El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una querella colectiva presentada contra un fondo de inversión por presunto "acoso inmobiliario" a los vecinos de un edificio del barrio madrileño de Lavapiés.

Los responsables del fondo Elix Rental Housing Socimi II declararán ante el juez como investigados el próximo 19 de febrero, ha dicho en rueda de prensa la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto, quien ha destacado que es la primera querella colectiva presentada en España contra un fondo de inversión.

Están citados altos cargos, uno de los socios fundadores y uno de sus directivos, además de dos trabajadores del grupo Elix, el arquitecto y el jefe de la obra puesta en marcha en el edificio en noviembre de 2024 para "expulsar a los vecinos haciéndoles la vida insoportable". "Lo relevante en estas imputaciones es que se cita a declarar como investigada a la persona jurídica, es decir, al propio fondo buitre", según Jacinto, para quien el juzgado ve "indicios más que suficientes para entender que hay acoso y hostigamiento", con una afectación a los vecinos "en su salud física, mental e integridad moral". También está imputada como persona jurídica la gestora que se encargaba de las relaciones con los inquilinos.

El presunto acoso ha sido "provocado por unas obras que están haciendo insoportable vivir en Tribulete, 7", por lo que algunos han tenido que abandonar el edificio al "no poder aguantar más esas presiones y esa situación de hostigamiento permanente".

Diez personas interpusieron la querella en representación de un bloque de cincuenta vecinos, muchos de ellos de renta antigua y que llevan viviendo muchos años en el inmueble.

Tanto el acoso inmobiliario como las coacciones agravadas, al ser sobre la vivienda habitual tienen penas previstas en el Código Penal de seis meses a dos años de prisión, además de la posible disolución de la persona jurídica, según Jacinto.

En marzo de 2024, el fondo adquirió el bloque y anunció la no renovación de los contratos a los inquilinos, y en noviembre empezaron las obras con "amenazas y coacciones diarias" que han obligado a Policía y bomberos a intervenir en varias ocasiones. "Es un primer éxito porque hasta la fecha no recordamos que ningún fondo buitre haya sido imputado como sociedad por este tipo de delitos", según la portavoz del sindicato de Inquilinas, Ruth Galán. "Ahora se da un paso histórico al sentar al gran tenedor en el banquillo de los acusados", concluyen.

A José Ferreira la compra de su vivienda en Madrid por parte de un fondo de inversión le pilló por sorpresa. Ocurrió hace dos años, cuando les notificaron que sus contratos de alquiler no se iban a renovar y que debían abandonar sus casas, pero los vecinos se negaron. Hoy, en la estrecha calle adoquinada de San Ildefonso, situada en el barrio madrileño de Lavapiés, su portal es un ir y venir de obreros y materiales de construcción almacenados a la puerta. “Su intención era vaciar el edificio, hicimos ofertas para tratar de renegociar los contratos e incluso intentamos formar una cooperativa de vivienda en cesión de uso y comprar el edificio”, explica Ferreira. Nada de eso funcionó y aquí comenzó su penitencia burocrática y unas obras interminables con las que llevan tiempo conviviendo.

La casa en la que vive Ferreira fue adquirida por la empresa Atm Tyr Real Estate SL, una sociedad creada poco antes de la compra del bloque y en la que confluyen Trier Capital España S.L. y Taviria Capital SL, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que les asesora en este laberinto burocrático. Cuando trataron de proponerles una compra para crear una cooperativa en cesión de uso, el precio fijado echó por tierra cualquier posibilidad: la empresa pidió 5,1 millones de euros.

Uno de los atractivos del edificio para el negocio inmobiliario es que es de propiedad vertical, es decir, todo es de un mismo propietario. Esto resulta muy atractivo para los inversores porque, en Madrid, el Plan Reside impulsado por el ayuntamiento prohíbe los pisos turísticos dispersos en el centro de la ciudad, aunque los permite cuando el bloque entero está destinado a ese modelo de negocio. “Esta legislación es un incentivo para que los propietarios de bloques transformen los edificios de uso residencial, en vivienda turística de forma muy sencilla”, explica Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda. “Es una iniciativa que no soluciona lo que hay y que agrava el problema”, concluye.

“Lo habían comprado por 4,4 millones y pretendían venderlo en 5,1 millones. Evidentemente, se descartó la posibilidad”, señala José Ferreira. Después, la propiedad del edificio pasó a manos de otra sociedad y las comunicaciones se cortaron. “Fue la segunda venta en menos de un año, pero tampoco nos lo notificaron. No hemos tenido ningún contacto con la propiedad desde entonces, hemos escrito correos a través del sindicato, reiterando nuestros propósitos de adquirir el inmueble, de negociar contratos…”, concluye. Lo que sí recibieron fue un burofax que les instaba a marcharse y una oferta informal de 3.000 euros si lo hacían de forma inmediata.

En este momento, viven vecinos en nueve viviendas, siguen pagando el alquiler aún fuera de contrato, pero nada ha funcionado de momento para evitar el desalojo. Así, en marzo de este año comenzaron las obras en el edificio. “Han demolido 15 viviendas de un plumazo y convivimos con esto. El propósito no es otro más que incomodarnos, aunque ellos se acogen a que han firmado una declaración responsable para iniciar las obras”, concluye.

Más obras y silencio absoluto por parte de los propietarios es lo que están viviendo Joan Álvarez y su familia. Otros inquilinos, en este caso del barrio Gótico de Barcelona, que saben bien lo que es encontrarse con que su casa sea un activo de inversión con altísima rentabilidad. Después de 25 años viviendo en el mismo piso, los herederos de la propietaria, una gran tenedora, decidieron rescindir los contratos de los vecinos. Aquí empezó un proceso de negociación que tiene muchos paralelismos con el que está viviendo Ferreira en Madrid. “Intentamos negociar una renovación, pero se negaron y continuamos pagando. Acudimos al Sindicato de Llogateres de Cataluña y después ya no volvimos a hablar”, explica. “Se negaron a hablar con nosotros pese a que enviamos correos regulares invitándoles a hacerlo. El único contacto que recibimos fue por parte de su abogado y lo hizo para advertirnos que no debíamos intentar comunicarnos con los propietarios”.

Enfrentarse a un fondo o a una empresa inversora requiere también un curso acelerado de terminología jurídica, marcos legales, plazos y un sinfín de documentos. Joan, que vive con su pareja y su hija de 17 años, hace hincapié en que ha cambiado la forma de concebir la vivienda: “ya no somos inquilinos, sino personas a las cuales se les puede sacar el máximo dinero posible”, señala. Relata que cuando llegaron a la finca en la que viven, ellos pagaban y sentían que sería su casa para siempre, ya que su casera era una gran tenedora, pero eso ha cambiado porque su hogar se han convertido en un activo de inversión cada vez más rentable. Para Joan no es una cuestión de buscar otro lugar, sino del constante peregrinaje al que se ven sometidos quienes viven en alquiler: “Nos vamos a ir de aquí, ¿para qué?, ¿para que nos echen en cinco años de otro piso porque quieren subir el precio?, ¿y cuándo tenga 80 años sigo con la mudanza?”, concluye. Un montón de preguntas sin una solución aparente a corto plazo.

Txema Escorsa es vecino del barrio de Gràcia de Barcelona, aunque no sabe por cuánto tiempo. “El edificio, que tiene 11 viviendas, lo compró un fondo de inversión holandés en diciembre de 2023. El anterior propietario ya había dejado de renovar los contratos cuando decidió venderlo y los nuevos dueños nos notificaron que tampoco lo harían porque querían hacer reformas”, explica. Las reformas resultaron ser para la construcción de un coliving, una modalidad de alquiler por habitaciones y de corta duración que no está sujeto a las restricciones de la ley de vivienda, por lo que permite precios por encima del tope que impone la regulación autonómica de Cataluña. “Están troceando cada piso vacío en tres habitaciones. Los vecinos que quedamos pagamos un alquiler por piso de en torno a 800 euros, ellos alquilan cada habitación por hasta 980 euros. Sacan unos 3.000 euros por piso”, resume. "El mayor problema que estamos viendo los sindicatos en las zonas donde si se aplica la regulación de precios es que la Ley de Vivienda no incorporó ni los alquileres temporales ni los colivings", señalan desde el Sindicat de Llogateres. Esto, advierten, lleva a que se estén desviando los contratos de alquiler habitual hacia estas modalidades para esquivar la norma. “Está provocando una oleada de expulsiones masivas”, concluyen.

Como en las anteriores historias, también ellos, cuando se negaron a marcharse, comenzaron una penitencia burocrática y judicial que sigue su curso. “Todo el año pasado estuvieron haciendo obras y ahora, quienes nos hemos quedado, tenemos sobre la mesa demandas por desahucio”, detalla Txema. Cuenta que han pedido nuevos contratos y están tratando de negociar, asesorados por el Sindicat de Llogateres, pero la comunicación es nula.

El fondo, New Amsterdam Developers, puso en cada bloque que adquirió un administrador de fincas que se reunió con los vecinos, pero solo para ofrecerles una prórroga de seis meses para vaciar la casa. “Lo más cerca que hemos estado de hablar con ellos ha sido en febrero, a través de los abogados, que vinieron para decirnos que querían que nos fuéramos. Además, argumentaban que al tratarse de un fondo extranjero, eran muy poco permeables a nuestra situación y a las demandas que pudiéramos hacer”, concluye. A la diferencia de fuerzas entre unos pocos inquilinos contra un fondo de inversión internacional, se sumaba aquí una cadena de intermediarios que complica mucho más una negociación razonable. “Con la práctica te vas haciendo experto en temas de leyes, qué aplica o no a tu caso y a qué administraciones acudir para que se cumplan… Es un máster acelerado”, explica el vecino de Gràcia.

A todas estas conversaciones subyace el convencimiento de estar luchando por un derecho, pero también muchas dudas acerca de si lo lograrán. “Estamos a la espera de que se regule el alquiler por habitaciones y el temporal y, aunque no garantiza nada, estamos haciendo esto como una denuncia pública”, concluye Escorsa. Joan Álvarez también insiste en que “el alquiler está dejando de ser una opción” y resalta el sinsentido que supone tener que elegir entre comprar una vivienda a precio estratosférico o “acostumbrarnos a vivir permanentemente con la mochila puesta”. Para José Ferreira lo que peligra, además de su casa, es la estructura misma de una ciudad que corre el riesgo de volverse decorado: “Hemos cambiado a los antiguos caseros por nuevos rentistas y eso va a cambiar también la morfología de la ciudad”.

La especulación urbanística en el centro de las grandes ciudades impacta a todas las generaciones, y en esta ocasión los más mayores están siendo los más afectados. Veinticuatro personas que vivían en la Residencia Tàber de Barcelona están siendo expulsadas de un edificio de la calle Gran Via 625. El motivo es el mismo que el de tantos otros bloques del Eixample. Esta vez, un fondo de inversión francés, Activalia Invest, ha comprado el edificio de la residencia y ahora planea transformarla en pisos de alquiler de temporada. El andamio que ahora luce el edificio incluye un gran rótulo en el que se puede leer Liquidación por traslado no deja lugar a dudas. Si no hay cambios de última hora, el edificio quedará vacío antes de finales de mes.

Juan lleva tres años viviendo en la Residencia Tàber. Asegura, indignado, que la dirección aún no ha notificado personalmente a los residentes que tendrán que irse. “Nos enteramos por la asistenta social”, relata, y añade que “después se informó a los familiares de que se reubicará a quienes están con una plaza concertada [con la Generalitat], y que quienes tuvieran plaza privada se tendrían que buscar la vida”.

Esta situación ha indignado a familiares y a las entidades Marea de Residències y Coordinadora 5+1, que este miércoles convocaron una concentración en contra de este desahucio, que afecta a personas de hasta 95 años. “No puede ser que los fondos de inversión se lo estén cargando todo. Se están cargando la vida de las personas”, denuncia María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1.

El caso es que una cincuentena de geriátricos podrían estar en riesgo de sufrir la misma situación en el Eixample porque los contratos de alquiler de los inmuebles que ocupan caducarán próximamente, explica Jaume Artigas, de la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), que ha realizado una investigación sobre los movimiento especulativos en el mercado inmobiliario del centro de la ciudad. Cinco de ellos, con nombre y apellidos, son propiedad de un gran tenedor que los obligará a marcharse. El caso más inmediato es el de la Residencia Tàber.

“La gestión de la dirección ha sido fatal”, concluye Juan, que vive en la residencia. “Ya sabían en diciembre que el fondo de inversión había comprado el edificio, pero han esperado hasta última hora y luego han dicho: todos fuera”, relata. Además, tres de los residentes que serán desahuciados acababan de ingresar hace apenas un mes, pese a que la residencia ya conocía entonces que el bloque lo había adquirido el fondo de inversión. Toni tiene a su madre ingresada en la residencia y considera que “ha habido mala leche”, porque el día 14 de enero los residentes de plaza privada ingresaron en la residencia y luego el 7 de febrero recibieron el correo de que se cerraba la residencia el 28 del mismo mes. María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1, denuncia que “la residencia ha engañado a los familiares” y que “la sensación es de que han querido cobrar hasta el último minuto”. Hasta el momento, la dirección no ha querido contactar con infoLibre para responder a unas peguntas.

La mayoría de plazas de la Residencia Tàber son concertadas con la Generalitat, que paga una parte del coste. Desde la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión, de quien dependen estas plazas, explican a infoLibre que “están trabajando” para ampliar el concierto de plazas en otras residencias de la ciudad y que se darán a conocer a los familiares “una vez se haya aprobado internamente”. Toni explica que “aún no sabe” a qué residencia se reubicará su madre, y se muestra inquieto porque tampoco sabe “quién se hará cargo de los traslados”, si las familias o la dirección de la residencia.

Más difícil lo tienen los tres mayores que ingresaron en la residencia con plaza privada, que con tan solo un mes de plazo deben encontrar otro destino al que ir porque la Generalitat no les asegura una nueva plaza. “Si estás en un contrato de alquiler, la ley dice que el propietario te tiene que avisar con cuatro meses de antelación, aquí nos han avisado con tres semanas”, se queja Toni. “Además, esa misma semana llamaron a la doctora y la echaron”, de modo que lamenta que, desde entonces, ni su madre con alzheimer ni los otros 23 residentes tienen médico.

“Para muchas personas mayores ingresar a una residencia ya es un trauma. Si los vuelves a sacar de lo que era su casa y les rompes la rutina, eso puede generar una bajada en su salud psíquica y física”, considera María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1. “Hay personas mayores que se han hecho amigos o amigas, y si los envían a residencias separadas muchos no entenderán el porqué. Se encuentran descolocados”, explica Elisa Díaz, de la fundación Som Fundació, que acompaña y da apoyo a residentes con discapacidad intelectual. La trabajadora espetó contra la especulación de los fondos de inversión, que “nos está echando a todos de Barcelona”. “Nos iremos todos a vivir al pueblo y dejaremos la ciudad para los extranjeros”, zanja enfadada.

Las entidades convocantes de la concentración pidieron a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona “intervenir” en el mercado de la vivienda para poner coto a la especulación salvaje. “La propiedad quiere vender porque si convierten estas casas en pisos de temporada ganarán el doble, y eso que la Generalitat está financiando las plazas concertadas”, explica Ana Ramírez, de Marea Residències. “Hay un problema de vivienda. Hay mucha gente que se va a quedar en la calle, no solamente en las residencias sino también personas mayores que viven en sus casas o jubilados que no van a poder acceder a un contrato de alquiler”, denuncia María José Carcelén. “Lo que no puede ser es que se traslade a personas mayores como muebles de repente, porque eso tiene un precio en su salud”, zanja la portavoz.

El caso de la Residencia Tàber llegó a la comisión de derechos sociales del Ayuntamiento el martes de esta semana. El consistorio aprobó, a petición de Barcelona en Comú, la mediación del ayuntamiento con la nueva propiedad y también elaborar un informe sobre la situación en la que se encuentran las residencias en el Eixample de Barcelona para poder identificar casos similares. De momento ya hay identificadas cinco residencias en el barrio del Eixample Dret, que estarían afectando a unas 100 plazas y también al centro de día Club d’Avis Les Saleses.

La Residencia Rosa Franch es otro geriátrico que deberá dejar el edificio por culpa de un fondo de inversión. Su gerente, Oriol Agulló, explica que, a diferencia de la Residencia Tàber, en su caso “han hecho los deberes con antelación y tienen una solución que ya han explicado a las partes afectadas”. El edificio de la calle Consell de Cent 403 es propiedad de Optimum RE Spain y fue uno de los once bloques del centro de Barcelona que adquirió la somici entre 2015 y 2016 para “su explotación en régimen de alquiler”. El fondo ya avisó de que no les renovaría el contrato de alquiler cuando se extinguiera este 2025. 

De hecho, la residencia forma parte de la fundación sin ánimo de lucro Les Saleses, que gestiona tres residencias. Las otras dos son Ricard Julià y Ramón Sala, ubicadas en el mismo barrio y en edificios propiedad de grandes tenedores que tampoco renovarán el contrato a la fundación. Pese a ello, el gerente de Les Saleses remarca que llevan mucho tiempo trabajando para encontrar una solución que mantenga las 56 plazas de los tres geriátricos y a todo el equipo de trabajadores.

El distrito del Eixample acoge 81 residencias con 2.906 plazas de las 13.390 que hay en Barcelona, según el Consorcio de Servicios Sociales. El mismo consorcio ha registrado 12.361 peticiones de acceso en lista de espera a plazas públicas, pero puntualiza que no corresponden al total de personas físicas porque una persona puede constar en 3 centros.

No obstante, el tiempo de espera para acceder a una plaza pública evidencia que la oferta en Cataluña sigue siendo insuficiente. Más de la mitad de las residencias tardan más de un año en ofrecer una plaza pública. 

La Consejería de Servicios Sociales e Inclusión tiene en el horizonte el reto de mantener las plazas y a la vez la calidad de las instalaciones. El decreto 69/2020 obligará a las residencias a establecer unos criterios arquitectónicos de calidad, como por ejemplo no tener a más de dos residentes por habitación, cosa que incumplen algunas de las residencias. La patronal de las pequeñas y medianas residencias, UPIMIR, advirtió meses atrás de que aplicar este decreto podría cerrar 12.000 plazas. Una de ellas podría haber sido la plaza de Juan, uno de los internos en la Residencia Tàber que cerrará a finales de este mes, porque él vivía en la misma habitación junto a dos otros internos más.

Al clásico cartel de Se vende se le ha unido en los últimos años un sorprendente complemento directo: Se vende aldea. Se vende pueblo. La despoblación y el abandono dejan detrás viviendas en ruinas, tierras sin labrar, pero también posibilidades para quien pueda y sepa “sacar partido”, como indica en su dominio web y correo electrónico la inmobiliaria española especializada en este tipo de bienes desde hace casi 30 años: Aldeas abandonadas. Con el discurso político y mediático centrado en la insostenible crisis de vivienda en las ciudades, hay otros movimientos tectónicos ocurriendo de manera más discreta en lugares donde apenas se repara. Se está vendiendo todo: aldeas, pueblos deshabitados, viviendas rurales, castillos, molinos, pazos, masías, mansiones, bodegas, casonas, fincas, palacetes. ¿Quién tiene entre 20.000 y 200.000 euros para comprarlos? Bastantes particulares y empresas, antiguos emigrantes que regresan con capital y extranjeros que disponen del dinero para aterrizar. ¿Quién tiene el millón de euros adicional que en ocasiones se necesita para rehabilitar y poder, efectivamente, sacar partido a la compra? Ahí viene la letra pequeña de este sismo inmobiliario: fondos de inversión y fondos buitre suelen estar detrás o directamente en la firma de algunas de estas operaciones cuando hay gran riesgo o gran capital mediante.

El último caso que se ha conocido en España, y al que se refieren de inmediato los abogados de los despachos especializados consultados para este reportaje, es el de Burguillos, una localidad sevillana de unos 6.600 habitantes. Un fondo buitre que, como la mayoría de los que están entrando en este mercado, es estadounidense, ha comprado la deuda del Ayuntamiento: unos 27 millones de euros. ¿Por qué a KSAC Europe Investments, con sede en Nueva York, le interesa la deuda de un municipio español? “Es la típica dinámica de los fondos buitre en el ámbito bancario. Ahora encuentran un filón en créditos de los Ayuntamientos, porque tienen activos inmobiliarios”, explica a infoLibre Juan Ignacio Navas, del despacho especializado en derecho bancario Navas & Cusí. “Compran la deuda por un porcentaje inferior a su importe, por ejemplo, 1 millón de euros lo compran por 100.000 y, entonces, comunican al deudor que a partir de entonces se deben relacionar con ellos, y comienzan a reclamarles la totalidad a través de los inmuebles, van a por los inmuebles municipales”, indica a infoLibre Fernando Gavín, del despacho de litigación bancaria Gavín y Linares.

¿Y cómo llegan los fondos buitre a saber, siquiera, que un pueblito español está en aprietos de deuda o directamente abandonado? Contactan con consultoras sobre en qué se puede invertir en España. Después de mercados tan competidos y saturados como las grandes capitales y las costas, los ojos de estos avistadores se han posado sobre un territorio inadvertido pero vasto. El 80% de la población española vive sólo en el 20% del territorio. En el 80% del territorio que alberga sólo al 20% de la población tienen todavía mucho por conquistar. “En el último año, hemos detectado que, a pesar de la subida de tipos de interés, el precio de la vivienda no baja, sino al contrario. La gente no puede adquirir hipotecas, porque están carísimas. Pero tanto los bancos como los fondos buitre tienen especial interés en adquirir inmuebles y eso nos lleva a pensar que está empezando una nueva burbuja inmobiliaria. Que van a pegar otra subida enorme. Y probablemente esto de comprar las aldeas se haga pensando en un mercado extranjero, personas que valoran muchísimo vivir en un sitio tranquilo con buen clima. Está cada vez más de moda en Estados Unidos retirarse en Europa, lo tienen idealizado”, reflexiona la abogada Loleta Linares.

Los anuncios de pueblos a la venta llaman la atención en los medios locales, donde trasluce una cierta esperanza de cualquier posibilidad de futuro distinta al abandono total. Los compradores suelen presentarse con grandes promesas de creación de empleo y dinamización, como ocurre con el boom de las plantas de biogás, pero tantas veces no se concreta o queda en muy poco. Un caso paradigmático de estas gallinas que todavía no ponen sus huevos de oro es el de Salto de Castro, un pueblo de Zamora que salió a la venta en Idealista y fue adquirido por el empresario toledano Óscar Torres por 300.000 euros, con el apoyo de un fondo de inversión chileno. En teoría iba a desarrollar en él un proyecto de turismo rural, pero la operación ha terminado en que la localidad está de nuevo a la venta. Ahora por 580.000 euros. “Un grupo árabe y uno estadounidense” han estado interesados, según el portal inmobiliario, pero hasta el momento no ha trascendido que la transacción se haya completado.

“Esto es muy complicado, no es tan fácil, ni tan bonito, recibimos muchas llamadas, muchos correos, pero nos quedamos con poca cosa”, asegura en conversación con este periódico Elvira Fafián, creadora y responsable de Aldeas abandonadas, inmobiliaria que se presenta como la primera de España especializada en este tipo de ventas. Cuando ellos abrieron, “hablar de vender pueblos sonaba rarísimo”. Ahora participan en un mercado que crece con nuevos actores, como los fondos buitre. “Hay llamamientos de ven a lo rural, lo rural existe, hay plataformas que se están beneficiando, pero no todo vale. Necesitamos gente, pero con una base, con proyectos”, defiende. Ellos trabajan sobre todo con particulares y empresas. “Mucha gente nos llama que quiere volver a vender, y pierden dinero en el camino. Porque no han encajado en el medio rural, porque los críos se hacen mayores y ya no quieren esa vida, porque una persona de la pareja se queda sola”, indica. También les llaman fondos buitre. “Llaman, se pueden interesar, pero nosotros transacciones no estamos haciendo, nosotros pedimos saber qué se va a hacer después de la inversión. No es que rechacemos, pero cuando viene un comprador averiguas, pides carta de intención, certificado bancario. Prefiero que venga un particular o un empresario, pero aceptamos todo”.

Los avales ICO, que son parte de la solución, no se desarrollan los convenios con las entidades financieras privadas a falta de una banca pública son apremiantes. Con ello se facilitaría a buen seguro el acceso a miles de ciudadanos, embalsados en el alquiler cuando desearían tener una en propiedad. Ello ayudaría mucho a pinchar la burbuja existente sobre los precios de los alquileres al restar esta numerosa demanda.

Paralelamente incentivaría la construcción y rehabilitación de viviendas por parte de las pymes, generando a la vez empleo. El gobierno de la Generalitat con el PP ha vuelto a incumplir su promesa electoral de reducir el ITP al 3% para jóvenes y colectivos especiales. Se sigue sin facilitar avales públicos a las familias para facilitarles el acceso a la vivienda en alquiler, dejando así un auténtico ejército de errantes demandantes de vivienda social en alquiler; por desgracia algunos no tienen más camino que ser okupas.

Ustedes mismos analicen el Plan VIVE, que emana del nefasto Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que prevé subvenciones directas a los grandes operadores y fondos de inversión con el objeto de alquilar esas viviendas, cuando a todas luces esa subvención o bien la cesión del suelo público prevista permite destinarlas directamente a los propios demandantes de vivienda habitual y social en propiedad.

La encuesta del CIS dice que un 81.8% es partidario de comprar una vivienda propia, ya que es la mejor forma de ahorrar para el futuro y evitar no poder pagar un alquiler hasta su jubilación, más con los contratos limitados a un máximo de 7 años.

Ejemplos actuales tenemos muchos, desde la actuación de los fondos buitres en Madrid y otros lugares a lo último: que desahucian de un convento en Cádiz a sus trabajadores de toda la vida, así como a incapacitados y vulnerables de todo tipo en toda España.

Por desgracia, esta es la actual política de vivienda que unos y otros nos ofrecen. Entre ellas una errónea y enmarañada ley de vivienda que ni siquiera contempla el derecho subjetivo.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

A Antonio le encanta su casa. Son las 11 de la mañana del primer jueves de marzo y hace 4 grados en Alcorcón (Madrid, 169.000 habitantes). Pero por la ventana cerrada de su salón, orientada al sureste, entra el sol y no hace falta poner calefacción. De sus 84 años lleva 22 viviendo de alquiler en este piso, al que entró por un mecanismo de protección oficial. Pero su casero ya no es la Comunidad de Madrid. Es más, lo fue durante muy poco tiempo. “A los pocos meses, vendieron el edificio el Banco Santander. Yo me preocupé, pero me dijeron, Antonio, ¿qué más te da que los recibos le vengan de aquí o de allí? Y yo pensé, es verdad, qué más me dará... ¡Joder, si me dio!”, exclama.

Al poco tiempo, el inquilino relata que el edificio pasó a la constructora Sacyr y luego, a Testa, filial inmobiliaria de la gestora de activos financieros de la estadounidense Blackstone. En el camino, su cuota protegida de alquiler ha pasado de 200 euros a 625. “Primero me subieron un 100% de golpe, de 200 a 400 euros. Luego han ido subiendo poco a poco”, relata.

Aún no han transcurrido 25 años, por lo que la vivienda de Antonio aún goza de especial protección. Por eso, el fondo, que con la legislación actual no le puede subir más el alquiler, le pide que se marche a otra vivienda de su propiedad, más pequeña. “Oiga, no me desarraigue usted de mi pueblo. Tengo a mi hijo a 500 metros. Mis amigos, mi vida, mi biblioteca, mi gimnasio. ¡Que no me voy yo de aquí! Ya somos muy mayores, déjame morirme aquí, ten un poquito de paciencia”, ironiza.

Antonio es vecino de uno de los bloques de la calle Estocolmo. Ahí vive con su esposa, con la que lleva 60 años casado. “Felizmente, nos llevamos muy bien”, apunta. El octogenario cuenta que ella sufrió un infarto y sufre de vértigos: “Testa me pide que me vaya a otra casa, que tiene una sola habitación. Mi mujer está enferma, dormimos en habitaciones separadas. Cuando uno es mayor, y cuando ya ha pasado la edad del divertimento, donde uno está mejor es cada uno en su habitación. Los mayores tosemos más, orinamos más... ¡Roncamos! Una vez pusimos una grabadora, ¡parecía un aserradero! Yo elegí este piso de dos habitaciones sabiendo que todo llega. Que necesitaríamos dos lugares para descansar”, lamenta.

En los últimos 22 años, el IPC, al que van indexados normalmente los contratos de alquiler, ha subido en torno a un 60%. La cuota de Antonio ha subido más de un 200% por parte de las diversas empresas que han sido sus caseras. Por esto, Antonio es muy crítico con el concepto VPO: Vivienda de Protección Oficial. 

“La sensación que uno tiene cuando viene a una Vivienda de Protección Oficial es que está protegido. Y aquí no te protege ni Dios. Ahora dicen que si pagas más del 30% de tus ingresos en alquiler eres vulnerable. Entonces… ¡todo Madrid es vulnerable!”, exclama Antonio, que añade: “No se entiende que pague más de 600 euros. Puedo pagarlo, porque tengo dos hijos que me ayudan, pero el alquiler en mi caso rebasa el 50% de mi pensión, que es el único ingreso que entra en esta casa”, lamenta.

En 1999, la Comunidad de Madrid otorgó la calificación definitiva de viviendas de protección oficial a las parcelas que hoy ocupa este bloque. Fue una promoción de 159 viviendas sin opción a compra. Había dos regímenes: general, que disfrutaron de 10 años de protección, y especial, de 25. Es por este motivo que Antonio aún goza hoy de un mayor amparo que sus vecinos, cuya protección ya expiró y que se enfrentan a demandas de desahucio. Testa pide cantidades que superan entre un 35% o 40% su cuota de alquiler, exigencia que no aceptan.

Antonio, consciente de su especial protección, rechaza negociar individualmente con el fondo inmobiliario: “Quieren dividirnos. Somos 12 familias que hemos pedido negociar a Testa. La negociación colectiva no les gusta. Pues hacemos negociación colectiva individualizada. Pero es que lo que quieren es vaciar el piso. Estoy convencido de que si yo me voy, esto lo alquilan por casi el doble. ¡Es un disparate! A mí me piden que me vaya, si no acepto, me pasará lo que a él”, critica, señalando a uno de sus vecinos, demandado.

El vecino al que señalaba Antonio se llama Jesús. Tiene 57 años y lleva 12 en el edificio. Es taxista y paga religiosamente 675 euros de alquiler, aunque el fondo, desde hace cuatro años, quiere más. “Empecé pagando alrededor de 500 euros y me piden que pague 875 euros”. 

Jesús está divorciado y, además del alquiler, paga la pensión por manutención de sus hijas. Actualmente vive con su madre, de 85 años, que está enferma. “Para poder sacar todos los gastos tengo que facturar 2.000 euros mensuales con el taxi. No consigo hacer jornadas por debajo de 12 horas”, lamenta. 

Tras la negativa de Jesús a aceptar la subida de la cuota, Testa le demandó para que abandonara la vivienda. “He pasado dos juicios por desahucio. En el primero lo pasé fatal. A mi abogada de oficio no la llegué a ver en persona. Yo ni sabía que el juicio era porque Testa me acusaba de no haber pagado la cuota. La abogada me llamó 5 minutos antes de que expirara el plazo de irme de mi casa decirme que se aplazaba el juicio”, lamenta Jesús, que reconoce que sufrió un gran nerviosismo. 

El taxista especifica que nunca ha dejado de pagar el alquiler, y cuando Testa ha devuelto los pagos, ha vuelto a ingresarlos, para evitar que le acusen de impago. El segundo juicio, programado para el pasado martes, lo ha afrontado mejor. Jesús, como el resto de familias afectadas de su edificio, había contactado con el Sindicato de Inquilinos, una asociación que reúne a inquilinos organizados y que incluye a juristas que ayudan a los arrendatarios que entran en conflicto con los grandes fondos de inversión. 

“Me da mucha tranquilidad que alguien te asesore y que esté ayudándote. En este caso, me dijeron con bastante antelación que el juicio se volvía a aplazar. En seis meses volverán al ataque para ver si me echan del piso... Llega un momento que esto te afecta. Yo no estoy acostumbrado a esto. Esto te desborda, no duermes tranquilo, ni trabajas tranquilo, ni vives tranquilo. Ellos tienen la sartén por el mango y tú estás ahí, friéndote, hasta que te canses y te vayas, porque no aguantas la presión y la incertidumbre", lamenta.

Blackstone es considerado el mayor casero de España, con un parque estimado de 40.000 viviendas que gestiona a través de sociedades mercantiles como la mencionada Testa, la casera de Antonio y de Jesús. Ante la evidencia de que la situación de la vivienda se está convirtiendo en un clamor social y que las administraciones públicas cada vez prestan más atención, está empezando a desprenderse de este patrimonio, ante las complicaciones que la Ley de Vivienda supondría para su negocio inmobiliario. Según contó el diario económico Cinco Días, la gestora de activos tiene Testa a la venta. 

“Este caso no ocurre solo en Alcorcón. Pasa en Getafe, en Torrejón de Ardoz, en Carabanchel, en Vallecas…”, lamenta Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos. “Blackstone, a través de sus sociedades mercantiles Testa y Fidere, compraron viviendas protegidas que estaban de alquiler. La Comunidad de Madrid cedió el terreno a una empresa que explotaba los arrendamientos en régimen de protección pública. Ahora los últimos contratos calculamos que tienen, al menos, 12 cláusulas abusivas”, critica Palomo.

Antonio, el inquilino octogenario, pese a que no es propietario de su casa, paga el IBI. “¿Yo soy propietario de algo? ¡No hay por donde cogerlo!”, critica. También paga la Tasa de Residuos Urbanos, un impuesto que habitualmente paga el propietario de la vivienda. “Es polémico que el inquilino pague el IBI. No hay jurisprudencia, pero por lógica, es obligación del propietario”, explica Víctor Palomo. 

“Son muy radicales”, añade el abogado. “Si lees un contrato, te obligan a que todo lo tienes que arreglar tú. Les pide a los inquilinos hasta un seguro de responsabilidad civil sobre la vivienda y su contenido, que debería ser una cosa voluntaria. Hay cláusulas penales, con sanciones de 150 euros por, por ejemplo, no entregar un documento. 

infoLibre ha accedido a alguno de los contratos, en los que se refleja que el inquilino debe hacerse cargo de los suministros básicos (agua, electricidad, calefacción, teléfono), así como de la mencionada tasa de basuras, la instalación, conservación y reparación de los contadores, el mantenimiento y conservación de la caldera y el coste de sus inspecciones obligatorias.  

Además, el inquilino no solo debe hacerse cargo de reponer los objetos que se desgastan por el uso normal, como las bombillas. También debe hacerse cargo de las reparaciones de persianas, enchufes, cisterna del váter, griferías, desagües, instalaciones como encimera, campana extractora, electrodomésticos, como el frigorífico, la lavadora o el microondas, así como la bañera o el plato de ducha. En resumen: todo lo que hay en la vivienda. "Pedimos una negociación con todos los vecinos, para que no se les expulse y no se vean afectados por cláusulas abusivas", defiende el abogado.

El caso llegó a la televisión. Antonio participó en el programa La Sexta Xplica, que se emite los sábado por la noche en La Sexta, algo que no gustó a Testa. "Me llamaron porque dije en la tele que estábamos todos demandados. Una empleada de Testa me dijo: 'Usted va diciendo que le hemos denunciado'. Es cierto, yo no estoy demandado, pero todos mis vecinos sí y yo hablo en plural", señala el inquilino.

El PSOE y la candidatura vecinal Ganar Alcorcón, que gobiernan el municipio, llevaron este caso al Pleno del Ayuntamiento. El órgano aprobó una moción por la que el Consistorio se comprometió a mediar. Algunos de los vecinos, tras tantos años de pelea, son escépticos, y atribuyen esta iniciativa a la cercanía de las elecciones municipales. No obstante, se alegran de que haya por fin una reacción, tras varios años: “La esperanza es lo último que se pierde”, lamenta el taxista Jesús.

Fuentes municipales, en conversación con infoLibre, declaran que usarán “todos los recursos a su alcance” para defender a los vecinos: “Pedimos a todas las partes implicadas que pongan de su parte para encontrar una solución razonable. No pueden pagar siempre los mismos", defiende Jesús Santos, segundo teniente de la alcaldesa y coordinador del área de servicios de la ciudad. Santos es también coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid.  

Así, a finales de noviembre, el Ayuntamiento se comprometió a cumplir varios puntos, de los que destacan tres. En primer lugar, mediar entre Testa y los vecinos para evitar subidas desorbitadas de alquileres y cláusulas abusivas. Para ello, se convocaría una mesa de negociación con el Ayuntamiento, los vecinos afectados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, la Comunidad de Madrid y Testa. Sobre este punto, el Ayuntamiento indica que el Gobierno regional no ha contestado y que la empresa no ha aclarado su respuesta.

En segundo lugar, solicitar a Testa que retire las demandas interpuestas a los vecinos por el vencimiento de sus contratos, al no aceptar estos las subidas de alquiler de más del 30%. El Consistorio indica que en este caso la gestora de activos tampoco se ha pronunciado sobre esto. infoLibre, tras reiterados intentos por correo electrónico y teléfono, no ha conseguido hablar con un portavoz de Testa para conocer su posicionamiento.

En tercer lugar, solicitar una reunión de urgencia con el Defensor del Pueblo. “Desde el Ayuntamiento se ha enviado esta petición al Defensor del Pueblo, pero todavía no ha respondido”, indica el organismo. Fuentes de la oficina del Defensor confirman que han recibido la petición, pero que aún no han conseguido agendarla, debido a la ingente cantidad de citas que tienen en espera. 

“Tengo que lavar la imagen por una cosa que dije en la tele”, dice Antonio, con gesto incómodo, recordando su participación en el programa de La Sexta. “Critiqué al señor Sánchez, porque aún no tenemos una Ley de Vivienda. Y me han criticado mucho. ‘Ah, que este señor estaría mejor con Rajoy’, me han dicho. Creen que a mí me emociona la derecha. Con la premura de la tele, olvidé decir que hago esta acusación desde la extrañeza, sería injusto no reconocer lo que ha hecho este Gobierno. ¡No entiendo que no aprueben la Ley de la Vivienda!”, lamenta. 

La legislatura se agota y a la Ley de Vivienda le queda aún un largo recorrido. En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley de Vivienda, que es una norma que no entrará en vigor hasta que no supere un largo proceso en el Parlamento. Al estar aprobada por el Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno la lleve al Congreso, iría directamente a la comisión competente, que trabajará el texto, con su correspondientes plazos para que los partidos presenten enmiendas parciales o totales. 

Luego debe aprobarse en el Pleno del Congreso, desde donde se enviará al Senado, que también puede introducir enmiendas. Si es así, volvería al Congreso, que decidirá si acepta las posibles enmiendas. Pese al largo recorrido que le queda y al poco tiempo que queda de legislatura, fuentes gubernamentales insisten a infoLibre de su voluntad de aprobar la ley antes de las elecciones.

El proyecto de ley recoge algunos instrumentos que serían útiles para estos vecinos. Incorporaría a la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje ante los grandes tenedores de vivienda cuando hay inquilinos económicamente vulnerables. Es un sistema que tratará de evitar demandas de desahucio. 

Por otro lado, prevendría futuros casos, al impedir la venta de parque público de vivienda a fondos buitres. Para la vivienda protegida, como la de Antonio, no podrían darse los incrementos de precios de alquiler que este inquilino ha sufrido en los últimos años: las empresas propietarias tendrán que limitarse a un índice de referencia para áreas tensionadas, como lo es la Comunidad de Madrid. 

“Tuve mejores vidas, pero la vida viene como viene”, lamenta Antonio, un poco exasperado por lo que supone negociar con la filial de una gestora de fondos que gestiona activos valorados en 110.000 millones de euros. “Si no acepto cambiarme con mi mujer a una casa de una habitación, me pasará como a ellos [en referencia a sus vecinos, con denuncias de desahucio]. Al final la vida no es la que uno se cree que se hace, es la vida la que hace con uno lo que ella quiere”, lamenta el octogenario.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la acusación en el juicio contra los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone al considerar que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo de los acusados, ha informado Europa Press.

El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides ha entrado este lunes en su recta final con la exposición de los informes finales. La acusación que ejercen los afectados, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

El grupo municipal socialista, a través de sus letrados, ha rebajado las penas pero ha aumentado la petición de indemnizaciones. En concreto, solicita doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación y un año de prisión para Benavides por fraude.

Sostiene esta parte que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar y que no existió una real concurrencia de los eventuales compradores dada la información privilegiada que tuvieron las compañías.

"Fue el comprador y no la EMVS quien fijó el precio de la compraventa de viviendas", recoge el escrito de acusación del PSOE, que añade que "el precio resultó objetivamente inferior al precio que podría obtenerse incluso al mero valor contable de las viviendas".

Una retirada que no sorprende

El letrado de la EMVS, que representa al Ayuntamiento de Madrid, retiró el pasado viernes la acusación que ejercía contra los encausados al considerar que el juicio ha acreditado que no existe responsabilidad penal, en la misma línea que mantiene el fiscal del caso.

Esta retirada no ha sorprendido a las otras acusaciones particulares dado que ya se produjo un cambio de abogado cuando el Ayuntamiento de Madrid pasó a manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Según el abogado de la EMVS, las viviendas no se enajenaban, sino que se trataba de un negocio. Además, sostiene que el valor de la tasación que realizó la consultora Price Waterhouse era correcto, ya que la mayoría de las ofertas oscilaban entre una horquilla de 117 y 135 millones de euros.

En su exposición, el abogado de las víctimas ha aseverado que la adjudicación de la venta al fondo Blakcstone estaba "cocinada" desde el principio, meses antes del concurso de acreedores.

La presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de la EMVS, Arantxa Mejías, ha plasmado hoy la parte humana en el juicio por la enajenación de viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 relatando al tribunal el calvario que sufren los afectados desde hace ocho años al haber vendido e "hipotecado" sus vidas por una decisión política, según recoge Europa Press.

El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid Fermín Oslé Uranga y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides, por delitos de fraude, malversación, prevaricación. Se juzga a los responsables de la supuesta venta irregular de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone, filial de Fidere. Las acusaciones particulares, ejercidas por las víctimas y el PSOE, sostienen que la venta estaba pactada antes de que se pusiera en marcha el concurso público.

Arantxa Mejías ha hablado en nombre de las 1.860 familias víctimas de la presunta operación fraudulenta. "Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y nuestros salarios. Detrás de esta decisión política, hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras pero detrás de esas casas hay vidas", ha reprochado.

Así, ha narrado que se truncaron las vidas de estas familias y detrás hay un calvario con "desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico". Según su relato, la EMVS no les informó en ningún momento del inicio del proceso de venta. "Me enteré porque vi carteles de alquiler en mi urbanización como si fuera publicidad de Coca-Cola. Empecé a poner pósit en las puertas para informar a los vecinos de lo que estaba pasando", ha narrado. Tenía entonces 24 años. Sus padres eran los adjudicatarios de la vivienda en la que sigue residiendo.

El cambio de casero supuso un incremento de un 45% sobre el alquiler. "Nosotros firmamos un acta en contra de que nuestro casero fuera un fondo de inversión. Las condiciones no eran las mismas porque no tenían ese fin social destinado a personas que lo necesitábamos", ha dicho. Se vieron obligados a formar para no perder sus casas.

Las consecuencias fueron más de 100 personas desahuciadas, muertes y enfermedades psicológicas. "Una vecina se ahorcó al recibir un burofax en el cuarto de su casa", ha recordado con voz temblorosa. "¿Qué ha supuesto tener a un fondo de inversión como casero?, ha preguntado la abogado que representa al PSOE, a lo que Mejías ha afirmado con rotundidad que ha supuesto "vivir con incertidumbre, desahucios y enfermedades psicológicas". "Nos ha condicionado vida y ha afectado a los ciudadanos de Madrid porque es patrimonio de la ciudad y dinero público de todos", ha aseverado, criticando que las únicas palabras de la exalcaldesa Ana Botella en el Pleno fuero que solo habían cambiado de casero.

El tono se ha elevado en el turno de preguntas del abogado de Fidere al preguntarle sobre las condiciones del contrato de alquiler con opción a venta. "¿Se negaron ustedes a firmar el nuevo contrato?", a lo que ha replicado que "en absoluto". "Mis padres firmaron un contrato como el resto de vecinos", ha recalcado. En un momento del interrogatorio ha intervenido el presidente de la Sala para cortar las preguntas del letrado de Fidere al echar en cara a la testigo que hablara con los periodistas y buscara la exposición mediática. La afectada no ha contestado en sala. Sí lo ha hecho en los pasillos, donde ha comentado que lo hace para dar visibilidad a las víctimas de "un atropello institucional". "Sería más divertido haberme metido en Gran Hermano", ha dicho con tono irónico.

Sánchez Mato respalda la acusación

En la sesión de ayer, compareció Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda en la Alcaldía de Manuela Carmena. El exdil respaldó la tesis de las acusaciones y criticó que la EMVS acudiera a Price Waterhouse para realizar la tasación de la operación cuando había de sobra arquitectos cualificados en el Ayuntamiento capitalino. También mantuvo que la tasa de descuento acordada sobre el precio, de un 2%, era exagerada y que se vendieron los pisos "a precio de derribo" en alusión a que se puso un precio muy inferior al precio de mercado en aquel momento.

En su declaración, el ex CEO de la EMVS manifestó que la operación respondía a la necesidad que había de salvar a la empresa pública de "la crítica" situación financiera que atravesaba debido a la crisis del mercado inmobiliario. Mañana está citada la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, quien fue absuelta por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. El abogado de las víctimas, Mariano Benítez de Lugo, sostiene que varios testigos han señalado en instrucción que el Gabinete de Alcaldía dio instrucciones a la EMVS para ejecutar la venta. "No es una operación casual sino que estaba preorquestada para favorecer a un fondo de inversor. La exalcaldesa se mantiene bajo el velo de la ignorancia para mantener que no sabía que era así", ha reseñado el letrado.

En el juicio, el fiscal no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita la absolución. En cambio, la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS solicita ocho años de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del artículo 289 del Código Penal, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.

La futura Ley de Vivienda recogerá, a propuesta de Unidas Podemos, la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas (como puede ser los fondos de inversión), para lo cual se establece un régimen de protección permanente que excluye su recalificación, informa Europa Press.

Fuentes de la formación morada han explicado a Europa Press que han logrado incluir este punto en el texto acordado con el PSOE para la futura normativa, con el objetivo de establecer la prohibición de enajenar esos pisos de titularidad pública y que puedan luego ser ofrecidos en el mercado libre por los compradores. Se trata de un punto prioritario que Unidas Podemos trasladó en la negociación sobre la Ley de Vivienda, que se consiguió cerrar ayer.

Una cláusula que busca impedir casos como el que tuvo lugar en 2013 en la Comunidad de Madrid, cuando el Ejecutivo regional vendió casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, operación que fue anulada por el Tribunal Supremo al subrayar que dicha enajenación no estaba justificada.

Otro ejemplo es la transacción que acometió también ese año el Ayuntamiento de Madrid en la etapa dirigida por la exalcaldesa Ana Botella, cuando transfirió por valor de 128,5 millones un total de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo de inversión Blackstone.

Esta mañana la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha deslizado este punto al desgranar que la ley aspiraba a impedir casos como la enajenación de vivienda protegida, como se vio en el pasado en la Comunidad de Madrid con la venta de pisos a "fondos buitre". "Eso no se va a volver a hacer en España", ha sentenciado.

La redacción consensuada entre los socios de coalición establece que la calificación de un suelo establecido como reserva para vivienda en régimen de protección pública "no podrá modificarse", salvo en los casos excepcionales en los que el instrumento de ordenación urbanística justifique la "innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial".

Protección que excluye la descalificación de la condición pública 

Además, la redacción de esta disposición detalla que las viviendas protegidas que se promuevan en dichos suelos "estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo".

De esta forma, las viviendas estarán sometidas a ese régimen de protección pública "permanente", con la salvedad que excepcionalmente pueda prever la normativa autonómica "en caso de que exista causa justificada debidamente motivada para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de calificación con la fijación del número de años de esta, que como mínimo deberá ser de 30 años".

Para ese supuesto excepcional, la futura normativa de vivienda pauta que será necesaria la devolución de todas o parte de las ayudas percibidas en caso de enajenación de la vivienda con posterioridad a su descalificación, conforme se establezca en la normativa autonómica.

"En todo caso, se considerará causa justificada a los efectos de este apartado, la promoción de viviendas protegidas en suelos cuya calificación urbanística no impusiera dicho destino y que no contaran con ayudas públicas para su promoción", ahonda. 

De esta forma, la venta o alquiler de estas viviendas de protección públicas a particulares estarán sujetas a las condiciones que pauta la normativa y su asignación se hará prioritariamente a favor de personas demandantes de alojamiento inscritos en los registros públicos de cada región.

Puntos centrales de la futura normativa 

La nueva ley de vivienda también contempla destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social. 

Además, prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios (10 viviendas o más) con personalidad jurídica, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas. 

A su vez, figura bonificaciones fiscales hasta el 90% de las rentas que obtengan los pequeños propietarios en caso de bajar el precio de los alquileres respecto al contrato anterior.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene que pronunciarse sobre la querella que la sección sindical de CGT presentó contra el grupo Konectael grupo Konecta por poner en peligro la salud de sus trabajadores en marzo de 2020, nada más decretarse el estado de alarma. El sindicato, que ha recurrido ante la Audiencia después de que el juzgado de instrucción dictaminase que no era una causa penal, acusa a la empresa de un delito de omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia grave.

Según explica la CGT en su querella, Konecta BTO, que presta servicios de telemarketing a otras empreas, se negó a paralizar la actividad y a desalojar a los trabajadores de sus tres centros en Madrid, pese a los requerimientos que habían hecho tanto la Inspección de Trabajo como el Gobierno regional. El 16 de marzo el comité de empresa aprobó, con los votos a favor de CGT, USO y Solidaridad Obrera y en contra de UGT, CCOO y Fasga, requerir a Konecta que cerrara los tres centros de trabajo, habida cuenta de que ya se habían constatado 23 contagiados sólo en las instalaciones de Alcobendas y de que ni se respetaba la distancia de dos metros entre puestos de trabajo, ni se facilitaba gel hidroalcohólico, ni se limpiaban ni se desinfectaban los micrófonos, auriculares, ordenadores, sillas y mesas, que eran de uso compartido.

Curiosamente, Konecta BTO fue la adjudicataria, con carácter de urgencia, de los servicios de atención telefónica sobre el covid-19 de la Comunidad de Madrid, que se atendió desde los centros de trabajo del grupo en Sevilla. Se le concedieron dos contratos, por un total de 1,23 millones de euros en mayo de 2020, para atender el desbordamiento de llamadas por la pandemia en un periodo de una semana el primero y 18 días el segundo.

La Inspección de Trabajo pidió a la empresa y al comité que acreditaran el cumplimiento de las normas de higiene pero, como no se aplicaron, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid decidió el día 18 “mantener la paralización de las actividades […] acordada de forma unánime por los representantes legales de los trabajadores, en tanto no se adopten las medidas preventivas referidas en el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid incorporado al expediente y en el requerimiento remitido por ese organismo a la empresa”. A petición de los sindicatos, la policía acudió a los tres centros, que continuaban abiertos el día 19.

Según las cifras que proporciona CGT en su querella, las bajas por covid-19 en Konecta BTO ascendieron a 575 de una plantilla de 3.723 en la Comunidad de Madrid. En toda España, las bajas por coronavirus se elevaron a 1.483, a 18 de mayo de 2020, de una plantilla de 15.577 personas. Fuentes de Konecta no confirman esas cifras y aseguran que las de la empresa, en todo caso, se situaron “muy por debajo de la media del país”. “Konecta cumplió con todas las medidas de prevención en unos momentos que fueron muy complicados y en los que todos estábamos muy desbordados”, explican a infoLibre. También indica que la mayoría de los contagios “venían de fuera del trabajo”.

Teletrabajo

Fuentes de CCOO atribuyen el “caos” de los primeros días de pandemia a la “inexperiencia” de todas las empresas en una situación tan imprevista y desconocida. Para CGT, tras la reticencia de la empresa a paralizar o a enviar a su personal a trabajar desde los domicilios se encuentra la negativa de algunos de los clientes a Konecta al teletrabajo. En esos primeros días, a los empleados del grupo que optaban por trabajar desde casa se les comunicaba que su ausencia sería considerada “justificada” pero “no remunerada”, indica el sindicato.Las fuentes de Konecta, por el contrario, subrayan que la empresa puso en marcha “el trabajo en remoto con mucho éxito”. En estos momentos, añaden, aún se encuentran teletrabajando entre 45.000 y 50.000 de sus empleados en todo el mundo.

El dueño del 49,9% de las acciones de Konecta desde 2019 es el fondo británico IGV, también propietario de la cadena de residencias de ancianos Domus Vi donde murieron 1.800 ancianos durante la primera ola de la pandemia. Domus Vi gestiona 139 centros de mayores, que cuentan con 18.500 plazas. Como ha desvelado infoLibre, el fondo ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco.

El Banco Santander firmó el pasado diciembre su quinto ERE en siete años, que supondrá el despido de 3.572 trabajadores pero también el traslado de 1.500 a otras sociedades del grupo: 400 a Santander Personal, 450 a Santander Customer Voice y 650 a Santander Tecnología y Operaciones. A fecha de 19 de marzo, ya han dejado el banco 1.823 personas y están casi completados los traslados: sólo faltan 53 a Santander Personal y 89 a Santander Tecnología y Operaciones. Los de Customer Voice ya se han aplicado. Estas tres filiales se dedican a la atención digital y telefónica de clientes, así como a tareas de back office, de apoyo administrativo.

Lo que se antoja una buena noticia para los empleados del Santander, el traslado en lugar del despido, se convirtió sin embargo en una pesadilla para los trabajadores de otras dos empresas, ambas del grupo Konecta y ambas subcontratadas por el banco de Ana Patricia Botín desde hace 21 añossubcontratadas . El pasado mes de marzo la empresa les anunció dos despidos colectivos, uno en Konecta BTO para 335 empleados y otro en Konecta SAT para 350. La primera se dedica al telemárketing, la segunda a tareas de back office. Konecta no aducía causas económicas, sino organizativas y de producción: el Santander ha cancelado “anticipadamente” los contratos que mantenía con ambas empresas porque, a partir de abril, esos servicios los van a prestar los 1.500 trabajadores salvados del ERE. Así lo explica Konecta en el informe técnico facilitado a los sindicatos y al que ha tenido acceso infoLibre. “El Grupo Santander ha decidido internalizar total o parcialmente algunos de los servicios que presta la compañía [Konecta], con el objetivo de reducir costes y mitigar el número de despidos, entre otras razones”, precisa el documento tras explicar en detalle los despidos y reubicaciones del ERE en la entidad financiera. Ese cambio de dirección del banco, añade el informe, tiene un “impacto” sobre la plantilla de Konecta. Un golpe de 700 empleos en una plantilla que supera los 15.500 trabajadores en toda España. Y muy duro para Konecta SAT, cuyo casi único cliente, de hecho, es el Santander.

Es más, el vínculo entre Konecta y el banco de Botín ha sido prolongado y más que estrecho. La empresa fue fundada en 1999 por su actual presidente, José María Pacheco, entonces empleado de Hispamer, la financiera del Santander; por el propio banco, que aportó el 40% del capital, y por Liberty Seguros, que puso un 10%. En 2015 el fondo de inversión Pai Partners adquirió un 40% de Konecta, que vendió cuatro años después en la misma operación en que el Santander se deshizo de la suya y otro fondo, el británico ICG, adquirió el 49,9% de las acciones. El resto se encuentra ahora en manos del fundador y su equipo directivo. En 2002, el Santander representaba el 80% del negocio de Konecta. En 2009, su dependencia alcanzaba el 20%, según reconocía el propio Pacheco en una entrevista al Diario de Sevilla. En el caso de Konecta SAT, el Santander suponía hasta ahora el 92,4% de su negocio, de acuerdo con la cifra que figura en el citado informe técnico del ERE.

Pero la conexión va más allá de lo mercantil. Ya en 2013 un grupo de 300 trabajadores del banco fue subrogado a Konecta SAT, donde conservaron sus sueldos y condiciones laborales, establecidos en el convenio de banca y superiores a los de la plantilla de la empresa, que se rige por el convenio de oficinas y despachos.

Hace dos años, además, se instaló en Konecta SAT una aplicación informática “con logo del banco, al que se accede con usuarios del banco y que recoge información sobre los tiempos y tareas” que realiza cada trabajador, explica a este periódico un portavoz de la sección sindical de CGT en la empresa. La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente tras recibir una denuncia de este sindicato, ante la sospecha de que esa información se envía no sólo a los responsables de Konecta sino también a los del Santander.

ERTE de tres meses y recolocaciones

Los sindicatos no llevaban más que un par de semanas negociando las condiciones de los despidos, cuando el guion dio un giro inesperado. La empresa anunció que retiraba el ERE y lo convertía en un ERTE, primero en Konecta BTO y después en Konecta SAT. Nada que ver con la pandemia, en su caso. La primera ha conseguido nuevos contratos, con Másmóvil y el Banco Sabadell, y necesita personal para cumplirlos, según explican fuentes de CCOO a este periódico. Los teleoperadores de BTO son también quienes responden a los clientes de Openbank –del Grupo Santander–, Iberdrola, el Autoclub Mutua o a los usuarios de la Tesorería General de la Seguridad Social, por ejemplo. Este mismo mes han empezado también a encargarse de la atención al contribuyente para la campaña del IRPF. El ERTE, que se prolongará por un plazo máximo de tres meses, incluirá no sólo a los 335 inicialmente amenazados de despido en Konecta BTO, sino también a otros 140 de la pasarela de pago con tarjeta Redsys que tienen contratos por obra y servicio y se iban a quedar en la calle en marzo. La empresa completará las prestaciones a los trabajadores en ERTE hasta un 87,5% durante el primer mes y medio y el hasta el 100% el resto del tiempo.

Por lo que respecta a Konecta SAT, la filial dedicada a tareas de apoyo administrativo, unos 60 trabajadores permanecerán en la empresa realizando todo tipo de tareas para el Santander si el banco acepta la propuesta en este sentido que le ha hecho Konecta. El resto podrá decidir si pasa a Konecta BTO, la filial de telemárketing, o si, mediante un contrato intercompañía, siguen en SAT pero prestan servicio a su empresa hermana. Tanto CCOO como CGT aseguran que el acuerdo garantiza el mantenimiento de las condiciones salariales de los que cambien de empresa, una cuestión delicada porque BTO aplica el convenio de telemárketing y SAT, el de oficinas y despachos.

Por su parte, fuentes de Konecta se limitan a admitir a infoLibre que se van a producir “cambios en la relación de la empresa con el Santander”, con el que mantiene un “partenariado, una alianza a largo plazo”. Esos cambios han originado, añaden, la apertura de un “proceso de diálogo” con los trabajadores cuyo objetivo prioritario era “mantener el empleo”. “Hemos puesto en marcha fórmulas para atender las demandas y los servicios, pero no había nada preconcebido sobre un ERE o un ERTE”. Y ahora está buscando “recolocaciones” para los afectados por esos “cambios de relación” con el Banco Santander.

838 millones de facturación, 4.700 horas extras

El grupo Konecta presume de haber facturado 838 millones de euros en 2019 y de contar con centros de trabajo repartidos en nueve países, 19 de ellos en España. Konecta BTO tuvo entonces unos beneficios de nueve millones, mientras que SAT entró en pérdidas ese año, de acuerdo con los datos facilitados por fuentes sindicales Aún no ha hecho públicos sus resultados de 2020. Cuando se les presentaron los dos ERE, los sindicatos replicaban que no existía causa para despedir cuando en los tres primeros del año y sólo en BTO se habían firmado 300 nuevos contratos, además de otros 1.400 en 2020, además de realizarse 4.700 horas extras, 8.300 horas complementarias y 18.000 horas ampliadas a trabajadores con jornada parcial.

El Santander no es la única empresa que ha optado por recuperar procesos que había externalizado. A la fiebre del outsourcing de hace unos años le ha sucedido la tendencia al repliegue. Telefónica u Orange recuperaron hace ya tiempo sus servicios de atención al cliente. Otros gigantes como General Motors, Bank of America, Visa o American Express también han optado por la gestión directa e internalizado sus servicios informáticos.

El juego no tiene buena reputación. Mueve cantidades extraordinarias, en España cada día más, pero su crecimiento despierta recelos por su conexión con la ludopatía, el amaño de partidos y la proliferación de las casas de apuestas en los barrios más pobres de las ciudadesla proliferación de las casas de apuestas en los barrios más pobres de las ciudades. En 2019 las apuestas deportivas presenciales movieron 2.252 millones de euros, según las cifras del anuario de Cejuego, la patronal española del sector, a los que hay que añadir la mitad de los 2.917 millones del juego en internet. En total, por tanto, el volumen de apuestas supera los 3.710 millones de euros. El crecimiento de este mercado ha sido espectacular: un 81% el presencial y un 248% el onlineonline. Simultánea a ese estallido ha sido su presencia publicitaria. En 2019 las empresas del juego dedicaron el 27,2% de sus beneficios a promocionarse, 203,66 millones de euros.

Se trata de un sector a cuya agresividad publicitaria no han querido escapar los clubes de fútbol, siempre ávidos de patrocinio. De hecho, sólo la Real Sociedad, entre los clubes de Primera División, ha renunciado expresamente a lucir los nombres de las casas de apuestas en sus camisetas. Incluso sometió la cuestión a referéndum de sus socios en diciembre de 2018. El 86% votó no.

Hasta 2019 el Real Madrid mantenía acuerdos de patrocinio al menos con cinco empresas de apuestas diferentes, que se traducían en unos ingresos anuales de 10 millones de euros, según la cifra que manejaba el propio club entonces. Una cantidad nada desdeñable. Lo que no significa que el club de Florentino Pérez no sea consciente de los riesgos reputacionales que supone asociar sus camisetas blancas a las empresas de juego. De hecho, el problema ha estado sobre la mesa de los gestores del club, como revelan los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC),a laque pertenece infoLibre.

Las tres opciones

“Merece la pena que el club tome una posición al respecto de este sector por su incidencia social y reputacional”, opinala directora general adjunta, Begoña Sanz Orea. Y propone a su superior, José Ángel Sánchez Periáñez, tres opciones en un correo de junio de 2018. La primera, maximizar los ingresos buscando más operadores en otros territorios. En la actualidad, el club mantiene contratos que cubren, además del territorio nacional, Rusia, el mercado asiático, africano (Ghana) y latinoamericano. Pero le faltan el europeo excepto Reino Unido y Estados Unidos.

La segunda: “Nos vamos saliendo del sector y lo situamos dentro de los sectores vetados”. Se trataría de no renovar los contratos vigentes a medida que se fueran extinguiendo, añade.

Y la tercera, consolidar un máximo de dos acuerdos, uno para el fútbol y otro para el baloncesto, a fin de “minimizar los riesgos reputacionales”.

En 2018, el Real Madrid tenía un contrato con Codere de 3,2 millones de euros anuales, que se extendía hasta 2021 y le permite cubrir Italia y parte del mercado latinoamericano. Como patrocinador del equipo de baloncesto contaba hasta 2020 con Betfair, 675.000 euros al año. Y acababa de firmar con BetGhana, a razón de 2,3 millones el primer año y 2,5 millones los dos siguientes, y con Manbetx, en Asia excepto India, Australia, Pakistán y Bangladesh, a cambio de 2,3 millones para empezar, 2,4 y 2,5 millones en 2020 y 2021.

También había pactado con Betcart para los mercados portugués, británico y de Oriente Próximo, por 1,2 millones de euros anuales hasta junio de 2020. Finalmente, negociaba con Betway y con Bwin, para atender a los apostantes europeos y estadounidenses, sendos contratos de dos años por unas cantidades que oscilaban entre 3,8 y 6,5 millones de euros. Había enviado sus propuestas a ambas empresas y se encontraba esperando una respuesta en septiembre de 2018, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. En julio de 2020 el Real Madrid cambió a Manbetx por KOK Sports en el mercado asiático. Y este mismo enero ha firmado con Fonbet para cubrir las apuestas en Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Es decir, dos años después de expresar ciertos escrúpulos por el perjuicio reputacional de las empresas de juego, el club ha suscrito dos acuerdos más con este tipo de firmas. Ganó, pues, la primera de las opciones sugeridas por la directora general adjunta.

Aunque el pasado noviembre el Gobierno publicó un real decreto que puede suponerle al Real Madrid un cambio de política. La norma obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas en territorio español antes del 31 de agosto. Lo que afectaría a Codere, precisamente su principal socio del sector. Pero no al resto, al grueso de su negocio con las empresas del juego, que operan fuera de España.

El Real Madrid no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho infoLibre sobre sus contratos con las empresas de apuestas.

El conflicto legal con Codere y Bwin

Con Bwin, una empresa austriaca que opera en España a través de una sociedad gibraltareña, Bwin Party Services Limited, el Real Madrid tuvo una larga relación, que comenzó en 2007. Hasta 2013 su nombre lucía en las camisetas del primer equipo. Desde esa fecha y hasta el verano de 2016 siguió siendo patrocinador del club, con un contrato de cuatro y 4,5 millones de euros cada una de esas dos temporadas.

Pocos meses después, los blancos firmaron con Codere, que se convirtió en la casa oficial de apuestas del club. Enterraba así una historia que hasta entonces había sido conflictiva. En 2011, la empresa española demandó al Real Madrid y a Bwin por competencia desleal. Alegaba que los austriacos hacían publicidad ilícita con el club aprovechando el vacío normativo existente entonces –la Ley del Juego se aprobó en mayo de ese año–. Y pedía a los merengues que dejaran de lucir el nombre de Bwin en sus camisetas, después de sacar a colación que la empresa austriaca no pagaba impuestos en España.

La reclamación fue rechazada tanto por el juzgado de lo Mercantil primero como por la Audiencia Provincial de Madrid después, en septiembre de 2015, por lo que Codere recurrió ante el Tribunal Supremo en enero de 2016. Diez meses tarde, al tiempo que firmaba con el Real Madrid su primer contrato de patrocinio, Codere y el club suscribieron también un acuerdo transaccional por el que daban por cerrado el litigio. El Supremo terminó inadmitiendo el recurso de la empresa de juego en abril de 2018.

En 2019, la compañía que creó la familia Martínez Sampedro y hoy se halla en manos de los fondos de inversión Silver Point y Prudential renovó su acuerdo con el Real Madrid hasta 2021.

Todos los contratos con las casas de apuestas forman parte del perímetro de negocio incluido en el acuerdo que el Real Madrid firmó en 2017 con el fondo de inversión Providenceacuerdo que el Real Madrid firmó en 2017 con el fondo de inversión Providence. El club está obligado a impulsar sus patrocinios para devolver al fondo los más de 200 millones que éste le proporciona. Prescindir de los suscritos con las empresas de juego se convierte pues en un lujo que no se puede permitir. Sólo en el ejercicio 2018/2019 Providence se llevó 227.000  euros del contrato con Codere, 30.000 del firmado con Betfair, 2,23 millones de BetGhana y 2,03 millones de Manbetx, según consta en los informes entregados al comité conjunto que vigila el acuerdo y que figuran entre los documentos de Football Leaks.

De acuerdo con esos documentos y tal como ha publicado este periódico, el Real Madrid firmó en 2017 un contrato con la filial en Luxemburgo de Providence Equity Partners que le aporta 200 millones de euros en cuatro años, unas cantidades que proceden, a su vez, de los hóldings que el fondo de inversión posee en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El club era consciente desde el primer momento de los riesgos reputacionales y fiscales que corría suscribiendo un acuerdo con un fondo que utiliza esa estructura societaria, pero aun así siguió adelante con el contrato. De hecho, sus directivos habían alertado a la cúpula merengue de que la Agencia Tributaria podía considerar un “fraude ley” la interposición de una sociedad instrumental –la luxemburguesa– cuyos beneficiarios últimos están radicados en un paraíso fiscal para “obtener una ventaja fiscal”.

Además, el Real Madrid negoció con el fondo un proyecto para que éste gestionara el negocio digital del club, una plataforma para vender contenidos premium que no llegó a prosperar. El contrato con Providence le impide intervenir en la gestión del club, pero sí debe recibir toda la información sobre los contratos de patrocinio del Real Madrid, porque de ellos obtiene el fondo sus retribuciones. Para aumentar los ingresos por este concepto, Providence propició el fichaje de un superdirectivo canadiense, David Hopkinson, al que pagaba 1,12 millones de euros anuales. Sin embargo, el ejecutivo abandonó el club el pasado mes de septiembre, tras sólo dos años de trabajo y sin alcanzar sus objetivos.

Uno de los elementos que definen un contrato de cuenta en participación como el que firmó el Real Madrid con Providence se refiere al cuentapartícipe –el fondo–, que no puede intervenir directamente en la gestión de su socio. Ésta debe ser autónoma e independiente. Sí puede asesorar, colaborar o hacer propuestas no vinculantes, una tarea que debe regularse en los acuerdos que firmen ambas partes. Así, en el caso del Real Madrid, se creó un partnership committee de cinco miembros más un secretario: Florentino Pérez y José Ángel Sánchez Periáñez por el club; John Hahn y Joshua Empson, por el fondo; el responsable de Key Capital Anas Laghrari como independiente, y el director de Proyectos Corporativos del Real Madrid, Carlos Ocaña Orbis, como secretario. En sus reuniones periódicas se examina la marcha del acuerdo, Providence pide información sobre los contratos de patrocinio, el Real Madrid rinde cuentas, le presenta borradores de los contratos que está negociando... Pero el fondo no puede intervenir en la estructura organizativa o de dirección del club, imponiendo o vetando miembros de la dirección encargada de la explotación de los derechos comerciales, por ejemplo, o definiendo la estrategia financiera y de negocio de esos derechos.

Lo que sí hizo Providence fue propiciar la contratación de un ejecutivo del máximo nivel para que se encargara de multiplicar el negocio de los patrocinios, la fuente de la que debe obtener sus rendimientos. El 4 de abril de 2018 John Hahn y José Ángel Sánchez, a quien se conoce como JAS, acuerdan emprender una búsqueda internacional, headhunter incluidoheadhunter , para encontrar a la persona adecuada. Además, deciden que un empleado de Providence, un analista llamado Rajiv Shah, que participó en las negociaciones previas del contrato, trabaje en el Real Madrid para asesorarles. El 13 de enero, Shah ya había comunicado a Craig Howe, un consultor digital contratado por el club blanco, que se muda a Madrid “para trabajar más estrechamente con el club en el negocio digital y de patrocinio”. “Lo envían a Madrid para tener controlada su inversión, no sabe de patrocinio ni de digital”, asegura JAS al enterarse. Por el contrario, dice que “el jefe” –Florentino Pérez– ha pedido a Providence otro perfil: “Alguien que sepa y tenga contactos en patrocinio, que aporte clientes, y otro para el digital [para la digital venture en ciernes]”, según los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que pertenece infoLibre.

Así que el club encargó a Key Capital, la empresa que le prestó asesoramiento financiero en toda la negociación con Providence, la búsqueda del directivo galáctico al que aspiraba. A su vez, Key Capital contrató a CAA, una empresa estadounidense de cazatalentos. El coste de la operación dejó noqueados a los blancos: “El importe de esta factura es lo que hemos gastado en selección de personal en los últimos seis años”, se queja el director de Recursos Humanos, José María García Tomás. El precio del trabajo de CAA equivalía a un porcentaje del sueldo y el bonus del ejecutivo seleccionado. Y a éste, David Hopkinson, un canadiense que trabajó como director deportivo de Maple Leaf Sports & Entertainment –el dueño de los Toronto Raptors, entre otros equipos–, se le asignó un sueldo de 800.000 euros al año más un bonus de 325.000bonus, un segundo bonus extra de dos millones al cabo de cuatro años, sujeto al logro de ciertos objetivos, y un blindaje de otros 800.000 euros en caso de despido disciplinario. CAA pasó a los blancos una factura de 320.650 euros. Y Key Capital, otros 265.000 más el 30% de la retribución variable de Hopkinson.

En mayo Hopkinson y JAS ya han mantenido su primera reunión y el canadiense es invitado a la final de la Champions que el Real Madrid ganó al Liverpool (3-1) en Kiev (Ucrania) el día 26. Unas fechas antes John Hahn, el director del negocio internacional de Providence, le había dado el visto bueno al canadiense, tras pasar “cinco horas” con él en Toronto y mantener con él otras dos largas reuniones más. De hecho, el director general del Real Madrid explica a Anas Laghrari, el asesor financiero de cabecera de Florentino Pérez y socio de Key Capital, que él sólo ha participado “muy al final del proceso y con intención de validar la selección previamente efectuada por Providence” . “Hola, boss”, encabeza Hopkinson un correo electrónico de junio, aun antes de haber firmado el contrato. No se incorporará oficialmente hasta julio. El 1 de agosto presenta un esbozo de su plan estratégico: doblar los ingresos por patrocinios. Y el día 26 distribuye entre el personal dos correos electrónicos, en los que resume su “filosofía” y “disciplina”: uno sobre Aristóteles y los elementos de la persuasión –ethos, logos, pathos, kairos– y otro donde describe el After Action Report (AAR), un método de análisis retrospectivo del ejército de EEUU que, dice, también ha incorporado el canadiense. Aplicándolo, su equipo será “imparable”.

Problemas de encaje

Un mes después, Hopkinson presenta a Providence y a Florentino Pérez una revisión estratégica del negocio de patrocinios del Real Madrid. Entonces precisa que su objetivo es elevar entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto para 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates, que quedan fuera del perímetro del acuerdo con el fondo estadounidense. Pero para ello necesita aumentar la plantilla de su departamento de 19 a 31 personas, lo que supone un coste de casi un millón de euros. Como propone contratar a headhunters para captar talento, pagar bonus ligados a la consecución de objetivos de ingresos e incorporar un CRM –Customer Relationship Management, un sistema para centralizar las relaciones de la empresa con todos sus clientes– al igual que otros recursos y herramientas informáticas, el aumento de presupuesto que pide al club supera los dos millones de euros.

Además, planifica visitas comerciales a China, Corea del Sur y Estados Unidos. Según el análisis del canadiense, el Real Madrid ha duplicado su proyección para conseguir nuevos patrocinios, pero ese mayor alcance no se ha correspondido con un aumento de los ingresos. Otro tanto le ha ocurrido con la audiencia digital: es “la mejor del mundo”, destaca, pero los ingresos que el club obtiene de ella quedan muy por detrás de lo esperado.

Es decir, la llegada de David Hopkinson y de Providence implicaba una completa reestructuración del departamento. Además, supuso serios problemas de encaje. La directora general adjunta, Begoña Sanz Orea, acogió con recelo la aparición de un director global de patrocinios, lo que a su juicio se traducía en una “escisión organizativa” del resto de las actividades comerciales que hasta ese momento se encontraban bajo su responsabilidad. Así se lo hizo saber a JAS en un correo de junio.

Ni el Real Madrid ni David Hopkinson han querido responder a las preguntas que sobre estos asuntos les ha enviado infoLibre.

Un conflicto añadido fue la inclusión de Rajiv Shah en el club. Como queda dicho más arriba, en los planes del fondo Providence estaba situarlo desde el primer momento en Madrid. Pero, como Providence no puede participar en la gestión del club, Shah fue contratado por Key Capital, la empresa financiera que asesoró durante las negociaciones del contrato, en abril de 2018. Aunque ya antes, en marzo, JAS explica al resto de la directiva la intención de Providence de que el analista “se sitúe físicamente en el área de Patrocinio” y muestra su extrañeza por el hecho de que el propio Shah pidiera “un ordenador, un teléfono, etcétera (!)”. En julio, es Hopkinson quien solicita por los canales oficiales al comité de dirección del club que Rajiv Shah trabaje “cerca de él”. “La presencia de personal de Providence en las oficinas podría ser vista como una evidencia de que el papel del fondo en realidad no es de mero inversor, y debilitar la postura del club a la hora de defender la naturaleza de este acuerdo, que es la que nos permite imputar los ingresos anualmente como íbamos buscando”, argumenta José Ángel Sánchez cuando se le pregunta cuál es la situación laboral de Shah.

“No ESTÁ AUTORIZADO a imponer su decisión de estar ahí”

Pese a la negativa y a las cautelas del club por las consecuencias legales de mantener en sus oficinas a una persona que trabaja para otra empresa, y en concreto para el fondo que le paga 50 millones de euros al año, en septiembre el tema aún sigue sin resolverse y llega hasta Florentino Pérez, quien pide tiempo para consultarlo. Rajiv Shah no espera y se presenta en las oficinas de Valdebebas con Hopkinson. JAS se irrita: “No tiene autorización para imponer su decisión de estar ahí cuando el club ha pedido tiempo para decidir sobre el tema”, replica, “tengo la sensación de que esto va a salir mal. Se opera con una arrogancia que sólo puede proceder de un mal análisis de la situación actual. Espero equivocarme”.

El Real Madrid temía una demanda por cesión ilegal de trabajadores, o que el asunto fuera utilizado en un hipotético litigio con Providence si el acuerdo con el fondo no salía bien. O que una inspección de Trabajo localizara en sus instalaciones a un empleado contratado por otra empresa. O que supusiera un problema en materia de protección de datos o incluso de extranjería. Así que el club encarga un informe a Garrigues. Y, cumpliendo sus indicaciones, firma con Key Capital un contrato de arrendamiento de servicios para dar cobertura a la presencia del analista en las oficinas de Valdebebas. En un espacio separado del resto de la plantilla. Con ordenadores y otros medios de trabajo proporcionados por Key Capital y no por el Real Madrid.

Dos años después, en septiembre de 2020, David Hopkinson abandona el Real Madrid, rumbo al Madison Square Garden de Nueva Yorky a cambio de un sueldo que multiplica con creces el que le pagaba Florentino Pérez. En el puesto le ha sustituido en enero de 2021 el británico Alex Wicks, que llegó del Arsenal en agosto de 2019 para encargarse del desarrollo de nuevos patrocinios. 

Según la memoria anual del club correspondiente al ejercicio 2018/2019, los ingresos por patrocinio y licencias sólo crecieron en 927.000 euros respecto al anterior, hasta 240,6 millones. Era la primera temporada en que el canadiense estuvo al cargo del departamento. Los ingresos totales procedentes de comercialización –ventas en tienda– y publicidad incluso descendieron en 31.000 euros y se quedaron en 295,17 millones. Para el ejercicio siguiente, el 2019/2020, el de la pandemia de los estadios vacíos, se habían presupuestado unos ingresos comerciales de 371,28 millones, pero no se consiguieron más que 312,1 millones, tal y como consta en el último informe económico publicado. Para el ejercicio que terminará el 30 de junio de 2021, el club ha presupuestado una partida aún menor, 301,93 millones.

De hecho, el Real Madrid ha tenido que renegociar con Providence su acuerdo para ampliar de dos a nueve años el periodo de prórroga fijado en el que el fondo debe recuperar su inversión cobrando de los patrocinios.

La primera parte de esa carta se transformó en un acuerdo hasta 2021 con una posible prórroga de dos años que en 2020 se ha ampliado a nueve. El contrato establecía que Providence proporcionaría al club 200 millones de euros anuales a cambio de retribuirle con una parte de los ingresos por patrocinio que obtuvieran los merengues. La provisión de esa cantidad por parte de la filial luxemburguesa del fondo con la que el Real Madrid firmó el acuerdo es garantizada por dos sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La condición básica del contrato es que Providence interviene únicamente como “partícipe inversor”, aportando dinero, pero no puede ni tocar la gestión, que queda en manos del Real Madrid. 

La explotación de contenido digital se ha convertido en una nueva y sustanciosa fuente de ingresos. Las plataformas over the top (OTT), como es el caso de Netflix, Movistar o Prime Video, ofrecen grandes posibilidades de negocio para un club que presume de tener la mayor base de seguidores del mundo, 625 millones en 2018. Todo un mercado al que vender juegos, contenidos y hasta realidad aumentada y realidad virtual. Real Madrid Televisión emite en abierto a través de internet, pero la idea iba mucho más allá: convertir al aficionado en suscriptor y cliente de todo tipo de servicios.

Según la empresa de análisis de mercados Nielsen, el 65% de los españoles y el 35% de las españolas están dispuestos a pagar por ver deporte en una plataforma OTT. El 51% de los que ya están suscritos a una están dispuestos a pagar por ver partidos de la Champions y el 47% por ver partidos de LaLiga. Un 43% no pondría problemas para desembolsar hasta cinco euros al mes por esos encuentros, el 41% incluso llegaría a 10 euros. Y hay un 7% que soltaría más de 15 euros al mes por ver partidos de la NBA.

La negociación de este nuevo acuerdo con Providence se abre con una primera cautela de los blancos, pedir a Providence que elimine la frase inicial de carta de exclusividad: “Tras el contrato de cuenta en participación debidamente cumplimentado por ambos, acordamos negociar hasta las 11:59 pm (hora de Madrid)...”. El director financiero advierte de que, además de “innecesaria”, la frase puede ser “dañina” para el club. “Cuanto menos se relacione el contrato de cuenta en participación con otras iniciativas en las que Providence va a ser gestor, mejor”, sentencia. Julio Esquerdeiro ya había expresado desde el principio sus cautelas ante los “riesgos de desnaturalización” que corría el acuerdo con el fondo de inversión. Porque en el proyecto digital Providence sí iba a tomar decisiones sobre la plataforma tecnológica. Así que en el contrato de patrocinio no podía escaparse ni una sola referencia al nuevo negocio. Entre otros motivos, por uno fiscal: si el fondo prestara un servicio al club –por ejemplo, asesorarle para monetizar contenidos digitales–, la retribución que el Real Madrid pagara al fondo dejaría de estar exenta del IVA. “No podemos caer bajo ningún concepto en lo que se denomina gestión de negocio conjunto, porque la forma de contabilización para el Real Madrid sería muy diferente al objetivo buscado”, previenen al club también los asesores de Ernst & Young. Así consta en los nuevos documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

“Una organización arraigada en los medios tradicionales”“”

Para desarrollar la plataforma, Providence ofrecía al Madrid su experiencia en la Major League Soccer (MLS), la Liga de Fútbol de Estados Unidos y Canadá, donde presume de haber quintuplicado sus derechos entre 2014 y 2022. Cuando empezó a hablar con el fondo, el Real Madrid ya había desarrollado una plataforma tecnológica de la mano de Microsoft, tenía su propia appapp, con ocho millones de descargas, y el canal de televisión corporativo, que gestionan Movistar y Mediaset. En diciembre comenzaron las conversaciones con el responsable del Área Digital del club, Rafael de los Santos, y en junio Lukas Cudrigh, un consultor estadounidense, les envió un informe sobre cómo “cambiar la mentalidad y la cultura de una organización arraigada en los medios de comunicación tradicionales”. Les propone un proyecto completo para crear la Real Madrid House, una nueva unidad de negocio que gestionaría toda la cadena de valor del contenido y ofrecería un catálogo de productos que incluyese desde las licencias de producción y la sindicación de contenidos hasta el contenido patrocinado y los servicios de suscripción o pago por visión.

Según Cudrigh, que cobró 50.000 euros por el informe, la creación de esta nueva entidad dentro del club debería llevarse a cabo en un plazo de entre tres y cinco años. Con una “marca icónica”, capacidad para un suministro “interminable” de historias, una base de aficionados ansiosos por consumirlas, canales digitales bien establecidos y poderosos patrocinadores, el Real Madrid debería ser capaz de “capitalizar la creciente demanda de los aficionados de vivir experiencias de contenido accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar” a través de las principales plataformas de dispositivos digitales, promete al club.

Pero también le frenan un buen número de obstáculos, advierte el experto californiano. Para empezar, una estructura “totalmente obsoleta” y resistente al cambio, donde la “sobresaturación” de las funciones del Departamento de Comunicación sobre los contenidos “genera cuellos de botella insalvables y tremendamente peligrosos”. Además, la cultura editorial del club, asegura, está dirigida sobre todo a una audiencia local: “Prevalece el celo sobre lo que se pueda decir sobre el club, el equipo o un jugador en la prensa local”, lo que impide aprovechar la ventaja de tener un público global. Finalmente, a juicio del analista, existe una total desconexión entre lo tradicional y lo digital, que fragmenta la audiencia, diluye la identidad de la marca y hace perder oportunidades claras de generación de ingresos.

El proyecto quedó en suspenso

En los dos últimos años ha habido algunos tímidos movimientos en el área digital. Desde 2019, para ver determinados contenidos, como partidos de los años 50 o vídeos de los galácticos, pero también resúmenes personalizados de los encuentros, seleccionando goles, córners o jugadores, hay que pagar 1,99 euros al mes. “Es la televisión que se adapta a los seguidores, no al contrario”, publicita Tok.tv, la empresa que desarrolló la app gratuita del club. También funciona un servicio de suscripción en Facebook, 2,49 euros, para acceder a la comunidad exclusiva Madridista Nation. Además, ese mismo año el Real Madrid fichó a un ejecutivo de HP, Michael Sutherland, como director de Transformación.

Pero se trata de una tarea ardua. El área digital del Real Madrid ingresó 15,98 millones de euros en el ejercicio 2017/18, lo que se tradujo en unas pérdidas de 1,4 millones. Todas las áreas de negocio digitales, menos el e-commerce, perdieron dineroe-commerce,: sólo la app terminó el año fiscal con unos números rojos de 537.000 euros, cuando se habían presupuestado unos ingresos de casi un millón de euros. Eso sí, el club se embolsó 76.000 euros por la venta de la serie de documentales Campo de Estrellas a Amazon. Pero producirla tuvo un coste de 106.000 euros. Además, la RMTV pierde unos 30 millones de euros anuales, tras conseguir unos ingresos de 3,4 millones de euros en 2017/2018 y prever un aumento hasta 4,11 millones en el ejercicio 2018/2019. Es decir, el club merengue tiene un amplio margen de mejora en el negocio que Providence quería explorar.

De hecho, el fondo llegó a entablar conversaciones con algunas empresas, incluso pensando en su adquisición, pero el proyecto no fructificó, según explican a infoLibre fuentes cercanas al Real Madrid. La plataforma OTT sigue siendo un plan en cartera, para el futuro, pero no desde luego durante este año de pandemia. El club no ve claras las opciones para monetizar la fidelidad de sus seguidores. Además, el principal urdidor del acuerdo con el club blanco en Providence, John Hahn, se jubiló el pasado mes de septiembre y aún no hay en el fondo un sucesor claro, aseguran las fuentes. Convertir 625 millones de seguidores en ingresos contantes y sonantes no está resultando tan sencillo como prometía el analista Cudrigh.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, tendrá que recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora - Goldman Sachs. Los pisos sociales, que fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado, han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro, que en 2020 llegó hasta el Tribunal Supremo. Ante todas las instancias, la justicia ha dado la razón a los inquilinos y desautorizado los sucesivos recursos del Ejecutivo de Díaz Ayuso y la empresa. 

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid confirma la obligación de la Comunidad de recuperar las viviendas, según un auto fechado el 1 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre. La decisión judicial da un plazo de 10 días a la Comunidad para que inicie los trámites. Además, el juzgado  ordena igualmente al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, hoy investigado por corrupción: es decir, 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) y no 1.722 como pretendía el fondo.

En  septiembre de 2020, el Tribunal Supremo anuló definitivamente dicha venta y obligó al equipo de Díaz Ayuso a recuperar las 2.935 VPO, pero los detalles del proceso no estaban tan claros. El Gobierno regional no había dado ningún paso para la recuperación del conjunto de las viviendas alegando que el caso se circunscribía únicamente a un inquilino y Azora alegaba que el alcance era mucho menor de las 2.935. 

El juzgado declara "la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". "A ello", continúa el juez, "se opone la Comunidad de Madrid diciendo en síntesis que la sentencia sólo alcanza al recurrente [Rachid Bouihou, el inquilino de Navalcarnero que ha denunciado exitosamente desde 2018 la venta de su casa a Goldman Sachs] y nadie más". 

Ayuso maniobró para no recuperar las casas

El juzgado de instrucción madrileño retrata las maniobras del equipo de Díaz Ayuso para no recuperar los pisos sociales, señalando un acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Social de la Vivienda [la agencia sucesora del Ivima, que vendió las 32 promociones en 2013] por el cual "se restringe el alcance de la sentencia" a Bouikou. El auto "declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo de administración".  

Además de obligar a Azora a devolver todas las viviendas, el fondo se lleva una de cal y otra de arena. El juez prohíbe al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue. "Se requiere a Az0ra y a Encasa Cibeles [el vehículo inmobiliario de Goldman] a que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente". 

Desahucios sí para evitar la "anarquía"

Sin embargo, el juez permite al fondo seguir practicando desahucios hasta que la Agencia Social de la Vivienda "no proceda a liquidar el contrato de compraventa y tomar posesión de las mismas". "No es jurídicamente correcto dejar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento a partir de ahora a voluntad del arrendatario y dar pie a la anarquía y al deterioro de las viviendas hasta que se haga cargo de ellas" la Agencia Social de la Vivienda, razona el auto. Es decir, reconoce a Azora como legítimo propietario mientras el antiguo Ivima no de los pasos necesarios para retomar la propiedad de las 3.000 casas sociales.

"No puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del Covid-19", continúa el texto. El juez de hecho propone a los inquilinos con riesgo de perder su vivienda hacer uso de los instrumentos dispuestos por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. "Si ésta [la precariedad] afecta a algunos de los actuales inquilinos, no tendrán más que acudir, para evitar desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres.

El auto recuerda que la Agencia debe "en el plazo de diez días" proceder "a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada". Y finalmente admite que cabe recurso de apelación por cualquiera de las partes.

Dicen que los fondos de inversión (de capital riesgo o buitres, según a quien se pregunte) están de compras por España, como se aprecia con la intención del australiano IFM de hacerse con una buena porción de Naturgy o con el sueco EQT comprando el portal Idealista o medio centenar de residencias de mayores. Sin embargo, si se trata de otros activos tan demandados en los tiempos previos a la pandemia como la vivienda, los fondos no solo no están interesados sino que los ya presentes están desprendiéndose de sus activos de manera acelerada. Especialmente allí donde eran más rentables, en lugares con los precios de la vivienda muy tensionados y con la afluencia turística del litoral mediterráneo, Madrid o Barcelona.  

Es el caso del fondo más emblemático en España: Blackstone. Y es que, como ha podido confirmar infoLibre a través de fuentes de la empresa, el fondo, a través de sus filiales Testa Homes, Anticipa y Aliseda, tiene en estos momentos en venta 11.500 viviendas. A eso hay que sumarle otras 4.000 que sacarán al mercado las sociedades participadas Torbel y Albirana. En total, durante 2021 Blackstone sacará a la venta 15.500 viviendas en España.  

Se trata de un cuarto de la cartera de activos del fondo estadounidense en España, que también posee hoteles o instalaciones logísticas entre su patrimonio. Blackstone es el mayor casero nacional: es difícil cuantificar el número exacto de viviendas en suelo español (versión que reconocen hasta los propios portavoces), pero éste se estima en torno a las 60.000. Según ha comentado en más de una ocasión Manuel Gabarre, autor de Tocar Fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler, es casi imposible conocer con exactitud el número de pisos del fondo en España porque nunca se publican en sus informes.

Un simple vistazo por las webs de Aliseda  o más recientemente de Hola Pisos, su comercializadora inmobiliaria, dan buena cuenta del giro del fondo de capital riesgo: la oferta de viviendas está desatada. Se venden una a una fundamentalmente, y no por lotes, que es la manera de obtener rentabilidad. En España, el fondo se había especializado en grandes adquisiciones, como la polémica enajenación de 1.860 viviendas sociales en 2013 al Ayuntamiento de Madrid.

Una cartera desconocida

Ahora, con la crisis del covid-19 causando estragos en todas las áreas del sector, el fondo ya no compra: vende. Masivamente. Y muchos de los productos que se ofrecen son antiguas viviendas sociales (solo el 2% del total de viviendas en España son alquileres sociales, según el Ministerio de Vivienda). 

Pero Blackstone no solo vende: según informan en el grupo, la socimi Corona fue liquidada en octubre del año pasado (principalmente oficinas), Torbel fue excluido del MAB, el Mercado Alternativo Bursátil (ahora llamado BME Growth) en diciembre y parte de Albirana fue vendida, aunque continúa en el MAB, como también lo hacen las sociedades participadas Testa Homes (nacida de la fusión de Testa Residencial y Fidere) y Euripo. La madeja de sociedades participadas, con las que Blackstone en muchas ocasiones se compra o vende activos propios, hacen que sea muy difícil realizar una fotografía del grupo en España. 

Dejar de ser socimi

Una de las consecuencias de salir de los mercados regulados es perder la condición de socimi. "Dejando de ser socimi uno adquiere más flexibilidad operativa", confía una fuente conocedora de los entresijos. "Ser socimi te da un poco más de beneficios fiscales. Pero no tanto, porque después hay que repartir casi todo en dividendo. En cambio, si eres una empresa inmobiliaria no socimi puedes alquilar, vender, meter activos en otro vehículo para buscar sinergias en la gestión...". 

Esto está provocando que muchos fondos propiedades de grandes familias [ya que muchas socimis son family offices] abandonen el régimen anterior de socimi. "Es una opción, pero no un cambio drástico de planes", insiste el consultado. "Eso no quiere decir que uno liquida su sociedad, sino que puede vender parte de o casi todos sus activos más fácilmente".

El paradigma residencial está cambiando a marchas forzadas: los alquileres turísticos han prácticamente desaparecido siendo sustituidos por el arrendamiento tradicional, mucha gente ha huido de las grandes ciudades y los precios caen más rápido de lo que las partes interesadas cuentan. La propietaria de la inmobiliaria M34, situado en el corazón del barrio de Malasaña (lleno de pisos turísticos hasta el covid y en la actualidad deprimido) asegura que los precios se han desplomado en el centro de Madrid capital y que las operaciones que antes se cerraban en días ahora pueden durar meses. Pero la desaceleración venía de antes: Quasar Investments, la inmobiliaria participada por Blackstone y el Santander que se hizo con el ladrillo del extinto Banco Popular, perdió 1.229 millones de euros en 2019. El nuevo gigante inmobiliario en España se llama Idealista, y es un intermediario. Y propiedad también de un fondo.

Una sentencia del Tribunal Supremo adelantada por infoLibre en septiembre puso en teoría fin a la polémica venta en mayo de 2013 de casi 3.000 viviendas sociales (2.935) repartidas en 32 promociones a una filial del fondo Goldman Sachs por 201 millones de euros, muy por debajo del precio real de mercado. La operación fue anulada por el Alto Tribunal. En la práctica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está haciendo lo posible por, en su interpretación del fallo, norecuperar una mayoría de esos pisos de protección oficial recomprándoselos a Encasa Cibeles (Goldman).

La sentencia anula sin ambages la venta, y así lo entiende Encasa, que "ha comunicado a la Agencia de la Vivienda Social (AVS, antiguo Ivima) por escrito que, en ejecución de la Sentencia 118/2018, está dispuesta a devolverle los 1.722 inmuebles que continúan bajo su gestión a cambio de una compensación adecuada y conforme a Derecho". El resto de las viviendas, hasta llegar a las 2.935, han sido vendidas a terceros en los últimos siete años y el fondo entiende que deshacer esas enajenaciones generaría inseguridad jurídica. Pero el equipo de Ayuso ha decidido que solo va a recuperar una de las VPO, la del inquilino que recurrió a la justicia y ganó definitivamente en septiembre, por lo que Encasa ha denunciado a la comunidad por la vía civil. 

El escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este medio, también contempla una "indemnización de daños y perjuicios y liquidación de los efectos de la compraventa" a la Comunidad de Madrid. La reacción de Encasa se produce "dada la falta de respuesta" de la comunidad "y su pública decisión de limitar el alcance de la sentencia". "Ante la negativa de la AVS a aceptar la devolución de las Viviendas ofrecida", reza el escrito, el fondo ha presentado una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid "acompañada de un extenso informe pericial" de 78 páginas. 

Pero Encasa Cibeles no se queda ahí, sino que, en tanto el Ejecutivo regional no cumpla la sentencia, la empresa afirma que "seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos". Los problemas de las comunidades de vecinos con los fondos han sido constantes desde 2013: los inquilinos se despertaron de la noche a la mañana en 2013 con que su casero había dejado de ser una agencia regional de vivivienda pública (el Ivima) para convertirse en un fondo de capital riesgo, también llamado buitre. Peor todavía: para acceder a esas viviendas habían tenido que cumplir una serie de requisitos públicos (de nivel de renta, etcétera) que de repente no servían para nada. 

El fondo reprocha además que no se le haya indemnizado por parte del Gobierno regional al reapropiarse éste de momento de una única vivienda, la del inquilino demandante, Rachid Bouikou, vecino de la localidad de Navalcarnero. Y rechaza incluso perder esta propiedad. En el escrito al juez, Goldman dice que la agencia heredera del Ivima ha tratado de realizar los trámites necesarios ante el Registro de la Propiedad de Navalcarnero en aras de la "anulación de la enajenación" de dicha vivienda "sin liquidar la compraventa ni compensar previamente" al fondo, una maniobra del Ejecutivo autónomico que tilda de "no admisible". 

"Hasta la fecha, Encasa no ha recibido ninguna propuesta de compensación satisfactoria de la AVS para la devolución de la vivienda del recurrente y porque, por tanto, no hay acuerdo sobre esta cuestión". Bouikou y su abogado han estado litigando en los juzgados de 2018 a 2020: en Primera Instancia, luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que deliberó el fallo durante tres meses) y finalmente ante el Supremo. El éxito no solo ha sido para Bouikou, sino que los magistrados han interpretado que debía extenderse a todas las familias afectadas. 

Ayuso solo recupera una VPO

La intención de Goldman Sachs de denunciar al Gobierno de Díaz Ayuso fue adelantada por Vozpópuli en octubre pero la demanda no se ha producido hasta el pasado 1 de diciembre. En las alegaciones ante el juzgado se aprecian las razones del fondo: la Comunidad no quiere asumir las 1.722 viviendas que Encasa le entrega, previa compensación por las inversiones realizadas en los últimos años, porque ello implicaría devolver los 201 millones abonados en 2013.

La Consejería de Vivienda regional, dirigida por David Pérez (PP), lleva meses diciendo a quien le pregunta que la interpretación de la sentencia del Supremo admite limitar la reversión a únicamente la casa del recurrente. Algo que Encasa desmiente en su texto remitido al juez citando una frase literal de la sentencia, según la cual se “deja sin efecto la enajenación de las 32 promociones".

No solo la Comunidad de Madrid, entonces con Ignacio González al frente, vendió miles de viviendas de una tacada a fondos. Simultáneamente en julio de 2013, el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella de alcaldesa, hizo lo propio con 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone por 128 millones de euros. Seguramente muchos de los afectados por esta operación -prácticamente idéntica a la de la administración regional- recurrirán la venta tirando del fallo del Supremo. 

En paralelo a los litigios que tienen lugar, el Defensor del Pueblo solicitó desde el año pasado a Comunidad y Ayuntamiento que buscaran una solución habitacional a los miles de inquilinos afectados por la enajenación a Goldman y Blackstone. Tanto Díaz Ayuso como el equipo de José Luis Martínez-Almeida rechazaron la petición del Defensor. 

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid ha hecho público un comunicado [ver aquí] en el que anuncia su intención de "sentar en el banquillo" al "fondo buitre" Blackstone. En la demanda participan además 75 familias que viven en inmuebles propiedad de la compañía, según ha informado la propia organización a través de una nota de prensa.

Denuncian que algunos de los demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres por parte de Blackstone. "Estos casos no son la excepción, y vemos cómo también Goldman Sachs, Cerberus o Azora están realizando estas mismas prácticas también en otros territorios como Aranjuez, Badalona, Palma o Pamplona", explican.  Según sostienen, se trata de "una forma de actuar que solo pueden ejecutar los grandes especuladores de vivienda, con capacidad para mantener vivienda vacía el tiempo que haga falta, y con equipos de gestores profesionales que presionan e incluso amenazan a los inquilinos para que acepten contratos abusivos".

"Blackstone ha iniciado en el mercado del alquiler una tendencia que venía produciéndose en otros sectores, como el de los préstamos hipotecarios, que es la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados", exponen desde la organización. En este tipo de contratos, el inquilino debe elegir adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla. "Esta forma de contratación da pie a numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en el alquiler, que imponen sus condiciones cada vez más abusivas", argumentan. Para el sindicato, el fondo pretende "subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos".

Una integrante del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid muestra unos documentos en la jornada en la que la organización ha presentado una denuncia contra el fondo Blackstone. | Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid

Son "unos contratos que incumplen la ley, y que por eso hoy les llevamos ante los tribunales", manifiestan. Además, los casos que demandan hacen referencia a promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, donde la Comunidad de Madrid cedió un suelo que pertenecía a toda la ciudadanía, para que se comercializarán estos inmuebles a unas rentas limitadas. El objetivo era permitir el acceso a alquileres asequibles a familias jóvenes e incluso, su compra tras unos años de arrendamiento con descuento de lo abonado por las rentas.

En la demanda son 75 los contratos impugnados, la mayoría de ellos de Torrejón de Ardoz, pero la organización asegura que les consta que se trata de "cientos o incluso miles las personas afectadas por Blackstone en Madrid y muchas de ellas han sido recientemente o serán próximamente desahuciadas".

El sindicato afirma emprender estas acciones ya que "todo el mundo sabe que estas prácticas abusivas y que vulneran el derecho a la vivienda se han convertido en la norma en nuestro país". Inician el proceso "ante la inactividad del Gobierno, que sigue premiando a los fondos con privilegios fiscales y protegiendo sus modelos de negocio rentistas mediante microcréditos que asfixian al inquilinato como hemos visto durante la pandemia".

El ministro de Justicia, Juan Campo, avanzó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo un aumento de los concursos de acreedores de hasta el 246% este año y nada menos que del 619% en 2021. Es sólo uno de los datos que revelarán la intensidad del parón productivo causado por el coronavirus: “De los 7.000 presentados en 2019 a 50.000 el año próximo”, precisó. De momento, sólo se conocen los concursos inscritos en los Registros Mercantiles hasta el mes de marzo, 1.001, un 9,6% más que un año antes, pero 29 menos que en el último trimestre de 2019. En abril apenas se han inscrito 44 concursos, y 84 en mayo, debido al estado de alarma, que ha frenado las comunicaciones internas de los procedimientos concursales. Para hacerse una idea de la caída, en abril de 2019 se inscribieron 285 concursos. Habrá que esperar pues, antes de tener una imagen real de la magnitud del daño infligido por la pandemia y el confinamiento a las empresas.

No obstante, empiezan a quedar al aire las primeras heridas. Pullmantur, la única compañía de cruceros española –aunque propiedad desde 2006 de Royal Caribbean y del fondo suizo Springwater a través de sociedades radicadas en Luxemburgo y Holanda– acaba de solicitar el concurso de acreedores. “Los vientos en contra generados por la pandemia son demasiado fuertes para que Pullmantur los supere sin una reorganización”, ha lamentado la empresa en una declaración muy marinera. La naviera cerró 2019 con un aumento anual de ingresos, pero el coronavirus la obligó enseguida a cancelar todos los viajes hasta el 15 de noviembre en sus tres cruceros, Sovereign, Horizon y Monarch. Pullmantur era parte del desaparecido Grupo Marsans, propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En el aire, casi 5.000 empleos, de ellos 370 en España.

Intu Properties es la promotora británica dueña del 50% de los centros comerciales Xanadú (Madrid) y Puerto Venecia (Zaragoza). Si no alcanza este viernes un acuerdo con los bancos a los que debe dinero, tendrá que presentar concurso de acreedores en Londres. El procedimiento puede afectar al futuro del centro comercial de Arroyomolinos, cuya otra mitad pertenece al fondo estadounidense Nuveen. Ya antes de la pandemia Intu vendió su 50% de Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Europa, a una joint venture integrada por Generali Real Estate, filial de la aseguradora italiana, y la alemana Union Investment. La otra mitad del centro zaragozano sigue en manos del fondo de pensiones público canadiense CPP. El cierre de los centros comerciales por culpa del covid-19 ha dado la puntilla a una compañía que el año pasado perdió 2.293 millones de euros y carga con una pesada deuda de 5.200 millones.

La cadena de casas de apuestas Codere y la de clínicas dentales Dentix se han salvado de momento y en el último minuto. Con unas pérdidas de 97,1 millones de euros en los tres primeros meses de este año –nada menos que 11 veces las del mismo periodo de 2019– y el cierre de sus locales tras el estado de alarma, Codere necesitaba una financiación adicional superior a los 100 millones de euros que ha encontrado en un hedge fund, según ha publicado El Confidencial. El pasado lunes presentó el acuerdo a su consejo de administración, que ha convocado junta general de accionistas para el 24 de julio. Casi al mismo tiempo, Ernst & Young ha manifestado las “dudas significativas” que tiene sobre la capacidad de la empresa de apuestas para continuar funcionando, por las tensiones de liquidez que le ha supuesto el cierre de los locales. Durante el confinamiento sólo pudo mantener abierto el canal online de apuestas y a su término, únicamente ha reanudado las operaciones sobre las carreras de caballos en Uruguay. Mientras, la junta general no se prevé pacífica: los antiguos gestores de la compañía, José Antonio y Javier Martínez Sampedro, piden la dimisión de tres consejeros, nombrados por los tres fondos que poseen la mayoría del capital, Silver Point Finance, Prudential y Abrams Capital. Al tiempo, el consejo de administración ha solicitado un aumento de 20 millones de euros en sus remuneraciones, y una reducción de capital para conseguir liquidez.

Por su parte, Dentix ha vuelto a abrir sus tiendas tras llegar a un acuerdo con otro fondo, el estadounidense KKR, que ha renunciado a que la cadena dental le devuelva los 160 millones de euros que le había prestado. Esa deuda obligó a la empresa a acogerse al preconcurso de acreedores el pasado marzo, del que aún no ha salido a la espera de firmar otro acuerdo con el resto de los bancos que financian a los pacientes.

Peor suerte ha tenido la cadena de pastelerías Mamá Framboise. Tras cerrar las seis que tenía en Madrid durante el confinamiento, ha tirado la toalla y no continuará con la actividad después de casi 10 años. La pandemia va a arrasar en el sector del consumo. Por culpa directa del parón de casi tres meses, como en Mamá Framboise, o porque éste ha dado la puntilla a negocios que ya venían tocados. Es el caso de las tiendas de ropa infantil Tuc Tuc, que presentó el concurso en mayo. También propiedad de un fondo, Endurance Partners, declara 25 millones de euros de pérdidas. Ya estaba en preconcurso antes de que se extendiera el covid-19 y en 2018 tuvo que cerrar sus tiendas en Francia. Aún cuenta con otras en Turquía, México, China, Estados Unidos y Portugal. En España peligran 250 puestos de trabajo.

Scytl, pese a pertenecer a un sector muy alejado de la distribución textil, ha acabado de forma similar. La compañía tecnológica ya estaban en preconcurso desde diciembre y ha entrado en concurso y pedido la liquidación al juez en mayo. Su deuda alcanza los 75 millones de euros. La empresa saltó a los titulares de los periódicos tras adjudicarse los contratos para el recuento de los votos en las elecciones europeas y municipales del año pasado. Era la primera vez desde 1978 que Indra no se ocupaba de un recuento electoral, que Scytl consiguió con una rebaja del 20% en el precio de licitación. pero los problemas sufridos en ambas convocatorias devolvieron a Indra el concurso en la siguiente cita electoral. Según la empresa, en cambio, “no se produjo ningún fallo en el volcado de los datos”, sino que se trató de “simples errores de transmisión de datos desde las mesas, como sucede en todos los procesos electorales”. Poseen buena parte de su capital el fondo luxemburgués Balderton Capital, los estadounidenses Industry Ventures, SAP Ventures y Vulcan Capital y el irlandés VY Capital Ireland.

Aerolíneas e industrias

El aéreo va a ser otro sector letalmente impactado por la pandemia. Pero mientras las compañías de bandera han recibido enseguida generosas ayudas de sus respectivos gobiernos, –Lufthansa, Alitalia, KLM– las más pequeñas han empezado a cerrar. Level Europe es una filial del grupo Vueling, a su vez integrado en IAG, la compañía propietaria de Iberia. Con sólo tres aviones en Austria y otros tres en Países Bajos, explotaba 16 rutas en Europa. Tras quedarse sin el 99% de su demanda estos tres meses, presentó concurso en Viena, donde tiene su sede, el pasado día 18.

También ha dejado sus aviones en tierra Flyest, una de las aerolíneas de Air Nostrum, el grupo valenciano propiedad de Carlos Bertomeu. La empresa, que operaba en Argentina, ha sufrido la prohibición de vuelos en ese país hasta el 1 de septiembre, decretada por el Gobierno de Buenos Aires. Aunque también reprocha a éste la falta de ayudas públicas al estilo de las que se han concedido en Europa.

En la industria, la pandemia ha acabado con empresas punteras que arrastraban problemas previos. Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo han decidido no esperar ni un minuto más para echar el cierre tras años de pérdidas, pero también de desinversiones. A la parálisis del mercado de la automoción por culpa del covid-19 ha atribuido Vauste Spain el concurso de acreedores que ha solicitado este mismo mes. La empresa, adquirida el año pasado por un grupo de Emiratos Árabes Unidos, DSA Group, es la antigua Tenneco Automotiv, una factoría de amortiguadores de Gijón que ya estuvo a punto de cerrar en 2016 y vivió un largo conflicto laboral. Ese año lo adquirió un fondo de inversión alemán, Quantum Capital Partners, que salvó la primera amenaza de desaparición. Hoy sus 130 trabajadores vuelven a encontrarse con ella.

Aunque no ha presentado el concurso, el grupo siderúrgico Gallardo Balboa ha anunciado un plan de reestructuración financiera con los bancos acreedores que incluirá la venta de la empresa. La pandemia ha perjudicado tanto su liquidez como su posición financiera, según ha aclarado el grupo extremeño, por lo que pidió un aval del ICO que le fue denegado “pese a cumplir los requirimientos”. Tiene a parte de sus 900 trabajadores acogidos a un ERTE.

Mucha más prolongada ha sido la agonía de la antigua Uralita, hoy denominada Coemac. Solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y el juez lo declaró en mayo. Coemac, en manos de la familia Serratosa, arrastra aún el lastre de las múltiples reclamaciones judiciales derivadas del amianto que Uralita fabricó durante años y que es cancerígeno. Las indemnizaciones la han dejado sin liquidez, asegura.

Cadáveres y fondos buitre

El camino hacia la insolvencia del grupo canario Ralons ha sido igualmente largo y nada tiene que ver con la pandemia. Es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, también dueño de Seguridad Integral Canaria y otras empresas de la seguridad privada en el punto de mira durante toda la crisis por sus cuestionables prácticas laborales. Ramírez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por una delito urbanístico y luego indultado por el Gobierno, apareció como uno de los donantes del PP en los papeles de Bárcenas. El grupo incluye desde guarderías y servicios de limpieza hasta empresas de formación y de vigilancia. Unos 2.000 trabajadores. En estos momentos, Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está siendo investigado por fraude fiscal y a la Seguridad Social, ya que según el fiscal, no pagó ni el IRPF ni las cuotas de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria entre 2009 y 2016. Seguridad Integral Canaria se declaró en concurso en enero de 2018 con un pasivo de 22 millones de euros.

Pero la pandemia se ha llevado por delante no sólo a empresas frágiles o ya heridas, también ha fabricado algunos cadáveres exquisitos, como las tiendas de lencería Victoria's Secrets en Reino Unido. La marca estadounidense abrió el pasado 31 de agosto su primera tienda en España, en Madrid. O la cadena de lujo de Diane von Furstenberg, que ha cerrado en Londres y en Estados Unidos sólo mantendrá abierto su local de Nueva York. También cuenta con una tienda en Madrid. Latam, la mayor línea aérea de América Latina, y Virgin Australia han seguido el mismo camino a los juzgados.

Una nota es común en casi todos estos procesos: la presencia de fondos de inversión rondando los cadáveres empresariales. Bien porque son los propietarios de las firmas en concurso ­–Pullmantur, Codere, Dentix, Tuc Tuc, Scytl,– bien porque aparecen como interesados compradores. –Codere, Tenneco–.

En enero de 2020 una entidad todavía desconocida para el gran público, pero temida por el mundo político y empresarial, Blackrock, hizo público el envío de miles de cartas a los directivos de todas las empresas en las que contaba con participaciones. En estas misivas, el presidente de esta gestora de activos, Lawrence Larry Fink, amenazaba con votar en contra de los consejeros que se opusiesen a tomar medidas para luchar contra el cambio climático en la gestión de sus empresas. Los grandes medios de comunicación de masas, aquellos que cuentan con amplias fuentes de financiación, en muchas ocasiones procedentes de este tipo de entidades, concluyeron que la firma de Larry Fink había dado un paso de gigante para corregir uno de los grandes desafíos que afronta la humanidad en este siglo XXI. 

No se trataba de un episodio aislado en esa continua refundación del capitalismo de la que nos vienen hablando desde que el sistema amenazara con un serio colapso en 2008. En el mes de agosto de 2019, la norteamericana Business Roundtable, probablemente la patronal empresarial más decisiva del planeta, publicó un informe recomendando que las empresas recuperaran parte de su “función social”, equiparando la importancia de proteger el beneficio del accionista —la antigua y sacra doctrina del shareholder value, remodelada en los años ochenta— con el respeto por otros objetivos fundamentales como el bienestar de los empleados de las compañías o la sostenibilidad del planeta. El tono del pronunciamiento de Business Roundtable —donde el CEO de Blackrock lleva la voz cantante— rimaba con las preocupaciones de las últimas ediciones del Foro de Davos, donde los riesgos climáticos, tecnológicos e incluso los relacionados con la desigualdad social son abordados cada vez con una mayor prioridad. 

Destrucción creativa

Pero esto podría ser un mero cuento de hadas, un nuevo eslogan publicitario tras el cual el sistema capitalista estaría experimentando otro episodio más de lo que el economista Schumpeter denominó “la destrucción creativa”, es decir, la desaparición de viejas formas de producir para dar paso a otras garantes de mayor rentabilidad. Una refundación capitalista desde la autorregulación del mercado y la buena voluntad de unas empresas que se habrían decidido a ejercer la responsabilidad social que un mundo en riesgo como el actual necesita. 

Lo anterior se pone de manifiesto al leer con atención la carta de Blackrock: en relación con el cambio climático, esta entidad se centra básicamente en los riesgos financieros asociados a este problema y, especialmente, en la forma de sacar partido de los cambios que vienen. “Desde el punto de vista de la inversión, estamos convencidos de que las carteras que integran sostenibilidad y las cuestiones climáticas pueden proporcionar a los inversores rentabilidades más ajustadas al riesgo”, aseguran. 

Estas recomendaciones contra el calentamiento del planeta se enfocan íntegramente en su vertiente específicamente financiera: cálculo de riesgos para unas empresas aseguradoras desconcertadas con un futuro incontrolable, nuevas formas de ganar dinero con criterios de sostenibilidad, billones de dólares a invertir en la inminente transición energética, etc. No es casualidad que el presidente de Blackrock haya calificado de “basura” el fundamento económico del programa ecologista Green New Deal promovido por el candidato demócrata estadounidense Bernie Sanders. Una de las versiones más radicales de dicho programa viene asesorada por los defensores de la denominada Teoría Monetaria Moderna —entre ellos, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y la economista Stephanie Kelton—, que sentencia que los billones de dólares necesarios para transformar el capitalismo americano hacia un modelo ecológicamente sostenible podrían provenir de la emisión de dinero estatal sin elevados riesgos de inflación, dada la precariedad del mercado de trabajo y de las infraestructuras públicas.  

Gigante entre gigantes 

No resulta difícil comprender los anuncios y la conducta de gigantes financieros como Blackrock cuando se conocen su trayectoria, se analiza su estructura y, sobre todo, la red de empresas en la que se encuentra incrustado. La gestora Blackrock, creada en 1988, en pleno boom de la desregulación financiera, cuenta en la actualidad con más de siete billones de dólares en activos de todo tipo, incluyendo bancos, fondos de inversión, participaciones clave en gestoras similares, grandes medios de comunicación, empresas de propaganda —proveedoras de información al servicio de gobiernos, ejércitos y demás clientes—, grandes compañías armamentísticas… 

Blackrock se convirtió en el mayor inversor mundial cuando en 2009 se hizo con el fondo de inversión de Barclays Bank, otra de las grandes entidades financieras del planeta. A diferencia de lo que sugieren muchos manuales para instruirnos en el funcionamiento de la economía, la acumulación y la concentración empresarial representan tendencias inevitables para el éxito de las entidades financieras. Otro principio que no casa demasiado con la teoría económica dominante es el enorme volumen de trabajo de planificación financiera que realiza. Sus más de 2.300 empleados están enteramente dedicados a realizar a diario análisis de riesgo sobre los mercados financieros mundiales, a los que aplican los programas informáticos más avanzados, como Aladdin, el software insignia de Blackrock diseñado para detectar oportunidades de inversión o desinversión en activos. 

La extensión de sus inversiones a toda forma de vida económica rentable ha llevado a este y a otros fondos de fondos a ocupar posiciones dominantes en nuestro índice bursátil, el Ibex-35, a menudo considerado motor de la economía y del poder nacional, pero financieramente dependiente de entidades bastante más difíciles de localizar y fiscalizar. Las últimas cifras conocidas informan de que Blackrock tiene invertidos más de 18.000 millones de euros en las empresas del selectivo español, con participaciones entre el 3% y el 6% sobre campeones nacionales como el banco Santander, BBVA, CaixaBank, Repsol, Ferrovial o Iberdrola. Además, y como ya llevan haciendo otros fondos desde principios de la crisis, Blackrock ha aprovechado la situación actual para comprar miles de edificios y bienes inmuebles, contribuyendo a que el problema del acceso a la vivienda se aproxime a marchas forzadas a la categoría de tabú político.  

¿Cómo controlar tantas participaciones? Una constante es no ocupar nunca una silla en los consejos de administración de sus empresas participadas. La razón es sencilla: como estas se cuentan por decenas de miles, dicha estrategia resultaría desaconsejable, por lo que el envío de mensajes o cartas, o incluso determinados movimientos de inversión o desinversión, representan caminos mucho más efectivos para acabar conduciendo en control remoto el rumbo productivo o inversor de estas compañías.  

Más que empresas privadas 

Una ley no escrita en ciencias sociales establece que el crecimiento de las grandes empresas las lleva a ir más allá de sus propósitos corporativos privados, interviniendo en muchos de los ámbitos más relevantes de la economía, e incluso de la política. En otras palabras, ser el mayor accionista del planeta conduce a la responsabilidad de emitir algo más que recomendaciones sobre cómo debe gobernarse este. Si durante muchas décadas del siglo pasado lo que era bueno para la General Motors era bueno para los Estados Unidos, ahora lo que conviene a Blackrock terminará por venirnos bien a todos. Al menos, en la teoría. Por eso, su presidente, Larry Fink, se ha convertido en una figura metafórica del orden de dominio empresarial actual: en su discurso en el Foro de Davos de 2015  definió el ejercicio democrático como la elección del candidato correcto, el que fuera capaz de adoptar las decisiones adecuadas, en aquel momento, las denominadas reformas estructurales. Con ese simple y, a la vez, críptico mensaje, encontramos la máxima tecnocrática actual, los dirigentes democráticamente elegidos necesitan legitimarse a partir del acuerdo con quienes financian las democracias, bien mediante la compra de la deuda pública de los Estados, bien a través de inversiones clave en las empresas privadas nacionales más relevantes. La democracia tiene propietarios y las decisiones políticas han de rendirles respeto. 

No es casualidad que Fink fuera uno de los favoritos a ocupar el cargo de secretario del Tesoro estadounidense si la candidata demócrata Hillary Clinton hubiese vencido en 2016 a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Desde esta posición hubiera ejercido como el perfecto delegado de Wall Street, con su eterno empeño de privatizar la Seguridad Social —otro yacimiento de rentabilidad para banca y grandes empresas—, sucediendo en el cargo a los habituales ejecutivos procedentes de Goldman Sachs que han acompañado a los últimos presidentes estadounidenses, Trump incluido. 

Pero erraríamos el tiro analítico si culpáramos de todo a una sola entidad, aunque posea en activos una cantidad superior al Producto Interior Bruto de Alemania. El fenómeno Blackrock se enmarca en una clara tendencia del capitalismo actual hacia la concentración de la propiedad, del control accionarial y del poder empresarial. Un trayecto silencioso pero constante sobre el que pocos medios y analistas informan con honestidad.

Advertencia suiza 

Un primer documento imprescindible para comprender este preocupante fenómeno se publicó en el año 2011 en la Escuela Politécnica ETH de la Universidad de Zúrich. Con datos correspondientes al año 2007, el estudio analizaba las relaciones entre 43.060 corporaciones transnacionales, descubriendo un núcleo central de 147 empresas propietarias del 40% de la riqueza mundial y, con ello, de algo incluso más preciado: del control sobre las decisiones más importantes en materia de inversiones, creación de puestos de trabajo y crecimiento económico. Las crisis financieras, en definitiva, podían depender de una decisión de este núcleo. 

Las relaciones entre estas grandes empresas del núcleo eran profundamente cohesivas, constituyendo una especie de malla de entidades entrelazadas y de capital interpenetrado en la que, más que el libre mercado, los mecanismos de solidaridad corporativa y una sorprendente noción de comunismo empresarial eran los verdaderos datos relevantes. Una curiosidad que por entonces escapó a muchos era la presencia en ese núcleo del fenecido gigante Lehman Brothers, lo que nos ofrece un ejemplo bastante claro del riesgo sistémico al que la economía mundial está sometida. Los autores han repetido el estudio con más y mejores datos: la concentración, lejos de haberse reducido con la crisis, continúa incrementándose. 

Los protagonistas de esta estructura tan concentrada de gobierno corporativo son los megacapitalistas analizados por el sociólogo Peter Phillips en un sonado ensayo recientemente traducido al español por Roca Editorial, Megacapitalistas. La élite que domina el dinero y el mundo. Phillips parte del estudio suizo para destacar la predominancia de 17 gigantes financieros globales que atesoran un total de 41,1 billones de dólares. Su misión consiste, en síntesis, en maximizar los rendimientos del capital y en encontrar siempre nuevas fuentes de rentabilidad para invertir dinero. En esta clasificación también destaca Blackrock, que figura en una primera posición seguido por Vanguard Group, J.P. Morgan Chase, Allianz, UBS, Capital Group, Goldman Sachs… La necesidad de encontrar rendimientos económicos para la ingente cantidad de dinero que estas entidades mueven ha llevado a los 199 dirigentes de estas 17 macroentidades financieras a tomar partido directo o indirecto en los grandes organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, el G7 o el G20, los think tank, las universidades o las fundaciones más prestigiosas. El objetivo es la formulación de políticas públicas que vayan en consonancia o, al menos, no amenacen sus intereses económicos, lo que implica una cierta privatización de la arena pública y una drástica reducción de la soberanía democrática de los Estados. 

Las noticias de última hora sobre la expansión del coronavirus se encuentran, con toda probabilidad, en los sofisticados modelos de análisis de riesgos que estas empresas manejan. Pero la oportunidad del cambio climático parece una inversión mucho más rentable. Con esta estructura imperial privada podemos estar seguros de que la necesaria transición ecológica tendrá lugar bajo el liderazgo del cálculo del riesgo empresarial y de estrictos criterios de rentabilidad. 

Blackrock, en compañía de otros titanes, pese a cabalgar a lomos de la revolución tecnológica y la sofisticación matemática, parecen estar haciendo buena la eterna predicción del tercer volumen de El capital de Marx, según la cual, la continua e inevitable concentración capitalista dejaba en manos de cada vez menos personas la riqueza mundial. Una oportunidad para que la clase obrera pudiera sustituirlos y tomar el mando. Las previsiones marxistas deberán contar con la ironía de la historia: el verdadero poder internacionalista es un capital cada vez mejor organizado gracias a la mediación de instituciones globales y que, además, opera con libertad gracias al consentimiento ignorante de una ciudadanía distraída por debates partidistas polarizados. Si la ideología dominante, para el mismo Marx, descansaba en las ideas de las clases que dominaban, el velo de la desinformación nos impide, por ahora, conocer quiénes gobiernan de verdad el mundo con derechos de propiedad. Y pretenden, además, salvarlo con criterios altamente rentables. 

*Este artículo está publicado en el número de abril de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí