El SMI sube 50 euros al mes pero uno de cada cinco beneficiados pagará al año a Hacienda hasta 300 euros

María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso.

El Ministerio de Hacienda ha confirmado este martes que las personas que reciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que pagar IRPF. No es la primera ocasión en la que Hacienda no adapta los tramos a la evolución de las retribuciones mínimas, aunque sí se ha hecho en 2018, 2023 y 2024, puntualiza el economista de Gestha José María Mollinedo. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el salario base quedaría en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone 16.576 euros al año. La normativa vigente estableció en 2024 el umbral de tributación sobre los rendimientos del trabajo en los 15.876 euros, en línea con el SMI anterior, y por el momento, ahí se va a quedar.

La decisión tiene en contra al Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz se ha referido a la medida de Hacienda como un perjuicio para la “justicia fiscal” y ha incidido en que se debería “empezar por arriba y no por abajo” en la tributación. Además, ha apuntado que se había enterado por los medios de la decisión y que no había existido deliberación conjunta al respecto. En la mañana del martes, Sumar ha anunciado que presentará una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas de tributar en el IRPF. “El asunto con los impuestos nunca es si subirlos o bajarlos, sino a quién”, apuntan en el comunicado. En la tarde de ayer, Podemos también se posicionó en esta línea junto con los dos sindicatos mayoritarios: Comisiones Obreras y UGT.

Desde Hacienda justifican la medida y fuentes ministeriales apuntan que el IRPF de las rentas bajas en España está entre los más bajos de Europa (Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia pagan más) e inciden en que su decisión no afectará a la mayoría de los trabajadores que perciben la retribución mínima. Estiman, además, que el gravamen supondrá unos 150 millones en términos de recaudación. La memoria económica del SMI señala que alrededor de medio millón de trabajadores que cobran SMI realizaron declaración anual de IRPF en 2023, sobre un total de 2,5 perceptores de salario base. Así, algunas estimaciones apuntan que uno de cada cinco trabajadores podría tener que pagar. Desde Gestha, Mollinedo apunta que esa cifra sería inferior, ya que habría que considerar como han variado sus circunstancias desde entonces y las razones por las que presentaron declaración en aquel momento.

Por ejemplo, las personas solteras sin descendientes o ascendientes deducibles para el cálculo de las retenciones pagarán alrededor de 300 euros al año (21,4 euros/mes, supuestas 14 pagas). Esto es, a este trabajador, el salario le habrá subido 50 euros al mes por la reforma del SMI, pero pagará a hacienda 21 al no actualizarse los tramos del IRPF. Por lo que su ganancia real de poder adquisitivo será de alrededor de 29 euros. Este es perfil más perjudicado. En el otro extremo, un contribuyente con pareja y un hijo menor de 3 años no pagaría. En caso de que el descendiente tuviese más de 3 años, tendría una retención del 0,60%, hasta los 99,46 euros. Aunque las circunstancias particulares pueden hacer variar estos cálculos. 

Impuestos y justicia social

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Más allá de los datos, este debate tiene recorrido en cuestiones como la desigualdad social. También ha avivado el dilema clásico sobre si bajar impuestos (o no hacerlo) cierra o ensancha las brechas sociales. “Una peluquera tributa el 17,5% y una gran corporación un 3,8%”, lanzaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el entorno económico no ha pillado por sorpresa a los expertos. “El SMI ha experimentado un incremento muy alto en los últimos años y llegaría el momento en que estas personas deberían empezar a aportar a las arcas públicas”, explica la economista Raquel Jurado, además señala, “debido a los incrementos, cada vez lo cobrarán más personas”. 

“La medida se percibe como injusta porque rompe con la lógica de años anteriores”, explica el economista Miguel Artola. El debate que surge ahora es dónde se debe situar el mínimo exento y bajo qué criterios. El CIS, en el último informe sobre opinión pública y política fiscal, recogía que un 78% de los españoles pensaban que no pagan más quienes más tenían. La percepción social al respecto es clara, y de hecho, en 2022 el 1% más rico soportó un tipo efectivo medio del 24,1% sobre su renta, un porcentaje inferior a la media nacional del 35,1% y al tipo del 27,5% que pagó el 20% más pobre, tal como recoge el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles

Los Técnicos de Hacienda (Gestha), por su parte, consideran que no adaptar el IRPF a la subida del SMI es una “decisión política” que afecta a los contribuyentes más vulnerables. “Entre otras consecuencias, podría frenar la emancipación de los más jóvenes por el problema de acceso a la vivienda”, apuntan desde el organismo. Pero también coinciden con Hacienda en que afectará a muy pocas personas y limita sus efectos a personas solteras o separadas, sin hijos ni cargas personales o familiares.

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