La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

La Corporación RTVE justifica la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE) como una obligación legal derivada de denuncias graves por acoso laboral y mala praxis interna, y no como una decisión arbitraria contra el Consejo de Informativos.

En respuesta a un comunicado de este órgano, que representa a los trabajadores de la radio pública y que ha merecido el respaldo de los consejos del resto de empresas de la Corporación —RTVE, TVE y RTVE.es— y de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF), la dirección de los medios públicos estatales advierte de las consecuencias que puede tener para futuras víctimas de acoso la exposición pública a la que algunos medios han sometido a las denunciantes y reivindica que el proceso se desarrolle con garantías jurídicas, protección de las personas afectadas y disposición al diálogo con los órganos de representación profesional.

El texto, difundido este martes por RTVE horas después de haber declinado hacer declaraciones sobre este asunto, responde a “las informaciones publicadas en los últimos días” sobre la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de RNE.

RTVE enmarca el asunto en un plano procedimental y legal, subrayando que los pasos que se han dado responden a denuncias concretas y a obligaciones formales de actuación. Los procedimientos abiertos, argumenta, no se explican por una “decisión arbitraria”, sino por una “doble vía de investigación” derivada de denuncias por acoso laboral y por presuntas irregularidades internas en el propio Consejo de Informativos de RNE.

RTVE detalla que existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de la emisora pública, que han sido sometidas a un informe técnico preceptivo elaborado por una entidad externa especializada.

Según la Corporación, ese informe externo habría validado “la gravedad de los hechos”, circunstancia que, de acuerdo con el comunicado, activa una obligación legal para la Dirección de Recursos Humanos de tramitar los expedientes disciplinarios correspondientes.

En paralelo a las denuncias de acoso, el comunicado añade una segunda vía: las denuncias por “mala praxis en el propio Consejo de Informativos de RNE”. En este punto, RTVE explica que dos miembros del actual Consejo de Informativos han trasladado a la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del órgano, lo que ha llevado a remitir el expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para una investigación oficial.

Uno de los elementos más sensibles que aborda el comunicado es la intervención de la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo, un órgano integrado por representantes sindicales. RTVE reconoce que esta comisión “no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta”, un dato que apunta a la ausencia de consenso entre los sindicatos respecto a las denuncias analizadas.

No obstante, la Corporación sostiene que la falta de un dictamen sindical no invalida las actuaciones ya practicadas ni limita las competencias de Recursos Humanos, que mantiene “intactas” sus competencias legales para proseguir el procedimiento. Con este razonamiento, RTVE reivindica un margen de actuación propio, más allá de la posición que puedan adoptar los representantes sindicales en el seno de la Comisión de Acoso.

RTVE trata de desmentir la idea de que el conjunto del Consejo de Informativos de RNE sea el objetivo de la actuación disciplinaria. La Corporación afirma que “los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución”, del que dice respetar “absolutamente” su papel, y precisa que lo que se investiga son “denuncias de hechos concretos sobre personas concretas”.

A partir de ahí, la Corporación lanza un mensaje de alcance más general: “Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria”.

El comunicado subraya que la apertura de un expediente disciplinario “no es una sanción ni prejuzga culpabilidades”, sino la herramienta legal prevista en el Convenio Colectivo para ordenar el proceso de alegaciones y defensa de los afectados. RTVE encuadra la figura del expediente como un mecanismo que permite a las personas implicadas “aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas”.

El pasaje más crítico del comunicado se dirige contra la “difusión interesada” del caso, que, según RTVE, ha llegado “al extremo de filtrar y publicar el nombre de las denunciantes”. La empresa lamenta que se hayan realizado “afirmaciones parciales” sin recoger el punto de vista ni los argumentos de estas trabajadoras, lo que, a su juicio, ha provocado “un nuevo señalamiento” de personas que “solo pedían amparo”.

RTVE advierte de que esta exposición pública lanza “un peligroso mensaje” al resto de la plantilla, en la medida en que puede disuadir a cualquier persona que en el futuro sufra una situación de presunto acoso. En concreto, RTVE expresa su preocupación por que se genere en la plantilla “miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública”, conectando así la gestión del caso con un posible efecto disuasorio sobre futuras víctimas.

La empresa asegura que “la Dirección mantendrá siempre la vía del diálogo abierta”, aunque establece una “premisa innegociable”: que la protección de las denunciantes y el respeto a los procedimientos legales “deben quedar salvaguardados”.

La dirección de los medios públicos estatales, al frente de la cual está Juan Pablo López, plantea que un proceso de interlocución “constructivo” exige, manteniendo “absolutamente” la presunción de inocencia, un acercamiento a las denunciantes, cuyo relato no se considera “falso o infundado” a la luz del informe externo, así como el conocimiento de sus motivaciones. Además, reclama “el restablecimiento inmediato de las normas fundamentales de convivencia en el entorno de trabajo”.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto sustituye a la norma vigente desde 1982 y queda ahora en manos del Congreso de los Diputados, que deberá tramitarlo como ley orgánica, lo que exige mayoría absoluta en el pleno.

El texto que llega ahora a la Cámara Baja no es exactamente el mismo que el Consejo de Ministros aprobó como anteproyecto el 13 de enero. El Ministerio de Presidencia ha incorporado cambios tras el trámite de información pública.

Tres de esos ajustes son los más relevantes para entender qué cambia respecto al borrador de enero.

La ley considera intromisión ilegítima el uso o la difusión de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista. Esa definición ya estaba en el anteproyecto de enero y se mantiene intacta.

También se mantiene la excepción para las personas con cargo público o proyección pública cuando su imagen o voz ultrarrealista forme parte de una obra o programa satírico, artístico o de ficción.

Lo que cambia es la condición para acogerse a esa excepción. El anteproyecto de enero obligaba, en todo caso, a que el responsable de divulgar la obra hiciera pública la existencia del contenido generado o manipulado con inteligencia artificial. El proyecto que llega ahora al Congreso limita esa obligación a los casos en los que el contenido pueda inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico.

En la práctica, un vídeo satírico con la voz clonada de un político que resulte evidentemente paródico ya no tendría que advertir de que ha sido generado con inteligencia artificial. La obligación de etiquetado solo se activará cuando exista riesgo real de confusión sobre su autenticidad. Decidir la frontera entre un caso y el otro quedará en manos de los jueces si alguien decide denunciar porque se considera afectado.

El segundo cambio afecta al artículo que regula la tutela judicial. El proyecto añade que, cuando la lesión del honor, la intimidad o la imagen sea consecuencia de contenidos difundidos en entornos digitales, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la perdurabilidad de esa difusión.

Esta previsión no estaba en el anteproyecto de enero. Se suma a otra herramienta que sí figuraba ya en el texto original y que también se mantiene, la reforma del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que un juez ordene, como medida cautelar, la retirada de imágenes o voces reales, manipuladas o simuladas cuando afecten a estos derechos.

El proyecto final amplía además el alcance de esa medida cautelar, que ahora también podrá dictarse cuando el contenido afecte al derecho a la protección de datos personales, no solo al honor, la intimidad o la imagen.

El tercer cambio afecta al supuesto que castiga la utilización del delito por parte de cualquier condenado en sentencia firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico. Esta previsión, pensada para encajar la creciente producción de contenidos del género true crime, ya apareció en el anteproyecto de enero.

El proyecto que llega ahora al Congreso mantiene ese supuesto, pero precisa que basta con que la actuación del condenado dañe de cualquier modo el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas. No es necesario acreditar que buscaba notoriedad o beneficio económico.

El Ministerio de Presidencia ha presentado este ajuste como una ampliación de la protección de las víctimas, al desvincular la existencia de intromisión ilegítima de la prueba de una intención concreta por parte del condenado.

El resto de los ejes centrales de la reforma se mantiene sin cambios sustanciales respecto al texto de enero. La ley fija en 16 años la edad a partir de la cual se presume que un menor tiene madurez suficiente para consentir el uso de su propia imagen, aunque ese consentimiento nunca será válido si menoscaba su dignidad o su reputación.

También amplía quién puede reclamar la protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida, incorporando a las parejas de hecho junto al cónyuge y a los familiares directos.

Se introduce, además, la posibilidad de que una persona prohíba mediante testamento el uso de su imagen o su voz con fines publicitarios o comerciales tras su muerte, y designe a alguien para autorizar o denegar ese uso. El proyecto final concreta que solo podrá designarse a una persona, frente a la posibilidad de varias que contemplaba el anteproyecto.

La reforma fija también, por primera vez, los criterios que los jueces deberán ponderar para fijar la indemnización por daño moral, entre ellos la gravedad de las expresiones empleadas, la reincidencia del infractor o las repercusiones sociales de la intromisión. El proyecto final añade un criterio que no estaba en enero, el beneficio obtenido por quien causó la intromisión, incorporado a raíz de las alegaciones recibidas durante la información pública.

En ningún caso, señala el texto, la indemnización podrá tener carácter simbólico. Y a partir de ahora, si el perjudicado lo solicita, la sentencia firme que declare la intromisión podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, con la identidad de la persona condenada, el derecho vulnerado y el importe de la indemnización.

La reforma del derecho al honor forma parte del Plan de Acción por la Democracia que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2024. Aquel plan llegó semanas después de que Pedro Sánchez suspendiera su agenda pública durante cinco días, tras la admisión a trámite de una querella contra su esposa, Begoña Gómez, presentada por la asociación Manos Limpias.

El proyecto necesita ahora superar su tramitación parlamentaria, y ahí empiezan las dudas sobre su futuro. Al tratarse de una ley orgánica, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, algo que este Gobierno no tiene garantizado.

Otras iniciativas con apoyo teórico de los socios de investidura, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con Bildu en octubre de 2024, siguen bloqueadas en la Cámara Baja. Dirigentes del PSOE reconocen en privado que le resulta cada vez más difícil sacar adelante iniciativas legislativas.

Si Sánchez decide agotar la legislatura hasta su límite legal, el decreto de convocatoria electoral tendría que firmarse antes del 28 de junio de 2027. Cualquier ley orgánica que no haya completado su tramitación en el Congreso y el Senado para entonces decaerá,y su futuro dependerá de las mayorías que salgan de las próximas elecciones.

En mi preadolescencia, cuando empecé a interesarme por algo más que jugar y discutir con mi hermana mayor, descubrí un periódico llamado El Caso, que cada vez que lo veía en el kiosko me hacía sentir auténtico pavor.

Lo combatía leyendo ávidamente a Lovecraft y EA Poe y viendo en la tele, única en esa época, las Historias para no dormir de D. Narciso Ibáñez Menta.

El Caso lo veía en el kiosko del Marqués, el hombre más admirado por mí del barrio porque tenía TODO lo que a mí más me gustaba del mundo: los libros de Los 5 de Miss Enid Blyton, que fueron mi aprendizaje de vida en todos los sentidos, lápices y pinturas de Staedtler y la maravilla de las maravillas, la pluma Parker.

Marqués tenía la costumbre de merendar cada tarde una sardina vieja que aplastaba en el papel de estraza y, como no debía de sentarle muy bien, tomaba en el cuenco de la mano una porción de bicarbonato. Un día me lo dio a probar, supongo que ante mi cara de "a qué sabrá", y comprendí que algo malo tenía que pasarle para insistir a diario.

El mayor éxito del Marqués eran sus cajones de madera llenos a rebosar de novelas de segunda mano de Marcial Lafuente Estefanía y Corín Tellado.

El cliente compraba una nueva y eso le daba derecho a poder cambiarla después por una pequeña cantidad. Era un negocio redondo.

Yo soñaba con relevarle en el negocio y me encantaba zascandilear por allí con su permiso. Esto venía a cuento de El Caso.

Era el periódico donde se publicaban con todo tipo de detalles los crímenes de este país entonces franquista y miserable y donde, por cierto, también se publicaban los asesinatos del régimen.

Con la democracia se hizo una serie excelente de TV sobre los criminales más "famosos". Estos días le doy vueltas al hecho de que procuro no ver las noticias y huyo de cualquier tipo de debates sobre el país y el mundo en general, con el gusto que he sentido siempre por la información.

Y caigo en la cuenta de que el mundo es un enorme El Caso para mí.

Apenas hay noticias que le hagan a una saltar de la cama contenta porque se avanza en derechos, se respeta el medio ambiente, a los seres humanos y tantas buenas noticias del pasado. Recuerdo la alegría que sentí cuando se decidió restringir los plásticos en los súper, cada cual tenemos nuestras fobias, y hoy el resultado es el pago de las bolsas de plástico si has olvidado llevar la tuya. Una genialidad.

Hoy las noticias se han convertido en un infierno en la tierra y no tienen visos de mejorar; al contrario, cada día peor.

¿Qué pasa con la gente? ¿Qué hace que estemos tan enfadados todos con todo?

¿Por qué nos caen mal el pobre de la esquina, el que hace malabares en el semáforo y las/los que cuidan y limpian a los viejos de este país y recogen las fresas que tanto les gusta desayunar a nuestros niños, y se pide que se vayan a su pueblo, nación o es igual a dónde? La pobreza asusta y nadie la quiere cerca.

Hemos olvidado que antes los pobres éramos nosotros.

Cuando olvidamos lo que es la SOLIDARIDAD, nos volvemos huraños y malpensados y queremos que nos pongan a toda costa una alarma VERISURE, léase VERISHIUR, y que nuestros nietos no vean Los SIMPSON porque es una familia problemática; en el trabajo rendimos más y no pedimos permisos, no nos vayan a despedir, y la vida no creo sinceramente que merezca mucho la pena.

Ser solidarios es sinónimo de buenas personas.

Querer el bien del otro como lo quieres para ti.

Luchar por el bien común como norma de vida da aire a los pulmones. ¿Por qué entonces parece que nos estamos ahogando en pura mierda?

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M.Isabel Reboredo Castiñeiras es socia de infoLibre.

En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.

Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.

“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”

El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.

“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.

En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.

El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.

Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.

Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.

El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.

Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.

Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.

Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.

Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”

Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.

“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.

Traducción de Miguel López

El 15 de junio, la Arcom (la autoridad reguladora francesa de la comunicación audiovisual y digital) llamó por fin al orden a CNews por la omnipresencia en su programación de sus obsesiones racistas sobre la inmigración y el islam, y le envió un requerimiento. La Arcom reprocha a la cadena que conceda un espacio desmesurado a una “corriente de pensamiento y opinión”, sin nombrar explícitamente a la extrema derecha. Si no cumple con las normas de pluralismo, CNews se arriesga a sufrir sanciones más severas. Las 28 amonestaciones anteriores, con un total de 631.001 euros en multas, no han surtido ningún efecto. Para Alexis Lévrier, historiador de los medios de comunicación, la Arcom no cuenta, sin embargo, ni con los medios ni con la independencia necesarios para regular un imperio mediático tan poderoso como el de Vincent Bolloré. Profesor titular de la Universidad de Reims (Marne), Lévrier es también uno de los coautores del libro El proceso Bolloré. Los medios del odio ante los tribunales, una obra colectiva del Fondo para una Prensa Libre publicada por la editorial Le Détour.

Mediapart: El jueves 25 de junio, Maxime Saada, presidente del consejo de administración de Canal+, alertó en Le Figaro de la “amenaza”, según él, de “un cierre” de CNews. ¿Es esto señal de cierto nerviosismo del imperio Bolloré ante la Arcom?

Alexis Lévrier: Maxime Saada defiende a su grupo, está cumpliendo con su función. Lo grave no es su artículo de opinión, sino la reacción de Gérard Larcher: el presidente del Senado, invitado en CNews junto a Laurence Ferrari, explica que está totalmente de acuerdo con dicho artículo y arremete contra la Arcom. Aunque afirma que la Arcom es independiente, considera que debería actuar contra Radio Nova y no contra CNews. Llega incluso a criticar la decisión del Consejo de Estado que, en 2024, instó a la Arcom a tener más en cuenta el pluralismo y a aplicar mejor la ley de 1986 [relativa a la libertad de comunicación].

En otras palabras, Gérard Larcher arremete en el mismo programa contra dos contrapoderes. Se trata de un discurso de extrema derecha, pronunciado por una figura clave del Estado, que, por otra parte, se supone que encarna a la derecha tradicional. En el ámbito mediático ya se ha producido la unión de las derechas; más exactamente, la adhesión de la derecha a la extrema derecha. Esta secuencia es prueba de ello.

En su requerimiento, la Arcom denuncia la ”sobrerrepresentación de una corriente de pensamiento y de opinión” sin nombrar claramente a la extrema derecha. ¿Por qué?

La Arcom es una autoridad históricamente bastante débil. Existe el peso del poder político y el de la extrema derecha mediática. Hoy en día, esta última desempeña en el debate público un papel sin precedentes desde la época de la colaboración. Tomemos como ejemplo Frontières: no tienen carné de prensa, es un grupúsculo fascista. Hay que llamar a las cosas por su nombre.

Porque a finales de enero de 2025 se colaron en las oficinas de la Arcom, coincidiendo con la llegada de Martin Ajdari, el nuevo presidente, para infundir miedo. Yo creo que la gente [de la Arcom] tiene miedo. La comisión de investigación sobre el sector audiovisual público se ha convertido en un alegato contra la Arcom. Durante la primera comparecencia de Martin Ajdari, llegaron incluso a atacar a su hijo, fue alucinante. Así que los dirigentes de la Arcom tienen miedo, y con razón. Pero se equivocan al ceder ante ese miedo.

¿Por qué tiene razón la Arcom al tener miedo?

Porque las presiones de la extrema derecha son enormes y porque la Arcom no cuenta con ningún apoyo por parte del poder político. Esto se ve claramente en el propio presidente, que nunca ha apoyado a las redacciones amenazadas por el imperio Bolloré, o en el presidente del Senado. Todo el Ejecutivo ha dado la espalda a la Arcom, que se encuentra sola, al igual que otros pocos contrapoderes que aún perduran: la justicia, el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado.

En este sentido, el macronismo es lo que podríamos llamar “el extremo centro”. No son gente de extrema derecha, sino personas que, con su debilidad, allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder.

En febrero de 2025, usted fue objeto de una campaña de ciberacoso y amenazas de muerte. En aquel momento, CNews había puesto su nombre en la picota en directo, porque usted la había criticado en una entrevista concedida a L’Opinion.

Lo que me hicieron a mí, lo hacen constantemente. Es su modus operandi. Lo que me preocupa, más allá de mi caso, es el efecto que esto tiene en la universidad. Tengo compañeros mucho más competentes que yo en estos temas, y cuando les daba a los periodistas sus datos de contacto, siempre volvían a recurrir a mí, porque esos compañeros ya no querían hablar. Ahora sé por qué: he hablado con ellos y han vivido exactamente lo mismo que yo. Y por eso estos compañeros, cuyos nombres no voy a revelar para protegerlos, han dejado de hablar de CNews.

Usted ha presentado una denuncia y ha conseguido que se levante el anonimato de sus acosadores en Internet. ¿Cuál es su perfil?

Son muy diferentes, pero tienen un punto en común: todos son hombres blancos. No son militantes de la RN, sino padres de familia que, tras una pantalla, se permiten este tipo de cosas. Esto me recuerda el final de La peste, de Camus: “El bacilo de la peste nunca muere ni desaparece”. Y ahí está, ha vuelto, y es este ecosistema mediático el que ha permitido su regreso.

¿Ha habido alguna vez, a lo largo de la historia, vínculos tan fuertes entre la extrema derecha y un imperio mediático?

La verdadera comparación no es histórica, sino geográfica: el modelo de Vincent Bolloré es Rupert Murdoch, de quien se dice que se pasó la vida ganando elecciones a las que ni siquiera se había presentado. Porque se trata de alguien que se mantenía al margen de sus medios de comunicación, pero que manipulaba el mundo político, que era capaz de lanzar campañas de prensa contra tal o cual personalidad utilizando, por ejemplo, sus medios sensacionalistas.

Murdoch ha desarrollado auténticos imperios —en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia— que tienen una capacidad para moldear la opinión pública muy comparable a la del imperio Bolloré, construido también con la idea de la concentración, horizontal pero sobre todo vertical. Un imperio tan desarrollado, con actividades tan complementarias entre sí y un proyecto ideológico tan manifiesto, es algo que nunca se ha visto en Francia.

¿Tiene la Arcom los medios para llevar a cabo sus misiones, sobre todo frente a CNews?

No, no lo creo. Sobre todo porque si esta autoridad se llama Arcom, y ya no CSA [Consejo Superior de lo Audiovisual], es porque el CSA se fusionó [en 2022] con la Hadopi [para dar lugar a la Arcom]. Con una plantilla que apenas ha aumentado, también debe gestionar la actividad en Internet. Su tarea es de una envergadura considerable. Y, en cualquier caso, el modo de nombramiento de sus dirigentes les impide actuar de verdad. Si se quiere una autoridad reguladora independiente, habría que cambiar el modo de designación.

¿Es un órgano político?

Con algunos dirigentes, entre ellos Roch-Olivier Maistre [presidente del CSA y posteriormente de la Arcom entre 2019 y 2025], se ha hecho un esfuerzo por la independencia, aunque sin duda insuficiente. Hoy en día se ve claramente que se están ejerciendo de nuevo enormes presiones sobre la autoridad reguladora. La novedad es que estas presiones provienen de la extrema derecha o de un poder político que, al igual que Gérard Larcher, quiere ganarse el favor de Vincent Bolloré.

Por eso, las próximas elecciones de 2027 serán una especie de prueba de resistencia para la democracia. Si sobrevivimos a estos innumerables ataques contra nuestro modelo democrático, habrá que retocarlo todo, reformar la ley sobre la concentración de los medios de comunicación de 1986 y refundar la Arcom sobre nuevas bases, dotándola de los medios financieros y, sobre todo, políticos necesarios para su independencia.

Pero, mientras tanto, ¿qué solución queda para contrarrestar la influencia de CNews? ¿Hay que “bloquear” ese canal?

¡Más que nunca! A finales de mayo, Le Monde reveló que, con Xenia Fedorova [la exdirectora del canal ruso RT France], el propio Bolloré está bajo la influencia rusa. [Ella] influye no solo en el tratamiento de la actualidad internacional, sino también en la composición de los platós. Ella es la que decide quién es invitado y quién no. Hay que recordar que Europa ha prohibido RT France y Sputnik, otro medio hostil a Francia.

Esto ya no es competencia de la Arcom: el imperio Bolloré es hoy una amenaza para la seguridad interior y para la propia vitalidad de lo que queda de democracia en Francia.

El partido entre la democracia y el imperio Bolloré se decidirá en los próximos meses, sin duda coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2027. Y, llegado un momento, incluso lo que queda del bloque central se verá obligado a tomar una decisión. ¿Cómo salvar la democracia? Hay que empezar por votar y esperar que nuestros futuros dirigentes sean conscientes de lo que nos jugamos.

Traducción de Miguel López

La desigualdad en el periodismo español sigue siendo una de las paradojas más agudas del mercado laboral contemporáneo: una profesión feminizada masivamente desde hace años en sus bases y en las aulas, pero que mantiene una estructura de mando rígidamente masculina en sus niveles de decisión.

A pesar de que las mujeres representan desde hace tiempo la mayoría de los graduados y una parte esencial de las redacciones, su acceso a los puestos de alta dirección no solo se ha estancado, sino que los datos más recientes de 2025 sugieren un preocupante retroceso estructural.

El año 2025 marcó un punto de inflexión negativo para el liderazgo femenino en la prensa de referencia en España. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el número de mujeres ha descendido.

Este retroceso se ha hecho patente en cabeceras con mucha visibilidad. En junio de 2025, el diario El País relevó a Pepa Bueno —quien dirigía el medio desde 2021— para nombrar a Jan Martínez Ahrens. Casi simultáneamente, en la prensa económica, Amanda Mars fue sustituida al frente del económico Cinco Días por Ricardo de Querol. Estos movimientos han provocado “una descapitalización del liderazgo femenino en los nodos de decisión estratégica del Grupo Prisa”, según la APM, devolviendo estos puestos a perfiles masculinos y restableciendo pautas históricas de mando.

Actualmente, el panorama en las grandes cabeceras impresas es desolador para la paridad. De las 15 principales cabeceras de prensa en España, según el Estudio General de Medios (EGM), solo el diario económico Expansión, controlado por el grupo italiano que también posee El Mundo, cuenta con una directora, Ana Isabel Pereda, nombrada en 2010.

Al margen de eso, solo hay cuatro excepciones en papel, las dos primeras del grupo Editorial Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll. Se trata de Gemma Martínez, quien acaba de asumir la dirección del catalán El Periódico, y de Isabel Morillo, al frente de El Correo de Andalucía desde enero de 2024. A las que hay que sumar otras dos, también de ámbito local y regional: Esther Vera en el diario Ara y Teresa Cobo en La Rioja, del grupo Vocento.

Si incluimos en el análisis las cabeceras digitales, hay pocas excepciones. La primera entre los generalistas es infoLibre, dirigido por una mujer: Virginia P. Alonso asumió el cargo en marzo de 2025, después de liderar la redacción de publico.es, un caso único en el periodismo español. La segunda es el huffingtonpost.es, la versión del digital estadounidense propiedad del grupo Prisa, al frente de la cual está Laura Riestra desde junio de 2025.

La fotografía más reciente de la cúpula de los medios de prensa en España la ofrece un mapa elaborado con datos actualizados a marzo de 2026 por otra excepción: lamarea.com , dirigido desde 2015 por la periodista Magda Bandera. El resultado es contundente: 64 de los 219 directivos de los principales medios impresos y digitales del país son mujeres. Menos de tres de cada diez.

Los números se vuelven más elocuentes cuando se bajan al detalle. En El País, la dirección tiene 4 mujeres de 14 puestos directivos en los niveles analizados. En El Mundo, 3 de 11. En La Vanguardia, 4 de 14. En Abc, 1 de 9. En los consejos de administración y presidencias la proporción empeora: en varios de los grandes grupos, la cifra es de una mujer sobre cinco, cuatro u ocho hombres.

Entre los medios digitales el panorama es algo menos uniforme. eldiario.es, infoLibre o publico.es presentan mayor presencia femenina en sus estructuras que las cabeceras impresas tradicionales. Pero incluso allí la paridad no es la norma.

Las facultades de comunicación llevan años con un desequilibrio llamativo: entre el 70% y el 80% del alumnado son mujeres, y sus notas medias superan a las de los hombres —6,83 frente a 6,64, según estudios de caso. La cantera es femenina. El problema está en lo que ocurre después.

En las redacciones, las mujeres representan más del 52% del personal contratado. Son la base operativa de las empresas informativas. Pero a medida que se asciende en la jerarquía, esa mayoría se evapora. Y fuera del mercado laboral, el paro también se ceba con ellas: el 62% de los periodistas desempleados que buscan empleo como primera opción son mujeres, frente al 38% de hombres, según datos del SEPE.

La literatura académica sobre el tema ha ido abandonando la metáfora del techo de cristal —la barrera final y visible— para sustituirla por imágenes más precisas. Como la formulada en 2007 por Alice H. Eagly y Linda E. Carli, investigadoras de Northwestern y Wellesley College respectivamente. La imagen que propusieron es la del laberinto: no hay un muro al final de la carrera, sino obstáculos distribuidos a lo largo de toda la vida laboral. Entre ellos, los prejuicios sobre la autoridad femenina y la exclusión de las redes informales donde se deciden ascensos y mentorías, espacios de socialización masculinos a los que las mujeres raramente acceden. Un recorrido de obstáculos continuos —prejuicios en la promoción, resistencia cultural al liderazgo femenino, cargas familiares desiguales— que se acumulan a lo largo de toda la vida laboral.

La transición digital no ha roto la desigualdad. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados.

La tecnología ha añadido un tramo más al recorrido. En las escuelas de ingeniería, las mujeres representan el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

A las barreras verticales se suman las horizontales. Las mujeres son empujadas hacia secciones consideradas blandas —sociedad, cultura, consumo— mientras que los espacios con más peso simbólico y proyección pública —política, economía, opinión— siguen dominados por hombres. En las páginas de opinión, la cifra es elocuente, igual que en las tertulias y en la presentación de espacios informativos y de actualidad.

Resulta revelador contrastar la situación de los medios convencionales con el sector de la comunicación corporativa e institucional, que tradicionalmente ha funcionado como un entorno más igualitario. Hasta hace poco, la representación femenina en puestos directivos de departamentos de comunicación era significativamente superior a la de las redacciones, llegando a alcanzar el 65%.

Sin embargo, incluso este refugio profesional está mostrando signos de fatiga en términos de igualdad. Los datos de 2024 indican que la mujer ha perdido presencia en estos cargos directivos, cayendo del 65% al 52% en apenas un año. Este dato refuerza la tesis de que el techo de cristal no es un problema que el tiempo solucione por sí solo, sino que requiere cambios estructurales profundos en la cultura organizacional.

La desigualdad no se detiene en los organigramas. Afecta también a las condiciones materiales del trabajo. En estudios regionales se ha detectado que las periodistas cobran hasta 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha que se abre en una profesión donde la precariedad ya es norma compartida.

Las jornadas tampoco ayudan. El 56% de los periodistas trabaja más de 40 horas semanales, y una parte significativa supera las 45. Esa disponibilidad permanente es difícilmente compatible con una distribución desigual de las cargas domésticas, que en España sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

El desgaste tiene consecuencias medibles. Alrededor del 66% de los profesionales afirma sufrir problemas de salud mental relacionados con la precariedad y la presión laboral. Para las mujeres, esa presión tiene una capa adicional: la exigencia de demostrar de forma continua una competencia que a sus compañeros varones se les presupone.

La transición digital no ha paliado el problema. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados. En las escuelas de ingeniería, las mujeres siguen siendo minoritarias: representan, por ejemplo, el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

La ausencia de mujeres en esos equipos técnicos tiene consecuencias concretas, según los expertos. Los sistemas de IA tienden a replicar los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados, lo que genera un sesgo de género algorítmico que se cuela en herramientas que afectan a la selección de contenidos, la distribución de la audiencia y la visibilidad de las firmas.

El entorno digital ha traído además nuevas formas de violencia. Las periodistas sufren de manera desproporcionada campañas de acoso en línea y discursos de odio, que actúan como mecanismo de silenciamiento en la esfera pública digital.

La conclusión es que el tiempo y la formación superior de las mujeres están lejos de ser capaces de derribar las barreras de género en el periodismo español. Las facultades siguen graduando a una mayoría de mujeres, y los despachos de dirección siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Para subvertir esa inercia, expertas en igualdad como Marta Ortiz y Mª Angustias Bertomeu proponen estrategias que van desde la implantación de cuotas y medidas de acción positiva en los consejos de administración hasta un pacto de reconocimiento entre las propias profesionales para visibilizar genealogías femeninas y fomentar el liderazgo. Sin una transformación de la cultura masculina de las empresas periodísticas, el periodismo seguirá siendo una profesión escrita mayoritariamente por mujeres que sigue siendo pensada y dirigida por hombres.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató Plus Ultra en 2021 —junto a otras compañías—, Vox convirtió esa decisión en una ofensiva total contra la supuesta corrupción del Ejecutivo, llegando incluso a personarse como acusación popular en la causa. Pero la formación ultra la dejó morir años después y no recurrió el archivo. Un contraste entre su estrategia política —que también ha ido variando— y su actuación procesal que resulta aún más llamativo a la luz de las nuevas revelaciones de infoLibre sobre las gestiones realizadas por el empresario de medios Julio Ariza y el exjuez Manuel García-Castellón para evitar que el partido siguiera perjudicando a la compañía.

Así, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, acudió a Ariza en la recta final de la instrucción para que el partido de Santiago Abascal no recurriera el archivo de la causa. La gestión, según se deduce de las conversaciones entre los directivos de la compañía a las que ha tenido acceso infoLibre, dio sus frutos. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció en ese grupo de WhatsApp Julio Martínez Sola el 12 de enero de 2023, seis días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. De ahí se desprende que el empresario contactó con algún miembro de la cúpula de Vox que le indicó que no iban a dar más pasos judiciales.

Tal y como publicó este periódico, el juez Manuel García-Castellón también se postuló para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir en ese encuentro del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional con el dirigente de Vox era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no intentara reabrirla. Y, según esos chats internos, la presión de ambos surtió efecto.

Así, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo de la investigación sobre la legalidad del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vox hizo el amago de presentar recurso aunque al final desistió —el PP tampoco recurrió— y la causa quedó definitivamente archivada. Las nuevas informaciones reveladas por infoLibre aportan ahora un contexto nuevo en el que se enmarcaría aquella decisión, aunque la formación de Abascal niega de manera rotunda que se produjera tanto esa reunión con García-Castellón en marzo de 2022 como que Ariza intercediera para tratar de convencerle de que Vox no recurriera el archivo.

Más allá de las gestiones que se desprenden de esos chats en los que figuran referenciados tanto García-Castellón como Ariza, lo cierto es que sí se produjo un cambio en el discurso y la estrategia de la formación ultra a partir de 2023. El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, que se saldó con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia. El fondo, a su vez, dependía de la SEPI y tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.

Rápidamente tanto Vox como el PP situaron el foco sobre la propia operación de rescate, cuestionando la solvencia de Plus Ultra y reclamando solicitudes de información al Gobierno sobre el expediente del rescate, además de registrar preguntas parlamentarias sobre por qué Plus Ultra había sido considerada empresa estratégica y alimentar la duda de una intencionalidad política en la operación a través de entrevistas y comparecencias públicas. 

Es más, la formación de Abascal presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la SEPI, criticaron sus informes y denunciaron la vinculación de los accionistas de la compañía con Venezuela. “Han concedido soporte financiero a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas conforme a sus criterios”, denunciaba ante el Congreso el diputado de Vox Víctor González. “¿Por qué se ayuda a empresas amigas que no reúnen los requisitos y al tendero de la esquina del barrio no?”, planteaba.

Sin embargo, con el archivo de la causa en 2023, las prioridades políticas de la formación cambiaron. Y, tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año, el eje del discurso ya no se situó en la compañía. Plus Ultra dejó de ser el objeto principal de la crítica para convertirse en el escenario sobre el que Vox construyó un relato centrado casi exclusivamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Venezuela y una supuesta trama de influencias políticas encabezada por Pedro Sánchez. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por la formación durante los últimos meses reflejan ese desplazamiento. La mayoría de las comparecencias solicitadas y de las preguntas registradas se dirigen a esclarecer el papel del expresidente del Gobierno, de responsables de la SEPI o del Ejecutivo actual, mucho más que la actuación de la propia compañía o de sus administradores. Es más, el propio Abascal trató de restarle peso a la trama en una reciente entrevista con NTN24, un canal de televisión colombiano dirigido a la comunidad de América Latina.

“Hemos pedido la prisión preventiva y la retirada del pasaporte para que Zapatero no pueda huir de España ni destruir pruebas. Creemos que la gravedad de las acusaciones es extraordinaria, que la contundencia del auto del juez Calama es evidente y que todo apunta a la comisión de gravísimos delitos. Y, además, pensamos algo que todavía es más importante: que el caso Plus Ultra es solo la punta del iceberg. Es, probablemente, el caso pequeño dentro de los casos de corrupción que podrían afectar a Zapatero y al Gobierno”, señala el líder de Vox, que insiste antes de finalizar la pregunta en que “el caso de Hidrocarburos de Venezuela” es más grave. “Algunos han estado enriqueciéndose y aprovechándose del sufrimiento de los venezolanos”.

Ese cambio de foco coincide con otro hecho llamativo. Mientras que, en un primer momento, el partido había mantenido una intensa ofensiva política sobre qué había detrás de ese rescate, ahora su líder lo reduce a un “caso pequeño” dentro de la corrupción del Ejecutivo. Los ultraderechistas no entran tampoco a valorar la estrecha relación entre Manuel García-Castellón y Julio Martínez Sola, la utilización de la sede de Plus Ultra como dirección profesional del exmagistrado tras su jubilación ni la entrevista concedida desde esas oficinas a Telemadrid, tal y como ha ido publicando este periódico. Tampoco han emitido ninguna explicación pública sobre la decisión de no recurrir el archivo de la causa, como reclamaban los directivos, y las fuentes del partido consultadas simplemente señalan que “están personados” en la misma.

La información revelada por infoLibre también apunta a la posición de Julio Ariza dentro del ecosistema político y mediático de Vox. Aunque nunca ha ocupado responsabilidades orgánicas en el partido, distintos exdirigentes de la formación han descrito reiteradamente a la familia Ariza como uno de los principales centros de influencia alrededor de Santiago Abascal. En los últimos meses, antiguos cargos de Vox han denunciado públicamente el peso que, a su juicio, ejercen tanto Ariza como su entorno familiar sobre las decisiones estratégicas del partido y su aparato mediático.

Julio Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía, candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019, “hombre del Opus” según la exdirigente de Vox Macarena Olona, ligado a la secta integrista El Yunque según el exdirector de La Gaceta Carlos Dávila y muy críticos con las vacunas durante la pandemia del covid. Lo que se conoce de él y su familia apunta a que su expansión en el aparato de Santiago Abascal no se ha detenido. Abascal –opina Olona en su libro– es el “director de orquesta de las almas de Vox, juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en El Yunque, en Miami o en Irán”.

La relación entre Vox y el grupo Intereconomía ha sido, además, especialmente estrecha desde los primeros años de la formación. Ariza impulsó posteriormente el relanzamiento de La Gaceta, convertida hoy en uno de los principales altavoces del partido. Además, una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos que es una sucursal del de Marion Maréchal Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox; un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a un dirigente del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad impulsado por Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.

La posición de Vox respecto a Manuel García-Castellón constituye otro elemento relevante del contexto. Durante años, la formación defendió públicamente al magistrado frente a las críticas recibidas por algunas de sus resoluciones e hizo suyo el relato según el cual era objeto de ataques por investigar asuntos incómodos para la izquierda, especialmente para Podemos. El juez no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero, también archivada.

Por el juzgado de García-Castellón también pasaron algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional de los últimos años: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos para la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés. 

Hasta su jubilación en septiembre de 2024, Vox presentó públicamente a García-Castellón como un magistrado atacado por el Gobierno de Sánchez y sus socios por investigar causas incómodas para el independentismo y manifestó que todas las críticas formaban parte de una “campaña orquestada” por el Ejecutivo para “blanquear” a los separatistas catalanes y defender la amnistía”. Es más, los de Abascal pidieron la reprobación de la entonces ministra Teresa Ribera y llevaron el caso a Bruselas en defensa de la independencia judicial.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo, el plató del canal digital EDA TV, para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las condiciones básicas para que el periodismo pueda ejercerse con libertad han empeorado en España durante el último ejercicio. El ámbito de la protección fundamental del periodismo ha pasado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto entre 2025 y 2026, según la última edición del Media Pluralism Monitor (MPM), el informe con el que la Unión Europea mide cada año los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en sus Estados miembros.

Esta área evalúa concretamente cuatro cosas: que haya salvaguardias legales eficaces para la libertad de expresión, que exista el derecho a buscar y difundir información veraz, que las condiciones para ejercer el periodismo sean favorables y que la autoridad reguladora de los medios sea independiente y eficaz. Se descompone a su vez en cinco indicadores: protección de la libertad de expresión, protección de la integridad de la información, protección del derecho a la información, profesión periodística (estándares y protección), e independencia y efectividad de la autoridad mediática.

El informe, publicado este lunes, evalúa el ejercicio 2025. Lo elabora un equipo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, coordinado por Jaume Suau Martínez, bajo la supervisión del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, de referencia para las instituciones europeas.

El documento atribuye el deterioro en el área de la protección fundamental al proyecto de ley del Gobierno para la gobernanza de los servicios digitales, al entender que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenar la retirada de contenidos en internet. Hasta ahora, esa potestad corresponde solo a los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 estableció que únicamente un juez puede autorizar el bloqueo o la retirada de contenidos digitales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advirtió de que trasladar esa facultad a un organismo administrativo elude las garantías procesales de la vía judicial. 

En realidad, lo que persigue ese proyecto de ley no es que la CNMC pueda retirar contenidos, sino que, en consonancia con la ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su nombre oficial en inglés), pueda actuar como autoridad supervisora del marco digital, no como un censor general de contenidos. La retirada, en el esquema europeo, suele depender del tipo de contenido, del prestador de servicios y de los procedimientos de notificación, con obligaciones y garantías distintas para cada caso.

El indicador de integridad de la información subió hasta riesgo alto por el mismo motivo. El resto de variables del área, como la protección del derecho a la información o las condiciones de la profesión periodística, se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior.

Entretanto, reprocha el informe, la difamación (injurias, calumnias y delitos contra el honor) continúa siendo un acto delictivo penal en España. Los artículos 205 y 208 del Código Penal que prevén penas de hasta dos años de prisión siguen en vigor.

El país carece todavía de una legislación específica contra las demandas estratégicas destinadas a silenciar a periodistas, conocidas como SLAPP. Y eso a pesar de que un estudio de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo situó a España en segundo lugar de la Unión Europea por número de casos SLAPP entre 2022 y 2023, con el 17% del total registrado en el bloque.

Es verdad que el Gobierno prevé trasponer la directiva europea contra estas demandas, como prometió en el Plan de Acción por la Democracia de 2025, pero diferentes asociaciones consideran insuficiente esa iniciativa si, como parece, se limitará a cubrir únicamente los casos transfronterizos.

El MPM se hace eco del informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2025, que sitúa la precariedad laboral como el principal problema estructural de la profesión. Un 45% de los periodistas encuestados gana menos de 2.000 euros mensuales. 

Y otro 70% declara además un deterioro de su salud mental. La plataforma Mapping Media Freedom registró diez agresiones físicas y 19 casos de agresión verbal contra periodistas españoles durante 2025.

La pluralidad del mercado sigue siendo, en términos absolutos, el ámbito con más riesgo del sistema mediático español, según este Monitor. Su calificación pasó de riesgo alto a riesgo medio-alto, aunque el cambio responde sobre todo a una revisión metodológica.

El indicador de transparencia en la propiedad de los medios incorpora ahora los requisitos del artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Por eso, el dato de este año no es estrictamente comparable con el de informes anteriores.

El EMFA entró en vigor en toda Europa el 8 de agosto de 2025. Pero la norma que debía adaptar la legislación española a sus exigencias, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, sigue sin aprobación parlamentaria. Mientras no entre en vigor, no hay nadie que supervise el cumplimiento de las reglas de transparencia sobre la propiedad ni los conflictos de intereses de los medios.

A su vez, el indicador de concentración de la propiedad y de audiencias empeoró hasta situarse en riesgo muy alto. Los niveles de concentración se mantuvieron por encima del 75% en televisión, radio y prensa escrita durante 2025.

Y el de independencia política de los medios del MPM empeoró también hasta riesgo medio-alto. España continúa sin una norma específica que impida a actores políticos poseer o controlar medios de comunicación, según recoge el informe.

La gobernanza de RTVE concentra buena parte de las preocupaciones del área después de que el Consejo de Informativos de la corporación denunciase en septiembre de 2025 que no había sido consultado sobre varios nombramientos directivos, pese a que el Estatuto de Información obliga a esa consulta.

El informe también se hace eco de que, en diciembre de 2025, representantes de los comités de empresa de doce radiotelevisiones autonómicas trasladaron al Congreso sus quejas por la interferencia política en las redacciones. Agrupados en la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, también denunciaron procesos de privatización en sus respectivas cadenas.

El Mandato Marco de RTVE sigue sin actualizarse desde hace más de quince años. Su aprobación requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios que el Congreso no ha logrado reunir.

Por su parte, la igualdad de género en los medios de comunicación se mantuvo en riesgo alto. Las mujeres ocupan únicamente el 6% de los puestos de dirección editorial en los principales medios informativos españoles.

En el sector audiovisual privado, la presencia femenina en consejos de administración y cargos ejecutivos no llega al 20%. En los medios regionales, la proporción de mujeres en la dirección editorial alcanza el 37%.

El Global Media Monitoring Project registró en su edición de 2025 que las mujeres aparecen como expertas o comentaristas solo en el 32% de las informaciones. La puntuación de España en el índice GEM-I, que mide la brecha de género en los contenidos informativos, empeoró de -27.235 puntos en 2020 a -35.639 puntos en 2025.

La diversidad cultural y lingüística en los medios también se mantuvo en riesgo alto. El Gobierno español no reconoce oficialmente la existencia de minorías nacionales, lo que el informe vincula a la ausencia de un marco legal que garantice la representación de comunidades como la población gitana.

Los disturbios de Torre-Pacheco, en julio de 2025, pusieron a prueba el sistema de detección de discurso de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su herramienta FARO detectó 138.204 contenidos potencialmente constitutivos de discurso de odio durante el episodio.

El MPM recuerda que solo se retiró el 22% de esos contenidos mientras duraron los disturbios. Tras la presión de la ministra de Inclusión y la creación de grupos de trabajo con las plataformas digitales, la tasa de retirada subió del 45% en el tercer trimestre de 2025 al 51% en noviembre.

Los medios comunitarios, reconocidos legalmente desde 2010, continúan sin acceso garantizado al espectro radioeléctrico. El informe contabiliza menos de cien emisoras de radio comunitaria en España, ninguna de ellas formalmente autorizada.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios  (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.

La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.

ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.

Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.

Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.

El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.

La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.

Presiones en IB3 y huelga en la radiotelevisión catalana

La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.

El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.

La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.

La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.

En más de 45 años de trayectoria profesional vinculada al mundo de la televisión, el periodista y ejecutivo de la televisión José Miguel Contreras (Madrid, 1958) ha participado en la creación de media docena de canales de televisión. Desde hace cinco años ha promovido junto a otros profesionales la creación de una nueva cadena de televisión nacional que considera “necesaria, casi indispensable”. Cree que el actual modelo televisivo español “lleva anclado más de veinte años sin haberse adaptado a los cambios sociales y tecnológicos vividos durante este período”. José Miguel Contreras es, además, uno de los principales accionistas de infoLibre. 

“En estos momentos se está conformando el equipo de arranque de lo que será la séptima cadena nacional de televisión en España, que verá la luz en otoño. Sabemos el límite máximo que marca el concurso que dio lugar a esta concesión pública. Tiene que estar en emisión antes del 28 de noviembre, pero no puede estar antes de lo que ya se conoce como el día R, que es un día en el que todos los españoles que quieran acceder a las nuevas señales de ultra alta definición y también a este nuevo canal, tendrán que resintonizar los televisores. Ese día que no está aún fijado. Lo decide la Administración junto a todos los operadores televisivos. No sabremos la fecha exacta, pero creemos que más o menos será en otoño, entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Es lo que tenemos calculado como día de arranque de esta nueva oferta televisiva”.   

“Es un proyecto muy difícil, muy complicado. Hoy en día el mercado publicitario en televisión está bajando y ya hay prácticamente 30 cadenas de televisión en abierto operando en España. Por tanto, el proyecto es bastante disuasorio y mucha gente que incluso ha criticado el concurso, aunque en realidad no se han querido presentar porque no creían en que podían llevarlo adelante. Nosotros partimos de la base de que hay manifiestamente un hueco libre para una nueva televisión que represente nuevos valores, que represente nuevas formas de entender el negocio televisivo, sabiendo que es muy difícil, que es muy complicado. Creemos que, si hacemos un modelo televisivo industrialmente diferente a como se ha hecho hasta ahora y además unos contenidos también diferentes a los que hasta ahora se operan, puede que realmente haya un hueco que permita la viabilidad del nuevo canal”. 

"Va a ser un canal fundamentalmente de actualidad y fundamentalmente en directo. De actualidad, en el sentido más amplio que pueda uno imaginarse. Todas aquellas cuestiones que sean de interés público formarán parte de los contenidos del canal. La cuestión de los presentadores, que siempre es lo que más morbo y atención despierta, a día de hoy no hay un solo nombre firmado. Se está en una fase de otear el mercado, de ver la disponibilidad que existe. Tenemos la sensación de que vamos a poder ofertar un grupo de profesionales de primer nivel que realmente le den solidez y hagan el proyecto muy convincente, muy atractivo y muy ambicioso, que es en definitiva lo que pretendemos”. 

“En España existe claramente una desviación y una desproporción manifiesta entre medios conservadores y ultraconservadores y medios más ligados al mundo progresista. Esto es una realidad. Incluso hemos podido observar en los últimos tiempos un crecimiento aún mayor del sesgo conservador en medios que antes no tenían esa línea. En el caso de la televisión, hace casi 20 años se articuló un modelo en el que había unas cadenas importantes (Antena 3 y Telecinco) que mostraban un punto de vista más conservador, otro grupo de cadenas (Cuatro y Lasexta) que presentaban un punto de vista más progresista y una televisión pública claramente situada en un lugar fuera de todo sesgo político, abierta a todo tipo de opiniones y de discursos. Esto hoy en día no existe. El modelo está claramente desequilibrado. El desarrollo económico ha llevado a que prácticamente el sector televisivo está dominado por grupos que trasladan discursos marcadamente conservadores. Y exactamente igual ocurre en todo el mundo digital. Esto es una realidad, yo creo que absolutamente indiscutible”. 

“El nuevo canal se articulará en torno a la creación de un nuevo grupo de comunicación. Seguramente, hacer solo un canal de televisión en abierto hoy en día podría llevar a un desastre económico. La nueva comunicación, la nueva manera que tiene la gente de acceder a los contenidos de actualidad no tiene que ver solo con la televisión. Tiene que ver con un desarrollo digital muy potente y creciente, al que también se dirigen cada vez más la televisión y la publicidad. Por tanto, es importante entender que el nuevo proyecto, la nueva marca, no va a ser un canal de televisión, va a ser un ecosistema de medios diferentes en los que los diferentes contenidos que seamos capaces de crear se van a difundir. Contenidos dirigidos al mayor número posible de seguidores a través del mayor número de vías y de ventanas posibles”.  

“Sería un error manifiesto hacer una apuesta partidista cerrada. Si se quiere tener éxito, si se quiere llegar a una mayoría amplia, tienes que tener una posición que permita que el mayor número posible de gente se incorpore. ¿Esto quiere decir que es un canal o un grupo de comunicación o un medio sin personalidad, sin identidad? Pues no, todo lo contrario. Lo que sí queremos es que sea una identidad no vinculada, desde luego, a partidos políticos ni a ideologías concretas, sino a una manera de entender el mundo.  Desde esta perspectiva, sí apostaremos por la modernidad, apostaremos por la innovación, apostaremos por la diversidad, apostaremos por la ilusión, por el entendimiento colectivo, por encontrar espacios de creación de ilusiones de cara al futuro, de abrirnos no solo a la política, abrirnos a la cultura, abrirnos al entretenimiento, al humor, a todo aquello que interesa a gente que no le guste un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo de confrontación permanente, un mundo de gritos y que busque un espacio donde realmente la comunicación le aporte y no le reste ganas de compartir un espacio colectivo”.   

“Con el proyecto de la nueva cadena nacional de televisión pretendemos eso, lo decimos, que se considere la séptima cadena nacional. Por tanto, nuestras expectativas de audiencia están en meternos en ese grupo. Esto no es un proyecto de un pequeño canal de nicho en la TDT de los que existen. Se va a hacer una inversión significativa y potente que obliga a tener unas audiencias importantes y reseñables por el tipo de contenidos que vamos a hacer, que van a ir dirigidos sobre todo a gente urbana, a gente con una mentalidad joven, aunque no necesariamente deban tener esa edad, a una manera ilusionante de entender el mundo y con una mente abierta. Claramente nuestros rivales de audiencia serán en el sector público La 2 y en el sector privado Cuatro y LaSexta. En ese mundo nos tenemos que mover. ¿Cuánto tardaremos en llegar a competir en audiencia con ese tipo de canales? Es una incógnita. Esperemos que sea lo antes posible, pero nuestra aspiración, desde luego, es formar parte de esa competencia”. 

“Parece indudable que la nueva cadena de televisión va a ver la luz en un momento de especial intensidad, que será el arranque de la nueva temporada política. Ahora estamos justo en el final de un periodo político especialmente convulso, casi diría violento en términos del debate público. Por otro lado, suele ser bastante habitual y ya estamos acostumbrados. La oposición ha intentado en las tres temporadas anteriores, siempre lo mismo, derribar al gobierno antes del verano. Una vez más, no lo ha conseguido. Una vez más, el Gobierno sigue, por lo que hemos oído esta semana al presidente del Gobierno en el Parlamento”. 

“Se ha visto un crecimiento enorme de la tensión política trasladada tanto desde el mundo de los partidos de la derecha como de sus medios de comunicación afines. Y esta sensación general de desasosiego creo que impregna ahora mismo nuestra sociedad. La polarización está entrando en una especie de secuestro emocional, como decía Daniel Goleman hace unos años. Cuando las pasiones predominan sobre la razón es muy difícil entenderse, es muy difícil hablarse y es muy difícil distinguir lo que es un estado de ánimo de los hechos reales. Cuando los medios de comunicación y los políticos lo que trasladan no son opiniones concretas o relatos de los hechos, sino estados de ánimo para mucha gente supone un impacto muy vívido. Es algo que sientes en tu piel y es muy difícil que te digan que eso es sólo una percepción. Lo que ocurre es que ese sentimiento no tiene por qué coincidir con los hechos reales de lo que está pasando. Y esta disociación entre el estado de ánimo y la realidad es lo que deberían los medios de comunicación aclarar, separar la opinión de lo que son los hechos reales”. 

“La corrupción es evidente que es noticia. Ha habido un caso particularmente relevante, el caso Ábalos, que recientemente ha sido sentenciado de forma más que contundente. ¿Hasta qué punto la corrupción está sobredimensionada teniendo en cuenta que no se habla de otro tema? Desde la oposición y desde numerosos medios de comunicación se han marcado el objetivo de acabar con este gobierno sea como sea. La relevancia de la corrupción en España se ha extendido de una manera muy por encima de la realidad. La percepción que mucha gente tiene de que la corrupción es la base ahora mismo de la vida política es completamente desmesurada y en algunos casos, manifiestamente falsa. Existen casos de supuesta corrupción que, a juicio cada vez de más especialistas, parecen montajes políticos con participación activa del mundo judicial”.  

“Admiro profundamente la trayectoria política de Zapatero y tengo un enorme aprecio por su figura personal. Desde este sesgo de partida, que lo aclaro de principio, tengo que decir que hasta ahora no he visto ni una sola prueba tangible, ni un solo hecho que implique que haya cometido ningún tipo de acto delictivo. Quien parta del prejuicio contrario, desde la convicción de su culpabilidad, sólo podrá exponer insinuaciones, especulaciones o lejanas referencias de terceros. Lo que me parece indiscutible es que se está produciendo una cacería personal en toda regla.  Estamos hablando de un ciudadano, sin responsabilidad política alguna, al que se está sometiendo a una masacre pública, junto a su familia. Se han invadido y difundido ilegalmente sus comunicaciones personales y sus actividades privadas mucho más allá de los supuestos hechos por los que se le investiga. La responsabilidad es del aparato judicial o del aparato policial, con el enardecido apoyo de la derecha española. Me parece que es una ruptura del orden de valores y del orden de legalidad impropia de una democracia”. 

“A los pocos días del comienzo de la legislatura, PP y Vox pidieron ya un adelanto electoral al considerar ilegítimo el Gobierno, pese a estar apoyado por la mayoría del parlamento español. Desde entonces, la exigencia de nuevas elecciones se ha convertido en un ruido de fondo de toda la actividad política. La exigencia es un poco absurda porque el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no tiene mayoría para mantenerse a no ser que el resto de los partidos le apoyen. Con lo cual, digan lo que digan, hagan la declaración que hagan, manifiesten lo que quieran, este gobierno caerá en el momento que uno de los grupos que le apoyó en la investidura decida promover una moción de censura con VOX y con el PP. El día que eso pase caerá el Gobierno. Hasta ahora, ningún grupo, más allá de hacer sonoras proclamas o de pedirle a Pedro Sánchez que dimita, ha dado el paso. De momento, no hay ninguna sospecha ni ningún indicio de que eso vaya a ocurrir de manera inmediata”. 

“La conexión y la interrelación entre los medios de comunicación y la política es prácticamente total. Los medios han perdido mucha capacidad económica para poder ser independientes, a la vez que otros muchos no desean serlo. Los medios en su conjunto tienen una gran capacidad de crear estados de ánimo que posicionen a la gente en un lugar determinado. Cada vez más, parecen haber renunciado a explicar la realidad con la claridad suficiente para que los ciudadanos actúen racionalmente. Hoy, se establece una batalla entre dos formas de entender el periodismo. Por un lado, aquellos medios que promueven la extensión de estados de ánimo casi siempre vinculados a la creación del caos, del miedo, de la inseguridad, de la amenaza y, en definitiva, de la angustia permanente. Por otro, medios que apuestan por contar la realidad, por analizarla, por explicarla. Esta pelea entre la emoción y la razón seguramente es la gran batalla a estas alturas de la historia de nuestra civilización”.

43 de cada 100 personas que participaron en las tertulias de los principales programas informativos y de actualidad de televisión y radio en España la semana pasada fueron mujeres. El dato corresponde a un análisis de los 26 programas más relevantes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE realizado por infoLibre del lunes 15 al viernes 19 de junio. La paridad, fijada en el 50%, quedó por debajo en el conjunto del sistema. En televisión, la presencia femenina alcanzó el 44%; en radio, el 42%.

Los datos proceden del recuento de las personas que aparecieron en los bloques de tertulia de cada programa. No se han contabilizado los presentadores ni las presentadoras, sino únicamente los invitados externos y los colaboradores fijos de tertulia.

La Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 establecen la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios. La segunda, que incorpora la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, obliga específicamente a los prestadores de servicio público a garantizar esa representación. Ninguna norma fija un porcentaje mínimo vinculante para las tertulias. Pero el umbral del 50% funciona como referencia habitual en los informes de seguimiento.

El análisis de la semana pasada revela que diez de los 26 programas no alcanzaron el 40% de presencia femenina. Cuatro no llegaron al 30%.

Y ahora Sonsoles, de Antena 3, fue el espacio con mayor proporción de mujeres en sus tertulias: un 72%. En cinco días de emisión, el programa presentado por Sonsoles Ónega invitó a 18 mujeres y siete hombres. El jueves, la tertulia fue íntegramente femenina. El miércoles fue el único día en que los hombres superaron a las mujeres, con tres frente a dos. Se trata de un programa que mezcla actualidad social, política y contenidos de entretenimiento.

Las Tardes de RNE, conducido por David Cantero y Marta Solano, ocupó el segundo lugar con un 71% de presencia femenina en sus tertulias.

La Tarde de la COPE, con Pilar García Muñiz, alcanzó el 60%. En este caso, la muestra es pequeña —dos invitados por día como norma— pero la distribución fue consistente: cuatro días con más mujeres que hombres y uno en empate.

En boca de todos, de Cuatro, con Nacho Abad, fue el programa de actualidad con mayor paridad real de los analizados: 56% de mujeres —22 frente a 17 hombres a lo largo de la semana—. Lo relevante es que la proporción se mantuvo estable los cinco días: en ninguno de ellos los hombres superaron a las mujeres en más de uno.

La Hora de la 1, de RTVE, con Silvia Intxaurrondo —que esta semana estuvo ausente—, superó el umbral con un 54%: 22 mujeres frente a 19 hombres. El martes fue el mejor día, con seis mujeres y cuatro hombres. El lunes fue el peor, con tres mujeres y seis hombres.

Malas Lenguas, de RTVE, con Jesús Cintora, alcanzó el 50% exacto: 15 mujeres y 15 hombres. Todo es Mentira, de Cuatro, también llegó al 50%. El Tiempo Justo, de Telecinco, y Por Fin, el programa vespertino de Onda Cero, se situaron igualmente en el 50%. Vamos a Ver, también de Telecinco, se quedó muy cerca con un 44%: ocho mujeres y 10 hombres en la semana.

Cuatro programas de televisión se quedaron en la franja entre el 40% y el 49%, demasiado cerca de la paridad para sumarse al bloque de los que no cumplieron, pero sin alcanzarla.

Espejo Público, de Antena 3, con Susanna Griso, y Más Vale Tarde, de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López (la primera acaba de dejar el espacio para preparar un nuevo proyecto en Antena 3), se situaron ambos en el 45%. En los dos casos, la semana presentó días muy desiguales: Espejo Público tuvo el viernes una sola mujer entre diez tertulianos, pero el martes invirtió la proporción con seis mujeres y tres hombres. Más Vale Tarde siguió un patrón parecido: lunes con una mujer y tres hombres, miércoles y martes con mayoría femenina.

Mañaneros 360, de La 1, con Adela González y Javier Ruiz, y La Noche en 24h, de RTVE, con Xabier Fortes, alcanzaron el 46% y el 44% respectivamente. En Mañaneros la distribución fue estable, con dos o tres mujeres por día. La Noche en 24h trabaja con grupos más pequeños y la presencia femenina osciló entre una y dos personas según el día.

La Brújula, el nocturno de Onda Cero, fue el programa con menor presencia femenina de todos los analizados: un 20%. En una semana completa, el espacio presentado por Rafa Latorre, que a partir de septiembre estará al frente de Más de uno, tuvo cuatro mujeres como tertulianas frente a 16 hombres. El miércoles no hubo ninguna mujer entre los invitados a la tertulia.

Horizonte, el espacio ultraconservador de Cuatro, con Iker Jiménez y Carmen Porter, registró el segundo peor dato: 24%. Ocho mujeres frente a 26 hombres en cinco días. El jueves fue el día más extremo: tres mujeres y nueve hombres. El programa combina política con contenidos de corte conspirativo y su modelo de tertulia tiende a reunir grupos numerosos con predominio masculino.

La Linterna, el programa de la noche de la COPE, con Ángel Expósito, se quedó en el 25% de presencia femenina. El miércoles y el martes, sin ninguna mujer.

Herrera en la COPE anotó un 29%. Carlos Herrera organiza su tertulia en bloques de tres personas y solo en uno de los cinco analizados hubo más de una mujer. El miércoles no tuvo ninguna.

Directo al Grano, de RTVE, con Marta Flich y Gonzalo Miró, llegó al 38%. El viernes fue el día más desequilibrado: tres mujeres frente a siete hombres. El jueves, en cambio, fue el único con paridad.

El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, se quedó en el 37%: 10 mujeres y 17 hombres en la semana. El lunes fue el día de mayor desequilibrio: una mujer frente a tres hombres.

Al Rojo Vivo, de La Sexta, con Antonio García Ferreras, registró un 39% de presencia femenina: 21 mujeres frente a 33 hombres. Es el programa de mayor volumen de tertulianos de los analizados, con invitados que se van dando el relevo hasta alcanzar entre ocho y 12 personas por día. Ese volumen amplía la brecha en términos absolutos.

La radio acumula los datos más bajos. De los ocho programas radiofónicos analizados, solo La Tarde de la COPE y Las Tardes de RNE superaron el 50%. El resto quedó por debajo, con La Brújula y La Linterna en los puestos más bajos.

Hoy por Hoy (SER) y Hora 25 (SER) se situaron en el 47% y el 46% respectivamente, los datos más cercanos a la paridad entre los programas de radio. Más de Uno, de Onda Cero, llegó al 42%. La única colaboradora fija presente los cinco días fue Marta García Aller, que a partir de septiembre se hará cargo de La Brújula. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, alcanzó el 40%. Por debajo ya se situó 24 Horas de RNE, con Rosa María Molló, que registró un 39%: siete mujeres frente a 11 hombres en la semana, con el jueves sin ninguna mujer en la tertulia.

La televisión, en conjunto, ofreció la semana pasada un panorama algo más equilibrado. Pero la diferencia entre cadenas es grande. RTVE, considerando todos sus programas analizados, superó el 48% de media. Mediaset alcanzó el 47% de presencia femenina agregando los cinco programas analizados —El Programa de AR, Vamos a Ver, El Tiempo Justo, En boca de todos y Horizonte—, aunque con una dispersión muy amplia entre ellos: Horizonte está en el 24% y En boca de todos en el 56%. Atresmedia presentó la mayor asimetría interna: mientras Y ahora Sonsoles superaba el 70%, Al Rojo Vivo no llegó al 40%.

El análisis de las apariciones individuales ofrece un contrapunto a los porcentajes globales. Aunque en conjunto hay más hombres que mujeres en las tertulias, entre quienes más repiten durante la semana predominan ellas. De las nueve personas que más veces aparecieron —con cinco o más intervenciones en distintos programas—, seis son mujeres: Ainhoa Martínez (Abc), Pilar Velasco, Marta García Aller (Onda Cero), Paloma Esteban (Abc), Cristina de la Hoz (elindependiente.com) y Ketty Garat (theobjective.com). Los tres hombres del grupo son Eduardo Inda (okdiario.com), Rubén Amón (elconfidencial.com) y Antonio Naranjo (eldebate.com).

El dato es aún más claro cuando se mide el posicionamiento en diferentes medios y espacios: las ocho personas que aparecen en más programas distintos durante la semana son todas mujeres. Ainhoa Martínez encabeza ese ranking con presencia en seis espacios diferentes —Al Rojo Vivo, Espejo Público, La Brújula, La Noche en 24h, Más Vale Tarde y Más de Uno—. Le siguen Pilar Velasco y Marta Nebot —ambas sin adscripción a un medio concreto—, presentes en cinco programas distintos cada una. Paloma Esteban, Cristina de la Hoz, Ketty Garat, Ana Pardo de Vera (publico.es) y Ángela Martialay (El Mundo) aparecen en cuatro programas diferentes. El primer hombre en este ranking llega empatado con ellas en cuatro programas.

Los números apuntan, por tanto, a una asimetría en la variedad de voces. A lo largo de la semana, infoLibre identificó 185 hombres distintos frente a 132 mujeres distintas. La diferencia no se explica solo por el mayor volumen de intervenciones masculinas: el sistema convoca a un elenco más amplio de tertulianos hombres, mientras que el grupo de mujeres que circula por los distintos espacios es más reducido y más concentrado.

El recuento de presencia no mide otros factores relevantes para evaluar la representación real de las mujeres en las tertulias. No contabiliza el tiempo de palabra por persona, la frecuencia de interrupciones, ni el tipo de temas sobre los que se les pregunta. Tampoco distingue entre colaboradoras fijas e invitadas puntuales.

Los estudios disponibles sugieren que contar sillas no basta. Un análisis de los programas de infoentretenimiento político —La hora de La 1, La mirada crítica y Al rojo vivo— correspondiente a la temporada 2023/24 sitúa la presencia femenina global en el 39,7%, una cifra que mejora los registros de estudios anteriores pero que encubre una desigualdad funcional: las mujeres ocupan el 63,2% de los roles de relatora, aquellos que contextualizan la información sin emitir opinión propia. El rol de experta, el que otorga autoridad en el debate, está en manos de mujeres solo en el 8,5% de los casos.

El libro Tertulianos, publicado en 2025, ofrece otro ángulo. Entre los 53 tertulianos más frecuentes de la quincena analizada —aquellos que aparecen más de dos veces por semana—, solo 18 son mujeres, lo que representa el 34%. El núcleo duro del sistema es más masculino que la media.

Un informe de 2025 del CAC —el Consell de l'Audiovisual de Catalunya— sitúa en esta comunidad la presencia femenina entre los tertulianos más reclamados en torno al 30%, y concluye que la representación global en la programación se ha estancado alrededor del 40%, sin avanzar hacia la paridad desde hace varios años.

Lo que sí permite el recuento semanal es establecer una línea base propia, actualizada y desagregada por programa. Esa línea sitúa al conjunto del sistema mediático español siete puntos por debajo de la paridad. En televisión, seis puntos. En radio, ocho.

Hay procesos judiciales que no se entienden tanto por sus autos como por su eco. Se desvirtúan al hacerse públicos. Sus reglas internas se ven contaminadas por el escenario. El expediente pertenece al ámbito de lo verificable, pero su resonancia se rige por reglas inestables, donde el Derecho deja de ser un sistema de garantías y se vuelve relato colectivo.

El caso de Begoña Gómez se ha desplazado a un territorio donde el Derecho, la política y la conversación mediática conviven en una simbiosis perversa que se retroalimenta de los otros elementos.

El Derecho penal moderno se sostiene sobre una tensión permanente entre dos principios: la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar la eficacia del proceso. Las medidas cautelares —como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país o la obligación de comparecencias periódicas— forman parte de ese equilibrio inestable.

Su finalidad es preventiva, no punitiva. Técnica, no simbólica.

Esa distinción, nítida en los manuales, se vuelve menos evidente cuando el procedimiento afecta a figuras de alta exposición pública. Entonces ya no se interpreta solo la medida, sino su contexto, y éste a veces pesa tanto como la norma.

La teoría jurídica rara vez logra preservarse intacta cuando entra en contacto con casos de alta densidad política.

Conviven la literalidad de una decisión y su traducción pública en un entorno mediático saturado de interpretación inmediata. Cada resolución judicial es fragmento de una narración mayor, ya en marcha antes que el procedimiento comenzara.

La discusión sobre la proporcionalidad y la motivación de las medidas cautelares en contextos de alta exposición institucional es recurrente. Algunos juristas sostienen que deben ajustarse al marco ordinario de apreciación judicial. Otros subrayan que la intensidad de la exposición pública exige una justificación rigurosa, para evitar lecturas distorsionadas. Ambas posiciones conviven en el ordenamiento legal.

El caso de Begoña Gómez ha sido absorbido por la política, que lo interpreta según sus propios códigos. El Gobierno denuncia una judicialización excesiva del conflicto político. La oposición interpreta el proceso como síntoma de deterioro institucional. Y con frecuencia la opinión pública no discrimina entre lecturas jurídicas e interpretaciones del poder.

En esa superposición de planos —jurídico, mediático, político— emerge una vieja pregunta que España conoce bien. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser percibida como un espacio de resolución y es percibida como un espacio de confrontación?

El problema no es nuevo. Lo novedoso es la aceleración “vertiginosa”. Entre el auto judicial y su interpretación política apenas transcurren minutos. Segundos. Entre la decisión y su transformación en consigna no hay apenas mediación. El relato se impone de forma automática, antes de que el hecho haya terminado de formularse.

Javier Cercas insiste en que las democracias no se sostienen en la unanimidad, sino en la aceptación de procedimientos imperfectos que permiten la convivencia. Y esa aceptación depende de una condición frágil: la confianza. Cuando se mina, el procedimiento pierde la capacidad de generar legitimidad compartida.

El efecto erosivo es acumulativo.

También la literatura ha descrito esa tensión entre realidad y relato. Javier Marías desconfiaba de las narraciones cerradas y las explicaciones demasiado limpias acerca de asuntos sucios. Esa desconfianza, trasladada al presente, adquiere una dimensión casi institucional. La opinión pública se siente impulsada a hacer suyos los mensajes de interpretación sesgada, que se le ofrecen de forma inmediata.

Y ya nadie advierte que esa inmediatez de “ver el árbol que uno tiene en frente” tiene consecuencias: impide alzar la vista para contemplar el bosque.

El caso de Begoña Gómez deja de ser solo procedimiento judicial y se convierte en espacio simbólico donde se proyectan tensiones más amplias. Jurídicas, políticas y mediáticas. El expediente en apariencia respeta la lógica interna, pero su percepción pública lo desborda.

Las personas implicadas son al tiempo sujetos procesales y figuras “juzgadas públicamente”. Sobre ellas se proyectan sospechas, expectativas e interpretaciones interesadas.

Miguel Hernández lo expresó desde otro tiempo histórico, con una intensidad que aún hoy resulta incomoda. En su El hombre acecha escribió: “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.”

No es un lema. Es una condensación de experiencia histórica. La libertad entendida no como abstracción, sino como algo que se ejerce incluso en condiciones adversas.

Hernández no escribía desde la distancia. Escribía desde la urgencia. Quizá por eso su voz reaparece en momentos en los que la noción misma de libertad vuelve a ser objeto de debate público.

En esa misma tradición de pensamiento crítico sobre la democracia, María Zambrano propuso una idea que hoy cobra una resonancia particular. La democracia, decía, no es solo un sistema político. Es también una forma de razón. Una “razón poética” capaz de sostener la complejidad sin reducirla a esquemas cerrados.

Una forma de pensamiento que no se apresura a cerrar el sentido.

Esa idea es relevante en un entorno donde la realidad pública se acelera hasta volverse casi instantánea y todo tiende a interpretarse de inmediato, desdeñando el posible error de apreciación y la pérdida del matiz diferencial.

Cuando todo se juzga ¡ya! nada se comprende jamás.

El caso de Begoña Gómez no puede reducirse a una sola lectura sin empobrecerlo. Es al tiempo procedimiento judicial —con sus tiempos y garantías—, acontecimiento político —en un contexto de alta polarización— y fenómeno mediático que amplifica, selecciona y reorganiza la información según sus propias dinámicas.

El riesgo no reside en la existencia de estas capas, sino en su colisión constante.

Cuando un caso concreto se vuelve “símbolo total” —de legitimidad institucional o de su cuestionamiento—, el espacio intermedio desaparece. Y sin ese espacio la democracia se ahoga y pierde una de sus condiciones esenciales: la capacidad de convivir con la incertidumbre.

“Begoña somos todos” no es una afirmación literal. Tampoco es una consigna. Es una advertencia sobre el peligro que corremos todos. Dañar la justicia, la política y la imparcialidad de los medios es dañar los fundamentos de la democracia y del estado de derecho.

Cualquier figura situada en el centro del foco institucional deja de pertenecer exclusivamente a su individualidad. Se convierte en superficie de proyección colectiva.

Y esas proyecciones no son neutrales. Simplifican. Ordenan. Condensan.

En ese proceso se pierden los elementos que el Derecho necesita para funcionar: los matices, los tiempos largos, las distancias necesarias para deliberar sin urgencia.

La cuestión de fondo no es quién tiene razón. Sino cómo evitamos la progresiva demolición del Derecho.

La vida necesita tiempo. Es decir, tiempos distintos.

Tiempos en los que el Derecho pueda operar sin ser inmediatamente absorbido por la política o por el ruido mediático.

Cuando todo se interpreta al mismo tiempo, el juicio deja de ser posible. Y solo queda el reflejo.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Las mujeres presentan el 44,2% de los informativos y programas de actualidad en las nueve cadenas de televisión y emisoras de radio con más audiencia de España. Pero la cifra global esconde diferencias muy amplias entre un medio y otro.

En televisión, la media sube al 50,9%. En radio cae al 35,7%. Tres de las cinco cadenas analizadas superan el 50% de presentadoras. Ninguna de las cuatro emisoras de radio lo consigue.

El recuento incluye los informativos diarios y los principales programas de actualidad de mañana, mediodía, tarde y noche en RTVE, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE. Cuando un espacio tiene dos presentadores, cada uno cuenta como una persona sobre el total de la cadena o emisora. No se incluyen colaboradores, tertulianos ni presentadores invitados, solo los titulares de cada espacio.

Sumados los nueve medios, hay 61 presentadores en los espacios analizados. 28 son mujeres y 33 son hombres.

RTVE reparte ocho espacios entre 11 presentadores. Seis son mujeres. Silvia Intxaurrondo dirige en solitario La Hora de La 1, Alejandra Herranz el Telediario 1 y Pepa Bueno el Telediario 2.

Jesús Cintora y Xabier Fortes presentan en solitario Malas Lenguas y La Noche en 24 Horas (en este caso, en la cadena de noticias 24 Horas). Los otros tres espacios, el Telediario Matinal, Mañaneros 360 y Directo al Grano, los comparte un hombre con una mujer. El resultado es un 54,5%.

Antena 3 es la cadena con más presentadoras de todo el análisis. Susana Griso, Sandra Golpe y Sonsoles Ónega dirigen en solitario Espejo Público, Antena 3 Noticias yY ahora, Sonsoles. Solo Manu Sánchez presenta en solitario un espacio, el informativo de la mañana.

La segunda edición del informativo de noche la conducen Vicente Vallés y Esther Vaquero. Antena 3 llega al 66,7% de mujeres.

En La Sexta ocurre lo contrario. Antonio García Ferreras, Rodrigo Blázquez y Joaquín Castellón presentan en solitario Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias de las 20 horas y La Sexta Clave. Helena Resano conduce sola el informativo de las 14 horas y Cristina Pardo compartía Más Vale Tarde con Iñaki López (acaba de abandonar el programa para preparar un proyecto en Antena 3). La Sexta se queda en el 33,3% (menos si se tiene en cuenta la salida de Pardo).

Atresmedia, si se suman sus dos cadenas, reparte sus doce puestos casi al 50%. Pero ese resultado global esconde un desequilibrio entre canales. Antena 3 dobla el porcentaje de presentadoras de La Sexta.

Telecinco también supera la media. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Isabel Jiménez presentan en solitario cuatro de los siete espacios analizados. Ángeles Blanco comparte el informativo de las 21 horas con Carlos Franganillo. Solo Bricio Segovia y Joaquín Prat dirigen en solitario un espacio cada uno. El resultado es un 62,5%.

Cuatro reparte sus cinco espacios en tres parejas y dos programas presentados en solitario por hombres, Nacho Abad en En Boca de Todos y Risto Meijide en Todo es Mentira. Marta Reyero, Mónica Sanz y Carmen Porter comparten informativo o programa con un compañero. Cuatro se queda en el 37,5%.

Mediaset repite el patrón de Atresmedia. Sumadas Telecinco y Cuatro, el grupo se sitúa en el 50%, con Telecinco muy por encima y Cuatro por debajo.

Los espacios de primera hora de la mañana están presentados sobre todo por hombres. Manu Sánchez lo hace en solitario en Noticias de la Mañana en Antena 3 y Bricio Segovia en los Informativos T5 Matinal en Telecinco. El Telediario Matinal de RTVE es la única franja matinal con una mujer, Mireia Alzaría, y la comparte con Álex Barreiro.

El cálculo cambia poco si en lugar de la media de los cinco porcentajes de televisión se cuentan los 39 presentadores de las cinco cadenas en conjunto. El resultado es un 51,3% de mujeres, una décima por encima de la media por cadena.

En radio ocurre algo parecido. Sobre los 22 presentadores de las cuatro emisoras, las mujeres son el 36,4%, frente al 35,7% que sale de la media de los cuatro porcentajes por separado.

De los 39 presentadores de televisión, 20 son mujeres. De los 22 de radio, lo son solamente 8. La diferencia entre un medio y otro no está en el número de espacios analizados, similar en ambos casos, sino en quién los dirige.

En la Cadena SER, tras la salida de Àngels Barceló, solo Mara Torres dirige en solitario un espacio, El Faro, que se emite de madrugada. José Luis Sastre, Javier Casal, Carles Francino y Aimar Bretos presentan los otros cuatro programas. La SER tiene el porcentaje más bajo de todo el análisis, un 20%.

En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz conducen en solitario los informativos de mediodía y el programa de la tarde. Carlos Moreno, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigen los otros tres espacios. La emisora llega al 40% de peso femenino al frente de sus programas informativos y de actualidad.

Onda Cero reparte sus cinco programas entre dos mujeres, Gemma Ruiz en No Son Horas y María Hernández en el informativo de mediodía, y tres hombres, Carlos Alsina, Carlos Cantizano y Rafa Latorre. El resultado es también un 40%.

RNE es la emisora que más se acerca a la paridad dentro de la radio, aunque tampoco la alcanza. Sandra Urdín presenta en solitario el informativo de las 14 horas y Rosa María Molló el de las 24 horas. Marta Solano comparte Las Tardes con David Cantero.

Gorka Rodríguez, Juan Ramón Lucas y Carlos Núñez dirigen en solitario El Despertador, Las Mañanas y Mediodía. De los siete presentadores de RNE, tres son mujeres. El resultado es un 42,9% de cuota femenina en la emisora pública.

Las cuatro radios comparten un mismo rasgo. Las mujeres dirigen en solitario los informativos de mediodía de COPE y Onda Cero y los de RNE de las 14 y las 24 horas. En el resto de la franja, de la mañana a la noche, los programas de actualidad están presentados por hombres, salvo El Faro en la SER, que se emite de madrugada.

RTVE y RNE pertenecen a la misma corporación pública, la Corporación de Radio y Televisión Española. La televisión del grupo supera la paridad con el 54,5%. Su radio se queda en el 42,9%.

Si se ordenan los nueve medios de mayor a menor porcentaje de mujeres, el resultado queda así. Antena 3 encabeza la lista con el 66,7%, seguida de Telecinco con el 62,5% y RTVE con el 54,5%. Esas tres son las únicas que superan el umbral de la paridad.

Por debajo del 50% y de la media global del 44,2% se sitúa RNE, con el 42,9%. El resto queda por detrás. Cuatro y La Sexta rondan el 35%, COPE y Onda Cero se quedan en el 40% y la Cadena SER cierra la tabla con el 20%.

Si el umbral de referencia es la paridad, el 50%, solo tres de los nueve medios analizados lo alcanzan, y los tres son de televisión. Los otros seis, dos cadenas y las cuatro emisoras de radio, se quedan por debajo. Ninguna radio se acerca siquiera a esa cifra.

Las redes sociales y los servicios de vídeo superan ya a las webs y aplicaciones propias de los medios como la vía más usada en el mundo para acceder a las noticias. Ocurre por primera vez desde que el Digital News Report mide esta variable. La edición 2026 del informe del Reuters Institute for the Study of Journalism que se presentó este martes sitúa el uso medio de redes y vídeo en el 54% entre los encuestados de los 48 mercados analizados. Las webs y apps de las cabeceras quedan en el 51%.

El informe, la decimoquinta edición del Digital News Report, dirigida este año por el investigador Jim Egan, describe el fenómeno como una “plataformización” creciente del consumo de noticias. 

A la migración hacia redes y vídeo se suma un actor nuevo. Uno de cada diez encuestados ya usa chatbots de inteligencia artificial para informarse —tres puntos más que el año pasado—. El uso es mayor entre los menores de 35 años, donde alcanza el 16%, y la función que más valoran sus usuarios es la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento —la cita el 42%—.

El vídeo informativo en plataformas ajenas a los medios llega ya al 77% de la población mundial cada semana, una mayoría que se registra por primera vez en los 48 países del estudio. En 45 de esos mercados, más gente ve ya vídeo informativo online que televisión convencional, y solo en Alemania, Dinamarca y Países Bajos la televisión mantiene la delantera o un empate.

TikTok es la red que más crece, aunque parte de una base pequeña, con un 20% de uso global para noticias, mientras Instagram avanza de forma más moderada pero con una presencia mayor, del 26%. Facebook sigue siendo la red más usada en conjunto, con un 43%, y revierte así caídas de años anteriores. Una cuarta parte de los encuestados ve ya noticias por demanda en aplicaciones como YouTube desde el televisor.

Mientras estas plataformas ganan terreno, el uso de la televisión y de las webs propias de los medios cae 13 y 12 puntos respectivamente desde 2020, un retroceso que el informe considera tan relevante en el caso de las webs como en el de la televisión, aunque menos conocido.

La confianza global en las noticias ha caído este año en 29 de los 48 mercados, hasta el 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015, con descensos de más de cinco puntos en 19 países. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los encuestados confía en las noticias la mayor parte del tiempo, mientras la preocupación por las noticias falsas sube cuatro puntos, hasta el 62% de media, y solo retrocede en Brasil.

Pese a este clima, la mayoría dice preferir noticias que no tomen partido, y el 45% de los encuestados se inclina por la “imparcialidad” como ideal, más del doble que quienes prefieren información que comparta su punto de vista, aunque ese apoyo ha bajado desde 2020.

El informe detalla el avance de los creadores individuales, que ya aportan parte de las noticias a una cuarta parte de los encuestados en el conjunto de los 48 mercados, mientras casi la mitad recurre a algún tipo de creador. La mayoría los combina con los medios tradicionales en lugar de sustituirlos, ya que solo el 3% depende únicamente de ellos, frente al 13% que cubre con creadores la mayor parte de sus necesidades informativas.

El interés general por las noticias también retrocede, ya que desde 2021 la proporción de personas muy o extremadamente interesadas en la información ha caído una media de 13 puntos. Una cuarta parte de los encuestados son ya usuarios pasivos, que consultan noticias como mucho una vez por semana, frente al 16% de 2021.

En España, Instagram se confirma como la red más usada para informarse, con un 32% de los encuestados, 14 puntos más que el año anterior, seguida de Facebook, con el 31% (siete puntos más), y de WhatsApp, con el 29% (cinco puntos más).

TikTok escala hasta el 16% como fuente de noticias, cinco puntos más que en 2025, mientras X se mantiene casi igual, en el 16% (un punto más), y YouTube no varía, en el 19%. Los chatbots de IA, todavía minoritarios, llegan al 8% de uso para informarse, el doble que el año pasado.

La comparación con la media global matiza el dato, ya que Instagram se usa más en España (32%) que en el conjunto de los 48 mercados (26%), mientras TikTok queda por debajo de la media mundial (20%).

Ese avance de las plataformas no se traduce, sin embargo, en más confianza, que en España se sitúa en el 33% (dos puntos más que el año pasado), en la zona media de los 48 mercados encuestados, frente a una media global que cae al 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015.

El dato medio esconde diferencias entre cabeceras, ya que RTVE, Antena 3 y la prensa regional o local rondan el 52% de confianza entre quienes conocen la marca, mientras okdiario.es y Telecinco se quedan en el 35% y el 36%. Persisten además diferencias entre encuestados de izquierda y derecha sobre la mayoría de las marcas evaluadas, algo que el informe vincula a la polarización del país, mientras el porcentaje de españoles que evita las noticias a veces o a menudo se mantiene sin cambios, en el 37%.

En los 26 países con medios públicos que analiza el informe, la valoración media de su impacto social es positiva, con un 37% frente a un 22% negativo, aunque esa media no se cumple en todos los mercados. España aparece, junto a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre los países con mayor diferencia de opinión entre izquierda y derecha sobre el papel social de la radiotelevisión pública.

El informe detecta además una brecha según la fuente principal de información, ya que entre quienes en España se informan sobre todo por redes sociales, la valoración de la cobertura de los grandes temas es negativa en todos los casos analizados, con un saldo de -41 puntos en inmigración, frente a los -15 puntos de quienes se informan principalmente por televisión. En el conflicto de Ucrania la diferencia es de -21 frente a +12, y en la guerra de Oriente Próximo, de -27 frente a -2.

Quienes tienen las webs de noticias como fuente principal se sitúan en un punto intermedio, con saldos negativos pero más moderados en la mayoría de los temas, una brecha que el informe interpreta como reflejo del menor filtro editorial de las redes frente a las webs y la televisión.

Solo el 9% de la población española paga por acceso a noticias digitales, un punto menos que el año anterior, mientras a escala global ese porcentaje se mantiene sin cambios en el 17%, en la cesta de 20 países que el informe sigue desde hace años. En el extremo opuesto, Suecia llega al 32% de población que paga por noticias, uno de los niveles más altos del estudio.

Esa cifra del 9% convive, sin embargo, con un dato distinto, ya que España cuenta ya con algo más de un millón de suscriptores de noticias digitales, según los datos de las propias empresas editoras, con El País a la cabeza, con 451.000, seguido de El Mundo (181.000) y La Vanguardia (167.000). El estudio no detalla, sin embargo, el efecto sobre esas cifras de las agresivas ofertas de estas cabeceras, que llegan. Ofrecer suscripciones mensuales por debate del euro.

El millón de suscriptores se concentra, en todo caso, en unos pocos medios nacionales, y la proporción de población dispuesta a pagar no crece al mismo ritmo. El informe advierte de que el flujo de personas que llegan a las webs de medios para suscribirse se reduce a medida que el consumo se desplaza hacia las plataformas.

A escala global, quienes pagan por noticias lo hacen sobre todo por el acceso directo al contenido que quieren leer, motivo que cita el 81% de los encuestados, mientras casi la mitad, el 46%, añade motivaciones de valores, como apoyar el periodismo por su papel social, algo que algunas cabeceras ya explotan en sus campañas de captación.

El informe recoge datos ya conocidos, como la evolución del sector publicitario español, que cerró 2025 en 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% que puso fin a cinco años de crecimiento, según los datos de InfoAdex que recoge el informe. La publicidad en prensa escrita se mantuvo estable, en 750 millones, mientras la inversión en noticias digitales, con 412,5 millones, superó ya a la del papel, con 337 millones.

El Reuters Institute agrupa ambos fenómenos, el trasvase hacia plataformas y la dificultad para convertirlo en pago, bajo lo que llama “el alejamiento del consumo directo de noticias”, ya que, a medida que menos gente llega a las webs de los medios, también se reduce el embudo por el que esas mismas webs convierten visitas en suscripciones.

En una resolución sin precedentes que amplía una vez más los límites de la regulación democrática de los medios de comunicación en Francia, la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha dictado un requerimiento formal a la cadena de noticias CNews, propiedad del magnate ultraderechista Vincent Bolloré, para que corrija de inmediato el “desequilibrio estructural" de sus emisiones si no quiere enfrentarse a la vía sancionadora, que contempla multas económicas millonarias o la revocación definitiva de su licencia para emitir.

La vía elegida, que en francés se denomina “mise en demeure” (“carta de emplazamiento”) es una orden jurídica mediante la cual una autoridad exige oficialmente a una persona o empresa que corrija un incumplimiento legal en un plazo determinado, funcionando en la práctica como un último aviso legal. 

En el ámbito regulatorio de los medios de comunicación, no constituye una sanción económica inmediata ni la pérdida de derechos, pero sí un paso administrativo obligatorio e indispensable para dejar constancia de la infracción. De este modo, si el operador decide ignorar la orden y reincidir en su conducta, la autoridad queda plenamente facultada por la ley para activar la vía disciplinaria dura e imponer multas millonarias, suspender emisiones o, en el caso más extremo, revocar de forma definitiva la licencia para emitir. 

La decisión, anunciada formalmente este lunes tras una denuncia de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) —el origen del procedimiento también es muy relevante—, se basa en una exhaustiva investigación que se inició en marzo de 2025. Tras visionar más de 146 emisiones y un total de 168 horas de programación, la Arcom ha acreditado que la señal propiedad de Bolloré ofrece un tratamiento “unívoco” y carente de contradicción real en la inmensa mayoría de sus debates de actualidad.

El informe del regulador concluye que tres cuartas partes de las secuencias analizadas exponen exactamente el mismo punto de vista. Según la Arcom, en la parrilla de CNews los hechos objetivos han pasado a ocupar un plano “secundario”, quedando fagocitados por mesas de opinión donde las escasas posturas discrepantes son tratadas de forma “aislada” o sufren una desvalorización sistemática.

La resolución detalla que los propios presentadores actúan como “prescriptores de la opinión que se debe adoptar”, limitando activamente el tiempo de intervención de las voces discordantes. El análisis del organismo identifica una hiperconcentración editorial y un sesgo permanente en varias temáticas clave. 

La inmigración y la seguridad son abordadas bajo una insistente relación causa-efecto para sostener discursos sobre el aumento de la delincuencia. La religión musulmana es retratada de manera recurrente como una “amenaza” global para el modelo social francés. 

La guerra en Ucrania se aborda a través de coberturas monográficas orientadas fundamentalmente a erosionar y criticar la ayuda internacional prestada por el Gobierno de Emmanuel Macron. El partido de izquierda La France Insoumise (LFI) es objeto de duros ataques en plató sin que se le conceda el derecho de réplica correspondiente. Y el tratamiento de la condena judicial a Marine Le Pen fue presentado formalmente por CNews como un “golpe de Estado judicial” o un “déni démocratique” (denegación democrática), silenciando cualquier interpretación jurídica alternativa.

Con esta medida, la Arcom aplica de forma pionera la jurisprudencia histórica del Consejo de Estado impuesta en 2024. Aquella sentencia determinó que el pluralismo no puede medirse únicamente de forma cronométrica —contando los minutos de palabra otorgados a los partidos políticos en base a sus resultados electorales—, sino que el supervisor está obligado a fiscalizar el equilibrio real en la diversidad de corrientes de pensamiento y opiniones que se muestran al público.

Esta resolución sitúa a CNews ante el escenario de castigos más severo de su historia. La cadena ya acumulaba un abultado historial de sanciones por parte de la Arcom: en julio de 2024 fue multada con 80.000 euros; en noviembre del mismo año recibió dos penalizaciones de 100.000 y 50.000 euros por falta de contradicción en los programas En quête d'esprit y Morandini Live; y el pasado mes de febrero volvió a ser multada por declaraciones de carácter discriminatorio. Sin embargo, la “puesta en demora” actual activa la cuenta atrás para medidas de mayor gravedad, justo a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas.

Thibaut Bruttin, el director general de Reporteros Sin Fronteras, la entidad cuya denuncia desencadenó la auditoría, ha celebrado el paso dado por el regulador. Según él, la Arcom “ha tocado el fin del recreo” ante una cadena que prioriza el comentario ideológico sobre la información fiable. La ONG mantendrá la vigilancia para exigir nuevas sanciones si el canal no modifica sustancialmente su línea.

Por su parte, CNews ha rechazado de manera tajante los cargos formulados por la Arcom. En un comunicado oficial, la dirección del canal ha calificado la decisión del organismo público de “infracción injustificada” contra la libertad de expresión, el pluralismo del debate y la independencia editorial, y ha anunciado que recurrirá de inmediato la resolución ante la alta jurisdicción administrativa del Consejo de Estado.

La amonestación a la cadena privada coincide en el tiempo con otra resolución de la Arcom dirigida a las emisoras de la radio pública (France Inter y Franceinfo), instándolas a equilibrar la representación diurna del partido ultraderechista Rassemblement National (RN). 

No obstante, colectivos de periodistas y analistas de medios recalcan que ambos expedientes carecen de la misma naturaleza: mientras la radio pública ha asumido un desajuste temporal y de carácter técnico en el minutaje de los partidos políticos, el expediente de CNews responde a un modelo de negocio y de intervención cultural sistemático y duradero.

CNews pertenece al grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, una de las mayores fortunas globales. El magnate, conocido por utilizar su emporio mediático (que incluye Canal+, Europe 1, Paris Match o la editorial Hachette) como plataforma de difusión de las tesis de la extrema derecha francesa, mantiene también una relevante presencia estructural en España. 

A través de Vivendi, Bolloré es el segundo accionista de Prisa con el 11,8% del capital y cuenta con un asiento en su consejo de administración, una posición estratégica sobre medios clave como el diario El País y la Cadena SER que mantiene en alerta al sector de la comunicación y al panorama político español.

Ingenuo de mí.

El texto, que intenté editar al pie de una de las múltiples noticias sobre la cuestión, rezaba lo siguiente:

“Estoy pensando darme de baja en esta suscripción a 'El País'. Para leer solo 25 titulares diarios sobre el 'caso Zapatero' desde hace días, hacerle la pelota a Feijóo y luchar para que este gane las elecciones, pues ya me compro 'El Mundo'. Mejor el original que la copia, y además empezaron antes con esto. Y para pedir comprar armas para que el jefe de Prisa, Oughourlian, se haga rico con sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no…”

La verdad, tampoco pretendía que me dieran el Pulitzer. Solo desfogarme un poco, humano soy. A continuación, apareció un mensaje en que se leía que estaba pendiente de aprobación por 'El País'. Lo habitual. Pero pasaron los minutos y las horas, y al volver a la noticia y al hilo de comentarios tiempo después, me di cuenta de que no lo habían publicado. Dejé el tema para ocuparme de otras cosas. Al día siguiente, como el culebrón continuaba, retomé el asunto y lancé de nuevo el comentario al pie de otra noticia, añadiendo las siguientes líneas sobre la cuestión:

“(…) Ay, Prisa, qué prisa tienes. Añadir lo de echar a Barceló del 'Hoy por Hoy', de la Ser, que queda muy roja, que hacen falta más contertulios de orden… Que hay que empezar a adaptarse al futuro gobierno "centrado"... Que ya habrá tiempo de volver a ser progres, cuando el gobierno del PP-VOX empiece con sus tropelías y entonces criticaremos a la extrema derecha para mantener nuestro nicho de mercado de lectores de izquierda, como La Sexta en AtresMedia. Y encima, para pedir comprar armas para el rearme de Europa y la OTAN, y que el jefe de Prisa se haga rico con su Amber y sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no me apetece…”.

Como verán, había provechado el impasse para ampliar un poco la argumentación y reforzarla un poco. Sí, lo reconozco. Había mala baba en el texto, pero al fin y al cabo se trata de un comentario periodístico, no de una tesis doctoral. Me di cuenta de que algo debió de traicionarme el subconsciente, porque esta vez, sin darme cuenta, había omitido en la segunda versión el nombre del actual presidente del Grupo Prisa —y, por si quedara alguna duda, también de El País, propiedad de este grupo—: Joseph Oughourlian, fundador del fondo Amber y en la actualidad tercer accionista de Indra, empresa española de seguridad y defensa. O sea, de armamento, vamos. De ahí la referencia —malintencionada, no lo niego— por mi parte.

Parece que no gustó demasiado esto, porque también me quedé el segundo día con tres palmos de narices, a las puertas de ver aparecer mi desdichado texto entre los comentarios. Estos, por otro lado, tampoco se caracterizaban por su calidad intelectual. Más bien se quedaban en gruesas descalificaciones de haters de derecha contra el gobierno de Sánchez o respuestas de personas que defendían la inocencia de Zapatero y atacaban el lawfare y los ardides de los jueces y demás agentes del orden. Lo habitual, vamos. Este tipo de conversaciones se suelen incendiar y alguno de los intervinientes acumulaba 20 o 30 entradas en el hilo. Hay gente, o bots, que no se dedican a otra cosa.

No era mi caso. De nuevo, 0. No editado. Silencio por respuesta.

Mi hermano, experto en comunicación, me advirtió de que tal vez los amigos de El País apliquen un filtro automático, quizás por IA, que rechace el uso de algunos términos. Especulamos con que podía tratarse tal vez de “Amber” o “Indra” (o “Oughourlian” en el mensaje inicial). Así que opté al día siguiente (tercer día) por una versión en la que se sustituyera Amber por “el fondo de inversión que preside el jefe de Prisa”, e Indra  por “la principal empresa de armamento español”. Y claro, sin mención a Oughourlian, por si las moscas.

Pueden reírse de estos intentos desesperados.

Ni por esas. Nuevo fracaso.

Concluimos que una posible explicación era que yo hubiera entrado, desde el primer mensaje, en una lista negra. A estas alturas no se trataba de que apareciera tal o cual término, sino que, ya “blacklisted”, era imposible que pudiera publicar ningún comentario. No sé cuál de las dos opciones resulta más escalofriante. Si ser bloqueado en lo sucesivo por el contenido de una opinión expuesta correctamente y sin insultos, o que se rechace automáticamente el uso de unos términos que puedan hacer referencia a la empresa editorial o a su propietario. Así que, al final del tercer día, probé una frase que, si bien destilaba implícitamente toda la bilis que había acumulado a lo largo de estos tres días, no contenía ningún nombre propio que pudiera herir la sensibilidad del grupo Prisa ni ninguna referencia concreta a sus actividades económicas. El objetivo era, simple y llanamente, comprobar si había sido vetado.

“Escriban, escriban. Que mientras no ataquen el meollo de esta bendita empresa, les publicarán”.

Nada. Bloqueado. Se confirmaba entonces que jamás publicaría en El País. Tal vez por los siglos de los siglos. Una tragedia de descomunales proporciones…

Ser suscriptor para esto.

Resulta curioso que ello coincida con los fastos del 50 aniversario del diario guía y faro de la democracia y las libertades en España, la publicación que sacó a España de las tinieblas del franquismo, la cabecera que ha iluminado a tantas y tantas generaciones de españoles progres, el apóstol del europeísmo, convertido ya a estas alturas en un otanismo descafeinado pero que quiere armarse hasta los dientes. Quedará, como decía, la opción de esperar a tiempos mejores. Aquellos en que tal vez un gobierno de PP-VOX revele a las claras, y ya sin tapujos, las tropelías que nos esperan con ellos. En ese caso, afortunadamente, tendremos a El País para que denuncie entonces los “excesos” de la extrema derecha o la derecha extrema y vuelva a convertirse en la casa común de la izquierda española y en la defensora de las libertades —por supuesto entre ellas la de expresión— de toda la ciudadanía. 

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Javier Navarro es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

El partido de fútbol ha dejado de ser el centro del negocio. Sigue siendo el detonante, la excusa y el catalizador, pero la economía que genera ya no depende de los 90 minutos entre dos pitidos. La Copa del Mundo de 2026, que desde este jueves se disputa en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones y 104 partidos, ha acelerado una reconfiguración del mercado audiovisual que venía fraguándose desde hace años y que todos los analistas creen que este torneo va a convertir en irreversible.

La ampliación del torneo no es solo una decisión deportiva. Es, ante todo, una operación de generación de contenido. Más partidos equivalen a más horas de programación, más material para las plataformas digitales, más contextos para los anunciantes y más oportunidades para que creadores independientes construyan audiencias paralelas a las de las cadenas con derechos de emisión. La FIFA controla el estadio; la narrativa, cada vez menos.

El indicador más elocuente de este cambio lo ha aportado la división de análisis de Bank of America. Según sus proyecciones, la final del Mundial podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet ese día. El dato no refleja solo la magnitud del evento. Demuestra que el aficionado ya no está sentado frente a un televisor: está sentado con el televisor de fondo y el teléfono en la mano.

Según datos de seguimiento de audiencias digitales, el 90% de los aficionados ya amplía la experiencia más allá de los 90 minutos a través del uso simultáneo de varias pantallas. Mientras el partido transcurre en el televisor del salón, el mismo usuario consulta estadísticas avanzadas en una aplicación móvil, comenta jugadas en tiempo real en redes sociales y consume repeticiones de vídeo en TikTok elaboradas al minuto de producirse la acción en la vida real. Con tantos elementos interactuando a la vez, la atención ya no pertenece a la cadena que pagó los derechos de emisión.

Esta dispersión tiene consecuencias directas sobre el modelo publicitario tradicional. Las agencias de medios confirman con datos de retención que las audiencias menores de 35 años evaden de forma sistemática la publicidad en los descansos. Cuando el árbitro señala el final de la primera parte, la mirada migra hacia el teléfono. El anuncio de treinta segundos pensado para el entretiempo pierde su audiencia en el momento preciso para el que fue diseñado. Marcas y operadores tienen que buscar al aficionado en el territorio digital que rodea el partido, no en el partido mismo.

El mercado español ha generado su propia versión de este conflicto con una disputa institucional que llegó a los tribunales. RTVE se aseguró los derechos de emisión en abierto de los partidos más destacados del torneo, entre ellos los encuentros de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final, con el objetivo de garantizar el acceso universal a un evento de interés general.

La decisión irritó a las cadenas comerciales. UTECA, la patronal que agrupa a Atresmedia y Mediaset, activó la maquinaria legal contra la televisión pública por la comercialización de espacios publicitarios y patrocinios destinados a amortizar el desembolso del torneo. Las privadas argumentaron competencia desleal y apuntaron a la ley de financiación de RTVE de 2009 como límite que la corporación pública estaría rebasando.

La Justicia falló a favor de RTVE. Los tribunales frenaron el intento de UTECA de paralizar la venta de espacios publicitarios del torneo, aunque el litigio de fondo sigue su curso en las salas de lo Contencioso-Administrativo.

Al margen del abierto, el acceso a la totalidad del torneo quedó reservado al sector de pago. Dazn opera como ventana única para los 104 partidos en España, integrado en los paquetes premium de Movistar Plus+ y Orange TV. Para las plataformas de suscripción, el Mundial funciona como herramienta de captación masiva, pero su problema estructural es bien conocido: una parte relevante del público se da de alta durante el torneo y cancela la suscripción en cuanto el trofeo llega a manos del capitán ganador.

La transformación audiovisual del negocio del fútbol no ha dejado intacto al periodismo deportivo. Durante la última década, la prensa deportiva digital construyó sus redacciones en torno al SEO, las técnicas que se utilizan para que una página web aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google u otros buscadores cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su contenido. Los portales estructuraban equipos enteros para responder antes que nadie a búsquedas predecibles: “A qué hora juega Argentina”; “Cuántos goles lleva este delantero”; “Cuál es el 11 titular”.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha erosionado ese modelo. Los usuarios ya no entran en un medio para obtener ese tipo de información: se la preguntan directamente a un asistente de IA, que entrega la respuesta procesada sin necesidad de ningún clic. El tráfico derivado de búsquedas automáticas ha entrado en declive, y con él una parte sustancial de los ingresos publicitarios que sostenían las redacciones deportivas digitales.

La consecuencia es una revalorización del acceso exclusivo y del contenido audiovisual genuino. Un medio ya no puede sobrevivir indexando texto de partido. Necesita que su audiencia consuma vídeo original que no pueda encontrar en otro lugar. El valor no está en la crónica del partido; está en la entrevista en el vestuario, en el reportaje sobre los hábitos del jugador antes del encuentro, en el documento que muestra lo que la retransmisión oficial no enseña.

Las marcas han llegado a la misma conclusión. Los formatos de banner clásico —cualquier espacio publicitario dentro de una página web— ceden presupuesto ante el patrocinio de contenidos donde el creador tiene acceso real al deportista. El público busca la proximidad al futbolista: qué música escucha, cómo gestiona la presión, qué relación tiene con su entorno familiar. Lo que era accesorio se ha convertido en el centro del producto multimedia.

La televisión pública española sabía que recuperar el Mundial para la emisión en abierto no era suficiente para conectar con generaciones que crecieron con el algoritmo de YouTube. La respuesta institucional ha desembocado en el despliegue de una estrategia digital articulada a través de RTVE Play y la marca deportiva de la corporación.

Teledeporte ha comenzado a emitir fragmentos de diez minutos en YouTube de forma gratuita. El objetivo no es monetizar directamente esos vídeos. Es utilizarlos como anzuelo para arrastrar al público joven hacia el registro en la aplicación propia de streaming. El clip corto en YouTube conduce al directo en abierto; el directo en abierto empuja al registro en RTVE Play; el registro en RTVE Play permite el acceso al programa completo. Es una lógica de embudo que replica los mecanismos de las plataformas comerciales dentro de un servicio público.

Frente a la cobertura oficial convive el territorio de la transmisión independiente. Creadores españoles sin derechos de imagen montan retransmisiones paralelas en Twitch y TikTok donde el atractivo no es la imagen del partido sino la reacción en directo del streamer. Figuras como Ibai Llanos o los canales vinculados al universo de la Kings League han demostrado que una parte relevante del público prefiere sintonizar a su creador de referencia antes que escuchar la narración institucional. FIFA ha reforzado este fenómeno al designar a TikTok como plataforma preferente del torneo, lo que permite a creadores usar y co-crear con material de archivo oficial.

La mutación del consumo ha reescrito también los manuales de patrocinio corporativo. Patrocinar la Copa del Mundo en el siglo XX equivalía a comprar visibilidad durante los minutos en que el balón rodaba. En cuanto terminaba el partido, la marca se quedaba sin presencia.

Los nuevos grupos multimedia nativos digitales ofrecen algo diferente. Garantizan presencia ininterrumpida desde la gala inaugural hasta la entrega del trofeo mediante integración de marca en contenidos diarios. El patrocinio ya no es una valla en el estadio. Es financiar el autobús-estudio que recorre las ciudades sede, costear los espacios donde presentadores entrevistan a familias de jugadores o esponsorizar el análisis grabado en formato vertical en la grada cinco minutos después del pitido final.

La misma lógica se ha trasladado al espacio físico. Iniciativas como el House of Goal, desarrollado por la empresa Footballco en distritos urbanos de Nueva York, proponen festivales temáticos donde el partido en pantalla gigante se combina con exposiciones de arte contemporáneo, torneos de videojuegos, propuestas gastronómicas y conciertos en directo. En estos recintos, la interacción con el público es directa y medible. El asistente genera impactos en redes sociales de forma orgánica y deja datos que las campañas de televisión convencional no pueden capturar.

El Mundial de 2026 acumula ya más de 1.000 millones de interacciones en plataformas digitales, según datos de seguimiento agregado, lo que lo convierte en el evento deportivo con mayor presencia simultánea en múltiples canales. Esa cifra no va a un solo titular, a una sola cadena ni a un solo formato. Se distribuye entre retransmisiones oficiales, clips no autorizados, análisis tácticos en YouTube, memes en Instagram y reacciones en directo en Twitch.

La FIFA mantiene el control sobre la infraestructura física de la competición: estadios, árbitros, derechos de televisión oficiales y reglamento. Lo que ya no controla es la conversación que rodea a esa infraestructura. Esa conversación la generan millones de usuarios, cientos de creadores independientes y plataformas que no firmaron ningún contrato con la federación con sede en Zúrich.

El negocio ya no está solo en los noventa minutos. Está en los márgenes.