En 1979, España firmó cuatro acuerdos con la Santa Sede que siguen vigentes. Aquellos pactos se suscribieron en plena Transición, cuando el país trataba de salir de una dictadura que había impuesto el nacionalcatolicismo y buscaba un equilibrio con una Iglesia entonces y todavía hoy muy poderosa.

Más de cuatro décadas después, vivimos en una democracia plural y aconfesional. La sociedad ha cambiado profundamente, pero los acuerdos apenas lo han hecho. Seguimos utilizando un marco jurídico-religioso del siglo XX en pleno siglo XXI.

El artículo 16.3 de la Constitución es inequívoco: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Sin embargo, los acuerdos actuales otorgan a la Iglesia católica privilegios que contradicen este principio constitucional. Algunos ejemplos son el mantenimiento de la asignatura de Religión en centros sostenidos con fondos públicos, la financiación directa vía IRPF o el reconocimiento del matrimonio canónico con efectos civiles. Son prerrogativas que vulneran el principio de neutralidad del Estado.

El PSOE ha incluido en numerosos programas electorales la revisión o denuncia de estos acuerdos. En 2008, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció una reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, aprobada por el Gobierno de Adolfo Suárez, con la intención de transformarla en una Ley de Libertad de Conciencia que garantizara la neutralidad institucional. La iniciativa del Ejecutivo de Zapatero pretendía actualizar una norma nacida cuando España aún despertaba del largo sueño nacionalcatólico. Pero aquella promesa acabó, una vez más, en un cajón.

En 2012, durante la pugna por la Secretaría General del PSOE, tanto Carme Chacón como Alfredo Pérez Rubalcaba recuperaron la idea de revisar los acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, la realidad es tozuda: ningún Gobierno socialista ha dado pasos efectivos. Prometer es fácil; cumplir la Constitución, parece que no tanto.

Los efectos de estos acuerdos no son meramente simbólicos. España sigue siendo el único país que mantiene una Diócesis Castrense, con su arzobispo y un cuerpo de capellanes militares equiparados a oficiales del Ejército, la mayoría con rango de capitán y retribuidos con fondos públicos. Es un privilegio anacrónico en un Estado que se define como aconfesional.

La enseñanza de religión en centros financiados con dinero público es otro ejemplo de esa herencia que conviene revisar. La educación debe ser neutral y basada en el conocimiento, no en la fe. Las creencias pertenecen al ámbito privado en el hogar, las parroquias, las mezquitas o las sinagogas, no en las aulas sostenidas por todos. Solo así se garantiza el respeto a todas las confesiones y también a quienes no profesan ninguna. Ninguna democracia avanzada impone una religión desde la educación pública.

Revisar los acuerdos con la Santa Sede no es un ataque a la Iglesia. Es una oportunidad para garantizar la neutralidad del Estado, proteger la libertad de conciencia y modernizar las relaciones entre España y el Vaticano, como ya han hecho otros países europeos. Si la Santa Sede se negara a revisarlos, España tiene el derecho y el deber de denunciarlos unilateralmente, tal y como permite la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La alternativa es clara y razonable: educación pública sin religión; financiación voluntaria de las confesiones, como en Alemania; régimen fiscal común para todas las entidades; matrimonio civil único con efectos legales; y relaciones diplomáticas normales con la Santa Sede.

No se trata de eliminar ninguna religión, sino de situarlas donde corresponde: en el ámbito privado y comunitario, sin privilegios ni interferencias. Revisar o denunciar los acuerdos no es una cuestión ideológica, sino jurídica, política y democrática. La Constitución de 1978 nos ofrece las herramientas necesarias para consolidar un Estado plural y neutral. Cuatro décadas después, ha llegado el momento de utilizarlas.

La religión debe ser libre. El Estado, también.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Dada la mayoría que el PP y Vox tienen en el Ayuntamiento de Jumilla, el requerimiento del Gobierno enviado al municipio para que anule el acuerdo que impedirá de facto la celebración de festividades musulmanas en el pabellón deportivo municipal de la localidad cuenta, a priori, con muy pocas opciones de prosperar. Pero el escrito supone el último trámite administrativo antes de que el Ejecutivo recurra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la moción presentada por Vox y luego blanqueada por el equipo de gobierno del PP con el objetivo claro de impedir en dependencias municipales los actos religiosos que la comunidad musulmana de esa localidad venía celebrando desde hace décadas sin ningún tipo de problema y siempre con licencia del Ayuntamiento, según explicó el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal.

El escrito de la Abogacía del Estado, firmado por la delegada del Gobierno en Murcia, María Dolores Guevara Cava, se basa en el texto inicial de la moción de Vox (luego enmendada y apoyada por el PP), las declaraciones de sus dirigentes y las reflejadas en sus perfiles en redes sociales para concluir lo obvio: que el acuerdo que insta al ayuntamiento a "proteger" y "defender" los "valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país" y le obliga a reformar el reglamento de instalaciones deportivas para impedir su uso para "actividades culturales, sociales o religiosas" tiene una única finalidad: la voluntad política de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en esas instalaciones. Un objetivo que sus promotores —el único concejal de Vox y el grupo municipal mayoritario del PP— no solo no ocultan, sino que reconocen expresamente.

El acuerdo, aprobado el pasado 28 de julio, parte de una moción presentada por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento. En ella, el edil reclamaba al Gobierno Local la prohibición de la celebración pública del Eid al-Adha, la fiesta del cordero musulmana, y "otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones". También le pedía que reclamara a las autoridades promover "la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal", el que certifica que el animal se ha sacrificado conforme a la tradición islámica. En la motivación de la declaración aseguraba, además, que esa fiesta suponía "un retroceso cultural" y un "agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas". Para aprobarla, el equipo de gobierno del PP la enmendó retirando toda la parafernalia racista y antimusulmana de Vox, pero manteniendo su esencia discriminatoria: que se reformara la normativa municipal para evitar que los musulmanes siguieran desarrollando su celebración en el pabellón deportivo.

Que el objetivo era ese también se desprende de las declaraciones posteriores a que se aprobara el acuerdo. "Solo estamos defendiendo nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad", dijo el concejal de Vox a un periódico local. El edil también aseguró que, a partir de ese momento, "no se volverá a celebrar ni el fin del Ramadán ni el rezo del cordero". En su perfil de X, la formación ultraderechista se vanaglorió de haber conseguido que se aprobara "el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos en España". "España ha sido y seguirá siendo un pueblo cristiano", añadió.

Todo ello conduce a la Abogacía del Estado a concluir que, "aunque el texto final del acuerdo formalmente parece orientado a organizar el uso de las instalaciones deportivas municipales [...], la conformación del acuerdo revela una intención distinta y subyacente que incurre en vulneraciones añadidas de nuestro ordenamiento jurídico". "Se observa así que la motivación real del acuerdo se encuentra en la voluntad política [de Vox y también del PP] de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones deportivas municipales", añade el escrito del Gobierno. Esa finalidad real revela que el texto que finalmente se aprobó supone "un supuesto manifiesto de desviación de poder", es decir, un uso de las potestades políticas administrativas contrarias al ordenamiento jurídico "que deriva indefectiblemente en la anulación del acuerdo afectado por tal vicio". En realidad, insiste el abogado del Estado, "bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa".

El recurso recoge también una profusa descripción de lo que supone ese derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución. En primer lugar recuerda que ese precepto constitucional así como la ley orgánica que lo desarrolla establece que el único motivo por el que la libertad religiosa puede limitarse es el "mantenimiento del orden público". "La exclusión de actos religiosos ajenos al ayuntamiento sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos constituye una restricción injustificada de este derecho fundamental" que "afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, impidiendo el ejercicio colectivo del culto sin una justificación objetiva", según los servicios jurídicos del Estado.

Pero, además, el acuerdo propuesto por Vox y apoyado por el PP incumple otro precepto constitucional: el que obliga a que cualquier regulación o limitación de cualquier derecho fundamental —y la libertad religiosa es uno de ellos— solo pueda hacerse mediante ley que, además, tiene que ser orgánica. Y cita una sentencia del Supremo que anuló la prohibición del uso del burka en dependencias municipales del Ayuntamiento de Lleida. "Según el referido precepto constitucional, todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una ordenanza municipal", estableció el Alto Tribunal en 2013. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce el derecho a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y obliga a los "poderes públicos" a adoptar "las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos".

El Gobierno considera igualmente que la moción ultra vulnera el principio de neutralidad religiosa de la Administración, establecido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la máxima autoridad en derechos fundamentales reconocida por el derecho español. Ese principio establece la garantía de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sin obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada. "La neutralidad institucional en cuanto a la religión impide que las administraciones puedan inmiscuirse en debates estrictamente dogmáticos o de moral religiosa, debiendo conciliar los intereses de diversos grupos y garantizar el respeto de todas las creencias", dice el recurso firmado por la delegada del Gobierno en Murcia.

Una vez enviado el requerimiento, el Ayuntamiento de Jumilla tiene un plazo de un mes para aceptarlo y anular el acuerdo, o rechazarlo. A partir de ese momento, el Gobierno tendrá abierta la vía para recurrir ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, aunque la ley también faculta al Ejecutivo a saltarse este trámite y acudir directamente a los tribunales.

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su utilización para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa. Ha informado EFE.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".

Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad confesional de la Administración.

Además, considera que el acuerdo adoptado supone también una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general, tal y como señala el escrito, al que ha tenido acceso.

"No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa", recoge el requerimiento.

En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida tomada por el Gobierno: "Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia", ha dicho Bolaños.

Entiende el Gobierno que la corporación municipal no desea limitar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades de ámbito deportivo, sino excluir la celebración de las festividades religiosas que hasta ahora allí se celebraban "y que resultaban ser las musulmanas que periódicamente se venían realizando en dichos espacios".

El Gobierno argumenta que la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento "sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos" constituye una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.

"La motivación real del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores", señala el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.

La motivación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla de 28 de julio de 2025 se observa una vulneración del principio de neutralidad religiosa de la Administración y la Administración debe garantizar el uso equitativo de espacios públicos, sin favorecer ni obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada.

Por todo ello, requiere a la corporación local que revoque el acuerdo, que contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que excluye actos religiosos ajenos a la corporación, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

Durante mi niñez, la Semana Santa venía impregnada de la tradición religiosa, que dejaba caer todo su peso de la mano de la dictadura franquista. Con el agravante de que los Carnavales que debían preceder a estas fechas estaban prohibidos, así que esos días resultaban oscuros y, para la mirada infantil, algo siniestros. Se celebraba en términos de luto la muerte de nuestro Señor, lo cual, considerando que se trataba de una ejecución sangrienta y con torturas diversas, resultaba muy duro de digerir. 

Procesiones y misas se sucedían durante la cuaresma y en la semana de pasión, en medio del fervor popular. Eran tiempos solemnes, de expiación y tristeza, en los que ciudadanos, guardias civiles, policías, legionarios, regulares y militares en general se ponían al servicio de esa tradición oscura en la que el gobernador y el cura ocupaban todo el espacio detrás de los tronos y “pasos” procesionales, y con la desventaja, además, de no poder comer carne. Si algún adulto te pillaba riendo, la regañina o el capón eran de campeonato. Sobre todo, durante los días de jueves y viernes santo. El bacalao en sus diferentes acepciones y el potaje, de bacalao también, con espinacas y garbanzos, eran los platos preferentes. El único consuelo dulce venía de las torrijas, que en cada casa se hacían de una manera diferente, todas buenísimas. Con miel, con anís, con vino, o solo de leche, azúcar y canela.

No había colegio y eso al menos marcaba la diferencia. Por lo demás, esperabas al sábado con interés para que se relajase la guardia sobre tus acciones —no correr, no cantar, mantener un tono bajo y preocupado—. En Semana Santa, en el cine veías películas edificantes, Marcelino Pan y Vino, por ejemplo; producciones sobre la Biblia, que llevaban a grandes peliculones como Ben Hur, Quo Vadis. Las Sandalias del Pescador o la Túnica Sagrada pongo por caso, y que aún se repiten en algunas cadenas ultraconservadoras.

Por Semana Santa se liberaba a algunos reclusos (tradición que se mantiene todavía) en un magnánimo gesto que data de tiempos cuasi ancestrales, emulando la historia de Barrabás. En 1447, durante el reinado de Juan II de Castilla (padre de Isabel la Católica), una Ley otorgaba a las cofradías el privilegio para proponer indultos en esos días. Hoy, las cofradías mantienen el derecho a continuar tal prerrogativa que nació en Burgos en aquella fecha, aunque, en nuestros tiempos, debe ser concedida por el Ministerio de Justicia y sancionado por el Consejo de ministros. 

La II República no hizo ascos a las fiestas de tradición como la Semana Santa, conceptuándola en este caso como “una interpretación del pueblo hacia lo sagrado” y no como un acontecimiento estrictamente religioso. Llegó, incluso, a subvencionarlas. 

Durante la dictadura, el franquismo vivió una relación simbiótica con la Iglesia, y ese vínculo, que estaba presente de forma absoluta en la sociedad española, tenía su máxima expresión durante la Semana Santa, aún más si cabe que durante las fiestas navideñas. 

Se procesionaba por toda la geografía española, siendo Andalucía un punto clave del fervor religioso, y donde las hermandades preparaban durante todo el año la semana de pasión. 

Pero no es extraño ver todavía aquí y allá símbolos y detalles relacionados con el dictador. Leo en un artículo de La Marea que no hace tanto tiempo, en el año 2000, Carmen Franco Polo donó un fajín de su padre a la Hermandad del Baratillo, en el Arenal de Sevilla, para la Virgen de la Caridad. En Cartagena, la Asociación de la Memoria Histórica realizó esfuerzos continuos para que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el hermano mayor de la cofradía de California dejara de portar un emblema franquista. La lista de estas devotas y políticas uniones es variada. No en balde el dictador ostentaba cargos honorarios en diferentes entidades, como la presidencia de honor de la Cofradía del Descendimiento y Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con que se le distinguió en 1940.

Lo cierto es que el ministro Fraga Iribarne y su proyecto de turismo para España motivaron que la Semana Santa se convirtiera en un objetivo para el desarrollo, iniciando la desacralización extrema de esta fiesta, y con la transición, las cosas empezaron a cambiar en el terreno de las festividades. En el libro El franquismo se fue de fiesta, sus autores refieren: “Fue una transición dulce, no tan dura como en lo político y social: lo que había entonces eran ganas de divertirse”. “Cada autonomía comienza a construir su hegemonía cultural a partir de las fiestas”. Un caso evidente: de nuevo, el andaluz que consideraba lo festivo como algo indisociable de su idiosincrasia.

La presencia del franquismo en la Semana Santa parece haberse extendido hasta nuestros días. Recientemente, en Guadalajara ha saltado la polémica, pues Izquierda Unida de esa localidad ha exigido al Ayuntamiento “la retirada física y digital de todos los programas de Semana Santa por hacer apología de la sublevación militar de 1936”, así como «su reedición en términos que sean admisibles por una democracia».

El asunto es que la formación ha detectado que el Ayuntamiento reproduce textos de las distintas cofradías sobre las procesiones que se van a llevar a cabo, en los que en algún caso consideran que “permite llamar a la sublevación cívico-militar encabezada por Franco y a la Guerra Civil 'Cruzada de Liberación', asumiendo la terminología franquista y nacional-católica”.  Esto ocurre con la Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, fundada en 1948 con el nombre de “Hermandad de Caballeros Cruzados Ex Combatientes del Santo Sepulcro". La explicación prolija de estos orígenes y refundación en 1989, también de la mano de excombatientes, ha motivado la protesta.

Hoy la semana Santa se mantiene con su luz de tradición y sus sombras aún no despejadas de un pasado rancio en que Iglesia católica y dictadura se daban la mano, de modo que la maquinaria religiosa preconizaba a la sociedad sumisión y agradecimiento a un régimen que la constreñía. Por supuesto, existe un fondo de genuina fe en multitud de personas que acuden a las procesiones y a las celebraciones religiosas siguiéndolas con respeto y recogimiento. Aún me recuerdo a mí mismo dando el pregón de Semana Santa en uno de mis destinos profesionales, en Villacarrillo (Jaén), y su reproducción reiterada durante años en la COPE de Sevilla en la madrugada del Viernes Santo.

Pero no es menos cierto que la Semana Santa se ha convertido en una fecha vacacional esperada y disfrutada, que los hosteleros esperan con avidez crematística y en la que la religión, para una gran mayoría nacional y extranjera, es un reclamo curioso, escenario de series y películas (que algunos confunden con los sanfermines), y propio de estas fechas. 

Ello es normal en un Estado constitucionalmente laico y a nadie debería sorprender. 

Aunque es verdad, también, que los elementos más fanáticos se revuelven contra la pérdida del objeto ostensiblemente religioso inicial.

Sin ir más lejos, no hay que olvidar que en esos ambientes se ha mostrado la oposición a la proposición de Ley socialista que entró en enero de este año en el Congreso de los Diputados y que contempla la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos previsto en el artículo 525 del Código Penal, en base a lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH expone que “la libertad de expresión recubre también las ideas que ofenden, conmocionan o perturban, de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública». En su proposición, el PSOE indica que el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) “tiene como límite el discurso del odio (…) de tal manera que sólo en ese punto, y no antes, nace la obligación positiva de intervención por parte del Estado”.

Hasta ahora, el artículo 525 castiga “a quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”, además de a los que “hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.

Lo que se pretende al derogarlo es garantizar que se pueda hacer una crítica pública y legítima a las creencias de una religión, “que es lo mínimo exigible en un Estado democrático que garantiza en un sentido real el derecho a la libertad de expresión y creación”. 

No tardaron elementos de ultraderecha como Abogados Cristianos y Hazte Oír —que tan activa se muestra en algunos procesos judiciales que afectan a instituciones públicas, como la Fiscalía General del Estado o en relación a la esposa del presidente del Gobierno— en poner el grito en el cielo, dicho esto sin ánimo de molestar, al considerar que el citado 525 protege el derecho fundamental a la libertad religiosa. Tantos años después seguimos con las mismas cantinelas fundamentalistas.

Dicho todo esto, animo a que cada cual celebre la Semana Santa y la Pascua como su formación, su espíritu y su conocimiento mejor le hagan entender. Que la vivan con devoción si así lo sienten; que se alegren con unos días de holganza; que les sirva para disfrutar de la familia, de la naturaleza y de los viajes. Y que, en todo caso, aprovechen para conocer una tradición que cuenta con obras de arte formidables y llena las calles de historia, aunque sea una historia cruenta y políticamente instrumentalizada durante décadas por las élites político religiosas dominantes del momento.

Les deseo una semana apasionante, pero no olviden que las víctimas actuales de dinámicas genocidas y contra la humanidad están hoy en día en Palestina y, especialmente, en Gaza. Espero que, durante estas fechas de exaltación religiosa de la muerte y la resurrección, haya un mínimo tiempo para exigir justicia.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El Tribunal Supremo tampoco ha visto delito en la actuación del escultor Eduardo Tenreiro, quien pintó en 2018 una paloma de la paz en la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, y ha ratificado la absolución que decretaron dos tribunales anteriores, según informa EFE. La Sala de lo Penal considera "razonable y motivada" la conclusión absolutoria a la que llegaron la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y confirma que la acción del acusado no impidió el ejercicio de la libertad religiosa de quienes estaban en la basílica para una celebración que aún no había empezado.

Tenreiro se sentó en el banquillo en 2021 acusado de delitos contra la libertad de conciencia y de profanación y daños en tumba por los que la Fiscalía pidió para él un año de prisión tras pintar en color rojo sobre la tumba del dictador Franco una paloma de la paz con el texto "por la libertad" y gritó "por la reconciliación de los españoles".

Según declaró probado el tribunal que le absolvió, el 31 de octubre de 2018 el escultor gallego accedió a la Basílica del Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros) cinco minutos antes de que comenzase la misa, "y sin que conste que tuviera intención de interrumpirla sino de hacer expresión de sus ideas".

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Hurtado, la Sala rechaza todos los motivos que esgrimió, en busca de una condena, la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos, a quien reprocha que intente modificar los hechos probados para declarar que se produjeron "cuando estaba comenzando la misa".

Esta asociación, que pedía para el acusado dos años y cinco meses de prisión, quería añadir que la pintada se realizó "con la intención de ofender tanto la memoria" del dictador "pasando por encima de los sentimientos religiosos" de los asistentes a la misa, en lugar de lo declarado por el tribunal: que no consta que tuviera intención de interrumpirla, sino de expresar sus ideas.

La Sala sostiene que carece de la inmediación para valorar pruebas de carácter personal, necesaria cuando hay que ponderar intenciones, y eso "hace inviable colocar en los hechos probados esa 'intención de ofender'" que trata de introducir la Asociación.

Trataremos un caso extraño que se refiere a la privilegiada consideración económica, educativa, mediática… que en España y muchos otros países disfrutan los creyentes religiosos –especialmente cristianos, musulmanes y judíos–, así como sus creencias y sus doctrinas morales, frente al conjunto de la ciudadanía y sus conocimientos y valores comunes, basados idealmente en la racionalidad científica y los derechos humanos. 

No satisfechos con esos privilegios, algunos de aquellos creyentes ponen denuncias o reaccionan violentamente porque sienten «ofendidos» sus «sentimientos» por un quítame allá esas pajas (si me permiten que lo diga así).

Para que se comprenda mejor mi argumentación, repasemos dos aspectos de lo que esos creyentes defienden y quieren ver libre de «ofensas».

Merece la pena contrastar, mediante algunos ejemplos, las creencias fácticas de las religiones, de tipo dogmático (basadas en la autoridad incontestable de libros o seres sagrados), sostenidas institucional y/o mayoritariamente –si no me equivoco– por las citadas tres religiones abrahámicas, con lo que sabemos con alto grado de verosimilitud gracias a la ciencia; para luego confrontar lo que sucede cuando alguien rebate (o se ríe de) alguna creencia religiosa o alguien rebate (o se ríe de) algún conocimiento científico.

Religiones: Dios/Yavhé/Alá lo creó todo, especialmente a la especie humana, para mayor gloria Suya, y cuida de su creación interviniendo milagrosamente de vez en cuando en el mundo desde un más allá inmaterial. Es lo que se conoce como «creacionismo», del que existen variantes, sobre todo según se acercan o alejan de la literalidad de los libros «sagrados», especialmente del Pentateuco (o Torá), que tienen en común. Las tres religiones siguen creyendo en Adán y Eva (véase, por ejemplo, el Catecismo vigente de la Iglesia católica).

Ciencia: con el método científico (que exige pruebas, afirmaciones susceptibles de ser falseadas…) buscamos la explicación de todos los fenómenos naturales por causas naturales; por tanto, sin intervenciones sobrenaturales desde ningún más allá (se rechazan los milagros, y no hay pruebas serias de ninguno). El origen de todas las especies, incluyendo la humana, lo explica el evolucionismo neodarwinista, que no admite una finalidad en la evolución. Se rechaza por tanto el creacionismo. La historia de Adán y Eva no es más que un mito. 

Religiones: Tenemos un alma que explica la conciencia y que sobrevive a la muerte corporal.

Ciencia: La conciencia humana se explica por el funcionamiento del cerebro; al morir una persona cesa su actividad cerebral y mental, y por tanto la conciencia.

En este caso, las respuestas no vendrán desde la ciencia (pues esta no entra en el terreno de la moral), sino desde los derechos humanos. Sin duda hay valores positivos en las religiones –y yo diría que más aún en los creyentes–, pero aquí nos centraremos en lo que parecen más bien "contravalores".

Religiones: Hay que amar y adorar a Dios/Yahvé/Alá. Y a Jesús, y/o a la Virgen, y/o a Mahoma… Estos dioses o personajes (entre otros) son modelos a seguir. Si no se hace así y no se siguen sus sagrados mandatos, habrá castigos en esta vida y/o tras la muerte.

Desde los derechos humanos: El Dios/Yahvé/Alá esencialmente común de las tres religiones abrahámicas es un pésimo ejemplo. En «el libro» sagrado común (el Pentateuco, o Torá) vemos que este ser de ficción era, según resume Richard Dawkins, «mezquino, injusto e implacable […] un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico; un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida...». En nombre de ese Dios común y sus mandatos se han llevado a cabo (y se siguen realizando) las mayores atrocidades.

Religiones: Rechazamos el laicismo (especialmente en educación y economía), la libertad de las mujeres para abortar, tomar anticonceptivos…, la de todos para realizar la eutanasia; negamos el derecho de los homosexuales a mantener relaciones sexuales, a casarse y a adoptar niños. La «salvación» de cada persona, en cada confesión exige fidelidad a sus propios dictados.

Desde los derechos humanos: Las negaciones de libertades y derechos se oponen a derechos humanos fundamentales, en especial el de libertad de conciencia. Lo de la «salvación» exclusiva ha dado pie a xenofobia, integrismo y violencia, y ha promovido comunitarismos represores de la libertad de conciencia.

Desde las religiones se exige no sólo a sus creyentes, sino a toda la sociedad, un «respeto» especial a sus «dogmas, creencias, ritos o ceremonias» (por abreviar, a sus «cosas»). Y la sociedad y el Estado suelen aceptarlo; por ejemplo, el artículo 525 del Código Penal español considera un delito el «escarnio» de las cosas religiosas cuando se hace «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa». En otras palabras, hace delito de la blasfemia. Y los artículos 522 a 524 también conceden una consideración privilegiada a los actos y sentimientos religiosos. 

¿Merecen ese trato preferente las cosas religiosas? Los representantes en España de las religiones citadas tienen claro que sí: cuando el Gobierno ha hablado de eliminar el art. 525 (raro gesto, dada su complicidad confesional en tantos temas sensibles), les ha faltado tiempo para salir a la palestra a protestar.

En ocasiones observamos que la crítica a las creencias religiosas fácticas (presumiblemente falsas) o el rechazo de las doctrinas morales religiosas (anti-derechos) se percibe melindrosamente como un ataque u ofensa intolerable, y da lugar incluso a reacciones violentas. Más aún si la crítica o el rechazo se expresan con humor, sobre todo si es como burla («escarnio»). Ya sabemos que históricamente, incluso entre los creyentes, unas diferencias que desde fuera parecen nimias han ocasionado grandes derramamientos de sangre.

Se debería poder zanjar la pregunta anterior dejando claro que cualquier idea, afirmación, costumbre… debe poder someterse a escrutinio racional y a libertad de crítica, con los límites que marque la ley, que deben ser iguales para todos, de modo que las cosas de carácter religioso no deben ser una excepción privilegiada (ni menoscabada). Pero conviene profundizar algo más.

Las pretensiones religiosas llaman mucho la atención, porque lo que a veces se defiende tan exaltada y hasta violentamente hemos visto que consiste, por una parte, en modelos y doctrinas morales bastante mejorables, por ser suaves. Más aún cuando en base a ellos se realizan acciones como las terapias de conversión de homosexuales, el acoso a clínicas abortistas, el encubrimiento de pederastas, la apropiación de patrimonio público, etc.

Y, por otra parte, se exige respeto a afirmaciones sin pruebas, o incluso contra la evidencia. Me temo que una creencia que exige respeto hasta el punto de que niega la posibilidad de someterla al juicio de la razón, no luce muy respetable. Y, claro, como dijo alguien, «si no queréis que nos riamos de vuestras creencias, no tengáis creencias tan graciosas». Piénsese, por ejemplo, en cómo evitar los chistes sobre la Virgen, la paloma (¿o mejor pichón?) y San José. Resulta que, para muchos, es irrisorio que se sostengan muy seriamente meras “beaterías ofrecidas bajo aval de algún Salvador”, o, dicho brevemente, “b.o.b.a.d.a.s.”. 

Pero cuando algunos creyentes proclaman que debe imperar, por encima de todo, lo que consideran La Ley de Dios, ese ser omnipresente, a las más mínima se enfrentan a quien sea por “pretender ofender la ley ante Dios a sabiendas”, o, dicho brevemente, se sulfuran por “p.o.l…”; bueno, tampoco hace falta abreviar tanto.

Por el contrario, si alguien niega o se ríe de afirmaciones contrastadas científicamente, es rarísimo que una física, un biólogo, o una geóloga se sientan «ofendidos», y más raro aún que tengan reacciones violentas. De hecho, no conozco casos. Será porque el método científico se apoya precisamente en la crítica mutua y la autocorrección con argumentos y pruebas, y en el rechazo del falaz «argumento de autoridad». ¿Alguien agrede desde la ciencia a quienes se burlan del darwinismo o pretenden saltarse las leyes de la física? No sé de nadie que haya destrozado botellas de Anís del Mono, ofendido por caricaturizar como tal al excelso Darwin. Si alguien se mofara de Newton, Galileo, Bohr, Einstein… (personas asimismo reales y admirables), o de la redondez (aproximada) de la Tierra, la respuesta racional sería la indiferencia o la paciente pedagogía, y la mayor crueldad en la respuesta no iría más allá de la conmiseración, o de nuevo el humor.

Por otra parte, advirtamos lo frecuente que es que se haga escarnio de filósofos, literatas, actrices, deportistas… y sobre todo de políticos. Y no olvidemos las burlas sobre pueblos enteros y sus supuestos defectos (roñosos, vagos, machistas, tontos…). Todo esto se sobrelleva, a pesar de que a quienes suele vejarse no son entes imaginarios, sino personas reales y vivas, que verán sus sentimientos «ofendidos» sin que los protejan amenazas o legislaciones especiales, sino los límites que imponga la ley, iguales para todos –salvo para los creyentes religiosos–. 

Cuando algunos creyentes (afortunadamente no todos, ni mucho menos), o las grandes confesiones religiosas, rechazan derechos de mujeres y LGTBI, o arremeten contra ateos y otros infieles, los afectados, o no atacados directamente pero defensores de los derechos humanos, suelen reaccionar enérgicamente, pero sin recurrir a la violencia. Pero, ay como a estos (las víctimas) se les ocurra hacer algún acto o burla contra quienes atropellan sus derechos (los victimarios), pues entonces serán vituperados en muchos medios, y a veces demandados basándose –en el caso de España– en los citados artículos, herederos del nacionalcatolicismo franquista, del Código Penal. Y, en ocasiones, tal vez enardecidos por el apoyo mediático/meapilático y jurídico, los fundamentalistas ejercerán violencia física. Tales indeseables pretenden que esto sirva de aviso a navegantes, un aviso o intimidación que en las religiones principales se ha llevado hasta crueles extremos, y repetidamente a lo largo de la historia (la religión siempre ha sido muy amiga del miedo); como hoy ocurre a veces con los islamistas más fanáticos. Y, en otro contexto, pero de un modo especialmente estremecedor, con el judaísmo sionista que sustenta el genocidio de los palestinos. 

En España, tenemos el extraño caso de que las religiones institucionalizadas pretenden, y los sucesivos gobiernos de derechas o izquierdas les conceden, que sus posiciones dogmáticas apoyadas en la irracionalidad, a menudo pseudo o anticientíficas, y en ocasiones con poco respeto a los derechos humanos, merezcan un especial «respeto» frente a las proposiciones avaladas por la ciencia y a la defensa de los derechos humanos (llamémoslas globalmente valores o proposiciones democráticas). ¿Es asumible que en una democracia tengan especiales protección y prerrogativas movimientos contrarios a los postulados y valores democráticos?

Al ser un «extraño caso», me ha recordado el del Dr. Jeckyll y Mr. Hide, de Robert Louis Stevenson. ¿Se imaginan que la sociedad diera cancha al segundo en detrimento del primero? (Entiéndanse con buen humor los paralelismos de ese caso con el aquí tratado).

En el terreno personal, podemos preguntarnos a qué se debe que un fundamentalista se empeñe en zaherir las afirmaciones y posiciones de una persona racional hasta extremos violentos, mientras que la racional se toma pacíficamente las del fundamentalista. Quizás ocurra que si una afirmación que consideras clave para darle sentido a tu vida es tan insegura que no la puedes defender racionalmente, la tienes que salvaguardar como sea. Que cuanto más indefendible es tu posición –cuanta más impotencia racional sientes–, con más intransigencia la tienes que proteger. En cambio, si tienes convicciones firmes pero racionales, o sujetas a dudas razonables, no te preocupa, o al menos no te ofende, que se rían de ellas. Quizás sea esta una de las conexiones entre inteligencia, apertura mental y humor.

En este ámbito personal, creo que lo que haría falta sería no la reverencia religiosa hacia las afirmaciones racionales, sino la irreverencia racional hacia todo tipo de aseveraciones, respetando siempre, por descontado, los derechos humanos, entre los que está el de los creyentes o increyentes para creer o dejar de creer lo que libremente les plazca. Para llegar a eso es esencial una educación emancipadora, libre de todo adoctrinamiento. Por eso hay que rechazar con especial tenacidad cualquier prerrogativa para adoctrinar dogmáticamente a la infancia, en defensa del derecho de los niños y niñas a desarrollar su libertad de conciencia. Es mucho más probable que, no habiendo sido adoctrinados, lleguen a ser adultos defensores de los derechos humanos, con pensamiento crítico y autonomía moral.

Desde el punto de vista político y jurídico, es inadmisible en España (y en otros países) el contrasentido de que las posiciones religiosas estén especialmente protegidas frente a las racionales y democráticas; de que las asociaciones de creyentes religiosos –es decir, las Iglesias, y sobre todo la católica– tengan todo tipo de desorbitados privilegios (económicos, educativos, simbólicos…), herederos del franquismo y amparados por los leoninos Acuerdos de 1979 con la Santa Sede (Estado teocrático, ultramachista…), por la Ley de libertad religiosa de 1980, por los Acuerdos de 1992 con otras confesiones,… y hasta por los artículos 522-525 del Código Penal. Es obvio, pues, que la solución no es sustituir el confesionalismo nacionalcatólico por un multiconfesionalismo en el que se extienden los privilegios de la Iglesia a otras religiones, como viene haciendo el Gobierno «progresista» actual. De hecho, eso empeora gravemente la situación.

Si queremos una sociedad más justa y democrática, en vez de seguir ese camino tan desafortunado, ¿por qué no aprovechamos la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco para llevar a cabo lo que es imprescindible e inaplazable: acabar con aquellos Acuerdos del 79 y del 92, con aquella Ley del 80, con esos artículos del Código Penal,… y con todo lo que sustenta unos privilegios religiosos netamente antidemocráticos? En definitiva, lo necesario para terminar con el Estado confesional que padecemos y establecer un Estado laico. Y, más allá de textos legales, hace falta que en la política y en la sociedad se extienda la conciencia de que para que haya una democracia real se exige la igualdad de derechos con independencia de las creencias y convicciones personales, es decir, el laicismo.

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Juan Antonio Aguilera Mochón es profesor de Bioquímica en la Universidad de Granada.

El recorrido de las leyes en el Congreso siempre comienza con su admisión o no a trámite. Si la mayoría de la Cámara Baja da el visto bueno a la norma, comienza su recorrido parlamentario. De lo contrario, decae. Con la reforma que Sumar ha presentado este martes, y que propone derogar hasta seis delitos del Código Penal, se quiere eliminar algunos de los llamados delitos de expresión por tercera vez. Se trata de una vieja reivindicación de Unidas Podemos y de formaciones como Esquerra Republicana y EH Bildu que, sin embargo, nunca llegó a ver la luz durante la pasada legislatura por las reticencias del PSOE.

Sumar propone derogar seis delitos: el de injurias a la Corona –artículos 490.3 y 491–, injurias al Gobierno y sus instituciones –artículo 504–, ofensa a los sentimientos religiosos –artículo 525–, ultrajes a España –artículo 543– y enaltecimiento del terrorismo –artículo 578–. Se trata de delitos que han provocado verdaderos quebraderos de cabeza a personas como Pablo Hasel, encarcelado por por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona o el rapero Valtonyc, fugado en Bélgica tras ser condenado a tres años de cárcel también por enaltecimiento del terrorismo, injurias, calumnias y amenazas por las letras de sus canciones. Hace dos años el Gobierno de Pedro Sánchez prometió una revisión de los delitos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad, pero no llegó a producirse.

El encargado de presentar esta iniciativa durante el pleno ha sido el portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso y parlamentario de Sumar, Enrique Santiago. "La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no se castigan comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica, pueden ser groseros o hirientes, pero una democracia siempre aplica la mínima intervención del derecho penal", ha subrayado.

Santiago, además, ha recordado que es un asunto sobre el que se han pedido avances a nivel internacional. En su último examen periódico universal, dos de las recomendaciones del Consejo de Europa iban justo en esa dirección. La primera pedía "garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal". La segunda planteaba una revisión relativa, en concreto, de las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. "La Corte europea de los Derechos Humanos castiga reiteradamente a España por mantener delitos como el ultraje a la nación", ha añadido.

El debate jurídico lleva años planteado, a la vista de las numerosas sentencias y autos discrepantes entre los distintos tribunales españoles a la hora de interpretar la aplicación de estos delitos considerados "de expresión", más allá del de enaltecimiento del terrorismo. Desde Sumar defienden que hay que poner fin a las diferentes interpretaciones entre los magistrados y adaptar el Código Penal español a los estándares europeos e internacionales.

La propuesta ha contado con el visto bueno del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos para ser tramitada, con 177 votos a favor por los 169 en contra de la derecha. Los socialistas se han mostrado reticentes a la derogación del delito de exaltación del terrorismo pero sí abren la puerta a despenalizar las injurias a la Corona. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, que asegurado que "enaltecer el terrorismo es un límite" mientras que la diputada socialista que ha intervenido en el hemiciclo, Isaura Leal, ha incidido en que "proteger a las víctimas a las que se menosprecia y humilla" es "una obligación de estado".

En esa línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este martes debatir "de manera sosegada y rigurosa" la posible reforma de la legislación sobre los 'delitos de expresión'. "Siempre está en el ánimo del Gobierno poder homogeneizar nuestra legislación, no solo la penal cualquier legislación, también la constitucional, a los mejores estándares europeos”, afirmó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, aunque precisó que "la técnica jurídica ha de ser exquisita".

En 2021, horas antes de que el Congreso debatiera sobre la proposición presentada por Unidas Podemos, el Ministerio de Justicia —bajo el mandato de Juan Carlos Campo— anunció que impulsaría una revisión de los delitos relacionados con "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión, con el objetivo de que solo se castigaran las conductas que supongan "claramente" la creación de un riesgo para el orden público o "la provocación de algún tipo de conducta violenta", con penas disuasorias, como multas, y no con penas privativas de libertad, pero cerró la puerta a su derogación completa.

Para Sumar el principal problema es que la legislación española no acaba de definir bien los tipos penales y se muestra "ambigua" en la definición del enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal. Según defienden desde la coalición, el enaltecimiento terrorista es un delito de opinión, que consiste en incitar “indirectamente” a la comisión de delitos terroristas. Santiago argumenta que ahora está sirviendo para perseguir a "cantantes y titiriteros" y, en su lugar, Sumar plantea incluir a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen "especial protección", de modo que la persecución de las injurias o calumnias contra ellos se articulen mediante la vía del agravante.

Uno de los temores de Sumar es que ocurra lo que ya sucedió la pasada legislatura con la iniciativa de los morados y la de Esquerra y Bildu: que acabe enterrada en el Congreso. Los socialistas pueden retrasar todo lo que quieran su tramitación ampliando el periodo de enmiendas —es una técnica que se utiliza para alargar sine die una ley—. Una preocupación que trasladó Pilar Vallugera, de ERC, que reclamó al PSOE que esta vez no deje la propuesta "en un cajón durmiendo el sueño de los justos".

"Subasta de la infamia". Así calificó la propuesta el diputado del PP y exparlamentario de UPN, Sergio Sayas, que relacionó con la amnistía, la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona y el terrorismo de ETA. Afirmó que España es testigo de un "ataque a la democracia, a la Constitución y al Estado" por parte del Gobierno. Así, Sayas ha asegurado que los delitos que se recogen en el Código Penal no son una excepción en Europa, mientras que Vox ha abogado incluso por endurecer todavía más el Código Penal.

Tras la aprobación de la tramitación de la ley, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en la entrevista en Informativos Telecinco que el PP reclamará en el Congreso que se prohíban los homenajes a terroristas, la posibilidad de indultarlos y que condenados por delitos de sangre vayan en listas electorales. Desde el PP atribuyen el voto favorable de los socialistas a su "confraternización" con Bildu, pese a que ya votaron a favor de tramitar esta reforma en dos ocasiones anteriores.

El parlamentario de Vox, José María Figaredo, de Vox, señaló que la iniciativa corrobora que Sánchez “está preparando un golpe de Estado desde La Moncloa”. El ultraderechista dijo que su cometido será "amordazar y arrodillar a la oposición": "La realidad es que en España poco castigamos a quienes insulta y subvierten el orden público", llegó a afirmar, subrayando que España "es una de las democracias" —pese a que minutos antes había afirmado que Sánchez era un dictador— "que menos defiende a sus símbolos de Europa".

Por su parte, Santiago defendió que la propuesta de su formación se basa en "recuperar derechos y seguridad jurídica" y aseguró que la derecha "no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión" salvo "si cree que es incompatible con su modelo de sociedad".

Unidas Podemos reclama en el Congreso el impulso de una ley orgánica de Libertad de Conciencia que "garantice la laicidad" del Estado y que el patrimonio con categoría de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas se declaren de dominio público, según informa Europa Press.

También solicita derogar los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, así como los pactos existentes de este tipo con las confesiones minoritarias.

Así lo plantea el grupo confederal mediante una proposición no de ley, impulsada por el diputado Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional y que, además, exige recabar de los registros de propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 a 1998, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.

En esta iniciativa demanda acometer las modificaciones legislativas oportunas para recuperar esos bienes inmatriculados, como ya ha planteado en otras iniciativas.

Pero también demanda cambios normativos para que los bienes que constituyan patrimonio histórico declarado de interés cultural, y que estén en posesión de la Iglesia, pasen a las administraciones y mediante la declaración de dominio público.

Por otro lado, Unidas Podemos pide el impulso del Congreso de los Diputados a un proyecto de ley que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas "independientemente de sus convicciones".

Esta propuesta normativa es un compromiso que la formación ha planteado años atrás y que, por ejemplo, figura en su programa electoral desde 2016 y también es un punto del acuerdo de coalición, que en su punto 5.5 especifica la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la "neutralidad" frente a todas las confesiones religiosas.

Mediante la exposición de motivos de la PNL, Guijarro relata que desde la aprobación de la Constitución en 1978, España "acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia", que cubra "todo tipo de convicciones personales", así como "regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado".

Esta situación, relata el parlamentario, es fruto "en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar al país con los Estados del entorno".

De hecho, recalca que Ley de Libertad Religiosa recoge la libertad ideológica y de culto, pero no es suficiente y responde a un contexto histórico, pues su aprobación fue en 1980, "ya superado", dado que España ha avanzado en "pluralidad en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento".

Por todo ello, Guijarro afirma que es necesaria la promulgación de una ley de libertad de conciencia, "con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto".

"Todo ello debería hacerse bajo un mismo paraguas, debido a que todas estas realidades se corresponden con un mismo concepto: la libertad de conciencia. La nueva ley debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a Ley de Libertad Religiosa", razona.

De esta forma, también pide la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede por lo que suponen de "clave de bóveda de los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica", como "herencia persistente del nacionalcatolicismo".

Respecto a las inmatriculaciones, la iniciativa recuerda que se realizaron un total de 34.961 a favor de la Iglesias entre 1998 y la entrada en vigor de la actual normativa en 2015, de los cuales 20.014 son templos y el resto otro tipo de fincas.

Además, el informe elaborado por el Ejecutivo no abarca todo el ámbito competencial desde 1946, por lo que sospecha que la incidencia real de las inmatriculaciones es "aún mayor". Finalmente, califica de "insuficiente" la cifra de un millar de bienes sobre los que la Iglesia dice que no le consta su titularidad o que corresponden a terceros.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) propone a los principales actores sociales y políticos del Estado, así como a los medios de comunicación, un pacto social y político frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables. Este viernes han tenido una reunión FELGTBI+ y otras asociaciones para sentar las bases de este acuerdo.

Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, afirma que luchar contra el odio es un reto común. "Estamos en la necesidad de crear un frente para combatir los delitos de odio que atentan contra los derechos humanos", declara, añadiendo que este debe aglutinar "a la sociedad civil, a la administración pública a políticos y a medios de comunicación". A estos últimos, precisamente, han hecho un llamamiento especial a la "responsabilidad" que tienen a la hora de "divulgar o no mensajes de odio". "Queremos que este pacto social se convierta en un pacto de Estado y fortalecer la democracia en base a los derechos humanos", concluye Guerrero.

Aunque los participantes en la reunión también han pedido que "se aceleren" tanto la ley trans y LGTBI como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio", la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha explicado que el objetivo principal era crear una mesa operativa conjunta para elaborar un documento de base social contra los delitos de odio y la discriminación.

Tienen como propósito reunirse cada seis meses y tener el documento definido para la próxima reunión. Tras esto, el objetivo es crear una mesa promotora para seguir captando asociaciones, que aún creen que "faltan" muchas. "No debemos dormirnos ante el auge de odio en las calles y también en las instituciones", ha declarado Sangil.

"Es por esto que estimamos importante esta unión, ya que afecta a toda la sociedad. Pretendemos aglutinar a colectivos de gitanos, migrantes, personas sin hogar, con discapacidad, gente de fe religiosa diferente a la imperante en España y del resto de la sociedad", declara.

En la reunión han estado presentes la fundación Triángulo, ONCE, el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano, Red ACOGE, la coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Hogar Sí, LGTBI+, CCOO, UGT, el Consejo de la Juventud de España, la dirección general de diversidad sexual, la dirección general de Igualdad de Trato y diversidad étnico racial —dependientes del Ministerio de Igualdad—, la oficina de delitos odio del Ministerio del Interior, equo, Más País, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE.

Por otro lado, la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, ha afirmado que apoyarán todas las iniciativas que se pongan en marcha para luchar contra los discursos de odio y ha indicado que "en breve" se pondrá en marcha la consulta pública de la Ley contra el Racismo, "para que todas las organizaciones y sociedad puedan hacer sus aportaciones".

Por su parte, los sindicatos UTG y CCOO han advertido de la situación "dramática" de discriminación que sufren las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en el ámbito del empleo.

La adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Diana García, ha agradecido la iniciativa de este pacto social y ha manifestado su "preocupación" por la "normalización del discurso de odio" que "constituye una agresión directa".

Para el responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, "en el ámbito del empleo se vive una situación dramática", tanto las personas LGTBI como aquellas que sufren algún tipo de discriminación por otros motivos. En concreto, sobre las personas LGTBI, ha precisado que el 80% de las personas que han consultado tienen miedo a revelar su orientación sexual en el empleo y un 40% de personas trans reconocen haber sido rechazadas en una entrevista de trabajo.

También ha intervenido el vicepresidente de la fundación Triángulo, Raúl González, quien ha destacado la importancia de este "impulso coordinado" desde las organizaciones sociales para combatir la aporofobia, el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia; y Oliver Marcos, de CESIDA, quien ha subrayado que ya es necesario acabar con "40 años de discriminación, de delitos de odio, de insultos y de muchísimas barreras" a las personas con VIH.

Igualmente, Santiago Sanz, de Red Acoge, que trabaja con el colectivo de personas migrantes, ha destacado que este pacto es "una oportunidad brutal de luchar de manera coordinada" contra el odio y espera "que se traduzca en el impulso de iniciativas legislativas" y en "la lucha contra la impunidad que tienen los emisores de discursos de odio", algo que les "desgarra".

También ha insistido en la necesidad de ese impulso legislativo la directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna, quien ha mostrado su deseo de que este pacto social "inspire a las fuerzas políticas" en cuanto a la "capacidad de consenso".

Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han realizado votos discrepantes contra la sentencia de este órgano, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 17 de diciembre, que confirmó una condena de 6 meses de prisión por interrumpir una misa al grito de "aborto libre", al no estar esta conducta amparada por la libertad de expresión, según informa Europa Press. 

Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer llegan a advertir en su escrito que "la proliferación de los delitos de expresión en la ley penal, junto con una interpretación abierta muchas veces a interpretaciones poco restrictivas y a una frecuente utilización del proceso penal para sancionar determinadas expresiones que admitirían la aplicación de mecanismos estatales de inferior gravedad, amenaza con instalar de manera inquietante la imagen de una sociedad sometida y en actitud disciplinada poco conforme con lo que debe ser el ejercicio de la crítica en una sociedad democrática avanzada".

En su voto, dado a conocer también este jueves, el exfiscal general del Estado Conde-Pumpido rechaza igualmente alinearse con la mayoría que rechazó el recurso del condenado e incide en que la libertad de expresión sobre asuntos de interés general es la esencia de la Democracia, "por lo que la utilización de sanciones penales privativas de libertad frente al ejercicio de este derecho constitucional no resulta proporcionada ni necesaria en una sociedad democrática para la protección exclusiva de unos sentimientos íntimos supuestamente ofendidos, cuando dicha libertad se ejercita pacíficamente, y sin incitación al odio ni a la violencia".

Así, según el magistrado "la conclusión desestimatoria no puede ser compartida pues lleva a considerar que la libertad religiosa, en sus manifestaciones públicas colectivas, goza de una protección que no admite límite alguno, por lo que toda perturbación de esta puede ser sancionada con una pena privativa de libertad".

En este caso la conducta de protesta, a juicio de los discrepantes, no incitó al odio religioso, no se utilizó ninguna expresión ofensiva o hiriente, únicamente tenía como objetivo "visibilizar críticamente la postura de la jerarquía de la confesión católica en un asunto de importancia para la ciudadanía". Ello comportó una breve y casi momentánea interrupción de la celebración religiosa, que se reanudó a los dos o tres minutos, sin incidencia alguna, recuerda Conde-Pumpido.

Así ambos votos coinciden en concluir que la eventual extralimitación que en el ejercicio de este derecho fundamental pudiera haberse producido cifrada en la interrupción de un acto de una confesión religiosa no justifica la reacción penal adoptada por las resoluciones judiciales impugnadas, que consideran desproporcionadas.

Derecho a no ser "inquietados"

La sentencia, que recoge doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señala que "la celebración de una misa católica es un acto religioso íntimamente relacionado con la dimensión externa de la libertad religiosa, cuyos participantes tienen derecho a no ser inquietados cuando la ejercen, y el Estado tiene el deber de garantizar su pacífica celebración".

El activista Jaume Roura Capeller fue condenado por la Audiencia Provincial de Girona a seis meses de prisión por irrumpir en abril de 2017 en la parroquia de Sant Pere de Banyoles durante una misa arrojando pasquines al grito de "aborto libre y gratuito". Llegó hasta la zona del altar, donde exhibió una pancarta que decía: "Fuera rosarios de nuestros ovarios". Con todo ello, la ceremonia religiosa fue interrumpida unos minutos.

El Tribunal Supremo (TS) avaló el criterio adoptado en su día Audiencia de Girona, que condenó al activista por un delito contra los sentimientos religiosos al considerar que actuó "sabiendo que con su acción podría llegar a ofender los sentimientos religiosos".

Ya en su resolución, el TS recordaba su propia doctrina, la del TC y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a que los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y manifestación "no son derechos absolutos", y pueden colisionar con otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa.

Así, el Supremo determinó que la Audiencia no vulneró el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación del acusado, ya que el reproche penal no se fundó en su ideología, sino "en el modo, tiempo y lugar" de la manifestación.

El recurso de amparo ante el TC tenía por objeto enjuiciar la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la libertad de reunión, así como la vulneración del principio de legalidad en el marco de un proceso penal en el que el demandante fue condenado por un delito contra los sentimientos religiosos.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha señalado que la subdirección para las relaciones con las confesiones, dependiente de su cartera, contará con un "pequeño crecimiento" de 1,5 millones de euros en su presupuesto para el plan de acción en 2021, para garantizar la libertad religiosa y de creencias, que pasa de 1,75 a 1,9 millones de euros.

"Dedicaremos una parte de nuestros esfuerzos económicos pero, particularmente, del trazado de los objetivos políticos en relación, a las competencias sobre la libertad religiosa, la diversidad religiosa de nuestro país", ha indicado Calvo este miércoles durante el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, informa Europa Press.

La vicepresidenta primera ha recordado que la subdirección general de relaciones con las confesiones, que se ubicaba antes en el Ministerio de Justicia, ahora se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Esta subdirección, según ha destacado, se dirige "a seguir trabajando en orden a la igualdad y el respeto del derecho a la libertad religiosa de los españoles y españolas y el derecho a no tener ninguna creencia religiosa".

De este Ministerio, según ha precisado, depende la Fundación Pluralismo y Convivencia y el Observatorio del Pluralismo Religioso, que "gestiona una parte importante de la preservación de este derecho fundamental y se dedica a la normalización de la diversidad".

Asimismo, ha añadido que se dedica a "apoyar a las administraciones locales, a veces con elementos particularmente delicados y sensibles a todos en cada conciencia como: cementerios, lugares de culto, vía publica y otras cuestiones que afectan a un derecho fundamental tan importante como la libertad de creencias".

Calvo ha asegurado que, como ministra de Presidencia, se ha dirigido "de forma respetuosa" a "todas las confesiones" que mantienen relaciones con el Estado, "desde la Conferencia Episcopal y el nuncio de la Santa Sede" a "todas las demás por igual independientemente de la práctica numérica libre de cada español" y "por igual en términos de dignidad y respeto".

Es un sintagma de uso cada vez más frecuente: “guerra cultural”, “batalla cultural”. Cayetana Álvarez de Toledo, cesada como portavoz parlamentaria del PP, lamentaba en su despedida que no la dejaran librarla. Y Santiago Abascal, presidente de Vox, así como otros dirigentes de su partido, insisten: “guerra cultural” contra el “totalitarismo” de la “dictadura progre”. Pero donde con más desenvoltura se maneja el término no es en los partidos, sino en el variopinto espectro de las organizaciones ultracatólicas, una tupida red de terminales de la derecha integrista que, de hecho, ya han abierto dicha guerra sin esperar a la bendición de los partidos políticos, aunque con abundantes conexiones con Vox. Más de 500 organizaciones antiabortistas, 17 contra el supuesto “adoctrinamiento” de la “ideología de género” en la escuela y 77 en abierto rechazo a la eutanasia actúan coordinadamente durante la pandemia en plataformas temáticas pero interconectadas, como ha podido comprobar infoLibre analizando sus movimientos. El lobby integrista gana vigor como puntal de oposición social al Gobierno.

Así sintetiza uno de los referentes de este movimiento, Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y de CitizenGo, en qué consiste este empeño por el choque en el terreno cultural: consiste –escribe Arsuaga en las plataformas de difusión de Hazte Oír– en que “se hable sobre temas que antes eran tabú, que el establishment progre consideraba cerrados: la ideología de género, el feminismo supremacista, el lobby Lgtbi, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia...”; consiste en “romper el hielo de lo políticamente correcto, del discurso único progre-laicista”; consiste en “denunciar los ataques del lobby Lgtbi y del lobby de género contra la familia natural”; consiste en “defender principios básicos y libertades fundamentales frente al sistema”. No es sólo una batalla anunciada, ni una advertencia en las redes sociales. Ya la están librando cientos de organizaciones del ámbito ultracatólico, agitado por una actividad frenética, cada vez más cohesionado organizativamente, donde se conforman nuevos espacios de integración entre colectivos movidos por empeños ideológicos similares.

Plataforma Sí a la Vida

“Hay que ver la cantidad de cosas que está diciendo usted hoy para generar debate, justo hoy, día en el que es noticia su vicepresi particular por asuntos un tanto preocupantes. Imagino que será casualidad, no sé”, escribía en su cuenta de Twitter Javier Rodríguez, vicepresidente del Foro Español de la Familia , dirigiéndose a Irene Montero, después de que la ministra de Igualdad anunciase la semana pasada una reforma de la ley del aborto para retirar el requisito de consentimiento paterno para las adolescentes de 16 y 17 años.

El anuncio removióía los cimientos del lobby ultracatólico español, uno de los más pujantes de Europa. Y añadía Rodríguez: “En el aborto no se decide sobre el propio cuerpo, sino sobre el de otro ser humano (sobre su muerte). No se decide sobre la propia maternidad, puesto que ya existe la madre (y el padre, no olvidemos) y ya existe el hijo. Se decide la muerte del hijo. Muy progresista no es”.

Es la retórica habitual de estos movimientos, tanto para hablar de aborto como de eutanasia. Ambos fenómenos se emparentan con el asesinato. “Se empieza eutanasiando a los mayores con consentimiento, luego 'sin' y se acaba eutanasiando a los niños y adolescentes, incluso sin el consentimiento paterno…”, lanza como mensaje la asociación Vida Digna. El movimiento antiabortista se ha activado durante la pandemia en torno a la Plataforma Sí a la Vida, que también tiene la ley de eutanasia impulsada por el Gobierno entre ceja y ceja y que celebró en junio una “manifestación virtual”. Esta plataforma presume de contar con más de 500 organizaciones y entidades cívicas. Lo logra a través de una estructura de muñeca rusa. ¿Cómo? Dentro de la plataforma destaca One of Us, lobby y think tank de ámbito europeo, con presencia en 19 países, que tiene como cabeza visible al exministro del PP Jaime Mayor Oreja. One of Us aglutina a 48 organizaciones. Pero en realidad, son más. Un ejemplo: uno de los grupos integrados, Provida, aglutina a su vez a 33 organizaciones en toda España.

A través de diversas plataformas de acción conjunta, entre las que destaca Sí a la Vida, el movimiento antiabortista se cohesiona. Desde sus distintos grupos salen estos días críticas aceradas al anuncio de Montero. "Ya está bien de argumentos trasnochados, de eufemismos y de cerrar los ojos a la realidad demostrada. El aborto mata de la manera más cruel a un ser humano inocente en las entrañas de su madre”, señala la Federación Española de Asociaciones Provida, con sus 33 organizaciones representadas. "La única reforma admisible de la ley del aborto es la que tenga como propósito dejar a los niños nacer y no eliminarlos en estado prenatal", declara Rosana Ribera, portavoz de Derecho a Vivir, otra de las organizaciones integradas en Sí a la Vida. Así lo ve Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida: “Se podría dar el caso de que una niña de 16 años fuese violada por un adulto y abortar sin el consentimiento de sus padres, lo que podría provocar que los padres nunca se enteren de la violación y quedase silenciada con el aborto. Supone una desprotección absoluta en edades adolescentes".

En la Plataforma Sí a la Vida están las organizaciones mencionadas y otras muchas. Algunas son unidades. Otras son federaciones o plataformas. Mayor Oreja figura como presidente de la Fundación Valores y Sociedad, integrada en One of Us y que actúa como impulsora durante la pandemia del foro de debate La alternativa cultural al Frente Popular. Muy próximo a Mayor Oreja es la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, que preside Familia y Dignidad Humana y es miembro del “grupo de expertos” de One of Us. Méndez Monasterio es el rostro de Vox de perfil más alto dentro de este movimiento, pero no el único. Tienen arraigo en este espectro el diputado en el Congreso Francisco José Contreras, las parlamentarias en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio, Alicia V. Rubio y Gádor Joya y la concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Cristina Peláez, entre otros. Es más, el propio Santiago Abascal obtuvo en 2012, "por su defensa de la libertad y el patriotismo", un premio de Hazte Oír, organización que también ha premiado a Javier Ortega Smith, Francisco Serrano y Hermann Tertsch.

Hazte Oír, con dimensión internacional a través de CitizenGo, es la más agitadora de todas estas organizaciones, con continuas campañas en el campo de la “guerra cultural” y la actividad antiizquierdista y de presión a los partidos de derechas para que asuman postulados ultraconservadores. Miembro de la Plataforma Sí a la Vida, actualmente impulsa iniciativas para presionar al Constitucional para dicte ya la sentencia sobre la ley del aborto, en defensa de la Cruz del Valle de los Caídos, contra la eutanasia, contra la serie de HBO Patria por “humillar a las víctimas de ETA”...

Hay muchas organizaciones más en esta plataforma contra el aborto, que a su vez se conecta a través de sus miembros con la Plataforma por las Libertades, otra organización marco, con estrechos vínculos con Vox. Méndez Monasterio ha sido una de las principales referente de esta plataforma, la que da entrevistas y escribe artículos en su nombre. Rocío Monasterio está relacionada con ella desde su origen. Santiago Abascal también. La miríada de organizaciones mantiene nexos con el movimiento integrista internacional, articulado en organizaciones como la ya mencionada One Of Us, Agenda Europe, Euthanasia Prevention Coalition, Life is Beautiful y UN Family Caucus, entre otras. Durante la pandemia, el movimiento se ha tensionado para desarrollar la iniciativa 40 Días por la Vida, una campaña antiabortista, también dentro de la Plataforma Sí a la Vida, que ha sido denunciada por grupos feministas por supuestas coacciones a mujeres a las puertas de clínicas de aborto.

Aunque el movimiento antiabortista es de base esencialmente religiosa, a su vez conecta con causas en apariencia desligadas de las preocupaciones morales propias del catolicismo conservador. Es frecuente entre sus organizaciones el fundamentalismo de mercado y el neoliberalismo económico a ultranza. La Fundación Villacisneros, miembro de la Plataforma Sí a la Vida que tiene en la ex presidenta del PP vasco María San Gil uno de sus referentes fundamentales, ha propuesto a través de su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, la retirada del derecho al voto a los parados. Villacisneros y la Asociación Católica de Propagandistas son dos de los actores más empeñados en ofrecer una “alternativa cultural al Frente Popular”, supuestamente instalado en un Gobierno que según estas organizaciones goza de una hegemonía en los medios de comunicación que acelera la corrupción moral de la sociedad. En el punto de mira han tenido el supuesto proyecto “totalitario” del “Gobierno socialcomunista”, al que atribuyen una agenda oculta para aprovechar la pandemia para impulsar un recorte de libertades y un sistema económico clientelar. Son discursos y causas que corren en paralelo al combate contra el aborto.

Forma también parte de Sí a la Vida E-Cristians, organización que tiene por objetivo incrementar la influencia sociopolítica del catolicismo. También Profesionales por la Ética, que en 2015 homenajeó a Méndez Monasterio en una cena a la que también asistieron Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Fundada en 1992, Profesionales por la Ética es una ONG con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el municipio más rico de España, también sede de la Universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los Legionarios de Cristo.

El movimiento antiabortista articulado en la Plataforma Sí a la Vida no es ajeno a la propia estructura de la Iglesia católica, es decir, de la Iglesia diocesana, el cuerpo principal de la institución católica. Obviamente, la jerarquía está claramente posicionada contra el aborto y contra la reforma anunciada por Montero. “La aberración no tiene límites”, ha declarado tras conocer las intenciones de la ministra el cardenal de Madrid, Carlos Osoro. Pero no es sólo un apoyo discursivo. Forma parte de la Plataforma Sí a la Vida el Proyecto Mater, impulsado por la Archidiócesis de Toledo.

Plataforma Pin Parental

El frenesí de frente antiabortista no agota el abanico de movimientos del mundo ultracatólico. El 22 de septiembre surgió una nueva plataforma. Es el mecanismo habitual: agregar y agregar más y más organizaciones en bloques comunes, centrados en las causas fetiche. En este caso, se trata de la Plataforma Pin Parental, en defensa de un derecho de veto de las familias a los contenidos afectivo-sexuales en la escuela, de forma que los alumnos no reciban información que cuestione su modelo de familia tradicional. Es una causa salida, al igual que el autobús contra el reconocimiento de la transexualidad infantil, de la factoría de Hazte Oír. Por supuesto, la organización de Arsuaga está también en esta nueva plataforma, junto a otras 16 organizaciones más.

Algunas otras más repiten en Sí a la Vía y Pin Parental, como el Centro Jurídico Tomás Moro o Profesionales por la Ética. También figura en la plataforma la híper activa Asociación Española de Abogados Cristianos, situada en la órbita de Vox, que ha redoblado su ofensiva para cerrar cínicas de aborto durante la pandemia. Presidida por la abogada Polonia Castellanos, Abogados Cristianos se dedica a la "defensa jurídica de los valores cristianos".

Antiabortista, tradicionalista y defensora de la tesis de que el catolicismo se ejerce en España bajo el asedio de radicales izquierdistas, la asociación ha ganado fama con cuantiosas denuncias de gran impacto mediático, como las presentadas contra Willy Toledo y la procesión del coño insumiso, por citar dos entre muchos casos. Castellanos asegura de hay “casos reales” en que se ha enseñado a un niño “durante una hora cómo se tiene que masturbar” en la escuela.

Abogados Cristianos también ha estado en primera línea de la ofensiva integrista contra la supuesta persecución religiosa del Gobierno a los católicos durante la pandemia por establecer limitaciones a la asistencia a las iglesias. Esta organización está controlada por un patronato de cinco personas entre las que figuran el portavoz parlamentario de Vox en Murcia, Juan José Liarte Pedreño, y un candidato al Senado por Valladolid en 2019, Alfonso González.

Completan la nómina de organizaciones en la Plataforma Pin Parental nombres –aún– poco conocidos como Actúa Familia, Con Mis Hijos No Te Metas, Libertas –radicada en Murcia–, Género en Libertad, Libres para Elegir, Los Niños son Intocables, Koinonía... Más alto es el perfil de Enraizados, presidida por el columnista de Actuall José Castro Velarde. Se trata de una de las organizaciones españoles que han hecho lobby en Bruselas, además de Abogados Cristianos y Profesionales por la Ética. La Plataforma Pin Parental repite el esquema de Sí a la Vida: algunas de sus organizaciones forman a su vez parte de supraorganizaciones, como Plataforma por las Libertades o Women of the World, que a su vez se entrecruzan en distintos espacios de colaboración. Su campo de acción está siempre delimitado por las mismas coordenadas: lobby Lgtbi, aborto, ideología de género, “libertad educativa”... Mucho conservadurismo moral, mucha rotundidad retórica.

Plataforma los 7.000

El otro gran tema es la eutanasia. Si el 22 de septiembre se estrenaba la Plataforma Pin Parental, al día siguiente más de 100 firmantes lanzaron el manifiesto Eliminar el sufrimiento sí, pero eliminar al que sufre no. Detengamos la Ley de Eutanasia. Lo hicieron a través de otra plataforma, Los 7.000, compuesta por 77 organizaciones. Entre los firmantes de la carta hay representantes de la flor y nata del activismo católico ultraconservador español: Jaime Mayor Oreja (One of Us), Ignacio García Juliá (Foro de la Familia), Juan Antonio Perteguer (Plataforma por las Libertades), Alicia Latorre (Provida), Alfonso Bullón de Mendoza (Asociación Católica de Propagandistas y Fundación Universitaria San Pablo CEU), Jordi Miró (E-Cristians)...

Esta iniciativa tiene un cariz más moderado, en fondo y forma. La retórica es menos exaltada e histriónica, a pesar de que participan viejos conocidos del integrismo más altisonante, como CitizenGo. Otras asociaciones, como QVeremos, acompañan a Mayor Oreja en su cruzada “cultural” contra la izquierda. Firman también el manifiesto intelectuales como Valentí Puig o Juan Manuel de Prada y periodistas como Francisco Marhuenda, director de La Razón.

Se vuelca en el esta plataforma la universidad privada católica, con las firmas de los rectores de la CEU Cardenal Herrera, la Católica de Valencia, la Francisco de Vitoria y la CEU Abat Oliva, entre otras. En la nómina de 110 firmantes hay catedráticos de Economía, Derecho, Ciencias Morales y Políticas, Filosofía, Bioética, Historia, Psicología... Abundan los profesionales de la medicina. Y los políticos. Más bien, los expolíticos: Marcelino Oreja, Duran i Lleida, Ruiz Gallardón, el exembajador en el Vaticano Francisco Vázquez y José Luis Corcuera, entre otros. Aunque la causa fundamental de la Plataforma los 7.000 es el rechazo a la eutanasia, también han creado un espacio para exigir medidas contra la pornografía.

Pedro Sánchez ha marcado dos hitos simbólicos. El 2 de junio de 2018, tras la moción de censura que envió a Mariano Rajoy de vuelta al registro de la propiedad, el líder socialista tomó posesión como presidente sin símbolos religiosos en la ceremonia, gesto imitado por el resto de su Gobierno. Los integrantes del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos lo volvieron a hacer, tras las elecciones de noviembre de 2019. Ahora Presidencia ha organizado el primer homenaje de Estado aconfesional a las víctimas de una tragedia, rompiendo con ello un hilo histórico de asimilación litúrgica Iglesia-Estado en ocasiones solemnes. Dos hitos, pues. Y reconocidos incluso por las organizaciones laicistas, tan minoritarias como poco dadas a la complacencia con las autoridades. Pero estos dos hitos están lejos –muy lejos, en realidad– de colmar la lista de tareas pendientes del Gobierno sobre la relación Iglesia-Estado.

Fue el propio Sánchez quien generó elevadas expectativas. El programa electoral del PSOE de 2016 incluía la "supresión de la referencia a la Iglesia" en la Constitución, que debía incluir el "principio de laicidad". Ambicioso, sin duda. También recogía la "denuncia" de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, la retirada de exenciones fiscales para los bienes sin uso religioso o social y el avance hacia la "autofinanciación", la "reclamación de la titularidad" de bienes inmatriculados... El documento de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía "consolidar su condición de Estado laico", mediante la derogación de los acuerdos de 1976-1979. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", señalaba. Había más en las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, que recogían en la exclusión de la "religión confesional" del "currículo". El congreso socialista también aprobó acabar con las exenciones, singularmente del IBI, cuando los bienes generen ingresos o no sirvan a finalidades sociales o de culto. A ello se añadió la aprobación en el Congreso, en febrero de 2018, de una proposición no de Ley (PNL) que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a "dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del horario escolar", y a la "derogación" de los acuerdos con el Vaticano.

Y llegó moción de censura. El poder y sus limitaciones. La aritmética parlamentaria. Sánchez, que nunca ha dispuesto de mayorías estables, no ha materializado la mayoría de sus compromisos laicistas. Su iniciativa tocante a la Iglesia más significativa fue sacar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. De lo demás, se ha avanzado poco. Incluso ha ido bajando el listón. En las elecciones de abril de 2019 el PSOE borró de su programa la denuncia de los acuerdos con el Vaticano. El documento actual más vinculante es el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, con compromisos más escuetos que los de aquel Sánchez que hizo campaña puño en alto para ganar las primarias del PSOE. Ejemplos: no se mencionan los acuerdos de 1976-1979, ni el artículo 16.3 de la Constitución, ni la autofinanciación de la Iglesia, ni su fiscalidad...

¿Significa eso que son temas enterrados? No necesariamente. Los dos primeros –acuerdos con el Vaticano y Constitución– parecen inabordables ahora, pero los otros dos pueden tener cabida en el espacio de diálogo que ha abierto el Gobierno con la jerarquía católica. Tras la elección como presidente de la Conferencia Episcopal del cardenal Juan José Omella, de perfil aperturista y dialogante, se aprecia un tono diferente en el Gobierno, más confiado en el acuerdo. El Ejecutivo cree que los cambios de nombres son favorables. No sólo en la cúpula eclesial. También ha cambiado el hombre del Vaticano en España. El nuevo nuncio, Bernardito Auza, ha sido nombrado por Francisco, que lleva desde su elección tratando de cuajar en España una mayoría de dignatarios afín a sus tesis reformistas. Auza es tenido, al igual que Omella, por hombre templado. El anterior nuncio, Renzo Fratini, deja el recuerdo de su acusación al Gobierno de haber "resucitado a Franco" con la exhumación.

Perfiles distintos, entonces. Pero los temas son los mismos. Carmen Calvo y Omella, en su primer encuentro formal en junio, acordaron abrir un espacio de diálogo y negociación, para lo que el Gobierno ha nombrado como responsable a Antonio Hidalgo, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Los temas admitidos como parte de la negociación son: fiscalidad, protección de los menores, inmatriculaciones y educación. Pero hay más cuestiones de mutua incumbencia. infoLibre repasa los asuntos pendientes.

Privilegios económicos

Carmen Calvo ha sido la ministra que más ha hecho por mantener vivas las expectativas de cambio de la posición de la Iglesia. En octubre de 2018 mantuvo en el Vaticano una reunión con el secretario de Estado Pietro Parolin, en la que abordaron una posible reforma de la fiscalidad eclesial. Un tema mayor. La Iglesia no sólo conserva intactos los privilegios de 1976-1979. Es que, además, ha incumplido su parte del acuerdo, al no avanzar hacia la autofinanciación, un compromiso firmado pero sin fecha. La mejor prueba de que incumple este propósito es que el Estado le dedica cada año más de 250 millones de euros públicos directamente inyectados en las arcas de la Iglesia diocesana tras recaudarlos de los impuestos de todos los contribuyentes vía IRPF

La Ley de Mecenazgo de 2002 mejoró incluso su posición. ¿Por qué? La Iglesia se beneficia de una exención fiscal generalizada. En el caso del IBI, por ejemplo, la Iglesia se libra de pagar incluso cuando hace negocio con los inmuebles poniéndolos en alquiler. Esto ocurre con viviendas, hoteles y locales para todo tipo de negocios. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia. Fue en 2018. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obligó a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial. El fallo evitaba que una ventaja fiscal adulterase la competencia en el mercado.

Incluso el papa Francisco ha afirmado que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa. Italia, de hecho, ya ha introducido reformas para que la Iglesia no pueda hacer negocio con ventaja fiscal. Calvo sostiene que el modelo italiano ofrece la pista adecuada para la solución. No sólo la voluntad del Gobierno amenaza la posición fiscal de la Iglesia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha rechazado una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. En España también ha habido una sentencia que golpea a la Iglesia en este punto. El Obispado de Mallorca renunció en 2018 a recurrir un fallo que permite al Ayuntamiento de Escorca cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. Como no hubo recurso, el tema no llegó al Supremo. De modo que, de momento, la jurisprudencia sonríe a la Iglesia. Pero la justicia europea es clara y es previsible que tarde o temprano el tema acabe dirimiéndose allí.

La rebaja de las exenciones fiscales no sería únicamente impactante por las cifras –que se desconocen, aunque se estima en 700 millones sólo en IBI–, sino porque un ajuste fino obligaría a la Iglesia y sus organizaciones a mayor transparencia patrimonial.

Autofinanciación

El diálogo sobre fiscalidad se desarrolla con una mirada de reojo al Tribunal de Cuentas, cuyo informe preliminar sobre los fondos públicos dedicados a la Iglesia desvelada descontrol y opacidad, como publicó infoLibre [ver aquí y aquí]. Está por ver hasta qué punto el informe final mantiene las primeras conclusiones, que eran durísimas. Ejemplos del informe. La memoria con la que la Iglesia explica qué hace con el dinero que recibe del Estado vía IRPF no tiene valor justificativo. El Gobierno no hace ningún seguimiento. El dinero dedicado por la Iglesia a la televisión Trece podría constituir una ayuda ilegal de Estado. La Iglesia no ha hecho avances hacia su comprometida autofinanciación. Como ha afirmado Alejandro Torres, profesor de Derecho Público de la Universidad de Navarra, la Iglesia "es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa". Calvo ha afirmado que sobre el IRPF hay "un espacio de reflexión" abierto, pero no hay concreción sobre si habrá cambios.

"La Iglesia tiene un compromiso de autofinanciación. Claro, no puso fecha, pero ya va siendo hora de que el Estado de la exija. La ciudadanía no tiene por qué pagar las creencias religiosas de nadie. Es fundamental eliminar las dos casillas [la de la Iglesia y la de fines sociales] de la declaración de la renta. Es injusto que los católicos marquen la casilla sin que les cueste nada pero el dinero que se detraiga de la bolsa común de todos", señala Asunción Villaverde, filóloga y activista del movimiento laico. A su juicio, el modelo justo sería el alemán: el que marca la equis aporta de más de su bolsillo.

Inmatriculaciones

Una asignatura suspendida hasta la fecha por los Ejecutivos de Sánchez, que se puso a sí mismo la tarea y no la sacado adelante. El Ministerio de Justicia anunció en el verano de 2018 la publicación de un listado de bienes inmatriculados. En agosto, hace ya casi dos años, el Gobierno aseguraba que estaba "procesando los datos". Y todavía nada: ni listado, ni fecha. Ahora Justicia remite al Ministerio de Presidencia, que lleva las relaciones con las confesiones religiosas. Y en el departamento de Calvo se limitan a señalar que el tema está sobre la mesa.

La idea de una reversión de las inmatriculaciones de bienes públicos, alentada por el propio Gobierno y que le deparó numerosos titulares, se ve hoy lejana. El programa de PSOE y Unidas Podemos prevé "modificaciones legislativas" para "facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia". Es difícil saber cuántas de las decenas de miles de inmatriculaciones se verían afectadas. En marzo, el Gobierno volvió a negar el listado de bienes inscritos, en este caso al senador de Compromís Carles Mulet, explicando que el informe "se está elaborando".

Las inmatriculaciones son un problema serio para la Iglesia, tanto para su imagen como –si llegara a haber reversiones– para su patrimonio. No obstante, es difícil que sea desposeída de los bienes inmatriculados. Se trata de una batalla larga y de final incierto que, si la Iglesia no colabora, debería dirimirse caso a caso en los tribunales. Sin acuerdo con la Iglesia, incluso la más modesta pretensión del Gobierno podría convertirse en un calvario judicial.

"Lo prioritario es publicar el listado, porque rompería la columna vertebral de opacidad que reina sobre todo este asunto", señala Andrés Valentín, portavoz del movimiento contra las inmatriculaciones en Navarra, donde se destapó el caso. Valentín expresa el temor a un pacto discreto sobre 3.000 bienes "negociables", que acabe dejando en nada o casi nada la reversión. "Y no nos olvidemos de los bienes ya vendidos, que son irrecuperables [ver aquí un caso].

El jurista Antonio Manuel Rodríguez ha realizado una triple propuesta para encauzar el problema. 1) Que las inmatriculaciones sean entendidas nulas, de modo que se regrese a la situación anterior a las inscripciones y, desde ahí, la Iglesia pudiera registrar sólo aquello de lo que puede aportar documentación acreditativa, y no sólo la firma del obispo; 2) Un pacto de Estado entre España y el Vaticano que establezca los límites de la titularidad de los bienes, preservando el carácter estatal de los más relevantes, como los templos; 2) Una solución legislativa propia ad hoc.

Abusos

Vuelta a la reunión de Calvo con Parolin. La vicepresidenta anunció entonces a las autoridades pontificias la adopción de medidas para la imprescriptibilidad de los abusos sexuales. La iniciativa se ha empezado a concretar con la aprobación en junio en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de protección de la infancia, que extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores modificando el día de comienzo de cómputo del plazo. Se contará, si se aprueba, a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años. Se trata de una medida en línea con las reclamadas por las asociaciones de víctimas de pederastia, un fenómeno que lleva más de una década sacudiendo de arriba a abajo a la Iglesia, y que está incluida en la mesa de negociación entre el Gobierno y la CEE.

La CEE no responde a las preguntas de este periódico para este artículo. La Iglesia se encuentra ahora mismo en proceso de aplicar las instrucciones del papa y su política de tolerancia cero, entre ellas la apertura de oficinas de apoyo a las víctimas y la aplicación de protocolos reforzados en cada una de las 70 diócesis. No obstante, las asociaciones de víctimas elevan el listón. Organizaciones como Ending Clergy Abuse e Infancia Robada han apuntado a tres obligaciones que, a su juicio, la Iglesia debe asumir el clero: indemnizar a las víctimas, establecer la denuncia automática de los casos y expulsión inmediata de todos los abusadores.

Educación

La educación está en la mesa de negociación. Tiene dos frentes: 1) La asignatura de Religión. 2) La concertada. El programa de PSOE y Unidas Podemos señala lo siguiente: "La asignatura de Religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable". La Ley Celaá, que intenta sustituir a la Lomce y está en tramitación, así lo establece. En cuanto a la concertada, se concitan más intereses. Más del 60% de la concertada –privada financiada con fondos públicos– es de la Iglesia, que viene compensando en las aulas la secularización de la sociedad. La Ley Celaá no se opone formalmente a la concertada, pero tanto la CEE como los grupos de presión católicos están alerta. Tienen motivos. PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a eliminar la "segregación escolar", un fenómeno que todos los estudios vinculan a al boom de la concertada. El Gobierno también quiere eliminar la financiación pública de colegios que segregan por sexos, una medida que afecta al Opus Dei.

"Habría que eliminar los conciertos a los colegios religiosos. Un Estado aconfesional no puede estar subvencionando una escuela confesional. Es perverso", señala Asunción Villaverde. Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, cree que un gobierno progresista tiene que apostar fuerte por "una escuela pública bien dotada económicamente y laica", que deje la religión en el ámbito familiar.

Libertad de Conciencia y Eutanasia

PSOE y Unidas Podemos acordaron aprobar una Ley sobre Libertad de Conciencia "que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad". La norma recoge el testigo del frustrado proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, que guardó su proyecto en un cajón en su segunda legislatura. La actual ley es de 1980. A juicio de Jorge García, lo idóneo sería la derogación de los acuerdos con el Vaticano y, a partir de ahí, reconstruir la relación Iglesia-Estado desde una perspectiva aconfesional y acorde a la secularización social. ¿Es verosímil esta posibilidad? Hay que considerar que una medida así requiere su aprobación por las Cortes y, previsiblemente, un problema diplomático con el Vaticano. Difícil. Más factible se antoja una Ley de Libertad de Conciencia que, al menos, "dé contenido al artículo 16.3 de la Constitución, que ahora mismo no lo tiene", señala Jorge García. Y lo explica: "La Constitución dice que somos un Estado aconfesional, para a continuación decir que hay que cooperar con la Iglesia. Al final es un marco que se ha quedado al albur interpretativo, generando en la práctica una confesionalidad".

"¿En qué se traduce para la Iglesia esa 'cooperación'. En todo. Exención de impuestos, etcétera, etcétera", apunta Villaverde, que también cree que sin modificación del artículo 16.3 y derogación de los acuerdos con la Iglesia los cambios serán insuficientes. “Mi opinión es que deberíamos decir claramente que España es un país laico y que no tiene religión oficial como decía el artículo 3 de la Constitución de 1931: 'El Estado Español no tiene religión oficial'. Así de fácil. Evitaríamos interpretaciones malintencionadas".

La Ley de Libertad de Conciencia no forma parte del catálogo de asuntos sobre la mesa de negociación del Gobierno y la Iglesia. Lógicamente. Tampoco la Ley de Eutanasia, otro proyecto en trámite que puede erizar las relaciones del Ejecutivo con la jerarquía y los sectores católicos más duros. Pero eso no significa que no tengan relevancia en la negociación. Hay numerosos autores que han estudiado la meticulosa arquitectura político-jurídica de las relaciones modernas entre el Estado y la Iglesia. Son destacables el trabajo del catedrático Alejandro Torres; de Ángel Luis López Villaverde, que ha buceado en los orígenes históricos de su acceso a "las llaves de las almas, las aulas y las arcas"; y Alberto de la Hera, que ha examinado la transición desde el statu quo nacionalcatólico al aconfesional. De sus aproximaciones se concluye algo: en las complejas relaciones Iglesia-Estado aspectos inconexos se acaban afectando entre sí. ¿Y si una solución acordada a los temas pendientes entre la Iglesia y el Gobierno acabase con la primera visita a España del papa Francisco?

Habrá un homenaje civil de Estado, una ceremonia aconfesional, sin contenido religioso. No será un acto católico, ni tampoco multirreligioso. Sino neutro. Estarán invitados los representantes de distintas confesiones religiosas, pero sólo eso: invitados. Así despedirá oficialmente España a las víctimas del covid-19, este jueves en Madrid. No conducirá el acto el arzobispo de Madrid. Ni tendrá lugar bajo el signo del crucifijo. Parece lo lógico. Entre los casi 30.000 muertos reconocidos, seguramente bastantes más cuando tengamos la fotografía completa, los habrá católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos y todo lo contrario. Y, sin embargo, como resaltan fuentes del Gobierno, se trata del "primer homenaje de Estado aconfesional". Es decir, es un acto inédito. Hasta cierto punto, una innovación.

¿Por qué? Porque la norma ha sido la contraria: la ocupación por parte de la Iglesia de espacios civiles, políticos, públicos, correspondida por la participación de autoridades estatales en actos, religiosos, confesionales, privados. Desde la concesión de medallas oficiales a vírgenes, hasta la presencia de cargos públicos en procesiones, el ceremonial democrático no ha logrado librarse de una pátina litúrgica, ni el ceremonial religioso ha dejado de reclamar la participación del Estado. ¿Será el homenaje sin misa del jueves un punto de inflexión?

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, subraya la consustancialidad de la oficialidad española con la religiosa, que hace que lo que debería ser natural parezca rupturista. "La propia Corona tiene una identificación absoluta con el catolicismo. La monarquía borbónica es católica", subraya Gómez Movellán, que recalca cómo la corona real en la bandera española que llevan tantas embarcaciones va rematada por una cruz. "Si sumas a esto los acuerdos con la Santa Sede, y teniendo en cuenta que no hay protocolos cívicos obligatorios para actos oficiales, el resultado es que se acaban imponiendo los protocolos católicos. ¿Qué ocurre después? Que cuando hay responsables públicos, como algunos del actual PSOE, o de Compromís, o de la izquierda en el País Vasco, que adoptan una posición de neutralidad, se les monta un conflicto simbólico. La derecha convierte la esencia católica en esencia española, y por lo tanto un simbolismo neutral es señalado como traición", señala.

Hay una intervención emblemática de Teodoro García Egea, secretario general del PP, en diciembre de 2018, que resume esa asimilación de lo católico con lo oficial y viceversa. "Porque nosotros celebramos la navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos, ¡y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles!" [ver aquí]. En esa mentalidad hay que inscribir, a juicio de Gómez Movellán, las críticas a Pedro Sánchez por no acudir al funeral en la Catedral de La Almudena, al que sí fueron los reyes de España, en memoria de las víctimas del covid-19, como si ese fuera el "funeral de Estado". Está por ver si las críticas se extienden ahora a la ceremonia aconfesional.

Será una ceremonia, de duración prevista de algo más de media hora, que tendrá lugar el jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Al aire libre, por seguridad. Acudirán más de 400 personas, según prevé el Gobierno, que busca una imagen de "unidad" de la sociedad frente la pandemia. Cada detalle subraya el carácter civil del acto. Tres quintos de los invitados son parte de eso que se ha dado en llamar "sociedad civil". Habrá familiares de víctimas, por supuesto, pero también sanitarios, representantes sindicales y de empresas que mantuvieron su actividad durante la pandemia o hicieron donaciones, trabajadores de servicios esenciales (agricultores, basureros, cocineros, farmacéuticos, periodistas, cajeros, trabajadores de imprenta, profesores, riders, empleados de residencias de mayores)... Dos quintos serán representantes institucionales. Los Reyes. El Gobierno en pleno. Los presidentes autonómicos. Congreso. Senado. Poder Judicial. Ayuntamiento de Madrid. Embajadores. Autoridades europeas. Organización Mundial de la Salud. OTAN. Representantes de partidos políticos. El Gobierno persigue una imagen de consenso, de unidad del Estado y la sociedad frente a la tragedia. Hay prevista una sola ausencia: Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado que no asistirá a la "ceremonia exculpatoria" del Gobierno.

En el acto tomarán la palabra un hermano de una víctima de Madrid y una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El rey Felipe VI cerrará la ceremonia, que se desarrollará en torno a un pebetero en el centro de la Plaza de la Armería, en el que se realizará una ofrenda como homenaje a las víctimas. El actor José Sacristán leerá el poema Silencio, de Octavio Paz. Tras Sacristán, un minuto de silencio. Y fin.

El origen en los acuerdos del 76-79

Lo seguro es que será un "homenaje de Estado" innovador, por aconfesional, en un país en el que el entrañamiento Iglesia-Estado está tan arraigado que a veces ni se ve. Para empezar a observarlo con nitidez, hay que ir a los acuerdos con el Vaticano. En uno de sus éxitos propagandísticos, la Iglesia ha logrado que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede sean popularmente datados en 1979. "Los acuerdos del 79", se suele decir. Pero no es exacto. Y es relevante. De los cinco acuerdos, uno, el que crea el marco jurídico, es de 1976, es decir, preconstitucional, y cuatro son de 1979: jurídico; sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas; educativo y cultural; y económico. Los detalles de la privilegiada posición de la Iglesia en la esfera pública española están recogidos en el retablo de los cuatro acuerdos del 79. Ahí está el marco para sus exenciones, su ventajosa posición educativa, su asignación constante dinero público, su preeminencia simbólica... Pero es en el texto del 76 donde sigue cincelada la frase que, a los ojos de hoy, más chocante resulta: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica" (las mayúsculas son del original). A final de mes, el 28 de julio, hará 44 años de la inscripción de esa controvertida frase en el BOE. Aquí puede comprobarse.

El acuerdo del 76 funda una suerte de oficialidad popular de la Iglesia católica, que mantiene rasgos informales de religión de Estado pese a que tal condición ha quedado no sólo formalmente abolida, sino también socialmente: la secularización en España a lo largo de las últimas cuatro décadas ha sido de una intensidad y velocidad de proporciones revolucionarias [ver aquí y aquí informaciones en detalle]. A pesar de todo, aquel acuerdo dio cobertura jurídica para, a su vez, introducir una mención a la Iglesia católica en la Constitución. Y no una mención cualquiera. El artículo 16, después de garantizar la "libertad religiosa y de culto" y de establecer que nadie puede ser obligado a "declarar sobre su ideología, religión o creencias", llega a su punto 3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". De este artículo viene la frecuente afirmación de que España es un "Estado aconfesional", que suele obviar la segunda parte: las "relaciones de cooperación con la Iglesia católica", única que se menciona, y "las demás".

Este marco de aconfesionalidad asimétrica se desarrolló después con leyes como de la Libertad Religiosa, que avanza en la línea de superación del nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada el trato preferente del Estado a la Iglesia. ¿Un ejemplo? Sólo hay una institución con casilla en la declaración de la renta, gracias a la cual la Iglesia recibe más de 250 millones de euros públicos al año. Eso es una "relación de cooperación" que el Estado no tiene con el Islam. El particularísimo estatus de la Iglesia ha desplegado tales efectos que algunos juristas observan en conflicto con la propia Constitución. Por ejemplo, el acuerdo educativo entre el Estado y la Santa Sede, que también está en el BOE, indica y sigue vigente: "La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Chocante, ¿no? Hay más prácticas constitucionalmente controvertidas. Por ejemplo, el Estado delega en los obispados la selección de los docentes de Religión en los colegios públicos, caso excepcional de desaparición de la tutela estatal en la contratación pública. ¿En qué queda entonces el artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley", sin que pueda prevalecer discriminación alguna por religión? El pago con dinero público de profesores católicos y seleccionados por un obispo podría entrar en contradicción con un buen ramillete de artículos constitucionales: libertad religiosa (16), derecho a la intimidad (18) igualdad de acceso a la función pública (23)... Pero el Constitucional jamás lo ha tocado. Lo mismo ocurre con el papel de la Iglesia como tutora de las liturgias del Estado.

Confusión entre esferas

Los intentos de eliminar privilegios fiscales, educativos o simbólicos a menudo se topan con los tribunales –sobre todo Supremo y Constitucional–, que suelen invocar los acuerdos del 76-79 y las "relaciones de cooperación" con la Iglesia católica para justificar ventajas a priori anacrónicas. Lo mismo ocurre en el terreno simbólico. La Iglesia ha seguido siendo, sin un asidero jurídico claro, administradora de actos oficiales. Y la religión ha seguido metida hasta el tuétano en las solemnidades del Estado.

Hay una parte de este posición que entronca directa y lógicamente con la libertad religiosa. Ejemplos: los ministros y presidentes del Gobierno frecuentemente han jurado sus cargos ante un crucifijo, práctica con la que cortó Sánchez –que pareció con aquel gesto preludiar una legislatura de contenido laicista que finalmente sigue en el tintero–, pero que cualquier futuro cargo público que lo vea de otro modo podrá recuperar. Más discutible es la asistencia de cargos públicos –en calidad de tales– a ceremonias religiosas. Fue emblemática la asistencia de cuatro ministros del PP al canto del himno de la Legión en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Es frecuente, a izquierda y derecha, la participación de ediles en procesiones de Semana Santa y Corpus Christi. El antropólogo Isidoro Moreno suele bromear diciendo que en Andalucía se pasó del "nacional-catolicismo" al "municipal-cofradierismo". En Andalucía la confusión se sublima. Colegios públicos celebran procesiones a la parroquia del barrio en los días previos al Viernes de Dolores, algo bastante extendido en Sevilla y que los padres contrarios rara vez denuncian porque, al fin y al cabo, ¿por qué enfrentarse a los otros padres si siempre se ha hecho así? Además, el mensaje que da el Estado en ocasiones va en la misma dirección. Con Dolores Cospedal en el Gobierno, el Ministerio de Defensa ordenaba izar sus banderas a media asta como símbolo de duelo por la muerte de Cristo durante Semana Santa porque "es fruto de nuestra historia como nación".

El que fuera alcalde de Santiago entre 2015 y 2019, Martiño Noriega, de En Marea, tuvo en su negativa a asistir a la Ofrenda al Apóstol y en las presiones de los sectores más tradiciones para que lo hiciera uno de sus caballos de batalla. Fue una situación similar, con matices, a la que ha tenido que encarar ahora el presidente Pedro Sánchez cuando no ha asistido a la misa celebrada en La Almudena en memoria de las víctimas del covid-19, investida de un carácter de "funeral de Estado" que en realidad no tenía.

Esa confusión, según la cual es "de Estado" lo que es organizado por una confesión religiosa –de fuerte arraigo, pero no oficial–, viene fomentada prácticas de los propios poderes públicos. Más ejemplos. El alcalde de Granada, sea del PP o del PSOE, acude cada año a la Toma de Granada, celebración oficial de la Reconquista de regusto nacionalcatólico que se convierte en espacio de confusión de autoridades civiles, militares y religiosas, sirviendo además de atracción para grupos ultraderechistas locales. El Ejército participa en fiestas en honor a las patronas. El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, condecoró a la Virgen del Rosario, uno entre muchos ejemplos de confusión entre esferas. Con Jorge Fernández Díaz al frente, el Ministerio del Interior le entregó la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor, una decisión luego avalada por el Tribunal Supremo. La Candelaria es Presidenta Honoraria del Cabildo de Tenerife.

Una ley pendiente

Hay infinidad de casos para el estudio. La mayoría suelen generar breves polémicas puntuales que quedan en casi nada. Pocos ayuntamientos han cogido el toro por los cuernos y han aprobado "reglamentos de laicidad" para poner negro sobre blanco las reglas. Uno de ellos ha sido el de Rivas Vaciamadrid, que abrió una puerta que aún están por cruzar los grandes consistorios. El Gobierno tampoco dispone de una ley que clarifique conceptos. En su segunda legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero aparcó su proyecto de Ley de Libertad Religiosa. El actual Ejecutivo aún tiene pendiente de impulsar "una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas", como recoge el acuerdo PSOE-Unidas Podemos [ver aquí]. La pregunta es: ¿Hasta dónde llegaría esa ley? ¿Dejaría el Estado de pagar el sueldo de capellanes carcelarios, hospitalarios y militares, así como de profesores de Religión elegidos por los obispos? ¿Cerrarán las capillas en más de una treintena de universidades públicas? Gómez Movellán, de Europa Laica, tiene claro que deberá al menos establecer de un protocolo claro para la celebración de ceremonias de Estado que deslinde claramente la esfera pública de la religiosa y ahorre a la sociedad polémicas como la actual.

En el caso de los "funerales de Estado", hasta ahora han tenido un contenido confesional que este no tendrá, recalcan fuentes del Gobierno. Lo tuvo el último celebrado hasta ahora, el de Adolfo Suárez, en 2015, en la Catedral de La Almudena, en Madrid. En las honras fúnebres, el reglamento de honores militares establece que se cumple la voluntad de la familia. Y la familia Suárez es católica. Lo mismo puede decirse de otros funerales de Estado de personalidades significativas para el Estado: Juan de Borbón (1993), Leopoldo Calvo-Sotelo (2008), María Mercedes de Borbón y Orleans (2000). Más controvertida, por afectar a mayor número de personas, puede ser la celebración en la catedral de La Almudena del adiós a las víctimas 11-M, en una misa revestida de oficialidad y oficiada por Antonio María Rouco Varela. O el acto de Estado religioso en memoria de las víctimas del Yak-42, un año antes, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. 

Los conceptos son sinuosos. Una misa a la que acuden autoridades públicas, como ocurrió en 2015 en la basílica de Barcelona en memoria de los 150 muertos que arrastró en su suicidio un piloto de avión en Los Alpes, no tiene por qué ser un "funeral de Estado", como explica en este artículo en El País Juan G. Bedoya. La presencia de los reyes en el funeral de La Almudena por las víctimas del covid-19 no convirtió la ceremonia en un "funeral de Estado", pese a lo que han publicado diversos medios. Tampoco lo fue la misa en la misma catedral en 2016 por las víctimas de un terremoto en Ecuador, a la que acudieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, entonces en la oposición. En cambio, sí tuvieron promoción y organización oficial la misa y la ceremonia interreligiosa –no aconfesional– organizadas en 2017 en Barcelona por las víctimas de los atentados de Las Ramblas y Cambrils. Como ha explicado en su blog el experto en protocolo Carlos Fuentes, el término "funeral de Estado" suele usarse equívocamente para referirse a lo que en realidad son misas solemnes a las que acuden altos responsables del Estado. En cualquier caso, tanto actos de Estado como otros religiosos auspiciados y promovidos por el Estado, con representación oficial de Este, todos han tenido hasta ahora un componente religioso. El de este jueves no.

Jorge García, presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico, defiende la fórmula elegida por el Gobierno, "una práctica inédita en España a pesar de declararnos un país constitucionalmente aconfesional a priori y a posteriori". Lo habitual ha sido la misa de Estado. "No ha gustado a ciertos sectores que han anticipado sus propios intereses ideológicos en celebraciones de corte confesional en claro intrusismo sobre las atribuciones del Estado constitucional. Solapar funciones para visualizar un interés privado que determine la validez emocional de los sentimientos ciudadanos para reconducirlos a una propia parcela dogmática", explica García, que recalca que una celebración oficial desprovista de contenido religioso no supone un desdén hacia los que profesan una religión –especialmente la católica, la más asentada e influyente en España–, sino un trato respetuoso y en pie de igualdad a todos. "Es la máxima expresión constitucional de respeto, reconocimiento y honra a nuestros conciudadanos fallecidos durante la pandemia sin distinción de credos, raza, sexo o condición social", afirma García.

¿Sirve marcar la equis de la Iglesia para financiar a Cáritas? Viendo los materiales promocionales de la Conferencia Episcopal (CEE), se diría que sí, desde luego. Y algo sirve. Pero lo cierto es que no tanto como parece. La campaña de la CEE para pedir a los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia, llamada Xtantos y desplegada justamente ahora durante el periodo de presentación de la declaración de la renta, sitúa a Cáritas como un elemento central. El protagonismo de la ONG como reclamo en los materiales de la CEE contrasta con la escasa cantidad que llega a Cáritas como aportación directa de lo recaudado por esta vía, comparándola tanto con el total de lo logrado por la Iglesia con la casilla (2,46%) como con los ingresos globales de la ONG (1,76%).  La CEE destaca que "Cáritas es la Iglesia", por lo que –asegura– valorar la aportación a la ONG sólo en función de la campaña de la equis católica es incompleto. "La Iglesia católica cede instalaciones, promueve a los voluntarios, realiza frecuentemente colectas de dinero y alimentos", incide la CEE, que subraya que los 202,09 millones procedentes del IRPF que envía a las diócesis para su funcionamiento también benefician a su brazo social.

Los mensajes sobre Cáritas en la cuenta de Twitter de la campaña Xtantos son abundantes. Entre el 5 y el 9 de junio, hubo cinco. "Una investigación de Cáritas constata el hondo impacto social del coronavirus en las personas que acompaña", dice uno. "Juan, trabajador social de Cáritas, y N'Goro, mediador y traductor maliense, visitan asentamientos de temporeros en localidades del Cinca, en Huesca, para informarles sobre el covid-19 y darles pautas de prevención", señala otro. La cuenta difunde también el testimonio de la responsable de un centro de atención a mujeres de Cáritas. Otro mensaje de 3 de junio señala: "[...] Desde la crisis del covid-19, Cáritas Madrid ha recibido 3.000 gestos en forma de solicitudes de personas que querían unirse como voluntarios".

La web de la campaña Xtantos, la página que "nos anima a marcar la casilla de la Iglesia", da un significativo protagonismo a Cáritas. "El impacto derivado de la actividad de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386 millones de euros, lo que supone cinco veces más en relación a lo aportado por la asignación tributaria", señala en el apartado de "impacto económico y social" de la Iglesia. "Con su actividad, Cáritas dio asistencia a 3.088.825 personas, más de 1 millón y medio de ellas en España, a través de las 5.828 Cáritas parroquiales. 83.951 voluntarios y 5.076 trabajadores contratados, hacen posible cada día esta misión", añade la campaña en un espacio sobre las actividades de la Iglesia.

Hay un apartado en la web llamado "Cáritas es la Iglesia". Otro se titula "Cáritas, la ONG de la Iglesia". Se reproduce en la web una entrevista al director de Gestión de Cáritas, publicada en ABC en 2014, en la que anima a marcar las dos casillas, es decir, tanto la de la Iglesia como la de fines sociales.

"Cáritas ha triplicado las peticiones de ayuda para que muchas personas puedan comer", indica la cuenta de la CEE en Twitter, recogiendo unas palabras del cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE. El 8 de mayo, Omella afirmaba en el Nueva Economía Fórum: "La Iglesia ha estado confinada pero no parada. Tiene dos manos para trabajar, una con los pobres más cercanos a través de Cáritas y otra con los más lejanos con Manos Unidas".

Webs, memorias, vídeos...

La campaña de la renta de este año comenzó el 1 de abril y terminará el 30 de junio. Todos los mensajes sobre Cáritas de los párrafos anteriores se producen coincidiendo con este periodo. También la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia de 2018, una nueva oportunidad para destacar la aportación de Cáritas.

La CEE creó en abril la web Iglesia Solidaria, con un enlace a la campaña Xtantos. La página, sobre el "compromiso de la Iglesia con la sociedad", repasa la "ayuda espiritual, humana, psicológica, social y material" diócesis por diócesis, destacando la labor realizada por Cáritas. Es la entidad más citada de la web.

La ONG está presentando además estos días numerosos balances de actuación, en los que repasa su aportación social en cada provincia. Es frecuente que dicha información sea recogida por las diócesis en sus webs, donde al mismo tiempo se difunde la campaña Xtantos. Cáritas presentó su balance en Albacete el lunes, en Sevilla el martes, en Vizcaya, Orense, Santiago y Salamanca el miércoles, en Zamora, Málaga y Cádiz el jueves... Las presentaciones llevan a titulares en la prensa local sobre la labor social de la Iglesia durante la pandemia. El considerado "Día de la Caridad" es el 14 de junio, este domingo.

El hashtag, una especie de etiqueta utilizada en Twitter, #CadaGestoCuenta es utilizado por distintas Cáritas y diócesis, así como por la CEE. Se trata de un mensaje central de Cáritas, que encabeza así su web: "El poder de cada persona. Cada gesto cuenta". En paralelo, los vídeos de Youtube para animar a marcar la equis católica en la campaña Xtantos empiezan con la frase "en estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta".

"Cada gesto cuenta" es la frase de Cáritas. "Cada ayuda cuenta", la de Xtantos, cuyos vídeos destacan la "inmensa labor social" de la Iglesia.

El destino de los fondos de la casilla

A pesar de este protagonismo de Cáritas, el brazo social de la Iglesia no se financia fundamentalmente con la equis católica en la declaración del IRPF. Lo dicen los números. La memoria de 2018 de Cáritas, última en publicarse, recoge que aquel año la ONG recibió un total de 353,01 millones de euros. ¿Cuánto llegó a Cáritas directamente vía casilla de la Iglesia? La memoria de 2018 de la Conferencia Episcopal, la última en publicarse, responde: 6,24 millones euros. Es decir, el 1,76% de la financiación de Cáritas, si comparamos las dos memorias del mismo ejercicio.

El reparto de los fondos destinados por el Estado a la Iglesia tras detraerlos de la cantidad recaudada vía IRPF a menudo sorprende a los menos familiarizados con la financiación pública de la Iglesia católica, cuyo descontrol ha sido destapado por el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización que aún no ha pasado por el pleno. En 2018 el total de dinero empleado por la Iglesia diocesana tras llegarle vía IRPF fue de 252,78 millones. Las partidas "envío a las diócesis para su sostenimiento", "seguridad social del clero" y "retribuciones [de los] señores obispos" consumieron algo más de 222 millones. Es decir, más del 88%. Lo dedicado a Cáritas como aportación directa asciendió a 6,24 millones. Esta cantidad supone un 2,46% de lo empleado por la Iglesia de lo que obtiene vía IRPF. La Iglesia dedicó en 2018 su superávit, de 3,76 millones, a la televisión Trece TV, como ha publicado infoLibre.

El enfoque de la CEE

La CEE destaca, en cambio, que si se resta al total empleado (252 millones) lo enviado a las diócesis y lo dedicado a seguridad social y sueldos de obispos (222) restan 30 millones, que sería el presupuesto de la propia Conferencia Episcopal. Los 6,24 millones dedicados a Cáritas son más de un 20% de estos 30 millones.

La aportación de la Iglesia a Cáritas con el dinero del IRPF, recalca la CEE, no se queda en esos 6,24 millones. La CEE destaca que el dinero enviado a las diócesis, algo más de 202 millones, también beneficia en la ONG. "El 81% del dinero recibido por la X se entrega a las diócesis, y así sostiene una parte de sus actividades caritativas [...]", señala.

Según la CEE, la financiación a las parroquias lo es a su vez a la ONG. "Cáritas realiza su trabajo más concreto en las más de 22.000 parroquias. En cada diócesis se coordina a cada una de las 6.000 Cáritas parroquiales y 69 Cáritas diocesanas", indica. "Hablar de Cáritas e Iglesia es lo mismo. La Iglesia católica cede instalaciones, promueve a los voluntarios, realiza frecuentemente colectas de dinero y alimentos". A esto se suma, indica la CEE en su memoria de 2018, que "la labor catequética o la red de Cáritas parroquiales precisan de la aplicación de recursos en suministros, energía, calefacción, conservación, seguros, etc".

¿De qué vive Cáritas?

Cáritas no depende de lo que recibe por la casilla de la Iglesia: 6,24 de los 353,01 millones, según las memorias de 2018 de la ONG y la CEE. Entonces, ¿de qué vive?

La memoria de 2018 ofrece los grandes trazos. Un 26,9% es aportación pública, según Cáritas. Concretamente, 95,08 millones. De estos, 53,11 millones llegan de las comunidades autónomas, 27,37 millones de la administración local, 7,81 de la central y 6,68 millones de la Unión Europea.

El restante 73,1% viene de fondos privados. Ahí, en el apartado de fondos privados, entran "donantes", con 104,35 millones, y "empresas e instituciones", con 44,9 millones, entre otros. Cáritas considera el dinero entregado por la Iglesia y que le llega a esta del Estado vía equis católica como aportación privada, no pública, según aclara la ONG a preguntas de este periódico. Entre los donantes privados a Cáritas también están Caixabank, Bankia, Inditex, Telefónica y Gas Natural. La memoria no precisa las cantidades aportadas.

Cáritas no concreta en su memoria cuánto de estos fondos privados proviene de la Iglesia. La CEE asegura que una "gran parte" de los fondos privados son "donaciones de instituciones y personas de la Iglesia, es decir, católicos que en las colectas habituales en las parroquias, o en forma de donativos, entregan una parte de su dinero para ayudar a los empobrecidos". La Conferencia Episcopal llega a afirmar que "en torno a un 65%" del presupuesto de Cáritas "procede, de un modo u otro, de la Iglesia, por las colectas que se realizan en las parroquias, los donativos, las suscripciones...". Tomando como referencia los ingresos de Cáritas de 2018, 353 millones, el 65% sería cerca de 230 millones, cifra estimada por este periódico pero no confirmada por la CEE, que no da un desglose más allá de esa estimación porcentual. No sería, en cualquier caso, dinero de la casilla de la Iglesia. 

infoLibre preguntó a Cáritas si ese 65% es un porcentaje correcto y cómo se precisa. ¿Sería posible saber cuánto de lo que recibe Cáritas de privados proviene de la Iglesia? La respuesta fue negativa. La memoria de Cáritas no se elabora con datos de las diócesis, sino de las Cáritas diocesanas, que "no descienden a ese nivel de detalle". Sobre ese 65%, Cáritas indica que "cualquier desglose adicional sobre lo señalado por la Conferencia Episcopal en su memoria, debe ser detallado por la misma fuente que ha elaborado sus datos, en particular sobre ese 65%". 

Convendría recordar algunas realidades en este ámbito de las confesiones religiosas: una persona nacida en España es altamente probable que profese, o haya profesado, la religión católica. De la misma forma, una persona nacida en Inglaterra, muy probablemente profese o haya profesado la religión anglicana; y algo similar ocurrirá con una persona nacida en Alemania, en relación con la religión protestante, o una persona nacida en Grecia, en relación con la religión ortodoxa. Y ello sería similar en otras zonas de esta aldea global, por lo que una persona nacida en la India muy probablemente sea o haya sido de confesión hinduista, y una persona nacida en Arabia Saudí profesará o habrá profesado la religión islámica.

Ello quiere decir que según su lugar de nacimiento, los seres humanos, al venir a este mundo, están predestinados a pertenecer nominalmente a una determinada confesión religiosa, y en función de que ésta luego les convenza suficientemente, podrán a lo largo de su vida ser practicantes de la misma, o bien ignorarán y se olvidarán totalmente de la religión. Parece así que en cada lugar del mundo, cuando nace un ser humano, se le sube en el tren de la inercia, el cual le ofrece sólo dos estaciones: La primera, conocer y practicar la religión oficial de ese lugar o zona del Globo; o bien, alternativamente, ignorar la misma, y llegar a la segunda estación, la de los no creyentes, que parece ser que está cada vez más llena, sobre todo en algunos países. Creemos en este sentido que a todo ser humano, hoy día, se le debería proporcionar un mayor nivel de libertad real (no sólo nominal), y brindarle un trayecto con más estaciones; y eso sólo se puede hacer a través de la información y de una proyección básica de esta última, que es la educación.

Ahora que van cayendo muchas fronteras de la opacidad, ahora que se camina hacia una transparencia global, ahora que los medios informáticos y de comunicaciones hacen posible la transmisión libre y rápida del conocimiento y la información, ahora puede ser el momento de abordar uno de los mayores desafíos del ser humano: la transparencia religiosa, esto es, informarle y proporcionarle la posibilidad de un conocimiento abierto y libre del universo de las diversas ideas y creencias religiosas. Esta sí sería una educación realmente libre en esta materia.

No podemos seguir con el nivel de incultura religiosa actual; ni podemos continuar desconociendo lo que piensan, lo que sienten, por lo que viven –y a veces por lo que mueren– otros muchos ciudadanos del planeta. No podemos dejar que muchos ciudadanos estén abocados a que los fundamentalistas de unas u otras religiones traten de imponer con hierro y sangre su interpretación radical de las correspondientes doctrinas religiosas. No podemos, en definitiva, seguir permitiendo que el ser humano, cuando pasa por este mundo, no haya tenido la oportunidad de conocer las confesiones y prácticas religiosas de otros seres humanos.

En estos momentos, y aunque algunos juzgarían esto como algo escandaloso o sacrílego, no vemos por qué a los niños españoles, por ejemplo, no se les puede enseñar o informar de las cuestiones básicas de la religión budista, o de la religión islámica, o de las restantes religiones cristianas practicadas en Europa distintas a la católica. De la misma forma, no veo razón para que a los niños árabes, o a los niños chinos, o a los niños de la India, no se les pueda informar en las escuelas sobre los principios básicos del cristianismo, o de otras religiones. Una postura contraria a esto implica una posición realmente sectaria, esto es, la que caracteriza a aquellos exclusivistas que manifiestan que sólo su religión es la verdadera, y que sólo a través de ella se puede alcanzar la salvación de las almas. Estas posturas optan claramente por defender contra natura –en una época de apertura y de globalización– la permanencia a rajatabla del monopolio religioso imperante hoy día en muchos países.

La globalización actual no debería limitarse a lo económico, o a lo social, sino que este siglo XXI habría de ser igualmente el de la globalización religiosa, de forma que el ser humano sea libre para conocer, primero, y para elegir, después, la confesión religiosa que le parezca mejor, o pueda incluso elegir prácticas comunes a varias religiones, o en su caso, optar, como lo puede hacer ahora, por ser no creyente y por tanto no practicar ninguna religión.

Esta sería, en definitiva, la verdadera libertad religiosa de los ciudadanos del mundo, más que la que existe actualmente. Esta libertad podría contribuir a que los seres humanos, si ya desde niños pueden conocer lo que sienten y en lo que creen los demás seres humanos, podrán entenderse mucho mejor con ellos, podrán darles la razón en muchas más cosas, y desde luego no pelearse –y menos matar o morir– por discrepancias en estas creencias, tal como sucede hoy día en muchas partes del mundo, con conflictos políticos y militares por razones fundamentalmente religiosas, en los que mueren tantas personas realmente ajenas a las causas de los conflictos.

En algún momento debería imperar en esta aldea global la tolerancia religiosa y el respeto a las demás creencias o confesiones, o a la no confesionalidad, así como en todo caso el firme rechazo de los exclusivismos, los radicalismos y más todavía de la violencia en base a estos credos religiosos.

Esperemos que este siglo sea por tanto un verdadero Siglo de las Luces en materia religiosa. ________________

Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España

El documento Orientaciones que fomentan el Buen Trato y la Sana Convivencia Pastoral fue publicado el pasado jueves en el sitio web del Arzobispado de Santiago pero retirado al día siguiente, en la misma jornada en que el Vaticano expulsó del sacerdocio al cura Fernando Karadima por abusos sexuales.

"Hemos pedido perdón. Ahí hay errores, quizás parte de nuestro error es que nosotros quisimos traer cosas de otras culturas", dijo el domingo el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, citado en la página del Arzobispado.

Roncagliolo añadió que el documento será revisado "especialmente en algunos aspectos para decir con palabras muy nuestras lo que es delito es delito, lo que es crimen es crimen".

El arzobispado señaló que el documento había sido elaborado según estándares internacionales y que "se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos en forma literal y que no son adecuados, o que se prestan para interpretaciones incorrectas".

La Iglesia chilena señaló también que se trataba de un documento de trabajo que debía ser perfeccionado antes de entrar en vigencia a partir de abril de 2019.

Actualmente, la Fiscalía mantiene 126 causas abiertas por abusos sexuales contra menores de edad cometidos por integrantes de la institución.

De acuerdo al documento, que sigue provocando intensos debates en las redes sociales y la prensa chilena, son "inapropiadas" expresiones de afecto "que el niño no acepta y rechaza", como "abrazos demasiado apretados" o "dar palmadas en los glúteos y tocar el área de los genitales".

El texto, reproducido ampliamente en la prensa, advertía además contra "recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes. Dar masajes", así como "besar en la boca a los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables".

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha afirmado este jueves que "no debe sorprender" que los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez hayan prometido sus cargos sin la presencia de la Biblia y el crucifijo porque en España "hay libertad religiosa".

"Eso no debe sorprender", ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, en la que ha añadido que la Constitución recoge la separación entre la Iglesia y el Estado y que sociológicamente el catolicismo es "bastante mayoritario".

Bajo el punto de vista del Primado de España, la Iglesia está cada vez más por la tarea de que haya separación entre la Iglesia y el Estado pero ha criticado que haya "muchos" políticos que "eso no lo practican".

"A veces pasa con alcaldes que se meten donde les llaman y se piensan que estamos en el nacional catolicismo, en el nacional socialismo o en nacional podemismo, o como sea, aunque los podemitas no entran en esos cambalaches", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que los cristianos y los católicos se tienen que acostumbrar a esto y no rasgarse las vestiduras. "Más importante es que se tenga en cuenta esa realidad de que la Iglesia no es el obispo ni los curas sino un pueblo cristiano que paga sus impuestos, está dentro de la sociedad y puede tener una presencia", ha señalado.

Respecto a la llegada del nuevo Gobierno, pese a que ha afirmado que no le corresponde a él valorarlo, ha indicado que "uno se asombra" de que el pueblo español diga que puede pasar eso en España "de la noche a la mañana". "Me parece bien, es la Constitución, no pasa nada y las opiniones políticas de cada uno van por otro lado".

"Esperemos a que el nuevo Gobierno comience a funcionar", ha indicado el arzobispo de Toledo, quien ha agregado que como él no es político no les da "ni un día ni 200" porque eso se lo tienen que dar sus opositores.

Li Baiguang, un abogado chino dedicado a la defensa de los Derechos Humanos, ha muerto este lunes en un hospital de Nanjing a causa de un fallo hepático repentino, según han informado a Reuters diversas fuentes, algunas de las cuales han expresado sus sospechas, ya que Li "parecía estar bien".

"Después de una repentina enfermedad, los esfuerzos para salvarle han fallado y ha muerto", ha dicho una de las fuentes, subrayando que Li "no se había sometido a una revisión médica recientemente", por lo que es imposible saber si sufría una dolencia hepática.

No obstante, Bob Fu, un amigo de Li, ha sostenido que las circunstancias de la muerte son extrañas y ha recordado que ya hay varios activistas chinos que han fallecido por problemas de hígado en los últimos años. "No bebía alcohol y no fumaba" y "parecía estar perfectamente bien" cuando le vio en una reciente visita a Washington, ha indicado.

Li ganó en 2008 el premio concedido por la National Endowment for Democracy, una ONG estadounidense, por su trabajo como abogado defensor de los líderes cristianos detenidos en China. Él mismo fue arrestado varias veces, la última el pasado mes de octubre.

El de Li no es el único caso que suscita dudas. En 2017, el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió de un cáncer de hígado meses después de ser liberado por razones humanitarias tras pasar casi una década encarcelado por exigir una apertura democrática del gigante asiático.