Cada mes de abril, millones de españoles abren el borrador de su declaración de la renta con la discreción de quien maneja información clasificada. Lo que uno paga a Hacienda es, aquí, una cuestión íntima. Casi tabú. En cambio, en Noruega, cada octubre, la administración tributaria publica en internet los ingresos netos, el patrimonio y los impuestos satisfechos de todos los ciudadanos mayores de 16 años. Cualquiera puede consultar lo que paga su vecino, su jefe o el más rico del país. Y nadie (casi nadie) lo tacha de invasión de la privacidad. Lo consideran, simplemente, un gesto de transparencia democrática.

La diferencia no es una cuestión técnica. Es política, cultural e histórica. ¿Estaría usted dispuesto a que sus datos fiscales fuesen del dominio público a cambio de conocer los de todo el mundo? ¿Tiene sentido que el conjunto de los ciudadanos sepa lo que aporta cada individuo al sostenimiento del bien común?

Noruega lleva publicando datos fiscales individuales desde 1863. Suecia, desde el siglo XIX. Finlandia hace lo propio cada noviembre: la agencia tributaria publica el nombre, el municipio de residencia, las rentas del trabajo, las rentas de capital y los impuestos pagados de todos los contribuyentes. En estos países, el fundamento de esa apertura no es la curiosidad ni el castigo. Es la confianza.

La lógica que impulsa este comportamiento es más sencilla de lo que parece. Si el Estado exige tipos impositivos elevados, los ciudadanos necesitan saber que todos los demás contribuyen de forma equitativa. La transparencia fiscal no se considera una amenaza al sistema, sino su condición de legitimidad. Saber lo que aporta cada cual refuerza la confianza institucional y reduce la tentación de evadir. Los nórdicos tienen la presión fiscal entre las más altas del mundo y también las tasas de cumplimiento voluntario más elevadas. No debe de ser una simple coincidencia.

El modelo no ha permanecido intacto a lo largo del tiempo, pero sí ha sobrevivido a sus propias tensiones. Una de las más notables tuvo lugar en Noruega en 2014. Hasta ese año, todas las consultas eran anónimas. Eso acabó generando un ecosistema de aplicaciones que permitían espiar, con solo un par de clics, los ingresos de citas personales, de los vecinos de al lado o de compañeros de trabajo.

Pero la respuesta no fue cerrar el sistema, sino hacerlo recíproco. Desde ese año, quien hace una consulta queda registrado y el consultado recibe una notificación con el nombre, año de nacimiento y código postal del curioso. ¿El resultado? Las búsquedas cayeron un 90% de inmediato. La transparencia se mantuvo; el chismorreo prácticamente despareció.

En Finlandia, entre 2019 y 2022, alrededor de un millar de contribuyentes de altos ingresos lograron excluirse de las listas que la agencia tributaria envía anualmente a los medios de comunicación, alegando riesgos de seguridad. Veinte medios finlandeses protestaron bloqueando su propio portal fiscal durante un mes.

El Tribunal Administrativo Supremo falló en diciembre de 2022: los datos fiscales de los grandes contribuyentes son información pública por ley y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo no ampara la exclusión cuando existe un interés público prevalente. Así que, desde 2023, ningún contribuyente puede optar por no aparecer. En noviembre de 2025, el cofundador de Wolt —una especie de Glovo finés—, Miki Kuusi, encabezó la lista con 80,6 millones de euros de ingresos declarados. Sin posibilidad de ocultarse.

Suecia atraviesa un conflicto de diferente naturaleza. En este caso fue la organización de defensa de la privacidad digital noyb —acrónimo de none of your business, "no es asunto tuyo"—, liderada por Max Schrems, un activista austriaco especializado en la protección de datos, la que puso en riesgo la transparencia al demandar a la agencia tributaria sueca por vender datos fiscales a empresas intermediarias como Dun & Bradstreet, que los revendían sin salvaguardas.

El Tribunal Supremo sueco dictaminó que la libertad de información y la privacidad deben equilibrarse, y que los datos deben marcarse como confidenciales solo si el receptor los va a procesar violando el RGPD europeo.

Los argumentos a favor de la transparencia fiscal no vienen solo de Escandinavia; forman parte también del discurso de los economistas que llevan décadas midiendo la brecha entre lo que los ricos declaran y lo que realmente poseen.

Thomas Piketty lleva años usando datos fiscales históricos públicos de Francia para reconstruir series de desigualdad. Su conclusión es directa: sin transparencia, no hay debate informado sobre justicia fiscal. Por eso ha elogiado explícitamente el modelo noruego y ha ido más lejos: propone un registro financiero global que incluya cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades de todos los contribuyentes, con independencia de dónde estén domiciliados. No por transparencia en sí misma, sino porque ese registro es la condición técnica indispensable para implementar cualquier impuesto progresivo sobre el capital. Si no sabes quién tiene qué, no puedes gravar con justicia.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y profesor en la Universidad de Berkeley, sostiene que el secreto bancario y la opacidad fiscal actúan como un mecanismo que permite a los más ricos reducir su contribución, generando de facto un privilegio estructural dentro del sistema tributario. Según sus cálculos, hay decenas de billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Ninguna lista pública nacional lo desvelaría todo, pero es una evidencia que la opacidad doméstica facilita la opacidad global. Emmanuel Saez, coautor habitual de Zucman y Piketty, defiende que los datos fiscales son esenciales para medir con precisión la desigualdad y para comprobar si los sistemas tributarios son tan progresivos como afirman ser.

El argumento central de todos ellos es el mismo: la opacidad no protege a los ciudadanos en general. Ayuda, de forma estructuralmente selectiva, a quienes tienen más que ocultar. Un trabajador asalariado no posee activos en el extranjero ni estructuras societarias que el secreto fiscal preserve. Quienes se benefician del blindaje son las grandes fortunas que pagan tipos efectivos muy inferiores a los nominales gracias a deducciones y optimizaciones fiscales legales que el ciudadano medio no puede muchas veces ni llegar a imaginar.

La paradoja española lo ilustra bien. España publica la lista de deudores con Hacienda —lo que debes—, pero no la de contribuyentes —lo que aportas—. Se castiga públicamente al que no paga, pero se protege al que, siendo rico, paga poco o nada mientras lo haga dentro de la legalidad. La lógica cívica queda invertida.

No obstante, no todas las objeciones a la transparencia fiscal son de mala fe. Algunas merecen tomarse en serio. Por ejemplo, los riesgos de seguridad, que son reales en contextos con altas tasas de violencia. Un pequeño empresario en una zona conflictiva o una víctima de violencia de género que ha cambiado de identidad, por citar dos ejemplos que se entienden bien, tienen razones legítimas para no querer que sus ingresos sean públicos. El modelo noruego, con su sistema de identificación obligatoria del consultante, busca mitigar ese riesgo. Pero no lo elimina por completo.

Por otro lado, la estigmatización asociada a las rentas bajas también es un efecto documentado. Se han reportado casos de acoso escolar a hijos de familias con pocos recursos tras consultas a las listas. La intimidad no solo tapa a los ricos; también puede proteger a quienes declaran pérdidas, atraviesan una quiebra o tienen ingresos por debajo de la media.

Hay quien sostiene, además, que la transparencia no garantiza automáticamente la justicia fiscal. Los millonarios noruegos han seguido usando estructuras internacionales para reducir su carga tributaria, estructuras que las listas públicas nacionales no desvelan. La publicidad de los datos domésticos es una condición necesaria, pero no parece haber sido suficiente para mejorar la disciplina fiscal de las clases más acomodadas.

Lo que no es una objeción seria —aunque se presenta como tal— es esgrimir el RGPD europeo como barrera insalvable. Noruega, Suecia y Finlandia son miembros del Espacio Económico Europeo y aplican el reglamento sin problema. El RGPD no prohíbe la transparencia fiscal; permite el tratamiento de datos cuando existe un interés público prevalente. La cuestión es si los tribunales y los legisladores lo reconocen como tal. En los países nórdicos, llevan siglos haciéndolo.

En España, en cambio, el secreto tributario está consagrado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria y amparado por una interpretación del artículo 18.1 de la Constitución —el derecho a la intimidad— que los tribunales han extendido a la información fiscal. De acuerdo con ese criterio, la Agencia Tributaria solo puede ceder datos a otras administraciones, a jueces y al propio contribuyente sobre sus propios datos. Nunca al público en general.

Lo llamativo es que ningún partido con representación parlamentaria incluye en su programa el objetivo de la publicación masiva de las declaraciones del IRPF. Ninguno. Sobre esto no es que haya consenso, es que hay unanimidad. Las propuestas fiscales se dirigen a otras materias. La transparencia individual, el modelo en el que cualquier ciudadano puede saber lo que aporta su vecino al bien común, no está en la agenda de nadie.

La única aproximación al debate la protagonizan periodistas de investigación que trabajan con filtraciones —Papeles de Panamá, Pandora Papers— porque el acceso legal es imposible. La transparencia entra por la ventana de los leaks porque la puerta del derecho está cerrada.

En todo caso, la distancia con el modelo nórdico no es solo legal. Es cultural. En España, como en Alemania o en los Países Bajos, hablar de los ingresos propios se percibe como de mal gusto, y conocer los ajenos, como una intromisión. En Noruega, en cambio, basta una gestión sencilla para conocer la renta de cualquier compatriota. Las sociedades nórdicas han construido su contrato social sobre la premisa contraria a la española: los impuestos son un acto público y colectivo, y su visibilidad es garantía de equidad, no una amenaza a la privacidad.

En el caso español, el elefante en la habitación es a quién beneficia exactamente el secreto tributario. La respuesta incómoda es que favorece, de forma desproporcionada, a quienes tienen más recursos para optimizar su contribución fiscal dentro de la ley. El asalariado que tributa por retención no tiene nada que ocultar. El patrimonio estructurado en varias capas societarias, sí.

Es cierto que el modelo nórdico no es exportable sin adaptaciones. Requiere niveles de confianza institucional que no se construyen por decreto, y plantea dilemas reales sobre seguridad y estigmatización que no son menores. Pero la pregunta de fondo que plantea —¿tiene la ciudadanía derecho a saber lo que cada cual aporta al bien común?— es una pregunta política legítima que en España ni siquiera se formulan quienes se presentan a las elecciones.

Mientras arranca la campaña de la renta y millones de contribuyentes abren sus borradores —a buen recaudo de las miradas de extraños—, vale la pena recordar que esa discreción no es un valor universal. En algunos países es, simplemente, una convención.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y recoge EFE.

Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria. De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler que se han anunciado recientemente con desincentivos para quien lo encarezca.

Aunque se modere la reducción del 50% de las rentas en el IRPF para personas físicas, la medida que analiza el Gobierno no llegaría en ningún caso al 0% ya que, según señalan las citadas fuentes, se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo -contratos de cinco años- frente al alquiler de temporada o turístico.

Según señala el diario El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley. Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos. 

Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años. Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales. 

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA, según recoge EFE.

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero ha señalado que la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Montero ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana.

El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según adelanta este viernes La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cesión de una mayor parte del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros.

A modo de ejemplo, dado que en 2024 (último ejercicio cerrado) el IRPF recaudó 129.408 millones y el IVA, 90.541 millones, ese mayor porcentaje hubiera aportado en ese año 12.355 millones adicionales de financiación a las regiones: 6.470 millones de IRPF y 5.885 millones de IVA.

La propuesta que presentará este viernes Montero también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Montero tendrá ahora que presentar la propuesta de reforma a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no ha sido convocado, aunque serán las Cortes quienes tendrán que aprobar el proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nadie pierde y todo el mundo gana" con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con sindicatos y patronal para valorar si hay margen de negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, pero sin plantear una propuesta ni aclarar si el Gobierno mantendrá exenta de tributación esta retribución mínima, según fuentes sindicales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la reunión ha servido para trasladar a los agentes sociales el informe de la comisión de expertos, que recomendó una subida del 3,1% sin tributación y del 4,7% si paga IRPF.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno hará próximamente una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, ha añadido el ministerio.

"Esperábamos que el Gobierno trasladase su posición, pero nos ha manifestado que primero quería conocer los márgenes de negociación ante las propuestas hechas públicas por los sindicatos y la patronal", ha dicho tras la reunión el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en referencia al 7,5% que piden los sindicatos y al 1,5% planteado por la patronal.

Pacheco ha explicado que los sindicatos están en condiciones de rebajar su propuesta siempre que se garantice que los perceptores del SMI cobrarán el 60% del salario medio neto.

Además ha reclamado que se modifique la regulación actual que permite a las empresas neutralizar la subida del salario mínimo a través de la compensación y absorción de los complementos salariales, un aspecto en el que reconoce que será difícil concitar el apoyo de CEOE y Cepyme.

El Ministerio de Trabajo ya ha puesto en consulta pública previa un real decreto para desarrollar por la vía reglamentaria, sin convalidación del Congreso, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula el SMI, con lo que daría por completada la transposición a la legislación española de la directiva europea de salarios mínimos.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha explicado que los sindicatos también quieren que se incorpore a este real decreto el observatorio de márgenes empresariales como uno de los parámetros de subida del salario mínimo.

De esta forma habrá dos reales decretos que formarán parte de un eventual acuerdo, el que transpondrá la directiva de salarios mínimos y el que fijará la subida del SMI para 2026, que en este último caso es la vía habitual para una decisión que es potestativa del Gobierno y no requiere validación ni de los agentes sociales ni del Parlamento, solo consulta previa con patronal y sindicatos.

La Iglesia católica ha recaudado en la última campaña de la declaración de la renta más de 429 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 12% con respecto al año anterior y que se debe al aumento en 106.363 del número de declaraciones en favor de la Iglesia.

Son los datos provisionales de la campaña de la Renta del año 2024 (declaración efectuada en la primavera de 2025), que revelan que el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que implica un aumento de 106.363 declaraciones más que en 2023, según ha informado este miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El importe total asignado a la Iglesia en la última campaña de la renta ha ascendido a 429.335.080 euros con un incremento de 46.897.081 euros en relación al ejercicio anterior, un 12% más.

Además de ese incremento de 106.363 declaraciones a favor de la Iglesia, se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes.

El porcentaje de asignantes disminuye en 0,34% debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido de 1,04%.

Atendiendo a las declaraciones de la renta conjuntas, son más de 9 millones de españoles los que marcan la X en favor de la Iglesia católica, sin que eso suponga que les retengan más o que les devuelvan menos al hacer la declaración, aclara la CEE.

A cada una de esas personas está dedicada la campaña de agradecimiento que ahora pone en marcha el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia con el lema "Más de 9 millones de gracias".

Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas (todas menos Navarra), y destacan especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por su parte, atendiendo al porcentaje de asignación, éste ha disminuido en todas las comunidades, salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo, "debido al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la diputación foral", explica la CEE.

Además, nueve comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes. Destacan Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo de la media están Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se han registrado en Navarra (un 0,84 % menos), Cantabria (0,65%) y Castilla-La Mancha (0,61%).

En España, el sistema fiscal no pide más a quién más tiene: el 1% más rico paga menos impuestos en proporción a sus ingresos que las clases medias e incluso que el 20% más pobre. Según un informe del centro de estudios Fedea, en 2022 las clases medias destinaron cerca del 40% de sus ingresos al pago de impuestos, y los hogares más vulnerables casi el 30%, mientras que el 1% con mayores recursos no alcanzó siquiera el 25%.

Este sinsentido fiscal tiene dos causas principales. Por un lado, nuestro sistema tributario favorece a quienes viven de rentas frente a quienes dependen de un salario. Como resultado, el 90% de la población, que se sustenta principalmente con su trabajo y apenas tiene inversiones, debe más impuestos que el 1% más rico, cuyos ingresos provienen mayoritariamente del capital. Por otro lado, permite que las grandes fortunas eviten con facilidad la mayoría de los impuestos al retener sus ganancias en empresas, family offices, holdings u otras estructuras legales diseñadas para minimizar la tributación. Esta realidad contraviene los principios recogidos en la Constitución, que establece que el sistema tributario debe inspirarse “en los principios de igualdad y progresividad”, y que cada uno debe contribuir “de acuerdo con su capacidad económica”. Este mero hecho debería ser suficiente para impulsar una reforma fiscal.

Más allá de cuestiones de constitucionalidad y de justicia social, recuperar la progresividad del sistema fiscal también hace falta desde un punto de vista de estabilidad presupuestaria. No recaudamos lo suficiente para cubrir nuestros gastos, nuestra deuda sigue alta, y la ciudadanía se opone a recortar el Estado del Bienestar, como reflejan los datos del CIS. En este contexto, poner la lupa sobre los impuestos que no paga el 1% más rico no es ni demagogia ni populismo; es sencillamente necesario, puesto que esos pocos hogares concentran más ingresos que la mitad de la población, y más patrimonio que las tres cuartas partes. Recuperar una mínima progresividad en el sistema tributario bastaría, de hecho, para suprimir el déficit actual. 

Que a nuestro país le hace falta una reforma fiscal no debería sorprender a nadie. Un gran número de expertos de diversos ámbitos llevan décadas avisando de las deficiencias de nuestro sistema tributario. El diagnóstico está claro desde hace tiempo, y muchas de las soluciones también. No se puede esperar más. El modelo actual ya no se sostiene ni desde un punto de vista de justicia social ni de responsabilidad económica. Las propuestas están sobre la mesa, solo falta la voluntad política.

Quién se gana la vida con el trabajo paga más impuestos que quien vive de rentas. Esto se debe, en parte, a que los salarios tributan más en el IRPF que los dividendos o las ganancias del capital, los cuales se incluyen en la simpáticamente denominada base del ahorro, con tipos mucho más bajos. Por ejemplo, un salario de 25.000€ entra en el tramo del 30%, mientras que los ingresos del capital no tributan nunca a más del 28%, y eso sólo en las rentas superiores a 300.000€. Cuanto mayores son los ingresos, mayor se se hace también la diferencia entre el tipo que pagan los salarios y el que pagan las rentas del capital.

Que los ingresos del capital tributen menos que el trabajo en el Impuesto sobre la Renta no es una anomalía española, y se justifica a menudo por eficiencia económica, afirmando que bajar los impuestos a las rentas del capital fomenta la inversión y acaba beneficiándonos a todos. A pesar de que la idea sigue siendo popular, los estudios realizados hasta ahora no la respaldan. El otro motivo por el que se defiende que las rentas del capital tributen menos que las del trabajo es que ya se gravan, en teoría, con el impuesto de sociedades, antes de ser distribuidas. Sin embargo, la recaudación efectiva del impuesto de sociedades se ha desplomado en las últimas décadas, arrastrada por la creciente competencia fiscal internacional, la evasión fiscal de las multinacionales, los recortes del tipo, y las pérdidas acumuladas durante los años de crisis. Con todo, gran parte de las empresas pagan un tipo efectivo bajo. En el contexto actual, por tanto, resulta difícil defender que siga existiendo una diferencia tan marcada entre el IRPF que pagan los salarios y el que abonan las rentas del capital, sobre todo cuando hablamos de las rentas más altas.

Además de la diferencia en los tipos del IRPF, no hay que olvidar que los salarios también se gravan con las cotizaciones sociales. A diferencia del Impuesto sobre la Renta, que tiene tipos más altos para quienes ganan más, las cotizaciones tienen un tipo fijo, que se desploma al llegar a la base máxima, lo que las convierte en un gravamen regresivo. Aunque de nombre la mayor parte de las contribuciones sociales –alrededor del 80%– las pague el empleador, no se debe asumir que eso refleje quién carga en la práctica con el coste económico. Al encarecer la contratación y las subidas de sueldo, las contribuciones a cargo del empleador también afectan, directa o indirectamente, a los trabajadores.

Las cotizaciones sociales son, además, la principal fuente de ingresos del Estado: en 2023 representaron un 35,2 % del total, por delante del conjunto de los impuestos directos (31,1 %). Eso significa que se recauda más por cotizaciones sociales que por el IRPF, el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones juntos. Aunque el uso de cotizaciones sociales para financiar la Seguridad Social está arraigado en nuestra historia, nada impide que se financie con otros impuestos. Esta opción tendría dos ventajas. Por un lado, nos permitiría sustituir las contribuciones regresivas actuales por impuestos más progresivos. Por otro lado, contribuiría a que el sistema de pensiones fuera más sostenible y equitativo, evitando que el coste del envejecimiento de la población recaiga únicamente sobre un grupo menguante de trabajadores jóvenes. Aunque suene revolucionario, Dinamarca lo hace desde 1987.

El motivo principal por el que las grandes fortunas no pagan los impuestos que les corresponden no son los tipos reducidos sobre los ingresos del capital. El verdadero problema de nuestro sistema fiscal es que permite que estos selectos hogares recurran a estructuras legales varias para retener sus ingresos y evitar así que tributen al IRPF. De esta forma, los ingresos fiscales de los hogares más ricos, es decir, los ingresos que pasan por el IRPF, sólo representan una pequeña parte –alrededor de un quinto– de sus ingresos reales. Ya lo dijo Aznar en 1998: “Según el IRPF, en España no hay ricos”. Por ello, reformar los tipos hace poco por solucionar el principal problema de nuestro sistema fiscal. 

Buena parte del problema viene de las llamadas sociedades patrimoniales, holdings, family offices: estructuras que no tienen realmente actividad económica y cuya principal función es la de poseer y gestionar patrimonio. Al recibir dividendos a través de este tipo de empresa, en lugar de tributar al 18-28% del IRPF, sólo tributan por el 1.25%, ya que se consideran pagos entre empresas. En teoría, cuando los dividendos se distribuyan desde la empresa patrimonial a sus propietarios, sí pagarán el IRPF, pero ese día puede no llegar nunca. Los fondos pueden quedarse en la empresa para ser reinvertidos e incluso legados en herencia, sin fecha límite. Parte del consumo personal se puede sufragar a través de la empresa, una práctica que, aunque ilegal, es muy común, y que según un estudio reciente hecho en Portugal, puede costarnos un 1% del PIB en recaudación perdida.

La solución es sencilla: dejar de tratar fiscalmente como empresas a aquellas entidades cuya única actividad sea la tenencia de activos. Esto puede implicar que los dividendos recibidos por estas empresas paguen el tipo normal del impuesto de sociedades del 25%, o incluso un tipo superior, en lugar del tipo reducido del 1.25%, o que los dividendos sean gravados directamente en el IRPF de los propietarios, como si la empresa no existiera a efectos fiscales. A quien eso le suene radical, ha de saber que en Estados Unidos ya se hace, y que en España hacíamos algo parecido antes de 2006. 

La otra parte del problema, un poco más compleja, es que muchas empresas con actividad económica real retienen gran parte de sus beneficios, en lugar de repartirlos como dividendos. Desde un punto de vista económico, esos beneficios son ingresos de los accionistas, se repartan o no. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, solo se consideran ingresos los dividendos recibidos. Por lo tanto, una parte importante de las rentas de las grandes fortunas, que provienen de participaciones en empresas, esquiva así el IRPF.

Aunque los beneficios no distribuidos nunca han tributado en nuestro país, su importancia ha crecido y con ella su efecto negativo sobre la progresividad fiscal. Esto se debe, en parte, al debilitamiento del impuesto de sociedades, que es el único que realmente los grava. Si queremos recuperar la progresividad del sistema fiscal es necesario, por tanto, repensar la tributación de los beneficios no distribuidos.  

Una posible solución es que reformemos el impuesto de patrimonio. Los beneficios no distribuidos aumentan el valor de las empresas, y por tanto el patrimonio de sus propietarios. Sin embargo, en su estado actual, nuestro impuesto de patrimonio no cumple con lo que su nombre sugiere. Para empezar, está sujeto a un límite conjunto con el IRPF, calculado sobre la renta declarada. Es decir, que lo que se paga por el IRPF y por el impuesto de patrimonio, en conjunto, no puede superar el 60% de los ingresos declarados. Además de facilitar la evasión, el límite conjunto hace que el impuesto de patrimonio se convierta, en la práctica, en otro impuesto sobre la renta. Por lo tanto, de poco sirve para gravar los beneficios no distribuidos, mientras se mantenga el límite conjunto. Por otro lado, exime las participaciones en empresas si se posee el 5% o más, bajo ciertos requisitos que son, en la práctica, fáciles de manipular. También esta exención beneficia desproporcionadamente a las grandes fortunas.

Sin embargo, puede haber preocupación porque, al eliminar la exención, se grave en exceso a los propietarios de empresas productivas. En tal caso, se podría reemplazar el impuesto de patrimonio actual por un impuesto mínimo sobre la riqueza, o sobre una medida amplia de la renta que incluya también los beneficios no distribuidos por las empresas. Un impuesto mínimo tiene como ventaja principal que solo se paga si no se contribuye suficiente por otras vías, como el IRPF. Por ende, este tipo de impuestos garantiza un tratamiento más equitativo entre personas con recursos similares y desincentiva la elusión fiscal. Un impuesto mínimo del 3%, aplicado a patrimonios de 10 millones o más, podría recaudar más de 15.000 millones de euros anuales, más de una quinta parte de nuestro déficit actual.

En suma, nuestro sistema fiscal se ha construido sobre una lógica permisiva que ofrece demasiadas oportunidades para practicar la ingeniería fiscal, obligándonos a destinar una parte considerable de los recursos públicos a combatir la evasión y la elusión de quienes más tienen, sin conseguir erradicarlas. Es hora de cambiar de enfoque, simplificar el sistema y reformar los incentivos fiscales para reducir al mínimo las oportunidades de defraudar.

Resulta desalentador darse cuenta de que muchas de las cuestiones expuestas en este artículo llevan décadas denunciándose, sin que se haya hecho nada al respecto. Es probable que el mal estado de nuestro sistema fiscal se pudiera haber evitado, en gran medida, si se hubiera escuchado más a los expertos. Por ello no sólo es importante que reformemos nuestro sistema fiscal, sino también que cambiemos la forma en que hacemos política fiscal. En España contamos con una gran cantidad de centros de investigación, universidades e instituciones en las que se produce investigación de muy alta calidad en el ámbito de la política pública, que debería tenerse más en cuenta a la hora de legislar.  

Un ejemplo reciente de políticas mal calibradas son las rebajas fiscales a las rentas del alquiler, que eximen a los propietarios de tributar en el IRPF por entre el 50% y el 90% de los ingresos por alquiler de viviendas. La medida, que busca aumentar la oferta de alquiler, tendrá probablemente un coste muy elevado para las arcas públicas, como ya avisó el propio Banco de España en su Informe Anual de 2023. Según mis cálculos, podría traducirse en una pérdida de recaudación superior a 10.000 millones de euros anuales. 

Además, la rebaja fiscal tiene un carácter regresivo, ya que beneficia más a quién más ingresa por alquiler. Puede, también, encarecer el precio de la vivienda, como advirtió de nuevo el BdE, al hacerla más rentable como inversión, y por ende menos accesible a hogares que accedan a la propiedad de su primera vivienda. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las viviendas que se compran en nuestro país se compran sin hipoteca, según el Colegio de Notarios, lo que sugiere que un número importante se compra como inversión. A pesar del elevado impacto fiscal probable y las posibles consecuencias negativas, no se ha publicado ninguna información que evalúe el coste de la medida y si cumple con su objetivo.

Nos hemos acostumbrado a vivir con un sistema fiscal cada vez más injusto a la par que ineficiente, pero las cosas se pueden cambiar. Debemos recordar que cada euro que no pagan quienes más tienen, sale de otro lado, sea de impuestos a los demás, o de recortes al gasto. En los últimos años, esto ha hecho que recaigan más impuestos sobre los trabajadores y sobre el consumo, a expensas de la progresividad, y que siga aumentando la deuda pública. Para afrontar estos desafíos, existen soluciones prácticas y viables, algunas de las cuales se han presentado en este artículo. No se trata de propuestas radicales, sino de pasos moderados, orientados a restaurar la progresividad y reducir la elusión fiscal. Una tributación justa puede ayudarnos a frenar el aumento de la desigualdad y, sí, también a estimular el crecimiento económico.

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Carmen Durrer de La Sota es doctoranda en la Universidad de Berkeley e investigadora asociada al Observatorio Europeo de la Fiscalidad (EU Tax).

La campaña de la renta de 2024 arranca este miércoles 2 de abril para la presentación de declaraciones por internet y cuenta entre sus novedades la posibilidad de pagar mediante la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum, según informa EFE.

De acuerdo al calendario de la Agencia Tributaria, el plazo para presentar la declaración de IRPF comienza este miércoles tanto si se hace por internet, a través del programa Renta Web o con la aplicación móvil de la Agencia.

Los contribuyentes que requieran de asistencia personalizada podrán presentar su declaración por teléfono, con el programa Le Llamamos, a partir del 6 de mayo, o de manera presencial en oficinas, a partir del 2 de junio, en ambos casos con cita previa.

La campaña termina para todas las vías el 30 de junio, salvo para declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse, que tendrán que estar presentadas el 25 de junio.

En esta campaña de la renta estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros (el salario mínimo de 2024) con más de un pagador.

Además, también tendrán que presentar su liquidación los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) y quienes hayan estado de alta como autónomos en el RETA, entre otros supuestos.

Finalmente no tendrán que presentarla quienes hayan cobrado la prestación por desempleo en 2024, después de que el Gobierno haya decidido aplazar hasta el próximo año la entrada en vigor de esta obligación.

Entre las novedades de esta campaña está la posibilidad de pagar el resultado de la declaración, si esta es a ingresar, a través de la aplicación Bizum, una opción que según explicó la directora general de la Agencia, Soledad Fernández, pretende "hacer las cosas más fáciles al contribuyente".

Otra de las grandes novedades está relacionada con los jubilados que aportaron a las antiguas mutualidades profesionales y que ahora podrán solicitar las devoluciones pendientes de forma íntegra a través del correspondiente formulario.

Tras establecer el Tribunal Supremo que los antiguos mutualistas habían tributado de más, la Agencia Tributaria devolvió en la renta de 2023 el primer año no prescrito y habilitó un formulario para pedir el resto, para después dejar en suspenso todas las solicitudes con la intención de pagar a plazos hasta 2028.

Hacienda ha vuelto a cambiar de criterio y el pasado jueves anunció que abonará íntegramente el importe debido en este ejercicio 2025.

Para esta liquidación se aumenta la reducción por rendimientos del trabajo para ingresos inferiores a 19.747,5 euros, que alcanza los 7.302 euros para quienes perciban el ingreso mínimo de 2024 o menos (14.852 euros) y se va reduciendo progresivamente.

Además, se incorporan dos casillas adicionales para las autoliquidaciones rectificativas, es decir, para corregir una declaración ya presentada si se detecta algún error u omisión -la pasada campaña, la Agencia Tributaria envió cartas a los contribuyentes que creía que se habían equivocado al modificar el borrador-.

Asimismo, en esta campaña siguen vigentes las deducciones por inversión en compra de vivienda habitual si se adquirió antes de 2013, por obras de eficiencia energética en edificios o por compra de vehículos eléctricos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este miércoles que todavía no está cerrado el acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen, pero que espera hacerlo y conseguir lo que ha "defendido siempre".

"Estamos trabajando y esperamos que lo que hemos defendido siempre, que es que los trabajadores que perciben las rentas del SMI no tributen en nuestro país", ha señalado a su llegada al Congreso de los Diputados, donde ha recalcado que el acuerdo "no está cerrado", pero que lo están "cerrando".

En los últimos días, Trabajo ha trasladado a Hacienda una propuesta para que los perceptores del SMI no tributen por IRPF durante 2025, mientras que el ministerio que dirige María Jesús Montero lo que plantea es "algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar" con el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI).

El ecosistema de impuestos nacionales está de actualidad a raíz de la tributación del salario mínimo en España, que pasará de estar exento a pagar IRPF en 2025. En la sesión de control al Gobierno de este martes, el Partido Popular atacaba al Ejecutivo por su negativa a dejar exentos los sueldos mínimos del IRPF y, pese a estar en contra de que aumentasen estas retribuciones a los trabajadores, acusaba al Gobierno de pretender “que los mileuristas también paguen”. La oposición habla de “infierno fiscal” y de “97 subidas de impuestos” en la legislatura. La parte socialista del Gobierno respondía señalando que los salarios equivalentes al nuevo salario mínimo (de 1.184 euros mensuales) ya pagaban impuestos, por lo que dejarlos ahora exentos sería hacer una rebaja fiscal. Además, al hilo de la polémica, el PP publicó en sus redes una lista de 31 impuestos que recogían supuestas subidas realizadas por el Gobierno y que Hacienda desmentía, calificándola de “falaz”, en una respuesta en la red social X.

“Algunas cosas son correctas, otras son engañosas y otras directamente no son ciertas”, apunta el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. “El IBI, la plusvalía son municipales. Las transmisiones patronales, actos jurídicos documentados, donaciones y patrimonio corresponden a las comunidades autónomas, no al Gobierno”, explica el experto. Por otro lado, apunta, cuando se habla de la actualización de los impuestos patrimoniales, se hace referencia a actualizaciones de los valores catastrales, que no son, como tal, subidas de impuestos y que cada municipio puede graduar.

Otras imprecisiones corresponden al IVA de la luz y los alimentos. Se colocan en la lista como subidas de impuestos, cuando en realidad se habían planteado como una rebaja temporal para aplacar los efectos de la inflación en un periodo de tiempo determinado. Se aprobaron en enero de 2023 y se retiraron una vez se hubo establecido una tendencia a la baja en la inflación y cumpliendo también con las recomendaciones de la Comisión Europea de retirar estímulos a las economías una vez superado el punto álgido de la crisis. Tampoco el cánon digital es nuevo, explica el experto de Gestha, y tampoco se considera un impuesto como tal, ya que su finalidad es equilibrar los derechos de los creadores y el acceso a la copia privada.

Más allá del número de actuaciones fiscales, el cómo se han hecho, a qué rentas y en qué entorno económico, son cuestiones relevantes para poner en contexto esta afirmación. Por ejemplo, en los presupuestos de 2021 se subió el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, algo que en opinión del experto tampoco ha tenido impacto en las rentas medias y bajas. Por otra parte, los impuestos que se aplican sobre productos específicos suelen tener un componente disuasorio más que recaudatorio. “Lo que se intenta, por ejemplo, con el impuesto a los plásticos es modificar los hábitos de consumo en favor de otros materiales más sostenibles como el papel”, explica Mollinedo. Aquí entrarían también las tasas a los cigarrillos eléctricos o a las bebidas azucaradas.

En la lista de impuestos del PP también aparecen aquellos que se aplican a grandes corporaciones y no afectan directamente a los ciudadanos. La tasa Google, que grava a grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de publicidad; la tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones, o impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las energéticas están en este cómputo. “Estos impuestos, aunque han hecho mucho ruido, no han aportado mucho en términos de recaudación”, explica Mollinedo. También, el aumento de tributación de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliarias), que pagaban un 0% en el impuesto de sociedades y pasan a un 1%. 

El gravamen que más recauda en España es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que grava las rentas anuales de una persona y representó el 44,2% del total recaudado hasta noviembre de 2024. Le sigue el impuesto sobre el valor añadido (IVA), con un peso del 31,5% y el impuesto de sociedades, que representó el 12,4% de la recaudación. Luego entran otra serie de tasas especiales que completan la serie. Así, según los últimos datos de Hacienda, hasta noviembre de 2024 los ingresos totales fueron 273.993 millones de euros, con un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2023. El crecimiento en la recaudación no viene marcado solo por el número de impuestos, sino que influye el número de cotizaciones sociales y, por tanto, el comportamiento del empleo, la inflación —que actúa como un impuesto silencioso, ya que si suben los precios, los productos son más caros y con el mismo porcentaje gravado se recauda más— y las subidas de los salarios, que si se elevan para compensar la inflación también cotizan más. 

Por otro lado, en la evolución del programa fiscal también se deben considerar los compromisos con Europa. En octubre, el Gobierno mandó a Bruselas un plan fiscal con ajustes destinados a bajar la deuda pública, después de que el Parlamento Europeo reactivase a principios de 2024 los límites de déficit a los Estados, una vez superado el periodo de la pandemia y la crisis de suministros. Además, la brecha fiscal con la eurozona también condiciona la política de impuestos. La presión fiscal hace referencia a la recaudación de un Estado en proporción a su riqueza, y esta, es en España tres puntos más baja que en la Eurozona: a nivel nacional se situó en el 37,3% en 2023, mientras que en la media de la Unión Europea se situó en el 40,6%. 

Finalmente, para hacer un examen del panorama fiscal, Mollinedo señala que se deben considerar tanto las subidas como las exenciones. “No se explican las reducciones que se han hecho en el impuesto de la renta, como las de eficiencia energética de las viviendas, ni las de adquisición de vehículos eléctricos, ni los aumentos de las deducciones de los donativos a favor de las entidades sin ánimo de lucro”, concluye.

La Mesa del Congreso ha calificado este martes las tres proposiciones de ley presentadas por PP, Sumar y Podemos para dejar exento de tributación el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con lo que el Gobierno tiene ahora treinta días laborables para oponerse a su tramitación, según informa EFE. El Ejecutivo puede negar su conformidad a la tramitación de las proposiciones de ley si considera que implican aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha admitido también a trámite la proposición no de ley presentada conjuntamente por ERC y BNG con el mismo objetivo, según han informado fuentes parlamentarias.

En el caso de que el Gobierno decidiera vetar las proposiciones de ley, la actual composición de la Mesa, donde PP y PSOE tienen dos diputados cada uno y Sumar uno, podría hacer que éste se rechazara y dar paso a la tramitación de cualquiera de los tres textos siempre y cuando PP y Sumar -que juntos tienen mayoría- unieran sus votos para ello.

Una semana después del choque público por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros entre la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y Yolanda Díaz; PSOE y Sumar mantienen sus posiciones enfrentadas a cuenta de la tributación del salario mínimo pero no renuncian a un acuerdo.

Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han evidenciado públicamente sus diferencias a cuenta de la tributación a partir de ahora del salario mínimo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado el incremento de esta percepción hasta los 1.184 euros, según recoge EFE. Tras la reunión del Gabinete, han comparecido ante los informadores la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La también ministra de Trabajo ha insistido este martes en que las rentas correspondientes al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) deberían estar exentas de tributación. Las opiniones y los gestos de Alegría y Díaz han provocado una tensa rueda de prensa inédita en la presente legislatura después de que hubiera otras en la pasada que dejaron patente igualmente las diferencias de criterio entre los entonces socios de Gobierno, PSOE y Podemos.

Díaz ha afeado que no ha habido "ni comunicación" por parte del Ministerio de Hacienda de no ajustar el IRPF ya que se ha enterado a través de "la prensa". También ha criticado que no hubiese "ni deliberación" en Consejo de Ministros.

Así, aunque ha asegurado respetar la competencia de Hacienda en esta materia, ha avanzado que si llega al Congreso alguna iniciativa para eximir de tributación las rentas equivalentes al salario mínimo "va a contar con la anuencia de Sumar". "Hay que hacer pedagogía fiscal", ha apuntado Díaz, pero "creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo".

En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que la recaudación "va en beneficio de mejorar las políticas públicos y los servicios públicos" de los que todos los ciudadanos "hacemos uso".

Fuentes de los dos socios de Gobierno han querido restar posteriormente importancia al choque en público haciendo hincapié en el argumento de que es normal que haya discrepancias en un Ejecutivo de coalición y que lo sucedido no va a tener ninguna consecuencia política ni supone una crisis.

Pero el episodio de este martes tendrá continuidad en el Parlamento después de que Sumar haya anunciado una proposición de ley para garantizar que quienes perciban el salario mínimo estén exentas de tributar en el IRPF. El partido de Díaz anuncia "batalla". 

Hacienda ha decidido no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo, como venía haciendo hasta ahora, por lo que dejará de estar exento y algunos de sus perceptores estarán sujetos a retenciones, en función de su situación personal. De acuerdo a los cálculos de Hacienda, un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención, igual que ahora, pero si es soltero y no tiene hijos se le retendrán 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución.

El Ministerio de Hacienda ha confirmado este martes que no ajustará el IRPF al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, por lo que los trabajadores que perciban esta cuantía dejarán de estar exentos de tributación.

Fuentes de Hacienda han señalado a EFE que, a pesar de que no se realizará el ajuste, la mayoría de los trabajadores que cobren el salario mínimo seguirán sin sufrir retenciones de IRPF, debido a las rebajas de este impuesto implementadas en los últimos años para los tramos más bajos de renta. Esto dependerá de la situación personal y familiar de cada contribuyente, que es la que determina las retenciones.

A modo de ejemplo, Hacienda apunta que un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años que cobre el nuevo SMI que se ha aprobado este martes seguirá sin estar sujeto a retenciones, por lo que su situación fiscal no cambiara. Sin embargo, en el caso de un contribuyente con pareja y un hijo mayor de tres años que cobre esa misma cantidad, se le aplicará una retención del 0,6 %, es decir, 99,46 euros anuales, lejos de los 1.108,9 euros que hubiera pagado en 2018, subraya Hacienda.

Si se trata de un contribuyente soltero y sin hijos que cobre el salario mínimo, la retención será del 1,81 %, es decir, 300,03 euros anuales. También en este caso el importe será muy inferior al que hubiera abonado en 2018, que era de 1.324,42 euros.

Hacienda también aporta algunos ejemplos de las retenciones para trabajadores que cobran algo más del nuevo salario mínimo, por ejemplo un contribuyente soltero y sin hijos que perciba 18.500 euros estará sujeto a una retención de 1.126,65 euros (6,09 %), un 43,66 % menos que la que le hubiera correspondido en 2018.

Y si este trabajador fuera una mujer casada con dos hijos de 5 y 7 años que percibiera 20.000 euros anuales, la retención sería del 6,71 %, 1.342 euros, cuando en 2018 le hubieran correspondido 1.852 euros. Hacienda subraya que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno el salario mínimo era de 10.302,6 euros anuales, cuando este año se van a alcanzar los 16.576 euros, un 61 % más.

Los sucesivos repuntes del SMI han ido acompañados de un ajuste del IRPF para garantizar que los perceptores de esta cuantía no tributan, una tendencia que se interrumpe este año y que Hacienda justifica tanto en que es un salario más elevado como en que la tributación se ha reducido para rentas bajas.

Para Hacienda, lo importante es que el salario mínimo se sitúe en torno al 60 % del salario medio y no tanto en si tributa por IRPF, algo que ya sucede en otros países como Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia

La campaña para liquidar el IRPF y el impuesto de patrimonio correspondientes al ejercicio 2024 arrancará el próximo 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, de acuerdo al calendario del contribuyente disponible en la página web de la Agencia Tributaria, ha informado EFE.

El plazo de presentación de las declaraciones de la renta comenzará el 2 de abril para los contribuyentes que lo hagan por internet, ya sea a través del programa Renta Web o a través de la aplicación móvil de la Agencia tributaria.

Los contribuyentes que opten por presentar su liquidación por teléfono podrán hacerlo a partir del 6 de mayo y quienes prefieran hacerlo de manera presencial en oficinas tendrán que esperar hasta el 2 de junio.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarse, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

En la campaña de la renta de 2024 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación de desempleo, entre otros supuestos. EFE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este miércoles en 5.000 millones de euros el coste de la anulación de las reformas del impuesto de sociedades del PP por parte del Tribunal Constitucional, que ahora se pretende neutralizar. El paquete fiscal del Gobierno que este jueves votará el Congreso incluye "arreglar un problema que generó el señor (exministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro", en referencia a la anulación de sus reformas, "y que por sentencia regalaría 5.000 millones este año a las grandes empresas", ha apuntado durante la sesión de control al Gobierno, según informa EFE.

El Constitucional anuló las reformas del impuesto de sociedades implementadas por el PP en una sentencia con un gran impacto en la recaudación, que se pretende neutralizar con cambios en este tributo introducidos en el paquete fiscal, ya avalados por la Comisión de Hacienda pero pendientes de la votación del Pleno del Congreso.

Ante esta circunstancia, "el PP vota que no", ha afeado Montero, que también ha repasado otras medidas del paquete fiscal como la subida del IRPF para las rentas del capital elevadas, la bajada del impuesto de sociedades a las pymes o medidas para combatir el fraude fiscal de los hidrocarburos. "Nos jugamos el plan fiscal y el quinto desembolso" de fondos europeos, ha reconocido Montero, ya que en ambas normativas España se había comprometido a aprobar una reforma fiscal que, por el momento, no tiene garantizada su aprobación en el Congreso.

En una intervención muy dura, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra el "esperpento" vivido en la Comisión de Hacienda del lunes, interrumpida en varias ocasiones por largos recesos y en la que se pactó con unos socios dejar caer el impuesto a las energéticas y, con otros, mantenerlo un año más, provocando así "inseguridad jurídica y ahuyentando la inversión", según Gamarra.

"Deje de subir los impuestos, de aferrarse al poder, y empiece a pensar en los que lo necesitan", ha pedido Gamarra en referencia a los afectados por la dana en Valencia, a lo que Montero ha respondido que será la reforma fiscal que se vota el jueves la que "proporcione los recursos" para afrontar las emergencias y pagar los salarios de los empleados públicos que trabajan en la zona.

"Racanean ayudas a los valencianos", ha insistido el diputado del PP Jaime de Olano, que ha acusado al Gobierno de ser "una banda", pero Montero ha alegado que el Gobierno ya ha aprobado ayudas por más de 14.000 millones mientras que el gobierno valenciano solo ha puesto a disposición 250 millones y, además, "estamos conociendo que también con motivo de la dana han adjudicado a dedo a una empresa implicada en casos de corrupción del PP".

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes una subida de dos puntos porcentuales del IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28 % al 30 %, pero ha tumbado el mantenimiento del impuesto a la banca con la abstención de ERC, Bildu y BNG.

La comisión, en la que se ha negociado y se han intercambiado enmiendas hasta el último minuto, también ha aprobado bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros y una mejora de la tributación de las actividades artística. También se ha aprobado una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

Estas iniciativas quedan incorporadas al proyecto de ley que establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15 % para las multinacionales, que todavía está pendiente de votación en la Comisión de Hacienda, al igual que el resto del paquete fiscal del Gobierno y de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, entre ellas las que piden mantener el impuesto energético.

El mantenimiento del impuesto a la banca ha estado en el aire hasta el último momento -se ha llegado a registrar un texto alternativo, pactado por PSOE, Sumar y Junts, en el que se incluía un tramo adicional- y se ha producido, incluso, un empate a votos (debido a la abstención de ERC, EH Bildu y BNG), aunque finalmente el texto ha caído por el voto ponderado.

El debate en la comisión se ha desarrollado en un ambiente de fuerte tensión y desconcierto, con recesos, largas discusiones técnicas y muestras de confusión por parte de todos los grupos parlamentarios sobre lo que se estaba votando. Las enmiendas rechazadas pueden quedar vivas -y, por lo tanto, volver a ser debatidas y votadas- en el Pleno que se celebrará el próximo jueves.

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del aceite de oliva bajará a partir de este lunes, 1 de julio, al 0% y se mantendrá suprimido hasta el 30 de septiembre, para después elevarse al 2% entre octubre y diciembre, según recoge Europa Press. Del mismo modo, el Gobierno también ha decidido mantener la rebaja del IVA al 0% de los alimentos básicos, como el pan, huevos, verduras o fruta, hasta el 30 de septiembre y elevar el tipo al 2% entre octubre y diciembre de este año, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante el último trimestre se va a ver moderada a la baja.

El Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de medidas para afrontar las consecuencias económicas, también las sociales, derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo incluye importantes novedades en torno al IVA aceite de oliva.

Este impuesto, en el que ya se había producido una rebaja del 10% al 5% en el aceite de oliva, pasará al 0% desde este lunes y se mantendrá así hasta el 30 de septiembre. Después se situará en el 2% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Además, el Real Decreto-Ley incluye la modificación de le Ley del IVA para que el aceite de oliva pase a formar parte de la cesta de productos y alimentos básicos, por lo que tendrá siempre un tipo superreducido, una vez concluyan las rebajas extraordinarias del impuesto.

El tipo superreducido en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% en vez del 10% que venía soportando durante todo este periodo anterior.

Asimismo, se prorrogan también hasta el 30 de septiembre los tipos del 5% del IVA para la pasta y los aceites de semilla. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo se situará en el 7,5%.

Según avanza el Gobierno en la norma publicada en el BOE, el 31 de diciembre será el momento en el que la reducción de precios va a permitir la supresión de estas medidas excepcionales y transitorias, "sin afectar al poder adquisitivo de las familias".

"De esta forma, se garantizan precios finales razonables de estos alimentos hasta la plena normalización del mercado que, previsiblemente, se producirá durante el último trimestre de este año y continuará en 2025", se argumenta en el texto.

No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó durante la presentación del Real Decreto-Ley que el Ejecutivo acompañará a las familias y al tejido producto "el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad".

Otra de las medidas que se recogen en el Real Decreto-Ley es la rebaja del IRPF, que va a evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen en el impuesto sobre la renta.

El Gobierno ya modificó anteriormente el reglamento del IRPF para evitar que estos trabajadores tuvieran ya desde este año 2024 retenciones en sus nóminas mensuales y lo que el Ejecutivo hace ahora es incluir la medida en la propia ley del IRPF.

El año pasado se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros. Ahora se vuelve a incrementar hasta el 15.876 euros, es decir, el equivalente al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Sin embargo, los colectivos que se benefician por esta medida son más amplios, dada la propia progresividad del impuesto, alcanzando la mejora hasta las rentas que llegan a los 22.000 euros.

Con todo, y según Montero, esta rebaja del IRPF beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente son asalariados y pensionistas con rentas bajas y medias que lograrán un ahorro de 1.385 millones de euros.

Así, la suma de las medidas fiscales incluidas en este real decreto, tanto el IVA como el IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año.

La norma también recoge la subida salarial del 2% para los más de tres millones empleados públicos prevista para este año, que se cobrará de forma inmediata, a partir de la nómina de julio, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. A este 2% se le sumará un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación que se aprobará en enero de 2025, pero referido al ejercicio 2024.

En relación con los colectivos vulnerables el Gobierno, ha extendido la vigencia del escudo social, que incluye hasta final de año la prohibición de corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono eléctrico hasta el 30 de junio del año 2025. Además, en el ámbito de la tarifa de últimos recursos de la TUR de gas natural, el decreto concede el carácter indefinido.

Asimismo, el Gobierno ha decidido extender hasta el 31 de diciembre de este año la prohibición de despedir por aumento de costes a las empresas beneficiarias de ayudas públicas. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

"Para aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2024", se detalla en el BOE.

Además, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "tremendo escándalo" la financiación singular que se plantea para Cataluña y ha proclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "tomando el pelo a todos". Lo ha hecho mientras daba un paso más en una de las singularidades que caracterizan a la Comunidad de Madrid: el uso de sus competencias en materia fiscal para reducir los tipos efectivos de figuras tributarias en las que tiene capacidad normativa, que gravan la renta y la riqueza de sus contribuyentes. En concreto el Consejo de Gobierno que comanda Ayuso ha dado vía libre al proyecto de ley que regulará una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones extranjeras. La rebaja será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse a ella se tendrá que mantener la inversión y la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años, presentar la declaración en ella, no haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación ni invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. De acuerdo a lo reflejado en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo ligada a la norma, los beneficiarios serán un máximo de 30.000 contribuyentes, que podrían aplicarse una deducción estimada de 60 millones de euros. 

Aunque la autonomía tributaria es la misma para todas las comunidades, excepto País Vasco y Navarra por su Régimen foral, los gobiernos regionales han hecho un ejercicio muy distinto de ella. Los del PP han optado desde hace casi tres décadas por convertir a Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Esa senda de recortes fiscales podría restar a Madrid ya en este ejercicio presupuestario 453 millones en su recaudación, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En la última actualización del informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), se refleja que, “si se cuantifican los gastos fiscales que representan” las rebajas de impuestos, “Madrid deja de ingresar más de 4.400 millones de euros anuales, unos 677 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales, 2.973 millones, se asociaban en 2021 a Sucesiones y Donaciones; 905 a Patrimonio; y 603 al IRPF. La merma en lo recaudado equivale, a la luz de ese estudio, al 20% de los ingresos de la comunidad madrileña. O, “lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 26%”, se indica en el trabajo consultado por infoLibre. Con esa entrada de fondos, Madrid “podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2018”, se anota luego.

Puede pensarse que la causa de esos menores ingresos públicos per cápita es que el sistema de financiación autonómica global destina a Madrid poco dinero, pero no es así. A este territorio se inyecta una financiación estatal por habitante ajustado ligeramente superior a la media. De hecho, en seis años de Gobierno de Sánchez, la comunidad ha recibido un 50,1% más de recursos que en los últimos seis años de ejecutivos de Mariano Rajoy, 36.221 millones más. En esa cuantía están incluidos fondos excepcionales ligados al covid, pero, igualmente, descontados éstos, en seis años, 2019-2024, la región logró del sistema de financiación 29.317 millones más que en los seis años de Rajoy. Esto supone un 40,5% más de recursos con ese destino.

Por tanto, la razón por la que los ingresos totales son menores es el ejercicio a la baja de las competencias normativas en impuestos que gravan la renta y el patrimonio, según comparten varios expertos consultados. Unos beneficios fiscales que se concentran en contribuyentes de mayor renta y riqueza. En ese sentido, en el informe del Ivie consta que “los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 8% del total, pero se benefician del 41% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF” y aglutinarían “gran parte de los 4.453 millones de euros de beneficios fiscales” de las bonificaciones de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, “incentivando su cambio de domicilio fiscal”. Es más, aunque no sólo sea atribuible a las políticas fiscales del PP, entre 2009 y 2018, éstas han coincidido con un alza de cerca de 100.000 contribuyentes domiciliados en Madrid. A ello habría contribuido otro factor: el llamado efecto capitalidad, una ventaja que propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en el mismo territorio y que repercute en la densidad de rentas y patrimonios. En definitiva, las bases imposibles que atrae Madrid por los motivos expuesto, tienen efectos sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, ya que reducen los ingresos de éstas.

Para el portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Socialista en la Asamblea madrileña, Fernando Fernández-Lara: “Estamos ante una ilusión fiscal, se ilusiona a la gente con bajadas de impuestos que no le llegan. El PP presume de que unos 73.000 millones están en los bolsillos de los ciudadanos, pero no es así”, defiende. Y apostilla: “Hay bolsillos grandes y pequeños. Más de 62.500 de esos millones se los ahorran poco más de 140.000 madrileños, de los más de 3,6 millones de contribuyentes que hay en la región. Es decir, el 4% de éstos se lleva casi el 76,5% de todas las rebajas fiscales que dice Ayuso que hace”, aporta. Quiere dejar constancia de que “el ahorro para la gente trabajadora es de entre 11 y 30 euros al año, cuando el de las rentas altas es mucho más, por lo que se beneficia a los mismos de siempre”, afea. 

¿A qué lleva esto? “En el último ejercicio se dejaron de ingresar más de 6.200 millones, con los que se podían haber hecho políticas de vivienda, mejorar la sanidad o cualquier otro tipo de servicio público”, denuncia. Y hay más. “Los gastos están superando a los ingresos y esto nos está llevando al mayor déficit que he conocido desde que entré como diputado en 2019: 2.108 millones al cierre del ejercicio 2023”. “Esto significa”, a juicio de Fernández-Lara, “que no ingresamos lo suficiente para gastar y estamos costeando los servicios públicos con déficit en la comunidad donde se saca pecho por tantas cosas”. 

Por último, hay otra cuestión que “preocupa” al portavoz socialista: el débito y sus intereses. “El PP dice que tenemos la menor deuda del país, pero no cuenta la que está oculta como los 1.300 millones del Metro de Madrid o los más de 1.200 millones que se deben a los operadores de la sanidad privada. Si esto estuviera contabilizado, la deuda sería mucho mayor. Y un dato empieza a asustarnos: sólo en 2023, ha aumentado más de 2.700 millones, pasando de 34.300 a 37.000 millones”, afirma. Junto a ello, Madrid es el territorio, agrega, “que más intereses paga por la deuda, al pasar de 767 millones en 2022 a 1.260 en 2023, esto es, 399 millones más”. Todo porque “se ha acudido sólo a los mercados, por el empecinamiento en no querer recurrir a otros productos financieros que tienen un tipo de interés menor como el FLA -Fondo de Liquidez Autonómico-”. “Claro que hay cosas que funcionan bien en Madrid, pero otras no y se tapan, son las vergüenzas, mientras los principales problemas que tiene la sociedad siguen sin resolverse”, concluye.

De su lado, Eduardo Gutiérrez, coportavoz de Hacienda de Más Madrid, confirma que “las políticas fiscales” de Ayuso “generan un efecto succión de rentas". "La gente con grandes fortunas suele tener varias residencias y poner su sede fiscal en Madrid, para en cuestiones como las herencias, beneficiarse. Un caso paradigmático es el de la Duquesa de Alba, cuyos herederos se ahorraron algunos centenares de millones”, señala.

Comparte que gracias al dumping fiscal se “roban bases fiscales al resto de las comunidades”. En relación con esto, explica que Más Madrid apuesta por “poner un suelo tanto en el impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para que por debajo de ese nivel homogéneo en toda España, no quepa la autonomía fiscal y tributaria autonómica”. Abogan por “poner un límite por abajo a las rebajas fiscales", en especial "en los impuestos que gravan aspectos de riqueza”. Entienden que “los primeros perjudicados de las rebajas fiscales son los madrileños, al disponerse de menos recursos para servicios públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda, políticas sociales…”; y, “secundariamente, el resto de comunidades, que ven como se fugan de sus bases tributarias los contribuyentes de mayor nivel de renta y de riqueza”, incide.

Gutiérrez califica de “falsario” el “discurso que hace el PP” de que sus iniciativas fiscales “benefician a todos”. “La realidad es que los únicos agraciados son las grandes fortunas y rentas”. Según los datos que maneja su formación, “las rebajas fiscales en Madrid suponen aproximadamente entre 6.000 a 7.000 millones al año, o eso está presupuestado, y tres cuartas partes de ellos se concentran en rebajas en Patrimonio y en Sucesiones, de forma que aproximadamente un 5% de los madrileños se llevan la cabeza del león”, resume. “Pero ellos -engarza, en alusión a los populares- venden rebajitas fiscales para todos de 100 o 200 euros, que esconden millonarias rebajas para 3.000 o 4.000 familias muy adineradas, algunas originarias de Valencia, Galicia… y que ponen uno de sus domicilios en este paraíso fiscal que es Madrid”. 

Reconoce, asimismo, que la capitalidad “supone un efecto atracción de todas las sedes sociales de las grandes corporaciones multinacionales y nacionales por estar cerca del poder, por el lobby -actuar para intentar influir en los políticos-; así como de altos funcionarios y ejecutivos, con retribuciones por encima de 100.000 euros anuales, que salen beneficiados por las rebajas fiscales y pagan menos de lo que abonarían en otros puntos del país como Barcelona”. Si bien, "vuelven a ser un grupo reducido de madrileños los que salen ganando", mientras se "perjudica" al grueso "por la singularidad financiera y fiscal y el efecto capitalidad de Madrid”, recalca.

Con todo, asevera que, “como ha admitido la propia Ayuso”, el modelo “empieza a agotarse", ya que "se les acaban los márgenes para seguir bajando impuestos", pese a que se plasme en los programas electorales. "Ese unicornio mágico de que haciéndolo se recauda más es eso, un unicornio. Sabemos todos que no ocurre, por mucho que lo repitan”, finaliza el coportavoz de Hacienda de Más Madrid.