Es hora de las urnas. Los aragoneses deciden este domingo el futuro de su comunidad. Están llamados a participar 1.036.321 ciudadanos tras una legislatura de apenas dos años y medio y la decisión del presidente Jorge Azcón (Partido Popular) de adelantar los comicios con la excusa de no poder sacar adelante los presupuestos, pero dentro de la estrategia nacional de su partido, que arrancó en Extremadura, de acelerar el ciclo electoral para desgastar a Pedro Sánchez y al PSOE.

Los aragoneses van a las urnas después de dos intensas semanas de campaña marcadas por los temas nacionales frente a los asuntos autonómicos como la sanidad y la educación, y con un escenario, según las encuestas, en el que el Partido Popular ganará pero sin mayoría absoluta, teniendo que depender de un Vox al alza. En cambio, los progresistas llevan días preparándose para encajar un golpe que puede dejar al PSOE en su mínimo histórico en la comunidad y con una nueva experiencia de fragmentación entre las izquierdas transformadoras.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha vaticinado el siguiente reparto en las Cortes: PP (25-29), PSOE (17-23), Vox (10-13), Chunta (3-5), IU-Sumar (1-3), Aragón Existe (1-2) y Podemos-AV (0-1). La fotografía que deja el sondeo 40dB. va en esta tendencia: PP (28-30), PSOE (17-18), Vox (11-13), CHA (3-4), Aragón Existe (2-3) e IU-Sumar (2-3).

Estos estudios, por lo tanto, vaticinan que el PP no va a conseguir la mayoría absoluta con la que sueña pero tampoco un crecimiento exponencial a partir de los 28 escaños con los que ahora mismo cuenta en el Parlamento autonómico. Por su parte, los socialistas se enfrentan a un mal resultado, partiendo de los 23 diputados que obtuvo la papeleta de Javier Lambán en mayo de 2023. Y el gran ganador de la noche en aumento de poder puede ser la ultraderecha, que aspira en estos momentos, incluso, a doblar sus resultados.

El Partido Popular, si se cumplen estos pronósticos, se va a encontrar con una situación endiablada como le pasó el 21D en Extremadura. Porque vuelve a quedar en manos de Santiago Abascal, que quiere hacer valer la fuerza en votos. Las derechas viven su propia lucha interna sobre la correlación de poderes. En las últimas horas de la campaña, las dos formaciones tuvieron duros enganchones y se acusaron mutuamente de guerra sucia.

Las elecciones de Aragón tienen también una derivada interna, ya que la fuerza de Azcón en las urnas le servirá para medir su peso orgánico en el partido, donde se posiciona también mirando al futuro en Madrid en un panorama donde las grandes baronías están en manos de Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juanma Moreno (Andalucía). Su campaña ha tenido un gran componente nacional, con presencia de figuras de toda España y de la mano de Núñez Feijóo en los últimos días. De hecho, el líder del PP aragonés ha hecho de Pedro Sánchez su gran enemigo.

Feijóo conseguirá previsiblemente esa victoria que buscaba y el desgaste del socialismo, pero seguirá sin solución para su gran frente: cómo articular los acuerdos con una ultraderecha al alza. Y ese escenario, además, se agravará con la celebración de las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo, donde Vox crece cada día. El gran golpe puede ser si finalmente en Andalucía, en junio, Moreno pierde la absoluta y el gran perfil moderado se tiene que echar en brazos de Abascal.

La noche de este domingo pinta oscura para el PSOE. Pilar Alegría es una de las grandes apuestas de Sánchez en la estrategia diseñada después del último congreso del partido para ser competitivo en el ciclo autonómico a través de ministros-candidatos (María Jesús Montero, Óscar López, Ángel Víctor Torres y Diana Morant, aparte de la propia Alegría). La exportavoz del Gobierno ha hecho una campaña que ha gustado mucho internamente, mostrando su lado más cercano dentro de un panorama en el que las derechas han logrado de manera generalizada deshumanizar a los líderes progresistas.

Alegría ha tratado de centrar su campaña en temas prioritarios para los aragoneses como la sanidad y la despoblación, pero se ha encontrado con un ecosistema mediático y político en el que opera especialmente el antisanchismo, además de que ha sido atacada por su fotografía comiendo junto a Francisco Salazar, el alto cargo de Moncloa que tuvo que dimitir en julio por denuncias de acoso sexual. Ella misma ha reconocido durante estos días que ha sido su mayor “error político”. No obstante, en su equipo pronostican que el resultado será mejor que el dibujado en las encuestas.

En Moncloa y en Ferraz ya asumen el resultado, pero remarcan que no tiene nada que ver con Extremadura. La mayoría de dirigentes cree que Alegría debe quedarse en Aragón haciendo oposición y no sostienen que deba dejar el cargo, como pasó con Miguel Ángel Gallardo tras el 21D. Asimismo, en el núcleo duro del presidente se sigue insistiendo en que la dinámica de una cita autonómica no tiene nada que ver con las elecciones generales y se reafirman en la necesidad de agotar la legislatura en 2027.

Las izquierdas transformadoras también se miden la noche del domingo con el termómetro de la fragmentación. Si Extremadura fue un subidón para ese espacio gracias al resultado histórico de Unidas por Extremadura, ahora se enfrentan a un escenario totalmente diferente. El 3% es el número mágico para entrar en las Cortes (la barrera para optar a escaños en cada provincia) y en las últimas semanas Chunta Aragonesista se perfila como la opción con más apoyo en ese espacio.

Jorge Pueyo, hasta ahora diputado en el Congreso y un hombre muy conocido en Aragón por haber presentado un late night en televisión, encabeza esta candidatura que ha puesto en el centro de su programa la vivienda, los servicios públicos y la despoblación, y se ha desmarcado del Gobierno de coalición, que ha apoyado en Madrid, rechazando el modelo de financiación lanzado por el Ministerio de Hacienda y que ha centrado buena parte de los debates ante el supuesto agravio que supone frente a Cataluña.

En términos de las izquierdas, se abre una pugna este domingo entre las candidaturas de IU-Movimiento Sumar y de Podemos. Los morados salen con menos posibilidades, según los sondeos, y se agarran especialmente a la posibilidad de entrar por la provincia de Zaragoza. Y esa separación también se vivirá en un mes en Castilla y León, donde esas formaciones no han logrado un acuerdo para ir en la misma plancha electoral.

Estas elecciones son, asimismo, claves para el futuro del regionalismo. Aragón Existe, con Tomás Guitarte como número uno de la lista, tiene asegurado entrar en el Parlamento, pero sin la fuerza suficiente como para poder hacer tambalear el tablero político. Esta opción ya ha dicho que está a favor de apoyar al PP para que no dependa de la ultraderecha, pero la suma parece lejos de alcanzar la mayoría absoluta. El 8F se perfila, en cambio, como una fecha desastrosa para el PAR, que podría ser la primera vez en la que no consigue un puesto en las Cortes de Aragón.

Este domingo Aragón decide. Y toda España está pendiente.

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid. 

La despoblación, un secular problema que afecta a las zonas rurales de España en general y de Aragón en particular, se ha introducido como un Caballo de Troya en el debate electoral que preludia a las elecciones del próximo 8 de febrero, conscientes los partidos de que el voto rural puede inclinar una balanza.

En un escenario electoral en el que los grandes partidos han convertido Aragón en un banco de prueba de cara a unas generales, la despoblación se presenta una vez más como un desafío estructural complejo y caracterizado por un imparable proceso de envejecimiento de sus habitantes, que no se detiene y que carece de relevo generacional, un crecimiento natural negativo y una creciente tendencia de la población a concentrarse en Zaragoza.

En un territorio poblado por 1,3 millones de personas, la mitad de las cuales viven en la capital aragonesa, y en el que un 28% de sus municipios tienen menos de 100 habitantes, los servicios públicos básicos y la falta de opciones de vida son los principales factores que provocan ese goteo perpetuo del éxodo de los pueblos a los ciudades.

"Hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una interior y despoblada que he llamado España Vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil", asegura el escritor zaragozano Sergio del Molino en su ensayo La España Vacía (Turner, 2020).

Aragón es un reflejo de esta reflexión: su densidad de población no llega a los 29 habitantes por kilómetros cuadrado frente los 97 de media del conjunto de España, y de sus 731 municipios, 543 tienen menos de quinientos habitantes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un problema imparable que se ve acrecentado por la inmensidad de un territorio descosido y disperso como el aragonés y las dificultades derivadas para ofrecer unos servicios de calidad en los pueblos. De esa realidad son conscientes los propios habitantes de las zonas rurales cuando piden tener una escuela que dé vida a sus pueblos, atención médica y, por qué no, un bar en el que hablar y compartir las vivencias cotidianas.

Un bar se presenta así no como un simple espacio lúdico sino como la única forma de convivencia que queda en un extorno que aboca a la soledad.

En este escenario, la inmigración, tanto del interior del país como procedente de países migrantes, se presenta como una oportunidad para reverdecer la vida en los pueblos: reabrir escuelas, abrir colmados, disponer de una buena red de transporte y, con suerte, tener cerca un consultorio médico.

Aunque no parece descabellada la posibilidad de desarrollar esta oportunidad, en los pueblos son conscientes de que uno de los problemas esenciales para captar nuevos habitantes es la falta de vivienda y de opciones para llevar a cabo un proyecto de vida, en un territorio en el que se cuentan más defunciones que nacimientos y que ya fue golpeado décadas atrás por un proceso de emigración que dejó exangües a las poblaciones más pequeñas.

"No cruzaréis la alta estepa de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de Ultramar", cantaba Antonio Machado en Campos de Castilla mirando al pasado con nostalgia y evocando este proceso de emigración, que ahora los partidos políticos aragoneses quieren detener, algunos desde una óptica más rural (Aragón Existe, CHA y PAR) y otros desde una perspectiva más generalista (PSOE, PP, Vox, Podemos, IU o Sumar).

En cualquier caso, todas estas formaciones inciden en la necesidad de implantar no sólo servicios básicos en las zonas rurales sino en impulsar iniciativas que permitan desarrollar proyectos de vida, como en los Pirineos o en las cuencas mineras turolenses.

Por este motivo, la reivindicación de una financiación justa y equilibrada para las comunidades autónomas que tenga en cuenta las peculiaridades de los territorios y de su dispersión poblacional se ha convertido en uno de los principales motivos de enfrentamiento entre los partidos en Aragón, en el que la despoblación es un 'Caballo de Troya' que se introduce de forma continua en el debate.

Una financiación, como la presentada por el Gobierno, que el PP aragonés considera un agravio respecto a la "privilegiada" dada a Cataluña, y de la que el PSOE saca pecho asegurando que supondrá 631 millones de euros más para Aragón.

Y mientras todas estas cuestiones se dirimen, Aragón sigue siendo un 'campo de pruebas' de los grandes partidos para extrapolar los datos que salgan de las urnas el próximo 8 de febrero de cara a una posible contienda electoral general.

En 2018, la escuela de San Martín del Castañar iba a cerrar porque el colegio se quedaba con tres alumnos, cuando el mínimo entonces en Castilla y León eran cuatro. Su alcalde, el hasta este verano socialista Alfonso Buenaventura, pidió a la Junta hacer una excepción y mantener la escuela ese curso, porque en el siguiente entrarían unas trillizas. Esa flexibilización, que iba a ser puntual, acabó siendo regla en la comunidad, que ahora mantiene o reabre cualquier escuela rural que sume tres estudiantes, un mínimo al que han bajado otras comunidades afectadas por la despoblación como Asturias y Aragón. 

Siete años después, el de San Martín de Castañar es uno de los cuatro colegios rurales que cierran sus puertas en Castilla y León. Son dos en Salamanca y otros dos en León. En estas clausuras, que siempre son la noticia más triste para un pueblo, no se detuvo la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la presentación del curso escolar este viernes. Prefirió dar titulares más reconfortantes: el colegio de Cubillos reabre con cinco alumnos después de años cerrado y también, por la mínima y en el último momento, el de Sanzoles, ambos en la provincia de Zamora.

Lucas atribuyó a esta “flexibilización”, tanto en ese mínimo como en los procesos de matrículas, que este curso comience en la comunidad con 34 colegios rurales de cuatro o tres alumnos (24 de cuatro y 10 de tres). El curso en que San Martín de Castañar logró que mantuvieran su escuela con tres alumnos, hubo en la comunidad cinco colegios con ese mínimo. En siete años son el doble. Son cifras muy modestas pero cada niño y cada colegio en un pueblo que teme desaparecer es una bocanada de aliento. Un niño es una familia residente y un colegio un reclamo para que otras se animen a serlo.

“En el partido somos fuertes defensores de mantener abiertas estas aulas. Siempre que se mantengan los medios humanos y materiales, es más que necesario”, indica a ininfolibre el secretario de Educación del PSOE de Castilla y León, Javier García. Quedan pocos meses para las elecciones autonómicas, pero la escuela rural no es un campo de batalla política en una de las regiones más despobladas de Europa. Ni los dos principales partidos de la comunidad ni el sindicato CSIF cuestionan el mantenimiento de centros con tan poco alumnado ni su coste. “Tres es un mínimo bajo, nosotros somos conscientes de ello. Fuimos conscientes cuando lo establecimos con el anterior consejero y somos conscientes ahora que se mantiene. Todos tenemos la satisfacción de haberlo impulsado y valoramos positivamente que la Junta lo mantenga”, señala a Infolibre el procurador socialista Fernando Pablos Romo, que colaboró en la flexibilización del mínimo para San Martín del Castañar que después se extendió a toda la comunidad. Lamenta que ahora no tengan esa interlocución con la Consejería de Educación como la que tuvieron entonces y dio paso a este avance. 

Que un pueblo tenga colegio es un aliciente para asentar nuevos pobladores. Esa es la esperanza que está detrás de mantener una política exigente en recursos pero apreciada socialmente. “Cuando quieres luchar contra la despoblación, no puedes abordarlo en función del coste como si fuese esto una empresa. Esto es un servicio educativo en el medio rural. Si una escuela cierra, lo más probable es que los padres acaben en la capital, que es lo que pasa casi siempre. Desde un sentido economicista no tendría sentido hacerlo, claro”, explica Pablos, que recuerda que cuando cierran estas escuelas las familias con hijos tienen que decidir si quieren enviar a sus hijos muy pequeños en transporte escolar, a veces por carreteras de montaña, o incluso en taxi. 

Lo que la oposición socialista pide a la Junta en esta materia es que la escuela rural tenga los mismos servicios complementarios de conciliación que la urbana: los de madrugadores (para familias que deben irse a trabajar antes de que comience la jornada escolar) y los de comedor. Desde el sindicato de funcionarios CSIF reclaman mayor estabilidad de las plantillas a través de incentivos, también salariales, para los profesores, puesto que estos colegios muchas veces están en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, con peores comunicaciones y falta de vivienda disponible. 

“El mantener esta oferta educativa para asentar población y para que el nos parece muy importante”, dice a infoLibre la responsable del sector Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga. La experta, que es docente, reconoce que pedagógicamente son centros de complejidad porque el profesorado tiene que adaptarse a impartir clase a varios niveles educativos a la vez en el mismo aula. Y recuerda que estas escuelas realmente son unidades educativas que pertenecen a un Colegio Rural Agrupado (CRA), que es al que están adscritos los docentes, y desde el que se desplazan itinerantes los especialistas de inglés o educación física, pero también los profesionales de atención a la diversidad cuando sea preciso. Desde ese CRA intentan también paliar, con actividades conjuntas, la parte más difícil de los colegios tan pequeños: la socialización con niños de la misma edad o en grupos más numerosos y diversos. 

En una comunidad tan dispersa y extensa como Castilla y León, algunos de estos centros rurales se consideran de difícil desempeño y es improbable que profesores con experiencia, que ya tienen su vida organizada en otra punta de la región, decidan desplazarse para dar clase en estos entornos. “Conseguir que vuelva esa figura del maestro de pueblo, estable, para hacer proyectos a largo plazo y hacer las escuelas rurales más atractivas requiere una estrategia que va más allá de la Consejería de Educación y que tiene que ser una política global a nivel de la Junta para frenar este declive poblacional”, concluye Madruga.

Un negocio familiar de exportación de jamón ibérico llevó a la japonesa Hiromi Sato de las principales ciudades de Japón a un pueblito salmantino de mil habitantes en plena Sierra de Francia. Violeta Serrano volvió a la aldea leonesa de la que se fue muy joven para construir una vida que ahora ve imposible en las grandes urbes donde alcanzó el éxito profesional. Luz Bella González saca adelante sola su explotación ganadera en un municipio de Zamora que ha sido el escenario completo de su existencia. Las historias de las mujeres que habitan hoy el campo por elección, de maneras muy distintas a las de antaño, son diversas pero convergen en un punto: un entorno con muchas limitaciones ha sido para ellas el que les ha permitido vivir de la manera más cercana a su deseo.

El único niño no albercano del colegio del hijo pequeño de Hiromi Sato era él. Esa fue la mayor dificultad que encontró al mudarse de Madrid a La Alberca, un pueblo de mil habitantes a una hora de Salamanca. “No por ser japonés o extranjero, sino por no ser de allí. En Madrid había muchísimos niños de todas partes”, cuenta a infoLibre esta mujer nipona que, cuando falleció su marido hace 13 años, eligió quedarse en el disperso medio rural de Castilla y León en lugar de regresar a su país con sus hijos o volver a Madrid, donde había comenzado su experiencia migratoria en España. “Cuando murió, tuve dudas sobre si seguir viviendo en España o no, sobre dónde hacerlo. Para mi propia vida era más fácil volver a Japón, pero pensé en mis hijos, que estaban estudiando y no hablaban bien japonés, y consideré que era mejor no someterlos a ese cambio tan drástico”, relata. Ahora, sus tres hijos ya son adultos y ella ha construido su propio proyecto de vida en el municipio: participa en una asociación de artesanía textil, forma parte del coro local y cultiva su propio huerto.

En provincias como Salamanca, que sufren de manera acusada el envejecimiento y la despoblación, los nuevos emprendimientos de mujeres como Sato, que desde hace unos años se dedica a talleres y ferias relacionados con el oficio de la lana, son una noticia esperanzadora en medio de la cascada constante de titulares desoladores sobre el vaciamiento. El escritor y consultor rural Ángel Poveda Polo se dedica a recoger este tipo de historias de la provincia en el blog ‘Pobladoras’, como “una ventana para descubrir las vicisitudes por las que han pasado las mujeres emprendedoras rurales para llevar a cabo su proyecto”, indica a infoLibre. A Sato no le gusta conducir y no tiene coche, por lo que sólo va a Salamanca una vez cada mes o cada dos meses a ver a sus amigas de la ciudad o a hacer alguna gestión o compra puntual. El tiempo difícil para sus hijos pasó en cuanto saltaron al instituto, donde ya había niños de toda la comarca y dejaron de ser los únicos “forasteros”, como se dice en los pueblos a todos los que no son de allí.

La escritora Violeta Serrano hizo lo que se espera de todo joven con aspiraciones profesionales creativas en la España despoblada: se fue puntualmente a los 17 años a una ciudad grande para estudiar y buscar oportunidades inexistentes en su lugar de origen. A los 36 años ha hecho lo que todavía hoy se considera una quijotada, algo arriesgado, cosa de valientes: ha vuelto con sus tres carreras, su máster, sus libros publicados, su proyección pública a una aldea que no alcanza los 100 habitantes en la comarca leonesa de La Maragatería. Ha construido una casa con todas las comodidades (y la eficiencia energética) del siglo XXI sobre el terreno que era la huerta de sus abuelos. Ha levantado en una zona donde se atisban más cigüeñas que personas el proyecto de vida que vio imposible, incluso para alguien con su relevancia profesional, en las grandes ciudades donde se hizo adulta: Barcelona, Buenos Aires y Madrid. 

“Yo nunca pensé que volvería aquí a algo más que visitar a mis padres de vez en cuando. Pero las cosas han cambiado mucho desde que yo me fui. Cuando volví a España, pensé que era absurdo irme a una ciudad donde toda la renta que pudiera generar quedaría absorbida por un alquiler. Así que hice de la necesidad virtud”, explica la escritora a infoLibre. Sabe que su ejemplo es inspirador pero no idealiza este camino. “En principio, sobre todo para perfiles muy profesionales, aquí no hay trabajo. Entonces tienes que llegar a acuerdos de teletrabajo con empresas que están en los grandes centros urbanos o emprender, buscarte la vida”, reconoce. Ella está acostumbrada a la reinvención continua. Ahora está inmersa en la presentación de su Escuela Savia, que propone como un espacio para fomentar la creación a través del vínculo con la naturaleza y la escritura. “Precisamente quiero llegar a toda esa gente que está en la ciudad pasándola mal, no entendiendo por qué no está bien”, apunta.

En su escuela orienta hacia una vida más conectada con los ciclos de la naturaleza, como la que ella tiene ahora en su casa situada en medio del campo a las afueras de la aldea, con el monte Teleno como telón de fondo. Se levanta temprano, con la luz del sol, y organiza su actividad física fuera, sus paseos y sus labores en el huerto, en función de la estación, buscando el sol que algo calienta después de comer en invierno y el fresquito de la mañana durante los rigores del verano. Ahora vive sola y dice que nunca ha sentido miedo. “De hecho, me gusta mucho. Tengo mucho tiempo para disfrutar más de todo esto. Tienes que tener un carácter un poco especial, no tenerle miedo al silencio, a la soledad, a encontrarte contigo misma. Esto lo puedes hacer cuando estás en paz contigo misma”, explica. ¿Y por las noches, sin nada alrededor? “No, nada de miedo, he tenido mucho más miedo en ciudades grandes. Aquí nos conocemos todos, todos los vecinos saben quién soy y que estoy aquí. Yo he vivido en Latinoamérica, donde la violencia está a la orden del día, y la tranquilidad que tenemos aquí no se paga con dinero”, dice. Aunque a veces, el viento sopla fuerte: “Yo estoy un poco aislada dentro del pueblo y algunas noches de muchísimo viento parece que estás en un barco dentro de la nada, pero es sólo una sensación, es la naturaleza hablando”.

Luz Bella González Gómez tampoco tiene miedo a las solitarias noches del campo. A sus 69 años sigue levantándose de madrugada, a veces a las cuatro de la mañana, para ver si ha parido una de las vacas que tiene en el monte. Villar del Buey, su pequeño pueblo zamorano, es su lugar en el mundo, pero tuvo que reaprender cómo vivir su vida rural cuando su marido murió hace 26 años. La vida entre el monte y su casa, su casa y el monte, sin domingos ni festivos, era algo que hacían juntos. Al dolor de su pérdida, se sumó seguir sacando adelante todo sola. Subirse por ejemplo al tractor, que era algo que sólo hacía su marido. Pero nunca se planteó irse del pueblo. “Yo el pueblo lo tengo metido en el alma”, dice a infoLibre ya tarde por la noche, que es cuando ella acaba su jornada, aunque la jornada de una ganadera nunca termina realmente. “Esto es muy duro, trabajar y vivir aquí es duro, esto te tiene que gustar, no es para todo el mundo”, apunta. 

Tiene 69 años, pero no se quiere jubilar. No le gusta estar en casa, nunca le ha gustado. Su vida es el campo y no se la imagina sin su rutina. Se levanta pronto para ir al monte y coger forraje que le lleva después a las vacas, que pacen en una parcela a 5 kilómetros de su casa. Después vuelve para hacer las tareas del hogar y luego regresa al monte para ver si hay algún parto o algún ternero está malo. “Mi vida normal es así, del monte a casa; en este pueblo hay muy poquita gente y la mayoría son personas muy mayores”, relata. Cuando la visitan sus hijos le traen la compra grande y, de normal, va a un municipio vecino a por los víveres. Puede pasar bastante tiempo sin viajar a la ciudad, que siempre la ha agobiado. En el pueblo no hay tienda pero queda un bar, aunque a ella no le gusta ir. “Yo estoy acostumbrada a esto, lo que hago me gusta”, apunta. Entretenimiento no le falta con sus tareas ganaderas y el cuidado de su huerto.

“No voy a ser muy original, porque si digo ahora que no, fíjate la que liamos”. Carlos Martínez, cinco veces alcalde de Soria, se ha presentado este miércoles como candidato a liderar el PSOE de Castilla y León exhibiendo la cercanía que nadie le niega. Fue el alcalde más joven de una capital de provincia con 34 años, el único regidor socialista con mayoría absoluta en una capital de provincia en 2023 y el segundo alcalde español, después de Pascual Maragall, en pronunciar un discurso en el Plenario de las Naciones Unidas en Nueva York como presidente de la organización mundial CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) es un municipalista que desdeña lo que llama “nacionalismos de campanario”, en referencia a los nuevos partidos localistas como Soria Ya. Defiende la vocación internacional de la izquierda y que el futuro de los lugares pequeños se juega en la gestión de los fondos europeos que se dirime en Bruselas y Madrid.

“Es un alcalde viajero que ha conectado internacionalmente. Una persona que se dio cuenta de que difícilmente se podía actuar bien a nivel local si no se comprendía la política territorial europea. En la superación constante que le caracteriza ha comprendido que el desarrollo, sea municipal o autonómico o estatal, no puede prescindir de un contexto internacional cada vez más complejo, que hay que hacer de lo local algo trascendental, sin localismos”, explica a infoLibre Mercedes Molina Ibáñez, catedrática emérita de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid y “soriana militante” que trabaja con Martínez en la lucha contra la despoblación desde hace una década en foros internacionales.

La puesta de largo del alcalde como previsible nuevo líder del PSOE de Castilla y León este miércoles fue un libro abierto sobre quién es este político: la hizo desde la sede del partido en Soria, habló con claridad y sorna, y se refirió en varias ocasiones a “los medios nacionales” para pasar cuentas. El socialista habló más de visibilidad que de victorias electorales. Dijo que quiere ver a Castilla y León y sus problemas “en las páginas pares de la prensa”. “Cuando estoy diciendo que el PSOE de Castilla y León tiene que, de alguna forma, aparecer en el ámbito nacional y en el ámbito europeo, estoy diciendo que Castilla y León necesita aparecer en el escenario nacional y europeo. Donde se está jugando gran parte del futuro de Castilla y León es en Europa y en cómo se desarrollan los fondos europeos desde Madrid, y Castilla y León no está asistiendo a esos debates”, dijo.

Martínez aspira a disputar la hegemonía de casi 40 años del PP en la Junta de Castilla y León con apenas un año de margen hasta las próximas autonómicas y sin moverse de la alcaldía. Tendrá que hacer oposición a Alfonso Fernández Mañueco sin ser procurador en Cortes y liderar el Partido Socialista de la Comunidad más extensa del país desde la agrupación provincial más pequeña. Según su analogía, todas estas piezas encajan: “Soria es a Castilla y León lo que Castilla y León es a España”. El cambio de signo político que pide para Castilla y León, sin embargo, no lo quiere para Soria ciudad tras casi dos décadas de su gobierno socialista: “Aquí no lo veo, no”, fue una de sus respuestas rápidas e irónicas en la rueda de prensa. 

Su perfil de político de izquierdas capaz de gobernar una ciudad de tradición conservadora como Soria es una de sus bazas como futuro candidato al Gobierno de una autonomía con ese perfil sociológico. “Cualquier candidato socialista sabe que la batalla aquí no se gana por la izquierda, sino arrebatando votos del centro. En ese sentido, el PSOE presenta con Martínez un candidato ganador, capaz de convencer en una tierra de conservadores”, indica a infoLibre, Álvaro Sánchez, politólogo e investigador de la Universidad de Salamanca. La otra cara de su perfil que le beneficia es su conocimiento y militancia en el asunto crucial de la despoblación. “Presentan a una persona muy bien preparada en una cuestión fundamental en esta Comunidad y que preocupa a la sociedad. Se le considera un experto en políticas de despoblación”, valora el académico. Y añade una tercera ventaja de Martínez: “A Tudanca se le criticó por ser cercano al leonesismo y, por lo pronto, este candidato se posiciona más en la unión de la Comunidad en torno a preocupaciones comunes como despoblación y desindustrialización y no tanto en temas identitarios o culturales”.

A Martínez es difícil clasificarlo en clave interna del partido. Con humor, llegó a decir de sí mismo en su momento que es “gafe” porque nunca apuesta a caballo ganador: primero con Carme Chacón frente a Alfredo Pérez Rubalcaba y después con Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. “Yo no entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, no soy pedrista, ni sanchista, ni tudanquista; soy socialista”, afirmó en su presentación. Y también dijo que se postulaba sin haber hablado con el presidente del Gobierno. No abundó en discrepancias pero sí la dejó caer: “Hemos pasado de ser los críticos a ser los favoritos”. 

A Luis Tudanca le agradece haber facilitado todo echándose a un lado y la lealtad que se han tenido a pesar de “haber estado en diferentes trincheras en los diferentes procesos orgánicos”. El socialista burgalés se fue sin reproches y el soriano llega sin críticas, pero también sin ambages: habla de “revulsivo”, de “giro”, de “cambio de rumbo” y de “rearme ideológico” para conseguir “el préstamo de confianza” de una sociedad conservadora como la de Castilla y León. Cree que es posible exportar el hito y el modelo de Soria al conjunto de las nueve provincias. “Pesa la responsabilidad y la magnitud del reto, pero no me quiero resignar, ni quiero que la sociedad de Castilla y León se resigne a ese mantra falso, que ya oímos tantas veces en la Soria de antes, de que Castilla y León es de derechas. Ni Soria es de derechas, y lo está demostrando, ni Castilla y León es de derechas si somos capaces de poner un proyecto político que consiga ilusionar a la ciudadanía y ganar su confianza”. 

“Cuando Carlos Martínez habla se le entiende, y ese es un gran valor en política. Su cercanía es indiscutible”, comenta Fernando Pablos Romo, procurador socialista por Salamanca que conoce al candidato desde que comenzó como alcalde en Soria. Natural de La Barriada, un barrio popular, Martínez nunca ha delegado la responsabilidad de Festejos en el Ayuntamiento desde que debutara con esa cartera en la política municipal en 1999. En las fiestas de San Juan una estampa típica es verle manteado.

Esa cercanía, sin embargo, le jugó una mala pasada el pasado verano, cuando durante las fiestas del pueblo de Tardelcuende se subió sobre un turismo en el que estaba instalado un sillón con una carpa blanca a modo de papamóvil y se puso a bendecir a los presentes con una escobilla de baño. A raíz de esa escena, recuperada ahora por la derecha con motivo de su salto a la política autonómica, Abogados Cristianos le llevó ante los tribunales por “escarnio o vejación de los sentimientos religiosos”. Martínez pagó 100 euros de multa por infracción contra la seguridad vial, pidió disculpas y dijo que no supo calibrar en ese momento la repercusión.

A partir de ahora deberá equilibrar la cercanía que le ha dado tanto rédito como alcalde con la lupa pública que tendrá encima como la nueva apuesta del socialismo en Castilla y León. Y su dedicación a Soria con componer su proyecto para el partido en toda la Comunidad y seguir siendo una voz contra la despoblación como vicepresidente de la comisión de internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La despoblación es el principal desafío territorial al que se enfrenta España, pero el debate sobre este problema no sólo ha desaparecido de la legislatura sino que ni siquiera forma parte de la discusión pública en plena campaña electoral para renovar el Parlamento Europeo. Y eso que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ordena, expresamente, reforzar su cohesión económica, social y territorial prestando especial atención a “las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”.

En lo que se refiere a la distribución de zonas rurales y urbanas en la UE, con los datos de Eurostat se puede afirmar que resulta evidente que el problema de la baja densidad de población se concentra en cuatro comunidades autónomas españolas: Aragón (27,7), Castilla y León (25,7), Castilla-La Mancha (25,7) y Extremadura (26,1), y en algunas otras regiones de Francia (Limousin: 43, Auvergne: 52,5, Borgoña, 51,5 y Champagne-Ardenne, 51,7), Italia (Basilicata: 56,4 y Valle de Aosta: 38,8), Portugal (Alentejo: 22,8), Rumanía (Vest: 55,9) e Irlanda (Southern: 54,9, Northern y Western: 34,5) —excluidas las regiones de Suecia e Islandia por sus especiales circunstancias climatológicas—. Son datos recogidos por Santiago A. Bello Paredes, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, en un estudio publicado el año pasado.

Según el mapa elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) y el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, el 21,9% de los municipios españoles sufren una situación demográfica “muy grave”. En Soria, Cuenca y Teruel ese porcentaje supera el 58%. Si se suman aquellos que se encuentran en situación “grave”, el porcentaje asciende al 49%.

Los análisis constatan un problema que afecta a toda Europa. El pasado mes de noviembre, el Consejo de la UE avanzó en el establecimiento de una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE con el fin de proporcionar orientación política a la Comisión y a los Estados miembros. En ella quedó constancia de lo imperativo que resulta atraer a la gente joven, incluidos los jóvenes agricultores, a las zonas rurales.

Hasta 82 regiones de 16 estados miembros (que representan casi el 30% de la población de la UE) se están viendo gravemente afectadas por una disminución de la población en edad de trabajar. La Comisión ha identificado 46 regiones que actualmente se encuentran en lo que se ha dado en llamar una “trampa para el desarrollo del talento”. Un fenómeno que combina éxodo de capacitación joven, una reducción de la población activa, desincentivos para la inversión, declive económico y erosión de servicios públicos. Este grupo de regiones representa el 16% de la población de la UE, pero hay otro, un grupo de 36, que ha sido identificado en riesgo de caer también en una trampa para el desarrollo del talento en el futuro, ya que se están viendo muy afectadas por la salida de su población de 15 a 39 años. Este grupo representa el 13% de la población de la UE, lo que eleva el porcentaje al 29%.

Estar en “una trampa para el desarrollo del talento”, según la plataforma creada por Bruselas para abordar el fenómeno, es un desafío multidimensional y plantea un riesgo significativo para la prosperidad a largo plazo de las regiones identificadas. Son regiones que se enfrentan a desafíos estructurales específicos, como ineficiencias en el mercado laboral, la educación, la formación y los sistemas de aprendizaje de adultos, así como un bajo rendimiento en las áreas de innovación, gobernanza pública o desarrollo empresarial.

Tomás Guitarte, exdiputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y candidato al Parlamento Europeo de la candidatura Existe, tiene pocas dudas acerca de que la pérdida del escaño, en las elecciones del 23J, ha borrado el problema de la agenda política. “La llegada de Teruel Existe al Congreso puso la España vaciada y el problema de la despoblación en la agenda política y mediática”.

“La experiencia nos confirmó una intuición”, explica en declaraciones a infoLibre entre mitin y mitin de campaña: “Para enfrentar un problema tan amplio y complejo como la despoblación y para corregir la brecha rural/urbana que provoca y que divide a España en un país de dos velocidades, es necesario el trabajo intenso, concienzudo y determinado para influir en muchas de las decisiones que se toman”.

“La importancia de tu posición”, admite, “depende del peso relativo de tus votos. Pero también de la calidad de tus propuestas, del afán por construir puentes de consenso, de la voluntad por traer a través de cuestiones muy concretas los problemas de la España despoblada. Problemas que llevaban décadas olvidados. Y esto es lo que sucedía en la legislatura anterior con Teruel Existe”.

Ahora “no disponemos del foco del Congreso y del Senado, pero el trabajo en las Cortes de Aragón y en las Cortes de Castilla y León continúa. Y ese trabajo nos permite influir en problemas muy concretos y muy pegados al territorio”, reivindica. Otros partidos incorporaron propuestas a sus programas, “pero la realidad es que sin los partidos de la Coalición Existe en los parlamentos no se mueve nada a favor de los territorios olvidados. La lucha por los recursos económicos es enorme”.

No obstante, Guitarte reivindica el acuerdo de investidura con el PSOE como “un trabajo político importantísimo” que consiguió elevar el rango del Reto Demográfico a la categoría de ministerio. “Ahora no está Teruel Existe, pero la línea política continúa”.

La presencia de Teruel Existe en el Congreso “fue un éxito enorme. Empezando por la propia autoestima de los turolenses, que lleva a una mayor confianza en el trabajo por su territorio y sus proyectos. Lo fue también para poner a la sociedad española y a la clase política ante el espejo de un hecho innegable: la España vaciada, un país que se ha quedado atrás víctima de las políticas extractivistas”.

“Fue un avance innegable para Teruel, para Aragón, para la España despoblada que se reconoció y también para el propio gobierno que encontró un camino que ignoraba”, explica el candidato.

Pendientes quedan muchas cosas, sostiene. “No nos escucharon en la necesidad de completar la cobertura de la telefonía móvil en el medio rural, o la instalación de banda ancha en todos los polígonos industriales y núcleos rurales. No escucharon ni nuestra insistente petición de la ordenación del despliegue de las energías renovables y sobre la urgencia de priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Y ahí hay un problema gravísimo para España que va a lastrar el medio rural”.

Tampoco en la aplicación de las “Ayudas al funcionamiento” en el 20% de los costes laborales que permite la Unión Europea. “Y eso también fue un error enorme porque esa ayuda regional que permite la UE para tres provincias, Cuenca, Soria y Teruel, y para las comarcas limítrofes con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, sería una palanca muy potente para lograr avanzar en la cohesión territorial”.

Guitarte lamenta que en el último año no se haya escuchado la voz de Teruel Existe en las Cortes Generales. “No era una voz baladí. Hemos estado demasiado tiempo paralizados por los equilibrios parlamentarios y la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales de 2024 y lograr más acuerdos por parte del Gobierno”, lamenta.

Porque pendientes hay muchas cosas. “Sería muy importante lograr avances en políticas de Estado sobre atención primaria en Sanidad, sobre despoblación, sobre ayudas al funcionamiento, sobre industrialización de la España interior, con el método que Teruel Existe planteaba, el consenso. Y una de las herramientas para la industrialización del medio rural sería la transición energética si se aplica mediante el autoconsumo de domicilios, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y mediante comunidades energéticas. Pero hay que enfocarla en esa dirección que fijan las directivas europeas y no con el modelo que se mantiene de macro-parques, grandes empresas y fondos de inversión”.

El secretario general de Reto Demográfico del Gobierno, Francisco Boya, admite que quizá el problema ya no esté tan presente en la agenda pública, pero sí sigue muy presente, asegura, en la agenda política del Gobierno. En los últimos años, explica, ha culminado el plan de 130 medidas diseñado a partir de la estrategia nacional sobre este asunto. A partir de él se han movilizado 13.000 millones de euros, a través del ministerio y de las comunidades autónomas, con cargo a los fondos de recuperación.

Con este dinero, explica Boya, se ha resuelto, por ejemplo, el problema de la conectividad por banda ancha, la principal demanda de los alcaldes de la España vaciada. “Ya nadie habla de eso porque se han invertido cerca de 1.000 millones de euros en conexión digital y prácticamente el 95% del país tiene acceso a banda ancha”.

Durante estos años el ministerio ha ido construyendo herramientas de trabajo. Como el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, en colaboración con las comunidades autónomas, a través del cual se han financiado proyectos de bioeconomía o de capacitación digital.

Algunos “muy interesantes”, destaca el secretario general de Reto Demográfico, como el proyecto EREA, que ya ha permitido crear 196 empresas en zonas rurales de Aragón con un emprendimiento muy alto de mujeres y una inversión de unos cuatro millones de euros. Pero también otros destinados al cuidado de personas mayores o a mantener cajeros automáticos y oficinas bancarias móviles.

El siguiente paso fue trabajar también con los ayuntamientos más pequeños, los de menos de 5,000 habitantes, que tienen muy pocas palancas para resolver problemas por sus propios medios, a través de ayudas para la innovación territorial. Mediante este mecanismo se han impulsado del orden de 600 proyectos de innovación en distintos municipios del Estado, algunos vehiculizados a través de la cooperación entre varias poblaciones, como el que se está llevando a cabo en la Sierra de Codés, en Navarra, para resolver diferentes problemas.

“Son unas líneas de trabajo todavía modestas”, reconoce Boya, “pero que han tenido ya su impacto, y ahora lo que estamos haciendo es intentar abordar el problema de una forma más estructural”. El ministerio está trabajando con un enfoque demográfico que, después de examinar cómo funciona la red de servicios, las dinámicas de creación de empleo o los problemas de la vivienda, una vez descontadas las áreas urbanas o metropolitanas les ha permitido identificar “del orden de 600 áreas funcionales” divididas en tres grupos: las zonas próximas a las áreas urbanas, que son las que están mejor abastecidas y que tienen una funcionalidad más óptima; las áreas intermedias, que son rurales, pero que no tienen distancias muy importantes a las zonas urbanas; y finalmente las zonas remotas, que son las que tienen más problemas.

“Lo que pretendemos es ahora hacer un salto cualitativo para empezar a construir lo que denominamos el país de los 30 minutos”. O, lo que es lo mismo, que todos los servicios y necesidades diarias de los ciudadanos se encuentren a no más de 30 minutos de distancia a pie, en bicicleta o mediante transporte público.

Será a partir de las áreas funcionales en las que está trabajando el ministerio desde donde planean “generar políticas más quirúrgicas que nos permitan poner el énfasis allí donde está el problema que lastra la dinámica o el crecimiento” en un determinado entorno. Desde el acceso a servicios básicos a la vivienda, pasando por el acceso a puestos de trabajo de calidad. “Hay que hacer un análisis de todos esos elementos que inciden en la vida de las personas y que pueden ser determinantes para la decisión de si quiero quedarme a vivir aquí o no”.

Un trabajo de cohesión, que haga más tupido el tejido social y que afronte también el problema de las ciudades medias, que están sufriendo las consecuencias del poder de atracción de las urbes más grandes, que están absrobiendo todo el talento, el capital y las inversiones.

“Ahora nuestro objetivo es construir este país en los 30 minutos, trabajando una serie de parámetros, una serie de medidores que también nos tienen que ayudar a hacer esta radiografía territorial”. “Queremos poner en marcha algunos proyectos pilotos este año donde ensayar y empezar a ver qué cosas y qué políticas nos ayudan a resolver el problema”.

Reto Demográfico ha puesto además en marcha una red de Centros de Innovación Territorial con participación de administraciones y empresas “para generar dinámicas de desarrollo y para resolver también problemas que pueden tener un carácter más social”. Se trata de “generar una inteligencia propia, una inteligencia de territorio que fuera escalable”. Una inciativa, sostiene su titular, que “está funcionando”.

La despoblación “en estos años se ha frenado, al menos en las áreas más próximas a las zonas urbanas. Un fenómeno que Boya atribuye “al repunte de la población inmigrante, que ha regresado otra vez al entorno rural, porque hay oportunidades y hay trabajo”. Sin inmigración, feconoce, no hay nada que hacer. De ahí que ahora la reivindicación más importante tenga que ver con la vivienda. Y si hay demanda de vivienda, es porque hay gente que se quiere ir a vivir al medio rural. Y ese es un desafío importantísimo”.Inlcuso “las [provimcias] más castigadas, Soria, Teruel, Cuenca, todas han ganado población, o al menos se han estabilizado”.

Alexandru Zagorodniuc, de 22 años, buscaba prácticas para su tercer año de ingeniería de sistemas aeroespaciales, y encontró una oferta diferente. En vez de pasar el verano en una oficina de Barcelona, le proponían hacerlo al fresco en Casau, un pueblecito del Val d'Aran, en una empresa recién montada de drones. Pasó allí tres meses, cambió su rutina de ciudad por las rutas por la montaña, y le pagaron por ello. “Los estudiantes tienen que saber que hay oportunidades fuera de la ciudad. Está bien salir para conocer la España rural, y además aprendes a vivir solo y a ser autosuficiente”, cuenta un año después. Además, cuando terminó, la empresa le hizo un contrato a tiempo completo y todavía trabaja en remoto desde Barcelona, a donde regresó para terminar la carrera en la Universidad Politécnica de Cataluña.

El programa Campus Rural, con el que se topó Zagorodniuc, comenzó en el verano de 2022 y en los dos años que ha funcionado se han apuntado unos 1.000 estudiantes de 42 universidades españolas. Este año regresa en junio con más de 700 plazas, aunque el proceso de inscripción tuvo lugar en marzo. Las prácticas curriculares se alargan entre dos y cinco meses —como máximo hasta noviembre—, se realizan en municipios de menos de 5.000 habitantes, el alumno recibe 1.000 euros al mes —el alojamiento no está incluido— y las plazas se disputan en función de la nota media. El presupuesto total del proyecto es este año de 3,2 millones de euros y corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica.

Paco Boya, secretario general de Reto Demográfico, explica que el objetivo de este campus de verano es doble. “Por un lado, queremos acabar con esa imagen de que el medio rural es inhóspito para los jóvenes y. al mismo tiempo, llevar chicos y chicas bien formados a los pueblos para dinamizar la economía”, afirma. Según añade, están desarrollando una segunda etapa del programa que echará a rodar en verano de 2025 enfocada a quienes ya se han graduado y buscan emprender su negocio en zonas rurales. “Algunos de los que han ido estos dos años se han quedado trabajando, pero la mayoría toman nota y regresan a la ciudad para terminar de estudiar. Por eso queremos montar un proyecto postuniversitario donde futuros emprendedores puedan ir a pueblos y reciban allí mentorías y financiación”, explica Boya.

En el programa para universitarios que hay ahora activo hay plazas de todo tipo. En ayuntamientos, en empresas o en asociaciones locales, y están incluidas 1.141 titulaciones. El 61% de los que participaron el año pasado fueron de ciencias sociales y humanidades, y el resto de toda clase de carreras, desde enfermería a ingenierías. Y de media hay bastantes más chicas interesadas, puesto que representan casi el 60% de los que se apuntan, según los datos del Gobierno.

En el caso de Alexandru Zagorodniuc, se alistó por la rama de ingeniería junto con una compañera de universidad, y allí coincidieron con otras dos chicas del mismo programa, una que hacía prácticas en el Ayuntamiento de Casau y otra en el archivo municipal. “Fue un verano lejos del calor y la humedad de Barcelona, incluso nos llovió algunos días. Nos pasábamos las semanas haciendo rutas por la montaña y no eché de menos la ciudad. No soy mucho de salir por la noche y el cine se puede sustituir con Netflix”, recuerda este chico. 

Por el lado de los municipios, el año pasado participaron más de 400 repartidos por todas las comunidades, salvo Baleares, y no hay limitación geográfica, por lo que un alumno de Valencia puede irse a Huelva a hacer las prácticas. Uno de los pueblos disponibles es Aledo, un municipio del interior de Murcia de unos 1.000 habitantes. Su alcalde, Javier Andreo, explica que este es el tercer año que participan y que su experiencia ha sido fantástica. “Estábamos muy preocupados con la despoblación. No es solo una cosa de Soria o Teruel, también la sufrimos en Murcia. Con este proyecto atraemos a jóvenes y les enseñamos que fuera de la ciudad también hay oportunidades profesionales. De hecho, probablemente somos el pueblo que más estudiantes acoge de España, unos 14 o 15 al año”, afirma. 

Andreo llegó a la alcaldía en 2019 e insiste en que recuperar población es su principal tarea en el ayuntamiento. Hasta tal punto que están ganando vecinos cada año, al contrario de lo que ocurre en municipios similares. “Era funcionario y prometí no entrar nunca en política, y lo habría cumplido si no fuese por el problema que teníamos de despoblación”, señala. En Aledo ofrecen prácticas para todos los gustos: trabajadores sociales, profesores, biólogos, ingenieros agrónomos, psicólogos o ingenieros de telecomunicaciones, entre otros. Pero no se quedan ahí. Además del programa de becarios, tienen guardería gratuita y una pequeteca abierta por las tardes para promover la natalidad, además de un programa de verano llamado RepoblArte con actividades culturales para atraer visitantes.

Entre los candidatos para hacer prácticas en pueblos este año está Rodrigo López, de 50 años, que estudia trabajo social en la Universidad a Distancia (UNED) desde Villacarrillo, en Jaén. No vive en una gran ciudad, pero aun así quiere un cambio de aires y pasar unos meses en una aldea de Lugo. “Quiero hacer un cambio radical y tengo mucha curiosidad por vivir allí, pero sobre todo me interesa ver cómo es el trabajo social en un ayuntamiento muy pequeño. La gente tendrá unas necesidades y unos problemas diferentes”, señala. No descarta incluso quedarse a vivir porque la UNED facilita la movilidad y puede examinarse en cualquier centro de España.

Más de 11,6 millones de habitantes en España viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Esta cifra forma parte de las conclusiones del estudio Sin población, sin noticias: desiertos informativos y áreas en riesgo en España, que acaban de publicar los investigadores de la Universidad de Santiago Cruz Negreira, Jorge Vázquez y Xosé López.

Es una cifra “alarmante”, subraya el informe, porque significa que “el 24.51% de la población española vive en lo que los investigadores denominan “desiertos informativos”, una expresión que define el territorio, cada vez más extenso, en el que los ciudadanos carecen de uno de los ingredientes fundacionales de la comunidad y del sistema democrático. Son los municipios en los que la gente puede “no tener sus necesidades críticas de información cubiertas”.

Y la situación va camino de agravarse: otro 9,47% de la población vive en uno de los 523 municipios en riesgo de convertirse en desiertos informativos, es decir, que a finales del año pasado solo estaban cubiertos por un medio.

Los estudios que se han llevado a cabo sobre el impacto de este fenómeno en el resto del mundo han llegado a conclusiones comunes sobre sus efectos adversos “que también podemos aplicar al caso español”, señala el informe. “Los residentes de los desiertos informativos no reciben información profesional actual o información publicada en medios tradicionales” y eso les expone mucho más a recibir información a través de otros canales, como redes sociales permeables a la desinformación. “Y esto perjudica su funcionamiento democrático, cohesión social o sentido de comunidad. Los vecinos y las organizaciones locales no están representados en los medios, no obtienen visibilidad real para sus comunidades y carecen de un servicio público fundamental para tomar decisiones que afectan su calidad de vida”.

Si entendemos que el periodismo debe ejercer como contrapoder y asumir un papel fortalecedor de la democracia, lo que está pasando en los desiertos de noticias “es un problema moderadamente grave”, confirma la profesora de Comunicación Cruz Negreira. La ciudadanía que vive en esas áreas despobladas de medios y de información no está pudiendo cubrir sus necesidades informativas básicas”. Y eso “es un riesgo potencial para el funcionamiento democrático de esas comunidades, que seguramente tenga impacto a nivel comunitario o nacional”.

Donde no hay periodismo profesional, explica, se crean las condiciones para “que haya una ausencia total del relato de lo que ocurre en esos municipios o en esos territorios. Supone que no haya vigilancia del poder” y eso es “un factor de riesgo más asociado a la desinformación”.

En ausencia de medios y de periodistas profesionales, “la ciudadanía crea, o puede crear, sus propios mecanismos de comunicación a partir de las redes sociales” susceptibles de “caer de forma mucho más fácil en las dinámicas propias de la desinformación”.

Los autores del estudio todavía no han llegado a conclusiones concretas sobre esta derivada del problema, pero ya están en ello. Será su siguiente paso. Para averiguarlo, están examinando “qué rutinas de consumo informativo tienen los ciudadanos que habitan en esas zonas”.

Una de las conclusiones del informe es que, en el caso de España, la desigualdad territorial en el acceso a la información local va de la mano con la desigualdad poblacional. “Hemos encontrado que los municipios con menos habitantes y aquellos que han sufrido procesos de despoblación en los últimos años son los que tienen menos medios y son más frecuentemente desiertos informativos”. La despoblación emerge así como un factor de riesgo determinante en la aparición de desiertos informativos, “al igual que el índice de riqueza, aunque en menor grado”.

De los 4.929 municipios que perdieron más del 1% de su población en el período 2001-2021, el 88% son desiertos informativos, “lo que debería preocupar” desde el punto de vista de “la protección del ecosistema mediático y el acceso a la información local en territorios despoblados”.

En el conjunto de España hay claras diferencias en la presencia de desiertos informativos en las diferentes comunidades autónomas. Hay cinco en las que más del 90% de sus municipios pueden considerarse desiertos informativos: Castilla y León (96.89%), La Rioja (95.98%), Comunidad Foral de Navarra (93.38%), Castilla-La Mancha (90.86%) y Cantabria (90.19%). En ellas hay porcentajes de población de entre el 30% y el 50% que pueden no tener cubiertas sus necesidades críticas de información.

En la posición opuesta están cinco comunidades autónomas con un porcentaje de municipios considerados desiertos informativos de menos del 60% y con menos del 20% de su población en estos territorios. Son Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y País Vasco. Las tres que destacan por sus ecosistemas de medios locales (Cataluña, Galicia y País Vasco) son comunidades autónomas con sus propios idiomas oficiales además del castellano.

La relación entre este problema y la despoblación puede parecer obvia, pero Negreira llama la atención sobre la ausencia de referencias a los desiertos de noticias cuando se reseñan los retos y se buscan soluciones a la España vaciada. “Falta poner un poco de atención en ese servicio informativo y periodístico, que claro, muchas veces se asume que no es la prioridad absoluta, pero que tiene su importancia”, en particular en lo que afecta al funcionamiento democrático de las sociedades y la capacidad de las comunidades afectadas de “construir su identidad”. “El acceso a la información local y la protección de los medios locales deben contemplarse como parte de la estrategia del gobierno contra el llamado reto demográfico”, remarca el estudio.

Las crecientes áreas informativamente yermas contrastan con el rico y creciente ecosistema de medios digitales en España. El motivo es que los medios digitales tienden a concentrarse en las ciudades más pobladas y en las capitales de las provincias. “Además”, precisa el informe, “la mayoría de ellos tienen un alcance regional o provincial, con un menor peso de los medios locales que cubren áreas municipales o comarcales más pequeñas y remotas, y con una presencia excepcional de medios hiperlocales”.

Se trata de un fenómeno, concluyen los autores del estudio, que “necesita ser abordado en España. Hay un gran territorio y más de 11 millones de habitantes que no tienen sus medios locales para contar su realidad y satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos reconocido por la Constitución española”.

En Estados Unidos, donde hace años que se ha detectado el problema y sus graves consecuencias para el funcionamiento del sistema democrático, se están ensayando mecanismos de financiación pública para tratar de mantener vivo el periodismo local. Pero que son difíciles de plantear en España, donde el flujo de dinero desde las instituciones a los medios está permanentemente bajo sospecha.

Es un problema difícil de solucionar, concede Negreira, y todavía estamos en la fase de tomar conciencia sobre él. “La ciudadanía tiene que entender que el periodismo ocupa un espacio en nuestras democracias importante y necesario”, pese a la “pérdida generalizada de confianza” por parte del público que está sufriendo.

En las comunidades locales, defiende la coautora del estudio, se debería reforzar el apoyo ciudadano, empresarial y de los gobiernos locales a los medios de comunicación. También por parte del sector profesional, los colegios y las asociaciones de periodistas, deberían reivindicar la necesidad de los medios locales.

La solución, en todo caso, “no es fácil”, admite. “Al estar muy vinculado al tema de la despoblación”, si eso no se corrige, “al final no hay solución tampoco para los medios”.

Una mujer se entera de que tiene derecho a una nueva ayuda autonómica. Acude a las dependencias pertinentes, pero sólo consigue hablar por teléfono con una funcionaria que trabaja en el otro edificio. Le informa mal: vuelva mañana con todos estos papeles requeridos para una ayuda que resultará no ser la que le corresponde. Otra funcionaria, a esta sí la llega a ver, le dice: vuelva, pero con todo hecho telemáticamente, que aquí ya no lo hacemos. Esa mujer, mayor de 60 años y que vive ajena al ordenador, se siente impotente. A sus tres hijas les compraron desde adolescentes todo lo que iban necesitando: la equipación completa del PC, el portátil de irse a la universidad, hasta el primer Mac después. Ellos dos estudiaron cuando todo eso no existía y sus profesiones no tienen ningún componente digital. Ella, como tantas madres de los que emigraron con la crisis de 2008, no tocó el PC de la casa hasta que tuvo que aprender a hablar con sus hijas por Skype (lapicerito, lapicerito, lapicerito).

Una de sus hijas ha vuelto a la ciudad. Deja su trabajo una mañana para acompañarla en la peregrinación de las dependencias pertinentes. La señora ha conseguido todos los papeles. Dos horas, cuatro funcionarias y borbotones de coraje después, la hija descubre que la ayuda a la que tiene derecho su madre es otra. Comienza una coreografía burocrática que enhebra discretamente desde su iPhone porque ha decidido hacer una prueba: presentarse con su madre en las dependencias pertinentes para ver hasta dónde no asiste la administración pública. –¿Pero tú no te manejas con el ordenador?, repiten una funcionaria seguida de la otra y la otra. –¿Y la gente que no tiene hijos? ¿Y la gente que no tiene ordenador? ¿Y toda la gente de esta ciudad despoblada que no tiene a sus hijos aquí? ¿Qué hace toda esa gente para hacer sus trámites?, repite la hija todas las veces, en todas las ventanillas, borbotón de coraje a borbotón.

-Ahí hay unos ordenadores, pero nosotras no podemos hacerle la solicitud (lo dejan claro una vez más). A la pregunta de qué pasa si viene una persona sola que no sabe hacerlo, las empleadas públicas dicen: –Pues a pagar una asesoría. La hija quiere gritar ¡la asesoría son estos dos edificios!, pero empieza el trámite porque el reloj tampoco conoce la piedad.

La aplicación de la solicitud se cuelga una o dos veces en cada apartado. Las funcionarias dicen que ellas no tienen ni idea de cómo solucionarlo, que llame a la oficina de la capital. Después de hablar con dos funcionarias vía telefónica, un técnico le cuenta que esa administración pública que se las da de modernísima y no ofrece gestiones presenciales a sus ciudadanos ha creado una plataforma que “da muchísimos errores desde el primer día”. Por ejemplo, deja de funcionar si pones tildes. Si-pones-tildes.

La hija siente que ese edificio hostil se va a cerrar sobre sus cabezas sin haber completado la solicitud. Va rápido, pero comprueba todo. Hablará otras dos veces con el técnico. Las funcionarias imprimen la solicitud telemática para que la firme físicamente la madre y la escanean. Es la hora de comer. Hace unos años, la madre habría llegado sin fatigas a la oficina con un formulario cumplimentado y firmado ya a mano en casa. El trámite habría durado unos minutos, con una sola funcionaria que lo recogiera y sellara habría bastado. Para esta revolución digital, sin embargo, hicieron falta una decena de trabajadores, una hija, una mañana entera y dos disgustos. 

La administración pública y los bancos están dejando atrás a muchísima gente en sus gestiones más básicas. Lo llaman brecha digital, pero a mí me parece una forma de maltrato hacia las personas más o menos mayores que, por infinidad de razones, no saben o no pueden hacer los trámites telemáticamente. Lo justo es que cualquiera pueda elegir entre completar sus gestiones de manera presencial, con ayuda humana, o vía internet. Nos llenamos la boca con la “soledad no deseada” y “la salud mental” mientras normalizamos que el presente no sea accesible para todos. Si la ineficiente burocracia española, como ya la describió Mariano José de Larra en 1833, nos espanta y desespera a quienes trabajamos continuamente con un ordenador e internet, imaginemos lo abrumadora que puede resultar para quienes no lo hacen. La digitalización es un avance innegable cuando cumple dos condiciones: no ser una barrera y, digamos, funcionar. El curso pasado, las taquillas digitales de la piscina municipal me trajeron por la calle de la amargura porque todos los días fallaban a la hora de recoger las cosas. Este año se han rendido y les han puesto candados.

A Veiga, en la provincia de Ourense, es un concello que tan sólo tiene 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Al norte, Carballeda de Valdeorras suma un poco más de población. En 2022 eran 6,7. En algunos ayuntamientos de Lugo el escenario se repite. Pasa, por ejemplo, en Negueira de Muñiz, donde sólo viven 4,3 personas por kilómetro cuadrado. O en Ribeira de Piquín, donde son pocos más: 7,8. Los datos, extraídos del Instituto Galego de Estadística (IGE), dibujan un mapa a dos velocidades: una en la que se mueven las provincias interiores y otra a la que se encuentran las costeras de Pontevedra y A Coruña. Las primeras, más envejecidas, más vacías. Las segundas, más pobladas, algo más jóvenes. Pero sólo algo.

Los datos hablan por sí solos. Y hay estudios que confirman que la despoblación y el envejecimiento de Galicia no es sólo algo constatable, sino algo que lleva ocurriendo años y que, además, puede tener efectos socioeconómicos negativos. Alberto José Pazo y María Pilar Moragón lo bautizaron como "demotanasia". En un artículo publicado en 2018 y titulado El despoblamiento de Galicia: la visualización de la "catástrofe" constataron, precisamente, esa Galicia a dos velocidades. Hay, especificaron, una "brecha demográfica entre una Galicia dinámica, que constituye una pequeña porción del territorio, y una Galicia sumida en un proceso acelerado de envejecimiento y despoblamiento". Y es esta, afirmaron, la que preocupa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Despoblación, habla de "municipios en riesgo de extinción" y cataloga como tales los que tienen menos de 1.000 habitantes. Los datos más recientes son de 2016, y entonces se cifraban en 30 los que estaban en esa situación dentro de Galicia. Y todos ellos, como decíamos al principio, están en Ourense, que tiene 24, y en Lugo, que acumula cinco. Sólo hay uno fuera, en Pontevedra: Mondariz-Balneario.

Frente a esto, continúan los autores, hay "un proceso de concentración urbana", una "lógica de aglomeración, que define territorios ganadores y perdedores, territorios con cierta dinámica y territorios abocados a la extinción". ¿Y cuáles son esos ganadores? Pues, como refleja el IGE, los territorios del litoral atlántico. Lo señalan también los autores del informe, que lo enmarcan dentro de un "éxodo agrario" que produjo "un trasvase masivo de trabajadores agrarios a otros sectores de actividad, En Galicia o fuera de ella". Así, continúan Pazo y Moragón, "los ámbitos rurales se convierten, primero, en los principales nutrientes de la emigración exterior de la región y, después, en la fuente esencial de suministro que sustenta la pujante expansión urbana".

Mar Pérez Fra, profesora de la Universidade de Santiago de Compostela, explica en la misma línea que "el eje atlántico que une A Coruña y Vigo es el que concentra la mayor parte del dinamismo económico y demográfico". "En el interior tan sólo tenemos enclaves de capitales de provincia que consiguen incrementar un poco la población que, en términos generales, está estancada", apunta. "Galicia era una de las áreas con mayores densidades de población, pero en el siglo XX perdió, mientras que en el conjunto de España eso sólo ocurrió con la crisis", añade.

Los datos que ofrece el IGE ponen también frente al espejo esta realidad. Si la densidad de población media de Galicia es de 91 habitantes por kilómetro cuadrado, esa cifra escala hasta los 140,9 en A Coruña y los 209,7 en Pontevedra. Y cae, en paralelo, hasta las 41,8 personas en Ourense y 32,9 en Lugo.

La despoblación tiene consecuencias. Y no sólo socioeconómicas. Ese "éxodo agrario" que mencionaban pazo y Moragón ha ido provocando, a su vez y de manera progresiva, el envejecimiento de la población que no lo protagonizó. Bien porque las nuevas generaciones ya nacen en esas áreas urbanas o bien, también, porque esas nuevas generaciones también se están marchando. Y las razones son las mismas. Las expuso Rocío Toxo, de la Universidade de Santiago de Compostela, en su tesis Factores determinantes da emigración rural da poboación moza en Galicia no século XXI.

"La población joven en áreas rurales se encuentra con mayores obstáculos para acceder y consumir aquellos bienes y servicios más demandados en su franja de edad, así como también para poder desarrollar su formación y su vida profesional", señala la autora.

Galicia, en general, es una comunidad envejecida. Concretamente, la tercera de España, sólo por detrás de Asturias y Castilla y León, según los últimos datos del INE. En concreto, la edad media de los gallegos y gallegas es de 48,16 años, mientras que la de los primeros es de 49,3 y la de los segundos es de 48,3. Si afinamos un poco más los datos, esta vez del IGE, observamos que el porcentaje de población menor de 25 años ha pasado de ser de un 20,9% en 2010 al 19,7% en 2022. En el mismo periodo, los mayores de 85 han pasado de suponer el 3,2% del total de la población a ser el 5,2%.

¿Y por provincias? El mapa es idéntico al que se dibuja cuando se habla de despoblación. El porcentaje de ciudadanos menores de 20 años supera el 15% en A Coruña (15,85%) y Pontevedra (16,78%), pero no llega al 14% ni en Lugo (13,51%) ni en Ourense (13,2%). Por su parte, el índice de sobreenvejecimiento —es, decir, los mayores de 84 años— se sitúa en el 23,54% en Lugo y en el 23,19% en Ourense, mientras que desciende al 19,08% en A Coruña y al 18,15% en Pontevedra.

En cualquier caso, y aunque resulte paradójico, en Galicia sólo hay un concello que registra más nacimientos que muertes. Y está en A Coruña. Se trata de Ames, que en 2022 registró un salgo vegetativo de 17 personas. Una década antes, en 2013, esa lista estaba formada por otros 17 concellos, un número que cayó a los siete en 2018, a los cuatro en 2019 y a los dos en 2021. En 2022, además, hubo seis concellos sin un sólo nacimiento. Y sí, Lugo y Ourense se las reparten al 50%.

Todas estas cifras se contraponen con otra que, a priori, es positiva: la inmigración no ha dejado de crecer. Es más, en 2022 se registró, según arrojó el INE, el saldo migratorio más positivo desde que se tienen registros. Llegaron, así, 39.281 personas que antes vivían fuera de España, 14.000 más que un año antes. Pero eso tampoco sirve. Porque aunque en 2022 el dato fue más elevado que nunca, el saldo migratorio positivo lleva años dándose en Galicia. Pero Pérez Fra advierte de que, en cualquier caso, gran parte de estas inmigraciones no son más que retornos de población gallega que emigró durante la década de los 60 y 70. "Es especialmente importante recalcarlo, porque muchas zonas rurales reciben población, pero son personas jubiladas. No se produce, por tanto, una revitalización del territorio", explica.

La única manera de hacerlo es con políticas decididas, dice. En la campaña electoral de 2009, la que llevó por primera vez a la Presidencia de la Xunta al conservador Alberto Núñez Feijóo, el conservador ya situó la crisis demográfica de Galicia entre sus mayores preocupaciones. Pero trece años después las medidas adoptadas, entre ellas la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y la aprobación de una Ley de Impulso Demográfico, no han logrado resultados. Pérez Fra lo achaca a que siempre se ha puesto el foco en el fomento de la natalidad. "Podemos tener más hijos, pero si el espacio sigue sin ser atractivo cuando crezcan esas personas se seguirán marchando", diagnostica.

Por eso hay que incidir ahí. "Conseguir que el espacio rural sea atractivo se consigue generando empleo", sostiene, y el envejecimiento de la población de esas áreas puede ser una oportunidad. Pero hay otro factor sobre el que trabajar: "Hay que garantizar que esa población que pueda quedarse puede acceder a unas condiciones de vida digna". Es decir, que las áreas rurales respondan también "a parámetros del siglo XXI". También con perspectiva de género. "Entre los jóvenes, quienes más emigran son mujeres, que dedican más tiempo a labores de cuidado para que las que existen servicios en las zonas urbanas", reclama.

En cualquier caso, la situación desemboca en una conclusión clara: el resultado que salga de las urnas este domingo saldrá sobre todo de población mayor. De hecho, según publicó Praza.gal, los votantes menores de 35 van a suponer en estas elecciones la mitad que en 2001. Así, y analizando el censo de residentes en el Estado, se observa que casi un tercio del total (el 32,6%) tiene más de 65 años y que casi 6 de cada 10 (el 59,45%) supera los 50 años. El porcentaje de menores de 35 años es del 16,49%. Por provincias, la misma dinámica: Pontevedra es la provincia con el porcentaje de menores de 35 llamados a votar más alto (17,85%), mientras que Ourense es la provincia con el electorado de mayor edad, con un 38,7% de posibles votantes por encima de 65 años y un 63,5% por encima de 50 años.

El Cine Maravillas lleva una década siendo el último abierto en Teruel. Multicines Zamora va a cumplir tres como el único que queda en la ciudad. Pontevedra fue durante seis meses en 2013 la primera capital de provincia en quedarse sin cine. El Ayuntamiento de Soria promovió los Cines Mercado para que la pantalla grande volviera al centro. La España menos poblada se resiste a perder también el ritual de pasear hasta el cine, elegir película, oler las palomitas recién hechas. Los últimos programadores se las ingenian para que en sus ciudades también se pueda ver el estreno del que todo el mundo habla.

Más de un tercio de los españoles vive en un municipio donde ese ritual ya no existe, según el último censo de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). La mayoría, 15 de esos más de 17 millones de personas, vive en municipios de hasta 50.000 habitantes, pero más de un millón residen en ciudades de entre 50.000 y 200.000. Badalona está por encima de esa cifra y solo tiene un cine. Móstoles también y ya no tiene ninguno. En Reus, Alcalá de Henares o Getafe, todas con más de 100.000 habitantes, solo queda uno. Una decena de capitales de provincia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya solo tiene un cine: Huesca, Teruel, Ávila, Segovia, Zamora, Ciudad Real, Guadalajara, Pontevedra, e incluso Lleida y Ourense, que superan los 100.000 habitantes.

En la menos poblada de las capitales de provincia españolas, Teruel, resiste 40 años después el Cine Maravillas. A su gerente, José Ignacio Navarro, le coincidieron hace una década la muerte de su socio con la desaparición del otro cine que quedaba, el Marín, al jubilarse sus dueños. “Yo ya debería estar jubilado, cumplo 70 años en marzo, pero soy autónomo, así que, mientras pueda subir las escaleras para llegar a la cabina, seguiré viniendo”, cuenta Navarro a infoLibre desde su despacho. Cuando se le pregunta por el relevo, dice que lo ve complicado: “La gente de aquí piensa sobre todo en irse a una ciudad con más posibilidades, como Zaragoza o Valencia”. 

El Cine Maravillas, antiguo salón de actos de un colegio con 219 butacas, está bien ubicado en Teruel. Quienes lo visitan por primera vez celebran el hallazgo de “un cine como los de antes”. Sólo tiene una sala y la rotación de la película es casi semanal. “Tiene que ser una muy potente para mantenerla dos semanas, esta es una ciudad muy pequeña, de menos de 40.000 habitantes”, explica Navarro. “Yo procuro acertar todas las semanas y elegir la que más recaudación puede hacer, pero aquí por mucho que aciertes no hay un gran volumen, quizás llegas a 500 espectadores, para doblar esa cifra tiene que ser una de Disney o películas muy concretas”. Navarro va alternando las películas infantiles y las de adulto en su única sala. Mantiene un precio “súper barato”, de 6,5 euros, y de 5 el día del espectador. “Nosotros ofrecemos calidad en sonido e imagen, pero la tendencia ahora son las salas con butacones abatibles y ya se cobra a nueve, diez, doce euros”, señala. ¿El mejor momento del año para el Cine Maravillas? Depende del estreno. En 2023 fue agosto, con las taquilleras Barbie y Oppenheimer. 

Zamora capital tenía 12 pantallas en tres cines cuando cambió el milenio. Desde mayo de 2021 sólo quedan en la ciudad las cinco salas del treintañero Multicines Zamora. “Dos empresas podríamos haber convivido, pero pasándolo mal las dos, los hábitos han cambiado”, cuenta a infoLibre en una pausa entre proyecciones, Alfredo Reguilón, el director de programación de este cine familiar. En las grandes fechas, Navidades y verano, el día del espectador “un solo cine no puede dar cabida a todos, pero son diez días, no son suficientes para todo el año”, explica. 

Reguilón, que puede contar la historia del Multicines a través de estrenos con fechas precisas, cree que “el cine ha vuelto” tras el golpe duro de la pandemia, pero es a todo o nada. “Antes había muchas películas de taquilla media que nos ayudaban mucho, ahora o funciona mucho o nada”. Ser la única sala en una ciudad envejecida y despoblada como Zamora les obliga a afinar la estrategia y reestructurar la programación continuamente. Ya sólo hay sesión después de las diez el día del espectador y el viernes y el sábado. “Teníamos dos o cuatro personas en cada sala, no es sostenible con los gastos de personal, calefacción, luz”, indica.

Muchos de los cines que sobreviven en ciudades pequeñas ya no pueden abrir todos los días ni ofrecer todas las sesiones. Multicines Zamora cierra los lunes y obliga a estar atentos a la cartelera. Necesitan muchas películas y mucha rotación. Proyectan los grandes estrenos, pero también las cintas aclamadas por la crítica y otras propuestas alternativas. “Siempre hemos intentado traer a Zamora cosas complicadas para una ciudad pequeña y el público responde”, celebra. Los martes los conciben como “un día cultural”, en el que se ofrecen los estrenos y otras cintas en versión original, documentales, óperas o ciclos. “Ponemos lo que nos gustaría ver y a un precio más reducido, para captar a gente joven que ya está más acostumbrada a ver versión original en casa”, explica.

La entrada no ha subido de 6 euros en la última década, y el día del espectador son 4. Tras ver desaparecer los anteriores cines de esta ciudad que ha bajado de los 60.000 habitantes, un comentario frecuente que recibe Reguilón es que tienen que mantenerse. “‘¿Cómo nos vamos a quedar sin cines en Zamora?’, nos dicen, y eso te hace sentir que tienes una responsabilidad con la ciudad y da un poco de miedo. Pero mientras podamos y no sea algo super agónico vamos a seguir intentando traer el mejor cine”, promete el programador antes de volver a la cabina.

Se acabó pasar largos ratos mirando un reloj de arena dando vueltas en una pantalla, sin respuesta, en muchos municipios rurales de España. Puede ser del datáfono de una tienda, que no coge conexión porque está nublado en el pueblo. O esos correos que no se consiguen enviar porque el archivo adjunto pesa demasiado. O el diseñador que quiere mandar un archivo a un cliente y el ordenador le informa que la subida tardará 24 horas. Muchas personas no han llegado a ver el relojito, al no poder permitirse el riesgo de irse al campo a trabajar y no poder cumplir con sus tareas. Eso ya no es problema en 7 de cada 10 municipios rurales.

El plan para llevar la fibra óptica a zonas de baja densidad poblacional va encendiendo poco a poco municipios que hasta ahora estaban conectados a la red de manera paupérrima, como siguen muchos. Esta situación debilita la calidad de vida de sus vecinos, espanta a los descendientes de los autóctonos a las ciudades aledañas y obliga, por ejemplo, a la brevedad de las visitas, porque vivir desconectado en la sociedad de la información es, para muchos, inviable más de dos días seguidos. 

“La gente que viene a mi carnicería puede, por fin, pagar con tarjeta”, suspira Aránzazu Matute, dueña de una carnicería en Sotillo del Rincón (Soria, 189 habitantes). Matute tiene 37 años y ha pasado su vida entre el pueblo y la capital soriana, a poco más de media hora en coche, donde estudió empresariales y relaciones laborales. Su principal problema: quedarse en el pueblo le impedía seguir progresando: “No podía estudiar. Había una señal de wifi, pero no llegaba a todo el pueblo. Yo estoy estudiando inglés y unas oposiciones. Mi hermano también estudia. Hemos apostado a quedarnos en el pueblo, pero no podía seguir las clases, los vídeos se cortaban”, lamenta.

El plan para cerrar la brecha digital entre las ciudades y las zonas rurales ha tenido un fuerte impulso gracias a los Fondos Next Generation y el Plan de Recuperación. Entre 2021 y 2022, el Gobierno destinó 494 millones de los fondos europeos a los operadores para desplegar la banda ancha ultrarrápida en el campo. Esto ha acelerado el progresivo cierre de la brecha digital, aún existente pero cada vez menos. En junio de 2022, el 72% de las viviendas en entornos rurales ya tenía fibra óptica, frente el 90% de las viviendas en general. En 2016 los porcentajes eran de 18% frente a 70%.

La llegada de la fibra ha traído a la carnicería de Matute un lujo: la posibilidad de poder contar con un datáfono siempre. “Si había tormenta, o simplemente estaba nublado, Internet no funcionaba. El tarjetero era inservible. Con la fibra óptica no tengo ningún problema”. En el pueblo también hay una fábrica de embutidos, propiedad de Matute, un bar, un hotel y una pequeña carpintería. “A este último le está yendo muy bien, porque hace diseños y usa Internet”, afirma.

La fábrica de Matute no es una cualquiera. En la feria del chorizo artesanal de Covaleda obtuvo el primer premio al mejor chorizo del mundo. “El secreto es muy simple: todo artesanal. Los cerdos son de aquí. No revolvemos una carne con otra. El chorizo lleva de todo: jamón, paletilla… y todo es del mismo cerdo. Nada de aditivos. Pimentón, ajo, sal y una muy buena materia prima”, enumera la ganadera, que añade que la curación es de ocho meses: “En el paladar esto se tiene que notar”, añade.

La llegada de la fibra óptica a Sotillo del Rincón ha conectado el mejor chorizo del mundo con el mundo. “Si te digo la verdad, no veo nada negativo de la llegada de la fibra. Te lo cuenta la gente que viene a la carnicería. Un señor me contaba que sus hijos se iban a poder quedar todo el mes de agosto, gracias a que ya podían estar conectados. Los que venían a pasar el finde, ahora se quedan algún día más teletrabajando. Si llega gente al mundo rural, podremos mantener los pueblos. Si no se hacen cosas por los pueblos, van a desaparecer”, lamenta Matute. 

Fuentes del Gobierno han trasladado a infoLibre que cuando se terminen de ejecutar los fondos adjudicados en 2021 y 2022, la cobertura de banda ancha llegará al 96% de la población. El Gobierno estima que el despliegue de la banda ancha se completará en 2025, cuando la conexión a Internet de al menos 100 megas de velocidad llegue al 100% de los hogares.

La expansión de la cobertura móvil ha sido más rápida. Según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos, la cobertura 4G ya llega al 99,9% de las viviendas de España, urbanas y rurales. La expansión se está dando ahora en el 5G, que ha pasado del 12,5% en 2020, al 58,9% en 2021 y al 82,3% en junio de 2022. 

“Los clientes nos tenían que hacer los pedidos por fax”, lamenta Cristina Fernández Armesto, en conversación con infoLibre. Esta ganadera de 41 años es propietaria de la exitosa granja ecológica Casa Grande de Xanceda, un pequeño pueblo integrado en Mesía (A Coruña, 2.400 habitantes). A Armesto, que estaba haciendo carrera en una multinacional del mundo de la moda, no le supuso mucho esfuerzo decidir volver al pueblo, para vivir de la granja: “Coincidió en un momento de mi etapa profesional que me pedía un cambio, surgió de manera espontánea. Siempre me encantaron los animales”, admite.

Así, pasó de un trabajo donde todo estaba digitalizado al campo. Casa Grande de Xanceda fue fundada por sus abuelos como proyecto de jubilación. Fueron los periodistas Felipe Fernández García-Armesto y Victoria Armesto, pseudónimo de María Victoria Fernández-España, la primera mujer que entró en la Mesa del Congreso de los Diputados, con Alianza Popular.

Como vicepresidenta de la mesa, fue el cargo más importante ocupado por una mujer en la legislatura constituyente de 1977. Poco antes de eso, en 1968, pusieron la primera piedra de la granja: “Mi abuelo tenía muy claro que quería ganadería extensiva: vacas alimentándose de lo que salía de la tierra. En esta zona hay tierras fértiles y mucha agua, son perfectas para el pastoreo”, cuenta su nieta, que volvió al campo hace ahora 15 años. 

“Las vacas ya eran vacas-wifi antes de la llegada de la fibra óptica”, contó Armesto en un acto organizado por el Ministerio de Asuntos Económicos sobre mujeres protagonistas de la era digital. “La fibra óptica no nos ha llegado hasta hace dos años, pero las vacas llevan 15 años con podómetro. Si una vaca da menos pasos, ojo, porque puede estar enferma o coja. También si hay problemas con los lobos, da una pista de lo que está ocurriendo”, añadió. No obstante señala que sigue habiendo una alarma natural, mejor que cualquier wifi: “Los burros tienen un oído tan fino que si oyen a un lobo a muchísima distancia se ponen a rebuznar como locos”. 

Los podómetros fueron precursores de una granja hoy digitalizada. Armesto relata que coger las riendas fue duro. Los libros de contabilidad del abuelo de la ganadera mostraban que la granja no era apenas rentable. “Es muy difícil hacer negocio con la leche cruda. Tienes que ser o muy grande, o muy muy eficiente”, cuenta Armesto. Eligió lo segundo. “No podíamos depender de las grandes industrias lácteas, no nos cubrían ni los costes”, lamenta. Por eso, la granja dio un giro: como no había dinero para marketing, se optó por abrir sus puertas a los vecinos coruñeses. La apuesta fue hacer de la crianza natural de las vacas una actividad visitable; de su leche, un yogur ecológico de máxima calidad.

“Por cada hectárea, no se puede tener más de dos vacas. Cada una tiene un terreno más grande que un campo de fútbol. Así, se protege el suelo, se regenera y las alimenta”, explica. La granja fue creciendo hasta tener hoy un equipo humano de 45 personas, la mayoría, mujeres. “Sin contar las vacas”, afirma, entre risas. Las reses ascienden a 300. Siete perros mastines, geolocalizados por GPS, defienden al ganado de los lobos y tres burros los acompañan, como alarma.

La llegada de la fibra digital en 2021 hizo que por fin, se quedara atrás el fax y tener que acercarse a la ciudad en coche para poder mandar los correos electrónicos que se habían quedado sin enviar en la granja, por falta de cobertura. “Es un problema inmenso y una desventaja muy grande para las empresas del rural. Es muy injusto, un privilegio de las ciudades. La gente quiere que el campo evolucione. En mi caso, el departamento de marketing no podía ni enviar un vídeo, porque si usaban todos los datos, el departamento comercial no podía recibir pedidos", lamenta. 

Armesto sabe en tiempo real, por ejemplo, cuánta leche produce cada vaca. La sala de ordeño, la yogurtería, la oficina y la planta de tratamiento de aguas están conectadas y digitalizadas, lo que le permite alcanzar un nivel de optimización que le ayuda a competir en un mundo donde las grandes empresas tienen una gran proporción de la cuota de mercado. “La agricultura y ganadería ecológica y la tecnología son compatibles, y mejoran la biodiversidad de las tierras. Tenemos un sistema perfectamente engranado”, afirma. 

“Antes tardaba más de 24 horas en enviar diseños a los clientes”, explica José Emilio Albero, de 37 años. Tras pasar su juventud en Cabaña de Yepes (Toledo, 304 habitantes), y tras estudiar un grado medio en Ocaña, a 10 minutos en coche, saltó al mundo. Albero cuenta que ha trabajado como electricista y electromecánico; de ahí, pasó al mundo de la generación energética, de ciclos combinados y aerogeneradores. “He estado meses en Turquía, en Catar, en Italia… Pero una vez que has visto el mundo, por mucho que diga la gente, como en casa no se está en ningún lado”, defiende Albero.

Pese a que aún queda camino, hay pocos lugares en los que el campo y la banda ancha convivan de la manera que ocurre en España. Según el último Índice de Economía y Sociedades Digitales DESI, elaborado por la Comisión Europea, España tiene el bronce europeo en conectividad, solo por detrás de Dinamarca y Países Bajos y por delante de las principales economías: Francia, Italia o Alemania.

Tras pasar varios años saltando de un país a otro, cuando a Albero le salió un trabajo relativamente cerca del pueblo, no se lo pensó dos veces: “Aunque cobrara menos, era una oportunidad para volver. Por las tardes me ponía a montar este negocio y cuando empezó a rodar, dejé el otro”, afirma. Ahora se dedica a hacer modelados y escaneados 3D, un trabajo que implica, necesariamente una buena conexión a Internet. 

El año pasado dio un paso de gigante, al instalar un servicio de Internet satelital que le permitía poder enviar los archivos en media hora. “La mayoría de las casas son antiguas y no podían permitirse poner esas antenas para poner Internet. Ahora cualquiera en el pueblo tiene la opción de poner fibra”, añade. El paso de tardar de 24 horas a 30 minutos ya fue un salto de gigante. Pero ahora, con la fibra óptica, reconoce que en un minuto están enviados.

“Mi hermano y mi cuñada vivían en Madrid. Tenían su casita aquí, en el pueblo, pero para ellos trabajar aquí no era viable. Ahora, con la fibra óptica, y también por la subida de los precios del alquiler en Madrid, han podido venirse de manera permanente. Al final, tienen los mismos servicios que en una gran ciudad. Ellos, que tienen muchas videollamadas, ahora pueden hacerlas sin problemas”.

No todo es trabajo. La irrupción de la vida digital de banda ancha permite no sacrificar pequeños placeres digitales de la ciudad en el pueblo: “Sin fibra óptica no puedes ver Netflix o HBO. Si no tienes una conexión decente no puedes hacer nada con vídeo. Vivimos en una época en la que Internet es una de las cosas más importantes que hay, también para el ocio”, remacha el diseñador 3D.

Menos impuestos, también para luchar contra la despoblación. Un día más el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostó por una rebaja de la fiscalidad como solución de los problemas de España, esta vez el reto demográfico que desde hace décadas expulsa ciudadanos de las comarcas y municipios rurales y amplía la densidad humana de las ciudades y sus áreas de influencia. 

Con sus planes para combatir la despoblación de las provincias españolas Feijóo promete triunfar allí donde fracasó en Galicia durante sus trece años de mayoría absoluta. En vez de revertir el proceso de vaciado de las comarcas rurales, el hoy líder del PP fue incapaz de evitar que el proceso de pérdida de población se acelerara. Galicia sigue hoy en los primeros lugares de España por retroceso demográfico en las zonas rurales al lado de comunidades como Asturias, Castilla y León y Extremadura.

Las medidas adoptadas por el Gobierno gallego durante el mandato del líder del PP no lograron cambiar nada. Las ciudades y sus áreas metropolitanas siguieron ganando peso y las comarcas rurales, perdiéndolo. Los núcleos abandonados acercan a los 1,900, las aldeas con menos de diez habitantes superan la cifra de 12.300 y uno de cada tres ayuntamientos está amenazado con la desaparición, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Galicia que Feijóo dejó en abril del año pasado para ser el candidato del PP en las generales está más envejecida que cuando llegó, tiene una tasa de natalidad más baja y perdió durante su mandato casi 100.000 habitantes, el equivalente a toda la ciudad de Lugo. En 2009 todavía había 37 municipios en los que nacían más personas de las que morían, pero cuando Feijóo se fue de la Xunta eran solo cinco. Las cifras son muy preocupantes: el número de municipios en los que había más menores de 20 años que mayores de 65 años pasó de 37 a apenas 11.

En la campaña electoral de 2009, la que le llevó por primera vez a la Presidencia de la Xunta, Feijóo ya situó la crisis demográfica de Galicia entre sus mayores preocupaciones. Pero trece años después las medidas adoptadas, entre ellas la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y la aprobación de una Ley de Impulso Demográfico, no han logrado resultados. Un fracaso que no le impidió este viernes en Teruel anunciar su intención de aplicar en España la mayoría de ellas si consigue su propósito de alcanzar la Moncloa. Tal es el caso, anunció, de la supresión de impuestos por compra, venta o permuta de tierras o bosques, o de la subvención de “casas nido” y “casas del mayor” para crear empleos y facilitar la conciliación.

El presidente del PP eligió Teruel para exponer su propuesta contra al despoblación. No es una casualidad: esta es la provincia que en 2019, harta del abandono de los grandes partidos, decidió dar la campanada al llevar por primera vez al Congreso la voz de la España Vaciada con la elección de un diputado de Teruel Existe.

El plan de Feijóo para fijar población en las comarcas y municipios rurales gira en torno a la aprobación de una fiscalidad específica para todo el medio rural español, de forma que “los impuestos no sean un problema para vivir” en los pequeños municipios. Lo explicó en un acto del PP convocado en el marco de la precampaña de las municipales y autonómicas: “Si usted monta una industria, abre un negocio y se instala en el rural le voy a cobrar menos impuestos y, si es posible, algunos no se los voy a cobrar”, resumió. Bajando impuestos en materia de vivienda, industria, emprendimiento, compras, herencias y donaciones, razonó repitiendo el paradigma neoliberal, “vamos a conseguir mucho mayor retorno que el dinero que vamos a dejar de recaudar”.

El líder del PP prometió subir al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria y “buscar fórmulas de empadronamiento flexible” para quienes vivan unos días en una ciudad y otros días, de la misma semana o mes, en el medio rural. Municipios grandes y pequeños, precisó, tendrán que “compartir los gastos y los ingresos”.

Entre las medidas que se propone impulsar citó rebajar la fiscalidad por la compra de vivienda “en el rural”, el IBI y el Impuesto de Transmisiones. “Si viene a este pueblo y rehabilita esta casa, usted no paga impuestos; lo prefiero a que se vaya a hacer una casa que no tiene que ver con la arquitectura, ni la volumetría ni los materiales” de un pequeño municipio, puso como ejemplo.

Su intención es promover “una fiscalidad baja o nula para venir al rural”: “Por esa vivienda a 6.000 euros el metro cuadrado en las grandes ciudades o a 3.000 en las medias, yo no le voy a cobrar impuestos”, explicó.

“¿Por qué no ponemos industrias en el medio rural, no al lado de los pueblos”, sino “donde están sin nada y la hectárea tiene un valor residual?”, se preguntó. Hay que aprobar planes sectoriales industriales “donde no molesten a los ciudadanos”, al lado de autovías o carreteras nacionales donde, dijo, el suelo puede tener “costes francamente bajos”.

La educación y la sanidad “no son opinables”, añadió, porque “si no hay la gente no puede vivir aquí y mucho menos tener una familia”.

Feijóo llamó la atención hasta en dos ocasiones sobre su condición de “persona del rural”. Si es elegido presidente del Gobierno como consecuencia de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año, sería “la primera vez que una persona del rural entre en La Moncloa”, dijo. El líder del PP nació, efectivamente, en una parroquia rural de un municipio del interior de Ourense, pero sólo pasó allí su infancia: los últimos 47 años ha vivido en ciudades como León, Santiago o Madrid.

“Es el momento”. El lema del congreso fundacional de la Federación de partidos de la España Vaciada, que se celebrará este domingo en Teruel, no puede ser más elocuente. La plataforma nacida al calor de la protesta que reunió en Madrid a decenas de miles de personas en una manifestación convocada por organizaciones sociales hartas del olvido al que la Administración somete a una gran parte del territorio no quiere volver a cometer el error de las elecciones autonómicas de Castilla y León. El adelanto decidido a finales de 2021 por el presidente de la Comunidad, el conservador Alfonso Fernández Mañueco, les pilló por sorpresa y complicó los planes de la plataforma de presentar candidaturas potentes capaces de condicionar el resultado electoral. La excepción fue Soria Ya, que arrasó en su provincia y se hizo con tres procuradores y un amplísimo 42,8% de los votos.

Para que no les pase lo mismo, la España Vaciada quiere trabajar con tiempo las candidaturas que presentará a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ensayo general de las generales que tienen que celebrarse antes de que termine 2023. Y este fin de semana, después de dos meses de intenso trabajo, habrán completado la arquitectura básica del proyecto poniendo en marcha la Federación de partidos de la España Vaciada. 

Se trata de una herramienta electoral en la que se darán cita partidos ya constituidos, como Teruel Existe, el que abrió el camino en las elecciones de 2019, y Soria Ya y España Vaciada (este último desde septiembre de 2021), y otros que están por venir en los próximo meses, como Cuenca Ahora. Al congreso de Teruel acudirán también Aragón Existe, Levanta Jaén y Jaén Merece Más.

La nueva federación será el instrumento que la España Vaciada utilizará para expandirse poco a poco por aquellos territorios que también sufren los efectos nocivos de la marginación y la despoblación pero que, a diferencia de provincias como Teruel o Soria, no han desarrollado organizaciones sociales propias a través de las cuales defender sus intereses.

León, Salamanca, Palencia, probablemente Ciudad Real y Toledo son, precisamente por carecer de expresiones políticas propias consolidadas, las principales candidatas a contar con candidaturas de la Federación de partidos de la España Vaciada, según confirmaron fuentes de las organización a infoLibre. 

Al congreso fundacional acudirán representantes de al menos León, Salamanca, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja, Jaén, Ciudad Real y Toledo —la organización inacción tenía este viernes pendiente de confirmar la presencia de una representación extremeña—. De la sesión saldrá un órgano colegiado —la coordinadora ejecutiva, en la que habrá un representante por cada circunscripción— y un coordinador general que, en la práctica, asumirá la representación pública la organización.

Previo al congreso fundacional de la federación previsto para el domingo, este sábado tendrá lugar la asamblea del partido España Vaciada, con el fin de renovar su ejecutiva y hacer algunos cambios para adaptar la organización a los procesos electorales que vienen, en parte gracias a la experiencia acumulada era las elecciones de Castilla y León.

El lugar elegido para dar lugar al nacimiento de la federación, Teruel, no es casual. Desde que Teruel Existe irrumpió como agrupación electoral en el ámbito de la política en las elecciones generales de 2019, logrando ser la fuerza más votada en su provincia y obteniendo representación en el Congreso y en el Senado, con un diputado y dos senadores, su ejemplo se ha convertido en el modelo a seguir por la España despoblada. 

Su éxito hizo inevitable que otras organizaciones ciudadanas, muchas de las cuales llevan décadas trabajando por sus respectivos territorios, diesen el paso hacia la creación de herramientas políticas a través de las cuales influir allí donde se toman las decisiones que les afectan y defender en sede parlamentaria el modelo de desarrollo que propugnan: lograr que el desarrollo en equilibrio territorial sea objetivo prioritario en las políticas de los diferentes gobiernos. 

El trabajo de este fin de semana se centrará en el diseño de la herramienta electoral. La definición de las propuestas políticas llegará a comienzos de 2023, a tiempo para darles difusión antes de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. 

La voluntad de los promotores de la iniciativa de estar presentes en esa convocatoria viene de atrás y se basa en gran medida en la experiencia de Teruel Existe y Soria Ya. La Plataforma de la España Vaciada decidió en su tercera reunión anual, celebrada el año pasado, poner en marcha una “herramienta de participación política” precisamente para influir en el cambio. No se trata de aprovechar la coyuntura, explico en su momento el único diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte. Es un proyecto “a largo plazo”, construido “sin prisa”, que pretende consolidar “los movimientos sociales locales y provinciales que se están dando cuenta de que les conviene tener una herramienta de participación política en las instituciones. Porque si no, nadie lo va a hacer”. 

“Presentamos a principio de la legislatura un plan de lucha contra la despoblación, por el reto demográfico. Me parece que son 130 medidas; son 100 las que ya llevamos puesta en marcha”. El presidente del Gobierno presumió en estos términos en el Congreso el compromiso en la lucha contra despoblación durante su comparecencia en la Cámara Baja el 13 de octubre. Pero la realidad es bien distinta de como la pinta el Ejecutivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el plan, no atendió la petición de infoLibre para detallar qué ha cumplido el Gobierno y qué no. Pero en la Plataforma de la España Vaciada tienen claro que, más allá de la satisfacción manifestada por el presidente, el plan del Ejecutivo tiene poco de verdadero compromiso estructural y mucho de maquillaje contable: la mayor parte de las medidas incluidas en él son acciones de diferentes ministerios que, de no haber sido agrupadas en un documento único, se estarían aplicando igualmente, porque forman parte de la actuación ordinaria de cada departamento. 

Sánchez sí detalló en el Congreso una medida concreta, pero producto de una decisión de la Comisión Europea. “Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca que, como saben, fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional”. A través de ellas, el Gobierno va a reducir las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos que se firmen. “Por tanto, vamos a fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. Se trata de garantizar empleos dignos y servicios públicos de calidad en todo el territorio. Esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España”, enfatizó entre aplausos de los suyos.

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, remarca que hay que separar el grano de la paja. Su organización irrumpió en el Congreso en 2019 y está sirviendo de modelo a otras provincias que no se resignan a seguir en el olvido al que las condenaron durante décadas los dos grandes partidos del turnismo contemporáneo español, PP y PSOE.

“En el plan se ha metido un conjunto de medidas de todos los ministerios, pero muchas de ellas no es que sean novedosas, sino que son acciones ordinarias”. Tienen repercusión sobre el territorio, admite, como la inversión en centros educativos, pero no se trata de acciones nuevas. 

El plan “sirve para hacer una evaluación de fondos, pero no es un plan específico”, explica Guitarte. De hecho, incluye medidas que también se aplican en territorios que no tienen ningún problema de despoblación: “Las inversiones en digitalización y telecomunicaciones también se están haciendo en territorios que no incluiríamos nunca en la España Vaciada”. “Tenemos dificultades para explicar a la ciudadanía qué se está haciendo”, se queja, porque en esas 100 medidas que según Sánchez ya se están concretando “la gente no ve nada nuevo”. Lo que habría que haber hecho es un plan consensuado, con formato de pacto de Estado, “para definir políticas estructurales” con las que “hacer frente a la despoblación o a los desequilibrios territoriales”.

Con todo, la España Vaciada no da por perdida la legislatura. “Perdida jamás”, responde tajante el portavoz de Teruel Existe. “Ha sido una legislatura muy compleja”, atravesada por acontecimientos como la pandemia, el volcán de Las Palma o la guerra en Ucrania. “Pero pese a eso hemos sido capaces de introducir en la opinión pública del país y en la clase política que teníamos un problema latente al que nadie prestaba atención”.

“Esa toma de conciencia de que hay un problema territorial en España que no son los nacionalismos” sino la estructura interior del país y su modelo de desarrollo, era el primer “paso imprescindible”, subraya Guitarte. “Porque si vas a tomar medidas de trascendencia que van a afectar de una manera decisiva a muchas cosas, han de estar asumidas sobre un objetivo asumido y compartido mayoritariamente por la sociedad española”. Y eso, asegura, “creemos que se ha conseguido”. La sociedad ya demanda “una acción mucho más allá de lo que está llevando a cabo el Gobierno”. 

Y eso que algunas de las medidas están chocando con “la inercia” de años de inmovilismo. “En cuanto surge el más mínimo escollo, se vuelve hacia atrás”. Un ejemplo es el proceso de descentralización de sedes administrativas, que en parte fue objeto del pacto de investidura suscrito por el PSOE con Teruel Existe. “En cuanto lo empiezas a aplicar y sale alguna reticencia, por ejemplo de la Comunidad de Madrid”, se echan atrás. Falta “la valentía de afrontar decisiones que son las necesarias para ir reequilibrando el territorio”. 

La España Vaciada aspira a que toda la sociedad, y en particular la clase política, se dé cuenta “de que hemos ido siguiendo un modelo de desarrollo que empezó en el franquismo, pero que la democracia no hizo el esfuerzo de corregir”. Y ahora “es el momento” de hacerlo para “dar oportunidades a todas las partes del país” y que “no se fuercen migraciones interiores por puro interés económico”. 

“Es el momento”, insiste Guitarte, “porque ahora la revolución tecnológica empieza a vencer planteamientos que antes eran imposibles” abriendo la puerta del trabajo a todos los territorios. “Hay muchos cambios sociales y estructurales que pueden permitir de verdad afrontar con decisión este problema”. 

Una vez puesto el asunto encima de la mesa, la España Vaciada cree que ha llegado el momento de hacer “una apuesta más valiente”. “Ahora que nos hemos dado cuenta de que hay que reindustrializar el país” a partir de “determinados sectores estratégicos” que están en manos de terceros y sufren las consecuencias de la ruptura de la cadena de suministro. “Hagámoslo en los territorios de la España Vaciada y simultáneamente estaremos empezando a corregir parte de los desequilibrios territoriales” que sufre el país.

No se trata de hacer “ninguna revolución”, sino de “corregir el modelo de desarrollo”. La España vaciada, subraya el portavoz de Teruel Existe, “no es algo irreversible, ni un mandato divino, ni un proceso natural. Es una consecuencia del modelo que se eligió”. En otros países, como por ejemplo Alemania, eligieron otro modelo y “han crecido en equilibrio”. “Todos sus territorios tienen más o menos igualdad de oportunidades”. 

Pese a que “algunos hablan de tendencias mundiales a la aglomeración, hay países que han hecho el esfuerzo de corregirlas y nosotros el esfuerzo de alentarlas”, Son “dos modelos de país muy distintos y merece la pena avanzar hacia el que proponemos nosotros”, subraya Guitarte, convencido de la vigencia de las reclamaciones de los territorios que han decidido dejar de resignarse.

El movimiento social que nació con la gran manifestación del 31 de marzo de 2019, la llamada Revuelta de la España Vaciada, trabaja ya en diferentes provincias para presentar candidaturas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de finales de año. El objetivo sigue siendo el mismo que les movió a dar el paso en diferentes lugares y que ha cosechado sus primeros resultados en Teruel y Soria: hacer de la lucha contra despoblación una verdadera prioridad. 

La Plataforma de la España Vaciada decidió en su tercera reunión anual, celebrada el año pasado, poner en marcha una “herramienta de participación política” precisamente para influir en el cambio. Ya funciona y son varias las organizaciones sociales que discuten si acogerse a ella para presentar candidaturas el año que viene. Habrá partido en Soria (Soria Ya) y en Cuenca (Cuenca Ahora) y Teruel Existe se dispone a presentar candidaturas aragonesistas en Zaragoza y Huesca.

No se trata de aprovechar la coyuntura, explica Tomás Guitarte. Es una proyecto “a largo plazo”, construido “sin prisa”, que pretende consolidar “los movimientos sociales locales y provinciales que se están dando cuenta de que les conviene tener una herramienta de participación política en las instituciones. Porque si no, nadie lo va a hacer”. 

Mucha gente está entendiendo además que “esta acción unificada, lejos de ser una opción localista o cantonalista, está ofreciendo un modelo alternativo de desarrollo” al situar entre las prioridades el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible. Por eso, subraya el diputado aragonés, la España Vaciada se dirige a todo el país, no únicamente a los territorios despoblados, porque defiende un modelo distinto. Y está empezando a tener eco, subraya. En Madrid ya existe desde hace meses una Plataforma de la España Vaciada. Es una comunidad en la que no existe ese problema, pero en la que ya hay muchas personas que se sienten parte de la solución. 

Marc Castellnou es tajante cuando repasa las causas por las que arden nuestros bosques, pero aprecia los avances y se reconoce como optimista. El inspector jefe del Grupo de Actuaciones Forestales de la Generalitat catalana dedica su vida profesional al pensamiento estratégico para la prevención y extinción de incendios. Su trabajo consiste en gestionar la formación de los técnicos forestales, hacer un seguimiento del riesgo y tomar decisiones. Aborda la cuestión con un enfoque multidisciplinar, no solo en términos de emergencia forestal, también sobre la resiliencia de los bosques, la gestión del territorio o la microeconomía en áreas rurales. Esto le da más herramientas que una manguera para apagar fuegos. Busca cómo prevenirlos.

En el último avance informativo que ofreció el Gobierno, el 24 de julio, se estimaba que se habían quemado 189.440 hectáreas en España en lo que va de año. Son datos desoladores, por encima de años anteriores. “Tenemos cada vez menos incendios, aunque son más devastadores”, explica Castellnou. La primera causa, la despoblación rural, provoca el abandono de los bosques. Según van muriendo los árboles, se va acumulando materia muerta que se convierte en el perfecto depósito de combustible para que se propague rápidamente un incendio. La segunda causa, el cambio climático: “Los bosques tienen que soportar períodos de verano mucho más largos. No están acostumbrados, necesitan más agua. Mueren con más rapidez y se acumula mucho más combustible”. En la conversación repasa las causas de los problemas, propone un plan a largo plazo y critica la hipocresía de la sociedad, a la que culpa en su conjunto del abandono de los bosques. Pero deja espacio para el optimismo: cree que tenemos un sistema del que sentirnos orgullosos y confía en los planes a largo plazo.

La provincia que más población ha perdido desde 1998 ha sido Zamora, que a su vez es la que ha sufrido las peores deflagraciones en lo que va de año. Esta provincia ha pasado de 205.000 habitantes a 168.000, una pérdida del 17,8%. En el mismo período, la población de Madrid ha crecido un 25%. La aglomeración de los ciudadanos en las urbes es un fenómeno global. Las empresas tienden a agruparse en las ciudades porque tienen más posibilidades de prosperar: disponen de un abanico más amplio de proveedores o pueden buscar perfiles de empleados más especializados. Esta actividad económica es la que atrae a la población.  

Cuando se le pregunta a Castellnou cómo compaginar esta tendencia demográfica, aparentemente inevitable, con los planes de prevención contra los incendios, se muestra tajante: “Que sea inevitable no es cierto. Es una cuestión de inversión. Nunca un tema urbano es irreversible”.

En 2019, la Agencia Estatal de Meteorología difundió unos datos climáticos sobrecogedores. En los últimos 50 años el verano dura cinco semanas más. Tanto las temperaturas mínimas, promedio y las máximas son más altas. Y un dato devastador para la superficie forestal: los climas semiáridos se han extendido 30.000 kilómetros cuadrados más en esta etapa. Es un 6% de la superficie española. Las zonas más afectadas fueron Castilla-La Mancha, el valle del Ebro y el sureste peninsular.

“Los bosques no están acostumbrados a esto”. Castellnou, partiendo de este contexto, cree que la sociedad es “hipócrita”, al concebir los bosques como un decorado que debe ser conservado tal y como está, sin más. Él los señala como un ecosistema vivo, complejo, que está en pleno proceso de transformación, donde una parte considerable deberá morir para dejar paso a nuevas generaciones de bosques jóvenes más adaptados al nuevo clima. La diferencia es que los bosques actuales vienen de siglos de actividad humana que los ha gestionado, por ejemplo, gracias al pastoreo. Gestión con la que hoy cuentan en menor medida, y sin la que arden y desaparecen de manera desmesurada.

Marc Castellnou cuenta a infoLibre que su padre tiene dos hectáreas de olivo: “Está generando una externalidad y esa externalidad tiene que ser reconocida fiscalmente”. El inspector jefe quiere decir que su padre no solo crea un producto agrícola, el aceite, también ofrece un servicio: da seguridad a los campos y poblaciones de alrededor. Con "servicio", habla en términos económicos: la seguridad es una actividad productiva del sector terciario. La parte del territorio que trabaja su padre está limpio, es un terreno que no pondría tan fácil el avance de las llamas ante un incendio. “Parte del sector primario debería ser valorada como parte del sector terciario. Hay que legislar para reconocer que los trabajadores del mundo rural hacen un trabajo de seguridad del que se beneficia toda la sociedad”. 

“Al agricultor no se le reconoce su servicio, no se le paga. Solo se actúa en casos de incendios. En lugar de pagar para gestionar el territorio, se paga para extinguir llamas”. Lo define como un problema asimétrico, una contradicción en términos de inversión: “He visto zonas rurales donde las empresas piden unas subvenciones para sobrevivir, de alrededor de 80.000 euros, y se las deniegan. No hay fondos para ellos. Pero luego la misma Administración se gasta dos millones de euros en extinguir un incendio en la misma zona rural”, critica. Castellnou considera elemental esta labor de gestión del paisaje, que previene los fuegos: “Tenemos que replantearnos la escala de valores. No podemos enfocar el mundo rural con mentalidad de los años 80. Hay que actualizar el planteamiento al problema actual”. 

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó que uno de los motivos por los que hay incendios es por el “ecologismo extremo”, que dificulta la limpieza de la ribera de los ríos. Castellnou, preguntado sobre ello, responde: “Buscar culpables expiatorios es pan para hoy y hambre para mañana. La culpa no es del cambio climático. No es de la sociedad urbana. No es de los ecologistas. No es ni de los pirómanos. Es de todos. Entre todos hemos creado una estructura de paisaje que ahora, con el cambio climático, tiene más probabilidades de arder. Tenemos que buscar soluciones estructurales a largo plazo”, critica.  

En los últimos años se ha extendido mucho un eslogan: “Monte rentable no arde”, en referencia a la superficie forestal que mueve actividad económica y mantiene la presencia de empresas. Castellnou matiza el concepto: “Yo diría que bosque rentable arde mucho menos. No podemos caer en confundir la rentabilidad con la gestión”. Es decir, no vale cualquier empresa, debe ser una que trabaje el territorio y que no permita que se acumule la materia muerta de los bosques, el combustible que genera los megaincendios. “Para que el bosque no queme, hay que hacerlo sostenible. Si el bosque es sostenible, no quema y puede ser rentable. Lo primordial es hacer el bosque sostenible”.

Pese a la magnitud del reto, Castellnou es optimista. Lleva varios años compaginando el verano, la etapa de mayor concentración de incendios, con atender a decenas de medios de comunicación que buscan en él respuestas a corto y largo plazo. Considera que su mensaje está empezando a calar en el discurso político: “Es un proceso que va a tardar unos años. Necesitamos medios y necesitamos que se inviertan recursos en el mundo rural. Europa no ha asumido que está enferma y ese es el primer paso para curarse. Va a durar décadas”.

Los ciudadanos también tienen un papel en este proceso: “Se puede cambiar la manera en la que consumimos. Depende del impacto que el consumo tenga en un territorio, para que este esté más o menos vivo”. Cree que España puede estar orgullosa de su sistema de prevención y extinción de incendios, que por la particularidad de la gestión autonómica, tiene 17 laboratorios que permiten el aprendizaje colectivo del que también aprenden otros países. “Este sistema genera un conocimiento muy potente. Estamos bien situados a nivel internacional”, presume. 

Un nuevo enfoque tecnológico para mejorar la atención sanitaria a domicilio en zonas rurales españolas; un seminario en Alicante sobre cómo prevenir la zona de grandes incendios forestales; un trabajo final de grado que analiza el caso de la comunidad de O’Couso en Samos, Galicia, como laboratorio de innovación social; un proyecto de investigación para optimizar el transporte de última milla en zonas transfronterizas; una Hackaton en Almanzor, Almería, para dinamizar el empleo en la comarca; un análisis sobre los hábitos alimentarios de la gente que vive sola en la provincia de Cáceres. Un curso sobre estrategias educativas en zonas rurales. Una jornada sobre participación ciudadana y ruralidad en Valencia. Un laboratorio 5G en las tierras del Ebro.

Son proyectos de investigación, de transferencia; dinámicas de innovación abierta e iniciativas emprendedoras; trabajos finales de grado o máster y prácticas en entornos rurales; talleres, seminarios y jornadas. Actividades donde estudiantes, profesorado, equipos de investigación, empresas colaboradoras e instituciones públicas y privadas cooperan para ofrecer soluciones para un entorno rural que requiere de una acción sistémica y colaborativa.

Son, a su vez, iniciativas que abordan el desarrollo territorial desde perspectivas como la económica, tecnológica, cultural, climática, educativa, asistencial y, por supuesto, la política, haciendo evidente que el reto territorial es un reto muy complejo que requiere de una acción mancomunada de actores y saberes. Una complejidad que se expresa por la necesidad de dar respuesta combinada a cuestiones como el envejecimiento y la masculinización de la población, la falta de oportunidades laborales para atraer o retener inversiones y talento, la escasa dinámica social y de desarrollo de servicios, la infradotación de infraestructuras de movilidad y conectividad, las necesidades de mayor capacitación digital y emprendedora, así como una mayor exposición al clima y a la pérdida de diversidad biológica.

Una complejidad que, en su dimensión ecosistémica, requiere de un liderazgo y gestión que más allá de identificar y reconocer actores, sea capaz de dinamizar y optimizar la interacción entre esta red de agentes públicos y privados, individuales y colectivos presentes y necesarios para el desarrollo rural. Así pues, no se trata sólo de quiénes intervienen, sino de cómo y cuánto colaboran. Se trata de cómo de denso y rico es este entramado de colaboraciones y cómo de intensas y duraderas son las sinergias que se producen.

La propia Comisión Europea en su posicionamiento reciente sobre las claves del desarrollo de las zonas rurales reconoce que más allá de cuestiones fundamentales y tangibles como la conectividad, la capacitación o la diversidad económica, resulta imprescindible el fomento del capital social como mecanismo imprescindible para que las zonas rurales sean comunidades fuertes y empoderadas. Un capital social que se construye en forma de red de conocimiento compartido y que permite que las acciones colectivas en beneficio de una comunidad reviertan más allá de la misma en el espacio y en el tiempo. Porque lo que funciona hoy en determinadas zonas del Levante puede funcionar mañana en Andalucía o en Galicia y hoy estamos en disposición de identificarlo y compartirlo.

Si bien el fenómeno de la despoblación responde a dinámicas que se activaron hace ya algunas décadas, actualmente existe un contexto de oportunidad que permite un cierto optimismo. Por una parte el avance tecnológico abre nuevas ventanas de competitividad a sectores productivos nuevos y tradicionales. En este contexto de digitalización, la pandemia puede haber ralentizado la dinámica de despoblación demostrando que el desarrollo personal y profesional también es posible desde zonas remotas. A su vez los diferentes planes de recuperación españoles y europeos prevén una movilización importante de fondos para el desarrollo local que requiere de la colaboración público-privada en sectores productivos de gran capacidad tractora como el tecnológico, el energético, el agroalimentario o el logístico, entre otros. Finalmente nos encontramos ante un entorno rural que se articula y posiciona mediante nuevos interlocutores con capacidad de intervención. Este escenario que introduce nuevas perspectivas y actores constituye una coyuntura de oportunidad que, lejos de añadir complejidad a la cuestión, favorece el debate, estimula la innovación e incentiva la colaboración. Pero debate, innovación y colaboración requieren de actores que garanticen que en este proceso de construcción colectiva, no exento de dificultades e incertidumbres, se haga un buen uso e integración del conocimiento generado y transferido.

Y llegados a este punto que nos conduce a pensar que tan sólo podremos dar respuesta a la complejidad mediante inteligencia colectiva, es cuando adquiere un nuevo sentido la relación de actividades que sin previo aviso introducían este artículo. Porque son actividades que conectan múltiples actores y disciplinas para aportar soluciones al desarrollo rural. Porque son actividades que se conciben desde y para el territorio.

Porque son actividades, todas ellas, que se están produciendo en el marco de la actividad académica de una universidad.

Una universidad online.

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Àngels Fitó Bertran es vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya

El predominio del voto conservador en el ámbito rural es un fenómeno de época, con relieve político mundial, sobre todo por su peso en recientes elecciones clave, como la victoria de Donald Trump o el Brexit, en ambos casos en 2016. Más recientemente, a principios de abril de este año, el dominio de las zonas rurales ha sido determinante para la holgada victoria de Viktor Orbán en Hungría frente a una oposición unida que sólo puede anotarse como consuelo ser más votada en Budapest. Otra vez, el eje urbano progresista/rural conservador.

En Francia Marine Le Pen fue la más votada en las localidades de menos de 10.000 habitantes. "Está pasando en todo el mundo. En París gana Macron de calle y el segundo es Melénchon. Allí Le Pen estuvo muy floja", explica el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3.

¿Está ocurriendo en España? Es decir, ¿se está deslizando el ámbito rural, en su doble vertiente de poblaciones comparativamente pequeñas y de provincias menos pobladas, hacia la derecha? Más concretamente, ¿está Vox, como suele repetirse, penetrando fuertemente en estos ámbitos?

Hay algunos indicios que apuntan al sí.

En primer lugar, hay una pista que no es electoral ni demoscópica. Las protestas contra la inflación del mes de marzo de los sectores agrícola, cazador y transportista, con fuerte presencia del mundo rural, pusieron a la izquierda en el centro de la diana y mostraron sintonía con posiciones de PP y Vox. En el caso del campo, resulta evidente el deslizamiento del discurso. A principios de 2020 las protestas giraban en torno al excesivo peso de los intermediadores, al aterrizaje de los fondos de inversión, al sandwich que sufre el agricultor entre la presión de los costes y los bajos precios y al ocaso de la explotación familiar. Ahora estas reivindicaciones se han desdibujado y el manifiesto de la gran manifestación del 20M llamaba en su primer párrafo a "conservar las tradiciones". Y Santiago Abascal, increpado en una manifestación agraria en 2020, recorría la protesta haciéndose foto tras foto entre gritos de "presidente".

Pero hay mucho más que una impresión de auge. A diferencia de lo que ocurrió –incluso en su mejor momento– con Podemos y Cs, en líneas generales Vox ha cimentado su avance electoral con un progreso homogéneo en pueblos y ciudades al margen del número de habitantes. Así fue entre los comicios de abril y noviembre de 2019. "Si sigue avanzando así, va a superar los mejores resultados de Podemos incluso sin tener su tirón en las grandes ciudades", señala una fuente socialista preocupada por Andalucía, a la que le llama la atención que lo consiga con un respaldo relativamente bajo entre los mayores de 65 años, todavía la asignatura pendiente de los de Abascal.

Un dato. En noviembre de 2019, cuando Vox logró 52 diputados, 14 de ellos salieron de las 28 circunscripciones con 5 escaños o menos, entre las que están todas las que podrían adscribirse a la llamada "España vaciada". Cs no logró ningún asiento en estas 28 plazas. UP, sólo tres, en provincias sin las características típicas de la España rural o interior: Navarra, Castellón y Álava. En 2015, cuando Podemos cosechó 69 diputados, 17 más que ahora Vox, sólo 12 fueron en estas 28 provincias.

El consultor político César Calderón, fundador de RedLines, cree que el fenómeno Vox desborda límites que no logró superar la llamada "nueva política" y ensancha el margen de mayoría derechista en el ámbito rural. "Tanto Podemos como Ciudadanos eran dos fenómenos fundamentalmente urbanos que no consiguieron, ninguno de ellos, impactar significativamente en el ámbito rural, algo que Vox sí que está consiguiendo a base de hablar a estos votantes usando consignas de carácter populista y ultranacionalista que han conseguido introducir en la agenda política temas tanto locales (caza, tauromaquia) como otros importados desde latitudes lejanas como el derecho a portar armas, toda una constelación de temas de nicho capaces cada uno de movilizar a segmentos sociales muy pequeños pero que agregados les están otorgando una intención de voto muy por encima de la esperable". Calderón ve a Vox alineado con Trump y Marine Le Pen, con tácticas consistentes en "agitar todos los miedos tribales a una sociedad cada vez más globalizada, compleja y diversa generando un voto de trinchera".

El consultor político Eduardo Bayón afirma que aún hay que ver si el avance de Vox en zonas rurales responde una ampliación de su base electoral, que se estaría haciendo más transversal, o se fundamenta en una mayor capacidad para captar en esas zonas votantes de derechas, ya fueran abstencionistas o del PP, como ocurre en los barrios obreros donde el partido de Abascal crece. Bayón se inclina por pensar que su auge se nutre sobre todo de votos salidos del PP, una fuga que será mayor en la medida en que Vox sea capaz de explotar el malestar social y sentimientos antipolíticos y nacionalistas. Como dice Calderón, "Vox demuestra que el miedo y el cabreo pueden ser dos importantes aceleradores de voto". Más aún ahora, completa Michavila, dado el mayor perjuicio de la guerra en Ucrania en la economía rural. El presidente de GAD3 cree que en el ámbito rural son especialmente eficientes los discursos "nacionales", de "identidad" y de "tradición". Y añade una clave: en los pueblos pequeños con inmigración, esta es muy visible y puede tener calado como reclamo electoral. "A ver qué pasa en Almería", dice con la vista en las elecciones andaluzas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrece pistas de derechización rural. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, mes del último barómetro, el respaldo a las opciones de derechas tomadas como un conjunto (PP, Vox y Cs) ha subido en los municipios de menos de 50.000 habitantes (47,1% de la población), entre aquellos de entre 50.000 y 100.000 (13,3% de la población) y entre los de más de 100.000 (39,85%). En el caso de la izquierda estatal (PSOE, UP, Más País), ha caído en los tres segmentos.

El ascenso de PP y Vox se observa en intención de voto, voto+simpatía y cercanía ideológica en cada uno de los tramos de municipios según población. Es decir, ¿avanza la derecha en los municipios menos habitados? Sí. Pero en un contexto de auge general, que afecta también a las ciudades medias y a las grandes. Calderón, haciendo síntesis de las encuestas sobre la mesa, afina: "Es toda España la que está girando a la derecha. Pero ese giro es especialmente importante en las ciudades de menos de 50.000 habitantes y en el ámbito rural".

Michavila orienta la mirilla hacia Castilla y León, un testador interesante por el peso demográfico de los pueblos. Casi un tercio de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, cerca del triple que en el conjunto de España. Menos porcentaje de población, un 30,9%, vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, y todo el debate político, incluso el que afecta a los municipios mayores, está ruralizado, como se vio en la campaña de las autonómicas. PP y Vox cuajaron en esas condiciones una cómoda mayoría absoluta. La derecha dura de Abascal, que explotó el repertorio nacionalista y el reclamo de la identidad rural amenazada, se disparó, pasando de 1 a 13 escaños. Se detecta una mayor intensidad del subidón de Vox en las localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes, donde el partido se ha disparado por encima del 20%, mientras que en las ciudades de menos de 50.000 no ha llegado al 17%. Atención a esto: en una comunidad con nueve provincias, PP y Vox sólo han superado en una y dos capitales, respectivamente, su resultado global. En el caso del PP, sólo pasó del 31,43% en Salamanca. En el caso de Vox, sólo superó su 17,64% en Valladolid y Zamora. Es decir, la regla es que PP y Vox funcionan peor en las capitales, al menos en el caso de Castilla y León. Esto puede ser lógico en el PP, con sólida implantación territorial. Pero podría sorprender con Vox: los partidos "nuevos" suelen tener más tirón en las grandes ciudades.

Vox ha desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al progre urbanita que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos. Es significativo que el partido haya reclamado para sí la Consejería de Agricultura en el Gobierno de Castilla y León, el primero autonómico al que accede.

En Andalucía, en la antesala de la campaña electoral, está dando continuidad a esta línea de acción. La gran comunidad del sur será el escenario de la próxima cita electoral. Está por ver hasta qué punto Vox, que obtuvo 12 diputados en 2018, cumple los pronósticos de las encuestas y ronda incluso el doble. Lo seguro es que las elecciones se celebrarán con indicios encima de la mesa que apuntan que Vox ya no se beneficia sólo de votos salidos del PP, sino que también rasca electores progresistas, como ha puesto de relieve una reciente encuesta de 40dB para El País y la Ser con 2.000 entrevistas. En febrero, una encuesta de Deimos para Vox Pópuli con 1.500 entrevistas situaba a Vox como el más votado en los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes y el segundo por delante del PSOE en los de entre 20.000 y 50.000, es decir, en las ciudades medias, histórico punto fuerte de los socialistas durante sus décadas de hegemonía. Ahí ahora el que domina es el PP, que empezó su ascenso en Andalucía en los 90 en capitales de provincia, grandes ciudades y áreas metropolitanas pero poco a poco se ha convertido en un partido de fuerte implantación rural.

Como destaca Bayón, las "dos principales brechas" electorales son las que se abren entre campo y ciudad y entre jóvenes y mayores. En el caso español, estos últimos, que por regla general ocupan un porcentaje de población mayor en los pueblos y en las provincias más despobladas, han sido el electorado más fiel al PSOE y el PP. Si Vox lograra meter ahí la cuchara, sería una prueba más de su penetración en el ámbito rural. ¿Qué dice el CIS? Los mayores de 65 siguen siendo el tramo de edad en el que Vox tiene menos intención declarada de voto, un 5,1% en marzo de 2022. Pero, ojo, hace dos años era un 3,5. Y crece mientras el PP también lo hace, aunque levemente, en una franja en la que no obstante el PSOE sigue siendo el que más intención de voto concentra. Vox crece de forma similar en "voto+simpatía" entre mayores de 65 años, también mientras el PP crece. Michavila señala que el electorado de más edad presenta dificultades para Vox, porque es una etapa donde prende menos la indignación y el consumo de información se aleja de las redes sociales y se concentra en los medios tradicionales. "El tema de las personas mayores es diferente –señala Calderón–, mayoritariamente siguen confiando en PP y PSOE muy por encima de Vox". Eso es válido, al menos, para los mayores de hoy. Los de mañana –es decir, los adultos y jóvenes de hoy–, ya veremos.

"Es importante evidentemente para mí porque soy el próximo en examinarme. ¡Por dios, sacad un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente! ¡Una mayoría suficiente! ¡Que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente!" (15 de enero).

"Estas elecciones no son cualquier cosa. Tampoco para mí, que voy después. Cuando uno va a una prueba, y está nerviosito perdido, y dice 'pasa tú delante, que a mí me da la risa'. [...]. Pero bueno, ya que [Alfonso Fernández Mañueco] va primero, lo importante es que vaya bien. A ver si me voy a encontrar yo con un susto el 13 de febrero. Hombre, por dios, ¡por compañerismo!, ¡me tenéis que ayudar también a mí!" (28 de enero).

Las dos intervenciones, en el tono distendido que a veces se permiten los dirigentes políticos en sus actos con la militancia, pero cargadas de significado político, son de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), durante la campaña de Castilla y León. Moreno, que se presenta como el barón moderado del PP, más en línea con Alberto Núñez Feijoó o con el propio Mañueco que con Isabel Díaz Ayuso, reclamaba con esa "mayoría suficiente" un resultado que no presentara al PP como rehén de Vox.

La razón es sencilla. El líder del PP andaluz, que ha sacado tres presupuestos gracias a Vox, trata de presentarse en este último tramo de la legislatura como víctima de una "pinza" entre el partido de Santiago Abascal y el PSOE, situándose él mismo en el centro del tablero. De ahí que sea inconveniente que se abra el melón de una posible incorporación de Vox a gobiernos con el PP, lo cual descentra a su partido.

Pues bien, ya pasó el 13F. Y los resultados no han atendido los ruegos del líder andaluz del PP. Si el PSOE –como anticipa que hará– no facilita la investidura de Mañueco, el PP queda a merced de Vox, que ya reclama entrar en el Gobierno autonómico. El 13F desbarata así su pretensión de acudir a las urnas sin que se viera al PP en manos de Vox.

Mientras PSOE y Unidas Podemos se abalanzan sobre el presidente, tratando de castigar su implicación en la campaña castellanoleonesa y presentándolo como el siguiente en pasar por el peaje de Vox, desde el entorno de Moreno el mensaje es de calma. Lo que ha ocurrido en Castilla y León, afirman desde su equipo, no influye en los planes del presidente, que serán convocar las elecciones en junio, "si nos hacen la vida parlamentariamente imposible", o en octubre. Más tarde no, porque afectaría a los presupuestos de 2023, añaden. Eso sería casi acabar la legislatura, ya que las elecciones fueron el 2 de diciembre de 2018.

El "mejor mensaje" que puede dar Moreno es que "Andalucía es de primera, hace su propio camino y no se deja llevar por nadie", explican desde su entorno. Eso sí, no descartan que sea el propio Pedro Sánchez el que quiera hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas, dejan caer. El entorno de Moreno recalca que el presidente ya tuvo su "momento de oro" para convocar elecciones, en otoño del año pasado, disparado en las encuestas, con Cs mejor que ahora, el PSOE sin haber celebrado su congreso y Génova apoyando ese adelanto. Si no lo hizo entonces, recalcan, fue por respeto a su propia hoja de ruta, que ahora mantendrá.

¿Teme el presidente que una negociación o un gobierno con Vox en Castilla y León castigue su intento de hacerse con una imagen centrista en Andalucía? Eso es "futurismo", señalan. Está por ver, añaden, a qué acuerdo se llega finalmente. Y en cualquier caso le quitan importancia. Si Moreno se muestra firme ante Vox en Andalucía –analizan– será capaz de conservar su imagen de "presidente de todos", lo cual consideran su principal activo.

La izquierda cree que esta imagen de calma presidencial es pose. De hecho, la resaca del 13F provocó este mismo lunes una paradoja. Dos partidos que han sufrido un retroceso en Castilla y León, PSOE y Unidas Podemos, salieron a la ofensiva contra Moreno, al que ven ahora retratado junto a Vox y con problemas para defender el guión de un PP moderado y centrista, más aún cuando Vox ya afirma que se ve en los sillones del Consejo de Gobierno.

Según el análisis de ambas formaciones de izquierdas, las elecciones en Castilla y León desvelan la realidad del PP, que una vez desmoronado Ciudadanos sólo puede contar con Vox, un partido de ultraderecha de la familia de Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia o del Fidesz de Viktor Orbán en Hungría. La supuesta moderación de Moreno, coinciden en PSOE y UP, es hoy menos creíble que el sábado.

En el PSOE andaluz cunde el convencimiento de que Moreno está "en problemas" por haber "ligado su destino" al de Mañueco. Una diputada del PSOE se muestra convencida de que "ha arriesgado demasiado" y cree que ha sido "un error" situarse en la estela del presidente de Castilla y León, porque sociológicamente se trata de una comunidad diferente de la andaluza. "En Andalucía hay una parálisis política total, no se ejecutan fondos europeos, no hay presupuesto... Y Moreno Bonilla se ausenta de un pleno extraordinario para irse de campaña a Salamanca. Se ha implicado demasiado y va a pagar un precio muy alto", señala esta diputada, que cree que, si Vox presenta a Macarena Olona como candidata, el PP no tendrá un rival desconocido como en Castilla y León, sino una figura de gran tirón mediático que le puede hacer aún más daño.

El "pasa tú delante que a mí me da la risa" de Moreno puede ser, según esta diputada, una de esas frases que calan en la opinión pública y asientan una idea: "Si Vox llega al Gobierno de Castilla y León llegará después al Gobierno de Andalucía". Desde el entorno del presidente quitan hierro a esa expresión de Moreno, que atribuyen al tono simpático que tan propicio resulta para los mítines.

Juan Espadas, candidato del PSOE, afirmó este martes que el PP forma ya "una coalición con la extrema derecha", a la que ve "sentada en la vicepresidencia" del Gobierno de Castilla y León. A su juicio, se abre "un escenario completamente diferente al vivido hasta ahora", que demuestra que "ese centro político que quiere vender Moreno Bonilla está hipotecado".

"En las elecciones en Andalucía los ciudadanos reaccionarán claramente a favor de un partido que sí ha defendido siempre el centro político y la izquierda política", afirmó Espadas, que acusó al PP de haber "engordado" y "blanqueado" a Vox hasta "confundirse" con el partido de Abascal. Espadas trata de seducir al votante moderado, una de sus fijaciones, con el argumento de que el centrista que se decante por Moreno se puede encontrar con Vox en la vicepresidencia.

El PSOE y de UP coinciden en que el resultado de Castilla y León aleja la hipótesis de un adelanto electoral en Andalucía, aunque ni en público ni en privado dan nada por seguro. Tanto Toni Valero, líder de IU, como Martina Velarde, de Podemos, coincidieron este martes en señalar que el electorado había castigado al PP en Castilla y León por un adelanto electoral injustificado engordando a su principal adversario en el campo conservador, lo que desaconsejaría hacer lo mismo en Andalucía. Unidas Podemos aún no tiene candidato en Andalucía. Al menos sobre el papel, los resultados del domingo les dan algo de tiempo, porque hoy parece menos probable que el sábado que Moreno se apresure a convocar elecciones.

Alimentan la idea de un alargamiento de la legislatura el hecho de que los mensajes salidos del Gobierno andaluz en la resaca del 13F, tanto del PP como de Cs, enfrían la hipótesis electoral a corto plazo. Elías Bendodo, consejero de Presidencia (PP), señaló que su objetivo es que los comicios sean "a final de año". "Llevamos tres años rodando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se agote la legislatura", afirmó. El mismo mensaje repiten desde el PP. El objetivo es "agotar la legislatura", afirma Loles López, secretaria general del partido. "Lo ideal", añadió Bendodo, sería repetir el gobierno con Ciudadanos.

El problema para esa reedición es que no hay garantía de que Cs aguante en pie tras unos comicios. Ahora el partido naranja tiene 21 diputados, pero, ¿cuántos tendrá tras las elecciones andaluzas? En Madrid no le quedó ni uno. En Castilla y León, uno. En ambos casos, no ha rentabilizado gobernar junto al PP.

Juan Marín, candidato de Cs y vicepresidente de la Junta, trató este lunes de trazar una línea entre el desmoronamiento de su partido en toda España y su realidad en Andalucía. "Nada tiene que ver el electorado de Andalucía con el de Madrid o el de Castilla y León", afirmó. Su valoración se centró en criticar a Pablo Casado y Mañueco haber "entregado a la ultraderecha el Gobierno de Castilla y León", una lectura que provocó críticas incluso en sus propias filas, como esta del parlamentario Javier Pareja.

Vox insiste en su petición de adelanto electoral. Nada nuevo. Ya lo hacía antes del 13F. Pero ahora lo hace reforzado por el resultado del domingo. Su argumento fundamental es que Cs "no ofrece estabilidad". Aunque aún no tiene confirmado su candidato o candidata, el partido de ultraderecha urge a Moreno a terminar con la legislatura. Las elecciones en Castilla y León han demostrado que el partido puede obtener un buen resultado sin un candidato conocido. No obstante, Macarena Olona, una de sus dirigentes más conocidas, sigue alimentando la expectación sobre su posible candidatura.