Ya está hecho. Ayer 13 de junio, tras cuatro días y cuatro noches de negociaciones, los partidos de izquierda lograron sellar el acuerdo que da origen al nuevo Frente Popular. "A partir de ahora, en toda Francia, trabajaremos para ampliar esta unión con todos el mundo, ciudadanos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y personalidades públicas que compartan nuestras ideas y orientaciones", afirmó la coalición de izquierdas y ecologistas en un comunicado, añadiendo: "A partir de ahora, ya no es inevitable que la Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN) llegue al poder”. 

El alivio era palpable en el exterior de la sede de los ecologistas, en el distrito X de París, donde se habían reunido algunos militantes a la espera de que saliera una fumata blanca del edificio donde se habían reunido los dirigentes de Los Verdes, el Partido Socialista (PS), La France insoumise (LFI), el Partido Comunista Francés (PCF) y Place publique. 

"Se trata de un movimiento histórico importante. Hay que construir la relación de fuerzas del Frente Popular, porque incluso, en el peor de los casos, si gana Bardella, será un baluarte", decía Jacky Lafortune, un veterano militante de izquierdas que se había acercado allí como vecino. Desde el 9 de junio y la disolución de la Asamblea Nacional por Emmanuel Macron, en todas las sedes donde los partidos se reúnen para negociar a puerta cerrada, los manifestantes les siguen para instarles a unirse bajo el lema: "¡Uníos, no nos traicionéis!" 

La presión por la unidad ha dado finalmente sus frutos. "El Presidente de la República ha jugado a la ruleta rusa, pensando que podía pillar a todo el mundo desprevenido. Era incongruente, porque la única fuerza política que estaba preparada era la extrema derecha, pero ahora nosotros también lo estamos y vamos a demostrar que estamos preparados para gobernar", se felicita el eurodiputado verde David Cormand, uno de los negociadores en estos días. 

En un comunicado, LFI también se congratula de haber "frustrado los cálculos políticos" de Emmanuel Macron. 

El producto de estas largas horas de discusiones, difíciles en algunos momentos, es un programa "ruptural" para los cien primeros días de gobierno, que puede desvelarse en las próximas horas. Debería incluir la derogación de la reforma de las pensiones y del decreto de reforma del seguro de desempleo, la prohibición del glifosato y de las balsas de riego gigantescas y la congelación de los precios de los productos de primera necesidad. 

Pero lo que los partidos han acordado sobre todo es repartirse 577 circunscripciones. Esa ha sido la parte más importante de las negociaciones: aunque se había restablecido el equilibrio entre LFI (que sigue siendo la primera fuerza de la izquierda con 229 circunscripciones) y el PS (que gana un centenar desde 2022 con 175 circunscripciones), aún había que repartirlas. En algunas de ellas pueden ganar, en otras no. Por eso se han alargado las negociaciones, mientras los militantes estaban mostrando por todas partes su impaciencia por empezar la campaña e impedir que RN llegue al poder tras las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio. 

Desde el punto de vista de Paul Vannier, ex diputado de la LFI encargado de las negociaciones sobre las circunscripciones, hubo que hacer muchas concesiones para lograrlo, en particular para satisfacer a las corrientes internas del PS: "Una vez más, tomamos decisiones que nos cuestan y que cuestan a los militantes bien implantados, legítimos y con perfiles ganadores. Pero había que llegar a un acuerdo, ante el riesgo que supone la extrema derecha", afirma. 

Por ejemplo, LFI ha renunciado a una circunscripción en Ruán (Seine-Maritime), donde esperamos que gane Nicolas Mayer-Rossignol, viceprimer secretario del PS y alcalde de la ciudad. "Los socialistas han tensado constantemente las relaciones. LFI ha aportado mucho, al igual que los ecologistas, y a pesar de ello, el PS está amargado porque tiene muchos cuadros a los que satisfacer", informa una fuente ajena a LFI que participó en las negociaciones. 

La jornada del 13 de junio estuvo salpicada de rumores sobre las causas del bloqueo de las negociaciones y de exabruptos en los medios de comunicación, como el del alcalde del PS de Marsella (Bouches-du-Rhône), Benoît Payan, que amenazó con presentarse contra Jean-Luc Mélenchon si era nombrado candidato en su ciudad. 

El caso de Adrien Quatennens, diputado por la región Nord, condenado por violencia doméstica, también se esgrimió como motivo del bloqueo. La portavoz del PS, Chloé Ridel, abogó por que se propusiera en su lugar a una activista feminista, Amy Bah. Según Paul Vannier, su nombre no se mencionó durante las negociaciones, salvo al final, cuando los ecologistas dieron su parecer. Tampoco presentaron a su ex secretario nacional, Julien Bayou, diputado saliente por París, que había dimitido del partido al ser objeto de una denuncia y una investigación interna. 

“Muchos de nosotros creemos que es imposible que Adrien Quatennens se presente como candidato por el Frente Popular", explica la militante feminista y miembro ecologista del Consejo de París Raphaëlle Rémy-Leleu. “Existe un riesgo real de que se oponga la disidencia feminista". 

La información publicada en L'Opinion de que este diputado hacía circular entre sus amigos y familiares un llamamiento a las "mujeres de izquierdas y feministas" para que apoyaran su candidatura fue considerada una provocación, recordando su entrevista en la BFMTV unas horas después de su condena. El comité electoral de LFI tiene previsto reunirse esta noche para decidir sobre las candidaturas, incluida ésta. 

Los militantes independientes también están preocupados por la falta de diversidad de las candidaturas, después de que las listas europeas ya estuvieran acaparadas por profesionales de la política. Ese debate ya existía en 2022. Mientras los líderes de la izquierda llevan diciendo desde el 10 de junio que cuentan con el compromiso de la sociedad civil organizada, sindicatos, ONG y asociaciones, ¿se pueden esperar candidaturas abiertas y representativas de sus territorios? Según una fuente que ha seguido el reparto de las circunscripciones, "este es quizás el elemento que más se ha sacrificado". Una vez más, la satisfacción de los cuadros y de las corrientes internas de los aparatos políticos puede haber primado sobre otras consideraciones. 

"Para nosotros, los candidatos que se presenten a las elecciones deben mostrar este nuevo vínculo con figuras del mundo asociativo y sindical. En este ámbito, como en otros, los miembros de LFI serán ejemplares", prometen éstos en su comunicado.  

"El Frente Popular seguirá abriéndose a la sociedad civil", asegura también Johanna Rolland, primera vicesecretaria del PS. “Surge un fuerte sentimiento de responsabilidad y esperanza: tras el golpe del resultado de RN y la sorpresa de la disolución, la alternativa está en la izquierda". 

En cualquier caso, las candidaturas y las papeletas llegarán a tiempo a la prefectura. "Si queremos hacer historia, necesitamos una potente movilización popular que vaya mucho más allá de los convencidos y los aparatos de los partidos: está en juego una posible victoria electoral, así como su éxito una vez en el poder. Pongámonos a ello", ha tuiteado el economista Maxime Combes. Acaba de publicarse una nueva petición de un centenar de asociaciones, entre ellas Greenpeace y Bloom. La campaña está lista para empezar.

Traducción de Miguel López

En el mundo de Pablo Casado el PP ya ha ganado las elecciones, gobierna España en solitario, lidera una coalición anticomunista en América Latina y es el mejor amigo de los Estados Unidos de Joe Biden. El líder del PP se esfuerza en transmitir allí donde va, y donde está ahora es recorriendo las capitales del cono sur americano, que su victoria electoral está hecha, por más que aún falten dos años para las elecciones generales y que las encuestas que hasta ahora le habían acompañado gracias al viento de cola de Isabel Díaz Ayuso hayan empezado a abandonarle.

 En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación, Casado confesó sus limitadas expectativas. Sigue diciendo que va a ganar las elecciones de 2023, aunque no con el apoyo que necesita para formar el gobierno que le gustaría. Por eso, aseguró, está dispuesto a “hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista”. El líder del PP está pensando en un PSOE sin Pedro Sánchez, al que espera ver fuera de Congreso si pierde las elecciones. Un PSOE como a él le gusta y recuerda siempre que tiene ocasión: el PSOE de Nicolás Redondo o el de Javier Fernández, el expresidente asturiano que ordenó a los diputados socialistas permitir la investidura de Rajoy.

En la práctica, la idea de Casado significa recuperar la tesis del supuesto derecho a gobernar del partido más votado. Es un argumento que el PP defendió durante años para condenar las coaliciones que en el pasado le privaron de gobiernos en Comunidades Autónomas y ayuntamientos en toda España —las llamaban “coaliciones de perdedores”— pero que el propio Casado enterró en 2018 para hacerse con la Junta de Andalucía y en 2019 con los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Murcia y con municipios como el Ayuntamiento de Madrid. En todos estos casos el PP alcanzó el poder en alianzas con otros partidos a pesar de no haber sido la fuerza más votada.

Ahora que el PP cree que va a ser el partido más votado en 2023, Casado vuelve a la tesis anterior a 2018 y reclama no sólo ese derecho a gobernar en solitario sino la obligación de otros partidos —PSOE y Vox— de facilitar su investidura.

El líder de la oposición lleva jugando con esta idea desde el mes de septiembre. Entonces dijo: “Apelaremos a una mayoría suficiente que no dependa de otras formaciones políticas. Y cada uno se tendrá que retratar”. Ahora ha añadido la posibilidad de una “gran coalición” semejante a la que gobernó Alemania en los últimos años. 

A juzgar por sus declaraciones, en estos momentos a Casado le sirve, si él es presidente, un modelo que rechazó expresamente al comienzo de la legislatura porque significaba poner a Sánchez al frente del Ejecutivo. Tal era su rechazo de esa fórmula que se convirtió en el detonante de la destitución de su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, principal valedora en el seno del PP de un entendimiento entre los dos principales partidos para cerrar el paso a la influencia de los independentistas.

El propio Casado no sólo se había declarado reiteradamente en contra de una gran coalición con el PSOE sino que siempre había defendido su decisión de no facilitar la elección de Sánchez, justo lo contrario de lo que hizo el PSOE con Rajoy en 2016. “El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España”, declaró en noviembre de 2019. Una decisión de la que lleva tiempo sacando pecho porque, asegura, el tiempo le ha dado la razón. Y que según él le aconsejaron líderes como el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. El PSOE ha pactado con “comunistas”, “separatistas” y “filoterroristas”, sostiene para justificar su criterio.

En realidad Casado recupera la idea de una “gran coalición” sin saber siquiera si el PP va a ser el partido más votado. Todos las encuestas, según los expertos del sector y fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre, señalan que a dos años de las elecciones lo que hay es un empate técnico entre PSOE y PP. Y que a pesar de la fortaleza que aparentemente tiene Vox, los números no dan para que gobierne la derecha.

Eso sin contar con que ninguna encuesta está en condiciones de medir el impacto que tendrán en 2023 las candidaturas de la España vaciada. Ni cuántos escaños están en condiciones de obtener —algunos cálculos hablan de entre seis y siete— ni mucho menos a qué partido de los tradicionales puede perjudicar más. Algunos analistas creen que uno de los que más se puede beneficiar de ese terremoto político en la España vaciada es Vox, al que no falta quien atribuye cierta capacidad de enganche en áreas históricamente abandonadas por los partidos tradicionales que son sensibles además a algunos mensajes de la formación ultra, como la defensa de la caza.

Casado no aclaró cómo piensa gobernar con el PSOE cuando ambos partidos, más allá de Sánchez, mantienen posiciones antagónicas en asuntos clave como el mercado laboral, la política económica o la reforma fiscal. Y trata de mantener abierto, al mismo tiempo, si los números son suficientes, su objetivo de gobernar en solitario con el apoyo de Vox. 

Pero los ultras no han tardado en aprovechar el regreso de la idea de la “gran coalición” para señalar a Casado. “Por fin Pablo Casado se quita la careta”, escribió su líder, Santiago Abascal, en Twitter. “Está dispuesto a gobernar con los socialistas que han traicionado a España pero nunca con Vox. Es la prueba del tipo de gobierno y de leyes que quiere para España”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles formar una gran coalición con el Partido Popular recordando que, en Grecia, el PASOK "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país. Sánchez se ha expresado así en una entrevista concedida al Corriere Della Sera, recogida por Europa Press, coincidiendo con el encuentro que el jefe del Ejecutivo mantendrá este mismo miércoles con el presidente italiano, Giuseppe Conte.

En la misma, Sánchez ha respondido de esta forma al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste asegurase que a España le iría muy bien con un Gobierno a la alemana, y que englobase a socialistas y populares. "Casualmente el PP habla de una gran coalición solo cuando la primera fuerza es el partido socialista", ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha recordado el caso griego para justificar su postura. "¿Sabes por qué el PASOK, el partido socialista griego, casi ha desaparecido? Porque formó la gran coalición con la derecha, tal como Grecia estaba pidiendo medidas sociales", ha aseverado.

En esta línea, Sánchez ha reivindicado la fuerza del PSOE respecto a otras formaciones socialistas en Europa asegurando que la formación que lidera ha sido capaz de captar la frustración e indignación de los jóvenes y leer el panorama político.

La derecha vio en la pandemia una "oportunidad" para tumbar al Gobierno

"Si nos hubiéramos encerrado en el aparato y en los acuerdos de poder, habría sido muy diferente. Me preguntan por qué no hay en España un partido ecologista. En realidad lo hay: somos nosotros. Así como somos el partido de los derechos de las mujeres", ha argumentado. En este contexto, Sánchez también ha cargado contra la oposición ejercida durante la crisis del coronavirus por el partido que preside Pablo Casado, al que ha acusado de utilizar la pandemia para tratar de tumbar al Gobierno.

"He buscado la unidad con los gobiernos regionales y los agentes sociales, y lo he encontrado. Lo busqué con los partidos de la derecha, que en cambio vieron en la emergencia la oportunidad de derribar al Ejecutivo. Un enfoque incomprensible. Aquí el único enemigo público era el virus", ha apuntado. Sánchez ha reivindicado la coalición de Gobierno con Unidas Podemos, que ha calificado de sólida, destacando también las diferencias entre ambas formaciones. "Sus raíces son distintas a las nuestras; se hunden en el comunismo, no en el reformismo", ha añadido.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha destacado "la evolución del comunismo español" que, a su juicio, "ha permitido aplicar plenamente la Constitución, incluido el reconocimiento del Rey". En esta línea, Sánchez también se ha referido a su relación con Felipe VI. "Continuamos reuniéndonos una vez a la semana. Tenemos una relación muy estrecha", ha sostenido, para después destacar que, pese al protocolo, el monarca se dirige a él de forma cercana. "A un rey no se le habla de tú. Pero él lo hace conmigo. Somos de la misma generación", ha asegurado.

Por último, el jefe del Ejecutivo también se ha referido a la cuestión catalana para defender su apuesta por el diálogo. "Es posible y necesario", ha insistido, para después dejar claro que éste debe estar siempre "dentro de la Constitución".

Menos aún puede sorprendernos la inmediata reacción desde sectores políticos, económicos, mediáticos y empresariales cuya primera tentación es la que expresa sin disimulos el portavoz del eufórico nacionalpopulismo español, Santiago Abascal: deslegitimar cualquier posible gobierno progresista. Si en cuarenta años nunca hubo “momento propicio” para exhumar al dictador de su mausoleo, tampoco lo hay (al menos desde 2004 y la ‘conspiranoia’ posterior a los atentados del 11-M alimentada por el PP y sus voceros en radio y prensa) para aceptar que una mayoría de izquierdas gobierne España, por mucho que esa mayoría obedezca a la representación parlamentaria salida de las urnas. Por resumirlo con un ejemplo: ningún demócrata pone en cuestión la legitimidad de que en Madrid gobiernen la segunda y tercera fuerza con el apoyo externo de la extrema derecha, pero “ellos” deciden que no es “legítimo” que el partido ganador de las elecciones generales intente gobernar en coalición con el cuarto y con el apoyo de otras formaciones que compartan un programa. Los mismos que llevan meses clamando sobre la absoluta prioridad del “desbloqueo político” se retratan ahora demostrando que se referían únicamente a un desbloqueo por la derecha, nunca con otro rumbo distinto. Ya se sabe que para ese discurso dominante la estabilidad sólo se garantiza desde la óptica neoliberal. No les vale ninguna otra alternativa, por moderada que sea (incluso light, en palabras del sindicalista Unai Sordo).

Aún es pronto para considerar factible la investidura, pero el simple hecho de que todos esos autoproclamados “guardianes de las esencias patrias” se hayan lanzado a poner palos en las ruedas significa que conviene no despistarse ni caer en la trampa de limitarnos a ocupar páginas, redes y telediarios comentando los mensajes apocalípticos que lanzan los habituales fabricantes del miedo o hilvanando quinielas diarias sobre posibles ministros o ministras o secretarios de Estado del PSOE, de Podemos o independientes. Con el añadido, esta vez, de que se abrirá seguro un debate nacional sobre la “idoneidad” de cada nombre para el desempeño de sus funciones. (¿Existirá otro pueblo en el mundo más aficionado que el nuestro a juzgar las habilidades o inutilidades de un político, un entrenador, un periodista, un futbolista, un mecánico o un albañil? ¡Lo que no sabremos nosotros acerca de todo lo que ignoramos!).

Es hora, sin embargo, de poner en valor la triple oportunidad que supone a mi juicio para España y sus gentes la conformación de un Gobierno progresista, apoyado en la realidad multipartidista, capaz de abordar el profundo cambio de época que vivimos en tres frentes muy concretos y en mi opinión capitales:

1.-  Economía, empleo y desigualdad.- El pacto entre PSOE y Unidas Podemos asume “los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”, lo cual desmonta por un lado todos los disparates que se escuchan sobre el advenimiento de políticas “comunistas” o “bolivarianas” y limita por otro la capacidad para abordar reformas rápidas y profundas que exigirían un gasto público que la famosa “estabilidad presupuestaria” impide, más aún en un ciclo internacional de desaceleración. Pero se abre una clara oportunidad para enterrar las políticas austericidas que han disparado la brecha de desigualdad en España y en todo el sur de Europa. Es hora de demostrar que el discurso único neoliberal es una peligrosa falacia que aún puede hacer más daño del ya causado. Desde Portugal, un gobierno de izquierdas ha demostrado que se pueden cumplir las directrices europeas con una fiscalidad más justa y progresiva, subiendo salarios y pensiones, gravando más a grandes empresas y fortunas, apoyando a pequeños empresarios y autónomos y facilitando las inversiones extranjeras. La clave de bóveda de un capitalismo más justo y equilibrado es la fiscalidad, y lo que nos separa de Europa no son los compromisos de estabilidad presupuestaria sino que seguimos unos seis puntos por debajo en presión fiscal y mantenemos un fraude bastante más elevadoseis puntos por debajo en presión fiscal. Por más que gesticulen, lo que preocupa a los poderes financieros y a las élites empresariales no es que se forme un gobierno ‘socio-comunista’, sino que se lleve a cabo un proyecto político que ponga límites a un capitalismo salvaje, especulativo y extractivo, que se caracteriza precisamente por incumplir las mínimas reglas de la libertad de mercado, al consentir el funcionamiento de oligopolios que imponen sus reglas, precios y condiciones a medida que han ido debilitando la capacidad regulatoria del Estado. Simplemente la apuesta por la transición ecológica, con un planteamiento de la economía condicionado por la emergencia climática, debe suponer un avance fundamental en la creación de empleo cualificado, que ayude a luchar contra la precariedad y a favor del trabajo digno.

2.- Estado plural y convivencia.- Llevamos muchos años perdidos a la hora de afrontar los conflictos territoriales y los problemas de convivencia focalizados en Cataluña pero no exclusivos de esa comunidad. La negación de un complejo problema político por parte de los gobiernos del PP y el desbordamiento de la legalidad por parte del independentismo han conducido a una crisis constitucional cuya solución (como el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han advertido en distintas sentencias) no puede encontrarse en la vía judicial o penal. Costará años, quizás generaciones, pero la única posibilidad de recuperar la convivencia y de superar un conflicto que fractura casi por la mitad a la sociedad catalana es abrir desde ya espacios de diálogo en los que empezar a discutir pasos concretos, desde el respeto a las mayorías y también a los derechos reivindicados pacíficamente por las minorías. Es falso que no existan alternativas al 155 o a la vía unilateral hacia la independencia. Es lamentable que se hayan derrochado toneladas de electoralismo fuera de Cataluña inflamando un discurso nacionalista español que tiene mucho que ver con el vertiginoso crecimiento de la ultraderecha nacionalpopulista. Quizás la pura necesidad de desbloqueo político y el riesgo de asumir la responsabilidad de otra repetición electoral terminen acelerando la exploración de instrumentos como la reforma constitucional, los referéndums pactados y la superación de complejos acerca de la plurinacionalidad del Estado español y su diversidad innegable y enriquecedora. Una vez que Vox ha salido de las entrañas del PP y está dispuesto a devorarlo como ya ha hecho con el espacio extremista al que Rivera condujo a Ciudadanos, quizás en el PP se asuma la necesidad de una reflexión profunda sobre el papel que quiere jugar en el tablero democrático y en la solución a los problemas de España. Del mismo modo que ERC, una vez demostrada la inviabilidad de la vía unilateralista y las ensoñaciones carlistas del sector de Puigdemont, tendrá que decidir si sigue defendiendo sus objetivos legítimos por vías estrictamente democráticas, dando la batalla política sin complejos también a quienes etiquetan como traidor al catalanismo a todo aquel que rechaza una hoja de ruta excluyente que acaba con políticos en la cárcel y que abona ese “¡a por ellos!” igualmente antidemocrático.

3.- Derechos y calidad democrática.- Si alejamos un poco la vista de la más reciente disputa electoral, del titular más comentado en el día de ayer o del último tuit o post que haya incendiado las redes, deberíamos ser conscientes de lo que esta coyuntura política supone sobre nuestro presente y futuro como país y sobre el sistema de convivencia que deseamos para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos ya suficientes evidencias reales en los últimos años, y muy especialmente en los últimos meses, de la regresión que supone el desplazamiento hacia la extrema derecha de todo el espectro político conservador. Porque no sólo se trata del griterío xenófobo, antifeminista, contra la libertad sexual y de género o contra el derecho al aborto. No sólo debe alarmarnos el discurso apologético del franquismo que protagoniza Vox. Es que su influencia y capacidad de prescripción del discurso de aquellos a los que apoya para ejercer el poder en distintas comunidades autónomas se han ido traduciendo ya en medidas concretas que son saltos atrás, en la senda exactamente contraria a la recorrida por la sociedad española desde 1977. La lógica del progreso debería llevarnos a consolidar de una vez por todas la igualdad real entre hombres y mujeres, o el derecho a una muerte digna, o la reparación a todas las víctimas del franquismo después de haber exhumado (ya era hora) al dictador de su mausoleo…

Quienes soñaban con un cómodo regreso al bipartidismo o incluso con grandes coaliciones que blinden los intereses de las élites aunque dañen (quizás de forma irreparable) la esencia de nuestro sistema democrático, han comprobado que devolver la papeleta a la ciudadanía no resuelve el bloqueo político. Quienes desde abril tenían en sus manos intentar un gobierno progresista capaz de avanzar hacia un país más justo, moderno y plural, superador de los sectarismos, también han percibido el castigo por la frustración causada. La tozuda realidad multipartidista quizás nos conduzca, por la vía tan castiza de “hacer de la necesidad virtud” o de elegir “el mal menor” a una inevitable encrucijada en que las alternativas posibles se reduzcan a elegir entre el “¡a por ellos!” o “¡a por el futuro!”, entre la España de la palabra y la de los garrotazos, entre la que representa el poeta y flamante Premio Cervantes Joan Margarit y esa España a la que aspira el juez Serrano.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que se comprometa públicamente durante la campaña electoral a no llegar a un acuerdo de legislatura o de investidura con el PP en caso de que el PSOE sea la formación más votada en las generales de noviembre, informa Europa Press.

En un mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo (Asturias) al que han asistido en torno a 1.000 personas, y en el que Iglesias ha sido acompañado por la cabeza de lista para Asturias, Sofía Castañón, y por el candidato por Madrid, Rafa Mayoral, ha insistido en que el plan de los socialistas es "sacar de la ecuación de Gobierno a Unidas Podemos" y colocar al PP.

A su juicio ésa es la estrategia que existe detrás de la propuesta del Ejecutivo a la Unión Europea con medidas económicas, y sobre la que, añade, no hay consenso en el "gobierno monocolor de Sánchez" entre la ministra de Trabajo y la de Economía. Según ha apostillado el líder morado, en el PSOE quizá piensen que "con Rivera no, pero igual con Casado sí".

"¿Por qué Pedro Sánchez podría querer repetir elecciones?, porque calculó que podía acercarse a la mayoría absoluta y que nosotros nos podríamos hundir, ese era el contexto ideal para pedirle el apoyo a Casado", ha explicado Iglesias.

Según el candidato a la Presidencia del Gobierno, ése es el motivo por el que durante la campaña los partidos "que se dicen constitucionalistas" no hablen de desahucios, de autónomos, de industria, del derecho a la vivienda o de la más que posible crisis económica que puede llegar, y sí "de Cataluña y la momia" –por la exhumación del dictador Franco–.

"La parida de la campaña"

En este sentido, el líder morado ha calificado de "la parida de la campaña" las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al periódico La Razón en las que defendía que la violencia en Cataluña había sido de "mucho mayor impacto" que la del País Vasco.

Iglesias ha indicado que Marlaska "no es idiota" y que con ese tipo de comentarios construye la excusa del PSOE para un futuro acuerdo con el PP, y añade que por ese motivo también se manifestaron en Cataluña los socialistas con PP, Vox y Ciudadanos, "porque quieren utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP".

Tal y como ha defendido en otros actos de precampaña, Iglesias ha señalado que detrás de ese acuerdo que buscan PSOE y PP están los recortes que prevén que tendrán que adoptar en materia económica una vez que llegue una nueva crisis, y se ha dirigido al resto de partidos para espetarles que puesto que son "constitucionalistas" debatan con él sobre la Carta Magna y sobre como usarla para afrontar esa recesión.

El artículo más patriota: el 128

Así, Iglesias ha insistido en que la etiqueta de constitucionalistas es solo la excusa para encajar en la opinión pública que el PSOE asistiera a la manifestación de Sociedad Civil Catalana junto a la extrema derecha este domingo. Y ha recordado que el artículo más patriota no es el 155 sino el 128 que señala que la riqueza del país está subordinada al interés general y que por lo tanto puede ser usado para crear una empresa pública de energía.

Tras esto, el líder morado ha desgranado una serie de medidas estrella que lleva en su programa como la de no privatizar Bankia y usarlo como banca pública, la escuela pública y gratuita de 0 a 3 años, anclar la revisión de las pensiones al IPC por ley o la gratuidad de la enseñanza universitaria.

Después de enumerar una serie de artículos sociales de la Constitución, Iglesias ha señalado que si entran en el Consejo de Ministros estarán dispuestos "a mirar a los bancos a la cara" para que devuelvan el rescate que ha cifrado en 60.000 millones de euros y para advertirles de que no pueden ser dueños de medios de comunicación.

El expresidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, ha reconocido sus errores al mismo tiempo se ve como un chivo expiatorio de su partido para todo lo que ha salido mal, según ha reconocido en una entrevista repleta de franqueza a la revista alemana Der Spiegel.

"Cometí un error tonto y quedé vendido a mis rivales", ha comentado el político al escritor Markus Feldenkirchen en un extracto publicado hoy en Der Spiegel. "Valoré erróneamente este agujero de credibilidad. Lo valoré de manera completamente errónea", indicó sobre un error que le costó un puesto en el nuevo Gobierno de la canciller Angela Merkel, así como la jefatura de su partido.

Después de las elecciones alemanas del 24 de septiembre, donde quedó claro que Merkel necesitaría de nuevo un compañero de baile para gobernar, Schulz declaró que nunca formaría parte de un Ejecutivo capitaneado por la mandataria. Sin embargo, el SPD decidió dejar de lado su idea inicial de volver a la oposición tras cuatro años de Gobierno con Merkel y volvió a sentarse en la mesa de negociaciones tras el fracaso de los conservadores para formar una alianza con los liberales y ecologistas.

Cuando se alcanzó finalmente el acuerdo de coalición entre conservadores y el SPD, Schulz anunció su intención de dimitir del cargo de líder del partido y sus deseo de ser el nuevo ministro de Exteriores de Alemania, pero una oleada de críticas internas que lo acusaron de faltar a su palabra lo obligó a dar un paso a un lado. En la entrevista, Schulz asume que cometió un error cuando se mantuvo al frente del partido después de decidir negociar un Gobierno con los conservadores de Merkel. "Ahí habría tenido que dimitir. En ese momento debería haberme ido", ha comentado el político de 62 años.

Sin embargo, entonces pensó que si el presidente federal de Alemania lo convocaba para hablar sobre la formación de Gobierno y la necesidad de hablar con los conservadores, entonces no podía negarse o dimitir. Su disciplina fue su perdición, ha comentado. "Fui un líder de partido desafortunado", reconoció Schulz echando la vista atrás. "Creo que no he fracasado políticamente, pero seguramente en parte me he estrellado contra las estructuras del partido", comentó el exdirigente, que aseguró sentirse "el cabeza de turco ideal para todo lo que ha hecho mal el partido desde hace años".

La dura campaña electoral y las difíciles negociaciones para formar Gobierno que hicieron que Merkel tuviera que esperar más de cinco meses para asumir su puesto como canciller del país europeo dejaron agotado al ex presidente del Parlamento Europeo. "Dios, estoy cansado. Increíblemente cansado", comenta Schulz en la entrevista. "No sé si volveré a estar bien de nuevo. Creo que necesito medio año para volver a tener fuerzas".

El Partido Social Demócrata (SPD) de Alemania ha vuelto a desplomarse en los sondeos de opinión hasta registrar un nuevo mínimo, tras alcanzar un acuerdo con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel para reeditar la 'gran coalición'.

De acuerdo con un sondeo de Infratest Dimap publicado este viernes, solo un 16 por ciento de los interrogados votaría por el SPD si hubiera nuevas elecciones, lo que representa una caída de dos puntos en apenas dos semanas.

Ahora mismo, el SPD supera por tan solo un punto porcentual a los ultrederechistas de Alternativa por Alemania (AfD), que, en cambio, han subido un tanto.

La popularidad de los socialdemócratas está en caída libre desde las elecciones federales celebradas el pasado 24 de septiembre, en las que obtuvo un 20,5 por ciento de los votos, su peor resultado desde 1949.

La sangría en el SPD se debe a la decisión de facilitar un nuevo Gobierno de la CDU, algo que prometió no hacer durante la campaña electoral.

Si los socialdemócratas hubieran mantenido su promesa electoral, Merkel se habría visto abocada a convocar elecciones anticipadas, tras el fracaso de las conversaciones con verdes y liberales para explorar la llamada coalición 'Jamaica'.

Por su parte, la CDU y su socio bávaro, la Unión Cristiano Social (CSU), suman un 33 por ciento, mientras que Los Verdes obtienen un 13 por ciento, La Izquierda se queda con un 11 por ciento y los liberales con un 9 por ciento.

Los conservadores liderados por la canciller alemana, Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata (SPD) han logrado sellar este miércoles un acuerdo para formar un gobierno de gran coalición tras toda una noche de negociaciones, según informan los medios locales. Sería la tercera gran coalición de Merkel –la primera fue entre 2005 y 2009 y la segunda desde 2013 a 2017–.

El acuerdo deja claro el reparto de carteras ministeriales, con los socialdemócratas al frente del Ministerio de Finanzas, uno de los departamentos clave del Gobierno. El alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, será quien ocupe dicha cartera, según la agencia DPA.

Por su parte, Martin Schulz, ocupará la cartera de Exteriores, Trabajo y Bienestar Social, Justicia, Familia y Medio Ambiente en el nuevo Gobierno y renunciará a su puesto como líder del (SPD) Partido Socialdemócrata de Alemania, según han indicado fuentes del partido este miércoles a DPA.

Además, el diario Bild ha señalado que el líder de la Unión Social Cristiana (CSU), Horst Seehofer, partidario de una línea dura en materia de inmigración, será el ministro del Interior del nuevo Gobierno germano. El mismo rotativo ha indicado que la Unión Cristiano Demócrata (CDU), el partido de Merkel, se quedará con las carteras de Defensa y de Economía.

"Cansados. Pero felices. El acuerdo está hecho. Al fin", ha indicado el SPD en un mensaje de WhatsApp acompañado de una foto de los siete miembros de la formación, entre ellos Schulz y Scholz, que han participado en las maratonianas conversaciones que se han celebrado en la sede de la CDU.

A falta de la luz verde del SPD

El acuerdo llega más de cuatro meses después de las elecciones y tras un intento fallido por parte de Merkel de crear una coalición con los liberales y los ecologistas. No obstante, aún quedan algunos pasos por superar antes de que la nueva gran coalición vea la luz, el más importante de ellos el aval de los militantes del SPD.

En este sentido, está previsto que Schulz inicie el 17 de febrero una campaña para animar a los militantes de su partido a votar a favor del acuerdo de Gobierno, mientras que la CDU de Merkel tiene intención de votar el acuerdo final de coalición en un congreso en Berlín a finales de este mes.

Entre el 3 y el 4 de marzo, el SPD procederá a hacer el recuento de la consulta realizada entre sus cerca de 440.000 afiliados, cuyo voto sobre el acuerdo de coalición es vinculante. El resultado es incierto, ya que las Juventudes Socialdemócratas están haciendo campaña en contra.

A continuación, hacia el 6 o 7 de marzo, podría convocarse una sesión extraordinaria del Bundestag en la que Merkel sería elegida canciller para asumir su cuarto mandato consecutivo y el tercero en coalición con el SPD, tras el primer mandato (2005-2009) y el de la última legislatura.

De esta forma, medio año después de las elecciones de septiembreelecciones de septiembre, Alemania podría tener nuevo gobierno y poner fin al periodo más largo con el Ejecutivo en funciones desde 1949.

Principales puntos del acuerdo

El acuerdo, de 177 páginas, incluye un capítulo sobre política migratoria que establece que en el futuro los procedimientos de asilo se tramitarán a través de los "centros de acogida, decisión y retorno" y que congela las reunificaciones familiares hasta el 1 de agosto, fecha a partir de la cual habrá un cupo de 1.000 al mes, informa Europa Press.

En materia de seguridad, han decidido crear 7.500 nuevos puestos de trabajo en las fuerzas del orden y otros 6.000 en la administración de justicia, así como crear un estándar nacional para mejorar la lucha antiterrorista. Sobre defensa, han pactado restringir la exportación de armas.

Uno de los campos de mayor controversia ha sido el económico. La Unión Cristiano Demócrata (CDU) y el Partido Social Demócrata (SPD) se han comprometido a no subir los impuestos y a eliminar paulatinamente el llamado impuesto de solidaridad, cuya finalidad es transferir riqueza de los estados de la antigua República Democrática Alemana (RDA).

En el ámbito laboral, han acordado acabar con los contratos temporales que se encadenan sin justificación alguna. Ahora, solo podrán renovarse hasta sumar 18 meses, frente a los 24 actuales. Además, a partir de 2019, la contribución a los seguros médicos públicos se dividirá a partes iguales entre trabajador y empresario.

También hay cambios en las pensiones. Aunque se mantendrá el sistema de cálculo hasta 2025, en el caso de las mujeres que han tenido tres o más hijos antes de 1992 se computará el tiempo dedicado al cuidado de los niños y se dará una prestación social a quienes hayan cotizado 35 años y tuvieran menores u otras personas del entorno familiar a su cargo.

El pacto entre la CDU y el SPD abarca asimismo al sector de la construcción. Se impulsarán medidas para frenar la subida del precio de los alquileres en zonas con gran demanda, se invertirán miles de millones de euros en vivienda social y se darán 1.200 euros por hijo y año durante una década para favorecer su acceso a la vivienda.

Otro apartado importante es el relativo a la educación. Los dos partidos han coincidido en la necesidad de poner en marcha un plan de inversiones en las escuelas y mejorar las oportunidades educativas mediante una mayor colaboración entre el Estado y las regiones.

Destaca también el capítulo de clima y energía. CDU y SPD han acordado trabajar para lograr los objetivos fijados en el Acuerdo de París y elaborar un plan para la reducción gradual y el cese de la generación de energía a partir del carbón. Para mejorar la calidad del aire en las ciudades, se comprometen a promover el coche eléctrico.

En cuanto a la Unión Europea, las principales formaciones políticas de Alemania han considerado que el país debe jugar un papel activo en el fortalecimiento de la UE y, de la mano de Francia, impulsar la reforma de la zona euro.

Las negociaciones entre los conservadores de la canciller alemana, Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata (SPD) para formar una nueva gran coalición se prolongarán al menos hasta el lunes, con lo que se superará el plazo autoimpuesto para lograr un acuerdo de gobierno este domingo, informa Europa Press.

Fuentes cercanas a la negociación han explicado a la agencia de noticias DPA que las negociaciones probablemente se suspenderán este domingo para ser reanudadas el lunes.

Tampoco está claro si habrá acuerdo sobre todos los puntos que están sobre la mesa antes de que termine el domingo. Si se consigue, solo restaría el lunes la formulación oficial del acuerdo de coalición. De lo contrario, habrá más contactos y negociaciones.

Distintas voces han advertido ya a lo largo de esta semana de que las negociaciones podrían durar hasta la semana próxima y han apuntado a cuestiones como la normativa laboral o la sanidad como ámbitos aún a cerrar.

La propia Merkel ha apuntado a que no será fácil cerrar el pacto. "Hay aún cuestiones importantes que deben acordarse", ha declarado este domingo.

El líder del SPD, Martin Schulz, ha abundado en esta postura. "Al final se trata de no incrementar la presión por tal o cual fecha límite, algo que no es necesario en una fase tan decisiva", ha argumentado.

¿Conformar de nuevo una gran coalición con los conservadores u oponerse y celebrar nuevas elecciones? Este domingo 21 de enero, en Bonn, los 600 delegados regionales del SPD se dan cita en un congreso extraordinario para dar respuesta a esta cuestión existencialista para los socialdemócratas alemanes.

“Las opiniones que se oyen aquí y allá en los debates presentes en las federaciones demuestran que el resultado del domingo está abierto. Los contrarios a una GroKo [gran coalición] tienen esta vez la oportunidad de imponerse”, afirma Kevin Kühnert –líder de las juventudes del partido (Jusos) y el detractor más activo en lo que se refiere a la reedición de la gran coalición–, en un encuentro celebrado esta semana en Berlín con medios de comunicación extranjeros.

La esperada votación del domingo se enmarca en la larga carrera de obstáculos que mantiene a Alemania en la incertidumbre desde que Angela Merkel fracasó a la hora de formar la única coalición aceptable para ella, con ecologistas y liberales. La  canciller, que se encuentra en un callejón sin salida, trata de seducir al SPD, formación que decidió, después de conseguir el peor resultado electoral de su historia, que había llegado el momento de liberarse del peligroso abrazo de Merkel para recargar pilas en la oposición.

Así las cosas, el domingo se sabrá si el principio de acuerdo presentado el 12 de enero por el presidente del partido Martin Schulz, y negociado durante cinco días de “conversaciones preliminares” con los conservadores, constituye la base necesaria para formar un nuevo gobierno. Mientras tanto, en todo el país, las federaciones regionales y las secciones locales del SPD se han convertido en lugares de intensos debates entre partidarios y detractores (GroKo y No Groko, respectivamente). “El debate contradictorio se desarrolla como corresponde a un partido democrático, es decir, con serenidad y sobre una base argumentativa y objetiva”, se felicita Kevin Kühnert, que dice sentirse orgulloso por que su partido afronte tan bien “este ejercicio democrático”.

"La píldora amarga de la CSU"

Pese a su tono conciliador, el joven de 28 años ataca directamente a la gran coalición, una alianza que no le satisface en absoluto. “Las reivindicaciones centrales del SPD no están recogidas en el acuerdo. Ni rastro de la seguridad social ciudadana que ponga fin a la sanidad de dos velocidades; no encontramos ninguna señal favorable al mejor reparto de la riqueza por la vía impositiva. Y, además, nos veremos obligados a tragarnos la píldora amarga de la CSU [aliado bávaro de la CDU, más a la derecha] en lo que respecta al derecho de asilo, con el establecimiento de un límite superior anual para la acogida de refugiados”, dice.

“Además de la débil huella socialdemócrata, el texto también está impregnado del estilo de años anteriores. En lo que respecta a los grandes temas de futuro un poco complejos, como las pensiones, es hora de definir una línea más tarde, mediante la constitución de comisiones ad hoc. Ahora bien, en la última legislatura, hemos visto que se pospusieron numerosas leyes y medidas prometidas”, añade.

Cuando se le pregunta si la actitud del SPD, en un país en que el sistema político impone el compromiso y las coaliciones, no será excesivamente egocéntrica, cuando Alemania y Europa esperan reformas, Kühnert lo niega: “Un partido no es una organización pública. Tiene derecho a elegir su destino en función de aquellos a los que representa. Sé que tenemos una gran responsabilidad en Europa, por eso soy favorable a que el SPD, en la oposición, alcance un acuerdo puntual con el eventual gobierno conservador minoritario de Angela Merkel. No veo por qué el SPD debería elegir una solución donde se sacrificaría y que le condenaría a muerte. Y todo sólo para reformar un poco Europa”.

Poco después, Kevin Kühnert acaba por reconocerlo: “Incluso si el acuerdo del viernes contuviese la creación de un seguro sanitario ciudadano y la subida de los tipos impositivos más altos, me opondría a la gran coalición. Para mí, lo importante, es que el SPD se renueve y empiece a construir una alternativa política donde puede convertirse en el líder”.

Con estos argumentos el joven, que representa a los 12.000 afiliados menores de 35 años con que cuenta el SPD, de los 430.000 afiliados del partido, se recorre el país para convencer a sus colegas de que se opongan a la GroKo. Sus argumentos a menudo calan, sobre todo en las federaciones más perjudicadas por el auge del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), es decir, en las federaciones del este.

Ya se sabía que el SPD de Turingia votará No Groko, pero el sábado el discurso de Kühner ahondaba en las palabras tranquilizadoras del peso pesado que es Sigmar Gabriel, ministro de Asuntos Exteriores, y llevaba a sus colegas de Sajonia-Anhalt a rechazar la alianza con los conservadores. Un ejemplo seguido dos días después por los berlineses.

Sin embargo, si bien la corriente No Groko va viento en popa, no está –ni mucho menos– todo dicho. Porque las federaciones de Berlín, Turingia y Sajonia enviarán sólo 37 delegados al congreso del domingo, mientras que la de Renania (NRW) estará representada con 144 (divididos sobre el asunto); la de Baja Sajonia (favorables) contará con 81; la de Hamburgo (favorable), 15 y la de Baden-Wurtemburgo (favorable) tendrá 47 delegados. Además, algunos sondeos llevan a pensar que los alemanes –pero también votantes y afiliados del SPD– aunque lamentan el principio de acuerdo, apoyan en una amplia mayoría la apertura de las negociaciones de la coalición.

Mientras que Martin Schulz visita incansablemente a las secciones locales y a los delegados regionales, el posicionamiento de los jefes de filas del ala izquierda del SPD puede contribuir a hacer cambiar definitivamente el viento a favor de la posición defendida por Schulz. Entre ellos Ralf Stegner, dirigente de la federación de Schleswig-Holstein, tradicionalmente muy crítico frente al acuerdo con la derecha, o Matthias Miersch, que representa la “izquierda parlamentaria del SPD”.

Pero, para ellos, sería lamentable no intentar conseguir más por una nueva negociación sin concesiones. “Estoy y sigo escéptico con relación a la GroKo, pero el SPD no puede permitirse irse de vacaciones o someterse a una cura. Actualmente, sólo hay una alternativa, negociar para formar una gran coalición o celebrar nuevas elecciones en breve, por las que los populistas de derechas nos estarían seguro eternamente agradecidos”, decía Ralf Stegner en este tuit (abajo). Por su parte, Matthias Miersch recuerda que, en última instancia, tras eventuales nuevas negociaciones, el SPD organizará un referendo donde las bases juzgarán sus hechos.

En las redes sociales esos argumentos parecen dar puntos. Todavía más en la medida en que, como admite Andrea Nahles, exministro de Empleo y de Asuntos Sociales, nadie tiene un plan B, en caso de decir no a una gran coalición. Incluso el muy convincente Kevin Kühnert se muestra más dubitativo en ese punto: “Nunca he dicho que estuviese a favor de la celebración de nuevas elecciones. Pienso que la solución de un gobierno conservador minoritario sería ideal”, repite. Sí, pero Kühner no decide por Angela Merkel, que se opone tajantemente.

Mientras, los sondeos publicados esta semana sitúan la intención de voto del SPD en un exiguo 18% –en el peor de los casos, a cuatro puntos de la ultraderecha–, de forma que el miedo de un verdadero desastre electoral es fuerte: “Si rechazamos la coalición, Schulz estará acabado y se producirán salidas. Iremos al combate con una dirección provisional, en medio del caos. ¿Cuál será la reacción del electorado? Corremos el riesgo de ser sancionados por no haber asumido nuestras responsabilidades”, señala preocupado un militante berlinés, que pide anonimato.

Y las razones evocadas recientemente por la jefa del grupo parlamentario de Die Linke, Sarah Wagenknecht, y su esposo y compañero de filas Oskar Lafontaine constituyen otro motivo de inquietud. En el último número del semanario Der Spiegel, Wagenknecht aludió a la posibilidad de crear “un gran movimiento unificador a la izquierda”, proponiendo que los dirigentes de diferentes partidos favorables a esta idea “se reúnan para crear algo nuevo”. Y dos días después, recibía al francés Jean-Luc Mélenchon en Berlín, pionero de esta vía.

La puesta en práctica de la idea de Sarah Wagenknecht sin duda tendrá que esperar un poco. Los responsables de Die Linke saludaron, en su mayoría, su discurso de unión de las izquierdas, pero rechazaron categóricamente la idea de crear otro partido. Además, la pareja Wagenknecht-Lafontaine actualmente está en guerra casi abierta con los dos copresidentes del partido, Katja Kipping y Bernd Riexinger. Esta propuesta podría ser, ante todo, una maniobra dirigida a desestabilizar a sus rivales. Pese a todo, una parte del mensaje le ha llegado correctamente al SPD: los futuros decepcionados del SPD saben a quién dirigirse para seguir luchando en la izquierda. __________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene que entender" que su decisión de que el partido se "parezca más" a Podemos, le hace "romper puentes" con una parte del PSOE y con Ciudadanos.

"Tiene que entender que eso le rompe puentes con una parte de su partido y con partidos que son de centro", ha manifestado en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, preguntado por el "giro" hacia la izquierda del PSOE con la elección de Pedro Sánchez como líder socialista.

Rivera sostiene que Sánchez "tiene derecho a ser lo que quiera" y ve "legítimo" que haya "tomado la determinación de parecerse más Podemos" y de ir a por los votos que el PSOE perdió por la izquierda en las pasadas elecciones. Eso sí, ha apuntado que desde Ciudadanos no lo "comparten".

En concreto, ha criticado el concepto de nación de naciones defendido por Sánchez, al mismo tiempo que ha recordado que "hay gente" en el PSOE que "cree en un Estado Autonómico". Asimismo, ha apuntado que otra de las discrepancias principales entre el partido naranja y los socialistas radica en el acuerdo de libre comercio bilateral entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), un tratado que el PSOE ha dejado de apoyar.

"Normalizar" reuniones

Y ante el encuentro que este miércoles mantendrá con Pedro Sánchez, Rivera ha destacado que intentará buscar "puntos en común" en temas como la ley electoral o la supresión de los aforamientos. "Nos toca poner qué cosas podemos hacer juntos" porque "las que discrepamos las conocemos", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que espera ver a un PSOE "que actúa diferente" y a favor de la regeneración, al mismo tiempo que ha rechazado que los socialistas "sigan al lado del PP" en estos asuntos.

También se ha referido al encuentro que mantuvo este martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, poco después del que se produjo entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apostando por "normalizar" las reuniones y negando que estas reuniones por separado ejemplificaran dos ejes políticos.

Respecto a los temas sobre los que habló con Rajoy, ha declarado que trataron temas de Estado, económicos y europeos, y otros puntos "en común". Si hubieran hablado sobre corrupción, ha explicado Rivera, la reunión "hubiera sido más larga" ya que existen discrepancias "obvias"·, entre los partidos.

En este sentido, ha advertido de que la corrupción "pasa factura" a España y es "un lastre" para la economía española. Así, ha abogado por "trabajar" contra la corrupción, por hacer reformar que la combatan e investigarla en comisiones parlamentarias. Aunque sostiene que "se tarda tiempo" en "limpiar la herida".

Rechaza "acuerdos sin ningún tipo de nexo"

Rivera ha incidido en que con un Gobierno del PP liderado por Rajoy "es más difícil" conseguir esa "limpieza" de las instituciones, pero ha rechazado la intención de Sánchez de "buscar en los despachos acuerdos sin ningún tipo de nexo común para quitar un Gobierno que ha sido elegido hace siete meses" y ha ganado dos elecciones generales.

"Las urnas son así de caprichosas", ha remarcado Rivera, para después subrayar que, a pesar de que Ciudadanos está a favor de que haya un Ejecutivo que "no esté bajo sospecha de corrupción", eso "hay que ganarlo en las urnas".

"Hay un espacio colindante entre PSOE y Cs, pero eso no nos dan los escaños ni tenemos proyecto común para poder gobernar", ha remarcado, insistiendo en su disposición a explorar "el espacio de entendimiento" con socialistas.

Es incluso respetable el hecho de que los electores pongan al frente de las administraciones a personas que son incapaces de cuadrar sus ingresos oficiales con los reales y lleven una vida de opulencia inexplicable. Andando el tiempo aparecen distorsiones en las cuentas públicas que merman la capacidad de las administraciones de cara a prestar el servicio para el que están destinadas porque los sobrecostes de las adjudicaciones de obras, siempre a empresas afines a la causa, arruinan a los ciudadanos.

Ahora dicen que no se puede bajar la factura de la luz porque los impuestos que generan estas subidas son imprescindibles para el normal funcionamiento del Sistema. Es que lo queremos todo.

Los responsables políticos de estos cargos electos que, en algunos de los casos, terminan siendo investigados, aunque el Gobierno, como sabemos, trata de impedirlo acotando el periodo de instrucción, ponen a su servicio su aparato de defensa, en su día encabezado por el señor Trillo, hasta que la cosa se complica y les hacen abandonar su puesto con entrega de carné incluida para demostrar que no existe relación entre el investigado y el partido desde el que ha trincado la pasta.

Se da la paradoja de que, durante mucho tiempo, en los mayores focos de corrupción la opción próxima al entramado delictivo era la que más crecía en las sucesivas elecciones. A riesgo de ser calificado de totalitario uno tenía que aplaudir el resultado de las elecciones y, de paso, respetar el deseo de los votantes aunque ese deseo fuese legitimar el latrocinio en la esperanza de poder participar en el reparto del botín. Circunstancia que se daba con mayor evidencia en las localidades costeras, donde las recalificaciones de terrenos y quebranto de la ley producían mayores beneficios a corto plazo.

El pago de estos desmanes, las comisiones y los disparatados sobrecostes de las obras públicas, provocados por esta forma de hacer política, no lo pagan los respetables ciudadanos que votan a presuntos delincuentes, sino también los que no les votan, pero el respeto al votante tiene un precio en democracia, nadie dijo que este sistema fuera barato. Y menos aún cuando está en manos de personas que no creen en él.

El respeto al votante en democracia es sagrado.

Sin embargo, esta máxima admite excepciones y este fin de semana con los congresos del Partido Popular y de Podemos se evidencia.

En el caso del partido que tiene más de ochocientos investigados, sólo en los principales casos de corrupción, todo funciona como un reloj perfecto, según nos cuentan nuestros ciudadanos informantes. La estabilidad de la que disfrutan es encomiable, el partido está fuerte y nadie duda que van a ser la opción más votada, que junto a esa falacia que han inventado según la cual el más votado es el que debe gobernar aunque no tenga mayoría, se las cuentan muy felices en una especie de asentamiento irreversible en las instituciones.

Ya ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, donde gracias al apoyo del PSOE, el PP vuelve a tener la mayoría en ese órgano que fiscaliza las decisiones que salen del Parlamento, es decir, que está por encima de la voluntad popular. Esta composición no refleja la realidad social, ni siquiera la del voto. Al loro.

Creo que esa estabilidad en el congreso de este fin de semana viene dada por la estabilidad mediática de la que disfrutan en estos tiempos donde la línea editorial de los principales medios de comunicación es homogénea y favorable a su permanencia en el poder aunque incumplan la ley. Tal vez para eso los compraron las grandes corporaciones.

Por otro lado, el hecho de que no haya habido una sección de gente de derechas honrada que se haya plantado y exigido una renovación de la cúpula de ese partido corrompido hasta la médula implica que el acceso a las instituciones para trincar se establece como norma. No hay esperanza de un viraje hacia la honradez y el respeto a las leyes.

Uno es lo que se sabe de él. De estos dos congresos sabemos que uno es el de la gente de orden y el otro una jaula de grillos.

Esa unanimidad mediática apuesta por lo que llaman “La Gran Coalición”, un pacto de gobierno, o de simple colaboración, entre el PSOE y el PP para que gobierne este último y cuya consigna podría resumirse en aquella de los años de la guerra: “No pasarán”. ¿Quiénes? Los de Podemos.

Lo llaman “Gran Coalición”, pero también podría llamarse “Gran Estafa” si revisamos los discursos de esas formaciones antes y después de las elecciones.

La salida de toriles de los viejos popes del PSOE clamando por el derecho del PP a formar gobierno a pesar de que una inmensa mayoría votó para que eso no ocurriera, cambió el panorama político del momento. Para ello tuvieron que descabezar su propio partido y montar una gestora que debería tener funciones de administración coyunturales, pero que de hecho opera y opina como si tuviera sobre sus espaldas el mandato de sus bases. Resulta algo contradictorio, toda vez que siempre ha hecho gala de su democracia interna para diferenciarse de la otra fuerza de la coalición que elige a sus líderes a dedo.

En el congreso de Podemos han salido elegidas las propuestas de Pablo Iglesias que, por lo visto, no eran las que querían los integrantes de esa coalición, que antes de dicho congreso insistían en que eran neutrales porque aquella cuestión ni les iba ni les venía. Pues no era así y sorprende que las palabras más contundentes contra esos votantes del congreso de Podemos, que se han equivocado y por tanto no merecen respeto, han sido las del portavoz del la gestora del PSOE, que ya no mantiene su neutralidad y se expresa en términos descorazonadores para los que desean un cambio en este país y que dejemos de ser ese nicho donde las libertades se restringen, las diferencias se acentúan y la corrupción campa a sus anchas.

Para que nos vayamos preparando, Mario Jiménez, portavoz de la gestora llama, muy en la línea de Esperanza Aguirre, a lo que ha surgido de aquellas votaciones el triunfo del Pablismo-Leninismo. Pablismo-LeninismoY como consecuencia de esta radicalidad inaceptable que han decidido las bases, sin especificar a qué se refiere, “se han roto todos los puentes con el centro izquierda”. En otro momento, afirma, “se ha demostrado que con el Podemos de Pablo Iglesias era imposible llegar a ningún sitio”.

Ya saben, queridos amigos, son los radicales extremistas los que van a llevar al PSOE, si algo no lo remedia, a caer en los brazos del PP, esta vez de manera oficial.

Atrás quedan los ayuntamientos donde gobiernan juntos PSOE y Podemos con la aprobación de los ciudadanos votantes a los que se deben con el mayor de los respetos. Claro que, por encima de todo, deben estar los principios, y según todos los sondeos Podemos tiene más votantes que el PSOE, lo que supondría que ya no valdría eso que ocurrió en las últimas elecciones generales, donde cualquier posibilidad de gobierno debía ser en solitario, a pesar de que la diferencia de votos no era grande. Ahora tendría que ser el PSOE el que apoyara a Podemos y antes de eso está claro quién prefiere que gobierne. Una cosa es denunciar el robo, la injusticia, el gobierno por decreto, la toma de la cúpula del poder judicial y en consecuencia pedir un cambio en consonancia con el sistema democrático, y otra muy distinta es estar dispuesto a llevarlo adelante, a cumplir lo prometido.

No estaría de más que antes de condenar el radicalismo intransigente y “romper los puentes” con eso a lo que el centro izquierda llama Pablismo-Leninismo, especificaran qué puntos son los que no les gustan.

Si los puentes están rotos y lo principal, según se encargan de repetirnos, es la gobernabilidad, no queda otra opción que gobernar con el PP, ese partido al que una generación entera de socialistas, desde la cúpula, se encargó de condenar por corrupto, de derechas y aniquilador de la justicia social. Claro que a lo mejor lo decían en broma, aunque la Historia les haya dado la razón.

Habrá que ir acostumbrándose a la nueva teoría de los que ya se llaman de centro izquierda, según la cual esa derecha intransigente y mentirosa es la única clase política competente para gobernar el país.

Lo que resulta patético es la reiteración en afirmar, como estrategia de imposición de algo increíble, que Podemos sólo pretende que gobierne la derecha y que la situación actual es el producto de sus maniobras maquiavélicas. Hay que evitar el ridículo, el descaro ya lo tenemos asumido.

Mientras tanto los votantes de Podemos deben salir del error y entender que el respeto no es un derecho, hay que ganárselo, como en su día se lo ganaron los votantes de Bárcenas, Fabra, Cospedal, Rajoy, Aznar, Ana Botella, Granados, Trillo, Rato, Ignacio González, Fernández Díaz…

Lo tienen difícil mientras sigan votando a radicales proterroristas antisistema que marcan líneas rojas y vuelan puentes con su sola existencia.

El PP ya ha encontrado quién le haga de vocero. No se tendrá que molestar ni en eso.

Triste papel al que ha quedado relegado ese partido que en su día vendía la opción del cambio real. Debe ser que están bien como están.

La investigación policial transcurre con cierta lentitud en la capital de Alemania después de que en la noche del lunes un atentado terrorista acabase con las vida de doce personas y dejase heridas a otras 48. Aunque en un primer momento las autoridades detuvieron a un sospechoso como presunto autor material de los hechos –un joven pakistaní que residía en el país como refugiado–, el hombre finalmente fue puesto en libertad este martes sin cargos y la búsqueda de responsables continúa activa. Alrededor de las 20:30 horas del martes, Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque.

Pese a los hechos aún por esclarecer, los representantes políticos del país ya han manifestado sus posiciones al respecto, algo especialmente significativo teniendo en cuenta que las próximas elecciones federales se celebrarán a finales del 2017. Expertos en relaciones internacionales consultados por infoLibre valoran que, si bien el ataque no conlleva necesariamente un cambio radical en el panorama nacional, se suma a toda una serie de eventualidades que el escenario político ha ido acumulando y que vaticinan una transformación más que probable en el país. 

La respuesta política tras el atentado

La Unión Social Cristiana (CSU), el partido hermano de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de la canciller alemana, Angela Merkel, reclamó al Gobierno un cambio en la política migratoria: "Le debemos a las víctimas, a los afectados y a toda la población alemana repensar nuestra política migratoria y de seguridad y cambiarla". La reacción por parte de la ultraderecha tampoco se hizo esperar. El eurodiputado Marcus Pretzell, líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, aseguró, antes de que lo confirmaran las autoridades, que los hechos respondían a un atentado y que las víctimas son "muertos de Merkel".

Por su parte, el líder socialdemócrata Sigmar Gabriel, optó por realizar un llamamiento a la unidad nacional. "Nuestra respuesta al odio es la cohesión, la prudencia y la determinación", sentenció. Finalmente, Merkel subrayó que, en caso de que la autoría apunte a un solicitante de asilo, "sería particularmente doloroso para todos los alemanes comprometidos día tras día en ayudar a los refugiados y para toda la gente que necesita nuestra protección cada día y se esfuerza por integrarse".

Estas palabras cobran una dimensión particularmente relevante debido a la proximidad de la cita con las urnas. Acontecimientos como el de este lunes tienden a moldear la opinión pública y generar comportamientos que habitualmente quedan reflejados en los resultados electorales o en las políticas públicas que se llevan a cabo. Durante la pasada Nochevieja, la ciudad alemana de Colonia presenció una serie de agresiones sexuales masivas que las autoridades se apresuraron a vincular con la llegada de refugiados al país. La identificación de los agresores como posibles refugiados generó una importante tensión en el Gobierno de Angela Merkel debido a su apuesta por las políticas de asilo. Pese a que finalmente se confirmó que entre los 58 detenidos únicamente había tres refugiados, la alarma social y la consecuente repercusión política fueron imparables.

Angela Merkel endurece su discurso

Miguel Otero, investigador del Real Instituo Elcano, advierte de lo aventurado que supone establecer cualquier análisis respecto a unos hechos aún por aclarar. El autor del atentado, sostiene, "pudo haber nacido en Alemania o haber llegado al país pero no como refugiado sino como inmigrante", cuestión clave a la hora de valorar los próximos acontecimientos. En cualquier caso, "va a abrir todavía más la brecha" entre "una sociedad europea dividida por aquellos que están a favor de una sociedad plural, multicultural y de la ayuda a los refugiados, y la gente que no lo está". Por tanto, considera Otero, los partidos quedarán segregados entre quienes defienden ideas "cosmopolitas o nativistas".

La situación que describe el investigador, podría derivar en que "será cada vez más complicado para los partidos liberales presentar un discurso frente a la barbarie, que tiene que ver con el miedo y la amenaza identitaria". La posición de Merkel en este contexto, se basaría  juicio de Otero en un endurecimiento de su mensaje "sin dejar de ser liberal de una manera social y económica". La actual canciller alemana cuenta, además, con la rama del CSU como facción más dura respecto a la política migratoria, pero permitiéndole mantener su imagen moderada. "Merkel va a sufrir, pero va a ser la más votada y obtendrá una cómoda ventaja frente a la oposición", vaticina el experto.

Por su parte, José Enrique de Ayala, general retirado y analista de la Fundación Alternativas, califica la cuestión de la inmigración como "el punto débil de Merkel", que en un primer momento "abrió los brazos a los inmigrantes y luego ha rectificado". El atentado perpetrado en la capital, entiende De Ayala, "puede costarle votos a la canciller, pero no va a modificar sustancialmente el resultado", que prevé evidenciará "un desgaste de poder para Merkel, pero que no impedirá que siga ganando y necesitando apoyo para gobernar" como hasta ahora.

"Hasta verano del año pasado, la política alemana era relativamente estable y había pasado por la crisis del euro porque la gente confiaba más o menos en Merkel", señala Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano. El cambio de coyuntura en el último año, añade, "demuestra que para una movilización populista de derecha son más importantes las cuestiones identitarias que las económicas", algo que "perjudicaría a la CDU, que puede situarse por debajo del 30%, de modo que peligra su posición de dominio". Ante esta circunstancia "Merkel puede modular su discurso y rectificar" respecto a las políticas migratorias, algo que "realmente ya hizo a través del acuerdo con Turquía". A juicio de Molina, la canciller alemana "es especialista en adaptarse a la opinión pública", y aunque "afortunadamente en materia de refugiados es imposible que sea tan incoherente, sí va a defender al alemán y a intentar convencer para no perder votos". 

La periodista Begoña Quesada, autora del libro Alemania, el país imprescindible (Nobel), entiende que existe la posibilidad de un "endurecimiento del discurso de Merkel", quien con "probabilidad sentirá la necesidad de moverse hacia la derecha". En este sentido, agrega, las primeras acciones apuntan a una serie de "recortes sociales, control de fronteras o identificación de los refugiados, que será lo primero que va a caer, porque es la parte más débil". La fisura entre la CDU y la CSU, asimismo, se verá acentuada a través de "unas negociaciones que se van a usar" para presionar a la actual canciller.

Pese a ello, Molina añade que existe un "elemento alemán de fondo", y es el "sentimiento de culpa" que puede resultar una "vacuna ante el aumento del populismo", de forma que juzga "imposible que éste alcance las cuotas de otros países como Hungría o Austria". El mismo elemento es también mencionado por Quesada, quien asegura que los alemanes tienden a "ayudar a la gente para cubrir las culpas de la Segunda Guerra Mundial", algo que, no obstante, corre el riesgo de quedar disipado y "derivar en un sentimiento arrogante y peligroso".

Caldo de cultivo para la extrema derecha

Los expertos coinciden en que la derecha radical del país será quien obtenga un ascenso más significativo de cara a los comicios de 2017. El principal partido en esta categoría, Alternativa para Alemania (AfD), "pasaría del 3% o 4% a oscilar entre el 13% y el 14%", sostiene Molina. Algo que, si bien comparado con Holanda o Austria no supone un gran riesgo, "es verdad que si en un año ha crecido todos esos puntos, este atentado podría ser gasolina para AfD".

Además, en caso de que el autor de la masacre fuera de origen extranjero, "la repercusión sobre la opinión pública se aprovecharía por los opositores de la extrema derecha", una situación que "tiene que ser manejada con cuidado por parte de los políticos responsables, y sabiendo diferenciar entre el solicitante de asilo, el emigrante económico y el delincuente común o terrorista", considera De Ayala. El analista entiende que la derecha radical "probablemente entre en el Parlamento al superar la barrera del 15%, algo ya previsible antes del atentado", pero que "seguirá siendo una minoría" dentro de la cámara.

También Quesada comparte esta misma tesis, al entender que los ultraderechistas seguirán manteniéndose fuera de los "márgenes de lo peligroso", por debajo del 14% o el 15%.  A juicio de la periodista, el verdadero problema vendrá con las siguientes elecciones, que serán "un verdadero punto de inflexión" porque se producirá "un cambio generacional importante". Para entonces, continúa Quesada, "será la primera vez que voten los más jóvenes, gente que no conoció la guerra, la posguerra ni la pobreza de la Alemania dividida, sólo la estable y potente", de modo que "van a tener mucho que decir y es ahí donde está el riesgo" en caso de que las fuerzas de extremaderecha, tanto en Alemania como en los países de su entorno, continúen con el impulso que han venido experimentando en los últimos años.

La encrucijada de la izquierda

Según entiende Miguel Otero, frente a la postura de Merkel "habrá cada vez un discurso de AfD más nativista, pero esta división para quien supone un problema serio es para la socialdemocracia, porque hace mucho tiempo que no sabe lidiar con el tema de la inmigración". Se trata, a juicio de el general De Ayala, de una crisis que afecta a toda Europa: "En Francia el candidato de izquierda probablemente no pase de la segunda vuelta y en Italia está relegada a un papel marginal". Por ello, en Alemania "probablemente no suba del 20% o el 22%" en las próximas elecciones. De este modo, añade, el SPD "obtendrá un resultado similar o inferior, mientras que La Izquierda (Die Linke) quedará más o menos en la misma tesitura, y los verdes puede que aumenten", dando pie a una posible coalición tripartita, aunque resulta "más probable que se mantenga la actual alianza".

En este sentido, Ignacio Molina pronostica que "los partidos de izquierda intentarán defender una posición similar a la del candidato ecologista de Austria, basada en una visión abierta", que sin embargo será insuficiente ante el refuerzo de la extrema derecha, ya que "el votante de izquierda puede optar por un punto medio moderado y reforzar a Merkel como consecuencia del miedo a la derecha". 

El problema, sentencia De Ayala, es que la izquierda alemana "carece de un discurso coherente" ante los radicalismos que se nutren de la crisis económica y migratoria que azota a los países europeos. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lleva casi dos años, desde que vio que le iba a ser imposible volver a gobernar con mayoría absoluta, vendiendo las bondades del bipartidismo, de la alternancia de dos partidos al frente del Ejecutivo. Una vez pasado el 20D, ya con los resultados electorales sobre la mesa, el jefe de los conservadores ofreció a los socialistas una "gran coalición" liderada por él para dar "estabilidad" a España. No fue posible. Pero las invitaciones al PSOE a sumarse a a las iniciativas legislativas clave van a seguir siendo una constante en las filas conservadoras. De hecho, en Moncloa y en el PP aseguran que esas llamadas a la colaboración están teniendo efecto y ponen como ejemplo los avances en cuestiones como el techo de gasto, el Salario Mínimo Interprofesional o la ley de Educación. Algunas voces hablan ya del inicio de una especie de "gran coalición" en la sombra.

"Lo que se ha visto esta semana en la subcomisión para el pacto educativo, en la negociación del techo de gasto o en la subida del salario mínimo es algo similar a lo que pretendía Rajoy cuando después de las generales de diciembre y las de junio ofrecía una gran coalición al PSOE, a la que también podía sumarse Ciudadanos. La legislatura está como está y los números son los que son. Si no hay entendimiento con los socialistas todo será más difícil", apuntan fuentes gubernamentales. 

En el Gobierno y en el partido que lo sustenta apuntan a que el "clima de entendimiento" en cuestiones "fundamentales" que PP y PSOE han inaugurado esta semana en el Congreso de los Diputados en un "buen punto de partida" para otros asuntos clave de la legislatura. El principal y más urgente a día de hoy son los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

La "holgura" del PSOE

Sin mencionar directamente el término "gran coalición", la preferencia de que el PSOE sea el socio prioritario del PP en esta legislatura fue una de las ideas que el Gobierno quiso trasladar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El equipo de Rajoy no quiere que su verdadero socio, Ciudadanos, se sienta marginado. Pero son claros: los números son los que son.

La idea la dejó muy clara el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando se le preguntó por el acuerdo con la formación liderada por Albert Rivera y los roces de los últimos días. "Para sacar adelante una ley en una Cámara de 350 [diputados] hacen falta 175 más uno", subrayó. Para añadir a renglón seguido que siempre es "preferible" que se entiendan con quienes suman "con holgura" en lugar de con el "voto marginal".

"Ésa tiene que ser la tónica de esta legislatura y lo que no entre en esa suma no se podrá hacer", sentenció el responsable de Hacienda y Función Pública. Montoro y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, están siendo dos de los actores fundamentales del Gobierno en los contactos que se están estableciendo con los grupos parlamentarios

Maíllo: con C´s "no llega a la mayoría absoluta"

Desde la dirección nacional del partido el mensaje a trasladar en público fue el mismo. A saber: Ciudadanos es muy importante, el pacto está vigente al cien por cien, pero sus 32 escaños sumados a los del PP no dan para sacar iniciativas adelante.

En Castellón, donde asistió a un acto del PP de la Comunidad Valenciana, el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, otorgó plena vigencia al pacto que facilitó la investidura de Rajoy: "Nuestro acuerdo con Ciudadanos sigue plenamente vigente y nuestra pretensión, sin duda, es cumplirlo". No obstante, recordó que "la suma de ambos no llega a la mayoría absoluta". "Tenemos que tener otros socios", añadió. "Ciudadanos siempre ha pedido que el PP y el PSOE dialoguen. Bueno pues esto es lo que hemos hecho", insistió consciente del malestar en la formación de Albert Rivera, que esta misma semana advirtió de que en Ciudadanos no apoyarán ninguna medida que previamente no haya sido negociada con ellos.

El número tres del PP mantuvo que durante esta legislatura habrá que dialogar mucho con todas las fuerzas. E intentó contextualizar los primeros pasos que se han dado con el PSOE: "Hay muchas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PSOE donde cuestiones como las que tienen que ver con la financiación autonómica o con la financiación local, también tienen que ser negociadas con el PSOE". "Yo creo que Ciudadanos lo comprende, lo entiende y eso es perfectamente compatible con la vigencia del acuerdo y con el cumplimiento, en concreto, de esas 150 medidas", destacó Martínez-Maillo.

En todo caso, la relación entre PP y Ciudadanos está tocada. En la formación naranja no están nada contentos con la forma en la que el Gobierno ha resuelto el tema de la amnistía fiscal. En esta materia hay disparidad de criterio entre PP y Ciudadanos. En el partido de Rivera creen que es posible reclamar a los beneficiarios de esta regularización el 10% de las cantidades afloradas, independientemente de que se correspondiesen o no con ejercicios fiscales prescritos. En Hacienda insisten en que van a investigar a esas personas por si se detectan irregularidades o comportamientos ilegales. Pero aclaran que no pueden cambiar las reglas de la amnistía a mitad de partido porque sobre la marcha no se puede redactar de nuevo la ley y pretender que tenga efecto retroactivo.

Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular señalan que el malestar de Ciudadanos en lo relacionado con la amnistía fiscal no va a romper el acuerdo. Como tampoco lo va a romper, aseguran, la discrepancia respecto al pacto anticorrupción que se puso de manifiesto tras la muerte de Rita Barberá.

El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y exmilitante del PP en una habitación de hotel en Madrid dirigió todos los focos hacia el pacto entre PP y C´s, concretamente hacia el punto que señala que un cargo público debe ser apartado en el momento de la imputación. Obviando que había sido la dirección nacional del PP quien obligó a Barberá a entregar su carné de militante del PP, sectores del partido y del Gobierno salieron a criticar la dureza del pacto suscrito y la necesidad de abrir un periodo de reflexión al respecto. Tras varias declaraciones contradictorias de miembros de la cúpula del partido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tuvo que salir a defender la plena vigencia del acuerdo con Rivera.

No obstante, en el PP admiten que ese punto del pacto tuvo que ser aceptado porque era condición previa para que Ciudadanos se sentara a hablar con el PP. 

Casado: sería lo ideal ir "de la mano"

También el portavoz del PP se refirió este viernes a las relaciones con el PSOE y Ciudadanos. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, mostró su confianza en que PP y PSOE vayan "de la mano" en la aprobación de "las leyes fundamentales" de esta legislatura.

"Lo ideal sería que todas las reformas importantes que necesita España se hicieran y salieran adelante con el mayor consenso posible, y eso engloba al principal partido de la oposición, que es el PSOE", precisó Casado en el acto para festejar el aniversario de la Constitución Española que ofreció la Comunidad y la Delegación del Gobierno en Madrid, informa Europa Press.

Entre las reformas en las que Casado ve "imprescindible" ese consenso están el pacto de Toledo sobre pensiones, el educativo, el techo de gasto, "y si fuera posible" en los Presupuestos Generales del Estado. "Esto no es algo que sorprenda, porque Rajoy ya planteó una gran coalición en la que PP Y PSOE fueran de la mano; no fue posible, pero esperemos que en la aprobación de leyes fundamentales de esta legislatura sí que lo sea", señaló.

Una "buena base"

En el equipo de Rajoy insisten en que hay que quedarse con la foto final, no con el día a día. Recuerdan, en este sentido, que en una legislatura como esta lo importante es cómo acaba el partido, cómo se van modelando cada una de las iniciativas. El jefe de los conservadores insiste en que no va a permitir que la oposición derribe lo que él llama su programa de reformas, que se derogue ley a ley. Pero también ha insistido en que está dispuesto a mejorar todo lo que sea mejorable. Es lo que pretenden ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana.

Después de que el martes una moción consecuencia de interpelación urgente del PSOE instara al Gobierno a derogar la llamada ley mordaza, ley mordazael principal partido de la oposición registró una proposición de ley para cambiar la legislación en esta materia. Dado que se trata de una proposición de ley, el Ejecutivo no puede hacer oídos sordos. Su idea es intentar reconducir la situación de una forma similar a como están intentando con la Lomce.

La "oposición útil" del PSOE

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reivindicó la "oposición útil" con la que el PSOE, dijo, consigue "rentabilidad social". La dirigente socialista contrapuso la actuación de su partido al "espectáculo" que, a su entender, hace el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto organizado por el grupo federal de Afrosocialistas, con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, Díaz defendió la labor de oposición de los socialistas y sacó pecho por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para subir un 8% el SMI.

"A otros les va más el espectáculo, a mí me va mucho mejor que la gente viva mejor, y a mis compañeros también", defendió Díaz, cuando se le preguntó por la participación este viernes de Iglesias en una protesta de los trabajadores de Coca-Cola frente a la sede del PPPP.

Fuentes del Gobierno y del PP consultadas por infoLibre comparten la esencia de las palabras de Díaz y subrayan que Podemos "está desdibujado" en el Parlamento desde que Rajoy fue investido presidente del Gobierno.

Mientras, según Europa Press, el entorno del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez cree que el pacto que ha alcanzado el partido con el PP para aprobar la senda de estabilidad demuestra que el acercamiento entre ambos partidos no acabó en la abstención, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy va a seguir buscándoles durante la legislatura y los socialistas van a continuar respondiendo, en una "coalición no declarada".

La mala memoria de Montoro

La relación PP-PSOE-Ciudadanos fue la nota dominante de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Previamente, el grueso de la exposición del Gobierno había estado destinada a anunciar subidas de impuestos y otras medidas fiscales con un impacto previsto en la recaudación de 7.500 millones de euros.

Los conservadores ganaron en las urnas con la promesa de no subir impuestos. Y choca con lo anunciado este viernes. Montoro, no obstante, no lo ve así. "¿En qué parte de nuestro programa hemos dicho algo del Impuesto de Sociedades?", señaló poniendo en valor que a lo largo de su carrera política ha participado en la redacción de muchos programas electorales del Partido Popular.

"Lo que dijimos en el programa es lo que nos falta por hacer. Y tenemos tiempo sobrado", añadió. Montoro insistió en que el PP se presentó a las pasadas elecciones con la promesa de bajar el IRPF y el IVA en algunos ámbitos. Por lo tanto, la subida del Impuesto de Sociedades no va incluida en las promesas. "La legislatura acaba de empezar y ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reducir el déficit", subrayó.

A Montoro se le olvida lo que figura en la página 78 de su programa: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares".

1.- Es cierto que desde el poder económico, financiero y mediático se ha hecho lo posible y lo imposible para evitar que cuajara siquiera el intento de un gobierno progresista en España. Menos aún si precisaba el apoyo o el consentimiento de fuerzas nacionalistas. Invitamos a los nuevos lectores y socios de infoLibre a repasar lo que venimos publicando desde la primavera de 2014, cuando en estas mismas páginas empezamos a desvelar los movimientos que se producían en esos ámbitos tras observar demoscópicamente que era más que probable el fin del bipartidismo y la fragmentación parlamentaria en las (todavía por celebrar entonces) elecciones generales.

2.- Es innegable que el diario El País ha jugado un papel esencialEl País en la estrategia dirigida a lograr un gobierno sujeto o facilitado por PP, PSOE y Ciudadanos (el orden de factores resultaba secundario), triángulo en el que grandes empresarios y banqueros españoles consideran que descansa la garantía de lo que el mundo del dinero exige: estabilidad y certidumbre. A la prensa tradicionalmente conservadora o al propio Partido Popular no hace falta insistirles en esa prioridad porque está en sus genes y razón de ser (sin olvidar tampoco el volumen de ingresos publicitarios de origen institucional). La posición (y la evolución) de la cabecera más influyente desde 1976 en el espacio progresista de la opinión pública puede constatarse repasando sus editoriales, los artículos de su presidente, Juan Luis Cebrián, las tribunas de Felipe González y los análisis de una serie de firmas convocadas para arropar esa misma estrategia o bien surgidas 'motu proprio' para mayor alegría de sus ideólogos. Desde muchísimo antes del 20D, al PSOE ya se le colocaba ante dos opciones: la Gran Coalición o la abstención.

3.- Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad evidente. No tanto por negar en su día la existencia de esas “presiones” económicas y mediáticas (podría aducir que resistió cuanto pudo y ahora se siente liberado, harto y dispuesto a dar la batalla que antes no se atrevió a dar) sino porque hubo etapas en las que además actuó como cómplice de lo que hoy denuncia. Cuando el entonces secretario general del PSOE fulminó a Tomás Gómez como líder del PSM (también elegido por las bases), este último denunció que fue liquidado con la inestimable ayuda del diario El País, que publicó una encuesta extraterrestre para justificar la actuación de Sánchez y que explicitó insinuaciones de corrupción que hasta el momento no se han demostrado. Incluso Gómez explicó que había mantenido una reunión con directivos del citado periódico que le habrían advertido de que sufriría “las consecuencias” si se le ocurría pactar con Podemos tras las inminentes elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. Es incontestable que Sánchez aplicó a Gómez la medicina que ahora le han aplicado a él.

4.- Por veraces y sólidas que hayan sido las presiones del mundo empresarial, financiero y mediático sobre Sánchez, no excusan el hecho de que durante su mandato el PSOE ha ido cosechando peores resultados en cada cita electoral. Tiene razón cuando dice que la caída de voto tiene un origen anterior a él. Los 11 millones de votos de la segunda legislatura de Zapatero en 2008 se reparten ahora casi a partes iguales entre PSOE y Podemos. No es Sánchez el único responsable, pero pilotaba un equipo que se ha mostrado incapaz de leer el significado del 15-M y la ruptura generacional y de perfil electoral que separa a PP y PSOE de los nuevos partidos. Hay un reto común a todas las formaciones socialdemócratas en Europa, lo cual no puede ocultar los problemas concretos irresueltos por el socialismo español ni su incapacidad para frenar la fuga de votos hacia Podemos. (La dirigencia del PSOE debería revisionar unas cuantas veces la conversación de Évole con cuatro militantes socialistas previa a esa entrevista con Sánchez que tanto ruido ha desatado: todos admitían que sus hijos ya no les votan).

5.- Culpar al resto del mundo (sean barones o baronesas, banqueros, Aliertas, Cebrianes o Podemos) de la imposibilidad de un gobierno progresista tendría muchísimo más fundamento si Pedro Sánchez lo hubiera intentado con algunos pasos concretos. Pese a los límites que le impuso el Comité Federal del pasado 28 de diciembre (no negociar con independentistas ni apoyar al PP), nadie le puso una pistola para convertir el pacto con Ciudadanos en condición previa e indispensable para la suma de cualquier otro apoyo. Esa cerrazón sólo habría tenido sentido si garantizaba al PSOE gobernar, pero no era así, como se demostró al sufrir el rechazo total de Podemos (aunque este no fuera acertado). Más recientemente, tras el “no es no” a Rajoy, nada ni nadie impedía a Sánchez haber convocado un Comité Federal al que proponer una nueva hoja de ruta: conversaciones a fondo para intentar un acuerdo con Podemos que colocara la presión para la abstención o el apoyo (con o sin condiciones) sobre Ciudadanos o los grupos nacionalistas. Si esa propuesta hubiera sido rechazada, Sánchez se habría cargado de razones para dimitir o para convocar primarias y congreso del partido. Sin ese paso, todos los datos indican que Sánchez tenía la prioridad de continuar en la secretaría general a toda costa, pasara lo que pasara con la gobernabilidad o las terceras elecciones.

6.- Que Pedro Sánchez se muestre ahora dispuesto a admitir que “España es una nación de naciones” y a negociar con los independentistas el reconocimiento de Cataluña como nación es tan importante que no merecía ser despachado tan tarde y en minuto y medio de entrevista. Precisamente la posición independentista de 19 diputados en el Congreso (que representan a 1,3 millones de ciudadanos) es absolutamente clave para explicar el bloqueo político del último año. La propuesta de un nuevo modelo de Estado capaz de cautivar a un electorado progresista en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Euskadi o en Galicia es probablemente el reto más serio que tiene España además de la lucha contra la galopante desigualdad. (El PP sigue anclado en el "no es no" y en su exclusiva lectura constitucional que tanto ha ayudado a engordar el independentismo). Alguien que aspira seriamente al liderazgo político en una etapa tan compleja debe demostrar una mayor profundidad, coherencia y seriedad en asuntos capitales. No se trata de decir a cada cual y en cada momento lo que uno cree que el otro quiere escuchar. Sea el otro un periodista, un empresario, la militancia de tu partido o la ciudadanía misma.

7.- Los errores, incapacidades y contradicciones de Sánchez no justifican los errores, incapacidades y contradicciones de los compañeros y compañeras de partido que le obligaron a dimitir el pasado 1 de octubre en un Comité Federal que todos coinciden en calificar de bochornoso. Responder con medidas disciplinarias o amenazar con la ruptura con el PSC a quienes reivindican, más allá de sus obligaciones estatutarias, la coherencia de haber votado este sábado en el Congreso exactamente lo que el PSOE se comprometió a hacer en campaña electoral sólo puede favorecer un mayor distanciamiento de militancia y electorado respecto a los cuadros del partido.

8.- Fuera de la dirigencia (incluso dentro de ella cuando se habla en privado), nadie niega que vencer electoralmente a la derecha exige un entendimiento o colaboración entre PSOE y Podemos o viceversa. Era así en el último año y así seguirá siendo en el futuro. Y ambos deberían asumirlo si no quieren contribuir al mantenimiento de políticas conservadoras durante un largo e indefinido periodo de tiempo.

9.- La denuncia de Sánchez sobre las presiones de poderes económicos, financieros y mediáticos ha sido recibida desde el PSOE hacia la derecha con una negación rotunda o con una displicencia digna de mejor causa. En realidad es toda la llamada “clase política” la que debería denunciar esas presiones (que son obvias y estridentes) si quiere recuperar la credibilidad perdida y la confianza de los ciudadanos. Ese es el mejor camino para frenar populismos de cualquier signo y para fortalecer una democracia muy debilitada, más aún cuando la solución dada al bloqueo puede suponer la impunidad política de quienes aún no han asumido responsabilidades por el cenagal de la corrupción.

Cerrar los ojos a la realidad no la convierte en ficción. El País (periódico) es libre de no publicar prácticamente una línea sobre la entrevista de Évole a Sánchez, ni antes ni después de producirse. Pero el país (ciudadanía) es mayor de edad, y merece políticos y medios que le muestren un mayor respeto.

P.D. Este miércoles, tres días después de las declaraciones de Sánchez, El País ha dedicado un editorial a esa noticia que había ignorado, y lo ha justificado en que el martes otro periódico, El Mundo, reveló que Pedro Sánchez visitó al actual presidente de Telefónica para pedirle que "presionara a su favor sobre la línea editorial de EL PaísEL País, de cuya empresa la compañía posee un 13% de las acciones". El editorial acusa ahora a Sánchez de "ignorar el papel de un periódico en una democracia", niega haberle presionado para que no intentara formar gobierno alternativo al PP y concluye felicitándose por "lo acertado" de su línea editorial.

La famosa Gran Coalición se ha impuesto finalmente. Esto no significa que se haya vuelto al tan cacareado espíritu de la Transición y al diálogo político. Asistimos a un intento contrario: la política se da por muerta, las ilusiones de democracia social se presentan como una quimera trasnochada, las modestas conquistas de los años 70 y 80 pasan al desván de los recuerdos y se establece como único sentido común el rumor de los negocios y el predominio de las élites. La Transición es un mundo de viejos en el horizonte moderno del dinero. Más que la partición en un contrato social, se invita a la integración en un orden donde no cabe la vieja batalla entre la derecha y la izquierda.

De la gran coalición empezó a hablar Felipe González poco después de que el PSOE e Izquierda Unida firmaran un pacto de Gobierno en Andalucía. La alianza parecía exportable al Gobierno de España. En los momentos más duros de la crisis, además, las encuestas le daban a Izquierda Unida unos porcentajes altos de voto; así que no iba a ser un mero comodín, sino que podía alcanzar una influencia decisiva como había ocurrido ya en alguna comunidad autónoma y en muchos ayuntamientos. Fue entonces cuando Felipe González empezó a hablar de Gran Coalición y cuando los medios de comunicación, intervenidos por los bancos y los grupos económicos, se tomaron en serio el trabajo de evitar el cambio de rumbo.

La izquierda cometió desde luego errores graves. Pero no voy ahora a hablar de ellos, porque ya lo he hecho en otras ocasiones y porque hoy me interesa más destacar la factura que las élites han pagado para salirse con la suya. Su victoria abre más grietas de las previstas y dejan abiertas muchas vías de agua en su barco.

Lo primero que hizo el poder mediático fue intentar dinamitar a Izquierda Unida, dándole publicidad a un nuevo partido para que le quitara votos. Podemos pasó unos meses dulces en los platós de televisión, disfrutando de un tiempo que nunca antes había disfrutado Izquierda Unida. Eso duró hasta que Podemos se les escapó de las manos, se convirtió en un fenómeno con capacidad de leer bien la indignación social de la gente y alcanzó una expectativa de voto muy superior a la esperada. Cuando el remedio fue más grave que la enfermedad, el poder cambió de estrategia, se inventó a Ciudadanos –un falso Podemos de derechas– y empezó a lanzar calumnias, caricaturas, manipulaciones y miedos sobre la formación de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero. (Ya he dicho que en esta ocasión no me toca hablar de los errores de Izquierda Unida y de Podemos).

La situación se complicó más todavía para la derecha cuando Podemos consiguió saltar una de sus barreras mejor diseñadas: el asunto de los nacionalismos. La aceptación democrática del derecho a decidir se convirtió en realidad en un logro de Podemos: colocó de nuevo la cuestión social en unos debates muy dominados en los últimos años por el conflicto de la identidad y abrió paso a una posible articulación territorial desde la izquierda.

La situación se complicó tanto que el sistema sólo ha podido llegar a la Gran Coalición a costa de unas facturas muy altas. Conviene que la España progresista recuerde estas facturas, mientras la derecha celebra su victoria:

1) Se ha roto el diseño político del bipartidismo; ya no va a ser posible de nuevo el juego de los turnos y las mayorías absolutas. Quien desconozca esta realidad se estará moviendo en falso.

2) Ha surgido una nueva opción con un número de votos y de diputados que nunca se había conseguido a la izquierda del PSOE. Las mejores expectativas de IU se han cumplido ampliadas en los resultados de Podemos.

3) Se ha tenido que reventar al PSOE en un esperpento vergonzoso. La crisis es interna y externa. Después de facilitar el gobierno de Rajoy, no sólo va a ser imposible para el PSOE mantener la apariencia de un partido de izquierdas, sino que muchos votantes y militantes se verán obligados a preguntarse, ya de forma descarnada, qué tienen ellos que ver con su cúpula dirigente.

4) Ha saltado por los aires el prestigio de algunos medios de comunicación que utilizaban la apariencia del progresismo para trabajar en favor de las élites. Se ha abierto un nuevo espacio cultural y periodístico en el tejido social.

Si la izquierda sabe hacer su recuento del camino difícil seguido por las élites para conseguir su Gran Coalición, sabrá también escribir su relato del futuro. Aunque vea con tristeza el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, tendrá motivos para no creer que han sido inútiles sus esfuerzos y sus movilizaciones y, sobre todo, tendrá motivos para mirar hacia el porvenir con firmeza y con orgullo democrático. Hay una confluencia social que construir más allá de la próxima sesión de investidura. (Y no voy a hablar aquí de errores que no deberían volver a cometerse).

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pedido al PSOE de Pedro Sánchez que se siente a dialogar con el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, de cara a la posible investidura del líder conservador, y ha reclamado a los socialistas que no obstaculicen un Gobierno en minoría del PP, informa Europa Press.

En una tribuna publicada en la edición de este jueves del diario El País bajo el título ¿Investidura cuanto antes?, el expresidente de España rechaza además la idea de gran coalicióngran coalición y apuesta por contra por un Gobierno liderado por el PP o que llegue a acuerdos con el partido con el que más similitudes tiene, Ciudadanos, para poner cuanto antes un Ejecutivo en marcha. Según él, antes de que acabe el mes de julio o en los primeros días de agosto.

Felipe González defiende que, tras unas elecciones en las que el PP ha mejorado en 14 escaños su resultado electoral del pasado 20D, el PSOE debe ahora "ocupar su sitio en una oposición responsable" y centrarse en "reconstruir su propio proyecto como alternativa" a los conservadores con "vocación de mayoría".

El expresidente del Ejecutivo recuerda que la fragmentación parlamentaria salida de las urnas impide una mayoría alternativa coherente y, en este sentido, la solución para evitar unas terceras elecciones pasa por "un Gobierno del PP o encabezado por el PP". Así, llama a Mariano Rajoy a abandonar el "modo reposo" que ha tenido hasta ahora e impulsar las negociaciones para que el Gobierno esté en funcionamiento cuanto antes.

En ese marco, el que fuera secretario general del PSOE reclama a su partido que atienda la "responsabilidad" de aceptar el diálogo que le ofrece el líder del PP, "aún dejando claro que no tiene intención de formar parte de un Gobierno de coalición con el mismo". "Excluyendo la coalición y el apoyo al PP en la investidura, en caso de necesidad, no debe ser un obstáculo para que haya un Gobierno minoritario", defiende Felipe González.

En esta línea argumental, reitera su rechazo, como ya hizo antes de las pasadas elecciones del 26J, a una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos y vuelve a apelar a "la responsabilidad" del resto de formaciones políticas del arco parlamentario para que la legislatura comience a andar: "Si no pueden formar Gobierno, tampoco pueden obstaculizar que ese Gobierno se forme", les dice.

El PP tiene que moverse

Pero para ello, recuerda el que fuera líder socialista, Mariano Rajoy tiene que "salir definitiva e irreversiblemente del modo reposo" porque la "táctica de esperar y ver" se agotó y es el PP el que tiene que moverse ahora aunque, le advierte, "sin pretender contratos de adhesión". "Pero del diálogo hay que pasar al pacto, lo que exige renuncias y esfuerzos de aproximación a los grupos que se crean más compatibles para pasar la investidura y para hacer un Gobierno", defiende.

Sobre este punto, recuerda que el jefe del Ejecutivo en funciones "seguro que ya sabe las exigencias de Bruselas" en materia de déficit y, por ello, le exige que éstas sean compartidas con sus potenciales interlocutores en las negociaciones. "Ahora es heredero de sí mismo y deberá explicar si mantiene su promesa de no seguir con los recortes y los impuestos", enfatiza.

En cualquier caso, apuesta por la unión de PP y Ciudadanos e incluso Coalición Canaria "en cualquiera de las formulaciones posibles". Y advierte, no obstante, que el PSOE solo podrá fijar posición sobre propuestas concretas. "Si pretende que las fije sobre el programa electoral del PP, ya deben conocer su oposición", subraya.

El expresidente del Gobierno considera que "puede y debe haber investidura" antes de que acabe el mes de julio o en los primeros días de agosto para que España pueda tener un Ejecutivo cuanto antes "capaz de tomar decisiones". "La cuestión territorial; la dignificación del trabajo; el sistema de pensiones; el modelo educativo; la regeneración democrática; la política europea, incluída las respuestas al Brexit; a los errores del austericidio o los refugiadosaustericidio", cita como algunos temas que deben ser atendidos.

El PSOE no quiere que la campaña para las generales del 26-J se centre en los pactos del día después. Ferraz intenta hablar de propuestas, de medidas concretas de su programa, del "para qué" y no del "con quién". Pero, por una u otra razón, la cuestión de los acuerdos postelectorales siempre aparece: sucedió en el debate a cuatro del lunes, ocurre con frecuencia en las entrevistas que concede el candidato, Pedro Sánchez, y pasó de nuevo este miércoles. Acabada la era de las mayorías absolutas, la atención de periodistas y ciudadanos vuelve con insistencia a ese tema. 

El origen de la polémica estuvo en esta ocasión en un mensaje del asesor económico de Sánchez, el exministro Jordi Sevilla. "Para evitar elecciones, si no hay mayorías, debería dejarse gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario", escribió en su perfil en Twitter a primera hora del día. Y aunque ya por la tarde pronosticó que "tras el 26-J, igual que pasó tras el 20-D, Pedro Sánchez será el candidato que conseguirá mayor apoyo parlamentario", el debate ya había estallado y había forzado a la dirección del partido a desmentir que vaya a dejar gobernar al PP.

Si se aplica el criterio de Sevilla, tras el 20-D debería haber gobernado Sánchez. Su pacto con Ciudadanos obtuvo 131 votos a favor en el Congreso, 8 más que los escaños de los que disponía el PP, que debería haberse abstenido. Pero seis meses después los números quizá ya no cuadren para ese plan. Según la última encuesta del CIS Sánchez y Rivera obtendrían ahora 116-119 escaños. El PP tendría 118-121. Como Sevilla no explicitó un veto al PP en su cadena de mensajes en Twitter, la especulación en torno a una posible abstención socialista en la investidura de Rajoy se disparó.

"No" sigue siendo "no"

En una entrevista en Más vale tarde (La Sexta), Sánchez se afanó en dejar claro que el "No es no. ¿Qué parte del 'no' no ha entendido, señor Rajoy?" con el que respondió al candidato del PP a finales de enero sigue vigente. En que los votos al PSOE no servirán para que un conservador siga en la Moncloa. "Nadie va a pactar con el PP. El PSOE no va a hacer a Mariano Rajoy ni a nadie del PP presidente del Gobierno. No va a haber gran coalición ni tampoco Iglesias va a ser presidente del Gobierno, va a haber una mayoría de izquierdas que espero que presida el PSOE", expresó.

Sánchez también justificó las palabras de Sevilla. Aseguró que su asesor no dijo más que lo que él dice "constantemente": "Estamos en un sistema parlamenario y tiene que gobernar quien concita más apoyos entre los 350 diputados, no la fuerza más votada", afirmó. Horas antes el diputado socialista vasco Odón Elorza ya había reclamado un "procedimiento de consulta democrática" en el PSOE para decidir qué hacer tras el 26-J, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había calificado la reflexión del exministro de "atinada" y "sensata".

En privado, la dirección del PSOE –que contactó con Sevilla tras publicar este el mensaje en Twitter– reitera que el partido "sale a ganar" y en que "el veto al PP sigue ahí": "No habrá ni apoyo ni abstención a favor del PP", comentan fuentes de la dirección socialista. Estas mismas voces comentan que Sevilla es un "sabio" que en ocasiones va "por libre" y que su tuit, que en otro contexto sería una "obviedad", ahora alienta rumores, especulaciones, se convierte en un contratiempo y abre una brecha en el discurso de campaña del partido. "La ha liado", resume gráficamente un integrante del Comité Electoral.

Otro de los estrategas socialistas insiste en que la campaña del PSOE seguirá centrada en las propuestas del programa y no en posibles pactos, y afirma que "es obvio que no se puede gobernar sin una mayoría parlamentaria". Preguntado por si Sevilla sugirió una eventual abstención para dejar gobernar al PP antes de ir a unas terceras elecciones, replica: "Hay que tener muchas ganas y echarle mucha imaginación para llegar a eso". En cualquier caso, estas fuentes de la dirección socialista admiten que el mensaje de Sevilla "viene fatal". El objetivo ahora es pasar página cuanto antes.

Un debate que daña al PSOE

Así las cosas, el partido hace piña en torno al mensaje de que el rechazo a la gran coalición sigue vigente. Una diputada e integrante de la ejecutiva federal del partido, responde a preguntas de este diario de forma clara: "Debe gobernar quien obtenga la mayoría necesaria en el Parlamento, no necesariamente el candidato más votado. Y yo nunca me abstendré para que gobierne el PP. No pido el voto para el PSOE para permitir que siga gobernando el PP, pido el voto para que haya un cambio de Gobierno".

"Ha dicho una obviedad: que gobierne quien más apoyos tenga en el Congreso y, si no hay acuerdo, que lo haga la lista más votada para no repetir elecciones. No le veo ninguna arista a esta opinión. La gente tiene que saber leer y no malinterpretar lo escrito", afirma un dirigente del PSOE andaluz del círculo de confianza de Susana Díaz. "Es una metida de pata. Se entiende mal, genera confusión y es un debate que no nos interesa", apunta una fuente de la dirección del PSC. "El mensaje de Jordi Sevilla es ambiguo", añade un cargo regional del PSOE castellanomanchego, que recuerda que el mayor apoyo parlamentario lo tenía Pedro Sánchez tras su acuerdo con Ciudadanos. "Pero es un debate que a quien menos le interesa alentar es a nosotros", admite.

Precisamente en torno al pacto con Ciudadanos tiene la dirección socialista depositadas algunas esperanzas. Fuentes de Ferraz señalan que el contexto postelectoral y de alianzas debería favorecer al PSOE, toda vez que Rajoy tiene mucho más complicado, a priori, llegar a acuerdos con otras fuerzas. "En diciembre nadie quiso saber nada del PP por sus casos de corrupción, y desde entonces ha habido más. De modo que si antes Ciudadanos no quiso saber nada del PP ahora, tras el 26-J, es de recibo que estemos en esa misma situación", señalan.

Una polémica ya habitual

No es la primera ocasión en la que este tema se cuela en la campaña o en la precampaña. El pasado 27 de mayo, Sánchez prometió ante el Círculo de Economía, reunido en Sitges (Barcelona), que no habría terceras elecciones.  "Les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones. Habrá un Gobierno después del 26 de junio", apuntó en su intervención, que provocó algunos titulares sobre una posible abstención del PSOE, si bien el propio Sánchez se mostró contrario ante los empresarios a dejar gobernar a la lista más votada por sistema.

Días después, en un acto en Madrid, Sánchez se limitó a responder a la concisa pregunta de si "el PSOE estaría dispuesto a abstenerse" si tras las elecciones "no hay otra suma posible que un Gobierno del PP" que "el partido que más ha hecho para que no hubiera unas segundas elecciones es el PSOE" y que trabajará por un "Gobierno de cambio". Fue finalmente en un foro del diario El Mundo donde el líder socialista, preguntado directamente por si "se plantea que gobierne algún candidato del PP con la abstención del PSOE", respondió que no. "No me lo planteo. Lo descarto", remachó.  

La dirección del PSOE intenta frenar las interpretaciones suscitadas en los últimos días en torno a la posibilidad de que pacten una gran coalición con el PP tras las generales del 26-J o de que se abstengan para facilitar un Gobierno de los conservadores y evitar así una nueva repetición de las elecciones. Fuentes socialistas repiten en privado el "no es no" con el que Pedro Sánchez respondió a Rajoy a mediados de enero y achacan el ruido a una campaña contra los intereses del PSOE.

Lo cierto es que han sido varias las declaraciones que han estado sujetas a diversas interpretaciones. Este mismo lunes, en un acto en Madrid, Sánchez se limitó a responder, a la concisa pregunta de si "el PSOE estaría dispuesto a abstenerse" si tras las elecciones "no hay otra suma posible que un Gobierno del PP", que "el partido que más ha hecho para que no hubiera unas segundas elecciones es el PSOE", que trabajará por un "Gobierno de cambio" y que ha demostrado sus intenciones "con hechos" y no "sólo con palabras".

Además, el pasado viernes en una reunión del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona), Sánchez garantizó "que no va a haber terceras elecciones", palabras que provocaron algunas interpretaciones que apuntaron a que los diputados del PSOE podrían abstenerse en una eventual investidura de un candidato del PP para evitar, por encima de cualquier otro objetivo, que persista la situación de bloqueo político, si bien el líder socialista se mostró contrario a que se aplique como norma que que gobierne la lista más votada.

En esa misma línea, el exministro y asesor de Pedro Sánchez, Josep Borrell, dijo este lunes que una "tercera convocatoria" electoral "ciertamente no se va a producir" y que, aunque permitir gobernar a la lista más votada implica "una cierta adulteración de la lógica parlamentaria", puede ser "una solución de emergencia cuando no existe ninguna otra combinación que permita crear una coalición más numerosa". Otro de los asesores de Sánchez, el también exministro Jordi Sevilla, afirmó hace dos semanas que "no se va a dar" un Gobierno del PSOE con los votos de Unidos Podemos.

Sin dudas de fondo

Fuentes de la dirección del partido aseguran que no hay ningún cambio y que el veto a los conservadores se mantiene. Si Pedro Sánchez no se ha pronunciado con mayor claridad sobre este tema para atajar cualquier posible interpretación que apunte a un pacto PP-PSOE, insisten, no se debe a que haya una corriente de fondo que apunte en esa dirección. "Si hubiéramos querido hacer una gran coalición o abstenernos lo habríamos hecho el mismo 21 de diciembre. Para eso no hacía falta repetir las elecciones", apuntan estas voces.

Lo que sí admiten es que el mensaje quizá no se ha afinado todo lo que debería. "Quizá Pedro [Sánchez] pecó de ironía el viernes [en la cita con empresarios en Sitges] y dio por hecho que todo el mundo entendería en sus palabras que la respuesta era un no", comentan fuentes del PSOE, que subrayan la necesidad de ajustar el mensaje para que quede claro que no habrá entendimiento con el partido que Rajoy al tiempo que el rechazo no se percibe como algo negativo. "Con el 'no es no', por ejemplo, le llamaron maleducado", ejemplifican.

Una integrante del comité electoral socialista también responde a infoLibre que las interpretaciones que apuntan a una gran coalición o a un nuevo Gobierno del PP con la abstención del PSOE no tienen fundamento. "Sí íbamos a pactar con el PP, ¿para qué ir a elecciones? Todo esto forma parte de una campaña contra el PSOE", subraya. La dirección del partido recuerda además que en países europeos como Alemania o Grecia los pactos con la derecha "nunca han beneficiado a los partidos socialistas": "El SPD está desaparecido, y el PASOK ni te cuento".

El equipo más próximo al secretario general, a preguntas de este diario, se remitió a las declaraciones del portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando: "No habrá gran coalición en España si depende del PSOE, no vamos a facilitar un Gobierno del PP. Nosotros nos presentamos a las elecciones para ser la alternativa al PP y, por lo tanto, ya pueden insistir con el raca, raca de la gran coalición, que no habrá gran coalición en España. Y si ganamos las elecciones, en una semana habrá Gobierno del cambio", dijo en una entrevista en La Sexta.

Un tema que hace daño

Lo que sí admiten varios cargos socialistas es que este tema les hace daño y que su objetivo es que la campaña se centre en otras cuestiones y en trasladar la presión a Podemos, en si el partido de Pablo Iglesias, ahora en coalición con IU-Unidad Popular bajo la marca Unidos Podemos, "volverá a votar en contra de un candidato socialista a la Presidencia del Gobierno". "Es un error entrar siquiera a ese tema, no nos interesa, tenemos que sacar ese debate de la agenda porque sólo interesa al PP y a Podemos", subraya un cargo regional.

"¿Por qué no preguntamos si Pablo Iglesias está dispuesto a votar al PSOE? ¿Por qué no le preguntamos a Iglesias si va a mantener el referéndum en Cataluña como línea roja?", cuestiona esta misma fuente. "Nosotros ahora sólo podemos pensar en sacar el mejor resultado posible, y el 27 de junio, en función de lo que vote la gente, ya veremos. Pero ese tema ahora no toca", añade.

Fuentes del PSOE andaluz, por su parte, recuerdan que el 28 de diciembre del pasado 2015 el Comité Federal –máximo órgano del partido entre congresos– aprobó una resolución en la que se estableció que los diputados socialistas votarían no a la investidura del PP, y agregan que ese texto sigue plenamente vigente. "No habrá gran coalición", zanja de forma tajante un cargo del círculo más próximo a la presidenta andaluza Susana Díaz.

El secretario general y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que tras las próximas generales no persistirá la situación de bloqueo político. "Les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones. Habrá un Gobierno después del 26 de junio", ha dicho en su intervención en la XXXII reunión del Círculo de Economía que se celebra en Sitges (Barcelona).

El líder socialista, como viene haciendo en los últimos días, ha subrayado la idea de que "si el PSOE es primera fuerza, en una semana hay Gobierno". "No parece que Rivera tenga muchas ganas de apoyar a Rajoy como presidente del Gobierno", ha comentado para justificar esa afirmación el propio Sánchez, que también ha opinado que "Rajoy está metiendo a la derecha española en un callejón sin salida".

Así, ha censurado que tras los comicios de diciembre "renunciara a presentarse al discurso de investidura" y a "tender puentes" con "partidos de corte conservador" como "el PNV, Ciudadanos o Democracia y Libertad". En ese contexto, ha reivindicado su decisión de someterse a la investidura y el pacto alcanzado con Ciudadanos: "Llegué a un acuerdo que tenía 131 escaños. ¿Insuficientes? Sí, pero más que 123", ha insistido.

No dejará gobernar a Rajoy

El candidato, sin embargo, ha insistido en que no facilitará un Gobierno del PP si Rajoy vuelve a ganar las elecciones. Preguntado en varias ocasiones si sería partidario de aplicar a nivel nacional la regla que rige en los Ayuntamientos, por la que en segunda votación de investidura se proclama alcalde al candidato de la lista más votada si nadie logra la mayoría absoluta del Pleno, Sánchez ha dicho que no.

"Rajoy dice que el PSOE tiene que apoyar al PP porque fue primera fuerza, pero para seguir haciendo las mismas políticas que hasta ahora. ¿Entonces, dónde está el cambio?", se ha preguntado el candidato, que ha prometido que tras las generales de junio no vetará "a ninguna fuerza del cambio" –Podemos y Ciudadanos– para formar Gobierno, y que tenderá puentes con el PP "en políticas de Estado".

En ese sentido, ha censurado que tanto el candidato conservador como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le plantearan "contratos de adhesión" tras las elecciones de diciembre. A Rajoy lo ha criticado porque "renunció a la investidura" y "se quedó en el bloqueo". A Iglesias, porque "se sacó de la manga" que debía ostentar la Vicepresiedencia y controlar "el CNI, RTVE y un Ministerio de Pluralinacionalidad".

Encaje de Cataluña

También ha aludido a la exigencia del partido morado de un referéndum en Cataluña. "Es evidente que la política catalana ha impedido que haya un Gobierno en España. El derecho a decidir ha sido utilizado por alguno en concreto como señuelo para decir que quería pactar conmigo y luego oponerse", ha apuntado Sánchez, para quien la reforma de la Constitución es la vía para el encaje de Cataluña.

"Creo que lo más consecuente –ha opinado– es ofrecer a votación un acuerdo y no una ruptura. La salida más adecuada es la reforma constitucional, y efectivamente Cataluña es un problema que trasciende Cataluña. Hoy la cuestión catalana se ve como un problema del Estado español, como una exigencia de culminar el modelo territorial que no se acabó en 1978 por cuestiones históricas".

Sánchez ha defendido que el PSOE es "la única alternativa que puede tender puentes a un lado y a otro" de forma "constructiva", que su partido encara los comicios del 26-J "en mejores condiciones que en diciembre" y ha negado que fuera errónea su estrategia de intentar pactar al tiempo con Rivera e Iglesias: "Se necesitan proyectos con vocación de acordar (...). El Gobierno de cambio era la expresión de la voluntad mayoritaria". 

Programa económico

Ante un auditorio de unos 400 empresarios, el aspirante a la Presidencia ha dedicado la mayor parte de su intervención de este viernes a desgranar las propuestas económicas del PSOE. Sánchez ha criticado la actual dependencia del exterior de la economía española, los "bajos salarios", el "alto endeudamiento" y ha mostrado su preocupación por las "consecuencias sociales" del modelo actual.

Así, y para poner fin a un "modelo de crecimiento que se va agotando rápidamente" y que provoca "una enorme desigualdad", se ha mostrado partidario de impulsar medidas en tres ámbitos: políticas que favorezcan el crecimiento sostenido de la demanda, reformas que favorezcan la mejora de la productividad y actuaciones que impulsen la competitividad de las empresas y la economía española.

Como ejemplos concretos, el líder socialista ha mencionado la necesidad de un plan de inversiones europeo, el rechazo a nuevos recortes y la apuesta por "reforzar" la Sanidad, la Educación y el sistema de dependencia, "combatir la inestabilidad laboral", potenciar la inversión en I+D+I y "modernizar" las empresas familiares, e impulsar "una gran transición energética" que reduzca los costes de la energía.

Todas estas medidas, ha defendido el candidato, "modernizarán la estructura económica" y están inspiradas "en lo mejor de la socialdemocracia europea". "El PSOE ha demostrado capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo, antepondrá los intereses generales a los partidarios y dispone del capital humano acumulado en su etapa al frente de las instituciones y de la experiencia de sus cuadros", ha resumido.