El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha adelantado este martes que el abono de transportes único para viajar por todo el país se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero, según informa EFE.

En una entrevista en Televisión Española, Puente ha explicado que el nuevo abono convivirá con los títulos de transporte que están actualmente en vigor, como el abono de Cercanías, y que será un producto "a mayores", que no sustituirá a los que ya existen.

También ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.

Para ello se habilitará un convenio con las administraciones que quieran sumarse, ha dicho Puente, que ha añadido que "nos hubiera gustado que se unieran desde el principio", pero no ha podido ser, por diversas razones, algunas de ellas de carácter político, pero "estoy convencido de que se irán integrando". 

Puente también ha negado que el presidente del Ejecutivo haya utilizado este anuncio "para desviar el debate" sobre otros asuntos de actualidad, cuando lo cierto es que llevan trabajando en él desde hace dos años. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, que serán 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país, según informa EFE.

En una comparecencia para presentar el informe Cumpliendo, Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

Sánchez ha explicado que la medida se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte y que estará disponible en enero.

El abono permitirá viajar en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal y el presidente ha ejemplificado que un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

"Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido.

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país".

Los costes por el envío de paquetes suponen, cada vez más, un freno para el comercio electrónico, un tipo de consumo que en el último lustro ha más que triplicado los envíos en España, lo que supone todo un reto logístico particularmente ahora que llegan las fechas del dispendio por excelencia, el Black Friday y la Navidad. 

De hecho, un reciente estudio de Coreos Express, uno de los mayores operadores logísticos en España, concluye que un 88% de los compradores por internet han dejado de comprar en algún momento por el coste que suponía pagar el transporte del producto adquirido.

Además, 9 de cada 10 usuarios opina que el envío (precio, puntualidad y fiabilidad) es clave en la decisión de compra y la encuesta en la que se basa el informe refleja que el 81,8% de los compradores consultados se echa atrás si el plazo de entrega de sus paquetes es largo o poco flexible.

La patronal de la logística en España, UNO, señala al respecto que el sector ha demostrado su capacidad para gestionar "con éxito" el incremento del 240% que, según sus datos, se ha producido en los envíos de comercio electrónico en solo cinco años, al pasar de 538 millones en 2019 a 1.303 millones en 2024.

Su presidente, Francisco Aranda, admite que el coste de entrega "es el mayor obstáculo identificado" por los operadores logísticos. Así lo estima el 31 % de esos operadores, según los datos de UNO, seguido por la sostenibilidad y la reducción de emisiones (24%), y los tiempos de entrega y eficiencia operativa (21%).

Aranda alerta de que la adaptación a unas exigencias regulatorias "cada vez más complejas" está incrementando los costes y dificultando la planificación "eficiente" de las empresas a las que representa.

En cualquier caso, el comercio electrónico sigue creciendo con fuerza: Ya uno de cada tres usuarios realiza sus compras en línea al menos tres veces al mes y el 13,9% lo efectúa varias veces por semana.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha apuntado que la facturación del comercio electrónico en España aumentó en el primer trimestre un 18,2% interanual, hasta alcanzar los 25.752 millones de euros. En ese periodo se registraron 474 millones de compras, un 14,9% más.

Otro informe relacionado con la actividad de las empresas españolas en el canal electrónico y elaborado por Savills destaca que el nivel medio de ventas por este canal se ha situado en el 20 %, "un punto porcentual por encima de la media europea", puntualiza.

El estudio concluye que este dato "pone de manifiesto la consolidación del comercio electrónico como un pilar estratégico en las ventas", que, en las próximas semanas, vivirá su temporada alta, con la llegada del Black Friday y las Navidades.

De hecho, la próxima campaña de "Black Friday", prevista para el último fin de semana de noviembre, generará 110.800 empleos extra (de los que el 59% serán en transporte y logística), en línea con el año pasado, según un estudio de Randstad.

Los perfiles más demandados para esta campaña serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.

La patronal de la logística añade que el auge del comercio electrónico y la paquetería les sitúa, a su vez, como el tercer mayor generador de empleo nacional.

La mayoría de las comunidades autónomas y consorcios metropolitanos de las grandes ciudades mantendrán, al menos de momento, los descuentos que venían aplicando al transporte público, pese a la retirada de la ayuda estatal al no haber sido convalidado por el Congreso el decreto-ley que la regulaba, según recoge EFE.

Si bien casi todas mantienen el descuento, salvo Castilla-La Mancha, unas indican que de forma temporal hasta final de enero o mientras el Gobierno tramite otra fórmula para su subvención, aunque algunas van más allá y ya apuntan a que durante todo el año aportarán los fondos que no dé el Estado, como Asturias o Galicia.

Desde septiembre de 2022, el Gobierno subvencionaba la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometieran a implantar y complementar los descuentos para que se redujera el precio como mínimo a la mitad. Las ayudas estaban previstas en el decreto-ley hasta el próximo 30 de junio, pero tras decaer en la votación parlamentaria de este miércoles, el Ejecutivo anunció que cesaba su ayuda desde este mismo jueves.

Por ahora, no obstante, fuentes del Gobierno han indicado que no está previsto un Consejo de Ministros extraordinario esta semana para paliar mediante un decreto los efectos de la falta de convalidación del decreto-ley por los votos en contra del PP, Vox y Junts.

Fuentes de la Consejería de Fomento castellanomanchega han dicho a EFE que no se van a mantener los descuentos en la región.

En Andalucía, fuentes de la Junta han indicado que su bonificación adicional del 20% sí se mantendrá.

Lo mismo sucede en Madrid, donde los abonos de transporte público seguirán contando con el descuento del 60%, al menos "de momento", según han apuntado a EFE fuentes de la Comunidad. Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno madrileño, que aprovechan para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que active "otras fórmulas para solucionar de inmediato este problema que ellos mismos han generado" y cumpla con las aportaciones de fondos "a las que se comprometió" con las autonomías.

Asimismo, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) ha anunciado que mantendrán las actuales tarifas con el descuento, incluida la bonificación acordada por la Generalitat catalana del 20%.

Las instituciones vascas también prevén mantener el descuento del 50%, según han expresado las tres diputaciones y el Gobierno Vasco. No obstante, al igual que otras administraciones, han señalado que la decisión es temporal, a la espera de que el Gobierno adopte nuevas decisiones para garantizar la financiación de la rebaja.

Así lo han señalado también en Baleares, donde el Govern ha apuntado que trabaja con la perspectiva de que se encontrará la fórmula legal para mantener la gratuidad. además, el Consell de Ibiza ha garantizado la gratuidad del autobús público de la isla en las mismas condiciones que las actuales.

Es el caso asimismo de Canarias, cuya directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha llamado a la calma al recordar que en los presupuestos generales del Estado figura una partida para la gratuidad del transporte, por lo que, a su juicio, lo que ha decaído es "la fórmula" y "las condiciones" de la ayuda.

De similar manera lo han indicado desde el Gobierno de Navarra, ya que tomarán las decisiones oportunas cuando se clarifique la continuación de las subvenciones desde el Estado.

En la Comunitat Valenciana, que el miércoles anunció la continuidad al menos hasta el 31 de enero, ha decidido ya que la prórroga será hasta el 30 de junio, aunque el Gobierno no cofinancie las bonificaciones, según ha anunciado este jueves el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Esa temporalidad hasta final de mes es la que por ahora ha determinado Melilla para el descuento de los bonobuses multiviaje.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá los descuentos a la espera de que el Gobierno tramite un decreto individualizado que permita mantener la bonificación del 50%, según ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca.

El Gobierno de La Rioja ha comunicado que realizará un esfuerzo económico adicional para abonar la totalidad de la ayuda (50 %) de manera temporal durante enero, igualmente a la espera de que el Gobierno de España cumpla de nuevo con su compromiso de subvencionar su parte.

En Murcia seguirá el Gobierno regional bonificando el 20% de los bonos multiviaje del transporte interurbano, para lo cual la Consejería de Fomento e Infraestructuras articulará de forma urgente una orden.

En Asturias se mantendrá con las mismas tarifas el sistema Conecta, una tarjeta que por 30 euros al mes como máximo da acceso a todos los servicios por carretera, incluidos los buses urbanos de Oviedo, Gijón y Mieres, y los trenes de Cercanías. El Principado compensará los fondos que no lleguen desde el Estado.

Galicia también opta por sufragar lo que no aporte el Estado. La Xunta asegura que aunque el Gobierno no solucione su parte, desde febrero seguirá garantizada la bonificación autonómica del 20% "durante 2025" y hasta la implantación de un área única gallega de transportes.

Y el Gobierno de Cantabria mantendrá también la bonificación del 20% para el bus, y espera que el Gobierno decida pronto mantener la gratuidad de los trenes de cercanías.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves que van a estudiar "cómo cubrir la ausencia de responsabilidad por parte del Gobierno de España" para mantener las ayudas al transporte público para 2025 y ha garantizado la bonificación del 70%, que es la que le corresponde.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado este jueves la creación de un billete único para viajar en todo el transporte público de España a partir de 2026 mediante un abono, informa EFE.

En un desayuno en Nueva Economía Forum, el ministro ha explicado que el objetivo es implantar este abono en 2026, una opción que ya es operativa en Alemania, y que será más cómoda para los usuarios.

Así, con un solo billete se podrá acceder a trenes, metros, tranvías y autobuses, aunque para ello son precisos acuerdos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que gestionan el transporte local y regional, este último normalmente a través de consorcios.

Los servicios comerciales (como la alta velocidad ferroviaria o determinadas líneas de larga distancia) no estarían incluidas en ese abono.

En la Semana Europea de la Movilidad que ha celebrado esta semana las organizaciones ecologistas han vuelto a salir a las calles para reclamar cambios reales y mecanismos para hacer cumplir los objetivos de descarbonización.

Greenpeace ha aprovechado la fecha para hacer público un estudio elaborado por Wuppertal Institute y T3 Transportation que pone de manifiesto la infrafinanciación del sistema ferroviario europeo entre 1995 y 2018, frente a la expansión de aeropuertos y autopistas, que han recibido casi el doble de presupuesto. La Unión Europea, junto con Reino Unido, Suiza y Noruega han aumentado en un 80% el gasto en este tipo de infraestructuras, mientras que, en vías férreas, lejos de aumentar, ha caído en un 6,5%. Para entenderlo mejor podríamos decir que, por cada euro destinado al tren, 1,6 han ido a la carretera.

No solamente se ha reducido la partida destinada al sistema ferroviario, sino que se han cerrado más de 2.582 estaciones de ferrocarril regional y, al menos la mitad de ellas, según alerta Greenpeace, podrían reabrirse con relativa facilidad. A ello se suma la inauguración de doce nuevos aeropuertos y diez nuevas pistas desde mitad de los años 90.

“El sector del transporte es el principal responsable de la emisión de gases contaminantes, siendo el responsable de casi un tercio de las emisiones de la UE. De ellas, un 70% provienen del vehículo privado” explica a infoLibre Cristina Arjona, responsable de transportes en Greenpeace. La diferencia entre viajar en tren o en coche es más que evidente: hay una diferencia del 77% en emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y pasajero”. Además, la comunidad científica lleva décadas señalando la relación entre más infraestructuras y mayor demanda del transporte destinado a ellas, algo que los 27 reconocen en su estrategia de descarbonización. 

La parte positiva es que, de 2018 a 2021, periodo en el que finaliza el análisis del informe, las inversiones en carretera han disminuido hasta el 34%, en parte, gracias al esfuerzo de seis países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Reino Unido), que han conseguido revertir la balanza en el transporte. “En los últimos años se ha apostado de forma clara por la movilidad sostenible. Los fondos Next Generation son un ejemplo de ello porque estamos viendo que, en cuento se hace amago de no cumplir con las exigencias estipuladas, se amenaza con su retirada”, apunta Arjona. 

De la treintena de países analizados, España es el que más autopistas ha construido entre 1995 y 2018. El 28% de todas las nuevas vías de este tipo se han inaugurado en nuestro país con un total de 8.600 kilómetros.  “Se ha invertido casi un 50% más en carreteras que en ferrocarriles: 139.000 millones de euros han ido al asfalto frente a los 93.900 de las vías de ferrocarril”, señala Arjona.

También somos los primeros en trenes de alta velocidad. En 2019 superamos a Francia y este tipo de vías ya son un cuarto del total de las que tenemos. La activista medioambiental aplaude este avance porque ayuda a evitar “el exceso de viajes en avión”, pero lamenta que, para ello, se hayan reducido o eliminado trayectos regionales. Desde 1995 se han perdido 22 líneas regionales en España y hasta doce países han ampliado el AVE frente a este tipo de tramos en las últimas dos décadas.

Pau Noy es ingeniero y presidente de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. En conversaciones con este medio incide en la peculiaridad del transporte público español, en el que hay un exceso de oferta en desajuste con la demanda. “Tenemos la red de carreteras más basta de Europa y más vías de AVE que nadie, nos encanta la infraestructuras… pero luego no nos ocupamos igual del servicio que, en algunos casos, es testimonial, como ha pasado con aeropuertos como el de Castellón o Ciudad Real”, critica. Además, recuerda los problemas de movilidad que hay fuera de los núcleos urbanos. Actualmente Madrid es la única comunidad que alcanza la media europea de inversión per cápita en transportes (239 euros), seguida de Cataluña (82 euros), pero en otros territorios no se llega ni a los 20 euros por ciudadano. 

Ambos expertos apuntan a que en los últimos cuatro años ha habido cambios sustanciales. Noy cree que se ha invertido la balanza y veremos los resultados en un tiempo: “En Cataluña no se había invertido tanto antes”. Arjona, por su parte, se alegra del cambio de prioridades que “se notó incluso en los dos primeros años de legislatura con los presupuestos congelados” y asegura que hasta entonces el tren había estado “abandonado”. 

La pobreza en el transporte, de acuerdo a Neil Simcock, investigador de la universidad de Liverpool, se puede detectar por tres características: no poder hacer frente a los gastos de movilidad, tener dificultades para desplazarse habitualmente o para llegar a emplazamientos esenciales, como el lugar de trabajo o el centro de estudios. Muchas familias se han visto en esta situación a consecuencia de la inflación y la subida del precio de los combustibles, a lo que se suma el hecho de que, cuanto más pobre eres, más posibilidades hay de que vivas en una zona mal conectada o alejada de los grandes núcleos urbanos.

La Unión Europea empezó a reconocer este problema en 2021 con la aprobación de un Fondo Social para el Clima, que el Gobierno ha complementado con diferentes bonificaciones para reducir el coste del transporte público. Ahora Greenpeace insta a la universalización de esas ayudas en todo el territorio, con la creación de un “billete universal” que sirva para todos los transportes públicos y que pueda utilizarse en todo el país.

“Queremos que se siga el ejemplo de Alemania, que cuenta con un abono de 49 euros que permite a los ciudadanos moverse por todo el país. Ya hemos visto que este tipo de ayudas funcionan”, señala la responsable de Greenpeace. Un año después de la puesta en marcha de los descuentos gubernamentales, la organización asegura que el número de viajeros ha crecido un 23%, llegando a los 56 millones, con un ahorro estimado de 300 toneladas de CO2 al día. Las cifras del INE de junio, que comparan el uso del transporte público de este año respecto al anterior confirman una crecida del 18,3% en los usuarios. 

Noy también cree que el modelo alemán se podría adaptar a España e, incluso, plantea que pueda extenderse a toda la Península Ibérica y a todos los medios de transporte públicos, que, dice, funcionan “como un conjunto indivisible”: “En Cataluña, que es donde yo vivo, hemos visto que las familias están dejando el coche de lado porque tienen miedo a que siga subiendo el precio de la gasolina, pero de momento no podemos enorgullecernos de nada, porque estamos aún en cifras de consumo por debajo de las anteriores a la pandemia. Hace falta más concienciación y más medidas, como que los que más contaminan paguen algo más o, al menos, que paguen, porque ahora mismo el coste de las carreteras tiene enormes externalidades”, añade. 

“Además de todo esto, cualquier iniciativa de este tipo no se mantiene sola. Debe incluir una revisión integral de la red ferroviaria, con mejoras y aumentos en las frecuencias, los trenes, tramos… Además de una fiscalidad verde. Queda mucho por hacer”, concluye Arjona: “Es una cuestión de prioridades. Es una pena que se politice tanto cuando planteamos abrir un carril bici o bajar los precios de los billetes, pero nadie se plantea si hace falta o no una nueva autopista. En Europa ya se está actuando, en gobiernos de todos los signos políticos y, a la larga, el coste de no apostar por la movilidad sostenible es mayor”, concluye Arjona que recuerda que, sólo en nuestro país 30.000 personas mueren al año por la contaminación. 

El Gobierno destinará 170 millones de euros para financiar los descuentos del 50% en el Interrail europeo y del 90% en el transporte ferroviario y en autobús en España para los jóvenes este verano, según ha publicado en las referencias del Consejo de Ministros y ha recogido Europa Press.

En concreto, dentro de este montante, 30 millones de euros financiarán las rebajas en los servicios ferroviarios de Media Distancia y Avant, 70 millones para los trenes de alta velocidad y larga distancia, 60 millones para las líneas de autobús estatales y 10 millones para la financiación del descuento del Pase Interrail.

Además, se estima que las rebajas puedan beneficiar a 12,5 millones de viajes de jóvenes españoles durante los tres meses de vigencia de los descuentos —entre el 15 de junio y 15 de septiembre— y llegar a duplicar la venta de pases de Interrail. Las compensaciones se liquidarán en función del número de viajes realizados.

Estas bonificaciones se incluyen dentro del real decreto-ley, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, en apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario por la guerra en Ucrania.

Con la aprobación del real decreto-ley también se cumple el acuerdo de Consejo de Ministros del martes pasado por el cual Gobierno instó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a establecer las bases generales y la preparación y puesta en marcha de las actuaciones necesarias para los descuentos.

Asimismo, se contempla financiar descuentos en los servicios ferroviarios de Media Distancia competencia de la Generalitat de Cataluña, si así se solicita desde la comunidad autónoma en un plazo de diez días desde la entrada en vigor del real decreto-ley.

Esto se extiende a otros servicios de media distancia prestados por Renfe en virtud de convenios o contratos con otras comunidades autónomas.

Los beneficiarios, que deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad, serán los jóvenes de entre 18 y 30 años de nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España.

El descuento se aplicará sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre ese periodo estival de tres meses.

En el caso de los viajes que se realicen dentro de España, el precio de los servicios de autobús estatal y ferroviarios de media distancia y ancho métrico tendrán una rebaja del 90%, mientras que los billetes de Avant tendrán un 50%.

Además, los servicios comerciales y de alta velocidad de Renfe y de los operadores privados ferroviarios contarán con un descuento del 50% en el precio con un máximo de 30 euros por billete. También se incluirá un descuento del 50% del Pase Interrail cuando el mismo se comercialice a través de Renfe.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, resaltó que estas medidas sirven para "fomentar el conocimiento de España y de Europa por parte de los jóvenes".

"Queremos ayudar a la gente joven, seguir promoviendo una política activa que promueva desde luego el transporte público colectivo, ayudando al sector turístico y cultural", destacó la ministra.

El Ministerio, en un comunicado, explicó que, en la actual situación derivada de la guerra en Ucrania, "marcada por las tensiones inflacionistas que afectan al sector del transporte de viajeros", es "necesario" adoptar una política pública que "facilite a los jóvenes el uso del transporte público en sus desplazamientos durante el verano".

Respeto al Interrail europeo, el Gobierno afirmó que comparte el objetivo de la Unión Europea y quiere facilitar que los jóvenes puedan acceder a este tipo de viajes durante el periodo estival de 2023.

El descuento para el transporte público en 2023 se mantendrá en gran parte del territorio nacional hasta el 30 de junio de 2023. El 27 de diciembre, el Gobierno anunció la prórroga en el transporte del 30%, pero solo para aquellos territorios que lo amplíen al 50%. El fin de la medida es doble: en un sentido urgente, mitigar el enorme impacto que está teniendo la inflación en los presupuestos de los hogares. Con una vista más lejana, también procura de promover el transporte sostenible con el fin de reducir el uso del vehículo privado y, por tanto, las emisiones contaminantes.

La aprobación in extremis, a cuatro días de terminar el año, provocó las críticas de varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Castilla y León, así como de otras gestionadas por el PSOE, como Aragón. Este último gobierno autonómico calificó de “chantaje” el condicionamiento de poner parte de fondos propios de al menos un 20% del precio de viajar en transporte público para recibir el descuento estatal del 30%. 

La mayoría de los gobiernos autonómicos ya tenían cerrados los presupuestos para 2023 y la medida les ha cogido con el pie cambiado. No obstante, la acogida ha sido generalizada. Todas las comunidades autónomas se han adherido, así como decenas de ayuntamientos que también han financiado parte de los costes de viajar en su sistema de red de autobús, metro o tranvía. Asimismo, el Estado financiará el 100% de los abonos de transporte público en Canarias y Baleares durante todo 2023.  

Andalucía confirmó el 31 de diciembre que se sumará a la bonificación. Hasta esa fecha, el Gobierno andaluz aplicaba la bonificación del 30% estatal, por lo que desde el 1 de enero, habrá un mayor descuento en autobuses autonómicos, tranvías y metro. La medida se anunció con una crítica al Gobierno por la tardía en realizar el anuncio, criticando que se ha “anunciado tarde”, “a cuatro días de acabar el año”, “sin dar ninguna información con anterioridad” y “sin apenas margen de maniobra para las comunidades autónomas”. 

La Generalitat mantendrá la bonificación del 20% (50%, en total) que aplicaba a la mayoría de las tarifas. Esto será así para todos los abonos, menos para la tarjeta T-casual, que permite realizar 10 desplazamientos y que es una de las más usadas en la región. Esta ha dejado de estar bonificada, ya que hasta el 31 de diciembre mantenía únicamente el descuento del 30% por el Gobierno central y la Generalitat ha decidido no aportar su 20% extra. Las tarjetas expedidas expedidas caducarán el 15 de enero de 2023, lo que ha provocado una reacción de la organización de consumidores OCU, que ha denunciado que hasta años anteriores la vigencia habitual de la tarjeta T-casual era hasta el 28 de febrero.

La Comunidad de Madrid decidió in extremis prolongar la aportación autonómica extraordinaria. El 15 de noviembre, el consejero madrileño de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, lo rechazó de manera tajante: “El descuento del abono fue una medida temporal hasta el 31 de diciembre y acabará el 31 de diciembre”. Sin embargo, tras el anuncio de la prórroga de la bonificación estatal del 30%, Ayuso anunció no solo que la autonomía mantendría también su 20%, para evitar perder la bonificación estatal, sino que lo complementará con un 10% extra, por lo que la aportación extraordinaria será del 60%.

El descuento extra comenzará a partir del 1 de febrero. El anuncio de la medida va con una pulla al Gobierno central: “Debido al retraso en la confirmación del Gobierno central en su correspondiente subvención del 30%, la nueva medida no se podrá hacer efectiva hasta el 1 de febrero”. Este descuento del 60% estará en vigor hasta el 30 de junio.

La Generalitat valenciana anunció el descuento adicional del 20%, así como una prórroga de la gratuidad del transporte público autonómico para menores de 30 años, ambas medidas, hasta el 31 de julio de 2023, por lo que la región se hará cargo de la subvención un mes más de lo que estipula la ayuda estatal. Además del 20%, la Generalitat reducirá un 10% las tasas y precios públicos. También se han adherido los Ayuntamientos de Benidorm, Paterna, Nules, Puçol, Sagunto, Alboraya, Torrevieja, Vall d’Uixó, La Vila Joiosa, Castellón, Gandía, Alcoy, Torrent, Valencia, Alicante, Elda y Elche.

La Xunta de Galicia ha mantenido el 50% en los autobuses autonómicos, en el transporte de la ría de Vigo y en el tren en el área de Ferrol. El Gobierno autonómico estima que desde septiembre se han bonificado más de 5,4 millones de viajes, que beneficia a más del 75% de los viajeros del transporte público de Galicia. Los Ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela también financiarán la parte correspondiente de los trayectos urbanos. 

La Junta de Castilla y León anunció que complementaba con el 20% el precio de los abonos transporte y los títulos multiviajes de su competencia, es decir, el transporte entre las ciudades de la región. Los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Aranda de Duero, Segovia, Salamanca, Zamora, Miranda de Ebro, Valladolid, Ponferrada y Soria se han adherido a la propuesta del Gobierno, y también subvencionará. Para los vecinos de estas ciudades, el billete de autobús urbano costará, al menos, la mitad durante el primer semestre de 2023.

El Gobierno vasco ayudará a los ayuntamientos y diputaciones forales a mantener los descuentos del 50% aplicados en los cuatro últimos meses de 2022. Así, se mantienen los descuentos a las cinco líneas de ferrocarril, a la línea 3 de metro de Bilbao, a los tranvías de esta ciudad y de Vitoria-Gasteiz, así como al funicular de Larreineta. 

Las islas Canarias y Baleares han estrenado un sistema de transporte público gratuito 100% financiado por el Estado que se prolongará todo el año. En Canarias, incluye los autobuses y el tranvía, y en Baleares, tren, bus y metro. En Canarias el descuento será para los viajeros frecuentes que hagan más de 15 viajes al mes a través de los abonos o los títulos multiviaje. Los restantes, podrán contar con el descuento del 50%. En Baleares, estarán beneficiados todos los viajeros. 

La región castellanomanchega aporta el 20% adicional para alcanzar el 50% en los abonos de las líneas de titularidad regional. Los Ayuntamientos de Toledo, Albacete y Cuenca también se han adherido para lograr el descuento de la mitad del precio del billete de los autobuses urbanos.

El Gobierno murciano ha ampliado al 50% la bonificación del Gobierno estatal para los autobuses regionales bajo su gestión. Los ayuntamientos de Lorca, Cartagena y Murcia ampliarán al 60% los descuentos en los autobuses urbanos. En Murcia capital, el abono mensual de autobús pasa, por tanto, de 20,40 euros a 10,20. En Lorca y Cartagena, el abono mensual para jóvenes pasa de 20 euros a 8.

El gobierno aragonés también se ha mostrado crítico con la gestión de esta bonificación. Además de calificarlo de "chantaje", el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, calificaba de “agravio” esta bonificación: “Quienes se desplacen usando el ferrocarril, las Cercanías o los autobuses de competencia estatal lo harán de manera gratuita y financiados por el ministerio. No han entendido que lo que para un madrileño son las cercanías, para nuestras comarcas son los autobuses, todos deberíamos tener las mismas condiciones de gratuidad independientemente del lugar de residencia", señaló. El Ayuntamiento de Zaragoza aportará también 1,2 millones de euros para bonificar el uso del autobús urbano y el tranvía. 

La Junta de Extremadura anunció la bonificación del 100% del transporte interurbano, algo que podría beneficiar directamente a unas 100.000 personas, según estimaciones del organismo. El coste de la tarjeta que permite beneficiarse de estos desplazamientos gratuitos es de 6,75 euros y de 3,38 euros para personas mayores de 60 años. La bonificación en las localidades extremeñas será dispar. En Badajoz y Plasencia los descuentos del transporte urbano desaparecerán, al no poner estos, al menos, el 20%; en Cáceres, el ayuntamiento sí lo aportará, lo que eleva la bonificación al 50%; en Mérida, el ayuntamiento pondrá el 70%, por lo que el autobús urbano será gratis. 

El Principado extenderá a lo largo de todo 2023 la tarifa Conecta, que permite viajar por todo el transporte público de la región por 30 euros mensuales. La tarjeta permite acceder a los autobuses urbanos de Gijón, Oviedo y Mieres, así como los servicios prestados por el Consorcio de Transportes asturiano en las comarcas de Avilés y Nalón. También incluye los servicios de cercanías de tren.  

El Gobierno navarro anunció que aplicará el descuento del 50% en el primer semestre de 2023, una medida que podría beneficiar a más de 100.000 viajes interurbanos. El ente regional estima que entre septiembre y diciembre de 2022 se bonificaron más de 65.000 trayectos con el 30% de descuento estatal, así como se disparó la venta de abonos un 175%. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que aglutina a unos 360.000 habitantes en 50 localidades, como la capital navarra, también se adhiere a la bonificación del 50% para sus trayectos urbanos.

El Gobierno cántabro se ha sumado a la bonificación del 50% para los abonos y los títulos multiviaje de los autobuses interurbanos que gestiona. También se han sumado los Ayuntamientos de Santander y de Castro Urdiales para bonificar los desplazamientos en autobús urbano. 

La Rioja mantendrá hasta junio el descuento del 50% en el transporte público, tras constatar su efecto positivo para reducir la inflación y las emisiones de CO2. La bonificación lleva en vigor desde septiembre. Así, el bono mensual de transporte metropolitano ha pasado a costar 22,25 euros, desde los 45,50 que costaba antes de septiembre. También se mantienen otra serie de descuentos, como la reducción de 20 céntimos en el billete individual (que pasa a costar 1,80 a 1,60, sin tener en cuenta la bonificación), la gratuidad del billete para menores de tres años, el precio fijo de 50 céntimos para menores de entre 4 y 16 años, así como para jóvenes mayores de 16 con tarjeta de estudiantes, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o de terrorismo, así como personas con discapacidad. 

51 días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pusiese encima de la mesa la rebaja de los abonos mensuales del transporte público, este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que, a pesar de su reticencia inicial, el precio de todos los abonos de transporte mensuales en la región se reducirá en un 50% a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año. En realidad, el Ejecutivo central asume una rebaja del 30% y dejó en el techo de las autonomías la posibilidad de ampliarlo con recursos propios un 20%, hasta el 50%.

Una rebaja que la líder madrileña ha hecho propia este festivo nacional. "Las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid, así como las del transporte llevan congeladas una década y el transporte público está fuertemente subvencionado pues el 70% corre a cargo la administración autonómica y no de los viajeros, pero queremos seguir ahondando en estos refuerzos", ha explicado Ayuso a los medios de comunicación en la Plaza de la Villa, después de la entrega de las Palomas de Bronce.

Según ha detallado, el Ejecutivo regional presentará esta reducción al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para aprobarlo esta semana. Ayuso ha recalcado que con esta medida "demuestra el consenso y el diálogo que busca su Gobierno".

Sin embargo, este "consenso" no era así hace menos de un mes. El pasado 18 de julio, Ayuso calificó esta rebaja de "cheque-voto" porque "el todo gratis es para quien se lo quiera creer porque todos los servicios públicos cuestan un gran esfuerzo". La presidenta regional respondía así a la propuesta del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, de que el transporte sea gratuito en la comunidad.

"Quiero dejar en primer lugar claro que somos una de las comunidades con el mayor porcentaje de utilización del transporte público, con uno de los mejores transportes públicos de toda España si no el mejor", afirmó. Asimismo, aprovechó para recordar que el transporte público madrileño ya está subvencionado al 60% por parte de la Comunidad y que la misma tiene "las tarifas congeladas desde hace 10 años", abonos especiales para mayores de 65 años y menores de 26 y que se han unificado las tarifas para beneficiar a medio millón de personas.

Incluso, esta misma semana en una reunión con la Federación de Municipios de Madrid el Gobierno madrileño tachó de "propaganda" esta medida ya que estimaban que la bonificación real aportada por ellos es de un 6% sobre el monto total y no del 30%. Su presidente Guillermo Hita afeó a la Comunidad esta postura y criticó que desde Sol hicieran oídos sordos a esta rebaja.

Tras conocerse este cambio de postura, las críticas a Ayuso no se han hecho esperar. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado desde su cuenta de Twitter que lo que "tildaba de cheque-votos" ahora "lo anuncia como su propia medida". "Una vez más, reina la incoherencia en el PP".

Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta de la formación morada en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, también ha incidido en el "donde dije digo, digo Diego" de Ayuso. "En junio ya le propusimos que lo hiciera, se negó. Ahora parece que rectifica y acepta", escribe en su perfil de Twitter donde también afirma que esta es una "buena noticia para los madrileños y madrileñas".

Por su parte, desde la cuenta de Podemos Comunidad de Madrid recuerda que esta rebaja "anunciada por Ayuso" la pagan realmente "los Ayuntamientos", citando un tuit del teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Sánchez Gimeno. "El Gobierno autonómico anuncia las medidas pero las financian los presupuestos municipales", explica el también diputado autonómico.

Esta es una de las medidas contempladas por el Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias de la Guerra de Ucrania y el aumento del precio del carburante, que se suma, además a la gratuidad de los servicios de Renfe y de Cercanías los últimos tres meses de 2022.

El Gobierno se ha comprometido ante el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a aprobar un nuevo paquete de medidas similar al adoptado el pasado mes de marzo y que supuso la entrega de hasta 1.250 euros por camión o 500 euros por furgoneta, según informa Europa Press.

En una nuevo reunión celebrada el miércoles por la tarde, la secretaria general de transporte, María José Rallo, y el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, dieron esta solución a lo transportistas para luchar contra la inflación y el alza de los carburantes.

El objetivo es aprobar estas ayudas por medio de un real decreto antes de que acabe julio, por lo que podría incluirse en el mismo texto en el que se presentará la nueva Ley de la Cadena del Transporte, en la que se prohibirá el trabajo a pérdidas en el sector, para que entre en vigor lo antes posible.

En concreto, el CNTC espera que todas las medidas y normas en las que se está trabajando sean tramitadas por el procedimiento de urgencia anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación.

La nueva ley hará obligatorio recoger de forma escrita el precio que percibirá el transportista por realizar el servicio, haciendo referencia a si realizará la carga y descarga, actividad que ya no pueden hacer los camioneros salvo en determinadas excepciones.

Estos precios pactados deberán cubrir todos sus costes de explotación, para lo que se tomará como referencia el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes. En caso de no cumplirse, las sanciones se dirigirán a la empresa cargadora.

Metro de Madrid ha reducido en un 10% el servicio para hacer frente a la factura de la electricidad. Han pasado de pagar, explica la compañía, de 3,4 millones de euros por el recibo de la luz en febrero de 2021 a los 12,2 millones de febrero de 2022. El País cuenta que la empresa concesionaria decidió contratar un suministro indexado a la subasta diaria, por las nubes hasta que se aplique el tope al gas que prepara al Gobierno, en vez de una tarifa fija. Es la única empresa de transporte público de España que ha optado por la decisión de reducir los vehículos en circulación; una decisión también inédita entre los grandes suburbanos europeos. Pero las dificultades con el suministro energético son comunes, como asegura el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), Jesús Herrero: "Todas las empresas están tocadas".

La guerra con Ucrania evidenció la necesidad de desengancharse de los combustibles fósiles rusos. Para reducir la dependencia del petróleo es evidente que el paso principal pasa por reducir la dependencia del coche de combustión privado; y tanto la Agencia internacional de la Energía como los especialistas en movilidad creen que es el momento de apostar por el transporte público, no tanto reduciendo las tarifas como mejorando frecuencias y haciendo que llegue a donde antes no llegaba, valiéndose sobre todo de la flexibilidad del autobús. Pero los pasos se están dando en dirección contraria.

"Está lloviendo sobre mojado", lamenta Herrero. "Este sector es muy particular. Da un servicio básico, y ha estado obligado a seguir dándolo al 100% durante la pandemia. En el año 2020 hubo ayudas, en el 2021 las hubo y en el 2022 nada", a pesar de que los viajeros siguen por debajo de los registros de 2019 pero los gastos sean mayores por el encarecimiento de la energía. Las administraciones responsables son, en base al diseño español del transporte público, las autonómicas y las locales: Metro Madrid, por ejemplo, depende de la Comunidad, y el de Barcelona del Área Metropolitana, consorcio público en el que participan el Ayuntamiento y la Generalitat. Sin embargo, ATUC carga las tintas contra "la administración central".

En enero, los metros de Barcelona, de Bilbao, de Zaragoza y de Madrid se unieron, a través de ATUC, para pedir al Gobierno compensaciones por el precio de la electricidad. Tras el estallido de la guerra y la constatación de que el recibo de la luz no descendería en el corto plazo, esperaron que el decreto de respuesta al conflicto incluyera compensaciones para los operadores. No fue así. "Esperábamos la consideración de empresas electrointensivas. Sin embargo, apareció la norma y no había ninguna referencia. Lo mismo con los autobuses. Se dan ayudas a los camiones, a los taxis, a los VTCs, a las ambulancias... que nos parece genial, ¿eh? Pero a nosotros nada". A pesar del evidente servicio público, de su papel en la descarbonización y en la soberanía energética frente a Rusia.

Algunas empresas de transporte público, eso sí, se prepararon mejor que Metro Madrid; los suburbanos de Barcelona, Bilbao y Málaga, así como el tranvía de Murcia, firmaron un contrato con Endesa para dos años que les permitía pasar de una tarifa indexada al mercado a una más estable cuando las circunstancias así lo requirieran. En todo caso, las tensiones existen. En la ciudad condal, el Ayuntamiento de Barcelona anunció una rebaja a la mitad del abono mensual, sin contar con el resto de administraciones competentes, que sigue debatiéndose porque no se tiene claro cómo se va a pagar. La Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona insisten en que es una temeridad financiera, aunque no se plantean, por el momento, usar más fondos públicos de sus propias arcas.

Es, de hecho, lo que ha hecho la Generalitat Valenciana: este 1 de mayo es el primer domingo con Metro València y los trenes metropolitanos de Alicante y Castellón gratuitos. Esta medida, junto a la bajada de tarifas, será abonado por el presupuesto de la comunidad, como anunció el Ejecutivo de Ximo Puig. Otras empresas concesionarias sin el apoyo tan explícito de la administración, explica Herrero, están optando por negociar con los trabajadores para bajarles el sueldo, descartada la opción, por impopular, de encarecer el servicio. El secretario general de Atuc no entiende que la administración pública no salga al rescate. "Necesitamos más servicios, más alternativas para movernos y que dejemos el coche en casa", insiste.

En los grandes metros de Europa, solo Londres comunica una emergencia similar. El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, advierte de que el famoso tube se encamina a un "declive controlado" y asegura que, si la financiación estatal no mejora, se verá obligado a recortar un 10% los servicios del metro. La misma cifra que en Madrid, pero manteniendo una negociación con el Ejecutivo central, que a diferencia que en España sí tiene competencias sobre la movilidad urbana de las grandes ciudades.

Lo cierto es que, en el resto de los suburbanos equivalentes en tamaño a los de Madrid y Barcelona, los Gobiernos centrales se están implicando para no solo mantener el servicio sino bajar los precios. Destaca, por su ambición, el plan del Ejecutivo alemán para ofrecer un abono mensual de apenas nueve euros en todo el país. Desde el lunes 9 de mayo, los tickets individuales del transporte urbano de Ìle-de-France, la región administrativa de París, tendrán un precio máximo de 5 euros. Y en el metro de Milán, el más grande de Italia y el sexto del continente, el debate pasa por la construcción de una nueva línea con cargo a fondos del Gobierno.

El séptimo en cuanto a tamaño es el de Viena, en Austria. En su balance anual, sus responsables celebraron que, a pesar de que el número de pasajeros en 2021 siguió un 38% por debajo de los niveles de 2019, "estamos ampliando nuestra red y nuestros servicios de movilidad alternativa para ofrecer una oferta adecuada a cada necesidad". Los quebraderos de cabeza no son la norma en el transporte público europeo, a pesar de que la crisis energética azota a todo el continente.

No son buenos tiempos para los usuarios de coche, sobre todo si es privado y es contaminante. La gasolina y el gasóleo están en máximos históricos: ya llevaban meses subiendo de precio, pero la incertidumbre de la invasión rusa de Ucrania ha disparado el coste del barril de Brent. Por otro lado, la presión para que Europa no solo se desenganche del gas ruso, sino también del petróleo, se acrecienta. La Agencia Internacional de la Energía ha lanzado un nuevo decálogo para evitar la dependencia del oro negro donde, con respecto al transporte público, proponen como medida principal bajar su precio. Sin embargo, esto no sirve para seducir a los conductores y que se pasen a lo colectivo. No lo hacen por dinero, sino por comodidad y rapidez.

Así opinan los expertos consultados por infoLibre, que apuntan: "Es el momento de la ofensiva del transporte público". Pero no, o al menos no solo, bajando el precio del billete. En primer lugar, porque la coyuntura es difícil también para las empresas concesionarias. Que tienen que pagar por el gas y por la electricidad y que aún no se han recuperado del golpe de la pandemia. Los viajeros siguen sin alcanzar los niveles de 2019, pero los servicios tienen que ser exactamente los mismos; y, aunque sean públicas, no es fácil convivir con un agujero en las cuentas.

En segundo lugar, porque el precio no es un incentivo para el conductor. Mantener un coche y utilizarlo a diario es infinitamente más caro que pagar cualquier abono de cualquier servicio de transporte público, ya sea autobús, metro, tranvía o cercanías. "Bajar el precio del transporte público, en general, no aumenta la demanda", asegura la especialista en movilidad y gerente de EMT València Marta Serrano. Y da un dato: "En la última encuesta de movilidad de Madrid, solamente el 2% declara que no usa el transporte público por el coste". Es positivo que ese 2% tenga la puerta abierta del autobús con medidas sociales de movilidad, pero actuar sobre ese segmento no cambia la tendencia general.

Está de acuerdo el jefe de la oficina de España del Mobility Institute de Berlín, Miguel Álvarez, que hace una puntualización: los descuentos sí sirven para los usuarios "cautivos", que cogen el transporte público no porque quieran sino porque no les queda otra, sobre todo en un contexto de inflación y encarecimiento de la vida. También podría servir para intentar captar a los que están en el límite de ese 2%: los que usan coche, "pero que tienen muy poca renta". "La principal razón de utilizar el coche no es el precio": pero hay que facilitar las cosas a los que antes asumían un gasto que se ha convertido en inasumible.

¿Por qué coger el coche privado en vez del transporte público? Por comodidad, por rapidez, por tiempo y por sencillez de uso, asegura Álvarez. Por lo tanto, por lógica, las vías son dos. Una es mejorar la comodidad, la rapidez y la sencillez del autobús, el metro o el tren de corta distancia. Otra es hacer más incómodo, más lento y más difícil el uso del vehículo contaminante y dependiente del petróleo. No son opciones excluyentes: de hecho, puede que lo segundo sea consecuencia de lo primero.

No va a haber ninguna decisión sencilla que, de repente, provoque un éxodo masivo de cochistas. Pero hay mucho margen de actuación, sobre todo en núcleos pequeños y medianos, donde el problema de la contaminación no suele ser tan visible, pero donde hay más posibilidades de seducción. Badajoz y Toledo son las ciudades de más de 200.000 habitantes donde más personas eligen el vehículo privado, según un estudio de Alphabet de diciembre de 2021. Más de la mitad, apunta Rastreator, no lo hace porque no le queda otra: sino porque lo prefiere.

En estos núcleos urbanos no suele haber tantas restricciones: los niveles de contaminación no exigen zonas de aparcamiento de pago o de bajas emisiones, donde no entren los modelos más contaminantes. Y, a la vez, el transporte público no ha avanzado lo suficiente como para competir. "El momento es ahora", asegura Álvarez: los fondos europeos permiten grandes inversiones locales en todo lo que tenga que ver con transición ecológica. Y la "intensidad informativa" de la pandemia ha bajado, por lo que el miedo a su uso decaerá. Hay una correlación entre las olas de la pandemia y las estadísticas del transporte colectivo, como muestra el recuento del Instituto Nacional de Estadística: en enero de 2021, coincidiendo con ómicron, volvieron a caer los usuarios de metro y autobús, cuando es un mes habitual de subidas.

Hay mucho que hacer que no requiere costosas y lentas aperturas de nuevas líneas de metro. El autobús es mucho más flexible y es la gran alternativa fuera de las grandes capitales. "Añadir frecuencias es muy fácil de hacer", explica el consultor. También se puede "mejorar la velocidad, dando preferencia al autobús en las calles" y priorizándolos en los semáforos; y ampliando los horarios, sobre todo nocturnos y en fines de semana.

Muchas de estas ciudades pequeñas y medianas se han ido ampliando progresivamente, ensanchando sus límites, pero esos desarrollos "no han ido acompañados de una revisión profunda de las redes de autobuses", por ejemplo. "No están dando la oferta que la gente necesita", y ahora hay dinero. "Hay que dar alternativas de infraestructura", coincide Serrano, pero advierte: "Muchas de estas medidas", como los carriles bus, "implican restringir el uso del coche, lo que los angloparlantes llaman push and pull".

En las grandes ciudades, los problemas no tienen las mismas características. En el centro de inmensos núcleos urbanos como Madrid o Barcelona, el metro suele ser la opción más rápida, sencilla y accesible. Fuera, la movilidad insostenible arrecia. La capital española suele citarse como el gran ejemplo de "ciudad dispersa", donde se ha impuesto durante décadas un urbanismo de las afueras basado en avenidas amplias, ausencia de servicios, piscina, pista de pádel, urba y dependencia absoluta del vehículo privado hasta para ir a por el pan.

Los datos muestran que, en Madrid, las clases medias y altas son las que más utilizan el coche: sobre todo en estos espacios, donde no queda otra. Es muy difícil revertirlo, porque no se pueden dibujar líneas de metro y autobús hasta cada una de las urbanizaciones y chalets; y los vecinos de estos barrios suelen poder pagarse la gasolina y el diésel, aunque son otros los que suelen sufrir las consecuencias de la pésima calidad del aire que provocan sus hábitos. "La gente que vive en esos barrios tiene que asumir que el modelo está cambiando", asegura Serrano. Pero tienen que seguir yendo a trabajar, y a llevar a sus hijos al colegio.

Los llamados "puntos de intercambio modal" son la clave, para la gerente de EMT València: espacios donde se pueda, con rapidez, dejar el coche y coger el metro, el autobús o el tren. Álvarez cree que es vital, además, que esas líneas que conectan la periferia con el centro también sean rápidas (con carriles bus en autovías, que eviten los atascos que sufren otros modos), con frecuencias dignas y sin retrasos o cancelaciones habituales, como los que suele sufrir la red de Cercanías. En estos contextos también se puede trabajar con la ampliación de horarios o "líneas express, que puedan conectar zonas alejadas con el centro sin muchas paradas de por medio", propone el consultor.

El debate del coche es, también, un debate político. Hay quien defiende que las restricciones al uso del vehículo privado y contaminante terminan perjudicando a una clase obrera que depende de su aparato para un día a día que, al menos, le garantice un desplazamiento rápido a su puesto de trabajo. Sin embargo, es la clase media y alta la que más uso suele hacer del automóvil, porque puede pagárselo.

Álvarez pide no entrar en "un debate un poco moralizante", porque hay tantas circunstancias personales como coches: "Hay mucha gente que se desplaza entre periferias y zonas rurales donde no tienen una alternativa. Hay quien necesitaría coche y que no lo tiene". Por lo tanto, pide centrarse en una idea de consenso: "si potenciamos el transporte público y lo hacemos lo suficientemente atractivo, vamos a hacer que mucha gente lo elija". Hay mucho margen para incentivar. Es el momento.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá este miércoles 16 de marzo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes, consecuencia del alza del precio del petróleo por la guerra en Ucrania, según informa Europa Press.

Raquel Sánchez ya se comprometió el pasado viernes a reunirse con los transportistas para valorar la posible priorización de algunas de las medidas que acordó con el sector el pasado mes de diciembre, cuando convocó un paro mayoritario en todo el país a las puertas de la Navidad.

Aunque el Gobierno ya estableció en ese momento la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio que los clientes pagan a los transportistas, todavía hay contratos vinculados a otro tipo de revisiones, así como otras medidas que están en periodo transitorio.

Ahora que el precio de los carburantes se ha disparado a raíz de la guerra de Ucrania, el Gobierno abre la puerta a cambiar o priorizar algunas de esta medidas con el fin de paliar las consecuencias negativas que el encarecimiento del petróleo está causando a estas empresas.

Según han confirmado a Europa Press tanto fuentes de la patronal como del Ministerio, la reunión tendrá lugar mañana y asistirá la propia ministra, a diferencia de la que se celebró la semana pasada, a la que asistió el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno.

Como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo está trabajando en un plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes se encargará de todo lo relacionado con su negociado.

Estas negociaciones se producen al margen del paro minoritario convocado por una asociación empresarial que comenzó este lunes y al que no se ha unido ninguna de las patronales con mayor representación en el sector. El Gobierno ya ha hecho hincapié en varias ocasiones que el CNTC es el "órgano de participación del sector".

"Está constituido por representantes de las asociaciones profesionales del transporte y está concebido para ser el cauce de participación integrada del sector en aquellas actuaciones públicas que le afecten, como elaboración de normas o planes, y para proponer a la Administración la adopción de aquellas actuaciones que considere. La designación de los miembros del Comité Nacional se realiza democráticamente por las asociaciones", ha incidido el Ministerio.

Entre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.

El nuevo fantasma económico se llama inflación. En España terminó alcanzando el 6,5% el pasado diciembre, unas cotas que no se veían desde mayo de 1992. En Estados Unidos ha escalado hasta el 7%, la tasa más alta desde 1982. La de Alemania no se recordaba desde 1993. El principal culpable de la reaparición del fenómeno es el precio de la electricidad, el gas y el petróleo, en máximos durante todo 2021 debido, sobre todo, a las tensiones políticas con Rusia. Porque la inflación subyacente, la que mide el aumento de los precios excluyendo los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 2,1%. Aunque en diciembre ya creció cuatro décimas respecto al mes anterior y se sitúa como la más alta desde marzo de 2013.

Es decir, el aumento sostenido de los precios del gas, los carburantes y la electricidad está empujando al alza también al resto de la cesta de los productos con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora el Índice de Precios al Consumo (IPC). Y, cuanto más tiempo se mantenga la energía en niveles récord, mayor será el contagio inflacionista en el resto de la economía.

Según el INE, además de la vivienda, debido al recibo de la luz, los productos que más han contribuido a disparar la inflación han sido ciertos alimentos, así como los hoteles y restaurantes, y el transporte. Entre los primeros, las hortalizas y legumbres han subido un 8% en lo que va de año, dice el INE. Los precios en Mercasa, la empresa pública que gestiona la red de mercados mayoristas de la alimentación –Mercamadrid, Mercabarna, Mercabilbao, Mercasevilla– dan una buena idea de lo ocurrido en 2021. Las judías verdes que en octubre se vendían a 1,6 euros el kilo terminaron en diciembre a tres euros, el doble. Las alcachofas llegaron a los 3,5 euros en noviembre. Estos son precios medios y en el escalón mayorista. En el supermercado experimentan el tirón final que daña el bolsillo del consumidor.

Otro tanto ha ocurrido con la carne de vacuno. La ternera en Mercamadrid se vendió a 5,24 euros el kilo en diciembre, cuando en junio no superaba los 4,6 euros. Casi un 14%.

Mucho más ha subido el aceite de oliva, que, después de años con los precios hundidos en origen, despegó con fuerza el año pasado. En junio de 2020 el virgen extra cayó hasta 197,7 euros los 100 kilos, pero en estos primeros días de enero se ha encaramado en los 336,3 euros, según las cotizaciones de POOLred. El INE cifra en un 26,7% la subida en la cesta de la compra del precio del aceite de oliva en 2021. Entre las leguminosas, aunque en España no se consuma, destaca el alza del precio de la colza, que se ha duplicado en un año, hasta los 800 euros la tonelada.

“Los costes de producción han tenido un aumento espectacular”. Así explica a infoLibre un portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) el encarecimiento de los alimentos. La subida del precio del gas también ha disparado el de los fertilizantes, algunos de los cuales se elaboran a partir de su refino. Si a ello se suman el alza de los productos fitosanitarios, atrapados como otros miles de mercancías en los cuellos de botella de las cadenas de suministro, y el ascenso de los combustibles y de la electricidad, la escalada en la factura del supermercado es inevitable. Lo que no significa que el aumento de los costes de producción “haya llegado al campo”, se queja el sindicato agrario. Se la están llevando, acusa, “los intermediarios, la industria y la distribución”. A juicio de UPA, en el encarecimiento final de los alimentos también hay un componente especulativo. “El reparto de valor en la cadena alimentaria no es justo”, resume su portavoz.

La leche, por ejemplo, subió un 5,1% en 2021, según el INE. Pero al ganadero le pagan 34 céntimos el litro: ha subido nueve céntimos para el consumidor, pero sólo tres para el productor. La industria que le recoge la leche al ganadero presiona los precios en origen a la baja. Como consecuencia de ese ahogo, dos explotaciones lácteas al día desaparecen en España, asegura UPA.

También ha resultado extraordinaria la variación en el precio de los cereales. Tanto el trigo blando, que se usa para hacer pan, por ejemplo, como el trigo duro, para fabricar pasta, empezaron a subir en verano. El blando, que tuvo una cotización mínima en junio de 2020 de 186,33 euros la tonelada, en diciembre de 2021 se había instalado en 326,87 euros. El duro se disparó aún más y se paga en enero de este año a 538,33 euros, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Agricultura. Para ambas variedades, son niveles máximos desde 2010. En lo que va de año, el trigo duro ha doblado su precio en origen. Y en los cereales, además del aumento de costes derivado de la inflación energética, hay que culpar a la especulación, acusa de nuevo UPA. Fue a partir del verano, una vez acabada la campaña y con el grano en los silos, cuando empezaron a despegar los precios del cereal, en un año de cosechas normales en todo el mundo, destaca el sindicato agrario.

Para el consumidor, dice el INE, el pan ha subido un 3,8% y más aún los bollos, un 4,1%. Para Asemac, la patronal de la industria de panadería, la culpa de ese encarecimiento la tienen los desajustes entre la oferta y la demanda mundiales de cereales panificables, los precios de la energía y el aumento de los costes de transporte.

El transporte es, según el INE, el tercer responsable de la escalada inflacionista. Una rúbrica que incluye los carburantes y el transporte de viajeros. Pero no el de mercancías. Las asociaciones de transportistas convocaron un paro en diciembre en protesta por los elevados precios del gasóleo, que subieron un 35% en 2021. “Por la atomización del sector nos resulta muy difícil repercutir esa alza a los clientes”, lamenta Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, “nos pasa como a los agricultores; en nuestro caso son las grandes superficies, los distribuidores y fabricantes, los cargadores, quienes imponen una política de precios bajos en el transporte”.

Esa imposibilidad, no obstante, va a durar poco. Los transportistas le han pedido al Gobierno, y el Ministerio de Transportes ha accedido, que a partir de febrero puedan aplicar una fórmula que les permitirá repercutir el aumento de precios en sus clientes de forma automática. En función del tamaño del vehículo, podrán trasladar de un 10% a un 30% la subida del precio medio anual del gasóleo. Pero hasta ahora, la escalada de los carburantes les ha costado casi 2.000 millones de euros en pérdida de ingresos, calcula Juan José Gil.

Aunque más peso en el aumento de la inflación han tenido los hoteles, cuyas tarifas se dispararon un 31,9%. Los paquetes turísticos nacionales, un 9%. Los últimos datos de coyuntura turística hotelera publicados por el INE en noviembre cifran en 88,3 euros la tarifa media diaria de los hoteles españoles por habitación ocupada, lo que se traduce en un aumento del 38% respecto al mismo mes de 2020. La tarifa media de un hotel de cinco estrellas se eleva hasta los 192,5 euros. El precio de la electricidad no es más que otra piedra en el camino de la recuperación para el sector del alojamiento, que sigue sufriendo en primera línea la sexta ola de la pandemia. De hecho, la patronal Exceltur prevé que las ventas del turismo caerán un 33,2% en el primer trimestre de este año respecto a 2019, sólo por las incertidumbres asociadas a la variante ómicron.

Los bares y restaurantes no han subido tanto sus precios. Según el INE, un 2%. Aun así, es la tasa más alta desde junio de 2009, como destaca CEHE, la patronal de la hostelería. En su caso, la organización empresarial atribuye el dato no sólo al encarecimiento del recibo de la luz, sino también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, se trata de un sector “muy sensible al alza de los alimentos, las bebidas, el aceite…”, resalta. De hecho, los refrescos han subido un 11,7% y los zumos, un 6,3%, muchos más de lo que lo han hecho los licores, apenas un 0,5% y la cerveza, un 0,7%, mientras que ha bajado el vino, un 0,3%.

Con un año 2021 renqueante y un primer trimestre de 2022 que se avecina “muy malo”, a bares y restaurantes ya no les queda “pulmón” para recuperarse, apunta CEHE, y las pérdidas de márgenes, ya de por sí estrechos en el sector, se sitúan en los tres puntos. Es el efecto de la contención en precios a la que se está sometiendo la hostelería. “Los clientes son muy sensibles a las subidas, especialmente en estos momentos, cuando sufrimos una crisis de asistencia, así que no nos queda más remedio que asumir el alza de los precios y no trasladarlos”, explica su portavoz.

En cualquier caso, estas subidas palidecen aún frente al encarecimiento del recibo de la luz, el origen de casi toda la inflación antes descrita. Según los datos del INE, el precio de la electricidad se disparó un 72% el año pasado, el gas natural un 11,3%, el butano un 33,3% –ha subido un 5% más desde este martes–, el gasóleo un 24,6% y la gasolina un 23%.

Tampoco se han quedado atrás en la escalada inflacionista los bancos que, para apuntalar sus márgenes, han subido sus comisiones un espectacular 10,6%. Otro efecto inesperado del confinamiento: el precio de las bicicletas se ha disparado un 8,1%, el doble que el de los coches.

El debate impulsado por el Ministerio de Transportes para pagar un peaje por usar cualquier tipo de autovía en España ha polarizado el país con partidarios y detractores de todos los colores políticos. Y ha puesto en guardia a un sector vital para la economía española: el del transporte por carretera, que inmediatamente protestó alegando que ya paga suficientes gravámenes y que instalar peajes podría encarecer los productos transportados. Aunque en la propuesta remitida a Bruselas se especifica que no se pagará antes de 2024, el Ejecutivo de coalición rápidamente reculó asegurando que o los transportistas tendrían compensaciones o directamente quedarían eximidos. 

¿Cuál es la fuerza de los transportistas, especialmente con la mente puesta en los chalecos amarillos de Francia? Muy alta, y cada año más alta que el anterior ante el fracaso de la gestión de las mercancías ferroviarias, fundamentalmente por parte de Renfe. Las mercancías que se mueven por tren son cada año menores y los camiones copan el 95% de la cuota de mercado, según se desprende del último Informe Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España, publicado este año por el Ministerio de Transportes con datos relativos a 2019. 

De las 1,57 millones de toneladas de mercancías que se transportaron en 2019, 1,46 millones viajaron por carretera. Solo 21.549 toneladas se movieron por ferrocarril, lo que arroja una cuota de mercado del 1,3%. El resto lo hicieron por la vía marítima (3%) y aérea (menos del 1%). Para ver el mejor resultado del tren hay que remontarse a 1997, cuando la cuota de mercado llegó al 10,3%, según los datos de Eurostat, la Oficina Estadística Europea, del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles recogidos en este informe.

España se sitúa muy lejos de la media europea. Los datos procedentes de Eurostat para el año 2018 sitúan la cuota modal media del ferrocarril de los países de la UE en el entorno del 18%, según el Informe anual del sector ferroviario 2019 publicado en enero pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Alemania se sitúa en el 26%, Francia en el 18% o Italia en el 15%: si el movimiento de mercancías por ferrocarril es relevante en los tres primeros países de la UE por peso económico, en el cuarto (España) es marginal. 

Cuando se produjo el pico, en 1997, no se había completado la liberalización del transporte ferroviario de mercancías, algo que ocurriría el 1 de enero de 2005. Pero sí la inversión masiva en alta velocidad, cuyos efectos se irían poco a poco notando tanto en la red convencional como de mercancías. El año anterior a la liberalización de las mercancías por tren (2004), la cuota de mercado bajó hasta el 5%. El ocaso acababa de comenzar. 

La cuota de mercado no dejó de caer hasta situarse alrededor del 4% con la llegada de la anterior crisis financiera, en 2008. La multimillonaria inversión en AVE seguía como si no hubiera gran recesión, pero los tráficos de viajeros y de mercancías se fueron hundiendo a partir de ese año. El doctor ingeniero de Caminos y Puertos Samir Awad obtuvo en 2015 el Premio José María Huch, de la Fundación Francisco Corell, con el siguiente trabajo de investigación: ¿Podría ser eficiente el ferrocarril español de mercancías? En él repasa la ausencia de inversión en cuanto a la mejora de la red, la nula adaptación del sector al transporte multimodal u otros problemas. 

"El transporte ferroviario presenta obstáculos de servicio que son inherentes al ferrocarril, que no puede dar servicio de puerta a puerta", señala Awad, que es experto en movilidad. "Por eso, es tan importante dejar de pensar en el ferrocarril y la carretera como competidores sino que ambos modos deben ser complementarios. Es necesario resolver los principales problemas por los que la red ferroviaria convencional no permite aprovechar las economías de escala, pero también hacer partícipes a los cargadores y operadores de carretera en el buen desempeño del ferrocarril. No hay que inventar nada nuevo, ya existen modelos así, como [el de la compañía multimodal] Kombiverkehr en Alemania, que hacen que las propias empresas de transporte por carretera sean las primeras interesadas en llenar los trenes".

Un camino que, desde luego, no ha recorrido Renfe. En 2013 el Ministerio de Fomento [hoy Transportes] dividió la empresa pública en cuatro sociedades, una de ellas Renfe Mercancías. Ese año las empresas apenas tenían capacidad inversora por el Plan de Estabilidad del ex titular de Hacienda Cristóbal Montoro. Renfe Mercancías buscó alianzas con el operador alemán Deutsche Bahn en España, pero no cuajaron.

Desinvertir para volver a invertir

Finalmente, en 2017 vino la puntilla definitiva: el operador anunció un plan de viabilidad que en realidad era de adelgazamiento, y cuyos objetivos eran el "equilibrio operativo entre ingresos y gastos" en 2018 y la "rentabilidad" en 2019. Se suprimió el 24% la plantilla, que pasó de 1.312 trabajadores a 996, se anunciaron subastas que no lograron sus propósitos para terminar en números rojos. El entonces responsable de la división de Mercancías de Renfe, Abelardo Carrillo, trabaja actualmente para Eco Rail, de la competencia. 

Hoy, como hace 10 años, Renfe busca un socio para mover mercancías en España. Y el actual responsable de la división, Joaquín del Moral, cree que el problema está en la antigüedad del material rodante y habla de un "plan de inversiones", como ha afirmado recientemente. En otras palabras, Renfe Mercancías ha adelgazado sus recursos para luego volver a invertir en un plazo de cuatro años. Ya no tiene el monopolio y mueve aproximadamente el 70% de las mercancías totales en España por ferrocarril. Sus competidoras privadas no despegan. Renfe no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el declive de su división de mercancías. 

Todo lo anterior ha espoleado al transporte por carretera, animado por el boom del sector logístico en todo el mundo. España es un país de camiones hacia Europa, aunque la media del sector transportista son cuatro camiones por empresa, según la patronal Unauto. "Es un sector muy atomizado, con gran cantidad de empresas con flotas reducidas", dice Álvaro Fernández Heredia, cerebro de Madrid Central y gerente de la Empresa de Autobuses de Valladolid, Auvasa. "Todo esto nos hace que cualquier medida sobre la carretera sea muy sensible. A la par que necesaria si queremos mejorar ese reparto modal". 

Apenas menciones en el Plan de Recuperación

Fernández Heredia está a favor de peajes por conducir en autovías, aunque con sus propios matices. “Mientras los precios por el uso de las infraestructuras no sean transparentes y se siga subvencionando de forma encubierta el transporte por carretera, todas las iniciativas que vienen desde Europa para impulsar el tráfico ferroviario, marítimo y la intermodalidad están llamadas al fracaso como hasta ahora”, sentencia lacónicamente.

En el recuerdo está la huelga de transportes de 2008 en España, que se produjo por el precio de los carburantes y provocó colas para repostar en las gasolineras. Pero un presente más cercano son los chalecos amarillos a partir de octubre de 2018, que habría movilizado a más de tres millones de personas hasta la fecha y dejado 11 muertos. La protesta en Francia también se debió al precio de los carburantes, pero ha sido infinitamente más intensa que el paro de 2008. 

¿Apostará España por las mercancías por ferrocarril? Si hay que basarse en el plan de recuperación, transformación y resiliencia enviado a Bruselas, no parece que la apuesta sea muy ambiciosa. Apenas hay un puñado de referencias, y lo único que se cita es "completar los corredores ferroviarios que conectan con el resto de la UE (Atlántico, Mediterráneo) para impulsar el transporte de mercancías alternativo a la carretera". Y eso que el ferrocarril es uno de los transportes más sostenibles medioambientalmente. 

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La maquinista de uno de los trenes ha muerto, tres personas están heridas graves, otras dieciséis menos graves, y 76 tienen heridas leves por el choque de dos trenes a la altura de Castellgali, sobre las 18.30 horas de la tarde de este viernes, entre el tren regional de la línea R12 -que efectuaba el trayecto Lleida-Hospitalet- y otro hacía el servicio de la R4 -entre Tarrassa y Manressa- (Barcelona). Por el momento, se mantiene interrumpida la circulación, informa Europa Press.

El conseller de Territori, Damià Calvet ha asegurado a 24 horas de RNE que se aún desconocen "los motivos del accidente ferroviario". El tren que iba de Manresa en dirección Barcelona estaba utilizando la vía que se utiliza para ir de Barcelona a Manresa: "El porqué este tren estaba en contravía se tendrá que analizar, y por qué no se ha parado el tren". Asimismo, ha confirmado que el tramo en el que se ha producido la colisión, pertenece a la misma línea en la que se produjo otro siniestro el pasado noviembre.

En declaraciones a Ser Catalunya el conseller ha apuntado como posible causa del accidente ferroviario un problema de señalización "en el automatismo que debería impedir que un tren circule en contravía" o a "un problema de sistemas manuales", puesto que uno de los dos trenes circulaba "en contravía".

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado una situación extraordinaria en la Central de Coordinación Sanitaria, que ha movilizado ocho unidades de transporte sanitario urgente, logística, y otras unidades de transporte no urgente, ha informado en un apunte en Twitter. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han explicado que están trabajando en el lugar de los hechos junto con los Mossos d'Esquadra y el Servei d'Emergències de la Generalitat.

Renfe abre una investigación 

La operadora ferroviaria ha activado el Plan de Asistencia a Victimas y familiares del accidente de trenes registrado la tarde de este viernes en la línea R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa (Barcelona) y ha habilitado un número de teléfono para atender a los afectados, el 900101020.

Renfe ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente entre dos trenes la tarde de este viernes en la línea R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa. Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera entre Sant Vicenç y Manresa para atender a los viajeros afectados que viajaban en los dos trenes.

Como consecuencia del accidente, la circulación en la C-55, donde hay entre cuatro y cinco kilómetros de retención, se ha cortado en ambos sentidos por las tareas de los servicios de emergencia, y se está desviando el tráfico hacia la C-16, según el Servei Català de Trànsit.

El año 2018 se iniciará con subidas en la tarifa de gas natural, los sellos, los peajes de las autopistas, y una revisión catastral en 1.830 municipios, al tiempo que arrancará con una subida del 4% en el Salario Mínimo y del 0,25% en las pensiones, el mantenimiento de los precios de algunos servicios básicos, como el de Cercanías, o una bajada de las tasas aeroportuarias, informa Europa Press.

El IPC concluyó 2017 con un alza del 1,2%, por encima de la subida de los sueldos de empleados públicos este año (+1%) y del aumento experimentado por las pensiones (+0,25), con las consiguientes pérdidas de poder adquisitivo, si bien se sitúa por debajo del incremento salarial pactado en convenio, que hasta noviembre alcanzaba el 1,43%.

Por el momento, se mantendrá el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) a expensas de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2018, si bien el SMI subirá un 4%, hasta los 735,9 euros mensuales en 14 pagas (10.302,6 euros al año), y las pensiones se revalorización un 0,25% desde el 1 de enero.

En cuanto al sueldo de los funcionarios, el Gobierno baraja una subida de al menos un 1,5% en 2018, tras haber descartado a los sindicatos la congelación de los sueldos públicos, en un contexto de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 pendientes de aprobación.

La energía empezará el año con subidas

En lo que se refiere a la energía, los precios del sector empezarán el año al alza, debido, entre otros factores, a las subidas en los precios de la materia prima, con un barril de crudo instalado por encima de la cota de los 60 dólares.

Así, esta tendencia alcista en el precio del petróleo en el último trimestre del año ha llevado a los combustibles a escalar a niveles máximos. El precio medio del litro de gasóleo se sitúa en los 1,137 euros, su nivel máximo desde julio de 2015, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Por su parte, el precio del litro de gasolina alcanza los 1,235 euros.

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se congelará para este año, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como pool, que afecta a algo más de un tercio del recibo.

No obstante, la tensión en el pool se mantendrá, al menos en el arranque del año, aunque no será tan aguda como la de enero de 2017, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena, unido a otros factores, llevó a marcar los registros más elevados desde diciembre de 2013.

Aún así, la factura de la luz ha cerrado 2017 con un encarecimiento interanual de más del 10%, lo que supone un pago en el total del ejercicio de más de 80 euros.

Mientras, la tarifa de gas natural, a pesar también de la congelación de los peajes, recibirá en enero a los consumidores domésticos en 2017 con una fuerte subida del 6,2% frente al precio del trimestre anterior debido a ese encarecimiento de las materias primas.

Por su parte, la bombona de butano subió un 2,1% el pasado mes de noviembre, con un precio máximo de 14,45 euros, y no se revisará hasta el tercer martes de enero.

La telefonía se congela pero suben los paquetes

En el campo de la telefonía, Telefónica ha decidido congelar por quinto consecutivo a partir de enero la cuota de abono, que se mantendrá en los 17,40 euros IVA incluido, una medida que afecta cada vez a menos clientes, ya que solo la pagan los de telefonía fija y banda ancha fija que no tienen contratado ningún paquete de servicios.

Por su parte, los paquetes ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, la opción más común en la actualidad, registrarán nuevas subidas de precios en 2018 a cambio de más velocidad en fibra, más datos en el móvil y nuevos servicios, un movimiento al que se podrían sumar otras marcas próximamente.

IRPF

En el capítulo de impuestos, si finalmente se aprueban los Presupuestos de 2018, el Gobierno incluirá una nueva bajada del IRPF, que irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad, así como a personas de "cierta edad".

Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. También se elevan las cuantías de las ayudas por comida y de las becas por estudio exentas del IRPF.

El euríbor y el IBI

En cuanto al euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerró diciembre en el -0,19%, por lo que sigue acumulando mínimos históricos, lo que permitirá abaratar las hipotecas a las que toque revisión en unos 70 euros anuales. Se prevé un mantenimiento hasta finales de año, cuando podrían notarse las primeras subidas.

Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, solicitada por 1.830 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se devenga el 1 de enero, si bien no supone necesariamente una elevación del IBI, ya que son los ayuntamientos los que deciden la cuota del impuesto.

Suben los peajes de autopistas y se mantienen las tarifas de tren

En cuanto a las tarifas de tren, Renfe congelará por el momento los precios de los billetes de Cercanías y de Media Distancia convencional en 2018 por tercer año consecutivo, después de haber subido a principios de año un 1% el precio de los trenes AVE y de Larga Distancia, lo que encareció el billete 48 céntimos de media.

A su vez, el precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado subirá un 1,91% a partir del próximo 1 de enero, lo que supondrá su primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y 2017.

La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento.

Las tasas aeroportuarias bajan un 2,22%

Respecto a las tasas aeroportuarias, Aena aprobó en julio la propuesta de tarifas aeroportuarias aplicables para 2018, que supondrá una rebaja del 2,22% a partir del 1 de marzo, coincidiendo con el inicio de temporada alta para el sector aéreo, siguiendo lo establecido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

A esta rebaja se añade el descenso en las tasas de navegación aérea de ruta del 3% en 2018, del 4% en 2019 y del 5% para 2020, contemplada en el Plan de Navegación Aérea 2017-2020 de Enaire, matriz de Aena, conocido como Plan de Vuelo 2020.

Hay que recordar que Fomento ha elevado la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares del 50% al 75%.

Además, desde abril de 2017 se aplica en los aeropuertos estacionales un descuento del 5% en la tasa de pasajeros a los viajeros adicionales de cada ruta durante la temporada de invierno y un 5% adicional si la compañía mantiene al menos el mismo número de pasajeros en la ruta en la de invierno de 2018.

Sube el sello un 10%

El sello para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales subirá un 10% el 1 de enero de 2018, de forma que pasará a costar 0,55 euros, frente a los 0,50 euros actuales.

Se trata de la tercera mayor subida que esta tarifa postal, considerada de servicio publico, registra en la última década, tras las del 11,1% de este año 2017 y la del 10,5% que experimentó en 2015.

La carga se produjo cuando un nutrido grupo de manifestantes lanzó bombas de humo y zarandeó las vallas que protegían la entrada al Congreso. En ese momento, un grupo de antidisturbios creó un cinturón de seguridad para proteger el perímetro, aunque tuvo que ceder algunos metros, según informó Europa Press.

Instantes después, otro grupo de antidisturbios entró a la calle desde el paseo del Prado y cargó en lateral desde la acera, generando una avalancha.

Tras la actuación policial, los manifestantes increparon a los antidisturbios y corearon "somos taxistas, no terroristas" mientras un manifestante subido a un camión con altavoces gritó por megafonía que no se van a ir hasta que haya soluciones. "¡Queremos que nos vean, no nos van a mover de aquí!", gritó.

Huelga contra las licencias VTC

Una multitudinaria manifestación de taxistas provenientes de toda España arrancó este martes a las 11.30 horas para reivindicar que se articulen medidas que regulen la actividad de plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber o Cabify, a las que acusan de competencia desleal.

La protesta la convocaron las principales asociaciones del sector (Fedetaxi, Antaxi, Élite y las plataformas TNT y Caracol) y tuvo lugar desde Atocha hasta Neptuno, en el marco del paro de 24 horas convocado en todo el país.

Una veintena de taxis decorados con lemas como "no + VTC" o "Save the Taxi", y ataviados con banderas de sus comunidades de origen encabezaron la manifestación, que discurrió con gritos y consignas contra las plataformas VTC.

Tras la cabecera de vehículos de la manifestación, un camión cargado de altavoces amenizó la marcha con música festiva y un locutor, al estilo de un DJ, que lanza consignas y anima el ambiente.

Entre los lemas coreados se pudo escuchar "El Taxi unido jamás será vencido", "Rajoy, escucha, el Taxi está en lucha" o "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra".

Paro nacional

Profesionales del taxi de todo el país se congregaron en Madrid para respaldar la manifestación, donde se aprecian taxis negros y amarillos de Barcelona y con banderas de distintas asociaciones de taxistas y municipios y comunidades de España.

Las movilizaciones de este miércoles reavivaron el conflicto abierto desde hace meses entre el gremio del taxi y las empresas como Uber y Cabify, toda vez que los tribunales comenzaron a conceder las alrededor del 10.000 licencias de VTC que se espera se concedan por vía judicial como consecuencia de un vacío legal abierto en el sector hace unos años.

Asimismo, las movilizaciones sucedieron a las ya registradas en la primera mitad del año y tienen lugar en tanto el Ministerio de Fomento ultima aprobar por Real Decreto un conjunto de medidas para ordenar ambos sectores y que "convivan en armonía".

Los taxistas, según adelantó este martes el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), están dispuestos a convocar más movilizaciones en caso de que el tras el paro de este miércoles no observen "voluntad política" para solventar el problema.

Aunque uno de los manifestantes explicó a Europa Press que en el sector del Taxi, sobre todo en Madrid, donde circulan 16.000 vehículos, hay muchas posturas y no se puede generalizar sobre este tipo de asuntos, aseguró que su intención no va más allá de manifestarse este miércoles y cumplir con el paro de 24 horas.

Otro taxista venido de Valencia para secundar el paro cuestionó la eficacia de una huelga indefinida y defendió que la mejor vía para combatir el problema de las VTC es denunciar la "connivencia" del poder político con las multinacionales Uber y Cabify.

"Creo que, mejor que un paro indefinido, sería organizar actos puntuales bien organizados para que la población vea lo que pasa", explicó, para después criticar que Uber está contratando a antiguos cargos políticos.

Las patronales de taxistas habilitaron lo que denominan "servicios mínimos sociales", taxis con unos distintivos que se centrarán en atender a colectivos como mayores y discapacitados, a los que realizarán carreras gratuitas.

La huelga general en el sector provocó desde primera hora de la mañana retenciones en las entradas a Madrid, con hasta 14 kilómetros de atasco en la A-6 y afecciones en todas las carreteras. De hecho, las calles más céntricas o las estaciones de Atocha y Méndez Álvaro, aunque se encuentran con taxis sin servicio.

Los taxistas sopesan convocar un paro en todo el país el próximo 29 de noviembre en protesta por la proliferación de compañías de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, cuyas licencias superan las fijadas por ley y sus prácticas de intrusismo y competencia desleal.

Así lo indicó Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, mayor asociación del gremio, tras concluir de forma "insatisfactoria" la reunión mantenida este lunes con el Ministerio de Fomento.

"Nos vamos a replantear convocar un paro nacional, aunque no nos gusta tener que causar molestias a nuestros clientes", indicó Leal. El eventual paro se sumaría a la manifestación que ya está convocada en Madrid para ese mismo día 29.

El presidente de la patronal del taxi consideró insuficientes las medidas que Fomento ultima para ordenar la convivencia entre este gremio y las nuevas empresas de transporte urbano.

En su opinión, no servirán para mejorar el control sobre las VTC y evitar que capten clientes por la calle, algo que por ley no pueden hacer.

El representante del taxi denuncia además la existencia de conductores de VTC "piratas" "piratas", que dan servicio sin la correspondiente licencia, que se suman a los miles que las lograrán por vía judicial en los próximos dos años en virtud del vacío legal en el sector de hace unos ejercicios.

Por todo ello, el presidente de Fedetaxi pide medidas adicionales y que se impliquen todas las administraciones para solventar un problema que, según auguró, puede generar conflictividad y alteración del orden público.

Unauto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor, como son Uber y Cabify, rechaza la intención del Ministerio de Fomento de restringir dos años la compraventa de licencias de este sector, al considerar que supone un "agravio comparativo inaceptable" con el del taxi.

La asociación estima que la medida sólo tiene como objetivo "seguir protegiendo el monopolio del taxi" y no evitar la especulación con las autorizaciones de VTC, en contra de lo que argumenta Fomento.

Así, Unauto señala el hecho de que en el paquete de medidas normativas que ultima el Ministerio "no se incluyan iniciativas para acabar con el arrendamiento ilegal de licencias de taxi, que hacen posible que sus propietarios cobren alquileres mensuales que superan los 2.000 euros sin trabajar".

La asociación responde de esta forma al anuncio que Fomento realizó este martes, tras reunirse con las principales asociaciones de taxistas, sobre su intención de prohibir la compraventa de licencias de VTC en los dos años siguientes a su obtención, con el fin de evitar especulación con las miles de autorizaciones que se espera que el sector consiga por vía judicial en los próximos meses.

En un comunicado, Unauto tachó de "inaceptable" que el Ministerio "planee cambios normativos para seguir restringiendo la operativa de las VTC", al considerarlo "un agravio comparativo inaceptable", dado que las autorizaciones del taxi podrán seguir transmitiéndose libremente mientras que para las VTCs se establece un plazo de dos años.

Por ello, considera que "la ley se modificará para proteger y blindar el control que tienen los taxis en las calles españolas", con lo que considera que España es el único país de la UE que "cambia su ley de transporte no para actualizarla y adaptarla al nuevo contexto, sino para hacerla más restrictiva".

La patronal de empresas como Uber señala asimismo el hecho de que, a pesar del anuncio de restricciones a las VTC de Fomento, el taxi mantiene las huelgas y manifestaciones convocadas para mañana jueves y el viernes, con lo que considera que a este sector "sólo le preocupa la protección de sus intereses, sin atender al perjuicio que pueda causar a los ciudadanos y a la imagen de Madrid".

Unauto también lamenta que Fomento anunciara sus medidas en una reunión con las asociaciones del taxi, a la que no fue convocada en representación de los VTC, por lo que demanda una reunión "urgente" con el Ministerio, "con el fin de tratar de acabar con esta "anómala situación".