Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujčić, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Boris Vujčić (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales que comenzó en 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el director del banco central nacional cuando su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023.

Considerado como un halcón en la jerga monetaria (a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación), el croata se ha impuesto a los otros cinco candidatos que presentaron sus candidaturas para ser a partir del 1 de junio de este año el número dos de la francesa Christine Lagarde.

El resto de aspirantes eran el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius.

De esta forma, España perderá su silla en el Comité Ejecutivo del instituto emisor y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora desempeña el economista jefe Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El nombramiento todavía debe ser confirmado primero por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) y después por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque tras haber consultado al Parlamento Europeo y al propio banco emisor, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

De hecho, el Eurogrupo ha desoído la recomendación que la pasada semana emitió la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que tras escuchar a todos los candidatos a puerta cerrada sugirió elegir al letón Kazāks o al portugués Centeno.

El mundo está en un momento de convulsión, se juegan enormes partidas en la geopolítica internacional. Más allá del ombliguismo del que peca muchas veces la política patria, España y su propio futuro dependen cada día más de lo que pase en las instituciones y organismos internacionales. Un dato que es un espejo de la realidad: el 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales entre 2019 y 2024 deriva de directrices y decisiones europeas.

Y es vital el peso de los países y sus representantes a la hora de pilotar los grandes organismos. Teresa Ribera acaba de tomar posesión como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, aupándose de facto como la número dos de Ursula Von der Leyen y como gran referente progresista dentro de un colegio de comisarios volcado hacia la derecha. 

Ribera se convierte en pieza clave en el engranaje europeo en un momento en el que España debe esforzarse para hacer valer su peso con la mirada puesta en que el socialdemócrata Olaf Scholz puede perder el Gobierno alemán en las próximas elecciones con los sondeos a favor de la CDU. La exvicepresidenta de Pedro Sánchez se convierte en el gran poder español internacional, en un escenario en el que también juega un papel de primer nivel Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Una de las obsesiones de Sánchez desde que llegó a La Moncloa fue ampliar la presencia de españoles en los organismos internacionales después de una época en la que el país había peleado por debajo de su peso. Tras las elecciones europeas de 2019 logró colocar a Josep Borrell al frente de la diplomacia europea como Alto Representante, puesto que acaba de abandonar por la formación de la nueva Comisión.

Sánchez puso en la carrera desde la primavera para la nueva Comisión a Teresa Ribera, que encabezó la papeleta socialista para el 9J. Todo fue como se había diseñado hasta el susto de última hora cuando el PP español logró convencer al líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, para tratar de tumbar a la española. Finalmente el presidente español logró imponer su nombre gracias a la complicidad con la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Ahora la influencia española en Bruselas se desarrolla a través del triunvirato Sánchez-Ribera-Calviño. Los tres han sido precisamente elegidos por el reconocido medio Político como parte de la lista de las 28 personas más influyentes en el continente. Al presidente se le incluye dentro de la categoría de “soñadores” y se hace el símil  "con el héroe de una serie de aventuras de la vieja escuela” porque “cada semana, en Madrid, se encuentra atado a las vías del tren, atrapado en un coche que se dirige a toda velocidad hacia un barranco pero, de alguna manera, se las arregla para salir airoso". A la vicepresidenta europea se la encuadra como una “fuerza disruptiva”, a la vez que subraya que es una de las comisarias con mayor poder de la historia (al tener la cartera de Competencia). Y sobre la presidenta del BEI destaca el medio: "En un momento en el que pocos están dispuestos a abrir sus arcas, se puede contar con Calviño para asignar el dinero necesario para evitar que se derrumbe el techo de la UE".

Ribera es la que más expectación genera en estos momentos. Ubicada ya en la planta doce del Berlaymont, un piso debajo de Von der Leyen, quiere llevar un “aire fresco”, como dicen en su entorno, a la Comisión. Fuentes próximas destacan que su intención “es no quedarse pisando moqueta, sino viajar a los distintos Estados miembros para tener conexión real con el sentir de los europeos y conocer los retos de primera mano”. Además, ya está comunicándose con líderes internacionales y ha recibido ya más de cien peticiones de entrevistas por parte de los medios. Además, los principales CEOs del mundo están llamando a su puerta para conocerla, ya que entre sus manos tiene algunos de los dosieres más importantes que afectan a ayudas de Estado y grandes compañías internacionales.

En el panorama europeo también juega un papel clave el exministro Luis de Guindos, que saltó a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo en junio de 2018 en sustitución del portugués Vítor Constancio. Su mandato se extiende hasta 2026 con una institución marcada por sus decisiones sobre los tipos de interés y con la gran incertidumbre, como ha confesado en varias ocasiones el español, sobre la guerra comercial que puede desatar la llegada de Donald Trump y su afectación al crecimiento de las propias economías europeas. Un panorama en el que el BCE tiene un papel activo clave: el pasado jueves recortó 25 puntos básicos los tipos y empeoró sus previsiones para la zona euro ante la situación de Francia y Alemania.

Otro de los nombres propios españoles con fuerza en el continente es José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea. El que fuera secretario de Estado de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en 2019 por un periodo de cinco años, logrando renovar su cargo en febrero de este año hasta 2029 (aprobando el examen por unanimidad para su reelección). 

Uno de los mensajes que estás intentando hacer calar Campa en esta nueva etapa es que se debe aprovechar la situación para crear un marco regulatorio “robusto” para que el sector financiero avance hacia la unificación del mercado. Otro de sus principales empeños es la pronta aplicación en las entidades de la normativa de Basilea III, ya que el periodo de transición se ha fijado por parte de la UE hasta 2033.

La influencia española a escala internacional también incluye a Miguel Ángel Moratinos, que ocupa un puesto relevante en Naciones Unidas como alto representante para la Alianza de Civilizaciones. Su discurso en estos momentos en favor del multilateralismo supone un contrapeso al avance en muchos países de los discursos contra los organismos internacionales. En el escenario internacional emergen con fuerza los ataques por parte de Donald Trump contra los acuerdos para frenar el cambio climático o las críticas de Israel sobre la labor de la propia ONU.

Y en esta labor allende las fronteras se acaba también de incorporar la ministra de Sanidad, Mónica García, al aprobar el pasado mes de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) su incorporación al Consejo Ejecutivo en representación de Europa. Este puesto lo ocupará durante los próximos tres años y pretende impulsar a nivel global la atención primaria como corazón de los sistemas de salud, cuidar a los profesionales, señalar la importancia del cambio climático para la salud, promover la equidad de género en salud y trabajar contra la obesidad infantil a través del deporte, la alimentación saludable y los determinantes sociales de la salud, como ha explicado ella misma.

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

Esta vez, las mayores preocupaciones no están en la banca. Ante un potencial escenario económico más crudo que el que esperan los organismos internacionales, el Banco Central Europeo cree que los bancos están lo suficientemente preparados para poder hacer frente a una sequía de liquidez o ante una nueva oleada de morosidad, similar a la que sucedió tras la crisis financiera. “Los bancos europeos tienen mucho más capital y liquidez que en la crisis de 2009 y 2010. Es una situación, sin duda, mucho mejor”, expresó el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, este lunes, durante un desayuno informativo. De Guindos, sin embargo, sí ve en otros sectores lo que se conoce como “riesgos sistémicos” para una economía, como los llamados hedge funds o las criptomonedas.

“Riesgo sistémico es que algo sea lo suficientemente grande como para que el problema trascienda. Que haya un problema con una entidad y que el problema se contagie a otras partes del sistema financiero”, explica Luis Garvía, director del Máster de Riesgos Financieros de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. 

En respuesta a la crisis financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea –el organismo mundial que vela por la actuación prudente de los bancos– tejió el mercado regulador conocido como Basilea III. Este marco obliga a las entidades financieras a reforzar sus reservas de capital para hacer frente a posibles crisis de liquidez o retiradas masivas de efectivo. 

“Lo que dice De Guindos es que la banca ha hecho los deberes. Está mejor preparada que otros sectores. En 2008, después de que la Reserva Federal dejara caer a Lehman Brothers, Islandia quebró a los dos meses”, explica el profesor Garvía. Tras la caída del gigante financiero, se cerró el crédito global y los bancos islandeses, que estaban muy endeudados, quebraron. “Hasta 2013 se sintió la onda expansiva en Europa. Por eso se tomaron las decisiones de Basilea III. Los bancos están mejor preparados hoy para hacer frente a un problema asociado a la morosidad”, explica el profesor.  

El analista financiero Javier Santacruz, consultado por infoLibre, coincide con el profesor: “Es cierto que la banca está mejor”, explica, y añade: “La presión regulatoria ha hecho que los bancos duplicaran su nivel de capital, respecto a lo que había antes de 2008. Todos los ratios están muchísimo mejor, incluyendo liquidez, endeudamiento, solvencia… Son colchones anticíclicos”.

Las reglas de Basilea han contribuido a dibujar un panorama diferente en la financiación de las empresas en Europa. Históricamente, han coexistido dos modelos financieros: el anglosajón y el continental. Uno de los factores que los distingue es a quién recurren las empresas mayoritariamente para financiarse. En el primero, predominante en EEUU, los mercados financieros suponen la principal fuente. Las empresas, cuando necesitan buscar fondos para invertir, emiten deuda a corto o largo plazo para financiarse. En el segundo, el que más peso ha tenido históricamente en Europa, las empresas recurren a los bancos.

Las normas de Basilea han limitado la capacidad de los bancos para dar préstamos de manera “indiscriminada”, dado que ahora se exige una mayor responsabilidad y garantías de que el prestatario está en condiciones de devolver el crédito facilitado. Es uno de los factores que ha provocado un mayor acercamiento de las empresas a los mercados financieros, como vía alternativa de financiación, desdibujando las fronteras entre el modelo anglosajón y continental. 

“Vemos que en los últimos años el sector financiero no bancario ha ganado mucho peso. Antes era del 70% [bancos] y 30% [sistema financiero], y hemos acercado hacia el 60% y el 40%. EEUU es una economía mucho más versada en mercados de capitales”, explicaba este lunes el propio De Guindos. “Antes de 2008, el mercado de capitales tenía un papel testimonial en la financiación de las empresas europeas, al revés que en EEUU. No ha llegado a darse la vuelta, pero sí que ha aumentado mucho su peso", añade el analista Santacruz. 

Dentro de los mercados financieros hay activos con un perfil de riesgo muy diferente. Los fondos de inversión deben cumplir unas estrictas normas para compensar riesgos y son supervisados permanentemente, por lo que, por ejemplo, no pueden invertir en criptomonedas. No obstante, los llamados hedge funds, “fondos de cobertura”, escapan a estas normas. Son fondos que, en búsqueda de una rentabilidad mayor, asumen un riesgo mucho más alto que los fondos de inversión tradicionales, propiciados por unas limitaciones legales menores. 

Estos fondos recurren a derivados financieros en sus operaciones. Así lo explica Luis García, experto en riesgos financieros: “Por ejemplo, yo te pido dinero, pero tú no te fías de mí. Entonces recurrimos a una tercera persona, que hace de aval. El dinero de la persona que me avala no sale de su balance, pero está cubriendo un riesgo. Ese instrumento de cobertura me permite a mí obtener tu dinero, aunque el riesgo lo asume un tercero. Cuando esto se multiplica, y empiezo a hacer muchas coberturas, pierdo de vista el dinero real que hay en los balances. Todo se vuelve opaco. En este sentido, si uno es profesional no tiene por qué haber problemas. Pero si alguien es un poco pirata, pueden pasar cosas graves sin que lo podamos prever. Si es algo demasiado grande, puede haber riesgo sistémico sin que nos enteremos”, añade. 

Los hedge funds manejan masivamente estos derivados financieros. El profesor Garvía estima que se mueven alrededor de 400 billones de dólares en derivados, una cifra cuatro veces mayor al PIB mundial. “Son fondos sin apenas regulación”, explica Garvía. “Pueden invertir su capital básicamente en lo que quieran. Hubo un hedge fund llamado Long-Term Capital Management (LTCM) que gestionaba una cantidad enorme de dinero, gestionado por distintos Premios Nobel. Y quebró. Le pilló una crisis asociada a Rusia y supuso un agujero gordo en la economía. Son fondos que tienen un alto riesgo y también una relativa opacidad”, explica el profesor. 

En este sentido, el analista Javier Santacruz no lo considera un riesgo especialmente relevante: "Lo que sí veo es que obviamente las pérdidas que se están produciendo en 2022 son astronómicas. Pero no creo que exista un riesgo sistémico para la economía derivado de los hedge funds".

Si algún activo está estrechamente relacionado con la noción de riesgo, son las criptomonedas. Las últimas noticias sobre FTX, la plataforma de intercambio en la que aparentemente se incubó un fraude multimillonario, han empezado a provocar un efecto salida del sector, ante la posibilidad de que contagie a otras plataformas.

Los organismos europeos van avanzando a marchas forzadas para regular un sector que está fuera de la vista de los supervisores. Es una iniciativa que se espera que prospere en las próximas semanas. No obstante, esto no solucionará el problema. “Europa no puede sola”, admitió este lunes De Guindos. “Tiene que ser global. Porque si no, nos encontraremos alguna plataforma que funcione en Bahamas, que está fuera de lo que es la regulación de Europa y EEUU, que puede jugar con el arbitraje de regulación”, advertía el vicepresidente del BCE.

No obstante, según los expertos consultados, el mercado de las criptomonedas no debería suponer mayor riesgo más allá de las propias personas y empresas que hayan especulado con ellos. “El volumen de las criptomonedas no tiene un volumen lo suficientemente grande como para contagiar al sector financiero en caso de debacle”, explica Luis Garvía. “Es un mercado valorados en unos 200.000 millones de dólares, es decir, 0,2 billones. El PIB mundial es de 96 billones”, añade el profesor. Javier Santacruz coincide: "El mundo de las criptomonedas, además, está muy aislado del resto de actividades financieras y de los fondos de inversión. Por el cumplimiento normativo, los bancos europeos no pueden invertir en bitcoin, por ejemplo", señala.

Este analista asume estos posibles riesgos, tanto el de los hedge funds como el de las criptomonedas, advertidos por Luis de Guindos, con serenidad: "Sinceramente, creo que De Guindos se calla aposta un dato. No puede haber un riesgo sistémico en la economía europea mientras haya un exceso de liquidez de 4,5 billones de euros. Lagarde ya ha empezado a decir que va a retirar liquidez a partir de febrero [como parte del programa del BCE para reducir la inflación]... Pero mientras exista esa liquidez sobrante no hay riesgo sistémico", remacha el analista.

El Banco Central Europeo (BCE) continuará subiendo los tipos de interés "a una velocidad parecida" a los 50 puntos básicos de la reunión de la semana pasada hasta que las proyecciones apunten a una convergencia estable con el objetivo de estabilidad de precios, algo que no está cerca todavía, según ha indicado el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, según informa Europa Press.

"Habrá más subidas de tipos, ¿hasta cuándo? Soy honesto, no lo sé", ha indicado el exministro español de Economía en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha explicado que el precio del dinero en la zona euro seguirá subiendo hasta que las proyecciones del BCE indiquen una convergencia estable con el objetivo de estabilidad de precios, "pero eso no está cerca todavía".

En su intervención, Guindos ha justificado la postura del BCE por el notable empeoramiento de las proyecciones de inflación recogido en las últimas proyecciones macroeconómicas de la institución, que para 2025 aún espera que la inflación supere su meta del 2%.

En este sentido, ha defendido la creciente importancia de fijarse en la evolución de la inflación subyacente, añadiendo que la proyección del BCE que apunta a un repunte de la inflación prevista para 2024 indica el "efecto escalón" relacionado con la retirada de las medidas implementadas por los gobiernos para aliviar las subidas de los precios en 2022 y 2023.

"Por tanto, en un entorno de menor crecimiento y peores previsiones de inflación se justifican nuestras actuaciones de política monetaria", ha apostillado Guindos, insistiendo en que actualmente el mix de políticas (fiscal y monetaria) debe ser diferente al desplegado en la pandemia y dejar atrás la política fiscal "del whatever it takes' para enfocarla en los más vulnerables.

En este sentido, tomando como ejemplo la crisis en Reino Unido este otoño tras la presentación del minipresupuesto, el vicepresidente del BCE ha advertido de que si la política fiscal no es la adecuada puede acabar provocando una reacción "más fuerte" de la política monetaria.

"Si los mercados empiezan a detectar incompatibilidad entre ambas políticas habrá subidas de los tipos de interés en los mercados y eso puede tener impacto en la estabilidad financiera", ha recordado.

En cualquier caso, Guindos ha defendido la eficacia de la nueva herramienta antifragmentación del BCE, conocida por las siglas TPI, de la que ha destacado que "está cumpliendo su función sin haberla utilizado".

El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.

En su documento, el BCE menciona otros cinco dictámenes anteriores sobre impuestos a la banca en cuatro países europeos, pero ha emitido muchos más. Los citados evalúan tributos de Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumania. El más reciente de estos es de 2020 y el más antiguo, de 2016. En el referido a España el BCE reúne advertencias estándar, ya presentes en informes previos, y particularidades del impuesto español. Quizá es a lo que se refería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando aseguró que el supervisor europeo debe de haber hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. “Lo tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual [de subida de tipos de interés], resulta un poco sorprendente”, apuntó el ministro, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004.

Por ejemplo, el supervisor bancario reproduce literalmente párrafos y argumentos de anteriores dictámenes. Es una doctrina que tiene asentada. El primero, que considera recomendables este tipo de gravámenes sólo si se utilizan para nutrir fondos de garantía de depósitos, que cubran las insolvencias de las entidades, pero no para aumentar los recursos presupuestarios de los gobiernos, como es el caso no sólo del impuesto español, sino también del eslovaco, lituano y polaco. El rumano está pensado para estimular la intermediación financiera y reducir el coste del crédito a los hogares. También repite el “impacto” que la tasa puede tener sobre “la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”. O advierte de que un impuesto ad hoc a los bancos destinado a conseguir recursos presupuestarios generales reducirá la “resiliencia” de las entidades, que entonces se verían obligadas a conceder menos créditos y reducir sus servicios y actividades. En todos los dictámenes el BCE pide a los gobiernos que preparen un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto.

Ya con carácter específico, el informe sobre el gravamen español alerta ante el riesgo de que a los bancos afectados se les haga tributar atendiendo a sus ingresos de 2019 pero tengan que pagar después, cuando es posible que hayan reducido sus beneficios o incluso hayan incurrido en pérdidas. Sin embargo, el tributo se empezará a cobrar el 1 de enero de 2023 y, según los resultados que hicieron públicos la semana pasada, los cinco mayores bancos ganaron hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. El impuesto gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras cuyos ingresos en 2019 fueran superiores a los 800 millones de euros por ambos conceptos. Por tanto, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectará a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En los nueve primeros meses de este año, las tres primeras entidades –Cajamar no presenta sus cuentas hasta el próximo lunes– han tenido unos beneficios de 678,2 millones de euros: Unicaja supera en un 67% las de ese mismo periodo en 2021, Ibercaja mejora un 15,4% y Kutxabank en un 42%. Es decir, todas ellas están lejos de las pérdidas.

Como la base del impuesto son el margen de intereses y las comisiones, no los beneficios, en lo que va de año la cifra ingresada por los seis principales bancos –los cinco que cotizan en el Íbex 35 y Unicaja– suma 22.453 millones de euros, un 6% más que el año anterior, informa Europa Press. Según la agencia Scope Ratings, Caixabank tendría que pagar unos 400 millones de euros, por ser la entidad que más ingresa por intereses y comisiones –7.250 millones hasta septiembre, un 11,4% más que en 2021–, por encima incluso del Santander, que debería abonar al Estado 300 millones de euros. El BBVA tributaría por unos 250 millones y Sabadell por 200 millones.

Para el BCE, otro riesgo es que, como el impuesto no tendrá en cuenta los gastos de explotación ni otros costes, puede que no sea proporcional a la rentabilidad del banco. Los responsables de las mayores entidades argumentan contra el impuesto que, pese a los elevados beneficios de este año, su rentabilidad está por debajo de los costes de capital.

El dictamen, tal y como han destacado este viernes tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el vicepresidente del BCE y exministro de Economía del PP Luis de Guindos, no es vinculante. Así que los cuatro países cuyos impuestos a la banca evaluó antes el supervisor europeos siguieron adelante con sus respectivos diseños, que fueron aprobados por sus parlamentos y aplicados.

En el caso de Lituania, los bancos empezaron a pagar un 5% adicional sobre sus beneficios en el impuesto de sociedades, por lo que el tipo por el que tributaban pasó del 15% al 20%. El objetivo de la medida era dedicar la recaudación a cubrir necesidades públicas. En principio, estaba previsto que el tributo se aplicara sólo durante tres años. Pero en diciembre de 2021 el Parlamento decidió prorrogarla indefinidamente. Pese a que una de las recomendaciones del BCE es precisamente que estos impuestos se limiten en el tiempo. El español estará en vigor dos años, de acuerdo con el plan del Gobierno.

Eslovaquia también ha aplicado su propia tasa a los bancos. La aprobó en 2011 y estaba destinada a cubrir los costes del rescate financiera y crear un fondo de protección para futuras crisis. En principio consistía en un 0,2% del pasivo de los bancos, pero en 2021 se duplicó. Cada año recaudaba unos 150 millones de euros, que pasaron a 300 millones tras la subida. El ministro de Economía que lo impulsó, Peter Kazimir, se convirtió en 2019 en gobernador del Banco Central de Eslovaquia y, sorprendentemente en uno de los principales enemigos de la tasa. Dijo que había sido un error. En 2020 el Gobierno presentó un proyecto para anular el impuesto. Si en el caso lituano, el BCE actuó de oficio, y en el español el dictamen fue solicitado por el Banco de España, en el eslovaco, el supervisor evaluó tanto la creación como la subida y la abolición de la tasa a petición del propio Ministerio de Finanzas. En su último y breve informe –apenas dos páginas– antes del dedicado a España, el BCE celebra que el Gobierno de Bratislava suprima el tributo, porque cree que su eliminación aumentará la capacidad de los bancos para generar capital y proveer de créditos a la economía real.

Polonia tampoco cambió su política fiscal tras el dictamen del BCE. En 2016 el Gobierno creó una tasa mensual del 0,0366% sobre los activos de bancos, aseguradoras y entidades de crédito al consumo. La recaudación, una vez más, se destinaba a financiar el gasto público, en especial en materia de seguridad social. En 2020, el Estado polaco ingresó por este concepto unos 900 millones de euros.

Del mismo modo ha avanzado el Gobierno español que mantendrá su impuesto. En la cumbre hispano-lusa en Viana do Castelo, el presidente, Pedro Sánchez, se ha referido a Luis de Guindos, quien aseguró horas antes que, con su dictamen, el BCE “trata de ayudar”, como ya ha hecho en el pasado con otros gobiernos. Tras repasar su currículo como ministro de Economía del PP, “artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española” y responsable de Lehman Brothers, Sánchez le agradeció sus “consejos”. “Pero vamos a seguir adelante”, zanjó.

Los cuatro países evaluados por el BCE no son los únicos europeos que gravan a los bancos con impuestos específicos. Desde 2011, las entidades financieras británicas pagan una tasa –bank levy– por su pasivo y fondos propios, del 0,1% si son a corto plazo y del 0,05% si son a largo. Además, en 2015, el Gobierno del conservador David Cameron estableció el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. Se planteó entonces como la “justa contribución” de las entidades financieras por “el riesgo potencial que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Un seguro frente al peligro sistémico que puede representar una banca que toma excesivos riesgos. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico recaudó unos 8.000 millones de libras hasta 2022 por este recargo. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras –unos 1.713 millones de euros–. Gracias a la tasa ingresó mucho más: 25.000 millones de libras desde 2011. Este año la recaudación ascenderá a 1.300 millones.

Uno de los planes del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando era ministro de Finanzas en el Gobierno de Boris Johnson, era recortar del 8% al 3% el recargo a los bancos. Sorprendentemente, su sucesor en el breve Gobierno de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, no incluyó esa reducción en el fallido plan de rebaja generalizada de impuestos. Está por ver cuál va a ser la decisión de Sunak al respecto una vez que el recorte fiscal de Truss ha quedado en el camino.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Curiosamente, fue una iniciativa de Christine Lagarde, ministra de Economía en 2011, cuando se creó el tributo, y hoy presidenta del BCE. Desde 2014 se empezó a reducir hasta su desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

En plena crisis financiera, también Austria y Bélgica gravaron a sus bancos. Tras la pandemia, en diciembre de 2021, el Parlamento sueco aprobó una tasa del 0,05% de la base imponible para 2022 y del 0,06% para 2023 de los bancos cuyo pasivo supere los 150.000 millones de coronas suecas –unos 14.000 millones de euros–. Ahora, en plena crisis energética y de precios, además de España, Hungría, República Checa, Italia y Grecia han anunciado su intención de unirse al club.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo estudiará el informe del Banco Central Europeo, pero ha confirmado que continúa con su hoja de ruta de crear el gravamen, informa Europa Press. Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, António Costa, en Viana do Castelo, tras la firma de acuerdos bilaterales, un día después de que el BCE cuestionase distintos aspectos del impuesto a la banca. "Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Sobre todo, porque a la luz de los datos que hemos conocido de los beneficios y los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", ha señalado Sánchez tras ser preguntado por el citado dictamen.

El presidente ha sido especialmente duro con al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos: “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha subrayado que el dictamen de la institución sobre el impuesto temporal a la banca que se está tramitando en España, publicado el jueves, "trata de ayudar" al Gobierno y no es vinculante, según informa Europa Press. "Nuestra opinión trata de ayudar a los gobiernos y eso a menudo la gente lo olvida. No es vinculante", ha recordado Guindos durante su intervención la 11ª edición de la conferencia Energy Prospectives, organizada por el IESE y la Fundación Naturgy, donde también ha señalado la polarización de la opinión pública en España.

En este sentido, el exministro español de Economía ha subrayado que se trata de algo que el BCE ha hecho en ocasiones anteriores en el pasado con otros Estados de la eurozona que planeaban introducir impuestos a la banca.

Así, el vicepresidente del BCE ha explicado que en el proceso para producir su opinión el BCE ha incorporado un panel con representantes de muchas áreas diferentes, incluyendo economía, política monetaria, supervisión o estabilidad financiera, además de contar con la colaboración del banco central nacional, teniendo en cuenta opiniones emitidas previamente y las características específicas del caso.

"La política fiscal no es nuestro trabajo pero tiene potenciales consecuencias en la solvencia de la banca, el crecimiento del crédito y las condiciones de financiación", ha añadido.

En cualquier caso, ha subrayado que la introducción del impuesto y su diseño "será una decisión democrática", tomada por el Parlamento español, por lo que el ángulo del BCE "es para ayudar". "Podrán seguirla o no porque no es vinculante", ha apostillado.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado este viernes "sorprendido" ante la advertencia del BCE de que el impuesto a la banca español puede restringir el crédito y ha considerado "bastante paradójico" que una institución que está subiendo los tipos de interés para suavizar el crédito lance un aviso como éste en el contexto actual. "Me parece sorprendente. No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (...) Será un tipo de informe normalizado que tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí, sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual, resulta un poco sorprendente esa afirmación", ha señalado el ministro.

Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha pedido "rebajar muchísimo el estatus" de este informe del BCE, pues entiende que son recomendaciones y consideraciones de carácter general. "En ningún caso entiendo que el BCE quiera interferir en la legitimidad de un Gobierno de regular estos temas", ha opinado.

De hecho, el ministro, que trabajó en el BCE durante unos años, ha subrayado que la emisión de este tipo de informes no es una actividad central de la institución, sino secundaria. "Hay que poner en su justo término lo que significa un informe como éste (...) No es su actividad central, es una parte secundaria y rutinaria. El Tratado le da esta función, pero no entra en el proceso central de toma de decisiones", ha apuntado.

El ministro ha subrayado que las regulaciones financieras, excepto algunos elementos concretos de solvencia, y en mayor medida las regulaciones fiscales "son competencias nacionales". En este sentido, ha indicado que en los países escandinavos y en Francia existen impuestos a la banca desde hace más de una década, sin que difieran mucho del planteado por España.

El Banco Central Europeo ha publicado un informe recogido por elDiario.es del que se desgrana la urgencia de una subida general en los salarios para mitigar los efectos de la inflación y así evitar un futuro impago de hipotecas y otros prestamos. Así lo explicó este miércoles el vicepresidente del BCE, Luís de Guindos, reclamando a su vez un cambio en las hipotecas de interés variable por un modelo fijo que evite el golpe "inmediato" en las condiciones económicas.

El informe de estabilidad financiera expone la situación general de las familias, cuya cuantía de ahorros se viene reduciendo desde finales de 2021 debido a la inflación y la subida de los combustibles —con el agravante de la guerra de Ucrania desde febrero de este año—. “El aumento de la inflación [...] puede reducir el poder adquisitivo de los hogares, a menos que los salarios se recuperen lo suficiente sin desestabilizar las expectativas de incremento de precios”, detalla el BCE en su informe.

Según el organismo, “esta contracción afecta particularmente a los hogares de bajos ingresos, que gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos y energía”. Asimismo, la institución advierte que la situación financiera y laboral "relativamente favorable" de la familias de la eurozona "podría empeorar si la prolongada debilidad económica se tradujera en un número creciente de empresas insolventes o con problemas”.

La economía española, en opinión del líder del PP, Pablo Casado, sigue llena de nubarrones. Y lo que es más grave: se encamina hacia una enorme tormenta que puede obligar a la Unión Europa a tener que rescatar España como ya hizo en el pasado con Grecia.

Fue en un curso organizado por el PP en El Escorial (Madrid) donde Casado expuso su diagnóstico, muy distinto del que en el mismo foro hizo Luis de Guindos, exministro de Economía y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Hay “triunfalismo” en los medios de comunicación sobre el efecto de los fondos europeos pueden tener sobre la recuperación económica, denunció el presidente del PP. Porque el verdadero problema es la deuda pública, que ya ha alcanzado el 125% del PIB.

“De los 330.000 millones de euros de deuda soberana española que tiene el BCE, 120.000 los ha comprado el año pasado”, una suma “que es prácticamente toda la emisión de deuda pública del tesoro español”. Casado reconoció que gracias a ella ha hecho posible cubrir “los servicios básicos que tenemos en el presupuesto español, en el que el 80% del gasto son cuatro partidas sociales o asociadas (prestaciones de desempleo, pensiones, sueldos de los funcionarios e intereses de la deuda)”.

Pero el problema, subrayó, es que “los fondos europeos cuantitativamente no son relevantes para evitar el boquete que ya tenemos” y no van a compensar la caída de la economía provocada por la pandemia. Así que el déficit estructural va a obligar a hacer ajustes “en un futuro no muy lejano”. Y “cinco puntos de ajuste de déficit estructural nos abocan a diez años de recortes”, advirtió. “Porque son 60.000 millones de euros que tenemos que cortar de ese 80% del presupuesto que son partidas esenciales para el Estado del bienestar”.

España, aseguró, va a recibir fondos no sólo por haber sufrido la pandemia, sino “porque su posición de partida era peor” que la de otros países. Sánchez, remarcó, no había “hecho los deberes”, no cumplió con el déficit, dejó crecer “demasiado” la deuda pública, no hizo “reformas de competitividad”, no eliminó “desequilibrios en el déficit estructural” y “rigideces” en el mercado laboral” y mantuvo los “impuestos demasiado elevados” .

Según su análisis, la inflación y el calentamiento de la economía norteamericana van a afectar a la política monetaria del BCE y, en última instancia, a los países que, como España, necesitan de su ayuda. “En el momento en el que todos los países salgan adelante y nosotros, por no haber hecho la reformas, no lo hagamos, esa asimetría hará que a lo mejor los países que tengan problemas tendrán que ir a programas específicos, particulares para ellos, que todos sabemos cómo se llaman y cómo se han implantado en el pasado”, subrayó en referencia al rescate de Grecia durante la crisis de 2008.

“El aviso que estamos dando es que hay que hacer reformas”, remarcó. “Y empezar a pensar en la estabilidad presupuestaria”. ¿Cómo hacerlo? Con una receta que incluye, por ejemplo, llevar aún más lejos la reforma laboral de Mariano Rajoy en vez de desmantelarla. Y renunciar a que las pensiones se revaloricen automáticamente de acuerdo con el IPC, congelando el salario mínimo y el ingreso mínimo vital y evitando subir el sueldo a los funcionarios públicos.

Aunque no hay elecciones a la vista hasta finales de 2023, Casado quiere tenerlo todo listo. Su intención, explicó, es preparar el partido en los próximos meses “incluso con leyes escritas” para aprobar “en los primeros 100 días del Gobierno futuro del PP”. “Tenemos que tener la capacidad de en apenas tres meses desfibrilar España, de inyectar adrenalina en un pais que ahora mismo está en una situación muy mala. No habrá tiempo que perder”.

El contraste con De Guindos

La paradoja es que el sombrío panorama descrito por Casado en la inauguración de los cursos del PP en El Escorial no obtuvo correlato por parte del principal ponente de la jornada. El exministro De Guindos no sólo subrayó que “vamos a tener un rebote muy intenso de actividad, especialmente en la segunda mitad del año”, sino que puso fecha a la recuperación del nivel de renta: será “en el primer trimestre” de 2022” para el conjunto de Europa (algo más tarde en el caso español, según el Banco de España). “Estamos mucho mejor que hace un año; las previsiones son mucho más optimistas y hay que revisarlas al alza”. “Es evidente que la recuperación está en marcha y con una intensidad muy notable”, concluyó desmintiendo los análisis de Casado y de su partido.

No fue la única contradicción que quedó patente entre De Guindos y Casado. El vicepresidente del BCE cifró la caída de la economía española en un 6% (cinco puntos menos de lo que el líder del PP había dicho minutos antes) y desmintió las reservas del líder de la oposición sobre los riesgos de que la inflación se dispare. De hecho, no tiene dudas sobre que la recuperación será un hecho el año que viene, hasta el punto de que lo que le parece verdaderamente relevante es aprovechar los fondos europeos para transformar la economía del continente.

De Guindos ni siquiera sostuvo la tesis de Casado de que la pandemia ha tenido peores consecuencias económicas por culpa de Pedro Sánchez. “España se ha visto muy golpeada por la pandemia, fuimos los que más caímos en PIB”, aceptó. Pero “eso tiene que ver con la importancia del turismo y con la estructura empresarial de nuestro país, con muchas pymes”.

Hasta el propio Casado advirtió las diferencias, que atribuyó a la necesidad de De Guindos de mantener un perfil “institucional”.

El Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado una cuasi revolución con una discreta publicación en su blog debido al enorme alcance de las implicaciones políticas, financieras y económicas de los cambios anunciados. El 18 de marzo, el vicepresidente de la institución monetaria, Luis de Guindos, publicó los resultados preliminares de un estudio sobre el cambio climático realizado a 4.000 empresas y 2.000 bancos de todo el mundo y que se completará en verano. Y las primeras conclusiones del BCE son contundentes: “El cambio climático es una fuente de riesgo sistémico”.

La constatación no es del todo nueva. Ya en 2015, Mark Carney, entonces gobernador del Banco de Inglaterra, dio la voz de alarma sobre el cambio climático. Al referirse a él como una “tragedia del horizonte”, insistió en la subestimación, por parte del sector financiero, de los riesgos medioambientales.

A principios de 2020, el Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales, hizo suya la causa con la publicación de un extenso estudio llamado “The Green Swan”, el cisne verde, en referencia al concepto de cisne negro, que anuncia rupturas y crisis, en el que describía un mundo de desorden y cataclismos si no se hacía nada.

Nada más llegar a la presidencia, Christine Lagarde no ocultó su intención de dar al BCE un papel importante en el cambio climático. Esta intención se ha topado con la fuerte oposición de varios miembros del comité ejecutivo, encarnada una vez más por Jens Weidmann, el imprescindible presidente del Bundesbank.

Weidmann quiere que el BCE se someta a la teoría “intocable” del ordoliberalismo: el dinero es neutral y debe seguir siéndolo. En nombre de esta neutralidad, de la independencia del Banco Central, éste no puede influir en las opciones económicas, y por tanto políticas, decidiendo orientar su política monetaria hacia el apoyo a determinados sectores y la prohibición de otros, incluso aludiendo a la necesidad imperiosa de luchar contra el calentamiento global. Para el presidente del Bundesbank, estas decisiones son competencia del mercado, que es eficiente por naturaleza.

El estudio promovido por el BCE es una respuesta implacable a esta teoría. Se han estudiado varios escenarios en una escala temporal poco habitual para el mundo de las finanzas –más de treinta años–: una transición ordenada hacia una economía “más verde”, una transición desordenada con riesgos físicos limitados y un escenario catastrófico en el que las políticas ecológicas, insuficientes y tardías, provocan riesgos físicos extremos. Luis de Guindos llega a la conclusión, más que obvia, de que “es muy preferible una transición ordenada”.

Pero sea cual sea el escenario, la transición ecológica tendrá una traducción financiera y monetaria. El mundo bancario y financiero lleva la huella masiva de los compromisos industriales y económicos en sus balances. Suele estar muy expuesta a industrias y sectores contaminantes que emiten gases de efecto invernadero. Es probable que los riesgos en que incurren estos últimos se trasladen a los bancos e inversores y provoquen quiebras en cadena.

En nombre de estos riesgos potenciales, la intervención del BCE es legítima, explica Luis de Guindos. “El cambio climático representa una fuente importante de riesgo sistémico, especialmente para los bancos cuyas carteras se concentran en determinados sectores económicos y, lo que es más importante, en determinadas zonas geográficas”, continúa el vicepresidente del BCE.

A partir de múltiples datos, una filial de Moody's, Four Twenty Seven, y la empresa de investigación Urgentem, contratada por el BCE para realizar el estudio, modelizaron los riesgos y las zonas más expuestas. No es de extrañar que sean muy diferentes entre el norte y el sur, el este y el oeste de Europa.

En el norte y el este, lo más amenazante son los riesgos de inmersión de la tierra y las repetidas inundaciones causadas por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global. En el sur, hay olas de calor extremas y enormes incendios. Todo ello se ve amplificado por las concentraciones industriales y urbanas.

No es de extrañar tampoco que los sectores minero, energético y manufacturero sean los más vulnerables, expuestos como están a riesgos tanto físicos como económicos, ya que las políticas de transición energética pueden provocar una drástica caída de sus beneficios, al tiempo que se verán obligados a reinternalizar los costes medioambientales que han estado trasladando al conjunto de la sociedad durante décadas. Pero los otros sectores no son inmunes.

Estos resultados preliminares tendrán implicaciones inmediatas para el BCE, advierte su vicepresidente. El BCE pretende utilizarlos para analizar la capacidad de resistencia de los bancos al cambio climático, ya sea en términos de sus préstamos, garantías o participaciones. Los resultados definitivos, que abarcan más de 2.000 grupos bancarios –prácticamente todos los bancos de la eurozona–, deberían estar disponibles a mediados de año.

“Este marco se ampliará para incluir una respuesta más dinámica de los bancos al cambio climático. En particular, el descenso de la solvencia de algunas empresas debería llevar a los bancos a adaptar sus carteras y a cambiar sus inversiones hacia empresas menos arriesgadas”, advierte Luis de Guindos. Este control debería extenderse a los gestores de activos y a las compañías de seguros.

Esta política de incentivos podría ir acompañada de medidas más coercitivas. La semana pasada, Frank Elderson, miembro del comité ejecutivo del BCE y también de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, indicó que el BCE se estaba preparando para pedir un aumento de capital para cumplir las normas prudenciales de todos los bancos especialmente expuestos a los riesgos climáticos.

Aunque el BCE asegura que estas medidas se tomarán por etapas, de forma adaptada, este simple anuncio corre el riesgo de acelerar los grandes cambios. Porque, quiera o no, el Banco Central parece estar dando el pistoletazo de salida a una fuga de capitales de los sectores contaminantes.

Varios fondos de inversión ya han anunciado su retirada de los grupos petroleros y mineros. La semana pasada, el grupo Axa anunciaba su negativa a invertir en la compañía eléctrica alemana RWE, el mayor emisor de CO2 de Europa. Otros están preparando cartas de inversión financiera que excluyen a cualquier grupo que trabaje en el sector del petróleo, el gas, la minería, la arena y el tabaco, entre otros.

Se está preparando un verdadero éxodo financiero. Un éxodo que asciende a miles de miles de millones y que conlleva una incalculable suma de dos siglos de prácticas económicas e industriales.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya llegado a la negociación de los fondos europeos "sin los deberes hechos" cuando en Europa "la credibilidad, la solvencia y la confianza pesa mucho". Tras expresar su deseo de que hoy se logre un acuerdo en Bruselas en el reparto de los fondos, ha exigido reformas ante la "grave recesión" en España, "utilizando las recetas que siempre han funcionado" con el Partido Popular.

Así se ha pronunciado, según recoge Europa Press, en las jornadas 'Activemos España con Europa', que organiza el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo y que dirige la portavoz Dolors Montserrat, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Le ha acompañado el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos, como parte de la conferencia "La respuesta europea frente la crisis".

Coincidiendo con el cuarto día de negociaciones de los líderes europeos sobre el fondo de recuperación, Casado ha echado en cara a Sánchez que no haya pedido "ayuda" al PP que es una formación "influyente" en Europa ni se le haya informado de los "progresos" que se están realizando. Además, ha afirmado que en esta negociación "no han ayudado" las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias "acusando a los países frugales de los ataques contra España".

"Esperamos que hoy haya un acuerdo"

El presidente del PP ha asegurado que su partido espera que hoy "haya un acuerdo" en Bruselas y que sea "un gran acuerdo para España", haciendo hincapié en tres "criterios esenciales" que, a su entender, deben cumplirse: "responsabilidad, estabilidad y reformas", con el objetivo de que "las futuras generaciones no tengan que pagar la mala gestión del presente".

"Y agradecemos la solidaridad de los estados miembros de la UE y de la Comisión Europea y los esfuerzos que están haciendo para que nuestro país pueda salir de una grave recesión que ha producido unas malas políticas en los últimos dos años", ha enfatizado, aludiendo después al incumplimiento del déficit, el "despilfarro" con los decretos electorales antes de las generales y la "amenaza" de derogar reformas como la laboral.

Casado ha subrayado que el programa de reconstrucción fue propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel, ambas miembros del Partido Popular Europeo. Sin embargo, ha "lamentado" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llegado "sin los deberes hechos a esta negociación" y ha recalcado que en Europa la "credibilidad, la solvencia y la confianza pesa mucho".

Dicho esto, el líder del PP ha solicitado al Gobierno de Sánchez "reformas", así como "solvencia y estabilidad", algo que, según ha dicho, "siempre" ha caracterizado a los gobiernos del PP y a los países que "mejor les ha ido en el contexto internacional y las negociaciones en la UE".

Las reformas planteadas por el PP

Casado ha desglosado esas reformas divididas en cinco bloques. En primer lugar, ha pedido una reforma fiscal que baje impuestos como están haciendo otros países europeos "en vez de amenazar" con subirlos, algo que, a su juicio, puede ser "disuasorio en la creación de empleo y en la recepción de inversiones internacionales".

En segundo lugar, ha defendido un marco laboral "flexible", manteniendo la reforma laboral que aprobó el PP, "ahondando" en la bajada de las cotizaciones sociales "cuando se pueda para abaratar la contratación", implantar una tarifa plana para autónomos e impulsar una nueva Ley de Emprendedores que permita dar una empresa en cinco días y "no haya trabas para emprender" en España.

En tercer lugar ha citado el alivio de las cargas burocráticas para "adelgazar más la administración" y que las empresas cuenten con las administraciones públicas "para ayudarlas". En materia de formación, ha defendido el bilingüísmo, FP dual y más materias STEM de ciencia y tecnología para que los jóvenes puedan competir, y que las empresas puedan participar en el currículum educativo de las universidades para salidas profesionales de acuerdo con la formación.

Finalmente, y en quinto lugar, ha apostado por la competitividad, haciendo hincapié en una "buena negociación" de la PAC en el sector primario, un plan de reindustrialización en el sector secundario, y costes fijos en energía dado que España es una isla energética y ahora, ha dicho, se pueden aprovechar los fondos europeos dirigidos a planes verdes. En este apartado ha defendido ayudas específicas al turismo y la hostelería ante los "estragos" del covid-19.

Los "errores" de Sánchez

Tras lamentar los "errores" cometidos por Sánchez, ha señalado que para salir de la crisis España tiene que ser "competitiva, flexible y utilizando las recetas que siempre han funcionado" cuando el PP ha tenido responsabilidades de Gobierno. Por eso, ha dicho que su partido ahora está "trazando una alternativa" para que los españoles puedan decidir cuando vuelvan a las urnas.

Casado ha puesto en valor la trayectoria de Luis de Guindos, un "patriota" que, según ha dicho, ha vivido los "dos milagros españoles" en España. En primer lugar, el periodo de 1996-2004 con José María Aznar que "permitió la convergencia en la zona euro" en "tiempo récord" y que ofreció "más de cinco millones de puestos de trabajo creados después de una gran reforma fiscal"

En segundo, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya como ministro de Economía lideró un "periodo reformista" con la reforma del sistema financiero para "dotarlo de solvencia y evitar la quiebra de las entidades financieras" y "desde una perspectiva social" al "legislar sobre los desahucios, impulsando además un plan de proveedores frente a la morosidad".

Además, Casado ha dicho que en ese periodo se pusieron las bases para que España "volviera a tener credibilidad" y "se evitó" el rescate. "España se rescató a sí misma con una serie de reformas estructurales que es lo que ahora estamos pidiendo", ha enfatizado Casado.

Guindos espera que la UE "esté a la altura"

Por su parte, el vicepresidente del BCE ha señalado que la crisis provocada por el covid-19 es "muy diferente" a la de 2008 y la respuesta también ha sido "más intensa y más rápida" que entonces, tomando medidas desde el primer momento e inyectando liquidez. "Y estamos en un proceso de compra de activos que ha producido sus efectos", ha agregado.

Guindos ha reconocido que la discusión hoy en el Consejo Europeo es "fundamental" tanto por los detalles como por la política que "se manda". A su entender, la política monetaria no puede ser la única que actúe y que ir acompañada de otras políticas nacionales y paneuropeas.

Tras asegurar que los próximos meses están rodeados de "incertidumbre" y no serán "fáciles", ha señalado que hay que intentar que "los daños sean los menos posibles". "Y ahí espero que la respuesta europea esté a la altura del desafío, que es un desafío sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, ha declarado, para añadir que las previsiones indican que no se recuperarán los niveles previos a la crisis hasta al menos dentro de dos años.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido este domingo una "renta mínima de emergencia" durante la crisis del coronavirus.

"Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", ha explicado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha insistido que es "favorable" a la renta mínima durante el coronavirus. "Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable", ha añadido.

El vicepresidente del BCE da por hecho una "recesión" económica en este trimestre del año, aunque ha insistido en un "rebote" para finales del año. "La esperanza es que tras unos meses negativos tengamos un rebote en la segunda parte del año (...) Que no se destruya tejido empresarial y, una vez superada la crisis, tengamos normalización de la actividad económica y recuperemos lo que hemos dejado de producir", ha asegurado.

Pese a la recesión, Guindos ha destacado de que se trata la crisis es "diferente a la de 2008", que tendrá un impacto muy intenso en la economía europea, pero ha incidido en que se trata de una circunstancia temporal. "La temporalidad de este golpe tenemos que tenerla en consideración", ha subrayado.

Por otra parte, el exministro de Economía durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha señalado que falta "una respuesta de la política fiscal" y ha defendido los eurobonos para paliar el impacto del coronavirus. "La pandemia afecta a todos los países europeos. Una respuesta panaeuropea es fundamental, por la señal del mensaje de que unidos podemos hacer cosas muy importantes", ha resaltado

Christine Lagarde se estrenó este jueves al frente del Banco Central Europeo (BCE) lanzando un mensaje optimista sobre la alicaída economía comunitaria. “Los riesgos en el horizonte son ahora menos pronunciados que meses atrás”, aseguró en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China –“las negociaciones van en mejor dirección”, apuntó– y a las elecciones en el Reino Unido, cuyo resultado eliminará un “elemento de incertidumbre”, el Brexit desordenado. De hecho, calificó de “alentador” el panorama resultante no sólo del alivio de las tensiones globales, sino también de los signos de “estabilización” que el BCE percibe en la desaceleración económica general.

Un día después, su vicepresidente, Luis de Guindos, incluso pronosticó un “rebote” de la actividad en la Unión Europea a partir de mediados de 2020. “La desaceleración económica que arrancó en 2018 está tocando fondo”, resumió.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para el último trimestre del año, del 0,4% al 0,55%, casi el mismo –0,54%– que adivina para los tres primeros meses del año próximo. Analistas Financieros Internacionales (Afi) también va a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el final del año, según avanza Rui Mota Guedes a infoLibre. Afi pronosticó un alza del PIB para este ejercicio del 1,9%, dos décimas menos que el Gobierno, pero Mota Guedes cree más que probable que la economía española alcance el 2% –ocho décimas por encima de la media de la eurozona– a la vista de su comportamiento en el tercer y cuarto trimestre.

“Nunca vimos el panorama de alarma que se extendió después del verano y que poco menos que nos abocaba a una nueva crisis”, explica por su parte María Jesús Fernández, analista de Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro. El diagnóstico es compartido: por una parte, las incertidumbres exteriores se han disipado y los riesgos no se han materializado; por otra, durante los últimos años la economía española “no ha generado desequilibrios”, indica la analista de Funcas, que puedan perjudicar a su actual “buena salud”, como la describe el analista de Afi. “Está más equilibrada ahora que en el pasado, con una cuenta corriente positiva, menores importaciones y menos inversión en vivienda”, detalla Rui Mota. Ni ha creado burbujas ni asimetrías que puedan terminar contrayendo el consumo o la inversión; el endeudamiento privado se ha reducido, las empresas están menos apalancadas y disponen de más recursos propios; el coste de la deuda para particulares y compañías se encuentra en mínimos históricos.

Además, se sigue generando empleo, recuerda el analista de Afi, “aunque con menos fuelle” que cuando la economía crecía por encima del 3%. Según la previsión de Funcas, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentará este mes en 54.200 personas, de forma que para todo el año el empleo crecerá en 491.000 personas respecto a 2018, un 2,6%. Menos que en 2018, cuando aumentó un 3%. Pero será el sexto ejercicio consecutivo en que España mejorará su número de ocupados. El año, por tanto, cerrará con 19,28 millones de personas con trabajo, la cifra más elevada desde 2011.

En resumen, la economía nacional continuará desacelerándose, pero lo hará de forma “suave”. Para 2020 Afi prevé que el PIB español crezca un 1,7%, dos décimas menos que su última estimación para el año que ahora acaba. Aun así por encima del cálculo del BCE para la zona euro, sólo del 1,1% para el próximo ejercicio, que se elevará hasta el 1,4% en 2021 y 2022.

Ajuste fiscal

Ni Funcas ni Afi creen que las dificultades para formar gobierno tengan un impacto reseñable en el crecimiento a estas alturas del año. Rudi Mota no considera probable una nueva convocatoria de elecciones. “Nuestro escenario principal es que se forme un gobierno con el PSOE”, resume. Y María Jesús Fernández sostiene que sólo una política “muy disruptiva” del futuro Ejecutivo podría perjudicar al PIB. “Como una derogación de la reforma laboral, por ejemplo”, precisa. Además, como los nuevos Presupuestos no estarán listos hasta mediado el próximo año, su efecto no se notará hasta entonces.

No obstante, la analista de Funcas espera que haya continuidad en la política fiscal. Los ajustes de 9.600 millones de euros que Bruselas exige a España para cumplir con el objetivo de déficit no deberían tener consecuencias. “Además, cada vez se habla más en Europa de que hay que aflojar las políticas fiscales, por lo que ya se verá si ese ajuste es necesario o cómo se aplicará, si en un ejercicio o en un periodo más largo, por ejemplo”, precisa Rudi Mota. María Jesús Fernández advierte de que si no se cumple con el déficit el crecimiento será aún mayor, “pero a costa del crecimiento futuro”. Por eso la analista de Funcas prefiere medidas que reduzcan el déficit estructural, “en lugar de dejar que sea sólo el ciclo el que lo recorte”.

Guerra comercial y Alemania

En cualquier caso, ambos expertos coinciden en que el elemento que debe someterse a vigilancia es el exterior. Porque, pese a que Donald Trump acaba de anunciar “un gran acuerdo” con China que paraliza la imposición de unos aranceles previstos para este próximo domingo, se trata sólo de la “fase uno” de la negociación. Y Alemania puede ser el principal perjudicado de una guerra comercial con China, apunta Rudi Mota. El motor germano, que tira de la economía española y ha escapado por la mínima de la recesión en este final de año, crecerá en 2020 un raquítico 0,5%. “Pero disfruta casi de pleno empleo [su tasa de paro era del 4,8% en noviembre] y los salarios crecen por encima del 2%”, recuerda el analista de Afi.

De hecho, el Bundesbank se apuntó este mismo viernes al discurso optimista: la economía alemana acelerará su expansión en 2021 y 2022, con un 1,4% de mejora del PIB, gracias a un “crecimiento más vigoroso de las exportaciones” que reactivará su industria. También el Green Dealpublicitado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –movilizar 100.000 millones de euros para convertir a Europa en un territorio neutro en emisiones en 2050–, puede ser un potente revulsivo económico y “dará más margen de maniobra también a Alemania”. “Pero eso no será antes de 2021”, advierte Mota Guedes.

Para María Jesús Fernández, el punto débil español, y europeo, es también el reto tecnológico y su efecto sobre la productividad, que aún no se está notando, lamenta.

La desaceleración de la economía de la zona euro está tocando fondo y se empiezan a observar signos de estabilización, lo que permite albergar esperanzas de que se produzca un rebote de la actividad en la región a partir de mediados de 2020, según ha señalado el videpresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante su intervención en un acto de Nueva Economía Fórum, informa Europa Press.

En este sentido, el exministro español ha apuntando que la desaceleración económica iniciada en 2018 "está tocando fondo" como consecuencia de que algunos de los riesgos e incertidumbres para las expectativas de crecimiento, como un Brexit desordenado y la guerra comercial, no se han materializado, mejorando la percepción de los mercados.

"Lo positivo es que la estabilización se está produciendo con un crecimiento muy bajo de la economía", ha señalado el vicepresidente del BCE, apuntando que "se espera un rebote a mediados del año próximo", cuando el instituto emisor confía en tasas de crecimiento en torno al 1%.

Por otro lado, Guindos ha asegurado que la política monetaria sigue teniendo margen de actuación, aunque ha subrayado que cada vez es más evidente el impacto de los efectos colaterales de las medidas implementadas. De este modo, el vicepresidente del BCE ha defendido que la política monetaria no puede ser la única actuación en el ámbito de las políticas en Europa.

"El Brexit no puede tratarse con política monetariaBrexit; la productividad, la competitividad, la política monetaria puede ayudar, pero son necesarias políticas estructurales", ha apuntado Guindos, refiriéndose particularmente a la política fiscal, que considera "especialmente poderosa". A este respecto, el banquero ha explicado que una política fiscal expansiva con los bajos tipos de interés actuales no va a producir la expulsión de la demanda privada ni a un incremento de los tipos de interés.

Los seis mayores bancos españoles ganaron 10.467,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,8% menos que en el mismo periodo de 2018. De hecho, sólo los más pequeños entre los grandes, Banco Sabadell y Bankinter, aumentaron sus beneficios respecto al ejercicio anterior. Los cuatro gigantes, Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, rebajaron sus resultados en los tres primeros trimestres del año.

Banco Santander es la entidad que más dinero gana, 3.732 millones de euros, pero también la que más ha reducido sus beneficios, un 35%. De la caída, el banco de Ana Patricia Botín culpa a las dotaciones que ha debido realizar en Reino Unido: un ajuste de su fondo de comercio de 1.491 millones de euros, una provisión adicional por los seguros de protección de pagos por importe de 103 millones y 40 millones de euros por otros cargos. También ha tenido que pagar 814 millones en costes de reestructuración tanto en Reino Unido como en España.

Si se excluyeran estas partidas, el beneficio del Santander habría alcanzado los 6.180 millones de euros, un 2% más que el año pasado.

BBVA casi ha igualado los beneficios del Santander en lo que va de año, con un resultado positivo de 3.667 millones de euros. Aun así, son un 15,2% menos que en los primeros nueve meses de 2018. La causa del descenso lo atribuye la propia entidad al aumento de los beneficios que supuso el año pasado la venta de su negocio en Chile.

Descontada esa plusvalía, la cuenta para el BBVA respecto al ejercicio precedente supone en realidad una mejora del 1,2%.

Caixabank redujo sus ganancias un 28,4% en los tres primeros trimestres de este año respecto de 2018, con un resultado de 1.266 millones de euros. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 2.023 trabajadores y le ha costado a la entidad 978 millones de euros está detrás de este descenso de beneficios. Sin ese gasto, el resultado de Caixabank habría alcanzado los 1.951 millones, un 10,4% por encima del registrado en los nueve primeros meses de 2018.

Los resultados de Bankia son más modestos: 575 millones de euros. Pero también encogen respecto al ejercicio anterior, un 22,6%. La mayor dotación de provisiones por reducción de dudosos y por la venta de carteras de renta fija ha lastrado sus cuentas. Prescindiendo de esos cargos, el negocio bancario de la entidad semipública se tradujo en unos beneficios de 946 millones de euros, un 0,7% más que en los nueve primeros meses de 2018.

Banco Sabadell, en cambio, ha aumentado sus beneficios un 216% respecto al ejercicio precedente, 783 millones de euros. Pero la abultada ventaja se deriva del elevado coste que tuvo para la entidad el año pasado la problemática migración tecnológica llevada a cabo en su filial británica, TSB: 320 millones de euros.

Finalmente, Bankinter ha ganado 444,4 millones de euros, un 10,1% por encima de los beneficios de 2018, gracias a que ha incorporado este año a sus cuentas las cifras de negocio de EVO Banco y de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard.

Caída de la rentabilidad

Hasta septiembre, la gran banca también ha empeorado sus ratios de rentabilidad. Para medirla se utilizan dos magnitudes, el ROE (cociente entre el beneficio neto y el capital) y el ROTE (entre el beneficio y el capital tangible). Atendiendo a cualquiera de los dos parámetros, todas las grandes entidades financieras españolas han empeorado su rentabilidad en los tres primeros trimestres del año respecto al mismo periodo de 2018. Excepto Caixabank si se atiende sólo al ROTE –que excluye de la fórmula intangibles como el fondo de comercio, las emisiones convertibles y las preferentes– ordinario, que alcanza el 10,1%, por encima del 9,5% de hace un año. Sin embargo, su ROE cae del 7,9% al 5,6%. La rentabilidad óptima exigida a las entidades financieras se calcula en un 10%, que se supone es el coste de capital del sector. Por encima de ese porcentaje sólo se sitúan ahora Bankinter, con un 12,64%, y BBVA, con un 10,1%. El resto queda muy lejos de la cifra idónea: un 7,02% el Santander –en el último mes, septiembre, fue incluso menor, un 5,9%–, un 6,92% el Sabadell, un 6% Bankia y, como queda dicho, un 5,6% Caixabank.

Otro tanto ocurre con el ROTE. La rentabilidad del BBVA ha caído dos puntos tanto si mide con esta magnitud como con el ROE. Casi la misma pérdida que ha sufrido Bankia en ambas ratios. Bankinter, el más rentable de todos, no publica sin embargo el rendimiento de su capital tangible, aunque también ha reducido el ROE en casi medio punto este año.

Las entidades atribuyen esta baja rentabilidad a los bajos tipos de interés, en mínimos históricos, pese a los desmentidos continuos del Banco Central Europeo (BCE). El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, cifró el pasado lunes en 500 millones de euros el impacto de los bajos tipos en sus cuentas. Por el contrario, tanto el ya expresidente del BCE Mario Draghi como su vicepresidente, Luis de Guindos, han insistido en que la culpa deben buscarla los bancos mucho más cerca: en su escasa eficiencia, su modelo de negocio, el lastre de sus activos tóxicos o el exceso de estructurasu modelo de negocio. De ahí que el exministro de Economía del PP no haya dudado en recomendarles que aceleren la venta de activos improductivos, sigan cerrando oficinas y negocien fusiones, nacionales o incluso internacionales.

Cierre de oficinas y fusiones

En algunas de esas recomendaciones ya le están haciendo caso. Tras presentar los resultados este jueves, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, anunció que el banco seguirá cerrando oficinas en 2020, aunque ha descartado despidos colectivos. La entidad ha prescindido de 1.355 sucursales desde que Carlos Torres aseguró en junio de 2016 que a la entidad le sobraban 2.800.

Otro banco que ha cerrado masivamente oficinas este año ha sido el Santander, tras ejecutar un ERE para 3.223 trabajadores. En total, desaparecerán 1.150 sucursales cuando concluya el proceso.

También avanzó Onur Genç que la prioridad del BBVA es “crecer de forma orgánica”, aun sin rechazar operaciones “siempre y cuando tengan sentido estratégico y orgánico”. Los rumores sobre posibles fusiones bancarias son una constante en los últimos tiempos. Una de ellas, la de BBVA y Bankia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está pendiente de su privatización –el 61,7% del capital pertenece al FROB– pero, como ya ha advertido José Sevilla, habrá que esperar “un momento mejor en el futuro” para vender esas acciones. De hecho Bankia es la entidad financiera que más ha perdido en Bolsa este año, un 48,6%, seguida de Caixabank, un 33,6%. El BBVA, un 12,9%. Tras presentar sus resultados, los títulos del Santander cayeron un 3,1%, que se sumó al 6,48% del miércoles. De forma que Ana Botín compró el jueves un millón de acciones de la entidad, por los que pagó unos 3,6 millones de euros, para intentar parar el desplome de la acción. Los seis grandes se han dejado casi 33.000 millones de euros en el parqué hasta septiembre.

Mientras, la flecha de las posibles fusiones se dirige de nuevo a Unicaja y Liberbank, dos entidades con muy baja rentabilidad cuyas negociaciones ya se frustraron el pasado mes de mayo. Y hacia Abanca, que puede hacerse con cualquiera de las dos anteriores y acaba de cerrar la compra de la filial española del portugués Banco Caixa Geral de Depósitos. Una última combinación es la que incluye a Bankia y Sabadell, dos de los bancos medianos. Bankinter ya se hizo con parte de Evo Banco en 2018, pero excluyó de la operación a Evo Finance, que se quedó en manos de Apollo. Este mismo miércoles, el fondo estadounidense anunciaba el cierre definitivo de Evo Finance para el 30 de junio de 2020, así como un ERE para el 73,7% de la plantilla, 84 personas. Otro despido colectivo más que sumar a un sector financiero en constante sangría de trabajadores desde 2012.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que la zona euro "no está abocada a una recesión en absoluto". "Creo que una recesión es un evento con una probabilidad reducida, si bien el principal riesgo con el que nos encontramos es con un crecimiento muy reducido, por debajo del potencial", ha precisado.

Guindos, que ha participado en la jornada 'Retos del nuevo modelo de negocio bancario', organizada por KPMG, indicó que para hacer frente a este contexto, es necesaria la combinación de políticas económicas que contribuyan a la estabilización y que favorezcan el crecimiento, como las estructurales, las fiscales y las tendentes a completar el mercado de capitales.

"No tengan la mas mínima duda de que así el crecimiento potencial se elevará y la política monetaria tendría más margen de actuación", ha remarcado.

No obstante, De Guindos ha hecho referencia a los recientes avisos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntan a una desaceleración económica general y desincronizada, al tiempo que ha dicho que en las previsiones centrales del BCE, que estiman un crecimiento de entornoE al 1% para 2020, no se incluye la posibilidad de un Brexit sin acuerdoBrexit ni un agravamiento de las tensiones comerciales.

El principal motivo para la asistencia de Lagarde a este juicio, ya sea de forma física o a través de una videoconferencia, se basa en el informe publicado en junio del año 2012 por el FMI respecto a la banca española y, en especial, sobre la situación de Bankia en ese momento.

Durante su interrogatorio como testigo en este mismo juicio el pasado 26 de marzo, el exministro de Economía Luis de Guindos se refirió a las reuniones mantenidas con Lagarde en ese momento: "Ahí recuerdo reuniones privadas donde se define el principal riesgo de la economía mundial, la situación económica española, el sistema bancario, la posibilidad de contagio al Tesoro y de un rescate completo. Era una situación de enorme alarma y atención por los organismos internacionales", aseguró.

Durante su etapa como ministro, De Guindos se reunió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diversas ocasiones, en las que se le pedía que explicase cuál era la situación de la economía española. "Se consideraba que si España tenía un problema y tenía que ser rescatada, eso iba a provocar el contagio de otros países y además en un momento muy delicado de la economía mundial", explicó.

Preocupaciones del FMI

El exministro apuntó que existía un "nexo negativo" entre la situación de los bancos y la situación macroeconómica del país y que la inadecuada valoración de los activos inmobiliarios "era una realidad". Además de esta inadecuada valoración de los activos inmobiliarios, De Guindos señaló que un alto volumen de refinanciaciones puede ser reflejo de que un banco tiene problemas, ya que cuando es así deja de dar crédito a "la parte sana de la economía" y da crédito a "alguien que tiene dificultades para devolverlo", refinanciando para que no aparezca en el balance.

"Era una de las cuestiones que preocupaba desde el punto de vista del FMI, de la Comisión Europea y de todas las entidades internacionales de supervisión", afirmó. El FMI mandó una misión a España para hacer un análisis específico del sector financiero y De Guindos se reunió con la jefa de esta misión, "lo cual no era normal", para ponerle de manifiesto la difícil situación del sistema financiero y concretamente de Bankia, "entidad grande que más efecto negativo podía tener y contaminar el sector bancario".

En este sentido, el informe que el FMI emitió en junio (De Guindos ha negado su participación para que las conclusiones preliminares fuesen anticipadas) apuntando a que una gran entidad sistémica (Bankia) debía tomar medidas y sanear su balance no aceleró la crisis del banco, sino que fue "un elemento adicional" de reconocimiento de la situación.

El exministro de Economía Luis de Guindos ha negado que pidiese la dimisión del expresidente de Bankia Rodrigo Rato en una reunión con los presidentes de los principales bancos españoles en mayo de 2012, como el propio Rato afirmó durante su paso por el banquillo del juicio por la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

Así lo ha señalado durante su interrogatorio como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en el que ha declarado por videoconferencia desde la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, organismo del que ahora es vicepresidente. Según ha relatado, el 4 de mayo citó a Emilio Botín, de Santander; Francisco González, de BBVA; Isidro Fainé, de Caixa, y Rodrigo Rato, de Bankia, para exponerles el nuevo real decreto por el que pediría más provisiones a los bancos. Rato pidió entonces una nueva reunión para exponer el plan de recapitalización que había preparado para Bankia, que ni al ministro ni a los banqueros les dio confianza, pero, según Guindos, en esas reuniones no se abordó su dimisión.

Al día siguiente, el 7 de mayo de 2012, el presidente de Bankia presentó su dimisión, y el día 8 llamó a Guindos para comunicarle su intención de no hacer efectiva la dimisión hasta la próxima junta de accionistas. "El día 8 de mayo Rato me llamó y me dijo que estaba pensando no hacer el cambio directamente, sino esperar a la junta de Bankia y nombrar a Goirigolzarri consejero delegado. Yo le dije que en absoluto, que convocara al consejo de administración y dimitiera inmediatamente", ha recordado De Guindos. Aunque el exministro se había reunido con Rodrigo Rato en tres ocasiones en el mes de abril de 2012 debido al entorno de "enorme incertidumbre y alarma sobre la situación del sistema bancario español", nunca le trasladó en esos encuentros su intención de dimitir o de ceder poder a un nuevo consejero delegado.

Cuentas sin auditoría, algo 'inaudito'

Durante su interrogatorio, la fiscal Carmen Launa ha cuestionado a De Guindos si conocía que hubiese dificultades en la formulación de las cuentas de BFA-Bankia. El vicepresidente del BCE ha negado que así fuera y ha afirmado que conoció que las cuentas del ejercicio 2011 se habían presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin informe de auditoría cuando se publicó el hecho relevante el 4 de mayo de 2012.

Según ha relatado, su reacción fue "de enorme preocupación". "Era un hecho absolutamente inaudito y lo que hacía era poner más el foco de atención en Bankia. Esto no es un tema únicamente del auditor, es un elemento de preocupación sobre otros muchos que venían ocurriendo desde hacía meses", ha señalado. Tras la dimisión de Rodrigo Rato y el nombramiento de Goirigolzarri como presidente de la entidad, Bankia procedió a reformular sus cuentas del ejercicio 2011, sin la participación del Ministerio de Economía, ha asegurado de Guindos. Además, el Ministerio tampoco intervino en la decisión de Goirigolzarri de pedir la dimisión de todos los miembros del consejo de Bankia. "Fueron decisiones absolutamente autónomas tomadas por el presidente Gorigiolzarri. Siempre he tenido muy a gala no haber intervenido en las decisiones de gobierno corporativo, yo tenía plena confianza en él", ha asegurado.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reclamado a BBVA "rapidez" en la investigación interna que está desarrollando la entidad para aclarar el papel desempeñado por el excomisario José Manuel Villarejo y su presunta relación con el banco y su expresidente, Francisco González.

"La reputación es el principal activo de una entidad de crédito", ha subrayado Guindos durante su intervención en un acto organizado por Deusto Business School y KPMG, donde se ha mostrado convencido de que "los propios gestores de BBVA son los principales interesados en clarificarlo".

En este sentido, el vicepresidente del BCE ha reiterado que la institución permanece a la espera de conocer los resultados de la investigación forensic que ha encargado el banco español, apuntando que, a partir de ahí, el supervisor valorará las circunstancias y las conclusiones.

"Sin reputación es difícil que el resto funcione", ha sentenciado Guindos sin querer profundizar en la situación del banco español.

Por otro lado, al ser cuestionado por la situación de Bankia, el exministro español ha defendido que la entidad actualmente es un banco "fuerte y que compite", subrayando que eso es lo realmente importante al margen de otras cuestiones.