Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.

De los 10.700 empleados de Iberia, el ERE afecta a 996 personas: 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP.

El acuerdo ha sido suscrito por la empresa y los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros o TCP), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92% de las secciones sindicales), según explica Iberia.

USO es el único sindicato con representatividad que no lo ha firmado porque someterá mañana a consulta el acuerdo entre sus afiliados y actuará en función del resultado, han dicho a EFE fuentes del sindicato.

Podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más.

El acuerdo establece que de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación.

Los trabajadores de tierra obtendrán un 80% del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2% hasta que cumplan los 65 años.

Tendrán también derecho a la cobertura de la mutua Loreto hasta los 65 años.

Para los TCP, en salidas entre los 58 y los 60 años se partirá de una cantidad inicial de 2.920,04 euros por mes revalorizada acorde a la revisión salarial de convenio y que se verá incrementada, en un 2% para los años 2027 y 2028.

Para quienes dejen la empresa con más de 60 años, la cantidad será la equivalente al 100% de la pensión que hubiera correspondido si en ese momento hubiera tenido cumplidos los 65 años. En este caso, la cobertura de Loreto será hasta los 62 años.

Podrán pedir la baja incentivada quienes sean menores de 60 años al cierre de 2026, en tierra, y 58 en el colectivo de TCP. En ese caso, percibirán 35 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

No obstante, si no se cubriera el cupo de excedentes previsto con prejubilaciones y bajas incentivadas podrán beneficiarse también de este ERE los nacidos en 1967.

El Ateneo de Madrid acoge este próximo jueves 26 de febrero la presentación de un manifiesto elaborado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que cuenta con el respaldo de un centenar de juristas. El objetivo de este documento es reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución.

Entre los firmantes se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Manuela Carmena o Baltasar Garzón, magistrados en activo como Ignacio González Vega o Ximo Bosch y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés o Alberto Jorge Barreiro. También figuran académicos y constitucionalistas.

Una vez finalizado el acto, una delegación hará entrega del manifiesto a las fuerzas parlamentarias del Congreso, el mismo día en que se someterá a votación la revalorización de las pensiones.

La MERP ha anunciado la movilización por sus redes sociales y ha informado que su objetivo es "prohibir los recortes, la privatización del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo".

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts volverá a echar abajo en el pleno del Congreso, el próximo jueves, salvo sorpresa de última hora, el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, informa EFE.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el decreto caerá, pero aseguran que lo volverán a llevar al Consejo de Ministros y confían en que "a la tercera vaya la vencida".

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El decreto-ley "ómnibus" derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto.

Este también se votará el jueves y previsiblemente se convalidará por unanimidad, ya que el PP, Vox y Junts se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si iba en una norma distinta a la moratoria de los desahucios.

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

El decreto-ley de subida de las pensiones incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.

El decreto-ley que amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familia vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad, respecto a las prórrogas acordadas con anterioridad, que la suspensión no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas.

También refuerza el sistema de compensaciones a los pequeños propietarios afectados por la moratoria.

El Ministerio de Vivienda hizo estas concesiones al PNV y a Junts a cambio de su apoyo, pero el grupo catalán volvió a anunciar su voto en contra tras leer la "letra pequeña".

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del llamado "escudo social", como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y de los descuentos del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.

La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 15,7%, el dato más bajo desde que hay registros, en 2013, pero la brecha de género es aún mucho más aguda en las pensiones ya que alcanza hasta el 30% por la desigualdad acumulada a lo largo de la vida.

"Años de precariedad, parcialidad y trabajo doméstico no reconocido", tal y como ha señalado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, en la presentación de los datos del estudio 'La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias', elaborado por la Fundación Mujeres con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023.

Una presentación, a la que ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha advertido de que, a pesar de estos datos, se ha producido un avance pues si echamos la vista atrás diez años, es decir en 2013, la brecha era del 23,99%.

Esta reducción invitaría a pensar que en veinte años habrá paridad salarial, pero Redondo piensa que ese decalaje de veinte años se puede reducir con políticas públicas, que "no dejen a nadie detrás" frente al "modelo hipercalista" como el de Estados Unidos, donde a "la diversidad y la agenda feminista no está encima de la mesa". Una conquista, que se tendrá que hacer, a su juicio, "a pesar de la ola reaccionaria que está invadiendo nuestro día".

La brecha ha disminuido, según señalan las gráficas del estudio. Es el valor más bajo de la serie, pero aún así las mujeres siguen cobrando 4.781 euros menos al año porque, según los datos del INE, la ganancia media anual de los hombres fue de 30.372 euros y la de las mujeres 25.591.

La reducción de la desigualdad retributiva es en todos los rangos de edad, pero con algunas particularidades: la más elevada, en el tramo de 55 a 59 años, con un 19,39%, y la más baja en el de 25 a 29 años, con un 6,91%. En ese último tramo, la desigualdad se acusa porque las mujeres escogen estudios de sectores menos valorados y remunerados, según ha precisado Julia Nogueira, técnica de la Fundación Mujeres. Entre los 25 y los 49 años, la brecha está vinculada con el ciclo vital de las mujeres en sí, es decir con las jornadas parciales y las excedencias, entre otras.

El estudio revela diferencias importantes en las retribuciones percibidas por mujeres y hombres en todas las variables analizadas, como estudios, nacionalidad, tipos de jornada, sector de actividad, ocupación, comunidad autónoma.

El motivo de las diferencias salariales entre mujeres y hombres hoy se encuentra en la segregación formativa y la posterior segregación horizontal y vertical, que las sitúan en profesiones que se encuentran en la parte más baja de las escalas retributivas y en muchos casos se vinculan con roles tradicionales.

Existe también una brecha de un 29,89% entre las personas con estudios primarios y Formación Profesional de Grado Superior. La que se da en la FP es por la infravaloración económica en el mercado de las profesiones más feminizadas, según las expertas. La brecha más reducida se da en los estudios universitarios, especialmente en las diplomaturas, con un 16,69%.

Por sectores, los administrativos y relacionados con servicios auxiliares, sanitarios y sociales tienen una brecha a destacar ya que alcanzan el 25% al menos, y es que todas la actividades más feminizadas son las que registran una mayor diferencia, excepto la educación y la administración pública.

La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, "que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles", según informa EFE. 

Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1% acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo en un acto electoral en Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", según recoge EFE.

"Les digo a los jubilados que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, sea o no con el PP, como hemos hecho estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", ha dicho el líder del PSOE en un mitin celebrado en Teruel dentro de la campaña electoral para las elecciones de Aragón, en el que ha acompañado a la candidata socialista, Pilar Alegría.

El secretario general del PSOE ha advertido que votar al PP es "meter a Vox en el Gobierno de Aragón".

Se ha referido también al revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se rechazó la convalidación del decreto que, entre otras medidas, autorizaba la subida de las pensiones.

Ha señalado que el PP ha dicho que no a revalorizar las presiones porque en el mismo real decreto estaban incluidas otras medidas, y se ha preguntado: "¿Qué problema tienen con el ingreso mínimo vital? ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo de ayudas a los ayuntamientos afectados aún por la dana de Valencia?"

"Ahora, eso sí, cuando les dicen que hay que apostar por un aumento del 5 % del producto interior bruto para gasto en defensa bien que dicen que sí", ha añadido.

También ha recordado que su antecesor en el cargo, el popular Mariano Rajoy, solo actualizó las pensiones cuando el IPC estaba al 0,25%.

Sánchez ha reivindicado las medidas sociales y los avances en derechos aprobados por su Gobierno y ha reprochado al PP que mientras su Ejecutivo transfería 300.000 millones de euros durante estos últimos siete años a las autonomías, allí donde gobierna el PP "han privatizado, han recortado, no han fortalecido el estado del bienestar".

"Sencilla y llanamente, no creen en el ascensor social porque nunca lo han necesitado", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, ha reivindicado los buenos datos económicos del país, que vive, ha dicho, "uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años" con la generación de 605.000 nuevos puestos de trabajo en 2025.

La tasa de desempleo ha bajado por primera vez desde hace diecisiete años del 10%, ha recordado, antes de precisar que en los últimos cuarenta y cinco años solo en tres ejercicios se alcanzó ese logro.

"La última vez que la tuvimos gobernaba también el Partido Socialista y ganamos la Eurocopa. Este año estamos otra vez por debajo y a las puertas del mundial. Ahí lo dejo", ha bromeado.

Luego ha defendido la necesidad de intervenir el mercado del alquiler para declarar zonas tensionadas "en aquellos barrios, en aquellas ciudades donde lo que está ocurriendo es que está aumentando el precio del alquiler o el precio de la compra de la vivienda como consecuencia del aumento del turismo".

Finalmente, ha reivindicado un Gobierno en Aragón que colabore con el Gobierno de España para frenar al PP y Vox, "que son lo mismo".

Y ha puesto de ejemplo cómo, a consecuencia de la presión ejercida por Vox, ahora el PP se opone a la regularización de inmigrantes, cuando el expresidente José María Aznar aprobó una similar a la puesta en marcha ahora por su Gobierno.

Que un señor que cumple 65 este año y debería estar a punto de jubilarse como Feijóo les niegue a las personas mayores la revalorización de su pensión tiene su explicación. No compensa ser de la tercera edad con el PP. Además, así se siente más joven, como si no fuera con él el retiro, que eso es cosa de viejos y él cada día está más lozano. Si no fuera por el semblante cenizo y de extrema gravedad que adopta cuando tiene un micro delante, podría pasar por un chaval. Desde que se desprendió de las gafas, aprovechando que tenía que operarse por un problema ocular, ya nadie diría que está más próximo a ir al hogar del jubilado que a un concierto de los jóvenes cristianos de Hakuna en la Puerta del Sol. 

El PP necesita crear la sensación de que España está en crisis porque los excelentes datos que muestran los indicadores económicos no le vienen bien. Récord de empleo. Uff, que mal. Somos el país que más puestos de trabajo está aportando a la UE, y por primera vez en 17 años el paro ha caído por debajo del 10%. Arggg, qué horror. Si lo ideal es que la gente lo pase mal mal de verdad. Que no suba el salario mínimo pero que la vivienda no tenga freno. Que los abuelos no ganen poder adquisitivo, lo que tienen que hacer es quedarse en casa. Con el miedo que les ha metido el PP convenciéndoles de que la consecuencia directa de bajar a por el pan es encontrarte el piso lleno de okupas a la vuelta. Total, si lo que hay que hacer con ellos es mandarles al otro barrio, que en el tema de los protocolos Ayuso es cum laude.

Los viejos no son bienvenidos en los hospitales, para nada. Salvo que sean los gestionados por Quirón, que dejan un margen familiar que da gusto. Lógico que Feijóo opte por ir de chico de mediana edad más que de carroza, la sanidad que la Comunidad de Madrid fomenta no le conviene. Un joviejo de libro. Si hasta fue padre primerizo a los 55 años y habrá tenido que aguantar que le pregunten alguna vez si es su nieto. No, señora, que estoy en la flor de la vida. Tengo menos años que Ana Rosa Quintana. Claro que eso casi cualquiera. 

El PP es muy de congelar las pensiones, como hizo en 2013, y de negarse sistemáticamente a subirlas. Si es que los viejos son unos vagos, no como los japoneses que están con 90 currando para no morirse de hambre. Mira lo duro que trabaja él, porque tener que repetir cada día la misma matraca es muy cansado. Hay que estar viajando de acá para allá para soltar embustes como que la regularización de inmigrantes engorda el censo electoral de las próximas elecciones o que los inmigrantes van a desbordar el país. Quién pensará que le va a cambiar los pañales cuando lo necesite o le sacará al parque para que le dé el sol. O simplemente, le servirá una caña fresquita, con lo de bares que son en el PP. Lo bien que viene que los inmigrantes sigan siendo ilegales para pagarles salarios basurísticos y poder acusarles de todos los males. 

No hay compasión posible. En la prórroga del ‘escudo social’ que han tumbado esta semana en el Congreso, estaban incluidas medidas frente a la pobreza energética. Que se pongan el abrigo para estar en casa y que coman bocadillos en lugar de encender la cocina. Ese no es su problema. A él se lo paga todo el PP. Y que no falte. 

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Hay votaciones que no son una más en la aritmética parlamentaria y que deberían trascender a la contienda partidista. Hay días en que el Congreso no decide solo sobre un texto legal sino sobre el modelo de país que se quiere sostener. Este martes era uno de esos días y el Congreso de los Diputados ha dejado caer un real decreto ley que contenía medidas esenciales para millones de personas. Este martes las derechas parlamentarias han contribuido a deteriorar un poco más el Estado social que proclama nuestra Constitución, que exige garantizar la suficiencia de las pensiones, de la Seguridad Social y el derecho a la vivienda y suministros básicos.

No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un debate legítimo sobre la calidad normativa, sobre todo porque quienes ahora lo critican calificándolo de ómnibus han utilizado este tipo de reales decretos de manera reiterada a lo largo del tiempo mezclando normas heterogéneas y sin conexión material suficiente y afectando así a la seguridad jurídica como ya declaró el Tribunal Constitucional. Muy al contrario, estamos ante medidas que compartían el mismo eje material sin abordar reformas estructurales ajenas a su mismo fin, como la protección del poder adquisitivo de las pensiones, mantenimiento del escudo social, asistencia a hogares vulnerables o garantía de rentas básicas: había unidad de finalidad. Calificarlo como decreto ómnibus no es pues un argumento jurídico, es una coartada política.

Las consecuencias para el Gobierno se leen en términos de derrota, como si se tratase de un pulso entre partidos por repartirse alguna cuota de poder, o como si su debilidad parlamentaria supusiese una sorpresa para nadie digna de ser reafirmada cada vez que sea posible sin analizar las consecuencias del supuesto revés. Es mucho más grave. Afecta a millones de personas que se quedan sin tener garantizada su estabilidad económica. Pensionistas que ven en el BOE más que un texto legal, trabajadoras, inquilinas, víctimas de la dana que reciben esos noes de sus señorías como portazos.

Votar en contra hoy y prometer mañana es una de las expresiones más claras de filibusterismo político. Las pensiones no esperan la próxima iniciativa legislativa, se devengan mes a mes al igual que se abonan las rentas o los recibos. No se pueden suspender derechos hasta que haya un acuerdo electoralmente cómodo, esto es irresponsabilidad parlamentaria con efectos inmediatos. El gesto político frente a la protección social produce daños tangibles.

Las discrepancias parlamentarias son más que necesarias, pero han de alimentarse del debate de propuestas, no de la mera escenificación. Más allá de la grandilocuencia y de la esgrima política deberían contarnos cuál es su posición concreta sobre las normas específicas en cuestión. Si, como hicieron en el pasado, pretenden frenar la revalorización del bienestar social, si apuestan por la austeridad y los recortes es momento de que lo digan sin esconderse. Que despejen la inquietud natural que hoy se cierne sobre la ciudadanía y que confirmen la política del bloqueo como alternativa.

En democracia, las mayorías sociales existen incluso cuando su realidad no se refleja de forma exacta en la aritmética parlamentaria, se renueva permanentemente en el proceso de escucha al devenir social, de atención a las necesidades que se crean y que se transforman y que precisan de respuesta suficiente y responsable, no basta con escudarse tras el escaño y el cálculo numérico. Los sindicatos, las inquilinas y los consumidores han hablado y la mayoría de bloqueo los ha obviado, esa es la realidad.

Hay margen para corregir el rumbo, claro que sí, y espero que se haga. Se presentarán las normas por separado y tendrán que buscar otras excusas. Dudo mucho que asuman el coste electoral de oponerse a millones de pensionistas, no tendrán más remedio que aceptar la revalorización de las pensiones, aunque les pese. Lo que no quieren es proteger a los inquilinos frente a los fondos buitres, a las familias frente a los oligopolios suministradores de servicios básicos. No quieren la intervención pública cuando el mercado nos expulsa.

Entre tanto recordémosles que decir “sí, pero no así” es lo mismo que decir "no", porque, mientras se espera al siguiente texto o a la próxima negociación, los derechos dejan de estar vigentes y se transforman en promesas de las que la experiencia nos dice tenemos que desconfiar. En cualquier caso, nos han dado el día. Tomemos nota.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Pasadas las 15 horas del martes arrancó la votación en el Congreso. Una ministra confiesa que miró a los ojos a un dirigente del PP que le suele interpelar en las sesiones de control. Él apartó la mirada. La pantalla se iluminó entonces: el color rojo dominó el arco con la unión de los votos del Partido Popular, Junts y Vox. En ese momento decaía el decreto con el escudo social.

De esta manera, las derechas tumbaban un texto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre que conllevaba medidas de gran calado social como la subida de las pensiones (de un 2,7% de manera general), la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos para esos hogares, ayudas para afectados por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos forestales e incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos. 

El otro decreto que pasó por la Cámara Baja, el dedicado a las ayudas a transportes, sí salió in extremis por el voto a favor de los de Carles Puigdemont (Partido Popular y Vox volvieron a votar en contra). De esta manera, se repite la imagen del año pasado de las derechas uniéndose para tumbar la subida de pensiones en un primer momento poniendo como excusa que se trata de un decreto ómnibus (una práctica habitual en casi todas las administraciones) y con el objetivo político de desgastar a Moncloa.

Ahora el incremento de las pensiones queda en el aire por ese voto en contra. Desde el Gobierno no se ha concretado cómo se tratará de salvar ese escollo, aunque se garantiza que se va a buscar una “solución ante los problemas que generan las derechas”. En todo momento el Ejecutivo traslada tranquilidad de cara a los pensionistas sobre esa subida del 2,7% (un incremento acorde al IPC). Tanto el PP como Junts indicaron que apoyarán la revalorización siempre y cuando se presente ese punto de manera solitaria en un texto legislativo.

El año anterior el Gobierno volvió a presentar un decreto sacando algunas medidas, pero en el texto se incluyó también el escudo social y la polémica cesión de un palacete al PNV en París. Entonces, los populares y los posconvergentes, en la segunda votación, acabaron accediendo a dar su 'sí' a pesar de que, como ha pasado en esta ocasión, se oponían a las medidas sociales.

Tras la votación, el presidente Pedro Sánchez lanzó un mensaje en Instagram: “Lo han vuelto a hacer. Otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país votando en contra de los intereses de más de diez millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de los precios, y en 2021 cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y ha votado en contra en las cuatro actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar al final. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero puedo asegurar una cosa frente a quienes bloquean los avances: vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger la dignidad de los mayores”.

El incremento de las pensiones se ha convertido desde la llegada de Sánchez a La Moncloa en una de las principales columnas de la acción del Ejecutivo. Y el voto de los pensionistas fue clave también para que la izquierda aguantara en 2023, durante una campaña que tuvo como uno de sus momentos álgidos la entrevista en TVE de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo, quien mintió diciendo que el PP siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC.

Asimismo este debate llega en un momento en el que desde algunos sectores apegados a la ultraderecha se alienta la lucha entre generaciones poniendo sobre la mesa el supuesto beneficio que suponen las pensiones de jubilación frente a la situación que viven los jóvenes. 

Como señala un miembro del Gobierno: “Esto es un error del PP. Y a nosotros nos da munición política. Este voto en contra sólo se lo puede permitir Vox. El Partido Popular se pega un tiro en el pie. La gente no lo comprende. Un jubilado lo único que piensa es que puede perder 500 euros al año. El debate de cómo traer esta medida en otro decreto sólo les interesa a los políticos y a los periodistas”.

En el Gobierno ponen el foco especialmente durante estas horas en el ‘no’ del Partido Popular, mientras tratan de no enfrentarse directamente con Junts (que para justificar su rechazo ha presentado una proposición de ley paralela para asegurar la subida de las pensiones). En cambio, los de Carlos Puigdemont sí apoyaron el decreto de transportes que prolonga las ayudas públicas. 

El Ejecutivo recibió este martes, por lo tanto, una de cal y otra de arena. Aunque no se lanzan las campanas al vuelo y todo se mira con mucha prudencia, como señalan varias fuentes del Ejecutivo, hay un mar de fondo que suena bien a los miembros de la coalición para aguantar lo que queda de legislatura dentro del proceloso universo político español.

¿Por qué? El Gobierno y Podemos pactaron el martes iniciar los trámites para hacer una regularización extraordinaria de migrantes a través de un decreto, es decir, que no tendrá que pasar por el Congreso. Se trata de una reivindicación de los morados desde hace bastante tiempo al estar varada en el Congreso la iniciativa legislativa popular para esa acción.

En la complicada aritmética parlamentaria esto puede tener un efecto en la empañada mayoría en el Congreso, ya que los morados ahora se abren a volver a negociar la proposición de ley del PSOE y de Junts para la delegación de competencias de migración a la Generalitat de Cataluña (que cayó por el voto negativo, entre otros, de Podemos). Fuentes del partido morado indican que este paso no significa que vayan a aprobar un nuevo texto porque sí, pero que están dispuestos a negociar otra vez, siempre y cuando no haya ningún tipo de elemento xenófobo como, en su opinión, sucedía con la anterior propuesta.

Este martes, Junts, PP y Vox han rechazado la propuesta de subida de pensiones presentada ante el Congreso por el Gobierno. La iniciativa de aumentar estas ayudas en un 2,7% se incluía en el decreto de escudo social junto a otras medidas, como las de proteger a familias vulnerables ante desahucios o la congelación de las cuotas de los autónomos, con las que los partidos de la derecha y extrema derecha no estaban de acuerdo. Por ello, los de Puigdemont, Feijóo y Abascal han bloqueado la aprobación del decreto, solicitando al PSOE y sus socios de gobierno que presenten de nuevo la medida, pero esta vez en solitario.

Este bloqueo en el Congreso ha despertado numerosas críticas entre las personalidades políticas, siendo calificado en numerosas ocasiones como una "irresponsabilidad" política. 

El Gobierno, por su parte, se ha dirigido a la ciudadanía con un mensaje de tranquilidad para los más de 10 millones de pensionistas del país, y ha garantizado que va a trabajar "intensamente" para cumplir sus compromisos con el colectivo. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "El Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país", han señalado las mismas fuentes, al tiempo que han dejado claro que "el cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones, pero ha garantizado que, frente a esa actitud, peleará por seguir aumentando esas prestaciones.

"Lo ha vuelto a hacer otra vez", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que en 2013 el Partido Popular ya congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios y ha ido votando en contra de las actualizaciones de las pensiones conforme al IPC.

A su juicio, es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir España tengan pensiones dignas, y, por ello, ha asegurado: "Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que "hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas". Bolaños había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el texto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha arremetido contra el PP por "arrebatar" a los pensionistas los 50 euros de media de más que ya estaban cobrando en sus nóminas. "En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza", ha agregado Díaz.

Ha asegurado que la situación se va a poder reconducir y ha insistido en reprochar a PP y Vox que hayan "golpeado" a los trabajadores y a los pensionistas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado de "inexplicable e irresponsable" que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra de la convalidación del real decreto-ley 'ómnibus'. "Resulta inexplicable el voto en contra de un RDL (real decreto-ley) que protege a quienes más lo necesitan, que prohíbe los cortes de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables y mantiene los descuentos del bono social eléctrico", ha escrito Aagesen en su perfil de la red social Bluesky.

El Congreso ha rechazado este martes el decreto del escudo social, en el que se incluía la subida de las pensiones. En él, figuraba también la protección de las familias vulnerables ante los desahucios, entre otras medidas, por lo que Junts, PP y Vox han votado en contra, imposibilitando la aprobación del paquete al completo. Tras esto, el Gobierno tiene la opción de presentar un nuevo real decreto ley que cuente con el apoyo del PP o de Junts.

Ambas formaciones han asegurado su respaldo siempre que el nuevo decreto incluya el alza de las pensiones como único punto, sin incluir las demás medidas de bienestar social, entre las que se encontraban la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos, entre otras. El PP y Junts han considerado que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a estas otras medidas con las que, han asegurado, no están de acuerdo.

Tras el rechazo en el Pleno el Ejecutivo puede optar a aprobar un nuevo decreto y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones para 2025. Aunque el segundo decreto que presentó el Gobierno tras un pacto con Junts incluía también otros asuntos junto a la subida de las pensiones, como el denominado "escudo social", el PP votó a favor al considerar que suponía una rectificación respecto al anterior.

Las pensiones tienen que subir cada año conforme al IPC, tal como acordó el Pacto de Toledo. Normalmente, esta subida se incluye en el proyecto de presupuestos, pero a falta de unas nuevas cuentas para este año, el Gobierno aprobó la subida en un real decreto ley. Para 2026 la subida es del 2,7%, que es del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).

El decreto de transportes, sin embargo, sí ha sido aprobado este martes, e incluye medidas con respecto a los autobuses estatales como la gratuidad de su uso para los menores de 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un descuento del 50% y de un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

Otra votación de infarto en el Congreso. El Gobierno logró sacar adelante el decreto que prorroga las ayudas a los transportes públicos gracias al 'sí' final de Junts, pero, en cambio, los de Carles Puigdemont se unieron al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social, en el que figuraba la subida de las pensiones.

Los dos decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y entonces el Ejecutivo entendía que podía contar con los votos suficientes para ratificarlos en la Cámara Baja al contener medidas de mejora para el día a día de todos los ciudadanos.

El decreto del escudo social, que ha decaído este martes, incluía, por ejemplo, la revalorización de las pensiones (con un incremento a nivel general del 2,7%), la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la prohibición del corte de suministros básicos para estos hogares, la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos.

Tanto el Partido Popular como Junts exigieron durante el debate al Gobierno que presente un decreto único con la subida de las pensiones para apoyarlo, pero, en cambio, se mostraron en contra de medidas sociales contra los desahucios al entender que se favorece a los okupas.

El Gobierno se enfrentó a una situación similar el año anterior cuando las derechas unieron también sus votos para hacer caer un decreto ómnibus en el que se incluía la subida de las pensiones. Finalmente el Ejecutivo presentó otro texto, sacando algunas medidas, y salió adelante en el Congreso sin que los pensionistas sufrieran un retraso en ese incremento conforme al IPC.

El Ejecutivo no ha especificado qué piensa hacer a partir de este momento, pero fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre remarcan "que van a solucionar los problemas que genera la derecha a los ciudadanos". La coalición podría aprobar un nuevo decreto en los próximos días, aunque también cabe la posibilidad de que lo haga más adelante pero incluya con carácter retroactivo el incremento de la siguiente nómina.

En cambio, sí ha salido adelante el decreto de transportes, que recoge la prórroga de las ayudas vigentes el pasado año como en el ámbito de los servicios estatales de autobús la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará este descuento independientemente de que la administración competente decida financiar un 20% adicional o no.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de defender los textos ante la Cámara Baja (Óscar Puente, del que dependía el decreto de transportes se encontraba en La Moncloa dando la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros). El socialista, ante los diputados, defendió que el escudo social "continúa la senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico" y pidió a todos los grupos apoyarlo para "no hacer daño" a los ciudadanos.

El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

En las redes sociales, al margen de la gran batalla cultural, que se libra a trazos gruesos, es posible identificar, en el ámbito del colegio invisible de las políticas económicas, una persistente guerra de guerrillas que libra escaramuzas todos los días. Y en el epicentro de esa guerrilla, como un francotirador armado de Datawrapper, está Jon González (@Jongonzlz), ingeniero industrial convertido en cartógrafo de la opresión boomer. 

Sus posts sobre pensiones, salarios congelados, rentistas no son memes virales: son balas de datos, bien documentadas, que perforan el triunfalismo oficial. Casi todos los días, como un reloj suizo en hora feliz, suelta tres posts —tres, ni uno más para no saturar, ni uno menos para no olvidar— con análisis despachados a la velocidad de un informe de consultoría. González es un profesional que, desde hace nueve años, ha hecho de la constancia un oficio. No me malinterpreten: el trabajo de González es impecable, obsesivo y disimula sus sesgos de manera brillante. Desde marzo de 2016, cuando soltó su primer tuit sobre la “bomba de relojería” de las pensiones —un gráfico rudimentario proyectando el gasto al 15% del PIB para 2050—, ha acumulado más de 780 posts sobre el tema. Nueve años de persistencia, una media de 85 al año, con picos en 2025 que rozan los 120, coincidiendo, casualmente, con las reformas de Escrivá y las subidas de cotizaciones para autónomos. 

Sus gráficos parecen sacados de papers universitarios, no de un blog de conspiranoicos. No es casualidad que sus posts resuenen en la “grey literature” y think tanks: Luis Garicano, ex-MEP y profesor de la LSE, lo llama “joya” en febrero de 2025, urgiendo a periodistas a consultarlo antes de escribir “empanadas mentales”. Jesús Fernández-Villaverde, de UPenn y Fedea, lo tilda de “inestimable ayuda” en marzo, enlazando su Substack como elixir contra la desinformación. González no solo influye en el debate —sus hilos generan 20-50 replies de economistas y activistas, sino que lo hace con material fiable que podría servir en un congreso de Economía Pública. 

Y no es un pasatiempo de fin de semana: es un empleo a media jornada en el timeline de X. Casi todos los días laborables —los fines de semana baja a uno o dos, para no quemar el karma algorítmico—, despliega su ritual: un gráfico matutino sobre la brecha salarial (salarios +4% real en 30 años vs. pensiones +72%), un hilo vespertino desmenuzando cómo las subidas del SMI financian en realidad más pensiones para jubilados, y un cierre nocturno con un toque sarcástico, como ese repost de su “gráfico favorito” que acumula 2.239 interacciones. Cada pieza viene con fuentes: INE, Funcas, OCDE, datos crowdsourced de sus fieles repliers. Es como si cobrara por likes.

Y prácticamente él solo ha conseguido levantar el tema y que la cuestión se incorpore en la agenda política. Jon lleva desde el 2016 pero es a partir de octubre de 2023 cuando el “sistema de pensiones” se convierte en objeto de debate público.

Sus top 10 repliers —no son bots: son ingenieros, periodistas y académicos que, con 6-15 replies al mes, convierten sus posts en foros de debate. En octubre de 2025, su gráfico del 24 —ese que muestra pensiones volando mientras salarios gatean— genera 40% de las interacciones del mes, con subhilos sobre “tiranía de la mayoría” que citan hasta posts franceses. Es persistencia pura: 2-4 posts diarios en promedio, con gráficos en el 78% de casos, como si fuera su turno de guardia en la guerra de la desinformación. Y funciona. Su resonancia en los legacy media —citas en la mayoría de los medios de derechas y en casi todos de la fachosfera; En el panfleto The Objective, incluso se atreven a afirmar que Jon aporta números .[…] fuera de su horario laboral, […]que hacen que quieras pirarte de España y no mirar atrás. Me imagino que para no causarle problemas con su empleador, si lo tiene, que no tengo ni idea. Aunque recuerdo algún otro mensaje en X que afirmaba que trabaja para el BBVA. Citas en El Confidencial, shares en ABC, El Mundo y OK Diario— y grey lit (ecos en Bruegel vía Garicano) no es viralidad aleatoria: es curación estratégica.

No es una crítica al ínclito ingeniero —al revés, admiro la disciplina. En un mundo de hot takes efímeros, sus tres posts diarios son un bálsamo de rigor. Casi un empleo, como digo: horas de scraping INE, horas de buscar y reelaborar gráficos que excitan al gran público y ofuscan con maestría sus sesgos para los enterados. Su evolución es la de un artesano: de alertas técnicas en 2016 a sarcasmos culturales en 2025, como ese “pensiones para boomers, deudas para Z”. 

Mientras la guerrilla generacional enfoca su martillo pilón en las pensiones, quedan fuera de plano la baja inversión en I+D, el brain drain que se lleva el talento porque los salarios de las empresas florentinas sacan rédito de  nuestro crony capitalism, y la incompetencia de los gobiernos regionales en la provisión del Estado del bienestar a costa de hacer regalos fiscales a los muy ricos. E ignoramos —o minimizamos— cómo la austeridad de 2009-2018, no el “sanchismo”, congeló salarios y disparó desigualdades. Y cuestionamos con “peros” los casi diarios indicadores que nos dicen que Carlos Cuerpo es sin duda el ministro de Economía más competente que ha tenido la economía española y que la economía española crece mucho más de lo que sus observadores auguran, aumentan los salarios y la productividad y se reduce la desigualdad. 

En el fondo no se puede estar en desacuerdo con Jon. Las pensiones son sostenibles si dedicamos unos 3 o 4 puntos más del PIB allá en en 2050. Aunque ya les digo yo que, comprobadas las capacidades de la Airef o Fedea de hacer predicciones a largo plazo, seguro que será algunos puntos menos. Solo hay que recordar que el propio BBVA research ha tenido que incrementar las previsiones de crecimiento, –¡en medio punto!– de la economía española a solo un par de meses de que se acabe el año. Eso es miopía extrema. 

Claro que ese 3% o 4% del PIB que necesitaremos tiene efectos distributivos, y costes de oportunidad sobre otras políticas (sin exageraciones). Pero yo, hasta ahora, la única alternativa que he oído es la de los 3 puntos de más de gasto militar que propone el Partido Popular, para servir al sátrapa narcisista transatlántico. Yo entre que se lo lleve el lobby de Casado y la industria militar americana o los pensionistas, no tengo duda.

Tres posts al día, como un mantra. Luis Garicano lo ve como “joya”; pero es una joya engastada en una narrativa mayor al servicio del gran capital. Un debate que, sin sutilezas, empuja hacia la idea de que el sistema de pensiones es insostenible, mientras se defienden alternativas privadas para la provisión de bienes públicos. 

Alguien, en un despacho decorado por suizos, cuyo negocio sea gestionar el ahorro, debe estar muy agradecido.

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Pau Rausell Köster es economista y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València.

Unos 8.000 manifestantes han protestado este sábado por las calles de Madrid para exigir que las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo interprofesional (SMI) y para acabar con la brecha de género, con el objetivo de que estas prestaciones sean "realmente dignas".

Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la protesta, iniciada en Atocha y que ha llegado a Sol pasando por el Congreso de los Diputados, también ha reivindicado la necesidad de ligar las pensiones a los incrementos del IPC "real".

Los pensionistas han denunciado que cada año están perdiendo poder adquisitivo y que las actuales prestaciones son "insuficientes para poder llevar una vida digna", según el comunicado de Coespe, por lo que inciden en equiparar ese salario al del SMI.

La manifestación también ha reclamado poner fin a las privatizaciones de los planes de pensiones de empleo, además de exigir las jubilaciones anticipadas sin penalización para aquellos que hayan cotizado 40 años, en una protesta a la que han asistido unas 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

La protesta también ha contado con otras entidades, como el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) o la Coordinadora Estatal de Pensionistas, que han exigido una compensación del 3,8% que han perdido en los últimos años las pensiones.

Asimismo, han reclamado no destinar "ni un euro para armamento ni para la guerra" y que ese gasto militar vaya a fines sociales.

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

¡Albricias! ¡Sapristi! Camaradas, hinchad el pecho: crecemos como nadie. El premio nos lo ha dado el Fondo Monetario Internacional. Casi un tres por ciento, válgame el señor. «Soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Por los corrillos no se mienta otra cosa: toca amarrar a los perros con longanizas. Suma y sigue: ¿han leído el último informe de recaudación tributaria? La prosa, amenísima. Resulta que las arcas del fisco han engordado este agosto un diez por ciento más que el pasado. Veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete millones. Calderilla.

Nuestro benéfico Gobierno, queriendo hacernos partícipes del regocijo macroeconómico, ha anunciado una nueva subida de la cuota de autónomos. La medida es reconfortante: por un módico tercio de sus impuestos, los que facturen menos de seiscientos setenta euros al mes podrán contribuir al despegue económico patrio. ¡Que nadie se sienta excluido de la bonanza!

Puede que las decisiones del gobierno más progresista de la historia requieran —para comprenderse— que uno se encarame a la atalaya de la historia; pero temiendo que el porvenir me pille cadáver, rogaría que alguien me explicase por qué la misma gente que asegura que los asalariados merecen un jornal de mil euros quiere convencernos de que los más menesterosos de nuestro gremio pueden apañárselas tranquilamente con los cuatrocientos eurillos que les quedarán tras ponerse en paz con la seguridad social.

Uno tiene que haber hecho algo terrible en alguna vida pretérita para terminar en este purgatorio de trimestrales y devengos. Terrible, digo, cuando hasta el fulano que comanda la UGT (derechita a la irrelevancia) aplaude nuestra desgracia. «Es por las pensiones», nos aseguran. Imagino que mi casero, el que compró seis pisos en los ochenta, estará pasando una jubilación estrechísima. No sé cómo se sostiene un país en el que el pensionista medio ingresa más que el trabajador mediocre, pero supongo que quien miente esa bicha palma en las elecciones.

Esta semana leíamos que el censo de trabajadores por cuenta propia registra mínimos históricos. Increíble, ¿verdad? Con lo apetecible que está ser tu propio jefe. Dan ganas de convocar una huelga de desgraciados: estamos bien repartidos aunque no seamos muchos. Tengo la consigna: no pararemos el país, ¡pero lo entorpeceremos muchísimo! Una heroica jornada de mercerías cerradas y de ultramarinos a media asta. Los periódicos, donde el que nos es becario ni está en plantilla, saldrían delgadísimos esa mañana. Los artistas, en la espera eterna de su estatuto, dejarían descansar las gubias y los pinceles. Los taxis reposarían en sus cocheras y los fontaneros caminarían con las manos caídas.

Como soy gilipollas, llevo un quinquenio sin saltarme una cuota aunque haya meses en que declare pérdidas. Pienso que redundará en el bien común que todos aportemos nuestra parte (¿les he dicho ya que soy imbécil?). Hace unos años, la benemérita agencia tributaria me armó una inspección por haber pagado el IVA cuando tocaba: la factura, dirigida a una administración, me fue abonada tras medio año de retraso y, de paso, contabilizada en el trimestre incorrecto. El día que terminaron las pesquisas dijeron en el telediario que los mangoneos pecuniarios del rey Juan Carlos habían prescrito. Mis trescientos diez euros (¡pagados, insisto!) hicieron saltar un centinela al que se le pasaron nosecuantos milloncejos eméritos. Sé que una cosa no tiene relación con la otra, pero manda narices que el anuncio del último giro de tuerca venga en medio de las disquisiciones ministeriales sobre si es buena o mala idea que los partidos suelten a sus acólitos sobres llenos de billetes.