Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha lamentado este miércoles que en las elecciones del 28 de abril habrá que elegir "entre un gobierno Frankenstein o uno Franconstein", en alusión en el primer caso a posibles pactos del PSOE con Podemos y nacionalistas, y en el segundo, a la coalición de PP, Cs y Vox, según informa EFE.

En un homenaje a Gregorio Peces-Barba en la Universidad Carlos III de Madrid, González ha alertado a los independentistas de que "están más lejos de la independencia que de perder la autonomía". Muchos de los que critican la Constitución, como los independentistas, "reclamarán sus derechos constitucionales para combatir lo que están amenazados de perder", ha dicho.

González ha comparado la situación en Cataluña con el Brexit ya que, a su juicio, "hay muchos aventureros" que "intentan salvar los muebles y queman la casa", como el ex primer ministro británico David Cameron, que convocó el referéndum en el que los británicos se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea.

El expresidente socialista, que se ha mostrado "orgullosamente actor y parte del régimen del 78", ha defendido la Constitución como un "bosque resistente a los pirómanos que rodean la convivencia de España", gracias al cual se han evitado males mayores en Cataluña. "Si lo que ha pasado hace año y medio hubiera pasado hace 80 años, la realidad se contaría por número de muertos", ha añadido.

La Carta Magna "aguantó a Tejero y a barbaridades como que vayamos todos con un pistolón por la calle", ha señalado en alusión a la propuesta sobre armas del líder de Vox, Santiago Abascal.

Al igual que González, el ponente constitucional Miquel Roca ha subrayado en el mismo acto que "no hay nada que pueda ofender más a la inteligencia que insultar al régimen del 78" y ha dicho que no está dispuesto a avergonzarse de ese legado, sino que le apena "la tontería de quienes defienden lo contrario". "Nos salió bien y no era fácil", en opinión del que fue uno de los creadores del texto constitucional.

González ha recordado que la Carta Magna salió adelante gracias a los pactos, sin "irredentismos", y ha criticado a los que ahora la cuestionan porque quieren "hacer un país a su medida", que "es lo que quería Franco". También ha defendido la Ley de Amnistía de 1977, que se creó "para no castigar a los que resistieron al franquismo", a lo que Roca ha puntualizado que "un país que no sabe emocionarse con una amnistía y la valora agriamente tiene un problema muy grave".

En relación con la situación política actual, el expresidente ha dicho que se ha pasado del bipartidismo al "bloquismo", en el que "marca la pauta del discurso el que está más al extremo" y ningún partido quiere "ocupar un espacio de centralidad", algo que considera indispensable para gobernar. Para Roca, "el bloquismo lleva al bloqueo" y tanto los partidos mayoritarios gobernando, como los minoritarios apoyando, tienen la "responsabilidad de gobernar" en una coyuntura como esta.

El exdirigente de CiU y padre de la Constitución Miquel Roca ha asegurado tener miedo de que si se modifica la Constitución, "la reforma vaya a peor", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Aun así, ha señalado que la Carta Magna "tiene muchos márgenes y lo demuestra su propia aplicación", ya que, por ejemplo, el servicio militar se dejó de hacer aunque está marcado como obligatorio y no ha hecho falta un referéndum para aprobar el matrimonio homosexual.

Ha defendido que la Constitución tuvo en su momento "la capacidad y la fuerza para reorientar el camino", y ha subrayado que, si ahora hay comprensión y diálogo, hay margen para entenderse.

Cataluña

Roca ha asegurado que a España "le cuesta entender y aceptar el sentido profundo de la reivindicación catalana", pero a pesar de ello ve posible encontrar una solución, que pasa por llegar a acuerdos.

"Tendríamos que saber leer que las cosas no van por un camino que nos pueda interesar y hay que reorientarlas porque, si no, nos haremos daño", y la historia enseña que las rupturas se pagan caras, ha alertado.

Preguntado por si la situación política puede acabar en violencia, ha dicho que ahora "ya no se trata de barricadas", porque la violencia puede ser cibernética.

"Tensión"

Ha opinado que Cataluña "no sabe administrar la tensión" ni ha sabido hacerlo nunca, y la fuerza que tiene es la unidad de sus ciudadanos y la convivencia en la calle, ha apuntado.

Preguntado por si el juicio a los políticos soberanistas por el referéndum del 1 de octubre será justo, ha dicho: "Quiero creerlo, necesito creerlo y por lo que a mi respecta, haré lo que esté a mi alcance para que lo sea".

Sobre la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, ha dicho que le preocupan mucho los resultados que obtuvo en las elecciones de este domingo y al verlo apagó la televisión: "La historia no se repite nunca exactamente, pero tiene ritmo", ha advertido.

Los tuiteros también han tenido un pensamiento para el abogado de la infanta, Miquel Roca, que mostraba su satisfacción por la sentencia favorable a Cristina de Borbón:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará desde el próximo 13 de junio a trece testigos, entre los que se encuentra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, uno de los abogados de la infanta Cristina Miquel Roca, el directivo de Caixabank Jaime Giró y al de Banco Sabadell Gonzalo Barettino en la causa en la que investiga a Ausbanc y Manos Limpias por presuntos delitos de extorsión.

También han sido citados altos directivos de BBVA como Ignacio Moliner y Javier Ayuso [este ya no trabaja en el banco], así como el exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui, el presidente de Credit Services Francisco Javier López, el expresidente de Novacaixagalicia Banco José María Castellano Ríos, el directivo de Caixa Catalunya Joan Rafols Llach y los abogados Ramón Luis García Torre y Monserrat Trinidad Suárez Abad. El último en comparecer será el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez García.

Manos Limpias y Ausbac presentaron en su momento varias querellas contra Blesa, que fue enviado a prisión por el juez Elpidio Silva. Meses después, el caso Blesa, que fue excarcelado, se convirtió en el caso Elpidio Silva, y por el que el magistrado acabó inhabilitado para ejercer de juez. "¿A usted no le consta si antes de las querellas contra Blesa había habido una reclamación económica a Caja Madrid?", preguntó el fiscal que investiga en la Audiencia Nacional la trama, Daniel Campos, a Miguel Bernad, según publicó infoLibre. Este contestó: "En absoluto, lo desconozco de una manera total y absoluta, y lo niego rotundamente".

El magistrado investiga además la reclamación de un pago de tres millones de euros por parte de los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad, y Luis Pineda, para retirar la acusación contra la infanta en el caso Nóoscaso Nóos. Además, la causa afecta a la petición de un millón de euros a Unicaja para dejar de ejercer la acción contra uno de sus reponsables en el caso de los ERE.

Blesa, el 16 de junio

El juez ha citado para el 16 de junio a Blesa, para el 14 de junio a Miquel Roca, a Giró y Barettino para el 13 de junio, mientras que tomará declaración hasta el 17 de junio a varios responsables de comunicación de entidades bancarias que conversaron con Pineda. Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.

El juez sospecha que Pineda aprovechó la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias, alcanzar "acuerdos económicos enmascarados" en contratos publicitarios y conseguir un beneficio "personal" utilizando en su provecho a Manos Limpias.

La Fiscalía ha pedido devolver al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, el escrito en el que este desvelaba la propuesta de mantener una reunión "clandestina" que le ofreció uno de los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca, dada la "inutilidad e intrascendencia procesal" de esta diligencia en la causa en la que investiga a los responsables de Manos Limpias y Ausbanc por delitos de extorsión.

El fiscal Daniel Campos explica que "más allá" de la "simple" petición del encuentro, "no existe ninguna otra realidad fáctica, sino meras especulaciones acerca de las proposiciones que hubieran podido realizarse de haber tenido lugar la reunión o de las cuestiones que en su caso se habrían tratado".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Castro señalaba que fue otro de los letrados de la exduquesa, Jaime Riutord, quien acudió a su despacho durante los primeros días de diciembre de 2013 para trasladarle las pretensiones de Roca.

Por su parte, José Castro, ha manifestado no sorprenderle que el abogado de la infanta Miquel Roca haya desmentido la reunión "clandestina" que éste le habría propuesto antes de decidir, a principios de 2014, si imputaba o no a Cristina de Borbón por segunda vez durante la instrucción del caso Nóos. En declaraciones a los medios a su llegada a los Juzgados de Vía Alemania, el juez ha sido tajante al ser inquirido sobre la negativa de Roca de haberle emplazado al encuentro: "No me sorprende".

Al ser preguntado sobre si realmente el letrado le pidió reunirse con él, Castro ha manifestado: "Me van a disculpar, pero lo que yo tenga que decir se lo tengo que decir antes a Santiago Pedraz y no voy a hacer ninguna declaración". El magistrado, quien durante más de cinco años instruyó el caso Nóos, presentó el pasado viernes un escrito suscrito ante notario al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que relata que Roca le propuso una reunión en los días previos a decidir sobre la situación procesal de la exduquesa de Palma.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Castro señala que fue otro de los letrados de la exduquesa, Jaime Riutord, quien acudió a su despacho durante los primeros días de diciembre de 2013 para trasladarle las pretensiones de Roca. Según informaron fuentes jurídicas, la misiva del juez Castro ha sido incorporada a la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga delitos de extorsión, amenazas, estafa y pertenencia a organización criminal, entre otros, cometidos desde Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc). Las mismas fuentes añadieron que el magistrado instructor no descarta citar a declarar al abogado Riutord para que aclare esta propuesta de encuentro y detalle que pretendía su bufete trasladar a Castro.

En su escrito, Castro subraya que "lo que me llamó la atención no fue la pretensión en sí puesto que la puerta de mi despacho siempre ha estado abierta para cuantos letrados han querido acceder a él sin necesidad de pedir cita previa, sino el hecho de que mi interlocutor enfatizara las condiciones en que esa reunión debía celebrarse".

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Castro señaló que fue otro de los letrados de la exduquesa, Jaime Riutord, quien acudió a su despacho para trasladarle las pretensiones de Roca.

Según informaron fuentes jurídicas, la misiva del juez Castro ha sido incorporada a la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga delitos de extorsión, amenazas, estafa y pertenencia a organización criminal, entre otros, cometidos desde Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc).

Estas fuentes añadieron que el magistrado instructor no descarta citar a declarar al abogado Riutord para que aclare esta propuesta de encuentro y detalle que pretendía su bufete trasladar a Castro.

En su escrito, Castro subrayó que "lo que me llamó la atención no fue la pretensión en sí puesto que la puerta de mi despacho siempre ha estado abierta para cuantos letrados han querido acceder a él sin necesidad de pedir cita previa, sino el hecho de que mi interlocutor enfatizara las condiciones en que esa reunión debía celebrarse".

Efectivamente, señaló, el lugar que le fue propuesto para el encuentro "sería una finca, que mi interlocutor no sabía en ese momento si estaría ubicada en Barcelona o en Mallorca y que por lo que sigue, deduje, o quizá se me dijo, que se trataría de rústica, garantizándome insistentemente que estaría al abrigo de periodistas y fotógrafos, asegurándome en definitiva la más completa intimidad".

Según relató Castro en su escrito, de seis páginas, no preguntó a Riutord "cuál sería el orden del día de tal reunión porque era obvio que el señor Roca y yo no teníamos más tema en común que el de Doña Cristina de Borbón".

Castro rechazó reunirse fuera de su despacho

La respuesta del instructor del caso Nóos, recordó, fue que "sería la primera vez que yo me negara a recibir a un letrado que interviene en una causa, pero que la reunión debería tener lugar necesariamente en mi despacho", bien el de su propio Juzgado y, en horas de audiencia o a cualquier hora del día si así coincidía, en el Juzgado de guardia. Riutord le dijo que se lo comunicaría a Roca, pero "pasaron los días" y acerca de la respuesta de éste "nunca más se supo ni yo me interesé por ella".

El juez Castro prosiguió en su escrito que, "de cara al exterior, yo no puedo ni debo adivinar qué proposiciones se me hubieran podido ofrecer de haber concurrido a esa pretendida reunión altamente secreta. Es más, dudoso pudiera ser incluso que se me cursara alguna y no, en cambio, el pretender situarme en un escenario en el que mi papel sería de muy difícil, por no decir imposible, justificación".

"En cualquier caso, y adivinanzas aparte, lo indudablemente cierto es que las cuestiones que en esa clandestina reunión se hubieran podido tratar conmigo al parecer debieron resultar totalmente incompatibles con hacerlas en un ámbito normalizado como el de mi despacho oficial", sostuvo el magistrado.

Castro también explicó en su escrito que días más tarde, con ocasión de que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach acudiera a su despacho, le relató el incidente y le preguntó si estaba al tanto "de la susodicha invitación" y, "al contestarme con un escueto 'no', di la cuestión por terminada".

El juez duda sobre si Roca también acudió a Manos Limpias

Según afirmó, el asunto quedó "archivado en mi recuerdo, del que nunca preveía que pudiera aflorar hasta que, con ocasión de que conocer a través de los medios que Manos Limpias había al parecer intentado sin éxito extorsionar al equipo de letrados que asistía a Cristina de Borbón para, a cambio de dinero, retirar la acusación contra ella, no pude evitar que, al tiempo que ese supuesto proceder me genera una gran vergüenza, me asaltara también la duda de si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío".

"No me incumbe hacer valoraciones sobre la trascendencia penal de los hechos que relato y me limito sólo a cumplir con el deber de todo ciudadano de ponerlos en conocimiento del órgano instructor para que sea éste quien las haga".

Llamada telefónica de Castro a Pedraz

Castro precisó en su escrito que el pasado 22 de abril trató con el decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, de la posibilidad de comunicarse con Pedraz al objeto de, ofreciéndose como testigo, hacerle llegar esta información.

Antes de exponerle los hechos, recordó que le participó dos "inquietudes que me asaltaban": la de que pudiera interpretarse su llamada como un "interés personal" en obtener información sobre sus diligencias, "por lo que cuanto menos supiera de ellas, mejor"; y que "se desterrase cualquier equívoco sobre que pretendiera abogar por el sindicato Manos Limpias". Tras ello, Castro decidió presentar el escrito ante el juez de la Audiencia Nacional.

En su misiva, Castro recordó asimismo que, al margen del día en que Riutord le trasladó la propuesta, había acudido varias veces a su despacho para "intentar obtener una primicia informativa sobre cuál sería mi decisión" acerca de si por segunda vez imputaría o no a la Infanta, "recibiendo siempre como única respuesta la de que estaba valorando toda la documentación que acababa de recibir y que ya se les notificaría la resolución que recayese".

Dos semanas después, el juez acordó la citación como encausada de la exduquesa, quien en medio de una amplia expectación mediática y un elevado despliegue policial acudió a declarar el 8 de febrero de 2014 a los Juzgados de Vía Alemania de Palma.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relata en el auto de prisión que la organización dirigida por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y en la que participaba el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, aprovechaba la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias con el objetivo de alcanzar "acuerdos económicos enmascarados".

El magistrado explica que el grupo Ausbanc destinó a sus sociedades más de 5,3 millones de euros, y añade que desde noviembre los investigadores detectaron que la organización actuó mediante estas tácticas en cuatro casos abiertos en los tribunales: Nóos, los ERE y dos procesos abiertos contra el Sabadell y Facua.

El juez apunta que la organización estaba dirigida por Luis Pineda y que este utilizó la "cobertura" de Ausbanc en defensa de los consumidores para "presionar" a entidades y obtener un beneficio económico ilícito. De este modo, realizaron tácticas de coacción para alcanzar acuerdos económicos "enmascarados en contratos publicitarios y utilizando a su vez al sindicato Manos limpias para reforzar las coacciones".

El dinero recaudado por Ausbanc procedía de dichos "convenios publicitarios" así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señala el magistrado en su auto, en el que detalla el papel que desempeñaban los detenidos en la organización, que contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU, informa Europa Press.

El auto describe las conductas de desvío de fondos, las presuntas estafas a los asociados y las negociaciones por las que conseguían los contratos publicitarios, y destaca que desde noviembre los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ERE y Facua.

Como ejemplo, especifica que la organización llamó el 29 de febrero de 2016 al director general de la Fundación La Caixa y el 14 de marzo al subdirector general de la asesoría jurídica del Sabadell para negociar la retirada de la acusación popular contra la infanta Cristina en el  caso Nóos. Las dos entidades contactaron con el abogado defensor de esta, Miquel Roca, que denunció ante la Policía el 30 de marzo el ofrecimiento realizado por Pineda para "tratar el tema de Palma".

Según el auto, comenzaron pidiendo dos millones pero después incrementaron esta cifra hasta los tres porque habían tenido muchos gastos procesales relacionados con la causa. También, se detectó que Unicaja tendría que pagar un millón de euros si quería que Pineda solicitara el archivo de una causa contra la entidad en los tribunales, mientras, en el caso del Sabadell pedían rebajar la deuda de un constructor.

La infanta Cristina designó formalmente a cuatro abogados más para reforzar su defensa en el juicio del caso Nóos, que se reanudará el próximo martes y en el que la hermana del Rey Felipe VI se sentará en el banquillo como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales por los que el sindicato Manos Limpias, que ejerce en solitario acciones penales contra ella, reclama ocho años de prisión, informó Europa Press.

Mediante un escrito al que tuvo acceso Europa Press, la representación procesal de la exduquesa pone en conocimiento del tribunal encargado de juzgar el caso Nóos que, junto a Miquel Roca y Jesús María Silva (quienes ya estuvieron presentes en la primera sesión de la vista oral), ejercerán su defensa los letrados de Barcelona Pablo Molins, Jorge Navarro y Juan Segarra –todos ellos del bufete Molins & Silva–.

También lo hará Jaume Riutord, quien pertenece al despacho mallorquín Riutord Contestí, con el que el bufete que se encarga de la defensa de la infanta, Roca Junyent, formalizó un acuerdo de colaboración en 2011 con el objetivo de reforzar sus servicios en Baleares.

Tal y como señala el escrito, todos ellos se irán sustituyendo entre sí "en función de sus agendas profesionales, en el bien entendido de que en Sala únicamente podrá actuar un sólo letrado de los presentes". La defensa de la infanta ofrece la posibilidad de avanzar con antelación qué abogado asistirá a cada una de las sesiones.

En concreto, Manos Limpias atribuye a la infanta un papel imprescindible para que su marido defraudase 337.138 euros en el IRPF de 2007 y 2008 a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, una de las mercantiles 'pantalla' del conglomerado supuestamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres para defraudar hasta 6,2 millones de euros públicos.

El tribunal rechazó hace una semana aplicar la doctrina Botín sobre la mujer de Iñaki Urdangarin y acordó que continúe siendo juzgada. En un auto de 85 páginas, la Sala cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la anterior doctrina y subraya que ésta "no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador" dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial.

Las magistradas que componen el tribunal rechazan así el "espíritu" de la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acción popular –en este caso Manos Limpias–, y no la Fiscalía ni el perjudicado por el delito –la Agencia Tributaria–. Tanto la infanta como la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaron que aquélla le fuera aplicada.

Escrito de protesta de la infanta

Al no ser así, la acusada formuló esta semana un escrito de protesta en el que denunciaba la vulneración del artículo 24 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

En concreto, la doctrina Botín tiene su origen en una resolución del TS de 2007 que avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones populares a la hora de instar la apertura de un juicio oral contra Emilio Botín y otros directivos del Banco Santander (en el conocido como caso 'cesiones de crédito') cuando la Fiscalía y los perjudicados habían solicitado el sobreseimiento de la causa.

A juicio de la Sala, la doctrina choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al defender éste que la existencia de la acusación popular en el proceso penal permite garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, el tribunal sustenta la decisión en el hecho de que lesionar el erario público de Hacienda "provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos", por lo que desmonta el argumento esgrimido por la Agencia Tributaria de que el perjudicado por estos hechos "no es la sociedad en general" sino el propio fisco como organismo.

En su resolución, las magistradas recalcan de haber un perjudicado concreto y específico por los presuntos delitos fiscales cometidos "no sería con carácter exclusivo un determinado organismo público que monopolice" el quebranto. Y ello porque este tipo de actuaciones delictivas "comprometen la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho".

Roca lamentó el pasado viernes la "pena de banquillo" impuesta a su patrocinada, al recriminar que la Audiencia se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo –en alusión a la doctrina Botín– para recoger las tesis de la acusación de Manos Limpias.

Los abogados de la infanta reivindicaron su inocencia en varios escritos remitidos al juzgado su inocencia justificando que ella se limitaba a firmar "sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente" le pidió rubricar su marido, insistiendo en que ella estaba completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de Aizoon, de la que se encargaba su marido.

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, lamentó este viernes la "pena de banquillo" a su defendida por el caso Nóos, porque la reciente resolución de la Audiencia se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo –en alusión a la doctrina Botín– para recoger las tesis de Manos Limpias.

Lo dijo en declaraciones a la prensa a las puertas de su despacho, donde explicó que según esta resolución la esposa de Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo, ya que no se pueden presentar más recursos hasta la sentencia –según sea el fallo–, pero antes podrán presentar una protesta por esa resolución, que ha respetado.

"Lo que tenga que decir la infanta es muy sencillo. Ya lo verán", añadió añadido Roca sin querer concretar más sobre la postura de la hija del rey Juan Carlos I.

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado un auto en el que estima el recurso de apelación interpuesto por la infanta Cristina por el que se rebaja su fianza de 2,6 millones a medio millón en el 'caso Nóos'. El abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, se ha mostrado satisfecho después de que se haya reconocido “que la fianza era desproporcionada”.

Para mal y para bien, tengámoslo en cuenta. El honor es un concepto de ida y vuelta. Su significado tiene valor individual y público porque se refiere tanto a la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo, como a la buena reputación que sigue a la virtud. Una sociedad descompuesta es terreno abonado para que conserven sus simpatías las personas que no cumplen con su deber. Una sociedad compuesta ejerce la conciencia crítica.

La crisis económica y la indignación social han propiciado una benéfica intransigencia contra la corrupción y la soberbia de las élites que se creían por encima del bien y del mal. La necesidad y el menoscabo han consolidado a la opinión pública española, el único ámbito que puede dejar sin honor a los que actúan sin virtud. Despunta así algo de luz en el filo de la noche y la tristeza.

Thomas Piketty, el economista francés de moda, acaba de rechazar la Legión de Honor porque considera que no es papel de un gobierno decidir quién es honorable. Tiene razón. Se trata más bien de un respeto que concede la opinión pública, aunque después cada ciudadano ordene sus preferencias.

Sí, las listas dependen de los ojos y el corazón de cada cual. Yo propongo algunos nombres, variados acontecimientos y dolidos recuerdos. La selección final es libre, aunque me temo que el orden de los elementos no alterará ese producto fangoso que llamamos 2014, tercer año triunfal del presidente Rajoy:

1. Empecemos por lo simbólico. Entraron en la cárcel Isabel Pantoja, Ortega Cano y José María del Nido, una folklórica, un torero y un presidente de fútbol. En otra situación, pese a los delitos cometidos, la herencia cultural franquista hubiese facilitado la simpatía popular con dos lágrimas, un pase de pecho y los colores de una bandera. Pero no está el horno para soberbias. La impunidad ya no viste de luces.

2. Como el cargo de Jordi Pujol se adornaba con el título de Honorable, nos llamó la atención verlo tan deshonorable o exhonorable por culpa de la comisiones en dinero negro que han enriquecido a su familia. La financiación ilegal de los partidos, mal de muchos, ha dado pie a los actos familiares de bandidaje. Ni siquiera la ancianidad sirvió para dar compasión. Fue insufrible ver la soberbia con la que regañaba a los parlamentarios catalanes por atreverse a preguntar sobre sus actos.

3. Caja Madrid: Rato, Blesa y Sánchez Barcoj utilizaron las tarjetas opacas hasta el último momento. Sus sueldos millonarios no impidieron que sacaran avaricioso provecho del sistema turbio que ellos gobernaron para comprar obediencias y silencios indebidos.

4. Doloroso comportamiento de José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en Caja Madrid. Lo pongo como caso aparte porque para mí es un dolor propio. Resulta triste que los llamados a vigilar el bien público desde la izquierda acaben entrando en los usos y abusos de la falta social de escrúpulos. Es verdad que en este escándalo de las tarjetas ha habido también su confusión. Algunos consejeros hicieron uso de ellas para gastos representativos y mantuvieron después su independencia de voto. Así que los justos han caído en el lógico griterío popular contra los pecadores. Pero Moral Santín participó en el núcleo duro de las complicidades y se acercó disciplinadamente todas las semanas al cajero para sacar poco a poco 456.522 euros. Dios le perdone, porque Marx no puede.

5. Esperanza Aguirre huyó en abril de la policía municipal, arrolló con su coche en fuga a una moto y a un agente del orden. Luego calificó a los guindillas maltratados de machistas que buscaban la foto. La figura del cacique impune, definida según la prepotencia populista de doña Esperanza, pertenece a la España franquista. Está por ver qué pasa con nuestro dolido Madrid en 2015. Ella se ofrece a continuar.

6. El segundo de doña Esperanza, Francisco Granados, demostró de una vez por todas que un partido político puede ser una asociación para el crimen organizado. Francisco Camps, aunque no está imputado judicialmente, demostró lo mismo en Valencia.

7.Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ofreció un ejemplo claro de que la ley, la religión y la política pueden carecer de humanidad y compasión. Justificó el tiroteo contra unos inmigrantes que nadaban para alcanzar las costas de Melilla. Los ojos abiertos de los ahogados forman desde entonces parte de la Marca España.

8.Javier Rodríguez fue destituido como consejero de Sanidad de Madrid por la prepotencia y la ineficacia con la que gestionó el caso de la enfermera contagiada de ébola en acto de servicio. La desvergonzada privatización de los servicios públicos ha creado la dinámica entre muchos políticos de criminalizar a los profesionales de la sanidad y la educación.

9. Propongo también los nombres de fiscal Pedro Horrach y del abogado Miquel Roca. La propia Audiencia de Palma tuvo que llamarle la atención al fiscal por comportarse más como defensor de la Casa Real en el asunto de la infanta Cristina que como vigilante público contra el delito. Y para abogado ya basta con el ejemplo lamentable de Miquel Roca, que acaba de acusar de corrupto al honorable juez Castro. Habla mal de España que uno de los padres de la Constitución, como Roca i Junyent, acabe de abogado defensor de negocios turbios, aunque se trate de la familia real. Eso nos devuelve de forma iluminadora a los orígenes de nuestra democracia y a los orígenes de Roca. A principios de los años 70 montó un gabinete de estudios junto a Narcís Serra para poner en marcha el Plan de la Ribera en el Ayuntamiento de Barcelona. La oposición social logró paralizar un proyecto que pretendía urbanizar de forma privada y masiva la franja costera de la ciudad. Narcís Serra, después de haber sido de todo en el PSC y el PSOE, también está hoy imputado por sueldos desmedidos mientras arruinaba Caixa Catalunya.

10. Narcís Serra me permite hablar de Felipe González. Narcís fue ministro del Ejército de Felipe y junto a él, en 1986, un año triste de mi añorada juventud, cambió la postura del PSOE en relación a la OTAN. Aquel belicoso Felipe González (que renunciaba a la ética del gato, ya que lo importante era que cazase ratones), se ha dedicado en el 2014 a forjar una gran coalición entre PSOE y PP para evitar el final del Régimen Bipartidista. Es un buen mediador de los intereses de los grandes bancos y del Ibex-35 y un reconocido experto del capitalismo latinoamericano, por lo que acaba de serle concedida la nacionalidad colombiana.

En fin, cada cual hace su lista. Sé que dejo fuera a Ana Mato, Arturo Fernández, José Ángel Fernández Villa (sindicalista con cuentas en Suiza), Jaume Matas, José Antonio Monago, Iñaki Urdangarin… Todos ellos merecen el comentario de una ciudadanía que parece dispuesta a dejar de reírles las gracias a sus élites sin honor. Feliz cambio 2015.

La Casa del Rey ha expresado su "pleno respeto a la independencia del poder judicial" tras conocer el auto por el que el juez José Castro mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido.

Por su parte, el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, ha asegurado este miércoles que "evidentemente" recurrirán el auto del juez de Palma José Castro. Ha hecho estas declaraciones a los medios pasadas las 9 horas a su llegada a su despacho de Barcelona, minutos antes de conocerse que Castro finalmente sí la mantiene imputada: "Evidentemente se recurriría, pero hasta este momento no hay ninguna noticia", ha dicho, poco antes de trascender el mantenimiento de la imputación.

Al pedírsele una valoración de estos cuatro años de investigación del caso Nóos, Roca no ha querido hacerla amparándose en que los abogados no han de hacerlos, "sino defender los intereses de los patrocinados". Tampoco ha querido opinar que a la Infanta Cristina se le haya apartado de los actos de proclamación de su hermano como rey, y sobre esto ha dicho que él es su abogado "de un tema concreto y nada más", en referencia al caso Nóos.

El ponente de la Constitución y exsecretario general de CDC, Miquel Roca, ha considerado imprescindible este jueves el diálogo entre los gobiernos central y catalán, y ha defendido que es una cuestión de inteligencia, porque "no hablar es de burros".

"Los problemas solo se resuelven de una forma: hablando. No hablar es de burros", ha sostenido al presentar una conferencia del presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà.

"No es que el diálogo sea necesario políticamente, sino que la condición de la inteligencia humana lo pone a prueba, porque, si no hay diálogo, no tenemos derecho a defender nuestra racionalidad", ha argumentado.

Ha remarcado que el debate soberanista no es un problema únicamente de Cataluña y ha lamentado que "a veces el resto de España no acaba de entender" que es un problema que afecta a toda España.

Tiene la esperanza de que "la inteligencia pueda más que la visceralidad", y ha subrayado que no basta solo con hablar, sino que hay que hablar con voluntad de alcanzar acuerdos.

El ejemplo patronales-sindicatos

"Hablar quiere decir ir de buena fe para intentar entenderse. Hablar por hablar no sirve de nada", ha sostenido durante el Fórum Europa, y ha asegurado que, si hay voluntad, es muy difícil no encontrar comprensión y coincidencias.

"Si este intento de entenderse no fructifica, que sea porque a veces hay problemas irresolubles, pero que nos quede a todos la conciencia tranquila de que lo hemos intentado", ha agregado Roca, que ha pedido a ambos gobierno tomar ejemplo de la relación entre sindicatos y patronales, basada en el diálogo.

La declaración judicial con que a lo largo de más de seis horas la infanta Cristina reiteró el sábado que era su marido quien, junto con Diego Torres, dirigía el Instituto Nóos y, en solitario, Aizoon SL, la empresa que ambos comparten, ha reactivado el interés de Iñaki Urdangarin por lograr una rebaja de condena mediante la aplicación de atenuantes, desvelaron anoche a infoLibre fuentes del caso.

Con tres acusaciones populares personadas –el PP ejerce oficialmente la cuarta pero ni está ni se le espera– y la instrucción en su recta final, se perfila como poco menos que imposible un acuerdo global que evite la celebración de un juicio previo reconocimiento de culpa y aceptación de una condena. Pero sí es factible –y ese es la vía que ahora entra en escena– que la Fiscalía reclamase para él menos años de cárcel si repara el daño infligido al erario público devolviendo los seis millones que el Instituto Nóos recibió en Valencia y Baleares gracias a convenios adjudicados a dedo.

¿Y qué ocurriría con el más de medio millón que Anticorrupción reclamará a la infanta Cristina como beneficiaria objetiva de la fortuna amasada gracias a la falsa ONG Instituto Nóos? El fiscal Pedro Horrach sostiene que la infanta no participó en los delitos que atribuye a su marido. Pero sostiene también que los resultados de esos delitos le reportaron ganancias que habrá de devolver. Y la única forma de que, en el mejor de los casos, el nombre de Cristina de Borbón no aparezca rotulado en el escrito de acusación del fiscal aunque sea como responsable civil y no penal, esa única vía pasa por que su marido deposite antes también esa parte.

Urdangarin ya intentó hace tres meses un pacto con la Fiscalía como ya había hecho en la primavera de 2012. En ambas ocasiones, las conversaciones se fueron al traste: Anticorrupción se negó a contemplar cualquier acuerdo que librase al duque de Palma de entrar en prisión. Ahora, con la instrucción en su recta final, la infanta en espera de que el juez decida si la desimputa o la procesa y la presunción de inocencia del duque consorte horadada por el testimonio de su propia esposa, el tiempo apremia. Y Urdangarin, que se sabe amortizado por la Casa Real, ve cada vez más cerca el riesgo de una dura condena de hasta 19 años por cinco delitos de corrupción.

Por supuesto, aun si Urdangarin depositara el medio millón largo que la Fiscalía prevé reclamar a su mujer, nada garantiza que la infanta no acabe finalmente procesada por el juez José Castro. Su declaración del sábado, construida sobre una sucesión de “no recuerdo”, “no sé”, “no me consta”, amén de otra sucesión de “confiaba en mi marido” y era él quien lo gestionaba "todo" –incluso el pago del servicio doméstico, llegó a decir–, pocas o ninguna revelación nueva aporta sobre su papel en el entramado Nóos. Y los informes de Hacienda la exculpan de manera tajante. Pero el juez, que planteó batalla hace ya un año para que la hija del rey compareciese como imputada, aún sopesa la idea de que Cristina de Borbón pudo ser cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales atribuidos a su marido. O, incluso, autora de un delito de blanqueo por cuanto utilizó fondos ilícitos obtenidos para su marido.

Contundente informe de Hacienda

El pero con que topa la primera premisa del juez es el contundente informe de Hacienda, aunque algunos juristas sostienen que el fisco debe limitarse a constatar si hubo delito fiscal sin excluir a nadie como posible autor o cómplice. La segunda línea posible, la de un procesamiento por blanqueo, encuentra el escollo del desconocimiento al que se aferra la infanta. Si no conocía el origen ilícito del dinero –o si, aun con todas las sospechas sobre su cabeza, ningún indicio permite acreditar que lo conocía-, la acusación de lavado de dinero se disolvería como un azucarillo en agua caliente. El tercer obstáculo que encontrará el magistrado si finalmente no la desimputa es la doctrina Botín: aquella según la cual ningún juez puede llevar a alguien a juicio si la Fiscalía no acusa. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre qué ocurriría con la doctrina Botín: sobre todo, porque su argumento clave reside en que no hay elementos objetivos para sentar a la infanta en el banquillo. Otros juristas creen que la doctrina Botín no sería de aplicación en este caso dado que la Fiscalía sí presentará una acusación por delito fiscal... aunque no vaya dirigida contra la infanta. 

En teoría, no todo el dinero público captado por Instituto Nóos tendría que proceder de Urdangarin, dado que el mordisco que la pretendida ONG clavó en las arcas valencianas y baleares lleva también la marca de su antiguo socio, Diego Torres. Pero mientras que Urdangarin conservó hasta octubre de 2012 su cargo de consejero de Telefónica, grupo del que cobraba al menos a través de cuatro empresas –solo en 2011 cobró 207.844 euros con esa fórmula-, Diego Torres y su mujer, la todavía imputada Ana Tejeiro, vieron cómo su clientela y sus ingresos mermaban de inmediato en cuanto el caso estalló en noviembre de 2011 y todo apunta a que su situación económica dista de ser boyante. El día 22 de aquel noviembre, la misma escuela de negocios que había dado apoyo logístico a Urdangarin en sus proyectos, la ESADE donde los dos socios habían entablado amistad, despidió de manera fulminante a Diego Torres. Hoy, pocos conocedores del caso prevén que Torres esté en disposición –económica o de voluntad– de devolver la mitad del millonario importe. ¿Puede ofrecer algo Torres para que su mujer quede exonerada y fuera del caso? Todavía es una incógnita, aunque cabe la posibilidad de que aún conserve información inédita valiosa para la causa. Por ejemplo, información sobre cómo es posible que los fondos evadidos de España –medio millón al menos– a través de una empresa ligada a la última ONG del entramado, la Fundación DCIS, acabase sólo en sus cuentas y no también en las de Urdangarin.

Urdangarin no se libraría ni siquiera en esa hipótesis de la petición de cárcel. Pero se garantizará una solicitud de pena más corta que la que hoy pende sobre su cabeza. Con los datos actuales en la mano, y con el perfil “gestor” del duque de Palma remarcado por su propia esposa, la Fiscalía puede reclamar entre 10 y 19 años de cárcel por los cinco cinco delitos que se le atribuyen: malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal y falsedad documental. Paradójicamente, y pese a tratarse del delito más grave junto con el de malversación, la prevaricación –adoptar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son– no entraña penas de prisión. En esas dos figuras delictivas, el yerno del rey desempeñaría el papel de cooperador necesario. Es decir, el de la persona sin cuya participación el delito no podría haber sido perpetrado por su autor directo, en este caso los cargos políticos y los funcionarios imputados en Baleares, Valencia y Madrid.

Mientras que la incorporación del blanqueo a la nómina de delitos parece poco probable en lo que respecta a Urdangarin por razones jurídicas –el anterior Código Penal dificulta su atribución a quien supuestamente lavó el dinero previamente defraudado a Hacienda–, la acusación de tráfico de influencias sigue en la recámara de la Fiscalía. Sin reparación del daño, el tope mínimo de años de cárcel que pedirá el fiscal Horrach se cuantifica en 10. Si devuelve el dinero, la cifra podría acortarse.

El enroque de desmemoria y desconocimiento con que la infanta Cristina afrontó el sábado las más de seis horas de interrogatorio como imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo abre un inmenso interrogante sobre si su situación procesal se verá o no modificada en fechas próximas. La conjugación de sus evasivas respuestas con los informes de Hacienda que la exculpan de delito fiscal le presentan a priori un horizonte favorable. Salvo viraje, el fiscal Pedro Horrach, que desde hace año y medio sostiene que la infanta no cometió delito con independencia de los “reproches éticos” que cupiera hacerle, no planea pedir la desimputación. Y ese dato indica por sí mismo que Horrach espera que sea el juez el que por iniciativa propia deseche la idea de enfilar la recta final del caso –la apertura de procedimiento abreviado, fase anterior a la apertura de juicio– con la infanta en el listado de inculpados. La última palabra, no obstante, la tiene el magistrado.

Mientras que la Fiscalía considera prácticamente cerrado el caso a falta de algunos flecos –algunas declaraciones pendientes en Valencia y las posibles a Francisco Camps, quien hace una semana marchó el primero por la senda de la amnesia y una pretendida y absoluta falta de conocimiento sobre lo que hacía su Gobierno–, las acusaciones populares pedirán previsiblemente la práctica de nuevas pruebas. Manos Limpias, que impulsó la imputación de la infanta, confía en estar aún a tiempo de contrarrestar el varapalo que para su estrategia significó la declaración de su perito tributario. El perito no solo no logró refutar los argumentos de Hacienda sobre la ausencia de delito fiscal por parte de Aizoon SL, la empresa que comparten Urdangarin y la infanta al 50%, sino que en la práctica obligó al juez a preparar un interrogatorio nucleado en torno a otro eje: el delito fiscal dio así paso a un extenso guión de más de 400 preguntas focalizadas en el papel desempeñado por la infanta en la creación y funcionamiento de Instituto Nóos y Aizoon SL como estructura pantalla para captar primero fondos públicos y luego privados –sobre todo, Aizoon SL–, enriquecer a sus propietarios y defraudar a Hacienda.

En el interrogatorio, la infanta reconoció, por ejemplo, que una de las personas con quien Urdangarin consultó en 2004 los posibles escenarios de financiación para la compra del palacete de Pedralbes es quien le hace a ella y a toda su familia la declaración anual de IRPF. Y esa persona, Federico Rubio Carvajal, no es un asesor tributario privado, sino un alto funcionario de Hacienda, como desveló infoLibre.

¿Sabía la infanta que Federico Rubio es funcionario del departamento de Gestión Catastral? No, respondió en su línea. Pero ni el juez ni el fiscal ni la abogada del Estado le preguntaron si ella o su marido consultaron con Rubio Carvajal si era correcto que Urdangarin canalizase a través de Aizoon SL sus ingresos personales como consejero o asesor de empresas privadas. Cristina de Borbón admite que era consciente de que su esposo quería vehicularlos a través de la sociedad, como de hecho hizo. Pero asegura simultáneamente que ni se planteó que hacerlo pudiera implicar un fraude a Hacienda. Urdangarin, simplemente, computaba sus ingresos como si fueran de la sociedad, no los contabilizaba en su declaración de IRPF y ahí radica el fraude. Su mujer, que confiaba y confía en el exjugador de balonmano, remarcó anteayer sábado que, lejos de ser un “escudo fiscal”, su condición de hija del rey la sitúa bajo el foco de todos los controles. Queda abierta, por tanto, la duda de por qué se desentendió del asunto, si su percepción era que su marido y ella lo hacían todo “con rigor”.

El horizonte judicial no ha mejorado para García Revenga

Pero las “conjeturas”, y esa es la piedra angular que sustenta la posición del fiscal desde que Manos Limpias pidió por primera vez la imputación de la infanta en la primavera de 2012, no constituyen indicios. Aunque su distanciamiento de Horrach se agranda por días, el juez Castro es consciente de que una cosa es llamar a un sospechoso como imputado durante la fase de instrucción y otra muy distinta sentarlo en el banquillo de los acusados en un juicio. ¿Hay elementos de prueba para incluir el nombre de Cristina de Borbón en el auto de pase a procedimiento abreviado? Esa es la gran pregunta.

Si el magistrado decidiera hacerlo, el fiscal se opondría mediante la fórmula de presentar escrito de acusación contra los otros imputados que planee llevar a juicio, pero no contra la infanta. ¿Saldría entonces también de la lista el secretario de las dos hijas del rey, Carlos García Revenga? Es más dudoso, porque los correos electrónicos constatan que Urdangarin consultaba cada paso con RevengaUrdangarin consultaba cada paso con Revenga, quien, por cierto, mantiene intacto su puesto en la Casa Real un año después de haber sido imputado.

La infanta no aclaró nada que no supiera el juez

Convencido de que la maquinaria del Estado se ha movilizado a favor de la infanta de una manera inédita, el juez se plantó hace ya 10 meses, cuando la Audiencia tumbó su primera imputación, construida de manera implícita sobre la base de que Cristina de Borbón se incorporó a la junta directiva de Instituto Nóos con el exclusivo fin de que su apellido y posición abrieran puertas cerradas para otros: en resumen, que pudo incurrir en tráfico de influencias. Una vez revocado ese auto, Castro indagó en la línea que paradójicamente le marcó la misma Audiencia –el delito fiscal y el blanqueo– y logró que por fin la infanta acudiera a su juzgado para dar explicaciones.

Quienes le conocen entienden que la hija del rey ni aclaró ni explicó nada que no supiera ya el juez. La sucesión de “no recuerdo”, “no me consta”, “no sé” que el sábado pasado inundó la sala donde se desarrolló el interrogatorio reafirmó a varios de los presentes en que Cristina de Borbón había sido cuidadosamente preparada por el equipo de defensa que dirige Miquel Roca. Y que su objetivo es obtener una rápida desimputación que dé una tregua a la Casa Real al sacar su nombre de los titulares periodísticos en cualquier soporte.

La imagen solitaria del abogado de Urdangarin

Entre el amor y la sangre, la infanta optó por lo segundo con una defensa cerrada de su padre y una continua referencia a cómo Urdangarin lo gestionaba todo, lo cual empeora aún más su futuro judicial. Testigos presenciales del interrogatorio aseguran que su línea de discurso abrió paso a la idea de que los letrados de la infanta y el de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, no van exactamente al unísono, por mucho que el duque de Palma ya se hubiera esforzado en presentar a su mujer como a alguien que casi pasaba por allí, sin arte ni parte en sus negocios. Una fuente conocedora de la declaración de la infanta relata cómo la imagen de Mario Pascual quedó grabada en su retina: “Siempre se sienta en el estrado o en la primera fila si no hay sitio. El sábado se sentó en la última fila. Solo”.

Desde esa fila, es seguro que Mario Pascual oyó cómo la esposa de su cliente declaraba, por ejemplo, su total desconocimiento sobre cómo Urdangarin y Diego Torres fueron socios durante al menos cuatro años en Nóos Consultoría Estratégica SL, pieza clave en el trasvase de fondos públicos desde el Instituto Nóos, que logró convenios a dedo por 5,8 millones en Valencia y Baleares mientras Urdangarin, su asesor legal -Miguel Tejeiro-, la infanta, su secretario -Carlos García Revenga-, y Diego Torres dirigían la junta de la pretendida ONG.

La infanta, ya lo dijo el sábado, jamás firmó ningún acta ni participó en ningún acto del Instituto Nóos después de que el asesor legal del rey, el conde de Fontao, les hiciera marcharse a ella y a su marido en marzo de 2006 por razones “estéticas”. Solo hubo una excepción a la regla, a tenor de su testimonio: Cristina de Borbón sí participó en enero de 2007 en la presentación de una campaña humanitaria liderada por Telefónica bajo el lema Un mundo mejor para Joana. Ese acto formó parte de aquellos por los que el Instituto Nóos facturó 178.000 euros. Pero la infanta –y así lo precisó durante el interrogatorio– lo presidió porque le llegó “por conducto oficial”.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, pese a sus continuas proclamas de adhesión hacia Iñaki Urdangarin, la infanta fue mucho más contundente en la defensa del rey, ajeno según repitió a cualquier asunto vinculado con el entramado empresarial, que en la de su esposo. El punto más tenso de la comparecencia se localiza precisamente en una de las múltiples –no menos de seis- preguntas en las que a lo largo de las cinco horas de interrogatorio el juez José Castro introdujo el nombre del monarca. Por ejemplo, no le consta que Urdangarin se reuniera en la Zarzuela con Francisco Camps y Rita Barberá como cita en la que gestar los convenios valencianos para el Instituto Nóos. Ni sabe nada de ninguna gestión del rey a favor de Fundación DCIS –la última falsa ONG de la serie– en el contexto del proyecto náutico Ayre. El peculiar préstamo de 1,2 millones que le hizo el rey y al que Urdangarin se refirió por escrito como “donación” era sólo eso: un préstamo de un padre a una hija. La infanta asegura que tampoco habló con su padre sobre por qué su marido y ella debían abandonar el Instituto Nóos.

Su discurso oficial fue de confianza plena hacia Urdangarin, cuya rectitud remarcó. Pero lo que subyace bajo sus palabras no es sino que todo –y todo es todo– lo irregular o presuntamente delictivo que concierne a la pareja tuvo como único artífice a Iñaki Urdangarin. Al término de la comparecencia y con amplia sonrisa, el jefe del equipo de defensa de la infanta, Miquel Roca, pronunció ante los periodistas una réplica de la ya célebre máxima lanzada por el rey en su discurso de Nochebuena de 2011: “La infanta ha demostrado que todos somos iguales ante la ley”. El juez José Castro, a quien luego preguntaron los informadores, eludió desvelar si comparte el diagnóstico: “Ustedes decidirán”, dijo.

Admite que Nóos estaba capitaneado por Urdangarin y Torres

El escueto consejo de Castro enlaza con una conclusión repetida anoche por diversos testigos presenciales de la declaración de la infanta. Tras seis horas y media sometida a interrogatorio, nada nuevo aclaró la infanta, aferrada a una sucesión de “no sé” y “no recuerdo” con algún “no me consta” intercalado. Por no saber, la infanta dijo que ignoraba que su marido y su antiguo socio, Diego Torres, hubieran compartido al 50% hasta 2006 la titularidad de Nóos Consultoría Estratégica SL, el primer eslabón del entramado empresarial al que la pretendida ONG homónima, Instituto Nóos, trasvasó los seis millones de euros públicos captados de la Generalitat Valenciana y el Govern balear. Virginia López Negrete, que ejerce la popular en nombre de Manos Limpias, lo resumía así por la noche: “Como me temía, ha sido una declaración de trámite”.

Cristina de Borbón admitió sin reparos que el Instituto Nóos estaba dirigido por Urdangarin y su entonces socio Diego Torres –su marido siempre ha sostenido que su papel se acercaba al de un relaciones públicas–, negó haber participado en ninguna junta del Instituto Nóos o de Aizoon SL –las cuentas llevan su firma– y dijo ser consciente de que su marido buscaba canalizar a través de Aizoon los ingresos previstos por asesoramiento de empresas privadas. La canalización de esos suculentos ingresos –más de un millón de euros entre 2007 y 2008– a través de la sociedad que comparte con su esposa es la clave de la imputación de Urdangarin por delito fiscal.

En lugar de reflejarlos como retribuciones personales en su declaración de IRPF, Urdangarin los anotó como ingresos de la compañía, que a su vez lograba disminuir sus impuestos con una artimaña ya ampliamente conocida: contabilizar como gastos empresariales otros de carácter personal, como la reforma y decoración del palacete de Pedralbes o viajes privados de la familia. La infanta admite haber realizado parte de esos gastos. Por ejemplo, admite que eligió un cuadro valorado en 4.000 euros. Y admite que uno de los viajes sufragados con fondos de la compañía, a Río de Janeiro, tenía índole “particular”. Pero de por qué todo eso y más lo pagó Aizoon SL la infanta no sabe nada. Confiaba en su marido –las fuentes aseguran que usó el verbo en pasado pero también en presente– y era él quien lo gestionaba todo. A una pregunta del fiscal Pedro Horrach sobre de cuántas tarjetas visa dispone, la infanta afirmó que si en algún momento usó la de Aizoon SL para gastos personales fue por “error”.

Según pudo saber infoLibre, el magistrado preguntó y repreguntó a la imputada por el préstamo de 1,2 millones que, según la Casa Real, le hizo su padre en 2004 para la compra del palacete de Pedralbes. Los correos electrónicos aportados a la causa constatan que Urdangarin no reflejó esa cifra como préstamo sino como donación por la que, de serlo efectivamente, no habría tributado la infanta. Cuando el juez apretó, Cristina se colocó al borde de las lágrimas y reiteró su versión: es un préstamo del que sólo ha devuelto a fecha de hoy 150.000 euros –100.000 menos de lo oficialmente pactado– y que su padre le hizo porque es su padre y confía en ella. El juez no logró sacarla de ahí.

Su actividad como socia de Aizoon

Su testimonio no sólo dejó en evidencia a Urdangarin. En su esfuerzo por desmarcar al rey de todo lo relacionado con el caso, la infanta adujo que su marido y ella misma abandonaron el Instituto Nóos porque así se lo transmitió José Manuel Romero, conde de Fontao. Y explicó que, como asesor legal del monarca, Fontao está encuadrado en la estructura de la Casa Real. Su respuesta fue interpretada por varios juristas presentes como el reconocimiento de que, lejos de ser fruto de la cosecha propia de Romero, el mensaje de que debían romper amarras con Nóos por razones de “estética” e “imagen” venía directamente de la Zarzuela. En su confusa declaración como testigo, Fontao había presentado aquel paso como iniciativa propia, no del rey ni del jefe de su casa, Rafael Spottorno.

Como era previsible, el magistrado había centrado sus cuestiones en el papel desempeñado por Cristina de Borbón en la creación de Aizoon como sociedad pantalla que primero recibió un millón del Instituto Nóos y luego sirvió para ocultar los pingües ingresos de Urdangarin. Hace tres semanas, los funcionarios de Hacienda que exculparon con sus informes a la infanta marcaron un verdadero punto de inflexión al descartar que Aizoon hubiera incurrido, como empresa, en delito fiscal, por lo que no cabe atribuir la responsabilidad de forma paritaria a sus dos socios. Ese punto de inflexión, que de manera objetiva beneficia a la infanta, explica que el juez diera ayer prioridad a todo lo relacionado con la verdadera actividad de Cristina de Borbón como socia de la compañía.

El fiscal Pedro Horrach, que modificó su guión de preguntas tras comprobar que buena parte de ellas ya había sido abordada por Castro, mostró ayer a las claras que no cree que haya un solo indicio de delito contra la infanta. De hecho, según fuentes del caso, Horrach le leyó a la infanta varios párrafos del auto con el que, en el ya lejano marzo de 2012, Castro rechazó la petición de Manos Limpias para que la imputase. El fiscal cree que ningún argumento nuevo ha entrado en escena y que realizar gastos personales con cargo a las cuentas de Aizoon no implica ningún delito. Quienes defraudaron a Hacienda, sostiene Horrach, fueron Urdangarin y Diego Torres.

La situación en que ahora queda la infanta resulta todavía confusa. El juez puede mantener la imputación con el respaldo de Manos Limpias y pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba innecesaria la declaración de ayer y que ahora se ratifica en sus posiciones.