El empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo industrial e inmobiliario que lleva sus apellidos, ha fallecido este sábado en Madrid a los 92 años, según ha informado en un comunicado Ferroglobe, empresa del Grupo Villar Mir.

Nacido en Madrid en 1921, Juan Miguel Villar Mir era doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (número uno de su promoción), licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (San Bernardo), diplomado del Economic Development Institute de Washington D.C. y diplomado en los Cursos Superiores de Administración de la Empresa de la Escuela de Organización Industrial EOI, según informa Europa Press.

Era dos veces catedrático por oposición de la Universidad Politécnica de Madrid y pertenecía a cuatro Reales Academias, siendo Académico de Número de la de Ciencias Morales y Políticas y la de Ingenieria.

Sin haber pertenecido jamás a ningún partido político, fue requerido para desempeñar, y desempeñó, los cargos de vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la Monarquía, al comenzar la transición política española.

En 1967 se lo designó presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo para, posteriormente, convertirse en presidente de Altos Hornos del Mediterráneo e Hidrónitro Española.

Años mas tarde, en 1987, tras la adquisición de Inmobiliaria Espacio y la empresa de construcción Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, sentó las bases para construir el imperio que levantaría durante los próximos años.

Por un precio de una peseta además de la deuda, Villar Mir decidió quedarse con Obrascón a pesar de los miles de millones que tenían de pasivo a corto y largo plazo. Posteriormente, en 1998 adquirió la constructora navarra Huarte, que había entrado en suspensión de pagos y meses más tarde pasó a controlar Laín, que ya cotizaba en Bolsa de manera que terminó por alumbrar un conglomerado que ya estaba en el mercado: Obrascón Huarte Laín, OHL.

En 2006 se hizo con la totalidad de sus participaciones, tras lanzar una OPA por el 100% de su capital.

Después de tres décadas al frente de OHL, Villar Mir abandonó la presidencia del grupo en 2016 y su hijo, Juan Villar Mir de Fuentes, ocupó su puesto.

El 12 de mayo de 2021 abandonó, definitivamente, sus funciones ejecutivas y pasó a ocupar la presidencia de honor de Grupo Villar Mir.

Finalmente, en marzo de 2023, Grupo Villar Mir abandonó definitivamente el capital de OHLA, la sociedad ahora controlada por los Amodio, tras traspasar a Tyrus, un fondo vinculado a la deuda de Villar Mir, el paquete accionarial del 7% que ostentaban por 23,5 millones de euros.

En el año 1995, quiso presentarse a las elecciones para ser el presidente del Real Madrid, aunque finalmente se unió a la candidatura de Ramón Mendoza, con el que ejerció de vicepresidente del club. Posteriormente, en 2006 concurrió a los comicios contra Ramón Calderón y resultó derrotado.

El Rey Juan Carlos le concedió un marquesado en 2011.

Ferroatlántica, filial española de la multinacional metalúrgica Ferroglobe, ha estrenado septiembre parando, por tiempo indefinido, los hornos de su fábrica de Boo de Guarnizo, en Cantabria. ArcelorMittal apagará en unas semanas el horno alto A de la factoría de Gijón durante tres meses y no reactivará la acería eléctrica de Sestao tras su parada por mantenimiento en agosto. También Azuliber, perteneciente al grupo Pamesa y dedicada a la producción de arcilla atomizada para azulejos, ha detenido su actividad. Lo mismo han comunicado los responsables de la papelera aragonesa Saica para tres de sus cuatro plantas de cogeneración. Y la siderúrgica Acerinox ha comenzado omienza este mismo jueves a aplicar el ERTE que pactó con el comité de empresa el pasado marzo.

El otoño se avecina con lo que puede convertirse en una nueva tanda de parones en las industrias más dependientes de la electricidad y el gas. Para ellas, los costes energéticos, que ya suponen de por sí el 60% de los totales, equivalen ahora al 75%. “Algunas empresas han aprovechado agosto para hacer tareas de mantenimiento y, a la vuelta, al ver que los precios siguen insostenibles, han prolongado las paradas de actividad”, explica Fernando Soto, director general de AEGE, la patronal de las industrias electrointensivas. Nada más declararse la guerra en Ucrania, se sucedieron los anuncios: Ferroatlántica, propiedad en un 54% del Grupo Villar Mir, ya detuvo entonces la producción en sus factorías de Arteixo (A Coruña), Boo de Guarnizo y Monzón (Huesca), en principio sólo unos días. Con ella apagaron parte de sus instalaciones las metalúrgicas Arcelor, Celsa, Asturiana de Zinc, Siderúrgica Balboa y Alumalsa, pero también la química Ercros, Cementos Portland y Fertiberia. Aunque los temblores venían de atrás. Ya en octubre Sidenor había cerrado durante 20 días su planta en Basauri (Bizkaia) y en diciembre Megasa amplió una semana las vacaciones de Navidad de su plantilla en Narón (A Coruña).

Pese a las medidas aplicadas por los gobiernos europeos, los precios de la electricidad y el gas siguen subiendo y estrangulando las cuentas de las industrias, grandes consumidores de energía. Sobre todo, en algunos sectores especialmente dependientes. Para las empresas cerámicas, por ejemplo, en 2021 el gas se llevaba el 19% de su facturación, según la patronal Ascer. Este año, su previsión es que el recibo se dispare un 146% y supere los 2.1000 millones de euros. En 2020, recuerda Fernando Soto, el megavatio hora les costaba a las electrointensivas 50 euros, hoy pagan 290 euros. El importe de la factura se ha multiplicado por seis.

El director general de AEGE dice que hasta final de este ejercicio no se sabrá a cuánto asciende el recorte de actividad forzado por la escalada de los precios energéticos. Pero avanza que el descenso de producción será notable. Nunca ha habido otro parón similar. Muy lejos quedan, recuerda, los apenas 15 días que se detuvo la actividad en su sector en diciembre de 2013, en plena crisis financiera, cuando la luz se cobraba a 100 euros el megavatio, tres veces menos que ahora. La parada del horno de Arcelor en Gijón reducirá un 50% la producción de arrabio, una materia intermedia para fabricar acero.

Sin embargo, las estadísticas tanto de Red Eléctrica Española como de Enagás, los operadores de ambos sistemas, ofrecen buenas pistas del mordisco que los precios de luz y gas están dando a la industria. El IRE (Índice de Red Eléctrica) revela un descenso del 10,7% en el consumo de electricidad de la industria en julio de este año respecto a hace un año. En 2020, el año del confinamiento y las máximas restricciones a la actividad por la pandemia, el recorte del consumo fue menor, un 7,7%. El subsector que se lleva la peor parte es la metalurgia, con una reducción del consumo del 26,5% respecto a 2021, el doble de lo que recortó durante el año del covid. Estas industrias representan casi una cuarta parte del consumo total de electricidad. La demanda de luz de las papeleras ha disminuido un 4%.

Enagás elabora su propio Índice Grandes Industriales de Gas (IGIG), que cayó un 31,8% en julio y se encuentra en el nivel más bajo desde, al menos, enero de 2018. Por debajo, incluso, de abril de 2020, en pleno covid, cuando se recortó un 21,7%. Entonces el consumo de gas de las principales industrias consumidoras para los 10 sectores más intensivos –lo que mide el IGIG– fue de 209,2 teravatios hora; en julio de este año ha sido sólo de 194,6. Las industrias químicas son las que más han recortado su consumo de gas, casi un 35%, sólo detrás de las empresas de refino –un 58%– y del textil –un 44,2%–. Las papeleras lo han reducido un 26,4% y las metalúrgicas, un 16,2%. En total, la demanda convencional ha caído un 31% respecto a julio de 2021, mientras que el gas destinado a producir electricidad –el causante de que aumente el precio de la luz– se ha disparado un 126% en ese periodo de 12 meses.

Como el Gobierno ha excluido del tope al gas a las plantas de cogeneración, que lo utilizan para producir electricidad, la factura de industrias como las cerámicas –aprovechan la energía de sus hornos para generar electricidad, para ellas mismas y para incorporarla a la red– se ha vuelto inasumible. Según explica Pamesa en el anuncio de su cese de actividad, el coste de fabricar una tonelada de arcilla atomizada ha crecido un 1.047% en el último año. La papelera Saica dice que el cierre de tres de sus cuatro plantas de cogeneración se traducirá en un recorte del 10% en su fabricación de papel.

Fernando Soto rechaza el pesimismo, pero advierte de que estos cierres “pintan mal” y pueden ser el “preludio de algo que puede ir a más” si los precios energéticos no bajan. Aunque el tope del gas ha “aliviado en cierta manera” la presión, sostiene que el sistema marginalista para fijar los precios de la luz “no fue diseñado para estas situaciones tan anormales” y celebra que, “por fin”, Alemania y otros países centroeuropeos, tras “verle las orejas al lobo” hayan reaccionado, y Bruselas se haya decidido a reformar el sistema eléctrico. El problema, matiza, es que “ha pasado un año” desde que, ya antes de la guerra en Ucrania, se advirtieran las primeras señales y los precios comenzaran su remontada.

Así que Soto reclama al Gobierno que mantenga en 2023 las ayudas aprobadas para este año, también que aumente su cuantía: al menos, desde los 9.900 millones concedidos en España hasta la mitad de los 27.500 millones que ha aprobado el Ejecutivo alemán. Al mismo tiempo, pide a las energéticas que sean “solidarias” con el resto de las empresas y ciudadanos españoles y ofrezcan contratos “a precios atractivos”. “En una reunión que mantuve con ellas en noviembre, me aseguraron que podrían ofertar tarifas de entre 55 y 60 euros el megavatio hora para tres o cinco años”, detalla el director general de AEGE. Obviamente, no lo han hecho: “Tienen ya toda la energía vendida”. Soto exige al Gobierno que ponga en marcha las subastas de las conocidas como energías inframarginales –las más baratas– que anunció hace ya un año y en las que las grandes eléctricas estarían obligadas a ofrecer parte de su producción nuclear, hidroléctrica y eólica. La oposición frontal de las compañías ha dado al traste, al menos de momento, con unas subastas que deberían haber empezado a celebrarse antes de diciembre de 2021.

Las electrointensivas miran con envidia a Francia, donde el Estado, a través de la pública EDF, cubre a las industrias el 70% de su consumo de luz. “España y Portugal son los únicos países donde las industrias compran la electricidad en el mercado mayorista –el pool–, no lo hacen ni Francia ni Alemania”, lamenta. Según el barómetro energético de AEGE, el precio medio del mercado diario era en España en 2021 superior al de Alemania y Francia, aunque inferior al de Italia. Este año, tras la puesta en marcha del tope al gas, los precios alemán e italiano –417,9 y 434,4 euros– duplican al español –212 euros–. El francés casi lo triplica.

Pero el reorte de actividad no es sólo un mal español. El mayor fabricante de fertilizantes del mundo, la empresa noruega Yara, va a reducir su producción un 35% por culpa de los altos precios del gas que necesita para fabricar amoníaco, la base de los abonos. Las empresas de fertilizantes europeas ya han rebajado su producción un 70%, una pérdida de capacidad que las aboca a una “crisis sin precedentes”, según denuncian las principales industrias del sector, agrupadas en Fertilizers Europe.

Mientras, Ferroatlántica ha comenzado a aplicar un ERTE que afectará a 150 de sus trabajadores en Cantabria, al igual que Pamesa en Castellón para otros 117 empleados y Acerinox para tres de sus cinco áreas de producción. En la acería de Sestao de Arcelor, que ya estuvo parada desde diciembre de 2021 hasta marzo de este año y no tiene fecha aún para reanudar la actividad, los trabajadores se encuentran en ERTE desde el pasado abril. Ahora está por ver cómo se regula el empleo en la factoría de Gijón.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en dos piezas del conocido como caso Púnica.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha aceptado parcialmente el recurso presentado por Villar Mir contra el auto dictado el pasado 30 de septiembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, en el que se negaba a retirarle la condición de investigado, algo a lo que también se oponía la Fiscalía, informa Europa Press.

Así, los magistrados han ordenado el archivo provisional de las actuaciones contra Villar Mir para las piezas 8 y 9, en las que se investiga la venta de Grabitum —filial de OHL— a una empresa de David Marjaliza y unas supuestas donaciones de OHL al PP de Madrid, respectivamente.

Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero –que no llegó a culminarse– ya está concluida. Por ello, interesa que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.

Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González –para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso Lezo–; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.

Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

Plan para asegurarse la adjudicación

La Fiscalía explica en un comunicado que la investigación ha revelado que la adjudicación de este contrato "obedeció presuntamente a un plan ideado" por Javier López Madrid y el que fuera consejero director general de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas para "asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual".

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel e Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Así para ejecutar este plan y llevar a cabo el pago de dicha comisión, todos estos investigados contaron con la "colaboración esencial" del entonces director de Control de Gestión de la constructora, Felicísimo Damián Ramos Ramos, y del empresario Adrián de la Joya.

El juez García Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.

La acusación popular que ejerce Podemos en el caso Tándem propone una vía alternativa para llegar a los posibles negocios opacos y patrimonio que tendría el rey emérito en el extranjero. Se trata de investigar, aprovechando la reapertura de la pieza 5 que reveló la relación entre el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, a personas relacionadas con cuentas o pagos que rodearían la fortuna en Juan Carlos I la fortuna en Juan Carlos I. Todo ello para que, en función de los indicios que se encuentren, las conclusiones se pongan a disposición del Tribunal Supremo, que es el órgano competente para indagar sobre el ex jefe del Estado.

Para ello, los abogados de la formación morada han registrado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicitan que amplíe la lista de imputados en la pieza 5, denominada Carol –por el nombre con el que supuestamente Villarejo se refería a la examante del rey emérito– a personas que habrían formado parte del círculo de Juan Carlos I en la supuesta ocultación de su patrimonio. Todos ellos nombres sacados de la conversación entre el comisario jubilado y Corinna Larsen, grabada por el primero en Londres en el año 2016.

Así, Podemos plantea al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que cite a declarar en calidad de investigados a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del rey emérito, al abogado Dante Canónica, y al empresario y expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, además de mantener la imputación de la empresaria.

Corinna Larsen está imputada en esta pieza de la macrocausa Tándem desde el pasado julio, cuando el magistrado reabrió la investigación alegando la posible existencia de un encargo de la empresaria al comisario jubilado para investigar a una antigua asistente. Además de Villarejo y Larsen, García Castellón mantiene imputados al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que habría sido la persona que les habría puesto en contacto, y al socio del expolicía Rafael Redondo.

Sospechas de criminalidad

Sin embargo, los letrados de Podemos opinan que de la conversación que Villarejo y Larsen mantuvieron en Londres se pueden deducir “sospechas de criminalidad” contra De Orelans, Villar Mir y Canónica, a los que se podrían atribuir presuntos delitos de blanqueo, cohecho, encubrimiento y pertenencia a grupo criminal, entre otros. Todos ellos, supuestos contactos de Juan Carlos I para proteger su patrimonio opaco en el extranjero.

Según el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, de la charla se deduce que la función de Álvaro de Orleans habría sido la de testaferro de las cuentas del rey emérito en Suiza, al ordenar los pagos de los que en realidad disfrutaba el ex jefe del Estado. Corinna Larsen detalló a Villarejo “pagos por alquiler de aviones y helicópteros que Álvaro de Orleans realizaba a la aerolínea británica Air Partner” para “trayectos realmente hechos por don Juan Carlos”.

La acusación popular también recuerda que en la misma conversación se hace referencia al “alquiler de varias habitaciones y servicios en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles” a nombre del exmarido de Corinna Larsen, Philip Atkins, “a supuesta solicitud del rey emérito, quien no desearía aparecer nominalmente en las facturas”. “Diez días después, siempre según la versión ofrecida por Corinna, su exmarido recibió de una cuenta en Suiza el reembolso de estos gastos, siendo el ordenante del mismo el ya mencionado Álvaro de Orleans”, apunta el escrito.

En una entrevista con el diario El País el pasado mes de marzo, De Orleans admitió que había pagado muchos vuelos privados al rey emérito, pero al mismo tiempo afirmó que no es “testaferro ni fiduciario de nadie” y que él es el “único dueño” de sus propiedades y el único beneficiario de los fondos que administra en la Fundación Zagatka, investigada por la Fiscalía suiza por sus vínculos con Juan Carlos I.

De Canónica, imputado como Corinna en la investigación que se mantiene abierta en Suiza, el escrito de Podemos pide también su comparecencia. El registro del despacho de este abogado y del de gestor de fondos Arturo Fasana ordenado por el fiscal suizo Ives Bertossa reveló la existencia de una cuenta en Ginebra vinculada a la Fundación Lucum desde la que se habrían transferido a una cuenta de la empresaria 65 millones de euros. Esta fundación está a nombre del rey emérito y el actual jefe del Estado, Felipe VI, ya anunció que renunciaría a esta herencia.

Supuestas comisiones por el AVE a la Meca

En cuanto a Villar Mir, Corinna y Villarejo hablaron sobre supuestas comisiones pagadas por él y otros empresarios al rey emérito a cambio de su mediación para la adjudicación de las obras del AVE a la Meca. Las supuestas mordidas, decía la empresaria germano-danesa, habrían sido repartidas por la mujer del difunto traficante de armas Adnan Khashoggi.

Podemos recuerda en su escrito que la Fiscalía Anticorrupción resumió los hechos revelados por la empresaria en dos extractos. Por un lado, “Corinna se refirió a un terreno en Marrakech, al pago de unas comisiones y a cuentas bancarias de las que el rey emérito sería titular real en Suiza, bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de Álvaro de Orleans”. Y en cuanto al presunto pago de comisiones por empresas españolas, la Fiscalía “interesó del Juzgado Central de Instrucción la remisión de testimonio de particulares para su investigación al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”.

Este posible delito fue el que llevó a Anticorrupción a abrir diligencias secretas cuando la pieza ‘Carol’ se cerró en un primer momento en septiembre de 2018. Las pesquisas, en las que se pidió a Suiza documentación de su investigación, permanecieron en esta Fiscalía hasta junio de este año, cuando la fiscal general Dolores Delgado encargó el caso al fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, ya que es el órgano judicial ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación.

Así, la acusación popular de Podemos es muy consciente de que el juez de la Audiencia Nacional no puede investigar al rey emérito, de modo que plantea indagar en lo que la investigación suiza ha determinado como su círculo para supuestamente mantener ocultos sus fondos en el extranjero. Así, además de pedir la citación como investigados de todos los mencionados, solicita a García Castellón que libre comisiones rogatorias a Suiza, Mónaco y Reino Unido para que le envíen información sobre cuentas, empresas y contratos suscritos por Álvaro de Orleans, así como a Marruecos por los supuestos inmuebles que, según dijo Corinna a Villarejo, tendría a su nombre en aquel país para usarla como testaferro del ex jefe del Estado.

El escrito de los abogados del partido morado se ha presentado justo cuando el juez García Castellón está sopesando archivar de nuevo la pieza 'Carol' dado que en la fecha en que se habría producido el supuesto encargo de Corinna Larsen a Villarejo para espiar a una antigua asistente, mediados de 2016, el expolicía ya se habría jubilado, por lo que no se daría el requisito para que hubiera delito de cohecho, tal y como habrían corroborado varios informes policiales, según ha informado este martes informa Europa Press.

El principal promotor del Complejo Canalejas, el macro-complejo de lujo en pleno centro de Madrid inaugurado el pasado viernes 25 de septiembre tras ocho años de obras y polémicas, ha dejado su cargo de consejero delegado tanto en OHL Desarrollos, la división de OHL encargada de construir el proyecto, como en el propio Centro Canalejas. Francisco Meliá da la sorpresa solo tres días después del estreno del suntuoso edificio, que cuenta con viviendas, un hotel Four Seasons y un centro comercial -todo de lujo- y que se halla en un lugar privilegiado de la capital, entre la Puerta del Sol, la Plaza de Canalejas y las calles de Carreras de San Jerónimo y de Alcalá. 

El cese ha sido confirmado por OHL a infoLibre. La empresa presidida por los Villar Mir y controlada desde mayo pasado por la familia Mexicana Amodio no ha aclarado sin embargo si Meliá continuará vinculado a OHL, dado que ha dimitido de la división de Desarrollos, una de las más potentes: Meliá sigue estando en el comité de dirección de OHL. Una fuente asegura que el directivo se desvinculará completamente de OHL. Y al frente de Centro Canalejas le sustituirá Javier Cristian Rodríguez. 

Meliá llevaba tres años siendo el cabeza visible del proyecto, que pertenece un 50% a OHL y un 50% a Mohari Hospitality, el vehículo inmobiliario del hijo del fundador de Pokerstars Mark Scheinberg. Ambos han abonado 608 millones en reformar la antigua sede del Banco Español de Crédito y del Banco Hispano Americano, por la que Juan Miguel Villar Mir entonces al frente de OHL abonó 215 millones de euros al Banco Santander en 2012, con Ana Botella en la Alcaldía madrileña.

Metro cortado cuatro meses

Durante estos ochos años ha habido momentos polémicos: de febrero a junio de 2019 la línea 2 -que recorre el centro histórico de Madrid- estuvo cortada durante cuatro meses por las obras, incidencia por la que después el Ayuntamiento de Madrid (con el actual alcalde José Luis Martínez Almeida) reclamó 1,2 millones de euros. Una cantidad que los sindicatos consideraron insuficiente y fruto del "amiguismo", especialmente cuando no todos los madrileños van a poder disfrutar del lujo pero sí padecen las consecuencias en el transporte urbano. 

Los trabajos de reforma también han provocado desalojos de edificios contiguos a lo largo de 2018 debido a diferentes fugas de gas. El pasado viernes consiguió por fin abrir el buque insignia del Centro Canalejas tras retrasarse la apertura desde el pasado 15 de mayo por culpa del coronavirus: el hotel Four Seasons Canalejas, que cuenta con 200 habitaciones aunque de momento solo se comercializan 50. La Suite Real, el antiguo despacho de Mario Conde en Banesto, tiene 400 metros cuadrados y una noche cuesta 20.000 euros. 

El destino del ex CEO

Para coronar el lujo en el que ha estado trabajando el hasta ahora consejero delegado del complejo, habrá 22 pisos de lujo que ya se han vendido por cantidades que oscilan entre los 2,5 y los 10,5 millones de euros, pero que tendrán los mismos servicios que el hotel Four Seasons en una nueva modalidad de explotación inmobiliaria hasta ahora poco común. Y por último, la denominada Galería Comercial Canalejas, que contará con 40 tiendas de lujo y 15 restaurantes. La galería abrirá a lo largo del primer semestre de 2021. En total, 50.000 metros cuadrados de complejo.

¿Por qué el consejero delegado se baja del proyecto justo cuando se inaugura? Según El Confidencial, el israelí Mark Scheinberg y dueño de la otra mitad de Canalejas a través del grupo Mohari, se habría hecho con los servicios de Francisco Meliá para montar un fondo de inversión en España; también para gestionar los intereses de Scheinberg en Canalejas. Por lo que puede que el dimitido Meliá no termine yéndose muy lejos del complejo prohibitivo. 

Mi relación personal con don Juan Carlos ha sido siempre la que correspondía al encuentro correcto de un jefe del Estado con un ciudadano honrado y trabajador. En ningún momento de mi larga vida profesional he recurrido a medios torcidos o delictivos para lograr adjudicaciones o ventajas”. Son palabras del empresario Juan Miguel Villar Mir, que se ha dirigido por escrito a infoLibre, en relación con el reportaje titulado Juan Carlos I deja en España una corte de altura incluso penal, que fue publicado el 9 de agosto.

El fundador del grupo OHL asegura que le ofende la inclusión de su nombre en “un confuso totum revolutum de supuestas o reales amistades peligrosas” de don Juan Carlos I.. Me ofende la indiscriminación en un asunto tal delicado, en el que cada ciudadano tiene el derecho y el deber de la discreción. Sí diré que mi relación con el Rey don Juan Carlos ha sido siempre correcta, limitada a los asuntos de Estado que Su Majestad ha creído convenientemente tratar, y nunca descendió a cuestiones personales ni mucho menos a operaciones oscuras o irregulares”.

Villar Mir tiene especial interés en dejar claro que no fue una figura relevante en el consorcio español que se hizo con el AVE a la Meca y cuya adjudicación está en el origen de la presunta comisión multimillonaria cobrada por el rey emérito. “Con respecto a este infundio, que se ha extendido en los medios como una maliciosa mancha de aceite a raíz de la divulgación de unas grabaciones apócrifas realizadas por un policía corrupto que se encuentra en prisión, he de desmentir con rotundidad que yo tuviese el control y el liderazgo de aquel magno proyecto, en el que participaron nueve empresas privadas —OHL, que yo presidia, participó con poco más del 6%— y tres empresas públicas (RENFE, Adif y la ingeniería INECO) que fueron las que ostentaron el liderazgo técnico y político del consorcio español. Por mi parte, no participé jamás en el consejo del consorcio, ni por supuesto nunca lo presidí ni lo lideré”.

El empresario aprovecha para asegurar “tajantemente que las afirmaciones que me vinculan con unas comisiones procedentes del AVE La Meca-Medina son delirantes embustes, mentiras abyectas de principio a fin, que probablemente formen parte de la campaña de desprestigio que está en marcha contra la Corona en general y contra don Juan Carlos en particular”. infoLibre jamás ha vinculado a Villar Mir con dichas comisiones.

“Es además también completamente falso que, como se ha repetido en el mismo relato falsario que ha rodado por diversos medios (no por el suyo, afortunadamente), yo estuviera presente en la visita al Rey de Arabia en un viaje de don Juan Carlos en 2006 que supuestamente tenía por objeto que nuestro país tomara posiciones ante la futura adjudicación del AVE , del que se dice que formaban parte la intermediaria profesional Zanganeh y la supuesta amiga especial de rey emérito Corinna. Para mayor claridad, deseo precisar que nunca en mi vida he conocido ni he visto a la tal Corinna, ni en España ni fuera de España”, añade Villar Mir. Como el propio empresario reconoce en su misiva, infoLibre nunca ha dicho que él hubiera participado en esa visita.

En cuanto al hecho de que figure como investigado en dos conocidos escándalos de corrupción del PP – la supuesta financiación ilegal del PP en la operación Púnica y el caso Lezo por la supuesta ilegalidad en la adjudicación del madrileño tren a Navalcarnero–, el empresario afirma lo siguiente: “Debo dejar constancia de que en ninguno de los dos asuntos, a día de hoy, se me ha comunicado todavía el hecho por el que estoy siendo investigado”.

Siete años después, la compañía no levanta cabeza. Su cotización ronda el euro por acción y lleva ya tres ejercicios encadenando números rojos. Y su imagen está cada vez más deteriorada por las continuas apariciones de la firma en presuntos casos de corrupción. El nombre de OHL ha salido en la Gürtel, en los papeles de Bárcenas, en Son Espases, en Púnica o en Lezo, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está investigando en una pieza separada supuestos pagos "generalizados" por parte de responsables de la constructora a funcionarios para conseguir adjudicaciones. Esta última sombra de duda sobre la compañía ha llevado a OHL a contratar a la auditora Baker&Mckenzie para buscar cualquier rastro de prácticas ilícitas durante más de una década –entre 2003 y 2014–. “Estamos comprometidos con la ética y ofrecemos cualquier colaboración a la justicia”, afirmó a finales de mayo el consejero delegado de la firma, José Antonio Fernández.

Los papeles de Bárcenas y Gürtelpapeles de BárcenasGürtel

La primera sombra de duda sobre OHL apareció a los pocos días de que comenzase el año 2014. En el mes de enero, los diarios El Mundo y El País revelaron en primera página la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Y en la documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas, aparecían tres ingresos a nombre de “Villar Mir” y “J.M. Villar Mir” por más de medio millón de euros: 100.000 euros en 2004, 180.000 euros en 2006 y 250.000 euros en 2008. En la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel, el tribunal de la Audiencia Nacional consideró acreditada la existencia de esta caja B, rechazando tajantemente que se nutriese de “donaciones altruistas” por parte de empresarios. “Tienen un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos y, por lo tanto, no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares”, recogía el fallo, conocido en mayo del año pasado.

De hecho, el nombre de la empresa fue puesto sobre la mesa de la Audiencia Nacional durante una de las sesiones del juicio de la Gürtel. Lo pronunció el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, quien a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción aseveró que “grandes compañías, grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados” abonaron comisiones a cambio de contratos públicos de diferentes ministerios, entre los que mencionó Fomento o Medio Ambiente. Eran, como definió Correa, “pagos por éxitos”, unas declaraciones que no sentaron nada bien a las empresas, que horas después anunciaron la interposición de una querella contra el cabecilla de la trama corrupta. Villar Mir no se sentó en el banquillo de los acusados en Gürtel. En la causa de los papeles de Bárcenas prestó declaración como investigado, aunque finalmente el juez archivó la causa contra el empresario, que siempre ha defendido que las anotaciones del extesorero son “una invención”.

El caso Son Espasescaso Son Espases

La segunda sombra en el expediente de OHL apareció pocos meses después de que se revelaran los papeles de Bárcenas. En agosto de 2014, la Policía exigió al Govern balear los documentos originales de la concesión del Hospital Son Espases que el Ejecutivo de Jaume Matas adjudicó en el año 2006 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Dragados, una de las filiales de la compañía presidida por Florentino Pérez ACS. Estalló así el conocido como caso Son Espases, en el que han sido procesados tanto el propio Matas como la exconsellera de Salud Aina Castillo, el ex director general de Ib-Salut Sergio Bertrán y el propietario de la firma Global PM, Jesús Peinado. La Fiscalía pide para el expresidente balear cuatro años y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por los delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juicio contra el exlíder del Ejecutivo balear y los otros tres acusados arrancará el próximo lunes en la Audiencia de Palma.

Los hechos guardan relación con el supuesto amaño que el Govern de Matas hizo del concurso para la adjudicación de la construcción, conservación y explotación del hospital de referencia balear. En concreto, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado acusan al expresidente balear de ordenar de manera fraudulenta la contratación de Global PM para que otorgara en el concurso la máxima puntuación a la UTE que lideraba OHL, aunque finalmente la operación se acabó frustrando y la adjudicación recayó en manos de Dragados. En su declaración ante la Fiscalía, la exconsellera de Salud aseguró que Matas dio instrucciones en 2006 para que la oferta puesta sobre la mesa por la firma de Villar Mir se hiciera con el jugoso contrato. El empresario llegó a estar imputado en la causa hasta junio de 2017, cuando el entonces instructor José Castro tuvo que sobreseer el caso contra Villar Mir al no encontrar ningún indicio de pago por parte del empresario para hacerse con la adjudicación.

De Púnica a LezoPúnicaLezo

Y cuando parecía que nada podía ir a peor, estalló la Púnica. En febrero de 2018, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea citó a declarar como investigado en la trama tanto a Villar Mir, que dejó la presidencia de la constructora un par de años antes, como a su yerno, el empresario y ex consejero delegado de OHL  Javier López Madrid, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude o prevaricación, entre otros. Bajo la lupa de la justicia, el presunto pago de comisiones a cambio de hacerse con contratos públicos de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que entonces dirigía Francisco Granados. La decisión del magistrado se produjo después de que el supuesto cerebro de la trama, David Marjaliza, declarase en sede judicial que tanto él como López Madrid y Granados se repartieron una comisión de 3,6 millones por la adjudicación en 2004 a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid en la localidad de Boadilla del Monte.

De Egea relató en su auto que el expresidente madrileño garantizó dicho lote de contratos a la firma Obrum, vinculada al cabecilla de la trama, a cambio de mordidasmordidas. El papel jugado por López Madrid habría sido, según describió el magistrado, aportar las calificaciones que ostentaba la empresa Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la compañía de Marjaliza pudiese optar a los contratos. El auto, además, volvía a poner sobre la mesa que OHL había sido identificado como uno de los presuntos donantes del PP madrileño, de acuerdo con una agenda intervenida a Granados. Nada más conocerse las imputaciones, que también incluían al expresidente de Construcción de OHL Rafael Martín de Nicolás, la compañía emitió un comunicado recordando que ni Villar Mir ni López Madrid ocupaban ya ningún puesto en la empresa y asegurando que todas las adjudicaciones se realizaron de acuerdo a la ley. Durante su declaración como investigado, el expresidente de OHL negó haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones y rechazó las donaciones opacas al PP.

Sin embargo, Púnica no ha sido el único caso de corrupción en el que Villar Mir y López Madrid han ido de la mano. Ambos empresarios también han sido citados a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo, que colocó en prisión provisional al expresidente madrileño Ignacio González. En concreto, en la pieza número 3, en la que se investiga el supuesto pago de una comisión a González a cambio de hacerse en 2007 con el contrato del proyecto ferroviario que pretendía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero, algo que nunca llegó a completarse. Tanto López Madrid como Villar Mir, de nuevo, han negado categóricamente el pago de estas mordidas. OHL, por su parte, sí que ha localizado en la auditoría interna que la firma realizó por este asunto dos transferencias por 2,5 millones de dólares –unos 2,2 millones de euros–, pagos que la UDEF ha llegado a ligar con un supuesto amaño de la concesión. Sobre estas transferencias, Villar Mir mostró en sede judicial sus sospechas de que alguien desvió desde la empresa esas cantidades en beneficio propio.

El pasado 27 de mayo trascendió que la Guardia Civil había remitido al juez del caso Lezo un informe en el que aseguran que “por primera vez” habían encontrado un documento interno que probaría el pago de un soborno por la concesión del tren a Navalcarnero. Y, horas después, se conoció que García Castellón había solicitado información detallada sobre una docena de expedientes de obras públicas adjudicadas a OHL y a una de sus filiales por valor de 418 millones de euros. En esta pieza separada de Lezo, se está investigando a los máximos dirigentes de la constructora por presuntamente haber mantenido durante años una “práctica generalizada” de pagos para la consecución de adjudicaciones públicas, pesquisas que arrancaron a raíz de unas grabaciones de un exdirectivo de la compañía. El juez había pedido a OHL que le informara sobre sus planes para “prevenir la comisión de delitos de cohecho”. Este jueves, la firma le ha remitido un informe en el que detalla haber invertido 2 millones de euros para evitar los delitos relacionados con la corrupción.

Sombras en México y las grabaciones de Corinna

La multinacional también ha tenido que hacer frente en los últimos años a diferentes escándalos en México. En 2015, por ejemplo, se filtró una conversación del entonces presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, con el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno mexicano, Gerardo Ruíz Esparza, en la que se daba a entender que la Secretaría había facilitado a la constructora información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicos los concursos. Dos años después, en 2017 y en plena campaña electoral en el Estado de México, el movimiento Ahora, impulsado por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció en varios vídeos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría financiado varias de sus campañas gracias a los acuerdos alcanzados con la empresa, especialmente las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. La compañía rechazó tajantemente tales acusaciones.

El nombre de OHL también ha aparecido en los famosos audios en los que Corinna su Zayn-Wittgenstein revela al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional en el marco de la operación Tándem, los negocios de Juan Carlos I. Según la que fuera amiga íntima del rey, el monarca pidió una comisión por su papel como intermediario después de que el consorcio de empresas españolas, del que formaba parte OHL, se hiciera con el contrato de más de 6.300 millones de euros por el AVE a La Meca. “Villar Mir puso a Shahpari Zanganeh, mujer de Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren [...] y después el rey me ha escrito por e-mail que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: ‘Voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión”, relataba Su Zayn-Wittgenstein. Con todos estos audios sobre la mesa, IU se querelló, entre otros, contra el rey emérito y Villar Mir. Sin embargo, el Tribunal Supremo archivó la querella.

Moody's ha bajado un escalón la calificación crediticia de OHL, desde 'B3' hasta 'Caa1', con lo que deja el rating de la constructora en grado especulativo, el considerado como 'bono basura', según informó la firma y recoge Europa Press. La agencia de calificación de riesgo atribuye esta rebaja a los "pobres resultados" presentados por OHL al cierre de los nueve primeros meses, que arrojaron una pérdida de 1.335 millones de euros, y al empeoramiento de la rentabilidad de su negocio constructor.

Moody's también señala el "inesperado" consumo de recursos que todo el negocio del grupo -y no sólo los proyectos fallidos- registró en este periodo, que ha llevado a que la "fuerte" situación de liquidez que logró con la venta de su división de concesiones se haya visto "rápidamente" reducida. Además, Moody's apunta que "la posibilidad de que la generación de caja [de OHL] mejore en los próximos trimestres sigue siendo muy limitada".

La rebaja de calificación de Moody's tiene lugar tras el desplome que OHL viene registrando en Bolsa, donde la constructora acumula un descenso del 86% en lo que va de año, que le ha llevado a perder la cota del euro por acción y a ahondar en nuevos mínimos históricos.

Moody's es la agencia de calificación que rebajó hasta en tres ocasiones la nota de OHL en la segunda mitad del año 2016, ante los problemas de endeudamiento que entonces presentaba la compañía. OHL puso en marcha en ese annus horribilis un plan de saneamiento y ajuste que aún sigue en marcha. En virtud de este plan, la empresa ha venido realizando una cascada de ventas de activos y negocios que tuvo su punto culminante a comienzos de este año con la desinversión del negocio de concesiones. Tras esta operación, quedó reconvertida en constructora y Moody's le subió un puesto la nota.

Negociación abierta con bancos

En la actualidad, tras cambiar cuatro veces de consejero delegado, la nueva dirección de la compañía que dirige José Antonio Fernández Gallar ha realizado una profunda revisión de la cartera de contratos del grupo, identificando proyectos que no tienen posibilidad de realización, lo que se ha llevado a computar nuevas pérdidas.

Ante esta nueva rebaja de Moody's, OHL destaca su "holgada posición de liquidez" de 1.046 millones, que le otorga una posición de caja de 345 millones. No obstante, fuentes de la compañía informaron de que tiene abierta una negociación con bancos "para seguir garantizándose emisiones de avales y líneas de crédito en el negocio constructor".

La firma que preside Juan Villar Mir considera que su posición de caja le dota de la "estabilidad necesaria" para que el nuevo equipo directivo ejecute su plan de negocio para retornar a la empresa a "la rentabilidad y la generación de caja en el horizonte de 2020" y así "garantizar su viabilidad futura".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado a declarar como investigado el próximo 19 de septiembre al médico que presuntamente falsificó un informe para que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir evitase comparecer ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Lezo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta causa sobre presunta falsificación fue inicialmente archivada y ahora se reabre para averiguar si realmente el facultativo elaboró dicho documento falso. Todo se remonta al pasado 7 de enero de 2018, cuando se presentó este certificado ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya que al día siguiente Villar Mir estaba citado en dependencias de la Guardia Civil para la práctica de una diligencia de toma de huellas decadactilar.

Según informó el equipo de comunicación del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir, "a causa de su estado de salud, se solicitó un aplazamiento, siendo la diligencia realizada cuatro días después, es decir, el 12 de enero de 2018, con resultado, por cierto, negativo. La huella del señor Villar Mir no figuraba en el documento a analizar".

No obstante, unas escuchas acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por presuntas donaciones al Partido Popular madrileño a cambio de adjudicaciones de obra en la Comunidad de Madrid −avaladas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional−, revelaron una conversación del empresario con sus abogados en la que se hablaba de la necesidad de un informe médico falso para no acudir a dicha citación judicial.

La fiscal del caso, Ana Cuenca, consideró que se debía analizar si esta parte de las conversaciones era constitutiva de delito y el magistrado instructor la envió a los juzgados de instrucción de Madrid, donde inicialmente se archivó. Los portavoces del empresario ya lamentaron la publicación de esas conversaciones y adviertieron de una posible vulneración de su derecho a la intimidad y a la defensa, ya que no han autorizado su reproducción o difusión.

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea requirió este martes a la constructora OHL el listado con la composición de su consejo de administración desde el año 2007 al 2017 así como un organigrama completo de la empresa durante los años 2007 y 2008, en el marco de la investigación vigente por la adjudicación presuntamente irregular del proyecto de tren de Navalcarnero (Madrid), informó Europa Press.

En su providencia, con fecha de 14 de junio, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la batería de diligencias solicitada por el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid de cara a esclarecer si se produjo el pago de una mordida de 1,5 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para adjudicarse en este proyecto fallido en el año 2007.

De este modo, solicita los informes encargados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de OHL al objeto de que se analice si se había producido alguna irregularidad legal en el procedimiento de licitación del proyecto ferroviario para los municipios de Móstoles y Navalcarnero.

En concreto, le reclama tres estudios con fecha de mayo, junio y julio de 2017, respectivamente, relacionados el primero de ellos con un informe preliminar sobre la legalidad de la licitación; el segundo relativo a un estudio complementario sobre este asunto y el tercero centrado en las características del proceso de ejecución.

Declaración judicial de Villar Mir

A estos documentos se refirió el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ante el magistrado De Egea el pasado mes de mayo cuando fue preguntado por el proyecto que se investiga en la causa Lezo. En su declaración, el empresario negó el pago de mordidas y dijo que cuando se enteró de que se había producido este pago encargó una investigación interna al sospechar que alguna persona desde dentro de la multinacional habría desviado dicha cuantía en beneficio propio.

Por ello, el juez también solicita el informe elaborado por el Consorcio de Transportes al que también hizo referencia Villar Mir en dependencias judiciales y la composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la compañía entre la década de 2007 al 2017.

OHL y su política cero con la corrupción

Desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que su yerno Javier López Madrid, también investigado en la causa, tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) fue nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos fueron ejecutados con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

El fundador y expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, acaba de declarar ante el juez del caso Lezo que las transferencias que la empresa hizo en 2007 a una cuenta suiza de la compañía panameña Lauryn Group le parecieron anormales, según fuentes presentes en la comparecencia. El empresario sostiene que se enteró de esas transferencias hace un año.

Los investigadores manejan la hipótesis de que parte de que 1,4 millones de los los 2,5 que en noviembre 2007 transfirió OHL a esa sociedad ocultaban en realidad el pago de un soborno destinado a Ignacio González por la adjudicación que la empresa de Villar Mir había logrado del Gobierno madrileño para la construcción del tren a Navalcarnero.

OHL ha negado en todo momento la existencia de ese soborno. Y sostiene que las transferencias a Lauryn Group iban destinadas a pagar deudas contraídas por servicios que había prestado el empresario Adrián de la Joya, titular de la compañía panameña.

Ante el juez Manuel García Castellón también declarará esta mañana Javier López Madrid, yerno de Villar Mir e igualmente imputado en la causa. Ambos ya habían comparecido en septiembre.

El empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, admitió este martes en el Congreso que lleva "bastante años dando una pequeña donación", de un máximo de 25.000 euros al año, a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, pero dijo estar convencido de que esos fondos no fueron desviados al PP, un partido al que nunca financió, según informó Europa Press.

Así lo aseguró Villar Mir durante su comparecencia ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la que el compareciente se desvinculó.

A preguntas del portavoz del PNV en este órgano, Mikel Legarda, el marqués de Villar Mir explicó que considera que FAES, que ha estado vinculada al PP hasta hace unos años, hace "una labor eficaz" y que, como tenía "fe" en la misma, decidió empezar a financiarla, siempre conforme a la ley.

Villar Mir dijo estar convencido de que con esas cantidades no estaba financiando indirectamente al PP. "Estoy seguro de que el poco dinero que le he dado a FAES, lo máximo 25.000 euros al año, no ha salido de FAES al PP, de lo contrario no se lo habría dado", remarcó, incidiendo en que ese dinero se utilizó para "hacer cursos y actuaciones propias de una fundación".

Y a la fundación de Fernández de la Vega

También ha contado que dio dinero durante un tiempo a la Fundación Mujeres por África que creó la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega cuando dejó el Ejecutivo. "Pensé que merecía la pena, pero era muy cara, la más cara que he tenido en la vida", ha dicho. Por eso y por considerar que en España también hay necesidades que atender, optó por dejar de financiar una entidad trabajaba en el extranjero.

Soy honesto, pero no todos somos iguales

Todas sus donaciones, subrayó, se hicieron con arreglo a la ley y fueron auditadas. Por contra, repitió en varias ocasiones que "jamás" donó dinero a un partido político y que si alguien dio alguna cantidad desde alguna de sus empresas lo hizo sin su conocimiento y contraviniendo las normas de sus compañías". "Espero que no haya pasado nunca", agregó.

"Me complace manifestar rotundamente que jamás en mi vida ninguna de las empresas en las que he participado ha entrado en el juego corrupto de poder dar donativos, necesariamente corruptos, para poder recibir cualquier tipo de prestaciones de obras o de lo que sea. Cuando digo jamás, digo jamás. He tenido a gala toda mi vida de tratar de ser honesto", sentenció, antes de agregar, eso sí que no todos los empresarios son "iguales".

El compareciente dijo desconocer "por qué" está siendo investigado en los casos Lezo y PúnicaLezo Púnica y señaló que cuando le preguntó al juez Manuel García Castellón le ha contestado que está entre los investigados para que pueda acudir al juzgado con asistencia letrada.

Sobreseído en 'los papeles de Bárcenas'

"No conozco a (Luis) Bárcenas, creo que me he cruzado una o dos veces con él, jamás he estado en su despacho ni he hablado con él", contestó al ser preguntado sobre si tenía relación con el extesorero del PP. Respecto al también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, explicó que le conoció cuando fue ministro de Hacienda y vicepresidente, porque entonces Lapuerta presidía la Comisión de Presupuestos del Congreso, pero nunca tuvo amistad con él.

En este punto, aseveró que se dispuso su "sobreseimiento" en el caso de los papeles de Bárcenas porque el juez no creyó las mentiras Bárcenas, quien sostuvo que Lapuerta le dijo que él le había entrado 300.000 euros para campañas del partido. "He sido cien por cien sobreseído", presumió.

También negó conocer al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correatrama Gürtel, –"no sé nada de él ni deseo saberlo porque parece que ha tenido un comportamiento irregular", apuntó– y lo mismo dijo del supuesto cerebro de la Púnica el constructor David MarjalizaPúnica .

Metro de Navalcarnero

Respecto a la adjudicación a su empresa del metro entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, defendió que aquel concurso, al que sólo se presentaron dos ofertas, fue totalmente transparente y que OHL se posicionó como la favorita de forma indubitada porque renunció "a una banda de ingresos mínimos garantizados", lo que no hizo su competidora.

"No tenía sentido pensar que, siendo indiscutibles ganadores, a alguien se le ocurriera la idea de que había que pagar para conseguirlo; sería un necio", contestó cuando se le preguntó sobre la supuesta "mordida" para hacerse con la obra que investiga la Audiencia Nacional.

El compareciente señaló que cree haber visto "una vez" al empresario Adrián de la Joya, quien asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que el que fuera consejero dominical de OHL y yerno de Villar Miguel, Javier López Madrid, le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Supuestamente se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL del metro a Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenían con él por un negocio en África. López Madrid negó este martes ante la comisión que investiga la supuesta caja B del PP que diera semejantes órdenes.

Villar Mir remarcó que no sabe quién hizo esa transferencia pero que tiene el "máximo interés" en saberlo. "He ordenado a mis letrados que abran una investigación para conocer en detalle todo el proceso de esa operación absolutamente irregular", dijo, sin mencionar en ningún momento a su yerno. Se limitó a señalar que en la causa de Lezo sí consta que De la Joya tuvo "alguna relación con alguna persona" de su grupo empresarial que el no tiene "claro" en qué consistió.

En varias ocasiones a lo largo de su intervención aseguró que es "absolutamente falso" que haya habido trato de favor a sus empresas y que él siempre fue "absolutamente independiente" porque jamás entró en ningún partido político.

"Nadie me ha pedido una comisión en mi vida"

El primero en interrogar a Villar Mir fue el dirigente de Podemos Rafael Mayoral, quien se afanó en vincular al compareciente con el franquismo, algo que él negó. De hecho, incidió en que es "el único español" que dijo dos veces que no a ser ministro de Franco y que sólo aceptó serlo en el Gabinete que formó Carlos Arias Navarro tras la muerte del dictador, un gobierno que definió como el "primero de la Transición" y que, remarcó, presidió el Rey Juan Carlos.

"¿Son los poderes económicos capaces de beneficiarse a la administración sin entrar en ella?", se preguntó parafrasenado una de las cuestiones que le planteó Mayoral. "No lo sé –se contestó– todo lo que hice en mi vida fue cumplir la ley y en broma suelo decir que no conozco a nadie más que trabaje más horas que yo".

"Nadie me ha pedido una comisión en mi vida", dijo, antes de explicar que su esposa sostiene que no lo hacen "porque no se atreven". A su juicio, no sucede porque es catedrático de universidad "por oposición" y miembros de cuatro reales academias. "He hecho de mi vida un ejemplo de moralidad y honorabilidad, mi currículum no casa con alguien que haya querido ser un pillo", comentó.

Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.

Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya consiguió hace una semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio programado para el día 21. En enero, había logrado un primer aplazamiento con la presentación de un certificado médico que la Guardia Civil considera el resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato judicial".

La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el empresario con su médico en lo que la defensa del investigado considera también una vulneración de derechos, en este caso a la intimidad.

A lo largo de  las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el letrado de Villar Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima diatriba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La actividad policial se consuma sin control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio "cuenta inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente". 

Providencia del juez

Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el 20 de marzo una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma cibernética (plataforma Icloud) a través de la cual acceden al sumario los abogados personados en Lezo no hay "ninguna conversación entre letrado-cliente". La providencia especifica que un informe de la Guardia Civil que "por error" se incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud "exclusivamente durante un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada de uno de los altos directivos de OHL investigados en Lezo.

Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas y lo que de ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el destino del dinero (1,7 millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró OHL desde México a una cuenta abierta en el Anglo Irish Banck de Suiza por la compañía panameña Lauryn Group.

El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya un año confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le pidió que enviase el grueso del dinero  (1,4 millones de los 1,7 transferidos) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.  Los investigadores mantienen que ese pago, que al parecer nunca llegó a Ignacio González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo autonómico de adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial de 362 millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes de que OHL hiciera desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto ferroviario acabó siendo ruinoso.

Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García Castellón han negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a Lauryn Group ocultase un soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar Mir- del pago de servicios prestados al grupo por Adrián de la Joya.

El periodista José María García ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se refiriera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir cuando habló de que un constructor le reveló presuntas comisiones ilegales a cambio de obra pública. Tampoco ha revelado el nombre del empresario.

En declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, García ha confirmado que mantuvo "una conversación hace años con un alto empresario de la construcción que había tenido cargos políticos importantes".

"No he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir fue de Jordi Évole", ha dicho en alusión al director del programa Salvados en el que hizo esas afirmaciones.

Durante el programa, el periodista deportivo insinuó que "un empresario importantísimo" le confesó que "pasaba por caja para hacer obra pública" porque tenía "un empresa de más de 30.000 obreros" y que si no obtenía adjudicaciones no podía "sobrevivir".

"¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor?", preguntó Évole a García, a lo que éste contestó: "Sí, claro, era un constructor, importante y poderosísimo, con cargos políticos, que había sido ministro...". A la pregunta de Évole de si el nombre de ese empresario empezaba por Villar y acababa por Mir, García contestó: "Empieza por V y acaba por R".

Tras declarar ante el juez durante una media hora, que le ha citado esta tarde como testigo en el marco de la pieza 3 del caso Lezo, que investiga el supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González para la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero, García ha reiterado que "en absoluto" se refería a Villar Mir cuando contó la conversación con el empresario.

"Ninguna prueba"

"Es una deducción de Jordi Évole. Si tuviese la constancia de que era el señor Villar Mir, no vendría aquí a decir que no era el señor Villar Mir. Yo no tengo ninguna prueba de que sea el señor Villar Mir", ha subrayado.

A la pregunta de si no se planteó denunciar lo que le había contado ese constructor, el periodista ha contestado que no porque "no tenía ninguna prueba". "Pienso que todo lo que podamos colaborar, pero fehacientemente, para limpiar un poco este país, lo debemos de hacer en la medida de nuestras posibilidades", ha apuntado.

García, que se ha mostrado sorprendido de haber sido citado en la Audiencia Nacional menos de un día después de la emisión del programa, ha añadido que él no era más conocedor de que se estuviesen pagando comisiones ilegales a cambio de obra pública más allá de lo que "conoce todo el mundo".

Sobre la imputación de Villar Mir en tres casos de corrupción —Púnica y Lezo en Madrid y Son Espases en Palma—, el periodista deportivo se ha limitado a señalar: "Vamos a ver cómo se desarrollan esas causas".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga el caso Lezo sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, ha vuelto a citar a declarar como investigados el próximo 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero, informa Europa Press.

Están llamados a declarar en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación en el año 2007.

Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Al respecto, Villar Mir negó ante el magistrado haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama para este proyecto fallido que pretendía unir los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

En relación con López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional "unos detalles muy concretos" sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.

De acuerdo con el auto del pasado mes de abril, el cuaderno de López Madrid recogía fechas próximas a la adjudicación del contrato y anotaciones de que había que darle los detalles del operativo al entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmarlo.

Incriminado adrede

González contó al exministro Eduardo Zaplana que López Madrid le dijo que había efectuado el pago de la comisión, de acuerdo con el auto del magistrado Velasco, ahora en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El empresario, por su parte, le acusó de incriminarle adrede a sabiendas de que sus llamadas estaban siendo registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación judicial vigente.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group, unos pagos que la UDEF ligaba a supuestas irregularidades de licitación y adjudicación de la concesión del cercanías.

El expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, haber pagado comisiones al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre a cambio de la adjudicación de unas obras de metro en 2004, tal y como apuntó en sede judicial el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, el empresario, que comparece en calidad de investigado, ha precisado ante el magistrado instructor que igualmente no hubo donaciones en B al PPB ya que, mientras fue presidente de la compañía, hubo "tolerancia cero" con la corrupción.

El juez que investiga la trama Púnica le había citado junto con otras cuatro personas más —entre ellas el empresario Javier López Madrid— por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida en el momento de los hechos por Francisco Granados.

Al respecto el empresario se ha desvinculado del presunto pago de calificaciones de la sociedad Elsan, del Grupo Villar Mir, a Gravitum, propiedad esta última de Marjaliza. Igualmente ha negado haber pagado comisiones a su yerno Javier López Madrid para que se las diera al Ejecutivo madrileño que dirigía Esperanza Aguirre.

Reparto de 3,6 millones de euros

En su declaración en sede judicial el pasado 17 de enero, Marjaliza dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa del constructor de tres obras de Metro de Madrid en 2004. Se refirió al Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).

López Madrid, también llamado a declarar

Villar Mir ha sido el primero de los cinco citados en declarar y lo ha hecho por marco de una hora, tras lo cual ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional acompañado de sus letrados y sin hacer declaraciones a los medios que le aguardaban a su salida. El expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido el segundo en comparecer.

Tras ello el juez ha hecho un receso y reanudará a las 15.30 horas los interrogatorios con Javier López Madrid, Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra (empresa pública ya extinta) y Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, empresa esta última vinculada al presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza.

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 Diego de Egea les citó a todos ellos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

OHL y su política cero con la corrupción

Por su parte, desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que López Madrid tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos han sido ejecutados "con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

El empresario Juan Miguel Villar Mir sigue formando parte del consejo de administración del Banco Santander y no considera que deba presentar su dimisión a pesar de su segunda imputación por corrupción, conocida este jueves. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, lo citó a declarar el próximo martes 6 de febrero en el marco del caso Púnica. El magistrado le pedirá que explique los vínculos entre las presuntas donaciones a la caja b del PP de Madrid por parte de la constructora OHL –que presidió desde su creación en 1999 hasta junio de 2016– y la adjudicación de obra pública. También declarará su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba imputado en esta causa.

Consultado por infoLibre, un portavoz autorizado del Banco Santander asegura que los servicios jurídicos de la entidad "analizarán" esta nueva circunstancia relativa a Villar Mir y que el resultado de este análisis se presentará a la comisión de nombramientos, aunque la última palabra la tendrá el consejo de administración. No obstante, no precisó en qué fecha se analizará el caso ni tampoco qué criterios concretos sigue este órgano a la hora de tomar una decisión de este calado. 

Sí existe un reciente precedente. Tras ser imputado en mayo de 2017 en la trama Lezo por su relación con el presunto pago de 1,4 millones en Suiza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio del contrato que su empresa logró para la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero, el consejo de administración del Banco Santander determinó que Villar Mir conservaba la "honorabilidad" e "idoneidad" necesaria para el ejercicio de su cargo en la entidad. 

El empresario forma parte del consejo de administración del Banco Santander desde mayo de 2013. En este tiempo se ha embolsado un total de 657.000 euros: 71.000 en 2013, 105.000 en 2014, 246.000 en 2015 y 235.000 en 2016. Hasta el 31 de enero de 2017, Villar Mir también formaba parte del órgano de dirección de la gestora de autopistas Abertis. Un mes antes también había abandonado el asiento que tenía en el consejo de la inmobiliaria Colonial. 

Situación judicial 

Tras conocerse su segunda imputación, fuentes de OHL recordaron que Villar Mir dejó la presidencia de la constructora en junio de 2016 y que en la actualidad no ocupa ningún puesto en la empresa. No obstante, sí sigue presidiendo el Grupo Villar Mir, que tiene el 51,12% de las acciones de OHL a través de la inmobiliaria Espacio. Según esas mismas fuentes, OHL "mantiene una política de tolerancia cero" con la corrupción y, desde su fundación "ningún directivo ni empleado del grupo ha sido condenado por ningún supuesto de corrupción".

Sin embargo, de manera reciente el nombre de Juan Miguel Villar Mir ha estado ligado a varias investigaciones sobre la presunta financiación del PP. La última, en el marco de la operación Púnica. El juez García Castellón lo ha citado a declarar para que dé explicaciones sobre adjudicaciones públicas a OHL y los posibles amaños en la concesión de obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte. De forma indiciaria, el juez le atribuye a él y a los otros cuatro citados a declarar el mismo día la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.

El magistrado considera que existen adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004 –cuando la presidía Francisco Granados– en las que se ha evidenciado "la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones". Entre esas sociedades "amigas", García Castellón cita "las empresas de Juan Miguel Villar Mir". Por otro lado, el juez recuerda que OHL se ha identificado como empresa que presuntamente donó dinero al PP de Madrid, unos hechos que también se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.

El juez otorga un papel destacado en esta trama a su yerno Javier López Madrid, que fue consejero de OHL hasta mayo de 2017. Considera que participó en los amaños al ayudar a la empresa Obrum –vinculada al "conseguidor" de la Púnica David Marjaliza– aportando "las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir" para que pudiera presentarse a los concursos formando una UTE con otras empresas. Según el juez, López Madrid siguió con esta dinámica entre 2004 y 2011, cuando Granados era consejero de Presidencia e Interior.

Aunque ya no forma parte del consejo de administración de OHL, el yerno de Villar Mir sigue dirigiendo Ferroglobe, que es la división de electrometalurgia del Grupo Villar Mir. Todo ello a pesar de que ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid al considerar probado que se apropió indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad.

Tanto López Madrid como Villar Mir también están siendo investigados en el curso de la trama Lezo por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por maniobrar para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid), una obra que nunca se llegó a realizar. En su declaración ante el juez el pasado septiembre, Villar Mir negó conocer los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Gobierno corporativo 

El reglamento del consejo de administración del banco que dirige Ana Patricia Botín [consultar, aquí] establece que sus miembros "deberán comunicar cuanto antes aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados".

Por otro lado, dispone que deberán dimitir si este órgano, previo informe de la comisión de nombramientos, lo considera conveniente "en los casos que puedan afectar negativamente a su funcionamiento o al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos".

De esta forma, la entidad asume la recomendación número 22 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que insta a las compañías que tributan en bolsa a establecer reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados.

El documento del supervisor bursátil [consultar, aquí] también establece que en el caso de que un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración debe examinar el caso y decidir si procede o no que siga en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.

Las citadas son recomendaciones que la CNMV hace a las sociedades cotizadas y, por tanto, no son de obligado cumplimiento. No obstante, la circular 5/2013 [consultar, aquí], que detalla cuál tiene que ser el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo que las compañías tienen que presentar, sí exige a las sociedades que incluyan en esos informes las "explicaciones oportunas" cuando no cumplan o cumplan parcialmente con las recomendaciones.

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea ha citado a declarar como imputado en la trama Púnica al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y al empresario Javier López Madrid por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Francisco Granados, informa Europa Press.

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 les cita a ambos para el próximo 6 de febrero por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias, de acuerdo con el auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.

El magistado adopta esta decisión tras la última declaración prestada en sede judicial el 17 de enero por el presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza, quien dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se refirió entonces a unos trabajos adjudicados en 2004 en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Abuso de poder de Granados

De Egea explica en su auto que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, "abusando de su posición" al frente de esta consejería garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones".

En dicho concierto participaría Javier López Madrid, que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

En su auto, el juez recuerda que ya se identificó a la constructora OHL como presunto donante del Partido Popular madrileño de acuerdo con las anotaciones recogidas en la agenda intervenida a Granados; hechos que integran la pieza que investiga la presunta financiación irregular de la formación conservadora en Madrid.

Entramado empresarial

El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).

Las intervenciones telefónicas permiten revelar que Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra —ya extinta— constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad a través desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de metro, de acuerdo con el auto del juez.

En su auto de citación, el juez recuerda los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, que fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.

Nuevos investigados

El magistrado cita además a declarar como investigados por los mismo delitos a otras cinco personas, que son Rafael Martín de Nicolás, expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL); Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra; Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum; Javier Aldavert Piñol, también directivo de Obrum y Ana Isabel Soria Torrecilla, apoderada de la mercantil Waiter Music.

Todos ellos para el día 6 de febrero excepto los dos últimos que están llamados para el día 13 de ese mismo mes junto con José Luis Huerta Valbuena y Edelmiro Galván, ya investigados en la trama liderada por Francisco Granados.

OHL y su política cero con la corrupción

Por su parte, desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que López Madrid tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos han sido ejecutados "con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

La gestión del ruinoso fondo público de capital riesgo Inicap, constituido por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2006 y que originó al erario madrileño no menos de 9,3 millones en pérdidas, reportó al empresario Javier López Madrid 600.000 euros en solo cuatro años y en plena crisis económica. Entre 2011 y 2014, cuando las inversiones de Inicap ya eran un absoluto misterio porque había dejado de presentar cuentas en el Registro Mercantil, López Madrid cobró 595.850 euros por la "dirección del fondo". La Comunidad de Madrid desembolsó en Inicap 11,9 millones. Cuando disolvió la sociedad en agosto de 2006 solo había recuperado 2,6 millones. Por el camino se quedó de esa forma el 78% del dinero público destinado a un fondo cuyo listado completo de inversiones no se conoce a día de hoy.

Formalmente, quien cobró esos 595.850 euros por la dirección última de Inicap fue Financiera SIA Capital. Según el Registro Mercantil, López Madrid es socio único de Financiera SIA Capital desde 1996, cuando su denominación social era Stanhope SL. Financiera SIA Capital es la empresa que, según el arrepentido David Marjaliza, ya había utilizado entre 2005 y 2007 el yerno de Juan Miguel Villar Mir para canalizar 1,2 millones de comisiones ilegales de Púnica. El jueves de la semana pasada, el Ejecutivo madrileño confirmó a infoLibre que decidió liquidar Inicap porque la autorización de la CNMV expiraba en 2016 a menos que, como socio mayoritario (66,6%) optase por renovarla. El otro tercio del fondo estaba en manos de la Cámara de Comercio de Madrid. Ese mismo jueves, este diario intentó contactar con López Madrid a través de SIA Capital y explicó a la persona que atendió el teléfono el porqué de la llamada. El empresario no la ha devuelto aún.

Las comisiones que la gestión final de Inicap reportó a Financiera SIA salieron de la empresa Möbius Corporate, que a su vez percibía una cantidad anual de Inicap como entidad gestora del fondo de capital madrileño desde su inicio. Como publicó este diario, Financiera SIA ya participaba en Möbius cuando esta última desembarcó en Inicap.

El expediente no aparece

Para Möbius, asumir la gestión de Inicap tras haber ganado un concurso convocado en 2005 por el ya extinto organismo público Imade y cuyo expediente sigue sin aparecer según el Gobierno madrileño, implicó percibir nada menos que 5,2 millones de euros entre 2007 y 2015. Así lo acreditan los propios balances anuales de Möbius salvo en 2007. En ese caso, la cifra abonada por Inicap (988.674,33 euros) a Möbius aparece reflejada en uno de los documentos incautados por la Guardia Civil a López Madrid en su despacho y al que ha tenido acceso este diario. El documento incluye los pagos de 2008 y 2009, que coinciden al céntimo con los consignados en las memorias depositadas en el Registro Mercantil por Möbius.

Parte de esos 5,2 millones acabó trasvasada a SIA Capital. Pero las cantidades que la financiera que López Madrid posee en solitario obtuvo de Möbius exceden con mucho la ya referida de los 595.850 euros. En total, SIA Capital percibió por servicios profesionales 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014 (no hay datos para 2015 ni para 2016). Y aunque todo apunta a que el grueso de esa cifra tiene su origen en la gestión de Inicap, infoLibre solo ha computado en esa categoría los pagos a Financiera SIA que expresamente figuran mencionados como fruto de la "dirección del fondo" en los balances de Möbius: son esos los que suman los 595.850 euros del primer párrafo. Además, Financiera SIA se hizo con otros 167.347 euros por el alquiler de la oficina a Möbius entre 2011 y 2014. Desde 2009 y al menos hasta el acuerdo de disolución adoptado por Möbius en febrero de 2017, las dos mercantiles han compartido sede en el cuartel general que López Madrid posee en el barrio de Salamanca.

Dos semanas para presentar ofertas... con el 'acueducto' de diciembre en medio

Aunque, a tenor de los datos mercantiles de rango oficial, Financiera SIA solo ostentaba una participación del 10% en Möbius hasta que en 2011 se hizo con el 75% y finalmente con el 100% en diciembre de 2014, el mayor volumen de gasto anual por servicios que año tras año fue declarando la entidad gestora de Inicap se corresponde con los pagos a la empresa de López Madrid.

El desglose anual del flujo de dinero con origen en Inicap y destino final en Financiera SIA es este: en 2011, Möbius, que declaró una plantilla de 4,52 empleados, ingresó del fondo de capital riesgo 806.351 euros y pagó a Financiera SIA 281.250 euros por la "dirección del fondo". Al año siguiente, Inicap transfirió 501.666 euros a Möbius, que para entonces tenía 3,75 asalariados y que a su vez abonó a Financiera SIA 159.000 euros.

En 2013, la plantilla de Möbius ya había descendido a 1,75 trabajadores y así se mantuvo en lo sucesivo. Inicap desembolsó ese año a su entidad gestora 300.855 euros de los que 105.000 fueron para SIA Capital. En 2014, 50.600 de los 160.000 euros que Inicap pagó a Möbius fueron para satisfacer los honorarios de Financiera SIA. En 2015, cuando ya Möbius pertenecía al completo a SIA Capital, percibió de Inicap 100.731 euros. Sus cuentas no detallan qué parte de esa comisión traspasó a SIA Capital por la dirección del fondo madrileño.

La toma de control oficial de Möbius por parte de SIA Capital en 2011 coincidió con dos hechos importantes en el historial de Inicap. En diciembre, la Comunidad de Madrid puso a la venta las participaciones del fondo de capital riesgo como consecuencia de una decisión adoptada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que en 2010 había aprobado por ley la desaparición de un voluminoso paquete de organismos públicos. Entre ellos figuraba Inicap y el propio Instituto Madrileño de Desarrollo  (Imade), impulsor del fondo de capital riesgo junto con la Cámara de Comercio.

En plena crisis económica, la Administración madrileña otorgó solo dos semanas laborables para que los interesados en la adquisición de Inicap enviaran ofertas. Y una de esas dos semanas fue la del acueducto de diciembre, que encadena dos festivos: el de la Constitución y el de la Inmaculada. La convocatoria se publicó el 2 de diciembre de 2011, viernes. Y el plazo de presentación de ofertas expiró el día 19 de ese mismo mes, lunes. 

La subasta quedó desierta. Inicap, no obstante, siguió en activo aunque dejó de publicar cuentas. Y ese es el segundo hecho significativo temporalmente vinculado a la incorporación formal de Möbius al perímetro de SIA Capital. La financiera de López Madrid consta de hecho a partir de ese ejercicio como "matriz" de la que hasta agosto de 2016 fue entidad gestora de Inicap.