En España, un número reducido de grupos familiares y fondos de inversión, a los que se suman los obispos, concentra el control de la mayoría de los medios de comunicación con audiencia nacional. Esa propiedad determina buena parte de las narrativas que consumen millones de ciudadanos a través del papel, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

La concentración mediática en España no es una hipótesis: es un hecho documentado por instituciones europeas y académicos, y sus efectos se dejan sentir en la calidad informativa, en la independencia editorial y en la salud de la democracia. El Media Pluralism Monitor (MPM), elaborado por el Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) con financiación de la UE, sitúa al país en riesgo medio-alto en pluralismo, alerta de que la concentración de audiencia supera el 75% en televisión, radio y prensa, y subraya la opacidad en la propiedad.

El deterioro es reconocido también desde Bruselas. La Comisión Europea lo advirtió el 19 de julio de 2026 en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En el mismo sentido, el Liberties Media Freedom Report 2026, publicado en mayo, destaca un avance de la “concentración monopolística” como una de las principales amenazas a la libertad de prensa en nuestro país.

La evidencia académica corrobora el diagnóstico. Un estudio de 2025 (Media Ownership and Transparency in Spain) identifica que un núcleo duro de conglomerados —Grupo Planeta, Mediaset España, Grupo Prisa y Grupo Vocento— ejerce un control sustancial sobre el paisaje informativo, con estructuras de propiedad complejas, gran internacionalización y financiación que dificultan la transparencia editorial. 

Un informe posterior de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el marco del proyecto europeo EurOMo (2026), confirma que el poder mediático se concentra en cinco grandes grupos (Planeta, Prisa, Media For Europe, RSC y Vocento), con fuerte presencia de inversores extranjeros y actores financieros, lo que complica identificar a los propietarios finales.

Este entramado se asienta sobre vacíos regulatorios y prácticas opacas. La propiedad cruzada de medios no está regulada en España, y cuando las empresas publican su estructura de propiedad, lo hacen de manera tan compleja que resulta incomprensible para el público general. 

Atresmedia, el grupo audiovisual que lidera las audiencias de televisión con Antena 3 y laSexta como canales principales, resume bien esa lógica. Su control reside en el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, que comparte el mando con los italianos de De Agostini. Planeta se divide hoy en tres linajes de los nietos del fundador: los Lara García, los Lara Hoces y los Falcó Lara. Cada rama posee un tercio del capital. Las tensiones por la posible venta de algunas de esas participaciones han marcado la agenda interna del grupo en los últimos meses.

Vocento representa la fusión de dos culturas periodísticas distintas. Por un lado, la aristocracia monárquica madrileña que dio origen a Abc. Por otro, la prensa regional del norte, con El Correo y El Diario Vasco como cabeceras principales. Las familias Ybarra, Bergareche y Luca de Tena mantienen una presencia histórica en el consejo y capacidad de veto sobre las decisiones clave. Pero el grupo ha vivido un cambio de guardia financiero silencioso. El fondo Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, se ha convertido en el primer accionista individual de Vocento. Su entrada presiona por la rentabilidad y la disciplina de costes en un momento de crisis estructural del papel.

En Cataluña, el Grupo Godó mantiene un modelo de control familiar casi absoluto. Javier Godó es el titular real del holding que edita La Vanguardia y Mundo Deportivo. Tras un relevo generacional planificado, su hijo Carlos Godó asume ya la presidencia ejecutiva del grupo. Godó ha sabido blindar su influencia en el territorio catalán moviéndose, históricamente, cerca de los centros de poder institucional.

Ese control familiar convive con un fenómeno menos visible mediante el cual el capital extranjero decide el rumbo de cabeceras que se presentan como profundamente españolas. Unidad Editorial, responsable de El Mundo, Marca y Expansión, es en un 96% propiedad del grupo italiano RCS MediaGroup. Detrás de esa participación está Urbano Cairo, un empresario que construyó su imperio en la publicidad y el fútbol italianos. Cairo decide hoy el rumbo estratégico de uno de los principales focos de opinión de la derecha española, sin haber ejercido nunca el periodismo.

Un fenómeno similar ocurre en Mediaset España, la matriz de Telecinco y Cuatro. El poder reside allí en los herederos de Silvio Berlusconi. A través de Media For Europe y el holding familiar Fininvest, los hermanos Marina y Pier Silvio Berlusconi controlan la mayoría de los votos. El gigante francés Vivendi, del empresario Vincent Bolloré, queda como actor de presión minoritario tras años de conflictos judiciales entre ambas partes.

El caso de Prisa, editora de El País y la Cadena SER, es quizás el más claro de entrada del capital financiero puro en un medio de referencia. El grupo está bajo el mando de Joseph Oughourlian, empresario francoarmenio y líder del fondo Amber Capital. Su autonomía, sin embargo, está condicionada por una deuda que supera los 750 millones de euros. Esa deuda otorga un poder indirecto pero decisivo a los acreedores del grupo, entre ellos la gestora Pimco, vinculada a su vez a BlackRock. En ese mismo tablero aparece de nuevo Vivendi, cuya participación en Prisa ronda ya el 12% del capital, con aspiraciones declaradas de ampliar su control en el mercado de habla hispana.

Fuera de Madrid y Barcelona, el mapa cambia de escala, pero no de lógica. El Grupo Prensa Ibérica, liderado por Javier Moll, es el máximo exponente de una estrategia construida a base de adquisiciones sucesivas. La compra del Grupo Zeta en 2019 le dio el control de El Periódico y del diario Sport. Con 24 diarios bajo su gestión, Prensa Ibérica domina hoy la opinión pública en doce comunidades autónomas. Opera como un gigante con presencia en todo el territorio, pero con perfil discreto en la capital.

En Aragón, Henneo ha pasado de gestionar el Heraldo de Aragón a convertirse en un conglomerado con proyección nacional. La familia Yarza mantiene el control, con el respaldo financiero de Ibercaja Banco como socio de referencia. En Galicia, la propiedad de La Voz de Galicia ha quedado en manos de una fundación tras el fallecimiento de Santiago Rey, su histórico editor. De esa entidad depende la continuidad del diario como eje de la vida política gallega. En Andalucía, el Grupo Joly mantiene una estructura puramente familiar, con diez cabeceras provinciales que lideran el mercado regional.

En Castilla y León, el panorama mediático se reparte entre dos empresarios con perfiles marcados por procesos judiciales. Promecal está vinculado a Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup pertenece al constructor José Luis Ulibarri. Ambos mantienen un control férreo de la prensa y la televisión autonómica en sus respectivos territorios, pese a los antecedentes legales que arrastran.

La Iglesia católica también es actor mediático de primer orden. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la Cadena COPE y el canal de televisión Trece. Ambos medios funcionan como herramientas de la batalla cultural de la derecha y la ultraderecha españolas. El holding ha logrado beneficios récord gracias a la radio, pero mantiene una televisión crónicamente deficitaria. Esas pérdidas se cubren en parte con inyecciones de capital procedentes de los excedentes de la asignación tributaria del IRPF. En el accionariado de Ábside figura también el naviero Vicente Boluda como socio estratégico.

La crisis del modelo tradicional y la fragmentación de audiencias han permitido la eclosión de medios nativos digitales, que se dividen en dos filosofías de propiedad opuestas. Un primer bloque actúa como laboratorio ideológico. La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, adquirió y relanzó gaceta.es con el objetivo declarado de librar una batalla contra lo que llama el “consenso progre”. En una órbita similar se mueven proyectos como edatv.news, controlado por Javier Negre, u okdiario.com, de Eduardo Inda, cuya estructura societaria es a menudo opaca, aunque está vinculada a redes de inversores del ámbito empresarial y la derecha política. eldebate.com representa, en ese mismo espacio, la apuesta de la Asociación Católica de Propagandistas por influir en la agenda conservadora desde el entorno digital.

Frente a ese bloque existe otro grupo de medios digitales que ha explorado modelos de propiedad alternativos para proteger su independencia editorial. En eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, es el accionista principal, y gran parte del capital está en manos de los propios trabajadores de la redacción. Publico.es es propiedad del productor audiovisual Jaume Roures. Elsaltodiario.com funciona bajo un modelo de cooperativa en el que los suscriptores son copropietarios del medio y no existen accionistas individuales. infoLibre cuenta con un accionariado dominado por José Miguel Contreras y repartido entre periodistas, lectores y socios editoriales como el francés Mediapart, y destaca como uno de los modelos más transparentes a la hora de identificar quién es su dueño.

El negocio de los medios españoles ya no consiste solo en vender información. Casi todos los grandes grupos han iniciado una huida hacia adelante que los lleva a diversificar su actividad hacia sectores donde su influencia mediática funciona como activo comercial. 

Planeta ha convertido la educación superior en una de sus divisiones más rentables, con universidades como UNIE y escuelas de negocios como EAE presentes en varios países. Henneo ha encontrado su motor económico en Hiberus, una consultora tecnológica que ya factura más que sus periódicos. Vocento se ha expandido hacia la gastronomía, con eventos como Madrid Fusión, y hacia las agencias publicitarias. Godó, por su parte, apuesta por el marketing de experiencias y la organización de eventos corporativos.

Esa hibridación genera conflictos de interés potenciales. Cuando un mismo grupo controla universidades, editoriales, constructoras o consultoras tecnológicas, y a la vez gestiona los medios informativos que deben cubrir esos sectores, la independencia editorial queda sometida a una tensión constante entre lo que el negocio necesita y lo que la información exige.

El resultado es un mapa de la propiedad mediática española donde conviven sagas familiares que luchan por no perder el control, corporaciones internacionales con intereses políticos propios y fondos de inversión que tratan los medios como un activo financiero más. Frente a esa estructura, los digitales independientes representan hoy una fracción de la audiencia total cuyo peso en la conversación pública crece con cada ciclo electoral.

A estas alturas, ya no me parece raro que haya personas que publican segundo a segundo sus vacaciones eternas, metro a metro sus chaletacos enormes con jardines ídem, sus marcas cuando hacen deporte o sus pieles de porcelana mientras se maquillan o desmaquillan con productos chulis sobre los que percuten con uñas largas y cuidadas que cuestan un pastizal.

Salvo por el ASMR “uñil”, nada es nuevo. Hacen publicidad de productos, estilos de vida, exhiben una realidad alterada e idealizada y, de paso, nos venden artículos, formas de pensar, cánones de belleza o hasta qué soñar. Llevamos décadas consumiendo anuncios en la tele o en la radio y, de manera menos obvia, también en series y películas en las que aparecen casas, modas, cuerpos, rostros e historias que la mayoría jamás tendremos y que aprendimos a necesitar. La gran diferencia, en el caso de las redes, es el formato vertical. Lo demás es igual: hay un guion detrás, una forma de construir la normalidad, los mínimos, lo deseable o el fracaso por quedarnos a años luz de todo lo anterior.

Y a pesar del machaque, a mí no me provoca envidia que esa gente viva de lujo porque el lujo no es algo a lo que yo aspire. A dejar de trabajar, salvo en los proyectitos que me encantan, a no volver a madrugar tanto como para que no haya ni un alma por la calle, a no tener que subirme en el Cercanías en hora punta, a saltarme eso de respirar en la espalda o en la mochila de alguien porque el tren está petado, a echarme la siesta o a no mirar la cuenta desde el día 15 de cada mes con el alma en vilo, sí. Y digo esto desde el absoluto privilegio que me confiere el hecho de no ser migrante y, por tanto, no depender de un papel para tener derechos, de residir cerca de mi familia, de contar con una red o de estar ahora mismo trabajando en una de esas profesionales liberales para las que muchas personas estudian pero en la que demasiado pocas pueden vivir de ellas.

Eso sí, también soy muy consciente de que llamar privilegio a ciertas conquistas que hasta ahora resultaban incuestionables, como sociedad, debería preocuparnos.

Así que no, no me fastidia esa gente por el hecho de que gane un pastizal sin necesidad de moverse de su cuarto, sino su desconexión con la realidad de la mayoría: con que a buena parte de la población le paguen poco por mucho que se deslome durante horas cada día y con independencia de su experiencia, sus títulos o la cantidad de líneas que sume en el currículum. Y quizá la indignación y la lucha deberían estar ahí, que ya sé que es un combate que se ha librado y se libra pero, por desgracia, las luchas no cuentan con la cantidad de “visualizaciones y visitas” que deberían porque hay una parte de la sociedad que en lugar de cuestionar el modelo actual, está deseando forrarse con él y pirarse a Andorra con el objetivo de no pagar impuestos. Lo colectivo se queda fuera debido a que en tu pantalla mandas tú y ya casi no vemos más allá de lo que pasa en ella y de lo que nos muestra o nos esconde el algoritmo.

Otra cosa que me da bastante rabia es que desde los medios de comunicación se haya contribuido a la situación actual. Precarizan a periodistas que salen a la calle a buscar noticias e invierten en el tipo de influencer que es noticia. Poco importa que su única expertise sea hablar aprovechando que tiene boca. La excusa para admitir y fomentar tamaño desequilibrio es la audiencia, no obstante quien ve la tele no siempre es el mismo tipo de perfil que el que se informa a través de redes. Y viceversa.

Me sienta regular que se maltrate a las personas que se han hinchado a hincar codos, que se han comido prácticas mal pagadas o no pagadas, que han aprendido la importancia de la veracidad frente el espectáculo y a citar y buscar las fuentes. Me preocupa que se prefiera la todología, que antes se limitaba a las conversaciones de bar, y el estar hasta en la sopa al rigor y la profesionalidad.

Y sí, ¡claro que hay influencers que saben y a los que da gusto escuchar! Pero a cuántos no. Es que qué valor hacer un día un “análisis sesudo” sobre el eclipse, al siguiente sobre la dana, pasarse el miércoles entero hablando de vacunas y concluir la semana siendo “especialista” en terremotos, Ceuta, inmigración o Irán en los debates a voces de la tele. Con todo, no son culpables las plataformas sino una sociedad que confiere una especie de superpoder a su creador de contenido favorito y que cree que tiene la capacidad de hablar de todo, de equiparar la todología a la sabiduría. Ni ChatGpt se atrevió a tanto.

El proyecto de reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional anunciada por el Gobierno fue aprobado el 24 de febrero, pero dos años después de la promesa de la limitación de los anuncios, la nueva regulación –que afectará únicamente a la publicidad procedente de la Administración del Estado pero no de los gobiernos autonómicos o municipales–, no termina de arrancar. Un informe de la Federación de Periodistas Europeos (EFJ, en sus siglas en inglés, que une a asociaciones y sindicatos de los Veintisiete) para la Comisión Europea reprocha además al Ejecutivo que, aunque la reforma esté en marcha, los ministerios y organismos que dependen de él desoyen las peticiones de los periodistas para que publiquen los criterios por los que distribuyen sus campañas dando solo "respuestas genéricas".

La reforma, que se encuentra en un estado todavía embrionario, viene impuesta desde Europa. Su objetivo es adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). El texto aprobado establece un límite máximo en la asignación de esos fondos equivalente al 35% de la cifra de negocio de los medios que los reciban. La finalidad es limitar la excesiva influencia de las administraciones en las redacciones y la proliferación de pseudomedios vendidos a ellas, que en muchos casos, tienen en estas campañas como única fuente de ingresos.

El último Informe del Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, y que recoge, entre otras, parte de las aportaciones de la EFJ, explicaba cómo desde la profesión y otros sectores, ante la lentitud de la reforma prometida, se sigue usando la publicidad institucional "para ejercer influencia política (...) especialmente en períodos electorales". Las administraciones siguen dando "un trato discriminatorio" a determinados medios y sigue existiendo "una falta de información pertinente sobre los beneficiarios de dicha financiación y los importes de esta". Según la Comisión, hoy por hoy, existe una "ausencia de criterios justos para la asignación de fondos públicos".

La federación europea –cuyos socios españoles son la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los sindicatos UGT, CCOO y ELA– explica que, mientras se tramita la nueva ley que modificará la actual, vigente desde 2005, "algunos medios se han quejado y han reclamado al Gobierno que explique los criterios que usa para distribuir su publicidad". Sin embargo, pese a la obligación procedente de la normativa comunitaria (aún no traspuesta), "los ministerios implicados solo han dado respuestas genéricas". La información se ha reclamado por transparencia e incluso ha originado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todavía no se ha pronunciado.

El texto aprobado por el Gobierno, además de establecer que esta publicidad no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige la inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público, tal y como publicó infoLibre en mayo. Lo que no hace, y ahí está el problema y la principal queja de asociaciones y sindicatos, es regular el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, riega de millones a sus medios afines.

La edición de 2025 del Informe del Estado de derecho contenía una recomendación a España para que reformara la Ley de Secretos Oficiales. En la de este año, la Comisión considera un "significativo avance" el hecho de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Información Clasificada, para reformar la todavía vigente regulación franquista. En su informe al Ejecutivo comunitario, la federación europea asegura, sin embargo, que la iniciativa gubernamental ha sido muy criticada por la amplitud de los plazos para desclasificar determinados documentos.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), aprobado en 2024, obligó también a designar un regulador para los medios de comunicación. El Ejecutivo otorgó esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su proyecto de ley de Servicios Digitales prevé la creación en su seno de una dirección de medios de comunicación dotada con 32 nuevos puestos. Los periodistas europeos desconfían, sin embargo, de ese organismo. "Las personas que ocupen su presidencia y sus directivos pueden ser prestigiosos e independientes, pero siempre estarán bajo sospecha al ser nombrados por el Gobierno", sostiene la EFJ, que además se queja de que la nueva dirección no haya sido todavía creada ni dotada de medios para ejercer su función.

Cinco grupos de comunicación regionales, pero de tamaño más modesto que Vocento o Prensa Ibérica, dominan, sin embargo, la información local en Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en gran parte gracias a su estrecha vinculación con el poder autonómico.

En sus páginas web detallan, con distinto grado de precisión, cuánto dinero reciben cada año de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional. Algunos grupos, como La Voz de Galicia o Diario de Navarra, ofrecen cifras exactas y porcentajes sobre su facturación total. Otros, como Promecal o Edigrup, no dicen nada al respecto.

Corporación Voz de Galicia es el gran grupo mediático gallego, el más influyente en la vida política y económica de la comunidad en los últimos cincuenta años gracias a la influencia del diario La Voz de Galicia, hegemónico solo en A Coruña, pero con presencia relevante en las cuatro provincias. El diario sigue siendo su cabecera central y el núcleo simbólico y empresarial del conjunto, del que forman parte Radio Voz, La Voz de Asturias y Sondaxe.

Al pie de su página de inicio, en el segundo párrafo del enlace "Aviso legal", el diario trata de dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). Allí explica que el propietario indirecto de la empresa matriz del diario, La Voz de Galicia, SA, es la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. Los titulares reales de la compañía son los miembros de su consejo de administración, formado por su presidente, Lois Blanco Penas, el secretario, Manuel Areán Lalín, y los consejeros José Luis Nueno Iniesta, Santiago Pérez Otero y José Luis Vázquez Mariño.

En el ejercicio 2024, explican en el mismo lugar que la publicidad bruta “antes de rappel” —antes de aplicar los descuentos por volumen en la compra de publicidad— procedente de entidades, organismos y empresas de titularidad pública españolas (estatales, autonómicas o locales) “ascendió a 6.749.438 euros, equivalente al 16,18% de la cifra neta de negocio de la sociedad”. El mismo concepto de ingresos, pero procedente de gobiernos o entidades públicas de otros países, alcanzó los 31.244 euros, el 0,07% de la cifra neta de negocio.

Según el informe del Gobierno central sobre ele reparto de publicidad institucional del Ejecutivo, en 2025 recibió 59.471,54 euros, lo que hace suponer que el resto, hasta casi 6,7 millones, procedió de la Xunta y de la administración local.

La fundación que lleva su nombre fue el instrumento elegido por Santiago Rey Fernández-Latorre antes de su fallecimiento para asegurarse de quién controla el periódico y el resto de empresas del grupo.

Tras su muerte, la fundación quedó como heredera y dejó las decisiones en manos de su patronato, en el que la voz cantante la lleva Lois Blanco, un periodista vinculado al periódico desde hace 36 años.

Igual que en el caso anterior, el diario líder de la comunidad foral, el Diario de Navarra, ha optado por incluir la información relativa a la EMFA en su apartado de "Aviso Legal", al pie de la página principal. Allí hace constar que la empresa Diario de Navarra SA es propiedad, al 100%, de La Información SA.

Diario de Navarra declara una estructura de propiedad muy atomizada, sin accionistas de referencia, y una dependencia relativamente limitada de la publicidad institucional en el conjunto de sus ingresos. Según estos datos, La Información SA tiene un consejo de administración formado por seis personas, bajo la presidencia de Alfonso Bañón y vocales como Paloma Arraiza, Luis Colina, Javier Uranga, Íñigo Sobrini y Fernando Basarte, nombres que revelan una gobernanza del grupo muy pegada al poder social, económico, político e institucional de la comunidad foral.

El diario subraya que las acciones están “en manos, en su casi totalidad, de los descendientes de los 57 industriales” que impulsaron la compañía a comienzos del siglo XX. Hoy, según esa misma declaración, existen 756 accionistas y el capital está “muy diluido”.

En el mismo apartado EMFA, el diario cifra, al cierre de 2024, la publicidad de las administraciones públicas —Gobierno central, Gobierno foral, ayuntamientos y sociedades públicas— en 643.900 euros.

Esa cifra se desglosa en dos porcentajes con los que la empresa editorial quiere dimensionar el peso real de la publicidad institucional: supuso el 12% de los ingresos publicitarios totales y el 3,8% del conjunto de ingresos del periódico.

Grupo Joly es el primer grupo editorial andaluz y su eje histórico es Diario de Cádiz (1867). Reúne una red de diez diarios locales y provinciales surgidos a partir de su cabecera fundacional, que fueron sumándose progresivamente al grupo: Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy, Diario de Almería y Jaén Hoy, este último nacido ya en 2023 en formato exclusivamente digital.

Su consejo de administración está compuesto íntegramente por miembros de la familia fundadora Joly, reflejando el carácter familiar de la compañía, bajo la presidencia de José Joly Martínez de Salazar, que también ejerce el cargo de consejero delegado.

Los diarios del grupo, en su enlace de "Aviso legal", al pie de la página de inicio, reproducen la misma información sobre el grupo en su totalidad. Identifican ahí a Joly Digital, SL como la sociedad editora del portal, perteneciente a Grupo Joly, y que "el liderazgo del grupo corresponde a José Joly Martínez de Salazar, consejero delegado de la sociedad matriz, a quien se identifica expresamente como "titular real" y responsable del control efectivo de la compañía, pero sin detallar porcentaje de acciones.

El grupo no da cuentas cabecera a cabecera de su publicidad institucional, pero sí del conjunto de la compañía. Durante 2024, la publicidad institucional procedente de autoridades nacionales y "subnacionales" representó el 10,87% de los ingresos publicitarios totales.

El último informe de publicidad institucional del Gobierno revela que el grupo recibió por este concepto 70.199,75 euros en 2025.

Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León) es un grupo de comunicación con sede en Burgos y presencia en prensa, televisión, radio y servicios multimedia. Edita en total trece cabeceras de prensa, organizadas en tres modelos de negocio diferenciados: prensa diaria, ediciones de fin de semana y prensa de distribución gratuita. 

En el bloque de ediciones diarias figuran cuatro periódicos: Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino y La Tribuna de Albacete. El segmento de distribución gratuita, el más numeroso con seis cabeceras, agrupa El Día de La Rioja, El Día de Segovia, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Talavera y La Tribuna de Toledo. Completan el grupo tres publicaciones de fin de semana: El Día de Soria, El Día de Valladolid y La Tribuna de Guadalajara.

Estas cabeceras hacen constar que su empresa matriz es Sumando TV y Web, S.A.U., pero ninguna de ellas revela quién es su propietario ni la publicidad institucional que recibe. Además del negocio de prensa, Promecal explota tanto canales autonómicos como locales —comparte con su rival regional Edigrup Media la cadena pública autonómica CyLTV y sus desconexiones locales, que se emiten en un segundo canal bajo la denominación La 8—, además de La 7 de La Rioja y Navarra Televisión. El área de radio combina emisoras asociadas a Onda Cero en varias provincias con la marca propia Vive!. Un negocio que ha expandido a servicios audiovisuales, multimedia y comunicación, servicios de prensa y un partner tecnológico.

Ni la web del grupo ni sus medios citan siquiera a su verdadero propietario, como obliga el EMFA. Ese puesto lo ocupaba, al menos hasta hace poco tiempo, Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario ahora octogenario condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación.

Tampoco dan cuenta de la publicidad institucional que reciben. Sí sabemos, gracias al informe publicado por el Gobierno, que en 2025 ingresó por este concepto, procedente del Ejecutivo español, 586.617,22 euros.

Edigrup Media, por su parte, se presenta como un grupo de prensa, radio, televisión y medios digitales. En el núcleo del negocio se sitúan sus cabeceras de prensa escrita, todas con edición en papel y versión digital, que funcionan como referencia informativa en sus respectivas provincias y como soporte principal de su estrategia editorial. Bajo el paraguas de Edigrup operan el Diario de León, cabecera centenaria con más de un siglo de trayectoria; el Diario de Valladolid; el Diario de Castilla y León–El Mundo, concebido como periódico regional vinculado a la edición nacional de El Mundo; El Correo de Burgos–El Mundo y el Heraldo Diario de Soria.

En el ámbito radiofónico, Edigrup opera a través de Castilla y León Radio, que comercialmente utiliza la marca esRadio Castilla y León y funciona como red territorial asociada a la cadena nacional esRadio, de Federico Jiménez Losantos.

En televisión, Edigrup es socio de la autonómica pública Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL).

La mayoría de los diarios del grupo incluyen en su "Aviso Legal" una referencia a su empresa propietaria, Otura Comunicación, S.L., y señalan como propietaria a Milagros Fernández Alonso. Pero no dicen nada sobre publicidad institucional.

Según fuentes públicas, Otura Comunicación S.L. es una sociedad del entramado empresarial de José Luis Ulibarri, el constructor leonés que levantó el grupo.

Milagros Fernández Alonso es la esposa de Ulibarri y figura en cargos de administración de sociedades vinculadas al grupo familiar. Su marido fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la Administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

El único de sus medios que se sale de este esquema es el Heraldo Diario de Soria, cuya web declara estar a cargo de la hija de la pareja, Adriana Ulibarri Fernández.

El informe sobre publicidad institucional del Gobierno refleja una inversión de tan solo 15.146,78 euros a lo largo de 2025.

Guillermo Fesser (Madrid, 1960) publicará en octubre A 55 millas por hora (Contraluz, 2026), un nuevo libro sobre la poco conocida historia de los hispanos en Estados Unidos, país donde reside y desde el que nos explica en el programa de televisión El Intermedio de laSexta su realidad política a pie de calle, con un estilo pedagógico, analítico y ameno. “Trump está intentando borrar del todo esa historia de los hispanos, ya que a los supremacistas blancos que gobiernan no les interesa que se sepa que ha habido, hay y habrá gente con la piel más oscura que ellos que han contribuido de forma decisiva a la prosperidad de la nación”, remarca a infoLibre. “Para empezar: sin España y sin los hispanos de América, Washington jamás hubiera conseguido la independencia”, apostilla.

Con su proverbial perspicacia, el periodista anticipa lo que cree que pasará cuando llegue el momento de promocionar este nuevo título en la prensa, sometida en estos tiempos veloces a una fugacidad en la que apenas tienen espacio las entrevistas en profundidad: “Me llamarán, o al menos eso espero, de algunos medios para promocionarlo. Habrá una pregunta sobre el libro, un guiño a Gomaespuma —su añorado dúo con Juan Luis Cano—, un comentario sobre Trump y a publicidad. No hay sitio para contar nada con cierta extensión, porque se da por hecho que la audiencia no tiene paciencia para ello. ¿Quién lo decide? Porque luego tienes podcasts de historia, como Memorias de un tambor, con cientos de miles de seguidores”.

Esta es solo una de las muchas preocupaciones que tiene Fesser acerca de un oficio periodístico que, a su juicio, tiene la misión de “informar a la gente de lo que hacen sus dirigentes para que tengan posibilidad de juzgar sus acciones y, en consecuencia, apoyarles o negarles el voto”. “Es una labor de vigilancia, no de oposición”, recalca, antes de continuar: “Como decía el gran reportero polaco Ryszard Kapuściński, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo corren a ocultarse”, argumenta.

Y prosigue: “Lamentablemente, hoy el objetivo principal ya no es el de proporcionar a los ciudadanos información veraz, certificada y oportuna para que puedan tomar decisiones libres y conscientes en una sociedad democrática, sino el de hacer la mayor caja posible para repartirla entre los accionistas. En esta disyuntiva, la tentación más habitual viene siendo la de dorarle la píldora al poder económico (muchas veces simplemente mirando para otro lado cuando las informaciones no les favorecen), ya que es la forma más cómoda de acceder a favores (subvenciones, anuncios, contactos, contratos, primicias) que les van a hacer aumentar su cuenta de resultados”.

“Cada vez quedan menos medios que intentan ser independientes, porque competir en estas aguas tan revueltas se hace cada vez más cuesta arriba”, lamenta. Es por ello que, denuncia, hoy “se salta de la información a la propaganda con una frivolidad que ya a casi nadie sorprende”, algo de lo que culpa a la “cultura de la inmediatez”, que nos lleva a querer conocerlo todo antes que los demás, para así pasar a toda prisa al siguiente tema, sin detenernos a pensar más que apenas un instante. “La propaganda cabe en un titular —"Make America Great Again"—, mientras que la información necesita al menos de un par de párrafos”, ejemplifica.

Para Fesser, de hecho, “el mejor periodista no es el que cuenta la historia primero, sino el que mejor la cuenta”. Por ello cree que, antes de contar la noticia, resulta “imprescindible” detenerse a pensar en “cómo conectar los datos que uno ha conseguido contrastar para poner el relato en contexto”. “Nunca debemos dar por hecho que la gente está al corriente de lo que ocurre. El contexto en que se produce es tan importante como la propia noticia”, afirma, y señala que, desde su punto de vista, un diario “no debe ser un foro de debate, sino un lugar de referencia en el que buscar información fiable, con la que luego puedan debatir los ciudadanos sobre lo que ellos consideren oportuno”.

En este sentido, apunta que el “abuso de las tertulias está perjudicando seriamente a la profesión”, pues los periodistas no deberían debatir ni opinar sobre las noticias, sino limitarse a “proporcionarlas para que opinen los demás”, puesto que, desde su punto de vista, “las noticias fiables son las herramientas para comprender e interpretar lo que sucede y, por tanto, ayudar a la defensa de la democracia”. Por eso, asegura que un periodista debe luchar “contra sus propias certezas”, ya que “lo más difícil de esta profesión es separarse emocionalmente de las noticias”.

Pone también su interés en los retos digitales de la profesión, alertando de que “la fascinación por la tecnología ha hecho en el periodismo el mismo daño que hicieron en su momento en el cine el abuso de los efectos digitales: descuidar el relato”. Cegados por estos avances, los profesionales de la información han podido perder un tanto el foco, pero apunta Fesser cierto cambio de tendencia, ya que, “hasta ahora, solo habíamos visto la cara luminosa de esta luna digital, pero empezamos a reconocer su lado oculto y oscuro”.

“Se suponía que la IA era un beneficio para todos, pero cada vez se ve más claro que, más allá de ser una herramienta tremendamente útil para desempeñar muchas tareas, supone un negocio de proporciones descomunales para unos pocos”, advierte, con todo lo que eso implica de ampliación de las desigualdades y desaparición de la clase media: “Más que nunca, necesitamos profesionales bien formados y comprometidos con respetar los principios éticos del periodismo. El hecho de que todo el mundo pueda informar no significa que todo el mundo sepa hacerlo. El hecho de saber escribir no te convierte en periodista, del mismo modo que el hecho de cortar bien un jamón no te convierte en cirujano”, plantea con humor.

Y, con la debida seriedad, continúa: “¿Cómo me voy a fiar de una inteligencia artificial a la que ha dicho Elon Musk cómo tiene que pensar? Un tipo que promociona las cuentas de odio en X —antes Twitter—, que somete a sus empleados a jornadas extenuantes, que está en contra de las subvenciones excepto cuando se trata de los miles de millones de dólares que reciben sus empresas, que concibe a la mujer como un instrumento exclusivamente para procrear, o que piensa que en Sudáfrica las víctimas prioritarias del racismo son los blancos”.

En este ecosistema digital de bulos, desinformación, inteligencia artificial y redes sociales monitorizadas por milmillonarios, el periodismo debe, para Fesser, “recordar lo que costó conseguir cada avance democrático que se pierde o está en peligro de perderse, así como la cantidad de vidas que han mejorado gracias a ellos”. “No basta con recordar que las dictaduras son malas, hay que exponer constantemente con ejemplos y testimonios por qué la democracia es buena”, propone, al tiempo que recuerda que el periodismo tiene la responsabilidad, a su vez, de diferenciar el ruido de la información relevante para la ciudadanía.

“De la misma forma que hay políticos que mienten hasta la saciedad, es importante que un diario recuerde hasta la saciedad que están mintiendo”, sugiere, como medida de defensa democrática en un momento en el que “los políticos se han habituado a que les basta con descalificar lo que hace el partido de la oposición para aprobar el examen”. “La falacia consiste en que ‘si el otro es malo, yo soy automáticamente bueno’, algo que los periodistas no podemos dar por válido, sino que debemos obligar a quienes ostentan el poder a que expliquen las soluciones concretas que ellos proponen para mejorar la vida de los ciudadanos”, remarca, antes de mencionar el “programa, programa, programa” de Julio Anguita y poner sobre la mesa los interrogantes que requieren respuestas claras: “¿Cómo va usted a mejorar el país? ¿Cómo va esa medida concreta a mejorar nuestras vidas?”

Claro que, siguiendo con esa pérfida normalización de la mentira, recuerda que “a nuestros hijos e hijas les hemos enseñado que mentir sin que te pillen es de listos”. Por eso, según destaca, “justificar la mentira como método necesario para la supervivencia ha causado ya un daño tan grave que necesitaremos un par de generaciones para corregirlo”, algo en lo que el periodismo puede tener una importante incidencia si sale de su actual encrucijada por el lado correcto de la historia entre estas dos posibilidades: “Obsesionarse con ganar a la competencia o concentrarse en ser el mejor medio en informar a sus lectores”.

“El segundo camino es más largo y reporta a corto plazo menos beneficios económicos, pero construye algo mucho más sólido a futuro. Las grandes obras, las que permanecen (El Escorial, la catedral de León) no se construyen en unos meses. Estoy seguro de que la prensa que no se obsesione con los titulares más coloristas, como en la fábula de la liebre y la tortuga, llegará antes a la meta. Una meta en la que cada vez se concentra más gente desesperada en busca de un asidero del que poder fiarse. Mientras tanto, no olvidemos que informar de forma decente, encender la luz para ver correr a las cucarachas, supone un enorme alivio para mucha gente a la que, con nuestras noticias fiables, les probamos que no están solos, que no están locos, que la humanidad resiste”, argumenta.

Para desarrollar ese buen periodismo, eso sí, los reporteros tienen que superar la forma más peligrosa de censura que les acecha a día de hoy: la autocensura. “Muchas veces, la prensa deja de contar historias por evitar meterse en líos. En Estados Unidos, donde resido, lo estamos viendo. Cuanto más presiona Trump a los medios, menos noticias que puedan molestarle se publican”, señala, antes de lanzar un aviso: “Al eliminar la confianza en el periodismo a base de tildar de fake news a los medios que cuentan la versión de los hechos que a uno le incomoda, vivimos en una sociedad en la que, en lugar de sentarnos a debatir para aportar soluciones a sus profundos problemas, estamos a punto de llegar a las manos. Es la estrategia de quienes quieren privilegios para ellos solos y enfrentan a la gente de abajo para que no se den cuenta de que les están robando los de arriba”.

Eso es, precisamente, lo que hace la extrema derecha internacional, encabezada por Trump y “manejada por un puñado de gente que no quiere renunciar a unos privilegios arrastrados durante siglos por su clan o su familia, y que resultan escandalosos con la mentalidad del siglo XXI”. Para Fesser, “como su causa resulta indefendible, y, por tanto, invotable en las urnas”, la tienen que “disfrazar” con mentiras: “Se visten de salvadores de la patria, cuando en realidad el bienestar de sus compatriotas les importa tres narices, y echan la culpa de las injusticias que causa su codicia a la gente que tiene menos capacidad de defenderse, como emigrantes sin papeles, mujeres o personas sin techo”.

A los periodistas que tratan de contar estos hechos, en Estados Unidos, “se les acusa desde la administración de antipatriotas o de estar propagando falsedades”. “Eso, cuando no nos mandan a casa al FBI con el fin de intimidarnos”, revela Fesser, plenamente consciente de que es una estrategia que “trata de evitar” que cuenten la verdad, porque ésta “no beneficia a su causa”. Un intento de mordaza no demasiado velada, dentro de una sociedad en la que, justamente por este tipo de actitudes, “estamos perdiendo la capacidad de hablar con alguien que piense diferente y, sobre todo, estamos perdiendo el sentido del humor”.

Así lo ve el comunicador, que concluye compartiendo un análisis social bien certero: “En lugar de sorprendernos, lo diferente nos enfada. En lugar de atraernos, lo novedoso nos amarga. Por eso, creo que la prensa debe jugar el papel de sacar a la gente de su burbuja de confort y ofrecerles historias de gentes que, en principio, no son de su cuerda, pero hacen cosas interesantes. Tenemos que volver a recuperar la capacidad de sorprendernos, respetarnos, entendernos y sonreír. Pero la sonrisa solo se esboza cuando uno está distendido, y uno solo se relaja cuando está en confianza. Por eso, la prensa tiene que recuperar la confianza que hemos perdido”.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) obliga desde agosto de 2025 a los medios de comunicación a publicar de forma accesible quién es su propietario real. La norma se aplica de forma directa en toda la Unión Europea: no hace falta una ley española que lo transponga.

Su artículo 6 exige detallar el nombre legal del medio, sus datos de contacto, los propietarios directos e indirectos con capacidad de influencia editorial y los beneficiarios últimos. También obliga a explicar si el medio recibe financiación o si tiene participación estatal, directa o indirecta, y cuánta publicidad institucional ingresa cada año.

Lo que sigue es un repaso a lo que se conoce sobre la propiedad y al grado de cumplimiento del EMFA por parte de once de las cabeceras digitales nativas más importantes de España, casi un año después de la entrada en vigor del reglamento.

Cinco de los diez diarios revisados no dicen en su web quién controla realmente la empresa editora: diario-red.com, vozpopuli.com, elespanol.com, elplural.com y elindependiente.com.

Diario-red.com, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, se limita a decir que pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, sin identificar a sus titulares. Informaciones publicadas atribuyen a Iglesias casi todo el capital de esa sociedad, pero el dato no figura ni en Diario-red.com ni en su homólogo audiovisual, canalred.tv. La sección “Quiénes Somos” del diario solo identifica a Iglesias como presidente y al exdiputado Pablo Echenique, cofundador junto a él de Podemos, como vicepresidente de la empresa editora.

Vozpopuli.com, el digital que publica la empresa VozPópuli Digital SA, tampoco dice en su web quién es su titular final ni quién toma las decisiones empresariales. Jesús Cacho figura públicamente como editor, fundador y, según varias fuentes, propietario del diario, aunque esa información no aparece en la propia cabecera.

Elespanol.com, que dirige Pedro J. Ramírez tras su salida de El Mundo, remite solo al nombre de su editora, El León de El Español Publicaciones SA. Distintas informaciones atribuyen la mayor parte del capital al propio Ramírez, algo que el diario no confirma en ningún lugar accesible.

Elplural.com, adquirido en su día por el periodista ya fallecido Enric Sopena, guarda un silencio parecido. Su editora, Corporate Communicator SL, es el único dato disponible en la web. El director, José María Garrido, comparte el cargo con el de consejero delegado de la empresa, que preside Ángeles Sopena Castiella —citada en algunos informes de acceso abierto—, aunque el diario no lo explica.

Elindependiente.com, que dirige Casimiro García-Abadillo, hace constar en su aviso legal que pertenece a Park Row Digital SL, pero no detalla quién controla esa sociedad. Fuentes abiertas externas describen un núcleo de periodistas y promotores con el 51% del capital, dentro del cual García-Abadillo, exdirector de El Mundo, tendría en torno a un 7,54% y la presidencia del consejo de administración. Pero el diario no lo publica.

Elconfidencial.com ocupa una posición intermedia. No cumple del todo la exigencia de transparencia accesible que pide el EMFA, pero sí deja rastro de su estructura accionarial en su web corporativa.

El diario, de tendencia liberal conservadora, remite desde su web a la de Titania Compañía Editorial SL, su propietaria. Ahí puede rastrearse un accionariado repartido entre Comitia Inversión SL, con el 46,17% y representada por José Antonio Sánchez; Avema XXI 1 SL, con el 16,51% y representada por Juan Perea Sáenz de Buruaga; y Antonio Rodríguez Aporta, con el 15,44% a título personal. Un segundo nivel de consejeros —Alberto Artero, Antonio Casado y Pedro Pérez— y el director, Ignacio García Cardero, con el 2,16%, completan el capital.

Sánchez, fundador del diario, comenzó su carrera periodística en 1976 en Diario 16. En 1988 pasó a la comunicación corporativa: trabajó en Telefónica, donde fue director general de Comunicación durante dos años, antes de hacerse cargo de Terra, el portal de internet con el que la compañía intentó posicionarse en el nuevo entorno digital. En la primavera de 2000 dejó Terra para fundar elconfidencial.com.

En publico.es, la propiedad tiene nombre concreto: el productor audiovisual Jaume Roures, a través de Orpheus Media SL, con el 81,15%, y Mediacable Servicios de Producción SL, con el 18,85%, controla el 100% de Display Connectors SL, la empresa editora. El diario lo explica en una página de “Transparencia” al pie de su portada.

Eldiario.es reparte la propiedad de otra manera. Su director, Ignacio Escolar, es el principal accionista y presidente de Diario de Prensa Digital SL, aunque el diario no precisa su porcentaje exacto. Más del 70% de la empresa, explica en un enlace específico titulado "¿Quién está detrás de elDiario.es?", está en manos de personas que trabajan en la redacción, pero no muestra los porcentajes.

Elsaltodiario.es tiene otro modelo. No hay accionistas individuales, sino que depende de la entidad Cooperativa Editorial S. Coop., en la que los suscriptores se convierten en socios copropietarios y participan en la asamblea general y en las decisiones estratégicas del medio. No existe, por tanto, un titular real individual que declarar, más allá de la identidad cooperativa.

Lamarea.com, editada por la cooperativa sin ánimo de lucro MásPúblico SCCL, ofrece un grado de transparencia alineado con las exigencias del EMFA: publica su estructura de propiedad y gobierno, sus cuentas, anunciantes, subvenciones y el peso de la publicidad institucional. La cooperativa pertenece a 79 personas —76 socias y socios usuarios y tres trabajadores— y funciona con el principio de una persona, un voto en la Asamblea General, mientras que el Consejo Rector es elegido por esta y sus integrantes no cobran por ejercer el cargo. Esta información, junto al listado nominal de cooperativistas y los datos económicos de la entidad, está disponible en el enlace Transparencia situado en el pie de la página principal de este medio.

infoLibre es, de los diez digitales analizados, el que mejor cumple la exigencia de transparencia sobre la propiedad. Muestra un enlace destacado en su cabecera con la identidad de su empresa editora, Prensa Libre SL, y la de sus accionistas. Puedes consultar todos los detalles aquí.

El reglamento no distingue por línea editorial, pero los datos recogidos dibujan grandes diferencias. Elconfidencial.com, elespanol.com, elindependiente.com y vozpopuli.com, las cuatro cabeceras situadas editorialmente a la derecha, no publican, de forma completa, quién es su propietario último, aunque el primero de ellos sí enlaza con una web en la que figura esa información.

En el otro extremo están elsaltodiario.com, infoLibre, publico.es, elplural.com, eldiario.es y diario-red.com. De estos seis, tres —infoLibre, lamarea.com y publico.es— cumplen la exigencia de transparencia sobre la propiedad; elsaltodiario.com la sustituye por la identidad de su cooperativa, de la que no da muchos detalles; eldiario.es la cumple solo en parte, sin detallar porcentajes; elplural.com no ofrece ningún dato sobre sus propietarios. Diario-red.com, vinculado al exvicepresidente Pablo Iglesias y a Podemos, tampoco identifica a sus titulares reales en su web.

El EMFA también obliga a declarar cuánta publicidad institucional recibe cada medio. Y aquí las diferencias son igual de marcadas.

infoLibre ingresó 1.104.437 euros en publicidad en 2025, de los que el 9,31% procedieron de administraciones públicas, y ningún anunciante superó el 10% de sus ingresos totales. Este diario publica anualmente todos los detalles.

El último dato publicado por lamarea.com corresponde a 2025: la publicidad institucional representó el 0,6% de los ingresos de MásPúblico.

Publico.es declara que las administraciones públicas aportaron 801.124 euros a sus cuentas en 2025, el 18,9% de sus ingresos totales, a los que se suman 139.104 euros de empresas públicas. El peso de lo público alcanza así el 22,1% de los ingresos del digital de Roures.

eldiario.es recibió 353.117 euros en publicidad institucional, el 2% de sus ingresos totales. El diario detalla además 253.461 euros en subvenciones de 2025: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de software e inteligencia artificial, de los que 149.118 euros se contabilizarán en 2026. Afirman que una norma interna impide que ningún anunciante, público o privado, supere el 10% de sus ingresos totales.

Elsaltodiario.es no hace constar ninguna cifra, de ninguna Administración. El informe del Gobierno correspondiente a 2025 solo refiere 1.006,72 euros en todo el ejercicio.

Elconfidencial.com y elespanol.com no publican en su web el total de publicidad institucional que reciben, pese a la obligación del EMFA. El informe del Gobierno sitúa lo recibido por elconfidencial.com en 117.998,76 euros y por elespanol.com en 340.661,08 euros durante 2025.

Diario-red.com, vozpopuli.com, elplural.com y elindependiente.com no ofrecen ningún dato propio sobre publicidad institucional.

De los diez diarios revisados, solo infoLibre y publico.es publican de forma accesible tanto la identidad de su propietario real como la cifra de publicidad institucional que reciben. Elconfidencial.com, eldiario.es y Elsaltodiario.com ofrecen una parte de esa información. Diario-red.com, Elespanol.com, Elindependiente.com, Elplural.com y Vozpopuli.com no publican en su web ninguno de los dos datos.

Ya se nos viene el eclipse y nos sentiremos unidos, pero por la falta de luz. Por si no nos hubiéramos percatado, se nos ha insistido tanto que, una vez más, hemos sido congregados para asistir a un fenómeno extraordinario, de esos ante los que no podemos sentirnos ajenos, porque es la llamada de la naturaleza, que también nos convoca a levantar la vista.

Es verdad que los móviles nos pueden impedir levantar la cabeza por estar embarazosamente acostumbrados a no mirar más allá de nuestro ombligo, convirtiendo nuestro regazo en un punto de flexión, pero no de reflexión.

Ante las alarmas de la existencia real del peligro que esta vez supone el mirar al cielo, tenemos las posibilidades de prepararnos, andarnos con cuidado y prevenir para no quedarnos ciegos, porque no podemos soportar tanta luz como la del astro rey.

No nos podemos descuidar y mirar inconscientemente al sol, como hemos hecho siempre ante los dibujos infantiles en el que el sol aparece con la mejor cara, sonriente y con los ojos llenos de alegría.

Mientras muchísima gente estará pendiente del eclipse, no faltará alguien que aproveche esta pequeña oscuridad para bombardear y provocar que otros no vuelvan a ver la luz.

Siempre hemos hablado mal de la oscuridad, sobre todo porque la noche se ha hecho cómplice de grandes crímenes o robos.

El eclipse es un fenómeno que nos demuestra nuestra fragilidad, porque no podemos evitar que se nos reste una porción de luz. Sin embargo, este acontecimiento nos revela que no somos tan poderosos como nos creemos y que, además, esa vulnerabilidad se nos puede volver en contra, porque podemos dejarnos llevar por todo lo que nos dicen los medios —estorbos—, que nos acostumbran a creer a pies juntillas cuanto nos cuentan, sin detenernos a pensar si realmente puede ser verdad. Sabemos ser más dóciles de lo que nos enseñaron, porque parece que la reflexión se nos hace ociosa.

Es más, cuando nos exponemos a las noticias, no siempre nos dicen las verdades del barquero y podemos naufragar.

El eclipse se extiende y no nos deja ver todo lo que pasa. Solo nos enteramos de una parte, porque también existen los eclipses parciales de la información. Y es verdad que se ha ganado en información veraz, pero no nos enteramos de la misa la media, como si todavía se estuviera oficiando de espaldas y en una lengua antigua.

Los informativos oficiales, y en sus horarios habituales, no nos cuentan todo lo que se dice en el Parlamento, cuando sabemos que el Parlamento trabaja, cuando la mayoría de los españolitos y españolitas están trabajando, y trabajando de verdad.

Los eclipses son muy esporádicos, porque la naturaleza es muy sabia y no quiere crearnos muchas más incomodidades.

“¡Luz, más luz!” (Goethe)

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

El Grupo Henneo se ha consolidado en la última década como un negocio multisectorial que trata de desbordar sus raíces editoriales en Zaragoza para convertirse en un referente nacional de la comunicación y la tecnología. Bajo el control de la familia Yarza y con el respaldo financiero de Ibercaja, el holding ha pasado de gestionar un diario centenario a liderar una estructura diversificada con más de 4.500 empleados repartidos entre sus distintas divisiones.

La historia del grupo se remonta a la fundación de Heraldo de Aragón en 1895, cabecera que durante más de un siglo actuó como motor editorial de una gestión marcadamente familiar y vinculada al territorio. Hasta ahí, nada muy distinto de lo que han representado, a diferentes niveles, otros diarios regionales, como La Vanguardia en Barcelona, Diario de Navarra en Pamplona o La Voz de Galicia en A Coruña.

El gran punto de inflexión moderno se produjo en el año 2000. Una profunda reestructuración societaria, tras el desacuerdo estratégico entre las familias Yarza y Bruned, permitió a los primeros tomar el control mayoritario del holding con un 59% del accionariado. Esta transformación marcó el paso de una editora provincial a un conglomerado tecnológico y de medios con ambición nacional e internacional.

Lo sustancial en este caso es que esa expansión no habría sido posible sin el apoyo financiero de Ibercaja Banco, que ostenta el 40% del capital y actúa como garantía de soporte continuo para los planes de crecimiento del grupo.

El control estratégico de la entidad reside en el seno de ese Patronato, un selecto círculo que condensa al establishment aragonés. Lo encabeza Amado Franco Lahoz, el histórico presidente que pilotó la transición de caja de ahorros a banco, y en él se sientan otras figuras de gran peso institucional.

La vinculación con los núcleos de poder financiero y empresarial se personifica en la figura de Manuel Pizarro, vocal independiente del consejo de administración y expresidente tanto de Endesa como de la propia Ibercaja. Pizarro es descrito a menudo como un protector histórico del grupo y una figura clave cuya presencia conecta el desarrollo periodístico de la familia Yarza con los centros de decisión de las grandes corporaciones nacionales y las instituciones financieras del país.

En la actualidad, el liderazgo ejecutivo del grupo recae en la quinta y sexta generación de la dinastía, con tres hermanos en posiciones estratégicas. Fernando de Yarza López-Madrazo ejerce la presidencia del holding. Por su parte, Íñigo de Yarza asume la máxima responsabilidad operativa como consejero delegado, mientras que Paloma de Yarza preside Heraldo de Aragón a la vez que forma parte del patronato que gobierna Ibercaja Banco. En ese mismo órgano también se sienta Pizarro, que a su vez es consejero de Henneo.

Pizarro se convirtió en la gran figura económica del aznarismo tras ser impulsado a la presidencia de Endesa en 2002 y a la vicepresidencia de la fundación FAES. Ese peso político y mediático llevó a Mariano Rajoy a convertirlo en su fichaje estrella y número dos del PP por Madrid en las elecciones de 2008.

A la vez, Pizarro sirvió de puente estratégico entre el centro de poder de Madrid y la élite aragonesa. Su histórico peso en la cúpula de Ibercaja y su posterior incorporación al consejo de administración del Grupo Henneo conectaron directamente el imperio mediático de la familia Yarza con el universo político del PP y el entramado financiero de la comunidad.

La cabecera nuclear y origen del grupo sigue siendo Heraldo de Aragón, que mantiene una posición de dominio informativo absoluto en su comunidad autónoma. El salto al ámbito nacional se fraguó en 2015 con la adquisición de 20minutos, en aquel momento el diario impreso más leído de España y hoy el sexto generalista, según el EGM, y el décimo digital, según GfK DAM, muy por debajo de sus mejores días. A esas dos cabeceras hay que sumar la revista Cinemanía y la cabecera provincial Diario del Alto Aragón.

En 2024, el grupo amplió su cartera de publicaciones con la adquisición de las revistas de Axel Springer España, rebautizadas ahora como Henneo Magazines, e incorporando marcas como Business Insider España, Auto Bild, Computer Hoy, Hobby Consolas, Top Gear y Retro Gamer.

Sin embargo, el área de mayor crecimiento y rentabilidad de Henneo es Hiberus, una consultora en transformación digital, desarrollo de software y big data. Con presencia en más de 30 países y una facturación que ronda los 200 millones de euros, esta división aporta ya el grueso de los ingresos del grupo, compensando el estancamiento del sector de prensa tradicional.

El peso del holding no acaba ahí. A través de la marca Factoría Henneo, opera como la tercera productora de España por horas de emisión. Su estructura audiovisual es especialmente fuerte en Aragón, donde empresas como Factoría Plural, Chip Audiovisual —encargada de los informativos— y Global Studio News —especializada en deportes— gestionan gran parte de la producción de la televisión pública regional, CARTV, controlada por el PP. El grupo cuenta además con filiales de servicios técnicos como InEvent y Now Audiovisual, y con la sociedad Séneca Audiovisual en Andalucía. 

En el ámbito publicitario, Henneo también posee Alayans Media, un hub tecnológico y comercializador que unifica las audiencias de sus propios medios y de otros 13 grupos editoriales regionales para vender posiciones publicitarias. A esta sociedad se suma la agencia Aragón Media Lab.

Aragón TV depende del grupo Henneo para producir prácticamente todo lo que emite. Tres contratos por 67,4 millones de euros ponen en manos de sus empresas —Factoría Plural, Chip Audiovisual y Global Studio News— los informativos, los programas y el deporte de la televisión pública aragonesa durante al menos tres años, con opción a una prórroga automática de casi tres años más sin necesidad de un nuevo concurso. Ese paquete consume el 40,6% de todo el presupuesto de la radiotelevisión autonómica.

Para Henneo, estos contratos refuerzan una posición ya dominante en Aragón, donde el propio grupo estima que sus medios llegan al 90% de la audiencia regional. Los informativos de Aragón TV que produce Chip Audiovisual promediaron un 23% de cuota en 2025, un punto por encima de Antena 3, y la cadena cerró el año con su mejor dato en 19 años de historia.

Se da la circunstancia de que al frente de la televisión pública aragonesa está Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en el Gobierno de coalición PP-Vox. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo.

Heraldo de Aragón y 20minutos, ambas cabeceras del grupo, han publicado sendas páginas de transparencia en cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), con datos sobre propiedad, financiación y publicidad institucional prácticamente idénticos, salvo en un punto: el peso de la publicidad pública en sus ingresos.

Las dos webs confirman que son propiedad al 100% de Henneo y que el grupo está controlado por "la familia Yarza" —sin concretar nombres, volumen individual de acciones ni cargos— junto a Ibercaja Banco como accionista. Ninguna menciona sociedades intermedias u otros socios.

En el capítulo económico, ambos medios describen la misma estructura de ingresos del grupo, repartida entre servicios tecnológicos, venta de ejemplares, publicidad, productos audiovisuales, logística e impresión. Y comparten un mismo argumento de independencia financiera: ningún anunciante, público o privado, supera el 5% de los ingresos publicitarios totales de Henneo.

La diferencia aparece en la publicidad institucional —campañas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos—, calculada sobre los ingresos de cada cabecera por separado y no del grupo en su conjunto. En Heraldo de Aragón esa publicidad supone el 13% de sus ingresos totales, mientras que en 20minutos alcanza un significativo 23%, casi el doble.

La web del Diario del Alto Aragón sitúa esa publicidad institucional en el 21% de sus ingresos. Cinemanía declara un 5% por el mismo concepto. Ninguna publicación del grupo ofrece la cifra en términos absolutos ni detalla qué parte procede de cada Administración.

A través de los datos que sí ha hecho públicos el Gobierno de España, sabemos que Henneo ingresó en 2025 1.323.147,81 euros en publicidad institucional, justo por encima de Spotify. Y que, a través de Alayans, percibió otros 956.646,21 euros.

¿Cuánto ingresan Henneo, Heraldo de Aragón o 20minutos de la Administración autonómica y de la local? El grupo aragonés no lo revela, incumpliendo así lo dispuesto en el EMFA.

Henneo ha consolidado su perfil de grupo híbrido entre medios y tecnología con unas cuentas —las de 2024 son las más recientes publicadas— claramente marcadas por el empuje de su división digital. El ejercicio se cerró con un beneficio de explotación de 16,5 millones de euros, un 40,1% más que en 2023, lo que refleja una mejora significativa de la rentabilidad sobre un negocio en expansión. El resultado consolidado positivo ascendió a 11,5 millones, lo que demuestra que el salto en explotación se trasladó también al beneficio neto del grupo.

La cifra de ingresos totales alcanzó los 297 millones de euros, frente a los 242,9 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 22,3%. El motor de ese crecimiento es, sobre todo, Hiberus, el área tecnológica de Henneo, cuyos ingresos se dispararon hasta los 184,8 millones, un 40% más, compensando el estancamiento de la división de prensa, que se mantiene en torno a los 114,8 millones. La estructura del grupo se desplaza así, cada vez más, desde el perfil clásico de editor de medios al de conglomerado con fuerte peso tecnológico, en una estrategia que lleva ya años en marcha.

El encuentro entre el rey Felipe VI y el agitador ultra Javier Negre se produjo durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Una escena que ha terminado desatando una polémica política después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la calificara de “absoluta ignominia” y cuestionara que el jefe del Estado se prestara a fotografiarse con el fundador de EDATV.

Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes en Cali, donde Felipe VI acudió como representante de España a la investidura de De la Espriella. En el vídeo difundido posteriormente por el propio Negre se observa cómo este se acerca al monarca, le estrecha la mano, intercambia unas palabras con él y le pide una fotografía. Felipe VI accede y posa junto al comunicador. No obstante, la conversación apenas puede distinguirse en la grabación.

Fue Negre quien difundió el encuentro en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que celebraba haber vuelto a coincidir con el rey. La escena no tardó en provocar críticas y Puente compartió las imágenes con un mensaje contundente: “Esta situación me parece una absoluta ignominia”.

Ante las reacciones generadas, el ministro desarrolló posteriormente sus motivos. Puente aseguró que Negre había “insultado reiterada y gravemente” tanto a la reina Letizia como a Felipe VI y lo definió como “un profesional de la difamación y el bulo” y “un activista de ultraderecha” que, según el ministro, practica el acoso contra políticos progresistas y sus familias, incluida la suya.

Puente puso además el foco en la dimensión institucional del encuentro. “El Rey es un símbolo”, defendió, antes de advertir de que “no es inocuo” con quién se fotografía o a quién saluda cuando, según su interpretación, no se trata de una relación institucional ni de un acto protocolario. “Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables”, concluyó.

Las críticas del ministro adquieren además un componente particular por las declaraciones que el propio Negre ha dedicado anteriormente a la Casa Real. Hace apenas unos meses llegó a referirse a Felipe VI como “un títere de Sánchez” y calificó a la reina Letizia de “vergüenza”. 

Negre respondió al ministro defendiendo la normalidad del encuentro. “Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica”, escribió, antes de acusar de corrupción al Gobierno y relacionar la polémica con la crisis de Ceuta. Puente volvió a contestarle poco después: “Hay una sola verdad en tu tuit. Que eres un virus”.

El Partido Popular, por su parte, aprovechó las palabras del ministro para salir en defensa del monarca y cargar contra el Ejecutivo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, replicó que “ignominia” es la gestión gubernamental de la crisis migratoria de Ceuta y reprochó a Sánchez haberse marchado de vacaciones.

También intervino el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien sostuvo que la verdadera “ignominia” eran Puente, Sánchez y su Gobierno y acusó al titular de Transportes de señalar al jefe del Estado.

Dentro del propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, evitó sumarse a las críticas de su compañero. Preguntado por el asunto, señaló que no era él quien debía pronunciarse “ni sobre con quién se fotografía el rey de España ni sobre los tuits” de Puente.

La Casa Real tampoco ha realizado por el momento ningún pronunciamiento público ni ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre para aclarar el contexto del saludo y la conversación con Negre, así como su posición ante las declaraciones de Óscar Puente.

Javier Negre, de 41 años, trabajó durante años en El Mundo y en 2020 puso en marcha Estado de Alarma, proyecto que acabaría convirtiéndose en EDATV y expandiéndose posteriormente por Latinoamérica. Su conglomerado ha establecido vínculos con el ecosistema político de la derecha y la ultraderecha española y latinoamericana, y Negre adquirió en 2024 la mitad de La Derecha Diario en Argentina, coincidiendo con el ascenso de Javier Milei.

Su trayectoria periodística ha estado acompañada de polémicas tanto por sus métodos como por la difusión de contenidos falsos. En 2019, Negre y El Mundo fueron condenados a indemnizar con 30.000 euros a una mujer vinculada al caso del asesino Sergio Morate por una “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen”. La sentencia examinó un reportaje presentado como una entrevista con la mujer pese a que esta no había consentido mantenerla en esos términos.

También existen ejemplos más recientes de desinformación difundida directamente por Negre. Tras la dana de octubre de 2024, aseguró que el radar de AEMET en Valencia no funcionaba durante el episodio. El organismo meteorológico lo desmintió públicamente y aseguró que el radar había operado “sin ningún tipo de problemas”. La falsedad volvió a quedar desmentida en mayo de 2026, cuando un informe de AEMET incorporado a la causa judicial sobre la dana señaló que el radar de Cullera fue, de hecho, la “herramienta principal” utilizada para la vigilancia meteorológica durante la catástrofe.

Negre ha convertido desde entonces EDATV en el centro de un entramado mediático con creciente presencia internacional. Según las últimas cuentas publicadas, el grupo pasó de facturar 346.000 euros en 2021 a 1,3 millones en 2024, con ingresos procedentes, entre otras fuentes, de administraciones gobernadas por el PP, anunciantes privados y su expansión por América Latina.

El eclipse del próximo 12 de agosto ha despertado curiosidad. Podríamos preguntarnos si se trata de un fenómeno que está animado desde las élites periodísticas o si es un acontecimiento que fascina a la sociedad. Todos están buscando sitio y utensilios para disfrutarlo y contarlo. Será un fenómeno astrológico que perdurará en la memoria de los que lo viven y de los que se lo cuenten.

El eclipse lo podemos asociar a la pandemia de hace unos años, a la corrupción generalizada en los ámbitos de poder, a las catástrofes naturales, al cambio climático, a las muertes de grandes personajes como el papa Francisco o la reina de Inglaterra, a la pérdida de poder económico frente a Asia o al cambio de tumba de dictadores como Franco. Todos estos acontecimientos los podemos utilizar para anunciar que vivimos una época de crisis asociada a elementos apocalípticos, como el fin de la civilización en la que nos encontramos. El argumento es impecable académicamente, ¿verdad?, pero es que además lo podemos reforzar recurriendo al pasado.

En el siglo XI hubo un cronista que se llamó Raúl Glaber. Era un pobre diablo que fue abandonado en un de los múltiples establecimientos cluniacenses de la época. Sin un solo pelo en todo el cuerpo y con un carácter indomable, Glaber transitó por diferentes monasterios gracias a su indisciplina. Eso le llevó a recabar muchos datos orales, a leer muchos manuscritos y a hablar con mucha gente. El resultado fue la redacción de Las historias del primer milenio, un libro en el que los eclipses, las pestes, las muertes, las cometas y los terremotos anunciaban el fin del mundo. Algunos estudiosos empaquetaron todo esto como la crisis del año mil. Y así nos lo han vendido hasta hoy.

Como podemos ver, no hay ninguna diferencia entre lo que pasa en la Edad Media y en la actualidad. Es el mismo mecanismo, donde los eclipses forman parte de un pensamiento más amplio. Es cierto que el eclipse hoy en día es un fenómeno astronómico y en aquel mundo era un anuncio de calamidades. Pero si entendemos el eclipse de forma abstracta, el resultado es el mismo.

Hoy sabemos que la crisis actual tiene muchas aristas y que la crisis medieval sirve como espejo para reforzar esos análisis. ¿Se ajusta esta comparación a la realidad? ¿Hay una relación entre crisis y apocalipticismo? ¿Son los eclipses elementos activos en este ejercicio? Todas estas preguntas tienen difícil respuesta, pero, ¿es un interés académico o popular?, ¿es fruto de las supersticiones o de la ciencia? ¿Es un pasatiempo o un nuevo invento de los ideólogos de la crisis?

Un poco de todo y mucho de nada, pero por fin los ideólogos van quedando al descubierto. Nos siguen vendiendo crisis para que nos quedemos tranquilos porque así pueden jugar con nuestro futuro, que modelarán a su antojo. Nosotros nos creeremos todo. El eclipse sólo es parte de toda esta operación ideológica.

Por eso, en esta ocasión el eclipse es de nuevo un anuncio y una predicción. La aparición de los vendedores de crisis en el mundo actual con los mismos elementos que en la Edad Media. Y eso se lo tenemos que agradecer al eclipse. Y eso sí que no es una creencia.

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Israel Sanmartín es profesor de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela.

Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.

COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. 

A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.

El capital de Ábside Media se reparte entre la Conferencia Episcopal —que tiene el porcentaje mayoritario—, casi todas las diócesis españolas, órdenes religiosas, entidades sociales como la ONCE, compañías audiovisuales privadas y un reducido grupo de personas físicas. El control, en todo caso, permanece en manos de los obispos.

Lo que no se conoce es el detalle. COPE no da información sobre sus dueños, lo que contraviene el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Lo que se conoce, y no porque la emisora sea transparente, es la arquitectura general: Ábside Media tendría el 75% de la sociedad titular de la cadena, Radio Popular SA. El resto se repartiría entre socios minoritarios.

Esa opacidad choca con el EMFA, en vigor desde agosto de 2025. Su artículo 6 obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.

Un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.

La Iglesia sostiene que no recibe financiación directa del Estado para su funcionamiento ordinario. El argumento se apoya en que la asignación del 0,7% del IRPF depende de la voluntad de cada contribuyente, no de una partida presupuestaria fija.

Cada ejercicio, millones de personas marcan esa casilla en su declaración de la renta confiando en que ese dinero sostiene el culto, el clero o la labor asistencial. Pero ese mismo mecanismo genera excedentes año tras año, y nadie obliga a la Conferencia Episcopal a reintegrarlos al Tesoro Público cuando superan esas necesidades.

Lo cierto es que los obispos llevan años dedicando parte del excedente que obtienen de la declaración de la renta a subvencionar con inyecciones millonarias de capital el funcionamiento deficitario de su cadena de TDT Trece, una televisión que compite por los mismos anunciantes que otras cadenas privadas sin ese respaldo.

El Tribunal de Cuentas cuestionó ese trasvase. El organismo advirtió de una posible vulneración de la libre competencia y de la normativa europea sobre ayudas de Estado, que prohíbe subvencionar con fondos públicos a un competidor frente a otros operadores sin ese respaldo.

Ábside Media cerró su último ejercicio con las mejores cifras de su historia. Superó por primera vez los 150 millones de euros en ingresos consolidados y rozó los 10 millones de beneficio.

COPE es la piedra angular de ese crecimiento. Gracias a ella, los ingresos del grupo pasaron de superar los 120 millones en 2023 a 134 millones en 2024, y por encima de 150 millones en el último ejercicio cerrado. Ese avance les permitió cerrar 2024 con 9,8 millones de euros de beneficio antes de impuestos.

La radio vive además un momento dulce en audiencia, que comenzó cuando en 2010 fichó casi al completo al equipo de Deportes de la SER y se reforzó con la llegada de Carlos Herrera a las mañanas en 2015. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2026, COPE reúne 3,409 millones de oyentes diarios —su programación deportiva reúne habitualmente entre 1,7 y 2,1 millones—, solo por detrás de la SER (4,173 millones) y por delante de Onda Cero (2,086 millones). Es la segunda cadena generalista del país.

Trece TV es el reverso. Las últimas cifras conocidas, de 2024, muestran 3,2 millones de euros en pérdidas y una deuda acumulada de 115 millones desde su creación, hace 16 años. Su audiencia es residual, en torno al 1,6% en julio, con picos entre el 2% y el 3% cuando emite películas antiguas.

Los datos oficiales del Gobierno sí permiten reconstruir, al menos, la parte de la financiación pública que no depende de las comunidades autónomas, la Administración local y la casilla de la declaración de la renta. Es la que recibe en concepto de publicidad institucional de la Administración General del Estado.

Según el informe anual del Ejecutivo, el grupo percibió 2.491.767,75 euros en 2025 por campañas publicitarias públicas. Esa cifra representa el 3,40% de toda la inversión publicitaria directa del Gobierno en medios, una cantidad que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la Conferencia Episcopal.

Los datos oficiales sitúan a la empresa controlada por los obispos en la novena posición del ranking nacional, la última de los diez grupos más beneficiados. Ábside Media queda inmediatamente detrás del Grupo Prensa Ibérica y por delante de un grupo histórico como Godó, propietario de La Vanguardia.

Pero esos datos cubren solo la Administración central. Ábside Media, COPE y Trece TV no publican cuánto reciben por el mismo concepto de comunidades autónomas y ayuntamientos —tampoco del Gobierno—, pese a estar obligados a ello, desde 2025, por el EMFA, cuyo artículo 6 exige revelar el dinero que un medio ingresa por publicidad institucional.

Tampoco se conoce qué peso tienen esos fondos, los conocidos y los que permanecen ocultos, en la cuenta de resultados del grupo, ni qué porcentaje representan sobre su cifra de negocio total.

José Luis Restán preside Ábside Media de forma no ejecutiva y ejerce como director editorial. Su función consiste en velar por que la línea informativa no se desvíe del ideario eclesiástico. Javier Visiers ocupa el cargo de consejero delegado. Formado en la Universidad de Navarra y en el IESE, dirige la estrategia de transformación digital y la convergencia de recursos entre la radio y la televisión.

El consejo de administración de COPE integra también a socios estratégicos. Entre ellos el naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas en España, que posee el 7% de las acciones.

Pero más allá del consejo de administración y sus órganos de gobierno, quien manda en Ábside es la Conferencia Episcopal Española, que preside Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid. Un jerarca eclesial cuya gestión al frente de la institución ha estado marcada por intervenciones públicas de enorme agresividad contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio más reciente de choque con el Ejecutivo se produjo el pasado 9 de julio de 2026, durante la Escuela de Verano organizada por los obispos, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Argüello afirmó textualmente: "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. A los hechos me remito".

No fue el primero. El 20 de junio de 2025, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, dijo en rueda de prensa que Argüello había sugerido que un adelanto electoral podría ser "una salida al bloqueo institucional". La frase contraponía a la Iglesia con la posición del propio Pedro Sánchez, que en ese momento defendía agotar la legislatura.

Esas posiciones se trasladan a la línea editorial de COPE y Trece TV, que operan abiertamente en contra del Gobierno de coalición y a favor de la derecha y la ultraderecha. Una línea que defiende además los privilegios históricos de la Iglesia, entre ellos las inmatriculaciones de inmuebles y las exenciones fiscales.

Las inmatriculaciones son el procedimiento que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de templos y fincas sin escritura ni pago previo. La reforma de la ley hipotecaria de 2015 limitó ese privilegio, pero no lo eliminó de forma retroactiva. El patrimonio inmatriculado por la Iglesia en España supera las 35.000 fincas.

La Conferencia Episcopal aprobó para 2026 un presupuesto de 6.280.821 euros, un 4,5% más que el ejercicio anterior, según el balance presentado en noviembre de 2025. Esa cifra corresponde solo a la estructura central de la CEE, sedes, personal y comisiones episcopales, no al conjunto de la Iglesia católica en España. De ese presupuesto, 2.325.000 euros proceden del patrimonio y de actividades económicas propias, entre ellas alquileres, editoriales y derechos.

Lo estamos viendo en los fuegos, en la corrupción de todo tipo y en los mismos comportamientos humanos de ciertos políticos, se autodenominan asi. El hecho de tener comprados todas las instituciones además de los medios que se venden en papel hace imposible la lucha. Trump invade países saltándose cualquier ley y le aplauden los que compran todo, o sea, los fascistas, que durante años se hicieron con el poder económico.

Nos quedan los pocos medios digitales que todavía no se han vendido, como infoLibre, que nos cuentan las verdades, pero esta lucha es muy precaria porque también las RRSS están manejadas en su mayoría por esa derecha económica que todo lo invade y que sabe que los medios digitales tienen menos audición, aún. Pero también llegara a ellos. No hay más que ver ciertos juicios que dan vergüenza ajena con videos que nadie investiga, aunque los hayamos escuchado todos. A Zapatero y a Begoña, poco a poco les investigan hasta las mudas que se puedan poner cada mañana y a Rajoy y Cospedal, los padres de la mayor vergüenza nacional ni se les nombra. La batalla desigual es algo que nadie podrá discutir- Y su ejército civil o lo defenderá o estará en silencio, los que aun les queda algo de vergüenza.

A todo esto, incluso hay jóvenes que no conocen nuestra historia y les votaran porque creen que les mejoraran en algo. Serán los primeros que sufrirán sus delirios. Es el fascismo, amigo. Que podemos esperar de todo esto. Pues la invasión del fascismo de nuevo en España, aunque tengamos un héroe que todo lo soporta, Pedro, pero al que le han llamado de todo, pero todo lo soporta. Cuanto durara en esta lucha no lo sabemos, pero es para quitarse el sombrero, por lo menos el mío.

Lo mas triste para mi es donde ha llegado la Justicia con mayúsculas, aquella que era una profesión maravillosa capaz de juzgar sin el poder del dinero o por personas que no se vendían. Jueces que imponían respeto y lo imposible de vencer, el sentido común. Pero hoy también a esos que pueden ser buenos se les expulsa o se les manda a pueblos en donde nada pueden incordiar a los poderosos. En España se pueden dar nombres de algunos que ya están olvidados.

Solo nos falta ver que al militar que deseaba el fusilamiento de 26 millones de españoles en un WhatsApp Ayuso le condecore con alguna medallita que en este caso será de oro. Pero no dejo de pensar que al final los buenos ganaran a los malos, pero la batalla será muy larga y penosa. Y que la juventud deje de pensar en que todos somos iguales. No es verdad y yo espero que al final ganen los buenos. Será larga la lucha y yo no la veré, pero es que son muchos más los buenos, aunque no se les note.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Antes, como quien dice ayer, cuando alguien dudaba de nuestra palabra, afirmábamos que lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Esa era la prueba para lo insólito. Para lo increíble. Pero ese no es ya este tiempo que habitamos.

La alegoría más célebre de la historia de la filosofía, la caverna de Platón, explica cómo se puede distinguir entre los mundos, el mundo sensible, el que perciben nuestros sentidos, y el mundo inteligible, y cómo se enfrenta el ser humano al conocimiento. En esa metáfora, el filósofo griego imagina a un grupo de personas encadenadas en una cueva que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Creen que la realidad son esas sombras, nunca han visto otra cosa. Cuando uno de ellos se libera y sale al mundo exterior, comprende que lo que veía solo era una representación. Ninguno de sus compañeros le cree.

Le muestro a mi hijo un vídeo en el que una ballena da de mamar a un ballenato en el océano. Un chorro de litros y litros de leche sale de la ballena y cae directamente a la boca de la cría. No se mezcla con el agua, explican, por la grasa que contiene la leche materna. Una razón convincente para mí. Él me dice: es IA. Yo pensaba que era real, le respondo. Le enseño después otro vídeo en el que una elefanta asiática cautiva en el zoo de Madrid pare una cría. Es una especie en extremo peligro de extinción, le digo. Me pregunta: ¿es IA? Yo le digo que no, él me dice que no sabe. Duda de la realidad, pero no de lo que es inteligencia artificial. Eso lo reconoce.

Le digo que es una noticia, que lo publica el propio zoo, que sí es real. Le explico qué es el periodismo y qué es una red social, pero me contradigo a veces. También hay medios de comunicación que publican mentiras, artificios. Y ahí están: proyectando representaciones que se quieren creer. O que necesitamos creer.

Y, aunque sé que son verdaderas, también yo dudo en este verano de las noticias, de las imágenes que veo con mis propios ojos. Me cuesta comprenderlas y dimensionarlas. Esa fotografía que muestra los cientos de zapatos de los migrantes flotando junto a El Tarajal, en Ceuta. Dudo de la imagen de una sandalia blanca de plástico de un niño o niña de menos de dos años en la arena, desparejada y perdida. Dudo de esa foto del crío marroquí sentado en la arena de la playa frente a un militar español de pie. De los cientos de personas que ha traído en la playa de Benzú. De que un diputado de la ultraderecha haya dicho que hay que cazar y pescar a los migrantes uno a uno.

Dudo de que agitadores de más y menos talla y más o menos repercusión o pseudopolíticos se hayan desplazado hasta Ceuta para prender la mecha de su propia contienda interesada. Me cuesta creer que 141 personas hayan muerto en ese sur en este verano.

El mito sigue vigente 2.400 años después. Pero una ya no sabe distinguir entre las siluetas negras y la propia caverna. Quién las proyecta y para quiénes. Una está encadenada entre lo artificial y las noticias, dentro de un algoritmo matemático y político que genera sombras elegidas en nuestra pared. Porque no nos explican la razón detrás de lo que ven y leen nuestros ojos para que vuelva la confianza a nuestros sentidos.

Quizá la caverna sea el mismo tiempo que habitamos: dirigido, plano, filtrado, polarizado. Cuando vemos una imagen, cuando leemos un texto, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa representación. Eso ya era así antes. Pero hoy, incluso cuestionando lo que vemos, no somos capaces de razonar que ese mundo presente sí es el real, un contexto que empuja, por las razones que sean, a las personas a cruzar fronteras, a jugarse la única vida que tienen, y me gustaría decirle a mi hijo que eso es artificial, o que tiene que aceptar que es ininteligible, que solo es una sombra de lo que podríamos ser.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

El Grupo Godó es uno de los nombres decisivos del mapa mediático español, en particular en Cataluña: un holding nacido de un periódico histórico, convertido en conglomerado multimedia y hoy extendido por prensa, radio, publicidad, impresión, distribución y negocios de marketing y experiencias. Su caso interesa no solo por lo que publica, sino por cómo combina influencia informativa, posiciones de liderazgo en Cataluña y una diversificación empresarial que va mucho más allá del periodismo.

La clave para entenderlo es doble. Por un lado, es una empresa con una tradición centenaria que arranca en La Vanguardia en 1881 y que se reorganiza como holding en 1998; por otro, es un grupo que ha crecido incorporando compañías de servicios, agencias de marketing y unidades de experiencias —empresas dedicadas a organizar eventos, campañas, presentaciones, patrocinios o acciones para conectar con el público—, de modo que la frontera entre información, negocio publicitario y activación comercial se ha vuelto más amplia y más compleja. Con todo lo que eso supone para la independencia editorial de los medios que forman parte de Godó.

La historia del grupo se explica a partir de La Vanguardia, fundada en 1881, y de Mundo Deportivo, cabecera nacida en 1906; esa base periodística fue la que permitió después articular una compañía más amplia. 

La familia Godó procede del mundo empresarial textil de Igualada (Barcelona) y su salto a la historia de la prensa llegó cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia en la capital catalana para dar voz a un liberalismo moderado y burgués. Desde entonces, la dinastía fue tejiendo una relación muy estrecha entre empresa, periodismo y poder social en la ciudad, hasta convertir el diario en una pieza central de la vida política y cultural barcelonesa y catalana.

La segunda generación consolidó ese proyecto con Ramón Godó Lallana, hijo del fundador de la cabecera, que modernizó el periódico, amplió su alcance y recibió el título de conde de Godó en 1916. Después llegó Carlos Godó Valls, segundo conde, que mantuvo el control del periódico durante décadas difíciles, incluidas la Guerra Civil y el franquismo, y dejó preparado el relevo a Javier Godó Muntañola, el gran impulsor del salto hacia el holding multimedia moderno.

En términos periodísticos, la historia de los Godó es la de una familia que convirtió un diario en patrimonio empresarial y en símbolo de continuidad de una determinada forma de influencia barcelonesa: primero en la prensa, luego en la radio y finalmente en un conglomerado multimedia que sigue en manos de la misma rama familiar.

Fue en 1998, en los últimos años de la edad de oro de la prensa en España, cuando tuvo lugar la reorganización como holding multimedia. Su estado de información no financiera confirma que el grupo opera desde entonces con dos grandes líneas de negocio: Godó Media y GMK, esta última dedicada a servicios de marketing.

El relato corporativo que hace la propia compañía insiste en la continuidad familiar y en la idea de independencia, rigor y calidad como rasgos identitarios. Esa autoimagen es importante, porque ayuda a entender cómo el grupo trata de resolver la contradicción entre sus marcas periodísticas y las líneas de negocio adyacentes, especialmente en publicidad, distribución e industria de eventos.

Históricamente, ha sido un periódico de centroderecha muy atento al poder institucional y al catalanismo moderado. La literatura académica sobre el diario lo describe como un negocio que ha tendido a acomodarse al color del poder. Desde la desaparición de CiU y la entrada de Junts en el tablero, La Vanguardia no se acomodó a la nueva realidad política catalana y trató de seguir influyendo en ella desde una posición de moderación, con editoriales y análisis que a menudo buscan encuadrar a Junts como actor decisivo del sistema. Nunca ha sido un altavoz independentista, pero tampoco su enemigo frontal; más bien ha intentado mantenerse cerca de los centros de poder, dialogar con el catalanismo dominante y, cuando convenía, empujar a Junts hacia posiciones que le permitiesen seguir siendo útil en Madrid y en Cataluña.

Desde una perspectiva histórica, el grupo también ha pasado por una transformación de cartera. La información pública disponible muestra salidas de activos y ajustes del perímetro, como la venta de su participación en la productora de televisión Veranda y en 8TV –su fallida aventura en la TDT—, a la vez que el grupo reforzaba sus negocios radiofónicos y digitales. No obstante, el Grupo Godó se resiste a ser interpretado como un simple editor de periódicos y trata de mantenerse como una organización multimedia con un centro periodístico y un anillo creciente de servicios alrededor.

La cartera mediática básica del grupo está formada por La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105. A ello se suman otras sociedades de apoyo y comercialización, como Godó Strategies, Godó Vertical Media, CRE-A Impresiones de Catalunya, Marina BCN Distribucions y Distribución y Reparto, además de la cabecera o plataforma de grupos y marcas digitales vinculadas al ecosistema del grupo.

La parte menos visible, pero más reveladora del presente del grupo, es la de sus negocios ajenos al periodismo estricto. El grupo lleva tiempo intentando diversificar su negocio con adquisiciones en marketing experiencial, social media, eventos, producción y activación de marcas. Dentro de ese perímetro aparecen sociedades como Grafik Bureau, Iberian Leaders Influencers y, desde 2023, el Grupo Experientia, que reúne firmas especializadas en experiencias, eventos y producción audiovisual.

Ese movimiento importa periodísticamente porque cambia la naturaleza del conglomerado. Cuanto más peso tienen las agencias y los servicios para terceros, más difícil resulta separar la lógica informativa de la lógica comercial. En el caso de un grupo con cabeceras de referencia, esto obliga a mirar con atención no solo la calidad editorial, sino también la arquitectura empresarial que sostiene esa calidad.

La información financiera más reciente accesible públicamente apunta a un grupo grande y rentable, pero no exento de tensiones financieras. Según informaciones publicadas sobre sus cuentas, el Grupo Godó habría cerrado 2024 con unos ingresos de 179 millones de euros y un beneficio consolidado de 3,5 millones, el doble que en 2023. Pero esas mismas referencias señalan un aumento de la deuda bancaria, que habría superado los 50 millones, con un crecimiento relevante respecto al año anterior.

En el papel, el grupo mantiene un liderazgo claro en Cataluña. El último EGM sitúa a La Vanguardia en el cuarto puesto de los diarios de papel de toda España —tercero si se excluye a los deportivos, solo por detrás de El País y El Mundo—, con cifras que duplican los de la otra gran cabecera catalana, El Periódico, propiedad del grupo Prensa Ibérica. 

En cambio, en el mundo digital las cosas son muy distintas. En audiencia media diaria, La Vanguardia está acusando en los últimos meses una fuerte caída que la ha hecho situarse por debajo de las diez principales cabeceras informativas, muy por debajo de su rival en Cataluña, según datos de GfK DAM.

En radio, el liderazgo es más contundente. El último EGM situaba a RAC1, que solo se sintoniza en Cataluña, por encima de varias cadenas nacionales, como RNE. Y por delante de sus competidoras autonómicas, como Catalunya Radio, con un 50% más de oyentes.

La Vanguardia ni siquiera ha creado un enlace específico en su portada para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Para no dejar sin cumplir del todo la norma, se han limitado a añadir unos párrafos a la página denominada Aviso Legal, al pie de la portada. 

Ahí se limitan a decir que el Grupo Godó está “participado” “por Javier Godó Muntañola (Editor), Carlos Godó Valls y Ana Maria Godó Valls”, sin especificar en qué cuantía. Todo lo que precisan es que el “titular real” es Javier Godó.

Con lo que ofrecen sus diarios, no es posible saber mucho más. La toma de decisiones ejecutivas, no obstante, según la información disponible en otros soportes, recae hoy en Carlos Godó, quien en julio de 2025 asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras un relevo generacional planificado. Carlos Godó, perteneciente a la quinta generación familiar, ocupaba el cargo de consejero delegado desde 2005 y ha sido el principal artífice de la diversificación del negocio hacia el marketing y la transformación digital.

Su padre, Javier Godó, al que se supone el control mayoritario de las acciones, continúa ligado a la organización después de haber liderado la compañía durante más de cuatro décadas. El núcleo de poder se completa con Ana Godó Valls, quien ejerce como consejera editorial y vocal del consejo de administración.

El artículo 6 del EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o (pertenecemos a tal grupo): debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés. 

En el mismo sitio en el que señala quiénes son los dueños del Grupo Godó, La Vanguardia da cuenta del “importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito)” que recibió en 2024: 8.347.920 euros, especificando en este caso que representa el 11,8% de la cifra de negocio del periódico.

Mundo Deportivo recurre al mismo procedimiento para declarar haber recibido 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio) en 2024. RAC1 reseña 5.380.416 (21,74% de la cifra de negocio). RAC105, su emisora musical, en cambio, no revela esta información. 

En total estamos hablando de 15.282.855 euros, el 54,62% a través de La Vanguardia, el 35,20% con RAC1 y el 10,17% mediante Mundo Deportivo.Es una suma que más que cuadriplica lo que el grupo declaró como beneficios en 2024.

Según el informe hecho público este año por el Gobierno de España, el Grupo Godó recibió de la Administración central en 2025 un total de 1.863.103,28 euros, la décima cifra más elevada de todos los grupos de comunicación en España. 

Godó no lo detalla, pero a la vista de estas cantidades se puede deducir que el grueso del dinero público que fluye hacia sus medios (un 87,8%, aproximadamente) procede de comunidades autónomas y ayuntamientos. Según El Triangle, el Grupo Godó volvió a ser en 2024 el mayor beneficiario de publicidad institucional del Govern catalán, con más de 5,3 millones de euros.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Editorial Prensa Ibérica (EPI) suma más de 24 millones de usuarios únicos mensuales y una audiencia en papel que supera los dos millones de lectores, según datos del EGM (Estudio General de Medios) y de GfK DAM, los dos paneles de referencia para medir audiencias en España. El grupo edita 22 cabeceras generalistas y dos diarios deportivos, con periodistas sobre el terreno en doce comunidades autónomas. Pero su nombre apenas aparece en las tertulias mediáticas de Madrid, porque nunca ha conseguido trasladar su influencia a la capital.

El grupo basa su fuerza en la suma de periódicos que, en algunos casos, son líderes de opinión en sus provincias, pero no componen una marca nacional única. Faro de Vigo, La Nueva España, Levante-EMV o La Provincia funcionan como referencias sociales en sus territorios antes que como piezas de un conglomerado propiedad de un empresario que poco o nada tiene que ver con las ciudades de cuya identidad forman parte estos diarios.

Ese crecimiento territorial responde a una lógica concreta. El fundador del grupo llegó a la prensa desde el mundo financiero, y esa trayectoria explica un patrón de expansión basado en la compra y consolidación de cabeceras rentables, más que en el lanzamiento de proyectos editoriales desde cero.

El fundador del grupo, Javier Moll, nació en Zaragoza en 1950 y se licenció en Derecho. Su carrera profesional comenzó en el sector financiero, con pasos por el Banco Atlántico y la Banca Garriga Nogués, además de un puesto de consejero en el Banco de las Islas Canarias.

Moll entró en el negocio de la comunicación en 1978, cuando adquirió Editorial Prensa Canaria, editora de La Provincia y del desaparecido Diario de Las Palmas. Junto a su esposa, Aránzazu Sarasola, construyó desde ese núcleo canario un grupo que hoy dirige la segunda generación de la familia. Su hijo, Aitor Moll Sarasola, es consejero delegado desde 2014, aunque Javier Moll sigue siendo la pieza clave de la estrategia del grupo.

El salto de EPI a la península se produjo en 1984, cuando el Gobierno socialista organizó la subasta de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE). Ese conglomerado de prensa, radio y agencias procedía del Movimiento Nacional franquista, que había gestionado cabeceras incautadas tras la Guerra Civil a la prensa republicana, a partidos y a sindicatos.

Con la Constitución de 1978, el MCSE pasó a manos del Estado democrático con el mandato de privatizar progresivamente sus medios. El proceso se cerró a comienzos de los noventa, con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, y tuvo en Javier Moll a su principal beneficiario, lo que desde entonces le etiquetó como alguien próximo a los socialistas, aunque la línea editorial de muchos de sus periódicos esté lejos del progresismo. 

En la subasta, el grupo se hizo con tres cabeceras que siguen siendo pilares de su estructura. La Nueva España, en Asturias; Levante-EMV, en Valencia; e Información, en Alicante. Dos años después, en 1986, sumó el Faro de Vigo, el decano de la prensa española, es decir, el periódico en circulación más antiguo del país —sus comienzos fueron como semanario; si atendemos al criterio de publicación diaria desde el primer día, ese puesto lo ocupa El Norte de Castilla, del grupo Vocento—, con lo que aseguró su presencia en Galicia.

Junto a las adquisiciones, EPI desarrolló una estrategia de creación de periódicos desde cero bajo la marca La Opinión, en plazas donde ya existían otras cabeceras. El grupo lanzó así ediciones en Murcia en 1988, en Zamora en 1990, en Málaga y Tenerife en 1999, y en A Coruña en 2000.

A este modelo se sumaron lanzamientos especializados, como el diario deportivo Superdeporte en 1993 y el semanario en alemán Mallorca Zeitung en 2000. Aun así, el grueso del actual perímetro del grupo procede de adquisiciones de cabeceras con más de un siglo de historia.

Con todo, el movimiento que situó a Prensa Ibérica como el primer grupo español de información general fue la adquisición del Grupo Zeta en 2019. La operación supuso la entrada de EPI en Cataluña y el control de El Periódico, una cabecera local pero de referencia nacional.

En la puja por Zeta, Prensa Ibérica se impuso a Mediapro y a su entonces presidente, Jaume Roures. El factor decisivo fue que Moll cerró un acuerdo con la banca acreedora para reestructurar la deuda del grupo, una pieza financiera que Roures no logró asegurar. La compra se cerró tras una larga negociación con la familia Asensio, propietaria de Zeta, en la que muchos vieron la influencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El contexto político de la operación fue sensible. Zeta controlaba cabeceras con peso en Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunitat Valenciana, y en sectores empresariales y políticos existía el temor de que una compra de Roures reforzara un polo mediático próximo al independentismo. La banca, la Generalitat, Moncloa y el clima del procés, el proceso independentista catalán que había marcado los años previos, condicionaron el desenlace de la puja.

Además de El Periódico, la operación incorporó a EPI el diario deportivo Sport y cabeceras regionales como El Periódico de Aragón, El Periódico Extremadura, Mediterráneo y Córdoba. El grupo pasó así a tener peso en territorios donde antes no tenía presencia o era menor.

Con la fuerza territorial que le dio la compra de Zeta, Moll intentó completar su mapa con una cabecera estatal con sede en Madrid. Así nació El Periódico de España en 2021, el primer diario nacional del grupo, ideado como punta de lanza del grupo en el polarizado ecosistema mediático de la capital.

El proyecto arrancó con edición en papel y digital, pero la tirada impresa se quedó muy lejos de las expectativas. En marzo de 2024, Prensa Ibérica cerró el papel de esta cabecera para concentrar los recursos en la web, y el diario, convertido en una pieza marginal del universo mediático madrileño, quedó como marca exclusivamente digital.

A pesar de ello, el grupo ha seguido ampliando su mapa nacional con otras compras recientes. En 2022 incorporó El Correo Gallego y, a comienzos de 2024, el decano sevillano El Correo de Andalucía.

La relevancia de Prensa Ibérica no se mide solo en el número de cabeceras, sino en el liderazgo real de sus marcas en cada territorio. La Nueva España es líder indiscutible en Asturias. El Faro de Vigo es el decano y referente informativo en el sur de Galicia. Levante-EMV e Información dominan la opinión pública en la Comunitat Valenciana. La Provincia es el pilar original y líder del grupo en Canarias.

Esta capilaridad territorial, con periodistas en doce comunidades autónomas, permite a EPI intervenir en mercados locales con un peso institucional que los diarios madrileños no tienen. La información generada en cada territorio se proyecta después a escala nacional a través del intercambio de contenidos entre las cabeceras del grupo, lo que contribuye a reducir los costes, al tiempo que homogeneiza gran parte de los contenidos.

Pese a su volumen, Prensa Ibérica atraviesa un proceso de ajuste en un mercado publicitario volátil. En el ejercicio 2024, el último sobre el que hay datos publicados, el grupo cerró con pérdidas netas consolidadas de 3,2 millones de euros, una cifra que mejora los resultados de los dos años anteriores. En 2022 las pérdidas fueron de 6,6 millones y en 2023 se situaron en 5,8 millones.

El motor de esa mejora ha sido la publicidad digital, que ya representa más del 40% de los ingresos publicitarios totales del grupo, unos 53 millones de euros. Pero también una fuerte dependencia de la publicidad del sector público.

Gran parte de esos 53 millones de euros de ingresos publicitarios digitales procede de fondos públicos. La partida incluye presupuestos de comunidades autónomas, administraciones locales y del Gobierno central.

Los datos que las propias cabeceras del grupo publicaron en sus webs para cumplir con la regla de transparencia del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), por sus siglas en inglés) permiten precisar esa dependencia. 

En 2024, el conjunto de medios de Prensa Ibérica ingresó 37.959.769,04 euros en fondos publicitarios procedentes de organismos públicos.

La comparación con lo que el Gobierno de España destinó al grupo un año después, en 2025 (apenas 2,7 millones) sugiere que la mayor parte de esos casi 38 millones tiene su origen en las comunidades autónomas y en la Administración local. Prensa Ibérica no facilita el dato que permitiría conocer qué peso tiene esta financiación pública en el conjunto de sus cuentas.

En cumplimiento del EMFA, los diarios del grupo sí han incorporado un enlace, escondido al pie del site principal de cada uno de ellos, que lleva a una página que señala a Moll y a su mujer como los dueños últimos de Editorial Prensa Ibérica. Es ahí donde explican cuánto dinero público recibieron en 2024, aunque sin concretar su origen por administraciones ni cuánto supone sobre el conjunto de los ingresos de cada periódico.

El reparto por cabeceras muestra a El Periódico a la cabeza en la recepción de publicidad institucional, con más de 7,1 millones de euros. Le siguen Faro de Vigo, que superó los 4 millones, y Levante-EMV, con 2,3 millones. Completan el grupo de mayores beneficiarios La Provincia y Diario de Las Palmas, con 1,94 millones; El Periódico Mediterráneo, con 1,69 millones; y La Nueva España, con 1,63 millones.

Los negocios de la familia Moll no se limitan al negocio periodístico, lo que representa un potencial conflicto de interés en los términos establecidos por el EMFA. Tienen inversiones en sanidad, a través de la Clínica Corachan de Barcelona; en el sector inmobiliario, mediante la sociedad Laimo; y en el vitivinícola, con la Bodega Terramoll, en Formentera.

Cuando estalló la sublevación en julio de 1936, la noticia cruzó la frontera del Pirineo a toda velocidad. Francia, con el socialista Léon Blum como jefe de un Gobierno del Frente Popular, vivió las primeras horas pegado al teléfono. Hubo contactos telegráficos y telefónicos constantes entre Madrid, Barcelona y París. Pero después vinieron los problemas en las comunicaciones: los bombardeos y el avance de las tropas golpistas cortaban cables terrestres.

En muchas zonas invadidas se perdió la continuidad de los posibles enlaces. Cada llamada a Francia era una carrera contrarreloj antes de que la línea cayera. Por otro lado, Inglaterra, desde Londres, optó por la imprudente neutralidad que pocos años después pagaría. El Foreign Office temía una guerra europea y, además, su Gobierno conservador no deseaba una revolución en España al estilo de Rusia. De ahí salió la propuesta del Pacto de No Intervención, firmado en agosto de 1936; un comité de 27 países en Londres para vigilar que nadie mandara armas a la República española. Un pacto que, como vimos después, se incumplió desde el primer día.

Pese a los cortes e inseguridad de las comunicaciones con el exterior, los periodistas extranjeros llegaron de muchos países y medios. Nunca una guerra había tenido tantos "enviados especiales" tan pronto. Intentaron enviar sus crónicas, fotografías y algunos documentales cinematográficos, como pudieron: Por teléfono haciendo cola en hoteles y centrales, con líneas que se caían y por telégrafo, por otra parte más caro y censurado, y por la frontera en caso del material gráfico. 

Pero en esos momentos, aparte de la posible recepción en los países fronterizos por la captación de emisoras de radiodifusión de uno y otro lado, la salida más estable fue la radio de onda corta. Mientras duró, las tres estaciones de onda corta en la periferia de Madrid fueron la gran vía de escape. Gracias a ellas los corresponsales pudieron enviar sus noticias directamente a sus países. Según mi profesor de Microondas I y II, Don José María Romeo, en los años treinta había tres grandes estaciones de onda corta, a saber:

1- Transradio Española en Aranjuez, con Servicios Radiotelegráficos a Canarias, Europa y América.

2- Radiar, (perteneciente a la Sociedad Anónima Radio Argentina) en Vallecas, que también prestaba Servicios Radiotelegráficos.

3- CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España) en Pozuelo del Rey: prestaba Servicios Radiotelefónicos a Nueva York y Buenos Aires.

En 1932 Aranjuez había comenzado a reemitir también la programación de EAQ-Madrid Radiodifusión Iberoamericana. Tras la batalla del Jarama en febrero de 1937, estas emisiones pasaron al Centro Emisor de Vallecas. 

Esto permitió que corresponsales, como el estadounidense Ernest Hemingway o el soviético Ilia Ehrenburg, pudieran enviar sus crónicas o reñir entre ellos, a New York y Moscú respectivamente. Ambos se hospedaban, como muchos corresponsales extranjeros, en el mítico madrileño Hotel Florida. Como veremos en el próximo capítulo.

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Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Nuevos cambios se avecinan en los principales magacines de Televisión Española para la próxima temporada. Este viernes se ha dado a conocer que el presentador de Directo al Grano, Gonzalo Miró, pasará a ser la cara visible de Malas Lenguas.

Miró será el encargado de conducir ambos tramos del programa, emitido en La 2 entre las 17:45 y las 19:35 y en La 1 de 19:35 a 20:25. Estará acompañado por Esther Palomera en La 2, tal y como ha adelantado Poco Pasa TV.

La periodista y analista ya formaba parte de las tertulias políticas del magacín, pero a partir de septiembre copresentará el espacio junto a Miró, quien adelantará su debut como conductor el próximo lunes, 3 de agosto.

Miró sustituirá a Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano y lo hará junto a Ane Ibarzabal, tal y como anunció RTVE este jueves.

“Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia”, señalaban.

Mientras, en Directo al grano, este mes de agosto Marta Flich formará tándem con Martín Barreiro. Queda por saber si ambos continuarán más allá del verano tras la marcha de Miró a Malas lenguas.

Javier Ruiz, actual presentador de Mañaneros en La 1, todavía no ha confirmado su marcha como director a La Séptima, pero es una posibilidad que José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y también de la nueva cadena que verá la luz el próximo 5 de noviembre, da prácticamente por hecha.

“Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo”, recordaba en una entrevista con EFE. Según explicó, el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

Si finalmente Ruiz inicia su etapa en esta nueva cadena, Jesús Cintora suena como su posible sucesor al frente de Mañaneros, tras la llegada de Miró a Malas lenguas. Cintora compaginaría así Mañaneros con la versión de los sábados de Malas lenguas, que también se emite en La 2 en horario nocturno.

¿Será el fin de su poderosa influencia mediática? Xenia Fedorova, exdirectora de la sección francófona de la cadena estatal rusa Russia Today (RT), hoy omnipresente en los medios del grupo Bolloré, ha recibido una orden ministerial de expulsión del territorio francés, según ha revelado Libération, el miércoles 29 de julio. Una fuente cercana al asunto en el Ministerio del Interior ha confirmado esta información a Mediapart.

La orden de expulsión, a la que ha tenido acceso ese diario, destaca que Xenia Fedorova, “al difundir sus narrativas, actúa como altavoz de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas”, con el objetivo “de desestabilizar el orden público” en Francia. Fedorova “contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización”, cuyo único objetivo es “manipular a la opinión pública” y “socavar la confianza de los ciudadanos europeos, y en particular de los franceses, en sus instituciones”. La Prefectura de Policía de París constata así que “su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado” y que su presencia en territorio francés “constituye, por este motivo, una amenaza especialmente grave y actual para el orden público”.

En Francia, se puede dictar una orden de expulsión contra un extranjero en situaciones particulares consideradas “graves”: alteración o amenaza grave al orden público, atentado contra la seguridad del Estado o contra los intereses fundamentales de la nación. La decisión la toma la prefectura del departamento de residencia o el Ministerio del Interior, y tiene como efecto prohibir el regreso a Francia de la persona en cuestión. Puede tener efecto inmediato o diferido, con arresto domiciliario a la espera de poder ejecutarla.

“¡Por fin!”, exclamó en la red social X el diputado socialista Arthur Delaporte, quien había interpelado al respecto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante el turno de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional el 2 de junio. “Se acabó la impunidad para los agentes del Kremlin que tienen un espacio destacado en CNews”, añadió.

En declaraciones a Mediapart, la eurodiputada macronista Nathalie Loiseau considera que esta decisión es “tardía”, pero “acertada”:

”Xenia Fedorova no es periodista, es una agente activa dedicada a difundir propaganda de guerra. Es lamentable que CNews y los demás medios que la emplean hayan concedido tanto espacio a sus actividades”, afirma la exministra. Y añade: “Esperemos que animen a Xenia Fedorova a respetar la decisión de expulsión que se le ha impuesto, tal y como desean que hagan todos los extranjeros a los que se les pide que abandonen nuestro territorio.”

Por el contrario, Agrupación Nacional (RN), a través del eurodiputado Thierry Mariani, defiende a la empleada de CNews. “Enhorabuena a este Gobierno que, incapaz de expulsar a los delincuentes extranjeros, quizá consiga silenciar una de las pocas voces disidentes de la prensa francesa que comete el error de no repetir el relato oficial autorizado sobre el conflicto en Ucrania”, dijo todo airado el eurodiputado de RN a Libération.

“Por supuesto que vamos a presentar un recurso”, ha indicado a Mediapart Emmanuel Piwnica, abogado de Xenia Fedorova. “Me parece difícil creer que un periodista pueda ser expulsado del territorio por haber ejercido sus funciones y su libertad de expresión de una manera que no agrada a las autoridades.” Afirma que Xenia Fedorova “siempre ha dado muestras de rigor y deontología”, y desestima las acusaciones de “propaganda” prorrusa de las que es objeto.

“Hoy se afirma que ella apoyaría esto o que atentaría contra aquello […] Cuando se analiza la realidad, siempre resulta matizado y equilibrado; ella expone diversos puntos de vista. Es excesivo afirmar que se trata de propaganda; no hay ni propaganda ni noticias falsas”, sostiene el abogado, asiduo del Consejo de Estado.

Esta decisión, de graves consecuencias, podría impedir que Xenia Fedorova trabaje en Francia y, por lo tanto, privarla de su amplio espacio en los medios de comunicación de Bolloré. Desde el cierre de RT France tras una decisión de la Unión Europea, la propagandista pro-Putin ha vuelto a aparecer en los medios controlados por el multimillonario de extrema derecha. Ha conseguido un contrato indefinido en CNews y cuenta con una columna semanal en Le JDNews, el suplemento del Journal du dimanche, otra en Europe 1, y tiene su propio programa en Canal+.

Gracias a sus contratos, también se codeaba con el poder. Así, participó en un almuerzo en abril de 2026 junto a la ministra Annie Genevard, o en una ceremonia organizada en junio de 2025 por Gabriel Attal, ex primer ministro y secretario general del partido macronista Renaissance, para entregar la Legión de Honor a Gérald-Brice Viret, el director de Canal+.

En un comunicado publicado el miércoles, CNews y Lagardère News manifestaron su “asombro” y expresaron su “apoyo” a Xenia Fedorova. Citando el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos dos grupos audiovisuales consideran que impedir a esta empleada “participar en el debate público” y “expresar puntos de vista sobre la situación francesa e internacional” podría constituir “una vulneración especialmente grave de la libertad de expresión y de la pluralidad de opiniones”.

Desde hace meses, las apariciones mediáticas de Xenia Fedorova provocaban indignación y polémica. En cada una de sus intervenciones, a veces en conexión directa desde Moscú, defendía las decisiones de Vladímir Putin, criticaba duramente las de la Unión Europea o las de Emmanuel Macron y atacaba a Volodímir Zelenski. “Es Occidente el que ha decidido prolongar este conflicto”, afirmaba de nuevo el 10 de mayo tras difundir las mentiras del Kremlin sobre las “deportaciones de niños ucranianos”. Un Occidente que, según ella, libra una “guerra por poderes para debilitar a Rusia”. Ante el protagonismo otorgado a esta portavoz del Kremlin, un comentarista de CNews se fue dando un portazo y otro fue despedido.

Xenia Fedorova había conseguido un permiso de residencia de diez años en 2024 y ahora se encuentra en arresto domiciliario en su domicilio parisino y obligada a presentarse todos los días en la comisaría, según nuestra información. El permiso de residencia, de difícil obtención, le fue expedido tras haber disfrutado de varios permisos consecutivos, entre ellos uno plurianual de cuatro años y un permiso de residencia “pasaporte talento” (reservado a determinadas categorías de trabajadores, a menudo muy cualificados).

Como ya informó Le Monde en junio, la facilidad con la que la columnista de CNews había obtenido y conservado su derecho de residencia había provocado la incomodidad del Gobierno; Gérald Darmanin, ministro del Interior en aquel momento, habló de una renovación “automática”, y Laurent Nuñez, entonces prefecto de policía, se refirió a una renovación que “se produjo de pleno derecho”.

Pero su respuesta puede suscitar dudas cuando sabemos hasta qué punto la renovación de un permiso de residencia, o la obtención de una tarjeta de diez años, pueden suponer un largo camino plagado de obstáculos. El 1º  junio, Laurent Nuñez aseguró que no había habido ninguna “intervención” en el expediente de Xenia Fedorova. Además, declaró a Le Monde que “en caso de atentado contra los intereses fundamentales de la nación o de alteración del orden público, la concesión de un permiso de residencia, sea cual sea el motivo, no protege en absoluto” de una posible expulsión.

Xenia Fedorova también está sujeta a un procedimiento de retirada de su permiso de residencia, tal y como nos confirma una fuente cercana al expediente en el Ministerio del Interior. “En la práctica, la resolución entra en vigor en la fecha de su notificación y le retira de facto su permiso de residencia”, indica.

Durante meses, el Gobierno había dado la impresión de no poder o no querer tomar más medidas contra Xenia Fedorova. En declaraciones a Mediapart, un allegado de Emmanuel Macron justificaba la actitud expectante del Estado por la dificultad de “identificar la injerencia”.

El 22 de julio, también se libró de sanciones europeas que podrían haberla obligado a abandonar el territorio europeo y a que se le congelaran sus activos financieros. Según Le Monde, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que sin embargo había salido al paso para denunciar a una “propagandista declarada”, no había exigido que la Unión Europea la incluyera en la lista de personalidades sancionables. Entonces, ¿cómo se explica esta prisa repentina?

La fuente ya citada explica que toda su trayectoria, especialmente en Rusia y Alemania, así como sus declaraciones y intervenciones en CNews y “la repetición de este discurso procedente íntegramente de las autoridades rusas” son de una naturaleza tal que “perjudican la cohesión de la UE y de Francia” y constituyen una “amenaza especialmente grave y actual” que justifica esta orden.

No obstante, una expulsión a Rusia, en el contexto de su invasión en Ucrania y de las complicadas relaciones diplomáticas con ese país, quizá no sea tan fácil de llevar a cabo. Según una abogada bien informada, no se ha producido ninguna expulsión a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Si bien a las autoridades francesas les resulta más fácil asumir la expulsión de una ciudadana acusada de propaganda rusa a su país de origen que la de un opositor al régimen, podrían, no obstante, toparse con la falta de cooperación de un Estado sujeto a sanciones europeas.

Para poder expulsar a alguien, admite la fuente ya citada, “es necesario que el tercer país acepte acoger a su ciudadano”, lo cual no es nada seguro en este caso concreto. Se trata, por tanto, más bien de “obligarla a abandonar el territorio francés”.

Traducción de Miguel López