La Hispanic Society (HS) de Nueva York subastará 45 obras en la casa Christie's este mes de octubre, en su mayoría pinturas religiosas de los siglos XVI a XIX firmadas por discípulos de los grandes maestros, para costear el mantenimiento de su colección y potenciales compras, informa EFE.

La subasta de Christie's, que será digital, se presenta bajo el título 'Propiedad del museo Hispanic Society en beneficio del cuidado de la colección y el fondo de adquisiciones', y su medio centenar de piezas tiene un valor conjunto estimado entre 411.000 y 611.000 dólares, detalló un portavoz a EFE.

Christie's mostró a EFE en su sede de Nueva York un adelanto de la subasta, compuesta por pinturas de los talleres de grandes maestros o de copias modernas, con dos obras representativas: la de mayor valor, de un autor que imita a El Greco, y otra que partirá por 100 dólares, de un imitador de Francisco de Zurbarán.

En ese sentido, el especialista de la institución en los grandes maestros, Oliver Rordorf, destacó que es "una oportunidad emocionante porque el precio de partida es realmente accesible", y apunta que "el dinero va dirigido a apoyar" al museo, que está en problemas financieros desde hace años.

"La mitad de los lotes se venderán sin reserva, lo que significa que las pujas 'online' partirán solo por 100 dólares. Si nadie más puja, uno puede comprar una pintura de esta gran institución cultural a un precio muy razonable", afirmó Rordorf, invitando a los apasionados del arte español.

La obra destacada, con un precio estimado entre 100.000 y 150.000 dólares, es un retrato de 'Santo Domingo rezando' realizado por un artista del taller de El Greco, "posiblemente bajo su supervisión", que la HS compró a principios del siglo XX bajo la creencia académica de que era un original.

El cuadro sigue la composición del original de El Greco del mismo nombre, que se convirtió en 2013 en la pintura antigua española más cara (10,7 millones de euros) y que la investigación moderna ha atribuido a su taller, explica Rordorf, quien señala "cambios en el drapeado y en el tipo facial".

La segunda pieza mostrada es 'San Francisco de Asís en éxtasis', una "copia moderna de un cuadro de Zurbarán que está en un museo en Alemania", posiblemente comisionada por la institución de Nueva York también a principios del s. XX con propósitos de estudio académico, agrega.

Christie's abrirá la subasta el 1 de octubre y dará a interesados de todo el mundo la oportunidad de pujar hasta el 17 de octubre, cuando la casa dé un 'martillazo' digital obra por obra y gane el mejor postor.

La venta incluye más piezas de carácter religioso aparte de esas dos, como un retrato de San Jerónimo escuchando la trompeta del Juicio Final, firmado por el flamenco Hendrick de Somer.

También hay retratos aristocráticos: uno de la reina Isabel de Borbón, por un artista del círculo de Peter Paul Rubens; otro de Felipe IV, con el estilo de Diego Velázquez; y una estampa familiar de los marqueses de Villafranca firmada por Agustín Esteve y Marqués, influido por Goya.

La venta se enmarca en la crisis financiera de la HS, ubicada en el Alto Manhattan, lejos del centro turístico de la ciudad, y que reabrió a mitad de 2023, acuciada por una huelga de trabajadores, después de una renovación de unos 20 millones de dólares que la mantuvo cerrada un lustro

La HS es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas, fundado 1904 por el magnate estadounidense Archer M. Huntington y famoso por albergar la mayor cantidad de Sorollas fuera de España.

La mayor parte de esos Sorollas no están a la vista a excepción de la 'Visión de España', la serie de grandes lienzos que retratan las tradiciones del país, una circunstancia lamentada a menudo por los visitantes de la HS, cuya dirección ha buscado solucionar en un reciente acuerdo institucional.

El Gobierno de la Comunitat Valenciana y la HS han firmado un acuerdo por el que el museo cederá unas 220 obras de Sorolla -sin la 'Visión de España'- para que se expongan en Valencia, la ciudad del pintor, que también será su "sede europea", a razón de 1,15 millones de euros anuales.

El gobierno valenciano y la Hispanic aspiran a que su acuerdo dure "un mínimo de 15 años", según el documento oficial publicado a principios de septiembre en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que lanzará un balón de oxígeno a la institución neoyorquina.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

Las bruscas subidas y bajadas del precio de la luz del último año ha transformado el mercado de la generación renovable. Si antes las eléctricas pujaban frente al Gobierno para asegurarse un precio fijo al que vender la luz durante años a ciudadanos y pequeñas empresas, ahora prefieren cerrar acuerdos privados directamente con grandes clientes. El martes 22 de noviembre quedó de nuevo patente después de que una importante puja de eólica y solar del Ministerio de Transición Ecológica quedase prácticamente desierta, una noticia que complica la tarea de abaratar la factura de la luz. 

Este sistema de subasta funciona desde hace más de una década y permite a las eléctricas asegurarse vender la electricidad generada a un precio fijo durante años, lo que anima a estas empresas a invertir en la construcción de parques fotovoltaicos y molinos de viento. Pero prácticamente todas las ofertas que se hicieron en la puja del martes superaron el precio límite de unos 46 euros por megavatio que estaba dispuesto a aceptar el Gobierno. 

Solo se adjudicaron 45,50 megavatios de los 1.500 que se subastaron de energía eólica, mientras que no se vendió ni uno de los 1.800 megavatios de solar. Las dos empresas que pujaron por debajo del límite, Forestalia y Elawan, deben ahora a construir aerogeneradores para cubrir la demanda a la que se han comprometido y vender esa electricidad al precio que han pujado durante los próximos doce años en el mercado diario a los hogares españoles. 

El mecanismo de subasta ha dejado de funcionar en el último año porque las eléctricas han visto que en lugar de comprometer su energía a un precio fijo –y limitado por el Gobierno– durante más de una década, es más rentable cerrar acuerdos a largo plazo con clientes que pagan mucho más por esa luz, como industrias o grandes empresas. 

"Hace unos años, esos 45 euros que hay ahora de tope no era un mal precio, pero las grandes eléctricas saben que pueden vender más caro fuera de la subasta a 50 o incluso 60 euros por megavatio y han preferido no apostar en ella", explica Pol Torrent, analista de Trébol Energía. 

Grandes compañías como Iberdrola o Naturgy participaron en la puja del martes, pero salvo los dos adjudicatarios, el resto de participantes ofrecieron vender su electricidad muy por encima del tope, en la línea de lo que podrían obtener con contratos privados bilaterales, los llamados PPA. 

Pese a que el mercado de subastas renovables está de capa caída –en la de octubre solo se adjudicó el 30% de lo ofertado–, tanto el Gobierno como la patronal renovable creen que el sector está fuerte en España, solo que el mercado ha mutado.  

"Es un momento convulso, pero hay mucha tranquilidad en los promotores de eólica y fotovoltaica", dijo la ministra de Transición Ecológica este miércoles. "Esto no significa que no haya apetito ni que la potencia no se vaya a instalar. Se va a instalar, pero probablemente se venda a través de otros cauces", apuntó Teresa Ribera. 

"No nos preocupa que no se hayan adjudicado los megavatios de solar y eólica porque los más de 4.000 megavatios que se han instalado estos dos últimos años no han necesitado subastas, se han hecho con principalmente con PPA", añadió José María González Moya, director general de la patronal de renovables APPA. 

González Moya también recalcó que España tiene potencial suficiente para seguir construyendo más solar y fotovoltaica en los próximos años, y cumplir "holgadamente" con el objetivo de que en 2030 el 73% de la electricidad generada sea renovable. A finales de 2021 se alcanzó el 46%, frente al 37% de media en la Unión Europea, aunque países como Noruega (99%), Suecia (67%) o Portugal (62%) están por delante. 

La mayoría de las empresas que acudieron a las dos subastas de renovables de este año ofertaron por encima del tope, pero este martes Forestalia y Elawan se mantuvieron en el margen fijado por el Gobierno. La primera se llevó tres ofertas para instalar y generar 25,5 megavatios de eólica a unos 45 euros, y la segunda 20 megavatios a 39,88 euros.  

¿Por qué ellos apostaron a un precio más bajo que el resto de participantes? "Cada empresa hace sus cálculos sobre cuánto va a costar el proyecto y ellos han considerado que esa cifra suficiente para rentabilizarlo", opina Torrent.  

Sin embargo, el resto de compañías debería tener unos costes más o menos parecidos, por lo que el consultor añade que probablemente las grandes eléctricas tengan mayor facilidad para vender su luz con contratos cerrados a empresas donde puedan sacar más beneficio. O simplemente las pequeñas generadoras prefieran asegurarse ingresos a doce años en un contrato con el Gobierno que más o menos les permita seguir funcionando. 

"Simplemente consideramos que a ese precio los 25,5 megavatios se pueden gestionar y tener el suficiente beneficio, aunque es verdad que es un precio ajustado", opina un portavoz de Forestalia, que no descarta volver a acudir a la próxima subasta si les dan los números. 

El mecanismo de pujas había permitido hasta ahora abaratar la factura de la luz, ya que el mercado eléctrico se asegura grandes cantidades de electricidad a precios bajos y fijos durante más de una década y encima generada sin emisiones. 

Por ejemplo, en 2021 se adjudicaron en subasta más de 6.000 megavatios a entre 25 y 30 euros por megavatio hora, meses antes de que el mercado eléctrico colapsase por la guerra de Ucrania. "El sistema no solo incentiva la generación renovable, también beneficia a los consumidores porque rebaja el precio diario de la luz", resume Pol Torrent.

Aunque desde el sector también recuerdan que alguno de los que se comprometió hace dos años a vender su electricidad a 30 euros en una de estas subastas, ha terminado rompiendo el contrato para aprovechar el panorama actual. "Muchas de las compañías que fueron a estas subastas y pujaron bajo para entrar, en la actualidad les es más rentable renunciar a la retribución pagando una penalización y vender en el mercado privado por el entorno de precios altos que hay ahora", comenta una fuente.

En el otro lado de la balanza, el Ministerio de Transición Ecológica tampoco se puede permitir aumentar el tope de la subasta en exceso para que las empresas oferten más caro, aunque eso suponga el éxito de la subasta, ya que podría darse la paradoja de que en cinco o diez años la electricidad se abarate –como se espera que ocurra– y se termine pagando más cara la adjudicada por subasta que la del precio diario, lo que encarecería la factura de los consumidores. 

"Para nosotros es importante mantener un límite de oferta que proteja a los consumidores”, comentó sobre ello la ministra Ribera. “Los precios de hoy no van a ser los de dentro de tres, cinco u ocho años, y no tendría sentido elevar demasiado ese umbral". 

Ferroatlántica, filial española de la multinacional metalúrgica Ferroglobe, ha estrenado septiembre parando, por tiempo indefinido, los hornos de su fábrica de Boo de Guarnizo, en Cantabria. ArcelorMittal apagará en unas semanas el horno alto A de la factoría de Gijón durante tres meses y no reactivará la acería eléctrica de Sestao tras su parada por mantenimiento en agosto. También Azuliber, perteneciente al grupo Pamesa y dedicada a la producción de arcilla atomizada para azulejos, ha detenido su actividad. Lo mismo han comunicado los responsables de la papelera aragonesa Saica para tres de sus cuatro plantas de cogeneración. Y la siderúrgica Acerinox ha comenzado omienza este mismo jueves a aplicar el ERTE que pactó con el comité de empresa el pasado marzo.

El otoño se avecina con lo que puede convertirse en una nueva tanda de parones en las industrias más dependientes de la electricidad y el gas. Para ellas, los costes energéticos, que ya suponen de por sí el 60% de los totales, equivalen ahora al 75%. “Algunas empresas han aprovechado agosto para hacer tareas de mantenimiento y, a la vuelta, al ver que los precios siguen insostenibles, han prolongado las paradas de actividad”, explica Fernando Soto, director general de AEGE, la patronal de las industrias electrointensivas. Nada más declararse la guerra en Ucrania, se sucedieron los anuncios: Ferroatlántica, propiedad en un 54% del Grupo Villar Mir, ya detuvo entonces la producción en sus factorías de Arteixo (A Coruña), Boo de Guarnizo y Monzón (Huesca), en principio sólo unos días. Con ella apagaron parte de sus instalaciones las metalúrgicas Arcelor, Celsa, Asturiana de Zinc, Siderúrgica Balboa y Alumalsa, pero también la química Ercros, Cementos Portland y Fertiberia. Aunque los temblores venían de atrás. Ya en octubre Sidenor había cerrado durante 20 días su planta en Basauri (Bizkaia) y en diciembre Megasa amplió una semana las vacaciones de Navidad de su plantilla en Narón (A Coruña).

Pese a las medidas aplicadas por los gobiernos europeos, los precios de la electricidad y el gas siguen subiendo y estrangulando las cuentas de las industrias, grandes consumidores de energía. Sobre todo, en algunos sectores especialmente dependientes. Para las empresas cerámicas, por ejemplo, en 2021 el gas se llevaba el 19% de su facturación, según la patronal Ascer. Este año, su previsión es que el recibo se dispare un 146% y supere los 2.1000 millones de euros. En 2020, recuerda Fernando Soto, el megavatio hora les costaba a las electrointensivas 50 euros, hoy pagan 290 euros. El importe de la factura se ha multiplicado por seis.

El director general de AEGE dice que hasta final de este ejercicio no se sabrá a cuánto asciende el recorte de actividad forzado por la escalada de los precios energéticos. Pero avanza que el descenso de producción será notable. Nunca ha habido otro parón similar. Muy lejos quedan, recuerda, los apenas 15 días que se detuvo la actividad en su sector en diciembre de 2013, en plena crisis financiera, cuando la luz se cobraba a 100 euros el megavatio, tres veces menos que ahora. La parada del horno de Arcelor en Gijón reducirá un 50% la producción de arrabio, una materia intermedia para fabricar acero.

Sin embargo, las estadísticas tanto de Red Eléctrica Española como de Enagás, los operadores de ambos sistemas, ofrecen buenas pistas del mordisco que los precios de luz y gas están dando a la industria. El IRE (Índice de Red Eléctrica) revela un descenso del 10,7% en el consumo de electricidad de la industria en julio de este año respecto a hace un año. En 2020, el año del confinamiento y las máximas restricciones a la actividad por la pandemia, el recorte del consumo fue menor, un 7,7%. El subsector que se lleva la peor parte es la metalurgia, con una reducción del consumo del 26,5% respecto a 2021, el doble de lo que recortó durante el año del covid. Estas industrias representan casi una cuarta parte del consumo total de electricidad. La demanda de luz de las papeleras ha disminuido un 4%.

Enagás elabora su propio Índice Grandes Industriales de Gas (IGIG), que cayó un 31,8% en julio y se encuentra en el nivel más bajo desde, al menos, enero de 2018. Por debajo, incluso, de abril de 2020, en pleno covid, cuando se recortó un 21,7%. Entonces el consumo de gas de las principales industrias consumidoras para los 10 sectores más intensivos –lo que mide el IGIG– fue de 209,2 teravatios hora; en julio de este año ha sido sólo de 194,6. Las industrias químicas son las que más han recortado su consumo de gas, casi un 35%, sólo detrás de las empresas de refino –un 58%– y del textil –un 44,2%–. Las papeleras lo han reducido un 26,4% y las metalúrgicas, un 16,2%. En total, la demanda convencional ha caído un 31% respecto a julio de 2021, mientras que el gas destinado a producir electricidad –el causante de que aumente el precio de la luz– se ha disparado un 126% en ese periodo de 12 meses.

Como el Gobierno ha excluido del tope al gas a las plantas de cogeneración, que lo utilizan para producir electricidad, la factura de industrias como las cerámicas –aprovechan la energía de sus hornos para generar electricidad, para ellas mismas y para incorporarla a la red– se ha vuelto inasumible. Según explica Pamesa en el anuncio de su cese de actividad, el coste de fabricar una tonelada de arcilla atomizada ha crecido un 1.047% en el último año. La papelera Saica dice que el cierre de tres de sus cuatro plantas de cogeneración se traducirá en un recorte del 10% en su fabricación de papel.

Fernando Soto rechaza el pesimismo, pero advierte de que estos cierres “pintan mal” y pueden ser el “preludio de algo que puede ir a más” si los precios energéticos no bajan. Aunque el tope del gas ha “aliviado en cierta manera” la presión, sostiene que el sistema marginalista para fijar los precios de la luz “no fue diseñado para estas situaciones tan anormales” y celebra que, “por fin”, Alemania y otros países centroeuropeos, tras “verle las orejas al lobo” hayan reaccionado, y Bruselas se haya decidido a reformar el sistema eléctrico. El problema, matiza, es que “ha pasado un año” desde que, ya antes de la guerra en Ucrania, se advirtieran las primeras señales y los precios comenzaran su remontada.

Así que Soto reclama al Gobierno que mantenga en 2023 las ayudas aprobadas para este año, también que aumente su cuantía: al menos, desde los 9.900 millones concedidos en España hasta la mitad de los 27.500 millones que ha aprobado el Ejecutivo alemán. Al mismo tiempo, pide a las energéticas que sean “solidarias” con el resto de las empresas y ciudadanos españoles y ofrezcan contratos “a precios atractivos”. “En una reunión que mantuve con ellas en noviembre, me aseguraron que podrían ofertar tarifas de entre 55 y 60 euros el megavatio hora para tres o cinco años”, detalla el director general de AEGE. Obviamente, no lo han hecho: “Tienen ya toda la energía vendida”. Soto exige al Gobierno que ponga en marcha las subastas de las conocidas como energías inframarginales –las más baratas– que anunció hace ya un año y en las que las grandes eléctricas estarían obligadas a ofrecer parte de su producción nuclear, hidroléctrica y eólica. La oposición frontal de las compañías ha dado al traste, al menos de momento, con unas subastas que deberían haber empezado a celebrarse antes de diciembre de 2021.

Las electrointensivas miran con envidia a Francia, donde el Estado, a través de la pública EDF, cubre a las industrias el 70% de su consumo de luz. “España y Portugal son los únicos países donde las industrias compran la electricidad en el mercado mayorista –el pool–, no lo hacen ni Francia ni Alemania”, lamenta. Según el barómetro energético de AEGE, el precio medio del mercado diario era en España en 2021 superior al de Alemania y Francia, aunque inferior al de Italia. Este año, tras la puesta en marcha del tope al gas, los precios alemán e italiano –417,9 y 434,4 euros– duplican al español –212 euros–. El francés casi lo triplica.

Pero el reorte de actividad no es sólo un mal español. El mayor fabricante de fertilizantes del mundo, la empresa noruega Yara, va a reducir su producción un 35% por culpa de los altos precios del gas que necesita para fabricar amoníaco, la base de los abonos. Las empresas de fertilizantes europeas ya han rebajado su producción un 70%, una pérdida de capacidad que las aboca a una “crisis sin precedentes”, según denuncian las principales industrias del sector, agrupadas en Fertilizers Europe.

Mientras, Ferroatlántica ha comenzado a aplicar un ERTE que afectará a 150 de sus trabajadores en Cantabria, al igual que Pamesa en Castellón para otros 117 empleados y Acerinox para tres de sus cinco áreas de producción. En la acería de Sestao de Arcelor, que ya estuvo parada desde diciembre de 2021 hasta marzo de este año y no tiene fecha aún para reanudar la actividad, los trabajadores se encuentran en ERTE desde el pasado abril. Ahora está por ver cómo se regula el empleo en la factoría de Gijón.

2021 se anunciaba como el año en que iba a bajar el recibo de la luz. A partir del 1 de abril comenzarán a aplicarse los peajes de transporte y distribución de electricidad y de gas natural establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que suponen un tercio de la factura. El nuevo cálculo debe traducirse en una reducción del 2% en el recibo de la luz. Además, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que el Gobierno quiere crear tiene como uno de sus objetivos recortar la factura hasta un 13% en los próximos cinco años. Y la Ley de Cambio Climático, que aumenta la participación de las energías renovables –más baratas– en la generación de electricidad, está tramitándose en el Congreso.

Sin embargo, la ola de frío con la que se está despidiendo la Navidad ha disparado este viernes el precio mayorista de la electricidad a un récord histórico de 94,99 euros el megavatio hora, que escaló hasta los 114,89 euros a las ocho de la tarde. La marca anterior se alcanzó el 8 de diciembre de 2013, con 93,11 euros el megavatio. Aunque el pico durará lo que la meteorología dicte, para el sábado –los precios de la electricidad se fijan en subasta con un día de antelación–, ya ha descendido un 15% y se queda en 80,66 euros el megavatio, de acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIE).

Estos precios suponen un auténtico clavo para los 11 millones de consumidores, casi el 40%, que han contratado la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), determinado por las subastas del mercado mayorista. Para quienes han escogido la tarifa libre, el precio es fijo, el que marca la comercializadora.

Hasta este viernes el precio de la luz ha subido nada menos que un 27%. Según los cálculos de la organización de consumidores Facua para un usuario medio de 366 kilovatios hora al mes con una potencia contratada de 4,4 kilovatios, el recibo se ha encarecido un 19,3% en la primera semana de enero, hasta los 80,71 euros. Facua lo ha llamado “salvajada tarifaria”.

Al aumento de la demanda por el frío, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía y experto en el sector eléctrico, añade otras tres causas para explicar el repunte. La gran subida del precio del gas natural, por un lado; la falta de viento y de sol que reduce la participación de las energías renovables en la generación eléctrica, por otro; y, finalmente, la regulación del sistema: en la subasta diaria todos los generadores cobran el precio de la oferta más cara, aunque sus costes de producción sean muy inferiores. “Ocurre todos los días, pero nos damos cuenta hoy”, recalca Natalia Fabra, catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.

El mercado eléctrico es el culpable

Y hoy ha sido especialmente crudo para el consumidor porque la subida del gas natural –el que ha marcado el resto de los precios en la subasta– en todo el planeta ha sido tremenda. La ola de frío no sólo afecta a España, sino a todo el hemisferio norte, explica Jorge Morales. De forma que la demanda, y los precios, se han disparado. En China y Japón se han triplicado, y es hacía allí adonde se están desviando las exportaciones gas argelino. Las ventas a España del país norteafricano se han reducido a la mitad, apunta Natalia Fabra. “Además, en España carecemos de mecanismos de flexibilidad del mercado gasista, como interconexión y almacenamiento”, añade. De manera que este viernes el precio del gas en el Mibgas (Mercado Ibérico del Gas) ascendía a 52 euros el megavatio y algunas centrales de gas lo estaban ofertando a 100 euros, asegura. Ése es el precio al que terminan cobrando la electricidad las centrales nucleares o hidroeléctricas pese a que su coste de producción no supera los 20 euros. “El precio del gas natural sirve para fijar el precio del resto”, resume Fabra. Lo que redunda en un sobrecoste para el consumidor y en lo que se ha venido en llamar windfall profits, o “beneficios caídos del cielo”, para las energéticas. Las centrales de gas apenas son el 3% de los generadores eléctricos, por lo que su mayor precio no debería tener apenas impacto en el recibo de la luz.

No obstante, Natalia Fabra precisa que la “culpa” de este sobreprecio no la tiene “ni la nieve, ni el gas, ni Argelia”, sino la regulación eléctrica. Jorge Morales está de acuerdo. Las grandes eléctricas se enriquecen gracias a un sistema que necesita una reforma, denuncia. “En Francia están ahora en alerta roja, al borde del colapso eléctrico, por lo que el Gobierno ha pedido a los ciudadanos que reduzcan su consumo”, explica, “pero el precio no ha resultado tan afectado como en España, porque su sistema para trasladar los precios mayoristas a los minoristas y para retribuir a centrales nucleares e hidroeléctricas es distinto”.

Fabra cree que el Gobierno debería cambiar la regulación eléctrica, pero también advierte de que “no se atreverá”, y menciona a continuación a Iberdrola y Endesa como propietarias de las grandes nucleares e hidroeléctricas del país. Para Cristóbal Gallego, fundador del Observatorio Crítico de la Energía y representante de Unidas Podemos en la comisión de expertos en Transición Energética, la acción del Gobierno debería apuntar hacia la “sujeción social” que debería tener el sistema eléctrico para evitar la pobreza energética. También defiende el apoyo a las renovables, que redundaría en una bajada del precio de la luz. Limitar los precios de la energía, añade, entra ya en el debate ideológico y la tendencia en Europa es no imponer topes.

Rebaja artificial, rebaja real

Jorge Morales asegura que el Ejecutivo poco puede hacer en el corto plazo para evitar estos sobresaltos en la factura de la luz, “más allá de amenazar a las eléctricas” pidiendo a la CNMC, como acaba de saberse este viernes, que investigue si ha habido algún comportamiento anómalo de estas grandes compañías que explique la brusca subida de precio. En 2013 el Ejecutivo encargó la misma investigación cuando se produjo el anterior récord. Dos años después, la CNMC sancionó a Iberdrola con 25 millones de euros por manipular el precio de la electricidad, aumentando el ofertado por las centrales hidroeléctricas del Duero, el Sil y el Tajo. Obtuvo así un beneficio de 21,5 millones de euros, según los cálculos del organismo regulador. Iberdrola recurrió la multa ante la Audiencia Nacional, que la mantiene en suspenso mientras se investiga en el mismo tribunal una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un delito contra el mercado y los consumidores.

Morales de Labra no descarta que se produzcan irregularidades que disparen aún más los precios. Una decisión premeditada para incumplir la obligación de abastecimiento de gas o que las eléctricas aprovechen para especular con el agua y la vendan “a precio de champán”. Pero insiste en el que problema es la formación de los precios tal y como está diseñado el mercado.

Lo mismo cree Natalia Fabra cuando se le pregunta por el cambio en los peajes de la CNMC, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la Ley del Cambio Climático. “Son cambios de naturaleza diferente”, objeta. Gracias al Fondo para la Sostenibilidad, la factura de la luz la pagarán a partir de ahora no sólo los consumidores eléctricos, sino también los consumidores de gasolina y diésel. “Abaratará la factura, que se repartirá entre más, pero no la electricidad”. Una medida que va en la dirección correcta, abunda, encareciendo los combustibles fósiles. Pero lo fundamental, recalca, es hacer “una reforma del sistema eléctrico para pagar a los productores eléctricos lo que realmente cuesta la luz, y no más”. Si no, se trata de una rebaja “artificial” del recibo. En cualquier caso, precisa, aumentar la participación de las renovables –con costes de producción inferiores– sí que desembocaría en una “rebaja real” del precio de la electricidad que se conseguiría “en una década”.

La Seguridad Social sacará a subasta el centro de formación para funcionarios que posee en Pozuelo de Alarcón (Madrid), un complejo de 25.666 metros cuadrados que incluye un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, restaurante, autoservicio para 195 comensales, un auditorio con aforo para 480 personas, sala de juntas y ocho aulas. También cuenta con piscina climatizada y gimnasio. La fecha de la puja se hará pública en el BOE antes de acabar el año. El precio de salida, 59,6 millones de euros. Y la razón, que utilizar otros inmuebles de su propiedad le resulta mucho más barato al organismo público.

La venta del complejo es sólo el último capítulo de la historia de un fiasco. El centro abrió sus puertas en octubre de 2013, casi 12 años después de que Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social en el segundo Gobierno de José María Aznar, presentara en público la maqueta del megaproyecto, en febrero de 2002. En principio, la inauguración estaba prevista para 2005 y el presupuesto ascendía a 25,57 millones de euros. Sin embargo, las obras no se adjudicaron hasta 2007, y el presupuesto para entonces ya había subido a 28,78 millones. Tres años más tarde se proyectaron obras complementarias que aumentaron el coste 7,73 millones. Hubo que esperar a 2012 para que se licitara el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Finalmente, su explotación se adjudicó a la empresa hostelera Touractive, la única que se presentó al concurso. Pero ocho meses antes de que se cumplieran los tres años fijados como plazo de ejecución, en febrero de 2016, el complejo ya estaba cerrado.

La Seguridad Social había comunicado al concesionario la resolución del contrato por “incumplimiento culpable de la empresa, tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y el canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios. En mayo de ese mismo año la Seguridad Social presentó una demanda civil contra Touractive.

Sin efectos

El centro se había construido para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social mientras recibían cursos de formación, incluidos sus familiares “hasta segundo grado inclusive” durante los fines de semana o a directivos que participaban en jornadas o seminarios internacionales, pero también a clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”, según constaba en su página web. Para hospedar usuarios privados debía mediar una autorización previa de la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como establece el pliego del condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el nuevo recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” su uso “podría extenderse al sector privado”.

Sin embargo, ese uso combinado público/privado no dio el resultado apetecido. Durante los primeros seis meses, según cuenta a infoLibre Justo Domingo Blanco, administrador de Touractive, el sistema funcionó “muy bien”. El “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.com, letsBookHotel.com, rumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrecía “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness” e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclamaba.

Hasta que en diciembre de 2013 el director general envió una carta a la empresa donde le prohibía aceptar como cliente a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Social. Tenía que pedir autorización –Justo Domingo dice que se la dieron–, pero a partir de ese momento se la negaron siempre. “Verbalmente”. Como los cursos de formación no cubrían ni el 50% de las fechas y no le dejaban completar la ocupación con clientes privados, el negocio se hundía.

“Fue una mala experiencia”, resume Justo Domingo Blanco, quien niega haber recibido ninguna demanda judicial. Según explica la Seguridad Social a este periódico, la acción legal “no surtió efectos” porque no pudo localizar a la empresa. Su administrador replica que ésta aún sigue activa y funcionando. Y que no ha tenido que pagar ni un euro a la Seguridad Social de las cantidades que ésta le reclamaba.

Ahora ya sin clientes privados

En diciembre de 2016, la Seguridad Social volvió a sacar a concurso la explotación del complejo residencial, que reabrió en abril de 2017, después de más de un año de cierre. La adjudicataria fue Tecnología Alimentaria Catering 4 y 5, una empresa de Alicante. Firmó un contrato administrativo especial por dos años. A cambio, ofreció exactamente el mismo precio de licitación: 320.269,4 euros. El pliego de condiciones técnicas del concurso detalla que el precio se ha calculado sobre el volumen de facturación que el complejo residencial había tenido en 2015. Pero el valor estimado del contrato se eleva a 2,12 millones de euros sin IVA, tras sumar a la cantidad anterior los gastos de funcionamiento del centro, que paga la Seguridad Social: 741.624,25 euros anuales por el 80% del importe de los recibos de agua, gas natural y electricidad.

Además, escarmentados por el malogrado experimento público/privado del primer concurso, los gestores de la Seguridad Social ya habían aprobado una resolución en julio de 2016 para “delimitar la actividad” del centro de Pozuelo. Y en el pliego de condiciones precisan que el complejo residencial “no estará abierto como establecimiento hotelero al público en general, sino que se restringe” a los empleados públicos de la Seguridad Social para cursos de formación, y a sus asociaciones y federaciones, así como a los funcionarios en prácticas de ese organismo para sus pruebas de selección y a eventos organizados en colaboración con “universidades y organismos nacionales e internacionales”.

Mucho más barato

Una vez reabierto, los precios eran de 36,3 euros el alojamiento y desayuno, 10,73 euros un almuerzo y 12,1 euros la cena, tal y como informó la Seguridad Social a sus funcionarios en una nota informativa de abril de 2017. Según explica ahora el organismo público, la explotación del complejo residencial por esta segunda empresa se desarrolló “con plena normalidad”. Lo que no ha sido óbice para que sus gestores hayan renunciado a repetir la experiencia. El motivo que aducen no es otro que la Seguridad Social ya dispone de otros inmuebles que “por sus características pueden ser destinados a los mismos fines formativos”, pero “con unos costes significativamente más reducidos” que el centro de formación de Pozuelo.

infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por las pérdidas que ha soportado por el errático funcionamiento del complejo, pero no ha precisado una cantidad. Además de los sobrecostes de construcción del proyecto inicial, habría que añadir los gastos que la Tesorería reclamó a Touractive y ésta no abonó. Sin contar que en total ha permanecido cerrado 19 meses de sus cortos seis años de vida. Y así seguirá hasta que se adjudique en subasta, previsiblemente antes de que acabe este año. El precio de salida, indica el organismo público, está ajustado a “la situación del mercado inmobiliario”.

La galería Lazinc de Londres ha vendido ya las primeras piezas de la exposición de Grandes éxitos Grandes éxitos de Banksy, por una de las cuales se ha llegado a pagar 1,5 millones de libras (alrededor de 1,6 millones de euros) en la preventa habilitada.

Pese a que la muestra no se abrirá al público hasta este jueves 12 de julio, Lazinc ya ha habilitado una apertura VIP 24 horas antes donde se han producido las primeras ventas de tres pinturas, con precios que van desde el medio millón de libras hasta los 1,5 millones de libras (de 565.000 euros a 1,6 millones de euros), según recoge Europa Press de The Art Newspaper.

Sale Ends, (2006) es una obra del artista británico Banksy estilo esténcil diseñada en tres colores, expuesta en la galería Lazinc. | LAZ

No obstante, no todas las obras que actualmente se exhiben en Lazinc están oficialmente a la venta. Desde la galería se calcula que obras como Show Me the Monet (2005) y Media at War (2006) tienen un precio estimado que no baja de los 5 millones de libras esterlinas (5,65 millones de euros).

También se muestran ediciones de 25, como Girl and Balloon (2003) y Flower Thrower (2003), valoradas inicialmente en 250 libras (282 euros). El récord de una obra en subasta de Banksy actualmente es de 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros), vendida en Sotheby's en 2008.

La pintura, que una vez fue vendida por apenas 125 dólares, fue redescubierta recientemente. Era el último cuadro de Leonardo en manos privadas y logró más de cuatro veces los 100 millones de dólares estimados por Christie's antes de la subasta.

El récord anterior lo tenía la obra Les Femmes D'Alger de Pablo Picasso, vendida en 179,4 millones de dólares en mayo del 2015.

Salvator Mundi (Salvador del Mundo) fue adquirida por un comprador no identificado que ofertó vía telefónica tras una puja de casi 20 minutos en la casa de subastas de Nueva York. Christie's solo dijo que el comprador era un coleccionista privado europeo, pero algunos medios lo identificaron como el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev.

El retrato restaurado es una representación etérea de Jesús que data de aproximadamente del año 1500, es uno de los menos de 20 cuadros conocidos del artista del Renacimiento que aún existen.

Registrado por primera vez en la colección privada del rey Carlos I, la obra fue subastada en 1763 antes de desaparecer hasta 1900, para cuando se había repintado el rostro y el cabello de Cristo, una práctica "bastante común" anteriormente, según Alan Wintermute, especialista senior de Christie en pinturas de los Antiguos Maestros.

Vendida en Sotheby's a un coleccionista estadounidense en 1958 por solo 45 libras (unos 126 dólares en ese momento), volvió a ofrecerse en 2005 como una copia de la obra maestra. La pintura es el primer descubrimiento de un cuadro de Leonardo desde 1909.

En la servilleta con membrete del Hotel Imperial nipón puede leerse "una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento".

Además del llamado secreto de la felicidad, se subastaron otros artículos, incluidas dos cartas que Einstein escribió en años posteriores y otra nota escrita en una hoja de papel en blanco que simplemente dice: "donde hay voluntad, hay un camino".

Los dos breves manuscritos alcanzaron el valor de 1,56 millones de dólares (1,32 millones de euros). El precio de venta estimado oscilaba entre los 5.000 y 8.000 dólares.

"Esas notas serán mucho más valiosas que una simple propina"

El físico le dio la nota a un mensajero en lugar de una propina mientras hacía una gira de conferencias por Japón en 1922. En ese momento, Einstein había sido informado recientemente de que recibiría el Premio Nobel de Física, y su fama fuera de los círculos científicos era cada vez mayor.

Un cartero japonés llegó al Hotel Imperial en Tokio para enviarle un mensaje a Einstein. El mensajero se negó a aceptar una propina, de acuerdo con la práctica local, o Einstein no tuvo monedas para entregárselas como premio a su servicio, informa Daily Mail.

De cualquier manera, Einstein no quería que el mensajero se fuera con las manos vacías, por lo que le escribió dos notas a mano en alemán, según el antiguo propietario de la nota, un descendiente del mensajero.

"Tal vez si tienes suerte, esas notas serán mucho más valiosas que una simple propina", le dijo Einstein al mensajero, según el antiguo propietario, un residente de la ciudad alemana de Hamburgo que desea permanecer en el anonimato.

La receta de la felicidad

Una nota, escrita en papel con membrete del Hotel Imperial de Tokio, dice que "una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento". La otra, en una hoja de papel en blanco, simplemente dice: "donde hay voluntad, hay un camino".

Es imposible determinar si las notas fueron un reflejo de las propias reflexiones de Einstein sobre su creciente fama, dijo Roni Grosz, el archivista a cargo de la colección Einstein más grande del mundo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Mientras que las notas, previamente desconocidas para los investigadores, no tienen ningún valor científico, pueden arrojar luz sobre los pensamientos privados del gran físico cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de genio, de acuerdo con Grosz.

"Lo que estamos haciendo aquí es pintar el retrato de Einstein, el hombre, el científico, su efecto en el mundo, a través de sus escritos", dijo Grosz.

La Delegación de Economía y Hacienda en Madrid ha adjudicado este jueves, tras el acto público de apertura de ofertas de la subasta, los dos vehículos de la marca Ferrari que fueron donados por el rey Juan Carlos y entregados a Patrimonio de la Administración General del Estado por un importe conjunto de 443.842 euros.

El precio de salida de ambos vehículos era de 375.000 euros, por lo que la adjudicación de los mismos se ha realizado a un precio un 18% superior al de salida de la subasta.

El primero de ellos ha sido adjudicado al concesionario Argüelles Cars, situado en Madrid, por un importe de 201.555 euros, frente al precio de salida en la subasta de 195.000 euros. Se trata de un modelo FF, color negro.

El otro vehículo, también un Ferrari modelo FF, en este caso gris plateado, se ha adjudicado a Álvaro Alonso Sánchez, por un precio de 242.287 euros, frente a los 180.000 euros del precio de salida en la subasta fijada por el Estado.

El pasado 1 de junio se sacaron a subasta ambos vehículos, por segunda vez, tras quedar desierto el primer intento, en octubre de 2015. En aquella ocasión el precio conjunto de los dos coches ascendía a cerca de 700.000 euros, casi el doble del precio de licitación de esta nueva subasta (375.000 euros). El precio de los vehículos nuevos asciende a más de 725.000 euros.

Los dos Ferrari fueron un regalo con el que el primer ministro emiratí obsequió al rey Juan Carlos a finales de 2011 después de que este asistiera al gran premio de Fórmula 1 en el que competía el piloto español Fernando Alonso.

Lo recaudado por la venta de los vehículos ingresará en las arcas del Estado, como ocurre con los objetos decomisados por las fuerzas de seguridad que se subastan, según indicaron a Europa Press en fuentes de Patrimonio del Estado.

Varias asociaciones empresariales solicitaron que la próxima subasta de potencia renovable, que se celebrará el próximo 17 de mayo y que permitirá la instalación de 3.000 megavatios (MW) nuevos de renovables, garantice a los adjudicatarias una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que ha acompañado en los últimos años al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recogidas por Europa Press.

En su informe sobre la subasta, el regulador explica que recibió alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Varias alegaciones de asociaciones, señala la CNMC sin citar los nombres concretos de las mismas, solicitan que se modifique la propuesta de real decreto y de orden ministerial, de modo que "la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes (a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones) como para las futuras".

Algunas de las alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro de los aspectos que generó controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre esta, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología, a la denuncia de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica.

Las propuestas también incluyen la reducción de seis a tres meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

El anexo confidencial

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial "no está justificada", indica la CNMC.

Este anexo, según algunas alegaciones, "reduce la transparencia de la subasta". De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado por segunda vez a subasta los dos coches oficiales que usaba la exalcaldesa Rita Barberá, dos Audis A8, por un precio de salida de 12.000 y 14.000 euros frente a los 14.860 euros y 18.032 euros del primer proceso.

Así lo ha anunciado este viernes la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, y ha confiado en que tras esta nueva tasación se consiga la venta y el Ayuntamiento pueda "recuperar al menos una parte de esta inversión" ya que en estos momentos, los dos turismos están parados en la cochera.

En el caso de no conseguir un comprador, la Junta de Gobierno valorará remitirlo a un desguace o realizar una donación. "Se buscará siempre sacarles el máximo rendimiento", ha señalado, según informa Europa Press.

La primera subasta, celebrada el pasado mes de octubre, quedó desierta después de que el Servicio de Contratación del consistorio, del que depende la puja, no recibiera ninguna oferta por estos dos coches oficiales.

La nueva puja que pondrá en marcha el ayuntamiento será "muy similar" a la anterior, al igual que el precio de salida de los dos vehículos, según han señalado las mismas fuentes, que han apuntado que cabe la posibilidad de que en esta segunda ocasión haya gente interesada en los coches teniendo en cuenta las llamadas que han realizado al consistorio para preguntar por ellos y el proceso de adquirirlos.

A inicios del pasado mes de octubre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia –conformado por Compromís, PSPV y València en Comú– sacó a subasta los dos coches oficiales que usaba la exalcaldesa Rita Berberá, dos turismos Audi A8, por un precio mínimo de 32.892 euros los dos, según la información publicada entonces en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La publicación, a través del Servicio de Contratación, cumplía con la finalidad de dar a conocer el procedimiento abierto para la enajenación por subasta de estos dos vehículos, divididos en dos lotes: un primero con un coche Audi A8 con 63.075 kilómetros y un segundo lote, con otro turismo Audi A8 con 84.026 kilómetros.

La Seguridad Social ha ingresado casi 87 millones de euros desde 2013 vendiendo 11 edificios singulares de su propiedad. Son la parte más apetitosa de los 107 inmuebles de todo tipo, desde fincas rústicas hasta locales comerciales, que el organismo público ha sacado a subasta como parte del Programa para la Puesta en Valor de Activos Inmobiliarios del Estado. En estos momentos, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tramita la venta de otros tres grandes edificios, dos en Madrid y uno en Bilbao, por importe de 25,73 millones de euros. Cuando se formalicen las operaciones, la TGSS habrá percibido un total de 112,67 millones de euros, que destina a “financiar prestaciones y servicios” de la Seguridad Social, incluido el pago de pensiones.

La Seguridad Social no ha querido precisar a infoLibre el importe total ingresado por los 56 inmuebles que ha enajenado desde 2013. Los 51 restantes también salieron a subasta pública, pero ésta quedó desierta y no fueron adjudicados. El real decreto que regula el patrimonio de la Seguridad Social establece que, si una subasta queda desierta, el edificio puede adjudicarse directamente, previa autorización del Consejo de Ministros, antes de que transcurra un año. Y deberá hacerse con el mismo precio con que salió a subasta. La Seguridad Social tampoco ha aclarado a este periódico si ése ha sido el destino de los 51 inmuebles cuya subasta resultó fallida.

Aunque sí fue el caso de uno de los edificios cuya venta está tramitando ahora la TGSS, situado en la calle de Cartagena de Madrid. Su subasta quedó desierta el 14 de junio del año pasado, con un precio de salida de 6,16 millones de euros. Consta de tres sótanos y siete plantas incluida la baja. También saldrá a subasta, el 30 de marzo, un inmueble de seis pisos ubicado en el número 14 del Paseo de la Castellana, cuyo precio de partida será de 17,48 millones de euros. Finalmente, está prevista la venta de otro edificio en la calle de Juan de Ajuriaguerra de Bilbao, detrás del Guggenheim, por un mínimo de 2,08 millones de euros.

Por adjudicación directa fueron igualmente cedidos un inmueble en Barcelona, en el Paseo de Joan de Borbó, con un precio de 3,66 millones de euros, y otro en Rúa do Reloxo de Pontevedra, que se valoró en 165.000 euros. En estos dos casos no medió subasta porque se los quedaron administraciones públicas: el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Lo mismo ocurrió con otro edificio, situado en la calle Podavines de San Sebastián. En principio, la Seguridad Social se lo ofreció al Ayuntamiento de San Sebastián, que terminó rechazándolo por su elevado precio. La única empresa que pujó por el inmueble fue una guipuzcoana, Etxa, que se lo quedó por 9,95 millones de euros.

Pisos de  lujo

Buena parte de estos inmuebles, muchos de ellos situados en los barrios más caros de sus ciudades, han sido comprados para convertirlos en viviendas de lujo. Es el caso del edificio de San Sebastián, ubicado en el barrio de Amara: 9.534 metros cuadrados distribuidos en tres plantas de sótano y cuatro alturas. Etxa los transformará en 80 viviendas de dos y tres habitaciones, con terrazas de hasta 64 metros cuadrados. Costarán entre 300.000 y 400.000 euros, según publicó Diario Vasco.

La Seguridad Social vendió el año pasado dos inmuebles en la zona alta de Barcelona, en la calle de Balmes. El primero, en el número 433, salió a subasta con un precio de 6,32 millones de euros y fue vendido por ocho millones al grupo inmobiliario Alting. El segundo, en el número 443, partió de 4,99 millones y se lo llevó Alta Premium Connect por 7,4 millones de euros. Alting, un grupo inmobiliario de propiedad familiar que factura 50 millones de euros al año, se gastará ahora cinco millones de euros en convertir los seis pisos del inmueble en 15 viviendas de lujo, con jardín y piscina, publicó Expansión.

Según publicita Alting, pondrá a la venta o en alquiler pisos de entre 150 y 170 metros cuadrados, además de un ático de 190 metros cuadrados con una terraza privada de otros 170 metros cuadrados que incluye piscina.

También se convertirán en pisos de alto nivel los que Domo Gestora, a través de su cooperativa Valnova, adquirió en 2014 a la Seguridad Social por 7,56 millones de euros en la calle de Bretón de los Herreros de Madrid. El precio de salida fue de 5,72 millones. Seis plantas y un ático albergarán pisos de uno a tres dormitorios, de hasta 135 metros cuadrados, con piscina, pista de pádel y jardín interior. Los precios, de entre 220.000 y 570.000 euros sin IVA, según puede comprobarse en su página web.

El edificio saltó a las primeras páginas de los periódicos cuando fue ocupado por el grupo neonazi Hogar Social Ramiro LedesmaHogar Social Ramiro Ledesma en diciembre de 2014. Fueron desalojados por la Policía cinco meses después.

Un fondo buitre, un 'pelotazo', Inditex

Pero la joya de la corona de las ventas fue el inmueble de la calle de Fuencarral de Madrid que la TGSS vendió por 21 millones de euros en septiembre de 2015. Lo adquirió Inversiones Lombok, cuyo único socio es Gore Spain Holdings, una socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) que empezó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el pasado mes de enero. Valorada en 144 millones de euros, Gore Spain es la dominante de un grupo que integra 18 filiales participadas al 100% y posee 20 activos. Su accionista único es el fondo buitre GreenOak Spain Investment.

La socimi ha puesto en manos del grupo Aguirre Newman la venta de los pisos de superlujo que espera entregar en el último trimestre de 2018. Serán 38 viviendas de hasta cuatro dormitorios y 145 metros cuadrados. También ofrecen dúplex, un tríplex con terraza y un loft. El bloque tendrá piscina, solarium y jardines. Desde 327.000 euros los estudios de 55 metros cuadrados. Según puede comprobarse en su página web, ya tienen reservados siete pisos.

La historia del inmueble de la calle de Colón, en Valencia, tiene un final diferente. Lo compró en julio de 2015 Riera y Nat, una sociedad del expresidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia Enrique Pla, por 14,2 millones de euros: el precio casi duplicó el de salida, 7,95 millones. El edificio tiene ocho plantas y un par de locales. Esos bajos y las dos primeras plantas fueron vendidos sólo un año después por 20 millones de euros, según publicó el periódico Levante. En ellos se ha instalado Inditex, que los ha convertido en su mayor tienda de la marca Pull&Bear en Valencia.

El consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este jueves por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo uno del Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011 con medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público que regulaban en la práctica la selección pública de medicamentos –más conocidas como subastas– en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Alonso ha expresado la "gran satisfacción" que para la Junta supone esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica, pero que "lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado".

En ese sentido, cabe recordar que el recurso presentado por el Gobierno central consideraba que la regulación andaluza vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

Según el Ejecutivo central, el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecían Según el Ejecutivo central, el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatalun mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable, además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Meses después de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación, el TC decidió en julio levantar la suspensión cautelar contra el decreto ley de la Junta que regulaba la subasta pública de medicamentos en Andalucía.

En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado diez procesos de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de la comunidad. La última apareció publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 7 de noviembre para 194 principios activos diferentes.

Desde su implantación en junio de 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros, según ha informado la Junta.

El óleo del pintor malagueño Pablo PicassoTete de femme, un retrato realizado por el artista a su musa Marie-Thérèse Walter, fue vendido este miércoles en Londres por 24,8 millones de euros.

El óleo, que el artista español pintó en 1935, salía a subasta con un precio estimado de entre 21 y 26 millones de euros y finalmente fue vendido por más de 24,8 millones de euros (18.853.000 libras), según informó la casa de subastas Sotheby's y recogió Europa Press. 

El cuadro forma parte de una serie que el pintor malagueño dedicó a su musa Marie-Thérése Wakter, una mujer francesa a la que conoció en 1927, cuando ella tenía 17 años, y con la que mantuvo una relación amorosa cuando todavía estaba casado con la rusa Olga Khokhlova.

Los dos Ferrari que el jeque de Emiratos Árabes, Mohamed bin Rashid, regaló al Rey Juan Carlos en 2011 y el monarca emérito donó a Patrimonio Nacional han podido ser fotografiados este lunes por primera vez.

Se trata de dos Ferrari modelos FF (F151) con un precio de salida de 350.000 euros, uno de ellos, y de 345.000 euros, el otro, según consta en el anuncio de la subasta publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El rey Juan Carlos decidió donar ambos a Patrimonio Nacional, que aprobó la integración como bien de Patrimonio Nacional de los dos Ferrari en junio, según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.

La Delegación de Economía y Hacienda en Madrid subastará el próximo 6 de noviembre los dos vehículos. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 30 de octubre.

Según recogen los pliegos de condiciones de la subasta, a los que ha tenido acceso Europa Press, se trata de dos Ferraris, uno de color negro y el otro de color gris, de una cilindrada de 6.262 cc con 12 cilindros en V y una potencia de 486 kW.

En uno de los pliegos, el correspondiente al Ferrari gris metalizado, se especifica que el coche está en buen estado, salvo por un "ligero roce en el lateral delantero izquierdo y lateral trasero izquierdo". Los neumáticos están "sin apenas desgaste, prácticamente para 100% de uso", aunque señala un "ligero pellizco en la rueda trasera". El otro Ferrari está en perfecto estado y sus neumáticos sin usar.

Los vehículos podrán inspeccionarse en las instalaciones del Parque Móvil del Estado entre los días 19 y 23 de octubre, previa petición de cita en los teléfonos que figuran en el pliego de condiciones. La subasta tendrá lugar el 6 de noviembre a las 10.00 horas en la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid de la calle Guzmán el Bueno.

La obra del pintor malagueño Pablo Picasso Les femmes d'Alger (1955) ha sido vendida por más de 160,9 millones de euros (179,3 millones de dólares) en una subasta realizada este lunes en Nueva York por Christie's, lo que la convierte en la pintura más cara jamás subastada.

La obra de Picasso, que partía con un precio estimado de 125,5 millones de euros, ha sido vendida en el marco de una subasta que lleva por título Looking forward to the past, que incluye subasta de arte impresionista, arte moderno, arte de posguerra y arte contemporáneo.

En esta obra, Picasso tiene como referente al maestro Eugene Delacroix, y en su proceso crea un nuevo y singular estilo de pintura que combina elementos de cubismo, fauvismo y neoimpresionismo.

Por su parte, la escultura L'homme au doigt, de Alberto GiacomettiL'homme au doigt, alcanzó en la misma subasta un precio de 141,28 millones de dólares (unos 126 millones de euros), marcando un nuevo récord.

Esta obra es reconocida como uno de los logros esculturales más importantes de la era moderna, creada por el gran maestro de esta disciplina.

Otra escultura de este mismo autor, L'homme qui marche, una estatua realizada en bronce y a tamaño natural, se vendió en febrero de 2010 por 65 millones de libras esterlinas (74,2 millones de euros).

El Tesoro Público ha colocado este martes 4.646 millones de euros en letras a seis y doce meses y ha ofrecido un interés medio negativo (-0,002%) en la subasta a seis meses por primera vez en su historia y prácticamente cero en el caso de las letras a doce meses, con lo que retoma con éxito las subastas después del parón de 20 días sin celebrar emisiones.

El organismo ha vuelto a aprovechar la buena evolución de la prima de riesgo, que se sitúa en torno a los 100 puntos básicos y la compra masiva de bonos por parte del BCE, para financiarse gratis e incluso cobrar algo por las letras a seis meses, con lo que ha pulverizado las rentabilidades mínimas históricas de las subastas previas.

A pesar de la caída de la rentabilidad, los inversores han vuelto a demostrar sus preferencias por la deuda pública española, ya que la demanda de los mercados ha superado con creces lo finalmente adjudicado y se ha situado por encima de los 11.200 millones de euros, más del doble de los 4.600 millones colocados.

En concreto, en la subasta a seis meses el organismo ha vendido entre los inversores 725 millones de euros a un tipo de interés marginal del 0,000% y un tipo de interés medio, que por primera vez en la historia se ha situado en tasas negativas del -0,002%. La demanda ha superado en cinco veces lo finalmente colocado en los mercados, frente a las 4,1 veces de la subasta anterior.

En la subasta a doce meses, el Tesoro ha colocado 3.920,96 millones de euros, con un tipo de interés marginal del 0,010% y una demanda que ha superado en 1,9 veces lo vendido entre los inversores, frente a las 2,1 veces de la subasta previa. La rentabilidad media, en este caso, se ha situado en el 0,006%.

Tras la subasta de este martes, el organismo público volverá a los mercados este mismo jueves, 9 de abril, con una nueva subasta de bonos y obligaciones, en la que tratará de seguir con la buena racha de las últimas emisiones. En abril, volverá a emitir el día 16 (bonos y obligaciones) y el día 21 (letras).

El banco venezolano Banesco ha hecho un negocio redondo con la compra de Novagalicia (NCG Banco), la entidad que nació de la fusión de las cajas gallegas, rebautizada como Abanca. Banesco ganó en diciembre de 2013 la subasta convocada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para venderla. Se comprometió a pagar a plazos –hasta 2018– un total de 1.003 millones por una entidad en la que el Frob había inyectado 9.000 millones de dinero público. Apenas un año después, Banesco ha declarado beneficios netos de 1.157 millones, con lo que recupera toda la inversión comprometida. En el otro extremo, el FROB

–todos los contribuyentes– han perdido 8.000 millones.

La operación, en opinión de algunos expertos, deja en evidencia la política del Gobierno –el FROB depende del Ministerio de Economía–. Después deenterrar miles de millones de dinero público para apuntalar el sistema financiero, ve cómo los beneficios se escurren hacia inversores privados que han sabido aprovechar una oportunidad puesta en bandeja.

"Se van a forrar"

El economista Julio Rodríguez (Economistas Frente a la Crisis) resume en una frase la operación Banesco-NCG que amparó el FROB: "Se van a forrar rápidamente y los costes los vamos a pagar todos". En opinión de Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario, "el FROB debió de exigir más en la subasta, pero dió la sensación de que la entidad le quemaba en las manos".

Banesco se impuso en la subasta a la premier league bancaria del paíspremier league (Caixabank, BBVA y Santander) y a varios fondos. Su oferta cumplió las condiciones del FROB: superar en 200 millones a la segunda mejor oferta y mejorarla al menos en un 50%.

Para el nuevo propietario de NCG Banco-Abanca, Juan Carlos Escotet, fue una operación de ensueño. Los beneficios netos obtenidos, 1.157 millones en 2014, han sido superiores a los beneficios brutos –antes de pagar impuestos–, que ascendieron a 601 millones. La diferencia se explica porque en el beneficio neto de la entidad se han sumado 500 millones de créditos fiscales –partidas reconocidas por Hacienda para compensar pérdidas de años anteriores–. Han sido 100 millones más de créditos fiscales que en 2013. "Es una cantidad sorprendente", apunta Rodríguez.

Expolio a las arcas públicas

Más contundente si cabe, el economista Carlos Sánchez Mato (colectivo ATTAC) sostiene que la operación consentida por el FROB supone "un expolio a las arcas públicas". Algo que deja el escándalo de las "tarjetas black" en Bankia como "el chocolate del loro".  Al igual que otros expertos, Sánchez Mato cuestiona la información "limitada" que ha proporcionado Abanca. En ella, no obstante, se observa cómo "se están liberando provisiones (partidas destinadas a cubrir riesgos) en una práctica más que discutible consentida por el Banco de España".

Fuentes cercanas a la cúpula de la entidad sostienen que en torno a los números de Banesco-Abanca se ha desatado una "controversia política muy interesada". Una polémica alimentada, añaden, por entidades que trataron de hacerse con Novagalicia "por un euro". Las mismas fuentes explican que la espectacularidad de la cifra de beneficios no es tal si se analiza con detalle.

Así, explican que de los 1.157 millones de ganancia neta, sólo 220 millones provienen del negocio bancario. Supone, sostienen, una rentabilidad sobre los recursos propios "un poco por encima de la media del sector". Otros 400 millones de beneficio, añaden,  provienen de la venta de deuda pública (resultados de operaciones financieras o ROF). Esa deuda, en lo que ha sido una práctica común en el sector bancario, se compró a tipos de interés elevados. Ahora, con el desplome de los tipos a mínimos, afloran cuantiosos beneficios.

Créditos fiscales

Queda otra partida, 500 millones de créditos fiscales, que ya estaban en las "tripas" de Novagalicia cuando la adquirió Banesco. "Novagalicia tenía reconocidos 4.500 millones, se han activado 2.500 y quedan otros 2.000 por activar". Resumiendo, las fuentes cercanas a la dirección de Abanca destacan que los resultados de 2014 contienen partidas extraordinarias que pueden llamar la atención pero que no justifican la polémica.

Pero la realidad es que los beneficios del año pasado superan en un 60% la cantidad desembolsada por Banesco por Novagalicia hasta la fecha: 408 millones de euros. El andamio financiero construido en torno a la subasta de 2013 aplazó el resto de los pagos hasta 2018. Están pendientes de pago, aunque Abanca ha asegurado que los adelantará, 100 millones en 2016; 200 millones en 2017 y 300 millones en 2018.

"Las cuentas presentadas por Abanca están cogidas con alfileres", asegura el economista Carmelo Tajadura. "En septiembre de 2014, las cuentas contemplaban 2.000 millones de beneficio, con el abono del exceso de valor contable respecto a la compra. En diciembre, los datos son escuetos y esa cantidad la han quitado. No lo entiendo. Lo que han presentado no es la cuenta entera".

Pelotazo

Por eso, asegura Tajadura, es aventurado hablar de "pelotazo". "Veremos", asegura. Lo que sí tiene claro Tajadura es que en el caso de la venta de Novagalicia, si se revelara un negocio tan redondo, "más que al FROB habría que criticar a quien nada quiso pagar por la bicoca", es decir, CaixaBank, Santander y BBVA.

Ante las críticas, las fuentes al tanto de la operación cerrada en 2013 argumentan que no se puede juzgar lo que sucedió en el pasado con los datos del presente. Es un argumento que se repite en otras operaciones controvertidas en torno a las antiguas cajas, como la venta del 7,5% de Bankia tras ser apuntalada con 22.000 millones de dinero público. Deudas públicas, beneficios privados.

La subasta extraordinaria convocada por el Ministerio de Industria para adjudicar a los grandes consumidores de electricidad el conocido como servicio de interrumpibilidad se celebrará entre mañana y el martes en Zaragoza y permitirá tanto a Alcoa como al resto de las industrias optar a incentivos por valor de 180 millones, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Esta subasta fue convocada la semana pasada por Industria después de que en la primera puja solo se colocasen bloques de interrumpibilidad por valor de 350 millones, frente a los 550 millones previstos. El coste, pese a su envergadura, es inferior al de 750 millones anterior a la reforma energética.

La primera puja generó controversia después de que sectores como el siderúrgico o el cementero no lograsen cubrir sus expectativas, y de que la multinacional Alcoa fuese más allá y anunciase despidos y cierres de plantas. Industria respondió a las críticas negando la relación entre las subastas y el ERE de Alcoa, y anunciando la nueva puja.

Si en la primera subasta se asignaron 2.080 megavatios (MW) de interrumpibilidad, en esta se pondrá a disposición de las industrias una cantidad adicional aún sin precisar que se irá repartiendo en tandas de 50 bloques de 5 MW. Cada una de estas tandas tiene un valor de casi 50 millones de euros, si bien las fuentes aseguran que la asignación final rondará los 180 millones.

El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico.

Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de estas nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.

Pendientes de Alcoa

La subasta de interrumpibilidad de mañana ha sido acogida con satisfacción por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó la semana pasada que Industria ha complicado "los compromisos". "Veremos a ver qué oferta presenta Alcoa, dependerá del precio que esté dispuesta a pagar"qué oferta presenta Alcoa, ha apostillado.

Por su parte, el director general de Industria de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, ha asegurado que "el problema de Alcoa seguramente quedará solucionado" en la subasta eléctrica.

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha señalado por su parte que la dirección de Alcoa se ha comprometido a retirar el expediente de despido colectivo si consigue un precio "razonable" para la electricidad.