Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

¿Se puede comprar la libertad de expresión de un periodista? En definitiva, esa es la cuestión que ha tenido que resolver el Tribunal de Apelación de Versalles (Francia) en el caso que enfrenta al exreportero de Canal+ Jean-Baptiste Rivoire con su antiguo empleador. Y su decisión no va a tranquilizar a los defensores de la libertad de información, ya ocupados en múltiples frentes y que ahora tienen que añadir uno más.

En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Versalles acaba de condenar al director del medio digital independiente Off Investigation a devolver 142.500 euros a la cadena de pago (151.000 euros en primera instancia ante la jurisdicción laboral) por haber criticado públicamente los métodos de su accionista mayoritario, Vincent Bolloré, e incumplir así la cláusula de confidencialidad que había firmado.

En 2021, Jean-Baptiste Rivoire, entonces redactor jefe adjunto del programa de investigación Special Investigation, abandonaba Canal+ tras un largo periodo de desavenencias con su empleador.

Desde 2015, con la toma de control del grupo de televisión de pago por parte del multimillonario bretón, Rivoire había luchado por mantener el único programa de investigación de Canal+ y liderado la rebelión interna, especialmente en calidad de representante sindical. Marginado desde hace varios años, acabó recurriendo a la jurisdicción laboral para denunciar la discriminación sindical que aseguraba sufrir.

Tras duras y largas negociaciones, Canal+ y Rivoire llegaron a un acuerdo para poner fin de forma amistosa a las disputas que los enfrentaban. A cambio de que retirara su demanda, Canal+ aceptó pagar al periodista 140.000 euros.

Otra concesión decisiva arrancada por Canal+: Rivoire se comprometía a “abstenerse de intervenir, testificar o proporcionar declaraciones en cualquier asunto, conflicto, controversia o litigio que implique, directa o indirectamente, a la empresa o a cualquier otra empresa del grupo Canal+/Vivendi”. Además, ambas partes acordaron que esta cláusula permaneciera en secreto.

En definitiva, Canal+ esperaba de su antiguo empleado, a cambio de las sumas abonadas, “que en el futuro renunciara a su derecho a la libertad de expresión”, subrayan los jueces en la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versalles y a la que Mediapart ha podido acceder.

Aunque el tribunal reafirma que la libertad de expresión es una libertad fundamental, explica en su sentencia que es posible renunciar a ella mediante contrato, tal y como dispone el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

“De hecho, la libertad de expresión, aunque se trate de una libertad fundamental, no queda fuera del ámbito de la negociación que precede a la celebración de un acuerdo, el cual es, conviene recordar una vez más, un contrato que genera obligaciones recíprocas para las partes”, afirman los jueces de Versalles.

Pero nueve meses después de la celebración de dicho acuerdo, Rivoire, entrevistado primero en un documental realizado por Reporteros sin Fronteras (RSF) y después en entrevistas concedidas, entre otros, a Blast y Charlie Hebdo, denunció la forma en que Vincent Bolloré había arrasado con la información honesta e independiente en Canal+.

Desde el punto de vista de la cadena de pago, las numerosas declaraciones de Rivoire dañaron la reputación del grupo y, por lo tanto, vulneraron el compromiso adquirido unos meses antes. Una interpretación de los hechos compartida por los jueces del Tribunal de Apelación de Versalles, que ordenaron al periodista devolver la indemnización transaccional que Canal+ le había abonado.

No obstante, al reconocer que Rivoire no fue el primero en denunciar los métodos de Bolloré y que su forma brutal de someter a las redacciones ya estaba ampliamente documentada en artículos de prensa, el Tribunal de Apelación de Versalles consideró que el exempleado no podía ser considerado el único responsable de la mala reputación del empresario bretón.

De este modo, los jueces obligaron a Rivoire a devolver la indemnización pactada con Canal+, pero redujeron de 10.000 a 1.000 euros la compensación adicional por daños y perjuicios que debe pagar a su antiguo empleador.

El Tribunal de Apelación también dio la razón a Rivoire y a su abogado en otro punto. La cláusula de confidencialidad propuesta al periodista, al igual que a muchos otros que abandonaron el grupo antes y después de él, es excesivamente amplia, ya que no se refiere únicamente al empleador directo de Rivoire, es decir, Nulle part ailleurs production, una filial de Canal+, sino a la totalidad de las empresas y directivos del grupo Canal+/Vivendi.

Es decir, una miríada infinita de empresas en los sectores de la prensa, la producción audiovisual, el espectáculo, la edición y el cine, habida cuenta del vertiginoso control de Vincent Bolloré en los ámbitos de la información y la cultura.

Por otra parte, los jueces de Versalles también subrayan que la ausencia de limitación temporal de la cláusula plantea un problema. “En derecho civil, un compromiso de duración indeterminada puede rescindirse en cualquier momento, siempre que se respete un plazo razonable”, detallan. No obstante, según los jueces, el plazo de nueve meses en el que Jean-Baptiste Rivoire "se permitió incumplir el acuerdo al que se había adherido libremente" es demasiado corto para considerarse razonable.

Un escaso consuelo, en opinión de Vincent Brengarth, abogado de Rivoire, a quien le cuesta conformarse con esos “pocos puntos positivos” y lamenta una sentencia “que no está a la altura de los retos democráticos que representa este asunto”.

Para el abogado, el Tribunal de Apelación de Versalles reconoce, en principio, que la cláusula es demasiado amplia y carece de una limitación temporal, pero “no saca ninguna consecuencia de ello”. Para él, esta sentencia equivale a privar a “su cliente de la posibilidad de expresarse sobre un componente fundamental del panorama audiovisual francés”.

El abogado, que denuncia además una “cláusula mordaza firmada en un contexto necesariamente desequilibrado”, se refiere a esta decisión como una “oportunidad perdida por la justicia, que podía haber afirmado que el liberalismo contractual no puede sofocar la libertad de expresión y decir que tales cláusulas no tienen cabida en un contrato, y más aún cuando se trata de un periodista de investigación”.

Contactado por Mediapart, Jean-Baptiste Rivoire no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Casación y desea llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para zanjar el debate de fondo sobre la legalidad de una cláusula de este tipo, sobre la base del derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, en Reporteros sin Fronteras se muestran preocupados por una decisión que crea “un peligroso precedente para el ejercicio de la profesión periodística”. Según la ONG defensora de la libertad de prensa, “al anteponer la protección de la reputación de una empresa a la lealtad fundamental de un periodista hacia el derecho del público a estar informado, este caso envía una señal extremadamente preocupante a toda la profesión”.

Contactado por Mediapart, Canal+ no han querido hacer comentarios, como en cualquier otro asunto judicial.

Traducción de Miguel López

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigio con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves.

Este acuerdo ha sido adelantado por Informalia y confirmado por EFE a través de fuentes del sector, poco después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV. El concurso y su exitosa final se emiten ahora en Antena 3 a las ocho de la tarde de lunes a viernes.

Tras conocerse la sentencia, Informalia adelantaba que Mediaset se había hecho con los derechos gracias a un acuerdo firmado hace un año con la productora holandesa, que estaba supeditado a que el Supremo resolviera en los términos de la sentencia que se ha hecho pública este jueves.

Antena 3 anunció este jueves que seguirá emitiendo el concurso 'Pasapalabra' y estudia qué hacer con la prueba final, según han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso Pasapalabra, al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia recurrida.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV.

Ahora, cuando 'El Rosco' se emite en Antena 3 y el contencioso se centra en la cadena de Atresmedia, el Supremo resuelve que el titular de este formato es MC&F y condena a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato.

Le obliga además a retirar del comercio y a destruir todas las grabaciones de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluyan un juego de esas mismas características.

También establece que debe eliminar de los circuitos comerciales, inutilizar y, en caso necesario, destruir "todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en dicho formato, a expensas de la demandada".

El tribunal le condena, asimismo, a indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios materiales causados por la infracción desde la fecha de la notificación de esta sentencia, en la cantidad que se fije en su ejecución.

Sí que fija en 50.000 euros la indemnización por daños y perjuicios morales si continúa la emisión del programa desde la notificación de la sentencia.

Así lo determina el Supremo tras establecer que 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual "al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".

Antena 3 seguirá emitiendo el concurso y estudia qué hacer con la prueba final. Así lo han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.

El alto tribunal ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022, que obligó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba de 'El Rosco', al considerar que se habían infringido los derechos de propiedad intelectual de la sociedad holandesa MC&F, a la que reconocía como titular de dichos derechos y no a ITV.

La sentencia de la Audiencia revocó la decisión previa de un juzgado mercantil que había permitido continuar a Antena 3 con la emisión al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.

El primer gran litigio por 'El Rosco' enfrentó a Telecinco con la productora británica ITV, y en octubre de 2019 el Supremo confirmó que Mediaset había vulnerado los derechos de ITV sobre el formato y el título del programa y le obligó a cesar de inmediato su emisión, además de indemnizar a la productora.

Posteriormente, un juzgado cuantificó en más de 45 millones de euros la cantidad que Mediaset debía abonar a ITV por las ganancias obtenidas por el uso del formato, incluyendo ingresos publicitarios, merchandising e intereses.

En 2024, el Supremo anuló una segunda indemnización al considerar que el daño ya había quedado resarcido en el primer pleito.

Tras esa resolución, ITV cedió los derechos a Atresmedia y el programa pasó a emitirse en Antena 3, pero de nuevo se abrió un nuevo frente judicial por la titularidad de 'El Rosco', reclamado por MC&F.

Esta empresa presentó demandas para que se reconociera su propiedad intelectual sobre la prueba y se prohibiera su emisión. En 2022, un juzgado mercantil de Barcelona desestimó esa demanda y permitió a Antena 3 seguir emitiendo El Rosco, al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

“Que las cosas continúen así es la verdadera catástrofe”. Esta célebre frase del filósofo Walter Benjamin, que se suicidó en 1940 en Portbou, en el norte de Cataluña, en la frontera franco-española, para escapar del dominio del fascismo en Europa, resuena con especial intensidad bajo el sol de Cannes.

A modo de resumen: el principal financiador del cine francés anunció el domingo 17 de mayo, en pleno festival y por boca de Maxime Saada, director general de Canal+, que a partir de ahora boicoteará a los 600 artistas que firmaron una carta abierta —incluidos la actriz francesa Juliette Binoche o el actor catalán Sergi López— en la que denuncian que al “dejar el cine francés en manos de un dueño de extrema derecha”, Vincent Bolloré, no solo se corría el riesgo de “una homogeneización de las películas, sino de una toma de control fascista del imaginario colectivo”. 

Ante una actitud de jefe de clan resumida en un “yo pago, yo decido”, expresado además en el marco simbólico del tradicional encuentro dominical de productores del Festival de Cannes, organizado por Canal+; ante la forma en que el "espíritu Canal" exhibe ya su desprecio por la libertad de expresión y la irreverencia; ante la elaboración de una lista de personas vetadas que pisotea el derecho laboral y la libertad de creación; ante un boicot sin precedentes que, al parecer, incomoda menos al mundo cultural que cuando se dirige contra un país que libra una guerra genocida… ¿puede el Festival de Cannes seguir adelante al día siguiente como si no hubiera pasado nada?

¿Va a seguir realmente la competición como si nada, como si la única Palma de Oro en juego —en la que los competidores son, sin duda, más numerosos que en la competición oficial— no fuera ya otra que la de la cobardía?

Maxime Saada justifica su intervención por el hartazgo que, según él, le produce que tanto él como sus equipos puedan ser tachados de “criptofascistas”. Un término que, sin embargo, no aparece en la carta abierta publicada en Libération. Y con razón.

No se trata ya de reprochar a Canal+ —ni a sus equipos, ni siquiera a sus directivos— que oculten convicciones políticas repugnantes bajo falsas apariencias artísticas, sino de expresar una preocupación concreta: la deriva fascista que promueve Bolloré, principal accionista de Canal+, y el riesgo de que el cine francés se convierta en su próximo terreno de juego e influencia.

¿Qué puede llevar todavía a los equipos de Canal+, en particular, y al mundo del cine francés, en general, a creer que Vincent Bolloré no actuará aquí como ya lo hizo con una cadena de televisión (i-Télé, convertida en CNews), un periódico (Le Journal du dimanche), una emisora de radio (Europe 1) y varias editoriales (Fayard y luego Grasset)? Es decir: imponiendo disciplina y control, al tiempo que se apropia de forma depredadora del capital simbólico e histórico de las estructuras sobre las que pone la mano.

Quienes miran incómodos al suelo o siguen brindando enfundados en trajes de gala mientras denigran a los aguafiestas de Cannes, ¿perciben de verdad alguna diferencia entre las estrategias de Bolloré y la de la familia Ellison, al otro lado del Atlántico —la del cofundador de Oracle, próximo a Trump—, que ha comprado el grupo de cine y televisión Warner Bros? Eso sin mencionar siquiera a Elon Musk, que se compró una influencia mundial a través de Twitter por más de 40.000 millones de dólares.

¿Qué puede explicar que algunas personas, en el cine como en otros ámbitos, sigan negándose a ver el elefante en la habitación que supone la puesta en marcha explícita, eficaz y efectiva de un programa radicalizado de extrema derecha por parte de un actor económico que lleva a cabo no tanto una batalla cultural como una serie de adquisiciones financieras con fines directamente políticos?

Una puesta en marcha permitida por la integración vertical de un ecosistema mediático y cultural —desde la financiación de las películas por Canal+ hasta su proyección en las salas UGC; la propiedad del grupo Hachette hasta las tiendas Relay, que colocan en sus expositores, en estaciones y aeropuertos, las obras de la Francia más rancia—, capaz de moldear las pasiones colectivas y las conciencias individuales actuando sobre las imágenes y el imaginario.

Lo que está claro para Bolloré es que nadie debe salirse del guion. Lo demuestra, dentro de la propia CNews, el apartamiento de las pocas voces discretamente críticas con la agenda extremista del jefe, ya sea en relación con la permanencia en antena, prolongada hasta el final del año, del presentador Jean-Marc Morandini, condenado por corrupción de menores y acoso sexual, o con la línea prorrusa de la exdirectora de la cadena RT France, Xenia Fedorova.

Y, sin embargo, ya sea en las declaraciones públicas de las organizaciones representativas o en las declaraciones personales, el cine francés apenas ha salido en defensa de los firmantes de la valiente tribuna publicada en Libération, en la que faltan nombres que cabría esperar. Prefiere hablar de un “mal momento”, de una “caricatura” o incluso de una “profecía autocumplida”.

Ni la Sociedad de Realizadores de Cine (SRF), ni el Sindicato de Productores Independientes (SPI) figuran entre los firmantes del texto. Contactada por Le Monde, Marie Masmonteil, presidenta de la oficina de largometrajes del SPI, calificó la carta de “inapropiada en el contexto actual”, y llegó a afirmar que “los firmantes gritan antes de que les duela”, como si hubiera que esperar a que la guillotina estuviera a punto de caer para protestar contra su instalación.

Por su parte, Gaëtan Bruel, director del Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), declaró el lunes 18 de mayo en France Inter que lamentaba la decisión de Maxime Saada, al considerar que “en materia de libertad de expresión, esto plantea interrogantes. Porque el derecho a la crítica forma parte de ese principio fundamental”. Pero también explicó que “no se reconocía en los hechos” denunciados por los firmantes de la carta, y consideró que había que “tener cuidado con las profecías autocumplidas”.

Una postura que resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que Bruel está al frente de una institución que Agrupación Nacional (RN) ha prometido suprimir si llega al poder en 2027, y que la ofensiva reaccionaria de este partido y la de Vincent Bolloré funcionan en sinergia, apuntando con deleite y constancia al mundo cultural.

Pierre Salvadori, director de La Vénus électrique, película inaugural del Festival de Cannes, se distanció del texto, como lamentablemente la mayoría de los profesionales reunidos en Cannes: “Yo no abordo la política así”.

E incluso llegó a hacer una comparación arriesgada al afirmar que en Canal+ seguirían estando “los que son Olivier Nora para nosotros” [exdirector de la editorial Grasset, defenestrado por Bolloré], como si no hubiera ningún riesgo de que los actuales dirigentes de la cadena de pago fueran sustituidos próximamente por personas afines a Vincent Bolloré.

Ya sea por el legítimo temor a perder el trabajo, por ingenuidad o por complicidad, este distanciamiento (especialmente perceptible durante un acto celebrado en Cannes el 14 de mayo con motivo del 80º aniversario del CNC) respecto a un texto que recuerda una evidencia —la ofensiva en todos los frentes de Vincent Bolloré sobre el ecosistema mediático y cultural y los peligros políticos y democráticos que conlleva— está motivado principalmente por los acuerdos de financiación que regulan las relaciones entre Canal+ y el cine francés.

Esta reacción recuerda la frase atribuida (sin duda de forma apócrifa) a Madame du Barry antes de ser guillotinada en la plaza de la Concordia, en diciembre de 1793: “Espere un poco, señor verdugo”. Por eso se habla tanto de la agenda Bolloré, que nunca se ha ocultado, desde el despido de Nora y el sometimiento de Grasset.

La Guerre est déclarée (Declaración de guerra) era el título de una película de Valérie Donzelli estrenada hace 15 años y presentada entonces en Cannes en el marco de la Semana de la Crítica. Ahora es una constatación que el mundo del cine, tan conciliador y reacio a la batalla que no sea simbólica, debe hacer suya. Una constatación que supone saber contar y con quién contar.

Traducción de Miguel López

¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

Qué mal nos contamos. No cabe otra conclusión de estas semanas de efemérides en las que hemos tenido que celebrar cincuentenarios y glosar vidas para el panteón de los ilustres. Quizá el periodismo cuente bastante bien el mundo —y uno está convencido de que es así, de que lo hacemos razonablemente bien y mucho mejor que antes— pero este oficio se está contando bastante mal a sí mismo. Se insiste aquí una vez y otra en que el periodismo solo es procedimiento y se pasma cuando una de las redacciones que mejores periodistas ha alumbrado en España, la de El País, celebra sus bodas de oro sin mención alguna al periodismo como procedimiento, en beneficio de una glorificación de las firmas de opinión, que no son más que la fruta escarchada que desfila por las almenas para adornar el pastel.

La opinión es el menos periodístico de los géneros, por eso rara vez la ejercen los periodistas, a no ser como canonjía que engalana una carrera fecunda y exitosa y prepara la jubilación. Lo común es invitar a las secciones de tribuna y opinión a saberes expertos de distintos ámbitos, catedráticos de lo suyo, o plumas distinguidas de la literatura, cabezas que son referentes intelectuales a las que se les da toda la libertad y ningún método para la reflexión o el desahogo. Y no ha sido raro que envíen o dicten sus textos —muchos periodistas han tenido entre sus tareas la engorrosa labor de recoger dictados telefónicos y darles forma para que una firma famosa por actividades no escritas (la tele o la radio) saliese a la luz con subordinadas de relativo que respetaran la concordancia— y no pongan jamás un pie en la redacción. Es cierto que el articulismo produce autoría visible, porque tiene firma, estilo, frase memorable y temperamento, pero eso desplaza una evidencia incómoda: la mayor parte del periodismo importante nunca la hicieron escritores famosos sino redactores sin gloria ni panteón.

El fallecimiento de la periodista Soledad Gallego-Díaz ha sido la ocasión para que en las crónicas apareciese siquiera una mención a esa galera de esforzados remeros que es una redacción, hacendoso hormiguero que fabrica periódicos, antaño bullicioso y hoy mudo como una biblioteca, un monasterio o un funeral, donde aporrean teclas una legión de periodistas —a menudo, para enlucir textos ajenos de quienes tienen más prestigio que sintaxis y ortografía— y por la que rara vez aparece el gran opinador. La exdirectora de El País siempre hacía mención en sus discursos a esa factoría de los muchos cuando tenía que explicar dónde residían los haberes de este oficio. Que sea una mujer la que arroje esta mirada colectiva y respetuosa hacia el colectivo de los nadie no es casualidad. Porque si prestan atención a cómo nos contamos —mal—, acabarán ustedes pensando que el único periodismo posible es individual, es viril, es épico y está basado en dos arquetipos románticos (y por tanto, reaccionarios) de masculinidad controvertida: el del aventurero y el detective.

La caricatura de Ernest Hemingway patrocina una mirada sobre este oficio masculina, individualista y colonial, la del reportero de guerra, emisario de la metrópoli, que frecuenta trincheras y bares de hoteles de lujo —les aseguro que, al caso que nos ocupa, muchísimo más los segundos que las primeras— en países cálidos y convulsos, o, en general, el corresponsal en el extranjero, un oficio que, hasta que la llegada de internet delató el truco, consistía en resumir para el país de uno lo que los periodistas de la plaza contaban en sus medios en otra lengua. La mayoría de los corresponsales han sido, durante décadas, sagaces traductores y elaboradores de vistosos resúmenes de prensa. No es un reproche, siempre ha sido exactamente eso lo que se esperaba de ellos. La llegada de internet y el descubrimiento de algunos plagios de artículos en lengua indígena obligó a ponerse las pilas a los más holgazanes para trabajar con más pulcritud, pero no para trabajar mucho más, pues la actividad principal que se les ha requerido desde sus empresas siempre ha estado a medio camino entre la del flanneur y el bon vivant a gastos pagados.

Que uno de los libros sobre periodismo más populares, elogiados y vendidos en este país en los últimos años sea el de un corresponsal regresado rayando la cincuentena para dirigir un medio en Madrid y que cuente cómo, a esas alturas, descubrió los juegos de poder de las grandes cabeceras y los grandes capitales, para acabar narrando su encuentro con la realidad de la redacción que gobernaba con la pluma de la condescendencia —y el desdén— de un primer contacto con una ignota tribu indígena es una tragedia muy elocuente de hasta qué punto el arquetipo colonial de las novelas de Henry Graham Greene ha impregnado el oficio. Por cierto, aunque nunca fueron amigos, Greene fue compañero de estudios de otro gigante de la literatura británica, Evelyn Waugh, autor de la más inmisericorde y divertida de las novelas sobre el desempeño del corresponsal de guerra, ¡Noticia bomba!, Waugh diría luego de su melancólico compañero: “A Graham Greene le parecíamos fatuos y pueriles. Nunca participó en nuestras juergas universitarias”, según narra Michael Shelden en la entrada correspondiente a Greene del Oxford Dictionary of National Biography. Greene, que había sufrido un duro acoso en el internado durante la adolescencia y había intentado suicidarse en varias ocasiones, se sumió de adulto en la melancolía y en una cierta misantropía que lo acompañarían hasta el fin de sus días. Su biografía, como la de Hemingway, habla de esa condición individualista del destierro del corresponsal que ha acabado por romantizarse y volverse aspiracional para algunos oficiantes, pero que corresponde, de forma estricta, al encuentro del civilizado occidental con las violentas tierras de ultramar. Piensen en ello la próxima vez que lean sobre la relación de Hemingway con España, con los sanfemines, con el toreo o con la Guerra Civil. Porque, si lo analizamos con detalle, es un arquetipo este impensable sin la realidad del arco colonial de los siglos XIX y XX, y que ha dado más literatura que periodismo.

Entre paréntesis, me permitirán que malicie que quizá el capital financiero hoy propietario de casi todas las grandes cabeceras elija a los corresponsales veteranos para ponerlos al frente de las redacciones —costumbre que se está extendiendo— para evitar cualquier atisbo de solidaridad con los compañeros de una redacción de la que nunca formaron parte y en la que, en el fondo, nunca quisieron estar.

Por otro lado, el éxito de Woodward y Bernstein en The Washington Post, a los que se atribuye cobrarse la pieza de Richard Nixon —en realidad, dimitió porque se puso en marcha el impeachment contra él, años después de la exclusiva del escándalo Watergate—, acabó por afianzar el otro mito periodístico, el del periodista de investigación convertido en una suerte de Sam Spade, el atormentado detective privado de Dashiel Hammet, o el no menos taciturno Phillip Marlowe, de Raymond Chandler, a los que prestó rostro y gabardina Humphrey Bogart. Pero si saltamos por encima de la idealización del malditismo del investigador que duerme en el sofá del despacho y tiene una camisa de recambio en un cajón, las horas de lectura de expedientes, boletines, autos judiciales e informes técnicos son la verdadera y rutinaria pesquisa diaria del periodista que se respeta. Lo demás son dossiers que los servicios de seguridad colocan a periodistas afines con intenciones políticas patentes. Y la “exclusiva” es una etiqueta comercial heredera de la proclama callejera de los niños vendedores de diarios, peo no es una virtud periodística en sí misma pues el compromiso de un periódico con sus lectores es contar el mismo mundo que los demás pero mejor y una información es igual de buena y relevante para el lector al margen de cuántos medios den cuenta de ella.

En fin, el moralista de columna, el corresponsal extranjero y el investigador pendenciero son, en el mejor de los casos y exagerando su importancia, las hojas del rábano periodístico, pero han conquistado el imaginario colectivo por culpa nuestra, por la ausencia de un relato alternativo. Gente que llama por teléfono, comprueba datos, ordena agendas, habla con fuentes, edita piezas ajenas, titula, encaja páginas, rellena blancos por la escasez de texto o cercena perífrasis por la facundia de un corresponsal, y que regresa al día siguiente a hacer exactamente lo mismo es la sustancia de una redacción, el motor de la bestia informativa pero ha sido periclitada por un romanticismo bobalicón, masculino y colonial. La paradoja es fascinante porque el periodismo, que es probablemente el oficio moderno más colectivo y que más exige del compañerismo en su funcionamiento real —el maestro Mariano Guindal suele decir que “la mejor fuente de un periodista es otro periodista”— se cuenta a sí mismo mediante héroes individuales e irrepetibles, mediante elogios al talento y la osadía y nunca al trabajo silente e ingrato —lo ilustra, por ejemplo, Carlota Guindal, hija de Mariano, cuyas pestañas descansan hoy en las decenas de miles de folios de autos judiciales e informes de investigación a los que ha dedicado jornadas que se extienden hasta la madrugada; y como ella, cientos de compañeras en cada Audiencia Provincial o ayuntamiento de provincias— que conforman las decenas de páginas que produce todo rotativo a diario.

Es triste que, en el cincuentenario del diario más importante de la capital, no haya habido apenas mención al bizcocho del oficio y hayan abundado elogios y hagiografías a la fruta escarchada, a los intelectuales, poetas, profesores y novelistas —casi todos muy mayores y muy enfadados— a los que se ha prestado un púlpito para sus labores y humores, a los diletantes en ciudades lejanas y a los compañeros de francachela y combinados de policías y ladrones.

La paradoja es que hace unos años, esta romantización tan contraproducente se daba en un oficio marcadamente masculino, pero hoy el periodismo es, en términos sociológicos, un oficio ejercido por muchas más mujeres que hombres. De esa elegía a los atributos de la virilidad romantizada, la audacia individual y la supuesta insobornabilidad —a los periodistas nadie nos intenta sobornar (¡ojalá!) porque el capital hace mucho que sabe que es mucho más sencillo ser propietario de la cabecera— nace, por supuesto, la idea de que un escuadrista fascista que ejerce la violencia contra sus compañeros y contra los objetos de la información es “un periodista”. Es decir, aguas arriba de Vito Quiles y sus delitos presuntos y ufanos está esa hombría tremebunda de los aprendices de Ernest Hemingway. Un tipo, por cierto, que se voló la tapa de los sesos.

Sigue habiendo desahucios. Mientras están leyendo esto, se está produciendo uno de los 100 desahucios que se realizan cada día en nuestro país. Repito, casi 100 desahucios cada día, los 365 días del año.

Mientras los fondos de inversión o los bancos, ayudados por la Policía, recuperan unos inmuebles que probablemente se queden sin dueño hasta que desahucien al siguiente, podemos disfrutar de debates sobre si los jubilados o los inmigrantes son los culpables de la subida de los precios o sobre si se tienen que regular los precios de la vivienda cuando en ciudades como Madrid casi el 20% de los contratos de alquiler están controlados por sociedades o fondos buitre con más de 50 inmuebles alquilados.

Sigue habiendo millones de personas en listas de espera para poder tener una operación. Sigue habiendo millones de personas que tienen que esperar meses para tener una cita con un especialista, con el sufrimiento extra por la incertidumbre que eso supone. Un reciente informe revela que el cáncer ha provocado un exceso de mortalidad en Andalucía en el periodo de 2019 a 2024. Nada menos que 3.701 muertes de más por tumores malignos.

Mientras las noticias de estas comunidades que están arrasando la sanidad pública son un cúmulo de ridículas declaraciones de una presidenta perdida en la Riviera Maya mientras insulta al país que visita o noticias sobre el presidente andaluz Moreno Bonilla haciéndose fotos con Chewbacca, una vaca, diciendo que se va a hacer un nuevo tatuaje o cantando el himno de su campaña electoral, según él: “un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo” si no tienes que utilizar la sanidad pública, supongo.

Sigue habiendo violencia machista, en todas partes, en todos lados, a todas horas. Hay más de 100.000 casos activos, repito, 100.000 casos activos, en Viogén, el sistema policial de víctimas de violencia de género. Al menos 19 mujeres han sido asesinadas solo en estos primeros meses de 2026 a manos de sus parejas o exparejas. De estos 19 agresores, casi la mitad tenían ya denuncias previas por maltrato.

Mientras vemos declaraciones de negacionistas de la violencia de género invitados por partidos de ultraderecha a las instituciones para promocionar su libro.

Sigue habiendo un genocidio en Gaza, con ataques aéreos cada día y más de 850 personas asesinadas solo desde el alto el fuego, un genocidio al que ahora se ha sumado el Líbano y que se añade a varias guerras en activo provocadas por grandes potencias.

Mientras se sigue fabricando y enviando armamento a estos países, los deportistas de Israel siguen compitiendo en todo tipo de eventos deportivos y musicales o grandes superficies siguen vendiendo con total normalidad tampones, patatas, aguacates o dátiles israelíes.

Sigue habiendo una ley mordaza vigente que limita la libertad de expresión y el derecho a informar libremente y se insulta, se amenaza e incluso se agrede impunemente a periodistas, políticos y humoristas de izquierdas sin ninguna consecuencia.

Mientras no paramos de escuchar en programas de televisión, periódicos o redes sociales a voces ultraconservadoras llorar porque sus voces están siendo silenciadas y “ya no se puede decir nada”.

Sigue habiendo Viviendas de Protección Oficial con piscina y pádel para personas que ganan más de 2.000 euros al mes o que son dadas a dedo de miembros, familiares o amigos de los partidos políticos que las adjudican.

Sigue habiendo unos ingresos mínimos que pueden superar los 2.000 euros al mes en algunas comunidades autónomas para acceder a una de estas viviendas protegidas. En lugares como Islas Baleares el límite de ingresos es ¡5.000 euros al mes para una sola persona!, supongo que allí las siglas VPO significan Viviendas de Privilegio Oficial. Los que menos ingresan tienen menos posibilidades de conseguir una vivienda digna de “Protección Oficial”, el mundo al revés.

Mientras podemos disfrutar en nuestras televisiones públicas de simpáticos PocoTalents shows en los que famosos, en muchos casos conocidos por trabajar de ser famosos, realizan reformas y diseño de interiores en viviendas que nunca podremos permitirnos.

Este artículo se publicará en infolibre y se ha escrito gracias a la información que han publicado medios como la fundación ciudadana que vigila los poderes públicos Civio'; el medio de comunicación autogestionado El Salto o la cooperativa independiente La Marea. Gracias a ellos —y a otros como Alternativas Económicas, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, Diario 16, La Voz del Sur, Luzes, Píkara Magazine, Praza Pública…— podemos distinguir entre lo que está pasando y lo que estamos viendo.

Elegir cómo nos informamos también es una forma de apartar los árboles, cada vez más frondosos por las subvenciones de los poderes económicos, y poder ver el bosque. Aunque más que el bosque, cada vez parece más el desierto en el que se están transformando nuestras sociedades mientras miramos para otro lado, el lado para el que les interesa que miremos.

Andalucía tiene más de 7,5 millones de personas en edad de votar, el 17,6% del censo adulto nacional, y buena parte de ellas se informará este domingo desde un territorio mediático con fracturas que no se explican solo por el tamaño. La comunidad consume más televisión que la media, usa las redes sociales con mayor intensidad que cualquier otra comunidad del país y llega a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una radiotelevisión pública cuya credibilidad lleva años siendo cuestionada. Ese es el mapa informativo en el que se dirime la cita electoral.

La televisión es el medio dominante y lo es con más fuerza que en el resto de España. Los andaluces ven una media de 196 minutos diarios de televisión, diez más que la media nacional, según el último Marco General de la AIMC. No es el dato más extremo del país —Castilla-La Mancha alcanza los 224 minutos—, pero sí confirma que la pantalla sigue siendo el canal principal de consumo informativo en una comunidad donde el nivel socioeconómico medio lastra la penetración de la prensa escrita y donde el acceso a internet, aunque creciente, no ha desplazado al televisor como referencia.

En ese contexto, y a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde La 1 de RTVE ha sido capaz de abrirse hueco, mandan las cadenas privadas, cuyos programas de infoentretenimiento y servicios informativos llevan años moviéndose en un difícil equilibrio entre la derecha y la extrema derecha.

Antena 3 lidera la televisión en Andalucía en lo que va de año con un incontestable 14% de cuota, seguida de Telecinco (10,8%) —en este caso sí que de manera sorprendente—, con porcentajes que apenas se mueven. Por detrás, el ascenso de La 1 alcanza un 9,8%, su mejor dato en la comunidad en 14 años, desde 2012, pero aún lejos de sus rivales en manos del Grupo Planeta y de la familia Berlusconi. 

Canal Sur (9,6%), entre tanto, la televisión autonómica que históricamente compitió de tú a tú con las grandes cadenas nacionales en este territorio, ahora tiene que conformarse con el cuarto puesto. Más atrás aún están las otras dos generalistas privadas: Cuatro sube cinco décimas hasta el 7% y La Sexta cede una décima para quedarse en el 5,6%, según datos oficiales de enero a abril de 2026 a los que ha tenido acceso infoLibre.

Lo que esos datos de audiencia no miden, en el caso de Canal Sur, es el coste institucional del modelo de gestión impuesto por la derecha desde que alcanzó el poder en Andalucía en 2019 y que ha condicionado el presente y el futuro del único medio verdaderamente de alcance andaluz. 

La reforma legal aprobada por el PP nada más alcanzar el gobierno de Juanma Moreno redujo de 15 a nueve los miembros del Consejo de Administración de la corporación y eliminó el mandato de seis años de sus integrantes, que hasta entonces garantizaba cierta desconexión del ciclo electoral. El mandato del director general quedó atado a la duración de la legislatura, exactamente lo contrario de lo que ordenan las normas europeas. El Consejo Asesor pasó de 17 a 13 miembros.

Para los cargos siguió siendo necesaria una mayoría de tres quintos del Parlamento, requisito que, en teoría, obliga a pactar con la oposición. En la práctica, el primer director general del ciclo popular, Juan de Dios Mellado, llegó directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, es decir, desde el entorno inmediato del presidente.

El Consejo Profesional de Canal Sur documentó, a partir de 2020, 350 ejemplos de malas prácticas en apenas seis meses, “escaletas ideológicas” y desequilibrios informativos sistematizados. El órgano calificó de “muy grave” una referencia al franquismo como “gobierno de 40 años” y registró la suspensión de empleo de un periodista por protestar en una rueda de prensa del PP. El director de Informativos, Álvaro Zancajo, fue cesado en diciembre de 2023 por las denuncias de manipulación. Sus propios trabajadores señalan que su sucesora, Carmen Torres, no mejoró la situación.

A este panorama audiovisual, tan escorado, se suma una prensa andaluza de papel con una estructura que la distingue del resto de comunidades: no existe un gran diario de referencia regional. La cobertura está fragmentada por provincias, con cabeceras de influencia local que pertenecen a grupos nacionales o a un único grupo íntegramente andaluz, y donde la lógica del mercado ha dibujado un mapa en el que el territorio no cuenta igual en todas partes.

Los tres grupos dominantes son Grupo Joly, Vocento y Prensa Ibérica. El primero, controlado por la familia Joly y de tendencia conservadora, es el único enteramente andaluz, con diez diarios que incluyen Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Huelva Información o Granada Hoy. Vocento, cotizado en bolsa y claramente alineado a la derecha, publica en la comunidad la versión andaluza de Abc, Diario de Jerez y Córdoba, entre otros. Prensa Ibérica, más pragmático e institucional, propiedad del empresario Javier Moll, acaba de reforzar su presencia con la adquisición de El Correo de Andalucía, que se suma al Diario de Córdoba, La Opinión de Málaga y La Voz de Almería.

En el terreno digital, el trasvase del capital de marca de las cabeceras históricas al online ha beneficiado sobre todo a Vocento, cuyos títulos andaluces dominan el tráfico medido por Gfk en sus respectivas provincias. La delegación andaluza de eldiario.es es la referencia más consolidada entre los nativos digitales, aunque sus cifras se mantienen alejadas de los líderes provinciales. El resto del espacio nativo lo ocupan medios de alcance local o temático sin audiencias comparables.

La penetración de la prensa —papel más internet— es del 36,7% en Andalucía, algo inferior a la media nacional del 39,6%, lo que limita su capacidad de influir. El índice socioeconómico explica en parte la diferencia: la comunidad tiene una proporción relativamente baja de población en los estratos altos, precisamente los que más diarios consumen.

Un estudio publicado en 2025 encontró una fractura cuya existencia se conocía, pero que hasta ahora no había sido cuantificada a esta escala: en todas las provincias andaluzas, la franja norte —las sierras— aparece sin un solo medio de proximidad. La cobertura se concentra en las capitales, la costa y los municipios de mayor tamaño. El tamaño medio de un municipio con medios supera los 65.000 habitantes. Por encima de los 20.000, el 87% de los municipios tiene al menos una cabecera. Por debajo de los 10.000, la cobertura cae de forma abrupta.

Las diferencias entre provincias son, además, pronunciadas. Cádiz acumula casi el 24% de los medios andaluces con apenas el 14,7% de la población: el 41% de sus municipios cuenta con al menos un periódico digital local.

El extremo opuesto lo ocupa Almería, donde solo el 2% de los municipios tiene algún medio y, fuera de la capital, únicamente existe uno, en El Ejido. Granada, con 173 municipios —más que cualquier otra provincia andaluza—, solo tiene cobertura propia en cinco de ellos. El 97% de su territorio municipal carece de periodismo local. La sierra de Huelva, Cazorla-Segura, en Jaén, y la franja serrana de Málaga reproducen el mismo patrón.

La literatura académica sobre desiertos informativos ha documentado que los territorios sin medios locales registran mayor abstención electoral y son más vulnerables a la desinformación. En Estados Unidos se ha constatado que, en las zonas rurales sin periódicos, los ciudadanos votan menos y con menor criterio. La función de vigilancia del poder municipal desaparece con los medios que la ejercían. El estudio andaluz no establece esa correlación de forma directa —los autores la señalan como pendiente de investigación—, pero los datos de cobertura hablan por sí solos.

A ese vacío se suma un problema específicamente español. Los medios locales que sí logran sobrevivir en estos territorios dependen en muchos casos de la publicidad institucional, cuyo reparto opaco los convierte en financieramente vulnerables frente a las administraciones que deberían cubrir. 

El Gobierno de Moreno Bonilla incrementó un 140% el gasto anual de la Junta en publicidad institucional y patrocinios respecto al último Ejecutivo socialista, según datos de 2025: mientras Susana Díaz gastó una media de 19,3 millones anuales entre 2015 y 2018, el PP ha desembolsado al menos 286,4 millones desde 2019, unos 46,2 millones por año. La Cámara de Cuentas ha reprochado al Ejecutivo su falta de transparencia en este capítulo, señalando que el Portal de la Junta no detalla el gasto por campaña ni incluye a las entidades instrumentales, en incumplimiento del artículo 16 de la ley autonómica de transparencia.

La radio y las redes completan el cuadro. La AIMC registra una penetración radiofónica del 51,4% en Andalucía, frente al 55% de la media nacional, con un consumo medio de 84 minutos diarios frente a los 89 del conjunto del país. El liderazgo de audiencia se lo disputan COPE y Cadena SER en términos muy ajustados: 718.000 oyentes diarios frente a 703.000, según la tercera ola del EGM de 2025. Canal Sur Radio creció más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior y superó los 519.000 oyentes sumando todas sus emisoras, su mejor dato en cinco oleadas consecutivas.

Por lo que se refiere a las redes sociales, el 53% de los adultos andaluces las usa como fuente de noticias, frente al 49% de la media española, lo que les expone más que a la media a la manipulación de los algoritmos. El Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2024 sitúa en el 85,4% la proporción de andaluces que declara usar redes sociales, cifra que sube al 98,6% entre los de 16 a 24 años. El acceso a internet alcanza al 89,3% de los residentes, solo un punto por debajo de la media nacional, pero el consumo digital es levemente superior: 255 minutos diarios frente a los 251 del conjunto del país. 

Es la única métrica en la que Andalucía supera consistentemente al resto. En los medios tradicionales, la brecha va en la otra dirección.

Frente al ruido ensordecedor del mundo, crece la necesidad de una voz amiga que ayude a distinguir la realidad de la manipulación, el rigor de la mala intención. “Contra el odio, periodismo digno” fue el lema del acto con el que infoLibre ha celebrado este miércoles su 13º aniversario. Rodeado de socias y socios, el medio reunió en el Espacio Ecooo, en Madrid, a varios periodistas para reflexionar sobre el estado del oficio en democracia, la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial.

Jesús Maraña, director editorial del periódico, ha abierto el evento con una reflexión sobre las incertidumbres y tensiones que atraviesan la actualidad: "No debemos ni podemos tirar la toalla. Hay mucho que hacer". "InfoLibre intenta ser un periódico y también un proyecto cívico", ha afirmado.

Tras la bienvenida, Virginia P. Alonso, directora del medio, se ha sumado al escenario para conversar con Maraña sobre la historia del periódico, el recorrido de infoLibre y la velocidad vertiginosa a la que la profesión se ve obligada a adaptarse. "Yo empecé a trabajar con máquina de escribir. Hemos vivido una transformación brutal de la industria", ha recordado Alonso. "Siempre hemos intentado que el rigor vaya por delante", incluso cuando algunas noticias puedan incomodar al propio pensamiento que se defiende, y ha añadido Maraña: "Reivindicamos la duda para evitar los sectarismos".

Alonso, bajo la atenta mirada de los asistentes, ha explicado que infoLibre está apostando cada vez más por un periodismo reflexivo: "Solo entendiendo los porqués de lo que está sucediendo podemos defender la democracia". En esa línea, señaló que, ante el cambio de paradigma, el periódico se articula cada vez más en torno a cuatro pilares: el poder, la democracia, los derechos y el dinero público. "Vamos a hacer más fácil encontrar lo importante", ha asegurado.

Antes de dar paso a la mesa redonda, Maraña, visiblemente emocionado, ha lanzado un alegato personal: "A lo único a lo que ya no estoy dispuesto es a no hacer nada para que mis hijas no hereden un país peor". Los presentes han respondido con aplausos, compartiendo la preocupación por un ecosistema informativo cada vez más polarizado.

El coloquio posterior contó con Montserrat Domínguez, periodista y analista política; Pablo Elorduy, director de El Salto; y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y de su Consejo Internacional, además de los propios directores de infoLibre, que permanecieron en el escenario. Los ponentes han respondido a la pregunta que daba título al debate: "¿Ante el fin del periodismo? Contra el odio, periodismo digno".

Palestina ha sido el punto de partida. Con la reciente detención de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla, los ataques de Israel al periodismo internacional han desembocado en una conversación sobre el estado global de la libertad de expresión. "Hay una internacional de gánsteres que hace ahora mismo un import-export de medidas espantosas contra la prensa", ha afirmado Rodríguez. "¿Contra todo eso qué se puede hacer? La única forma es denunciarlo y hablarlo", ha añadido Domínguez.

Al abordar la irrupción de la extrema derecha y la desinformación ligada al infoentretenimiento, Elorduy ha defendido que "el periodismo bien hecho también puede ser divertido de leer". Y, frente a agitadores como Ndongo o Vito Quiles, ha advertido: "No tenemos que confrontar siendo igual que ellos". "La respuesta tiene que ser institucional, porque se nos escapa al gremio", ha apuntado Rodríguez.

Hacia el final de la charla, ha surgido también el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de transparencia en los medios. Ha habido discrepancias. "Es la gran oportunidad para el periodismo", ha defendido Domínguez. Rodríguez, en cambio, ha replicado: "La IA no cubre Irán, no cubre Gaza. Ahí la IA, más allá de los drones para matar periodistas, poco".

El acoso a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el agitador ultraderechista, Vito Quiles, que se hace pasar por periodista y que sigue con credencial en el Congreso de los Diputados, ha generado un gran revuelo mediático y político. Pero este hecho no es una excepción ni una casualidad: responde a una estrategia muy bien organizada que defendió el expresidente del Gobierno José María Aznar con su famoso lema de 2023, "el que pueda hacer que haga", para conseguir derribar al gobierno de coalición tras las elecciones del 23 de julio del mismo año. Los acosos de este farsante de periodista son violencia política de manual, financiada por el Partido Popular a través de sus diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, y camuflada como publicidad institucional.

Pero este hecho no es nuevo, es una estrategia muy antigua, encaminada a crear un estado de necesidad que justifique un cambio político mediante un golpe de Estado o a través de las urnas, aunque todavía no ha habido víctimas mortales como en los años 30. Pero nunca se sabe y no deberíamos jugar con fuego. Tampoco es un hecho aislado, ya que forma parte de la deshumanización del presidente del Ejecutivo: desde el "que te vote Txapote" hasta los insultos habituales de Santiago Abascal a su persona ("mierda", "chulo putas", etc.), pasando por el grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta", coreado en mítines del PP y Vox, en fiestas patronales o campos de fútbol. Y todo este repertorio siempre se justifica en aras de una supuesta libertad.

Además, llevamos tiempo asistiendo al acoso a políticos como Irene Montero, Pablo Iglesias, Óscar Puente o Mónica García, hijos incluidos, o a periodistas como Antonio Maestre, Rubén Sánchez, Ana Pardo de Vera, Sarah Santaolalla, entre otros muchos.

Pero, en el marco de esta estrategia, tampoco podemos olvidar el acoso sistemático a la sede del PSOE desde finales de octubre de 2023, y aunque ya no salga en los medios de comunicación, continúa todos los días, incluidos domingos, festivos y vacaciones. Afortunadamente, ahora son muchos menos que aquellas hordas que durante mes y medio secuestraron el barrio y convirtieron en una actividad de riesgo hacer cualquier compra o gestión en la calle.

Sitiados por fascistas y con controles policiales para acceder a las viviendas, sin poder sacar la basura durante semanas, con el mobiliario urbano arrasado y hogueras de contenedores. Pero actualmente esos individuos faltones y mal educados intimidan a peatones y automóviles, tratando de imponer sus panfletos y su discurso de odio ante la pasividad de la policía, que también tolera todos los símbolos fascistas, vulnerando la Ley de Memoria Democrática.

Y si protestas ante la policía porque han querido meterte en tus pertenencias panfletos fascistas, la policía te contesta airada que vayas a protestar a la Delegación del Gobierno, porque la culpa de todo esto es del Gobierno. Y, para colmo, otro agente te dice que si quieres una amonestación de 600 euros o bien que circules.

Esta es la protección del ciudadano ante los insultos e intimidación de estos energúmenos. Es la misma policía a la que les gritaban los días de ruido y furia: "Ojalá os hubiera matado a todos la ETA". Y luego escribes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y ni te responde. A otros ciudadanos les ha contestado ante las cartas que muchos vecinos, hartos de la situación, han escrito, pero no ha hecho nada para acabar con esta situación.

De 19.30 a 21.30 horas siguen con consignas y cánticos fascistas, aparte de todo tipo de insultos amplificados con megáfono, para que los niños de las viviendas próximas sigan cenando con esos gritos tan educativos. Todo un espectáculo muy edificante. Tampoco hace nada el Ayuntamiento de Madrid por la tranquilidad de sus ciudadanos, ni la Comunidad de Madrid, porque les encanta la actuación de estos intransigentes y fanáticos: primero, porque critican al Gobierno sistemáticamente, y segundo, porque creen que los van a poder controlar y manipular. No saben que están incubando el huevo de la serpiente.

¿Alguien tiene dudas, a estas alturas, de que si esta circunstancia se hubiera dado en Génova ya hubiera acabado hace muchísimo tiempo? Ni una semana hubieran dudado. Esa es la diferencia: cómo se trata a los fascistas y acosadores y cómo se trata a los ciudadanos. Esta situación dice muy poco de la calidad de nuestra democracia y de los que nos tienen que proteger: jueces, policías y políticos.

No me extraña que Vito Quiles diga que hay que seguir apretando porque están ganando, ya que sus actuaciones están dando sus frutos. Con sus tácticas de escuadritas fascistas están amedrentando al personal. Todas estas actuaciones forman parte de la misma estrategia perfectamente coordinada: de las protestas de Ferraz a Vito Quiles, de los insultos generalizados a las declaraciones de políticos del PP y Vox, de las columnas incendiarias en periódicos a la inacción de policías y jueces. Nada es casualidad ni azar. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque el 21% de los jóvenes consideran positivamente el franquismo. Hay que cuidar todos los días la democracia, y por parte de todos los servidores públicos. 

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha fallecido la noche de este martes a los 75 años, ha informado el diario El País, del que fue directora.

Gallego-Diaz fue la primera mujer que dirigió El País, además de ser corresponsal en numerosas capitales del mundo y lograr "la gran exclusiva de la Transición" de la publicación del borrador de la Constitución de 1978, informa el mismo diario. Con solo 26 años, publicó en la revista Cuadernos para el Diálogo el borrador constitucional "que, por motivos que hoy parecen incomprensibles, se guardaba en un celoso secreto", señala El País.

Además de primera directora mujer de ese diario –entre el 8 de junio de 2018 y el 15 de junio de 2020–, fue directora adjunta con tres directores diferentes (Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesus Ceberio ) y corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

También fue enviada especial a numerosos acontecimientos internacionales como el fin de la URSS; cronista política; delegada en Sevilla; defensora del lector; editorialista; y profesora en la Escuela de periodismo de El País.

Gallego-Díaz había recibido a lo largo de su trayectoria, entre otros, los premios periodísticos Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional. De hecho, El último acto público en el que participó fue la entrega, en abril, del Premio Aurelio Martín de Ética Periodística que concedió por primera vez la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Nacida en Madrid el 25 de abril de 1951, hija de una cubana que fijó su residencia en España en 1936 y de José Gallego-Díaz, un matemático comunista nacido en Úbeda (Jaén) y fallecido en accidente de tráfico en Venezuela, en febrero de 1965.

Pasó su infancia entre las ciudades norteamericanas de Palo Alto y Nashville, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y en 1972 se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Ese año empezó a trabajar como redactora de la Agencia Pyresa, de la que fue despedida en 1976 después de participar en una huelga en defensa de la profesión.

Un año más tarde, en marzo de 1977, comenzó a colaborar en la sección de Política del diario El País, nacido poco antes, en cuya sección acabó como redactora. Entre noviembre de 1979 y enero de 1983 se encargó de la corresponsalía en Bruselas del diario, donde cubrió la adhesión de España a la Comunidad Europea y la OTAN.

De regreso a España, se incorporó al equipo directivo de El País en la sección de investigación y en 1987 se hizo cargo de la subdirección de la edición dominical, hasta que en 1991 pasó a desempeñar la labor de corresponsal europea.

Posteriormente regresó a Madrid para ocupar el puesto de defensora del lector de El País durante un año.

En julio de 1994 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Usuarios de la Información, encargado de asesorar a la Comisión Europea en política de información, y ese año regresó a su puesto como corresponsal para temas europeos y en noviembre fue nombrada delegada del periódico en Andalucía, donde permaneció dos años.

En octubre de 1996 retomó en Madrid su anterior destino como corresponsal de temas europeos.

Desde 1997 dirigió todos los temas sobre la Unión Europea y desde 1998 coordinó el suplemento semanal 'Guía del Euro', entregado por entregas con El País.

El 11 de julio de 1998 fue nombrada directora adjunta de El País de los domingos, que incluía El País Semanal.

Creadora de la sección 'Mujeres' en El País, Gallego-Díaz ocupó el puesto de adjunta a la dirección del periódico, realizando también crónicas políticas y entrevistas (Felipe González, Mariano Rajoy, Pasqual Maragall o Manuel Chaves).

En octubre de 2008 El País la envió como corresponsal a Buenos Aires, cubriendo la etapa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Regresó a España y en 2012 continuó publicando sus columnas en El País, siendo miembro de su Comité Editorial. Además, hasta 2018 colaboró con el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER.

Sin abandonar el grupo PRISA, en 2014 emprendió la creación del semanario Ahora, junto con Miguel Ángel Aguilar, proyecto que acabó en 2016.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada la primera directora de El País, sustituyendo en el cargo a Antonio Caño, y tomó posesión dos días más tarde.

Durante los dos años que permaneció en su dirección se mantuvo como líder de lectores, con 1.069.000 (segunda oleada EGM 2018) y 1.004.000 (primera oleada EGM 2020). Además, el 1 de mayo de 2020 implantó la suscripción digital del periódico.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.

El canal ultraliberal Negocios TV tiene 2,71 millones de suscriptores en YouTube, emite a través de Movistar+ y llega a millones de hogares en México mediante acuerdos con plataformas de distribución. Google acaba de citarlo como modelo de éxito en la economía de creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría de los españoles, en un ecosistema mediático dominado por las cámaras de eco, no sabe que existe. ¿Qué es y de quién es Negocios TV?

El canal se presenta como un medio de información económica y financiera con una propuesta sencilla: explicar la macroeconomía —inflación, tipos de interés, deuda pública, mercados— en un lenguaje accesible, en formato vídeo, de forma gratuita y sin los muros de pago que caracterizan a medios como The Wall Street Journal o Bloomberg, con los que gusta de compararse. La información financiera, viene a decir, no debería ser un privilegio de quienes pueden permitirse una suscripción cara.

Lo opera una sociedad llamada Business Videns SL, constituida en mayo de 2021. Su fundador, presidente y consejero delegado es José Antonio Vizner, periodista económico que también ha desarrollado aplicaciones para Amazon Alexa y que describe su trabajo en términos de misión: la búsqueda de “la verdad que la economía esconde”. Vizner es, además, yerno de Julio Ariza, el empresario que fundó y dirigió el Grupo Intereconomía, referencia histórica de la televisión ultra en España y pieza sin la cual nada de lo que hoy es y representa Vox sería posible. Este dato importa para entender de qué canal estamos hablando.

Cuando Intereconomía desapareció como proyecto televisivo de alcance, dejó un hueco en el ecosistema mediático de la derecha española. Negocios TV ha ocupado parte de ese espacio, aunque con una estrategia radicalmente distinta: en lugar de apostar por la televisión tradicional, ha construido su audiencia casi íntegramente en plataformas digitales, con YouTube como motor principal. Y todo indica que está funcionando.

Business Videns SL tiene cuatro socios fundadores, cada uno con una cuarta parte del capital. El primero es el propio Vizner. El segundo es Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario.com, el digital dirigido por Eduardo Inda. Inda, bien conocido por su extremismo, su comunión con la derecha y su mala praxis profesional, no aparece directamente en el consejo de administración, pero su director general, Juan Carlos García Cabrera, sí lo hace en representación de la empresa. 

El tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, sociedad vinculada a Alejandro Suárez, figura del periodismo financiero en España y propietario, entre otros medios, de Merca2.es y el pseudomedio ultra Moncloa.com. El cuarto es Civitas Firma SL, sociedad de Julen Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza.

El resultado es una constelación en la que conviven el yerno y el hijo de Julio Ariza, el entorno de Eduardo Inda y un periodista financiero de impulsor de proyectos de perfil económico ultra. Entre los cuatro controlan un canal con una facturación declarada de 2,47 millones de euros en 2024 y un beneficio neto de 302.000 euros, según las cuentas depositadas por Business Videns SL. El negocio debe ir bien, porque el salario bruto de Vizner ese año fue de 201.500 euros.

Negocios TV se define como un medio económico, pero su línea editorial tiene una carga ideológica que va bastante más allá del análisis de balances. El canal es un altavoz de la escuela austriaca de economía, la corriente que defiende la mínima intervención del Estado, la desregulación de todos los sectores y la desconfianza hacia los bancos centrales. 

Sus colaboradores, entre ellos el economista Daniel Lacalle, denuncian de forma sistemática la inflación como un “impuesto oculto” generado, según ellos, por la irresponsabilidad de los gobiernos y la emisión descontrolada de dinero. La retórica del canal pivota sobre la idea conspiracionista de que los ciudadanos son víctimas de unas élites burocráticas que les ocultan la verdad económica.

Desde esa posición, el canal ha sido un defensor entusiasta de Javier Milei, el presidente argentino cuyas políticas de ajuste extremo conectan directamente con la doctrina que Negocios TV lleva años divulgando y que ha convertido su países en un gigantesco banco de pruebas de las teorías ultraliberales a costa de los más desfavorecidos. Nada de esto es accidental ni está oculto: es la propuesta editorial del canal, presentada como rigor frente al supuesto “control del relato” de los grandes grupos de comunicación.

Del tono que tiene el canal da idea el repertorio de titulares habitual en sus piezas de YouTube, en las que, además de informaciones, abundan los discursos doctrinarios de Vizner: "Caos militar en EEUU", "Rompe el mercado", "¿Guerra para siempre?", "Pierde la paciencia", "Crisis en Europa", "Cuarteto radical". Expresiones que casi siempre se mueven oscilan entre el anuncio del apocalipsis y el subrayado grosero.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido Negocios TV no tienen que ver, sin embargo, con su línea económica, sino con las conexiones que se le atribuyen a uno de sus socios. El Yunque es una organización ultraconservadora de origen mexicano, nacida en los años cincuenta, de carácter secreto y con ramificaciones documentadas en varios países de América Latina y Europa. Su objetivo declarado es combatir el comunismo y, más recientemente, lo que sus miembros llaman la “agenda progresista”. Diversos investigadores y medios han señalado históricamente al Grupo Intereconomía como un entorno con vínculos con esta organización.

La conexión con Negocios TV se establece, según sus críticos, a través de Julen Ariza Rossy. Varios analistas y publicaciones lo han señalado explícitamente como vinculado a El Yunque, siguiendo una línea que ya se trazó sobre su padre. Desde esta lectura, el canal no sería solo un medio de información económica liberal, sino una pieza más de una estrategia cultural más amplia orientada a combatir la Agenda 2030 y los valores del progresismo. Canal Red, el medio que dirige el exvicepresidente Pablo Iglesias y que se sitúa en las antípodas ideológicas de Negocios TV, ha llegado a describirlo, con ese telón de fondo, como un "nido de serpientes libertarias y yunquistas".

Las cifras que maneja Negocios TV son llamativas. El canal afirma tener 20 millones de usuarios a nivel mundial, registrar una media de siete millones de visualizaciones diarias y haber alcanzado puntualmente los 151 millones de visualizaciones mensuales en YouTube, supuestamente por encima de medios como Fox Business y Bloomberg. Dice contar con más de 120 anunciantes internacionales y una pequeña base de 1.300 suscriptores de pago, pese a su vocación de canal en abierto.

Son cifras que proceden del propio canal o de declaraciones de su CEO. La única métrica verificable de forma independiente es el número de suscriptores en YouTube —2,71 millones a fecha de este artículo—, un dato que la propia plataforma hace público. El resto —visualizaciones, usuarios diarios, alcance global— son datos autodeclarados que ninguna fuente externa conocida ha auditado.

Esto no significa necesariamente que sean falsos. El modelo de negocio del canal —publicación masiva, directos de larga duración, saturación del algoritmo de recomendación de YouTube— es perfectamente compatible con cifras de consumo elevadas.

Lo que sí está acreditado es su distribución: se puede ver a través de Movistar+, Samsung TV Plus, Orange TV, Digi, la plataforma estadounidense Distro TV y, en México, mediante Izzi y Total Play, a través de un acuerdo con Vme Digital. Y su expansión continúa: el canal ha abierto una sede en Miami para producir contenido específico para América, donde se le presume una influencia cada vez mayor, y ha anunciado una presencia en Amazon Prime Video, a lo que se suma la audiencia acumulada vía aplicaciones específicamente diseñadas para Apple TV, Android y Amazon Fire TV.

Negocios TV se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo construir influencia mediática en el siglo XXI a partir de recursos en principio modestos, sin licencia de televisión tradicional y sin el respaldo de un gran grupo de comunicación. Desde YouTube se ha erigido en canal de referencia para la batalla cultural del neoliberalismo en español —ese grupo de economistas que se autodenominan “libertarios”— con capacidad de influencia sobre la audiencia hispanohablante, tanto en España como en América Latina, ávida de una narrativa económica y política que se presenta como alternativa.

Ese éxito, sin embargo, no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de actores con una larga trayectoria en el ecosistema mediático conservador español, que han encontrado en las plataformas digitales el vehículo que la televisión analógica ya no podía darles.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.