (373.424 euros), todos excepto Galeote imputados en Gürtel, se encuentran entre los políticos que más dinero cobraron del PP entre los años 2006 y 2011.

Las cifras de la contabilidad oficial del PP, que fue remitida por el Tribunal de Cuentas al Juzgado Central de Instrucción Número 5 del magistrado Pablo Ruz, reflejan que entre los cuatro imputados y Gerardo Galeote, quien durante meses fue vinculado con la trama por diferentes informes policiales, percibieron 2,6 millones de euros en seis años.

El político del PP que más cobró durante esa época, incluso estando imputado, fue Luis Bárcenas, ya que percibió más de un millón cien mil euros. En las cifras vinculadas al extesorero de la formación conservadora destaca en 2010 una importante subida de sueldo. Este ejercicio fue justo un año después de que Bárcenas resultara imputado en Gürtel. En ese periodo sus emolumentos pasaron de 132.000 euros a 219.000 euros. En 2011 Bárcenas también se vio beneficiado por otra subida, llegando a los 251.639 euros. Bárcenas ha seguido cobrando del PP hasta al menos diciembre de 2012.

El segundo en el ránking de los imputados en Gürtel en función del dinero cobrado del PP desde 2006 es el que fuera tesorero Álvaro Lapuerta. Si se tiene en cuenta el periodo que va de 2006 a 2011 que está en manos del juez Pablo Ruz, Lapuerta sería el sexto con mayores ingresos del PP. Pero lo cierto es que en tan solo tres años (2006, 2007 y 2008) recibió más de 500.000 euros. Lapuerta abandonó en junio de 2008 la tesorería del PP, dejándola en manos de Bárcenas tras el congreso de Valencia. Recientemente, Lapuerta sufrió un grave accidente.

Jesús Sepulveda: 316.269 euros

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reincorporó al PP tras dimitir como regidor de esta localidad madrileña, uno de los municipios españoles con mayor renta per cápita. Está entre los 29 integrantes del PP mejor pagados con un sueldo en tres años, solo desde 2009 a 2011, de 316.269 euros. Al igual que en el caso de Bárcenas, Sepúlveda se ha mantenido hasta fechas recientes cobrando del PP pese a estar imputado en la causa. Sobre el exalcalde de Pozuelo pesan numerosas acusaciones del juez de Gürtel, en cuyo sumario aparece de forma frecuente como receptor de regalos del presunto jefe de la trama corrupta, Francisco Correa.

La exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez está entre los 51 miembros del PP que más dinero han cobrado entre 2006 y 2011, periodo en el que percibió 220.517 euros. Ibáñez está imputada en la rama valenciana de Gürtel, en la que se investiga la presunta financiación del PP durante el mandato del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

Gerardo Galeote no está imputado

El caso de Gerardo Galeote es diferente al de los cuatro anteriores cargos del PP, que sí están imputados en Gürtel. El anterior instructor del caso Gürtel, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, rechazó llamarle a declarar como imputado al no haber indicios de que hubiera cometido ningún delito. De esta forma, Pedreira se oponía a la petición de la Policía Judicial, que en varios informes aseguraba que Galeote podría haber cobrado de la red de Correa más de 600.000 euros en comisiones ilegales. La investigación se evaporó, y Galeote fue recuperado por Rajoy, que en 2011 pasó a ser el quinto político del PP que más cobra, con 151.000 euros. Entre 2009 y 2011 percibió 373.424 euros, con una subida de más del 40%.

Pero la contabilidad del PP incluye otro nombre de un imputado. Se trata del exdiputado Jesús Merino, cuya mujer es la principal propietaria de la empresa Everland. El PP alquila uno de los inmuebles a esta firma, en el que reside de forma frecuente el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, como adelantó eldiario.es. Según la contabilidad oficial del PP, Merino recibió 1.976 euros en concepto de rendimientos profesionales en 2010, año en el que el exdiputado del PP permanecía imputado en Gürtel. No fue hasta el verano de 2011 cuando Pedreira archivó su caso y el de Bárcenas, que reabrió la Audiencia Nacional en 2012.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha verbalizado este miércoles desde Bruselas el apoyo que mantiene el Ejecutivo a la titular de Sanidad, Ana Mato. Hace una semana, Hacienda confirmó en un informe que la red Gürtel pagó al menos una parte de dos viajes a Dublín y a París de la exresponsable de Organización del PP. 

Según sostuvo Rajoy, el Gobierno que lidera mantiene su "absoluta confianza" en la responsable de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. "Está haciendo las cosas muy bien y espero que las siga haciendo durante mucho tiempo", recalcó el presidente preguntado en rueda de prensa sobre las últimas revelaciones de la Agencia Tributaria.

Esto significa que, tal y como adelantó infoLibre el pasado viernes, el Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones dadas por la ministra. A saber: que todo son asuntos de su exmarido, Jesús Sepúlveda, imputado en el caso Gürtel, y que ella siempre ha corrido con los gastos de sus viajes.

Este lunes, la número dos del PP fue preguntada sobre esta misma cuestión. En su respuesta, María Dolores de Cospedal, evitó defender a su compañera de partido. "A los ministros los nombra el presidente del Gobierno y hace lo que le corresponda", valoró.