El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en el caso máster y ha rebajado a un año de cárcel la condena impuesta a la que fuera directora del polémico curso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Cecilia Rosado, por un delito de falsedad documental.

En la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal desestiman el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la absolución de la exmandataria madrileña y estiman de forma parcial el recurso interpuesto tanto por Rosado como la exasesora María Teresa Feito, según informa Europa Press.

El pasado febrero, la Audiencia de Madrid exoneró a Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster del curso de postgrado que cursó en 2012.

Ahora, el Alto Tribunal ha rebajado a Cecilia Rosado la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le condenó la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid.

María Teresa Feito ve rebajada su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental.

Los magistrados confirman la absolución de Cifuentes al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía de Madrid. En su recurso, la fiscal solicitó la anulación de la resolución y la repetición del juicio.

La representante del Ministerio Público alegaba que la sentencia infringía la tutela judicial efectiva, al carecer de "racionalidad y lógica" la motivación que llevó a los jueces a absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid pese a las evidencias, que a su juicio, aporta el material indiciario.

No hay déficit de motivación

La Sala entiende, sin embargo, que el tribunal sentenciador "no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante" y sostiene que "la sentencia explica sucintamente las razones que alientan la absolución" .

En este sentido, los magistrados mantienen que si bien la sentencia "orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal, no por ello incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la acusación pública por irracional valoración de la prueba".

"La fundamentación en que descansa la pretendida virtualidad probatoria de los indicios o razones velados o encubiertos que expone la fiscalía para dar por probada la intervención en los hechos de la Cristina Cifuentes es inhábil, pues estamos en presencia de meras hipótesis, insuficientes para determinarla con la certeza que una sentencia condenatoria requiere", recoge la sentencia.

"El proceso deductivo no se basa en un enlace racional que de forma natural conduzca a una consecuencia cierta y los subrayados como indicios no apuntan a una probabilidad prevalente que autorice a dar por enervada la presunción de inocencia", abunda la resolución del TSJM.

Contra esta resolución cabe aún la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza jurídica penal, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Casi tres años después de que comenzaran los problemas judiciales para Cristina Cifuentes, el futuro parece despejarse para la expresidenta madrileña. Al menos, está a medio camino. La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que archiva la investigación que pesaba sobre ella en la pieza 9 del caso Púnica, la que indaga en una posible financiación irregular del PP de Madrid. No obstante, el instructor deberá resolver un recurso que ha presentado la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). También queda por saber si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma la sentencia que absuelve a Cifuentes en el caso Máster o, por el contrario, hace caso a la Fiscalía Provincial y ordena repetir el juicio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivó el pasado 20 de abril las actuaciones que había abierto en septiembre de 2019 contra Cifuentes por prevaricación y cohecho por el contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández y por el supuesto desvío de fondos desde la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) al PP regional para financiación de campañas electorales del partido entonces dirigido por Esperanza Aguirre.

Tras las diligencias realizadas después de más de año y medio de investigación, García Castellón, que emitió el auto de archivo en plena campaña electoral de los comicios madrileños del próximo 4 de mayo, considera ahora que aunque las pesquisas sobre Cifuentes partían, "en esencia, de una inferencia lógica", no han acreditado que tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente", explicaba el magistrado.

Además, subraya que no se ha probado que la expresidenta ostentara en aquellos años cargo alguno en la fundación, como presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora de la misma, y que cesó como patrona en septiembre de 2008, si bien se elevó a escritura pública en 2010. En definitiva, "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de quiénes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación".

Y, por tanto, si no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, no se mantiene que su actuación en el proceso de licitación en la Asamblea "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".

Fiscalía y juez opinan igual

El magistrado de la Audiencia Nacional acordó el archivo a petición de la defensa de la propia Cifuentes y sin pedir informe a Anticorrupción. Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía está de acuerdo con los argumentos del juez al considerar que la investigación en torno a la expresidenta no ha permitido acreditar los motivos por los que fue imputada en septiembre de 2019, de modo que no presentará recurso contra el auto de la semana pasada. En los últimos meses se han apreciado discrepancias de criterio entre juez y Fiscalía en el caso Púnica, pero en esta ocasión están de acuerdo, lo cual hace muy poco probable que se vuelvan a abrir las diligencias. Eso sí, el instructor deberá argumentar de nuevo por qué desimputa a la expresidenta, en respuesta al recurso de Adade.

La acusación popular ve "absolutamente incongruente" la decisión de García Castellón, sobre todo porque, según recuerda, el juez dijo que sería al finalizar la instrucción "el momento procesal oportuno" para tomar una decisión. También lamenta el "cambio de actitud" tanto de la Fiscalía como del juez. En su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, Adade pone en evidencia que el año pasado el PP de Madrid remitió un escrito a la Audiencia Nacional remarcando que Fundescam había quedado extinguida en octubre de 2016 y que al momento de la solicitud de información del magistrado sobre las reuniones en las que Cifuentes pudo participar "no hay persona alguna que tenga la potestad certificante para cumplimentar la petición".

"De la lectura se deduce que no tiene ninguna validez, pues quien firma dice haberse incorporado con posterioridad a la disolución, que no hay nadie que pueda certificar, eso sí dice que no consta que se haya entregado documentación a Cristina Cifuentes, pero no dice por qué le consta. Sorprende que una institución como el Partido Popular no tenga capacidad ni nadie dispuesto, no ya a entregar, que lo hicieron mediante anónimo la primera vez, sino a certificar lo que hacen en su sede y precisamente con Fundescam", explica.

La acusación hace constar al juez que Cifuentes "no participa en reuniones de Fundescam, ni ella ni nadie lo hace, porque sencillamente no se celebran" y que la fundación "no le informa de las donaciones que recibe porque no hay reuniones ni cuentas ni actividad de Fundescam". Y es que, para Adade, "de la instrucción realizada hasta la fecha, de la prueba recabada, de las declaraciones prestadas, se deduce clarísimamente, todo indiciario en este estado de la causa, que Fundescam era sólo una herramienta creada para recaudar fondos para el Partido Popular de Madrid, sin actividad conocida alguna", como así concluyen los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa.

"El mero hecho de figurar como miembro del patronato de una entidad que no tiene actividad alguna, pero que formalmente recibe subvenciones y las gasta, ya supone una forma de participación en hechos presuntamente delictivos. Si la señora Cifuentes quería demostrar su inocencia, lo que debía demostrar no era su inactividad como miembro de un patronato ficticio y sin actividad ninguna, sino su diligencia en el desempeño de sus labores, las veces que reclamó información o solicitó que se le facilitasen las cuentas antes de su aprobación a fin de poder estudiarlas", subraya el escrito de Adade.

Formaba parte de los comités de campaña

Por otro lado, cuestiona la versión de la expresidenta de que ella no supiera nada de una supuesta caja b en el partido: "Su larga trayectoria y sus múltiples contactos hacen prácticamente imposible que desconociese que en las múltiples campañas electorales que participó desde al menos el año 1991 había un techo de gasto y que el número de actos y pancartas, los panfletos, las cuñas televisivas o de radio, las inserciones en periódicos, etc., era imposible que entrasen dentro de ese reducido presupuesto". Además, en las campaña electorales investigadas, 2007 y 2008, "ella era la secretaria ejecutiva de Política Territorial del PP de Madrid y, según la documentación aportada por ella misma, formaba parte de los comités de campaña con la misma responsabilidad".

De hecho, recuerda que otros imputados en este procedimiento, como el empresario Daniel Horacio Mercado–adjudicatario de contratos de la Comunidad de Madrid y del PP– y la ex directora general de Medios del Gobierno madrileño Isabel Gallego han reconocido irregularidades en la financiación de las campañas electorales del PP de Aguirre, por lo que Adade cree que quien debe enfrentar los testimonios contradictorios es el tribunal que juzgue los hechos de esta pieza 9, pues en la vista oral se podrán valorar, "sin interrupciones, tanto las declaraciones como los informes, las periciales y la documental obrante en la causa, lo que permite una visión mucho más ajustada a la realidad que la propia de la instrucción, especialmente en un juzgado donde desbordan las macrocausas y sobre temas conexos". En su opinión, "hay sobrados indicios no sólo para mantener la condición de investigada de Cifuentes, sino para decretar la apertura de juicio y que adquiera la condición de acusada".

"¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?", se preguntó Cifuentes en un comentario en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer el auto de archivo. Aunque todavía no puede cantar victoria, pues aparte del recurso de Adade, el TSJM aún debe resolver el recurso de la Fiscalía de Madrid, que sigue sosteniendo que la expresidenta fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual" la falsificación del certificado del trabajo de fin de máster. El Ministerio Público, que pedía tres años y tres meses de cárcel por falsedad en documento oficial para Cifuentes, solicitó la repetición del juicio en el que ésta resultó absuelta.

La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el 'caso Máster', solicitando que se anule la sentencia y se repita el juicio por "insuficiencia e irracional motivación fáctica", han informado fuentes fiscales, como recoge Europa Press.

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que "todo acto tiene una razón de ser" y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada "adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica" puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera "incongruente" y "contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio".

Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo "ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio" como la devolución de las actuaciones "al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala".

"Cui prodest?  Quien se beneficia del delito, ese es el que lo cometió"

(L.A.Séneca)

Esta sentencia la dejó escrita hace veinte siglos el filósofo cordobés Séneca y hasta se consideró principio de referencia moral en derecho romano. Pero aquí de poco sirve. No tenemos remedio.

Que no, que no aprendemos. Y eso que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ya lo manifestó en 2014, ante numerosos representantes del mundo de la judicatura, dejando bien claro que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudadorrobagallinas". Obsérvese que tampoco mencionó a robacarreras ni robamásters.

Y aunque muy pocos esperaban que la Justicia, al menos en esta ocasión, fuese a ser medio justa, se equivocaron y yo también, pues el caso del máster de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la comunidad de Madrid, se ha resuelto a su favor y ha quedado libre de toda culpa.

Que quede claro que Audiencia Nacional de Madrid ha emitido su fallo absolutorio solo referido a la falsificación del acta del TFM, porque no hay pruebas suficientes, pero ha reconocido irregularidades e "incongruencias". Veamos esas minucias:

1.-Matricularse para hacer un máster tres meses después de haberse cerrado el plazo de inscripción.

2.- No asistir a las clases ni conocer a los profesores.

3.- No hacer exámenes de asignaturas aprobadas luego con sobresaliente.

4.- No conservar ninguno de los trabajos que dice enviaba mediante mensajero ni tampoco el trabajo fin de máster.

5.- No saber ante quién defendió el TFM que se lo aprobaron con notable. (Dijo que fueron tres personas que no conocía, en un acto muy informal. ¿Serían bedeles o limpiadoras?).

6.- Conseguir (¿sin presiones?) un acta falsa con firmas falsas de miembros de la universidad certificando el máster obtenido para mostrar ¡"su verdad con papeles"!

Para qué seguir. El desenlace final ha sido el siguiente:

- Cecilia Rosado: la profesora que ha confesado haber sido obligada a “fabricar" el acta con firmas falsas; condenada como cooperadora a 18 meses de prisión, a la que no tiene que entrar por ser pena inferior a dos años y carecer de antecedentes.

- María T. Feito: asesora del consejero de Educación de Cifuentes, ha sido condenada a tres años de cárcel por ser la inductora y presionar hasta conseguir el acta falsa.

- Cristina Cifuentes: absuelta de todo por falta de pruebas suficientes.

- Álvarez Conde, el director de facto del máster, falleció en 2019.

Conclusión: Nadie puede creer que quien según la fiscal fue "la beneficiada primera, única y directa" de este caso máster, haya salido absuelta. Hasta Séneca se habría levantado indignado desde su tumba.

P.D.- El caso no está cerrado. Cifuentes ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar reabrir la querella que presentó contra los dos periodistas por publicar la verdad. Los docentes de la URJC guardan silencio monacal porque les conviene. Los estudiantes están humillados y cabreados porque les perjudica. Al parecer, hubo más másteres regalados a otros políticos, pero al estar aforados el Tribunal Supremo rechazó la investigación. (No cito sus nombres, no sea que intenten encausarme).

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre

La Fiscalía de Madrid estudia recurrir la sentencia de la Audiencia de Madrid que absuelve a Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en 2012, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público está analizando el contenido del fallo dictado este lunes por los magistrados de la Sección 16 para decidir si finalmente impugna la resolución.

Fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) han señalado a Europa Press que descartan impugnar la resolución al acatar la decisión judicial.

La sentencia absuelve a Cifuentes, pero condena a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

En la sentencia, los magistrados determinan que de lo actuado no ha resultado probada "ninguna intervención" de Cifuentes en el delito del que había sido acusada.

"Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", afirman.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que ella indujera a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). El tribunal ha constatado que el curso que dirigía de facto el catedrático Enrique Álvarez Conde estuvo "plagado de irregularidades" y que el "desarrollo" de la actividad de la exdirigente del PP de Madrid como alumna ha revelado "un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado", pero esto no prueba, en su opinión, que Cifuentes estuviera detrás de las maniobras detectadas para fabricar el acta.

Esas "incongruencias" de las que hablan los magistrados que han enjuiciado el conocido como caso Máster son que ella misma reconoció que "nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos que entregaba a Álvarez Conde y que el 2 de julio de 2012 entregó el TFM de manera informal ante dos o tres personas". Otra incoherencia constatada por el tribunal es que en febrero de 2017, la expresidenta acudió a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a recoger el título oficial del máster acompañada por María Teresa Feito, funcionaria del centro que en ese momento ejercía como asesora en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

La sentencia no entra a valorar el hecho de que, aunque Cifuentes dijera que presentó su trabajo en una sala del campus de Vicálvaro de la universidad, ningún testigo en el juicio ha corroborado esta afirmación. En concreto, durante el juicio la expresidenta declaró que estuvo en una sala de juntas el 2 de julio de 2012 y que allí había varias personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que definió como "muy informal". No sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no".

Esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que habló Cifuentes no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba acreditaron que ese "acto informal" se produjese tal y como ella explicó. Pero la Audiencia Provincial de Madrid considera que no es su competencia acreditar "si se produjo o no esa defensa del TFM". Aunque eso sí, pone en duda la versión aportada por la expresidenta: "Incluso de haberse producido, hubiera sido en extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna figuraba como no presentada en la asignatura que impartía el profesor Pablo Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014".

En todo caso, los magistrados determinan de que lo actuado en el juicio no ha resultado probada "ninguna intervención" de Cifuentes en el delito del que había sido acusada. "Las sospechas legítimas que pudieran existir no se ha convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", afirman. La fiscal Pilar Santos había solicitado en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña por inducir a la falsificación del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

Pero el tribunal recuerda que las otras acusadas en el juicio, la profesora Cecilia Rosado y María Teresa Feito –que sí han sido condenadas–, declararon que no mantuvieron contacto alguno con la expresidenta, "tampoco con su oficina o gabinete", después de que saltara el escándalo de la falsificación del acta tras la publicación de la noticia en elDiario.es. Tampoco ninguno de los intervinientes en la reunión que se celebró en el Rectorado de la URJC el 21 de marzo de 2018, para responder a la información, "ha hecho nunca referencia a Cifuentes". "Sin obviar el interés de Cifuentes en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión", recalca la Sala, que incide en que "el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió el rector Javier Ramos no es más que un indicio, no corroborado por otros".

El "entorno": un "colectivo difuso e indeterminado"

También alude la sentencia a las referencias de la fiscal acerca de que hubo presión del "entorno" de Cifuentes, a lo que señala que se han de rechazar "esas alusiones genéricas", que atribuyen "la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado, sin personalidad propia, contradiciendo las bases del Derecho Penal moderno y yendo en contra de la doctrina que exige la determinación individual del sujeto activo del delito, sea persona física o jurídica".

Los magistrados no ven, por tanto, probado que Cifuentes fuera la inductora de la falsificación, papel que sí atribuyen a Feito, ya que ven probada su participación "por la actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado". Esta presión, dice la sentencia, queda acreditada por la propia declaración de Rosado como por el "conjunto de llamadas" que hizo a la profesora el mismo día de la publicación de la noticia, hasta un total de quince en pocas horas. Por eso la condenan a tres años de cárcel.

De Cecilia Rosado, la sentencia ve pertinente la aplicación de las atenuantes de confesión ante "la asunción de la responsabilidad" en los hechos tanto en la instrucción como en la propia vista oral. Su colaboración con la Fiscalía resultó determinante para el esclarecimiento de lo ocurrido con la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. De ahí que a pesar de que fuera ella quien fabricó el documento, falsificando las firmas de dos compañeras, su condena se queda en un año y medio de prisión, ya que el tribunal le aplica la atenuante analógica de "miedo insuperable" por su temor a que su carrera profesional se viera afectada si no accedía a crear el documento.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente conservadora era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

"Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue "puramente selectiva" y "arbitraria" al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

Choclán aludía a las "irregularidades" detectadas en una pieza separada en "todos los alumnos investigados", un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. "Todo se cocinó en la universidad", manifestó.

La fiscal Pilar Santos Echevarría ha manifestado en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) con la finalidad de "salvar su reputación y su carrera política", mientras que la defensa de la exlíder madrileña ha apuntado directamente a la universidad para salvar su prestigio.

El juicio ha quedado visto para sentencia sin que las tres acusadas hayan hecho uso de su derecho a la última palabra. En la última sesión, las partes han expuesto sus conclusiones finales.

Con voz contundente, la fiscal ha afirmado que la expresidenta "no se manchó las manos por su cargo" y ha detallado cada una de las irregularidades que enervan su presunción de inocencia para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses de cárcel.

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

El abogado José Antonio Choclán ha reclamado la absolución para su clienta esgrimiendo que ya ha sufrido "una pena natural" esperando que el tribunal repare este sufrimiento y "calvario" al menos de una manera parcial.

Además, ha tachado de "puramente selectiva" y "arbitraria" la acusación de la fiscal al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

"Cifuentes no es garante de la legalidad administrativa", ha subrayado el letrado en relación a las anomalías que hubo en este máster del curso 201172012, recalcando que de la instrucción se desprendió que hubo "irregularidades en todos los alumnos investigados", un hecho que ha quedado patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó.

Por ello, ha incidido en que es "justo reconocer que la fiscal debió comportarse del mismo modo ante la evidencia de similares irregularidades administrativas en los expedientes analizados".

Además, ha insistido en que no hay prueba de que hubiera "una inducción en cadena" del acta falsificada y ha recordado que "el vicerrector" de Planificación de la URJC "sugirió que sería bueno que apareciera un acta", lo que sí tiene la naturaleza de "inducción" según ha recalcado Choclán.

"La presión es más atribuible a las incidencias internas y exigencias del rector y vicerrector y no a la posibilidad de una influencia exterior. Todo se cocinó en el interior de la universidad que hoy ejerce como una acusación particular. No beneficia a Cifuentes sino viene a lavar la cara a la universidad porque es quien tiene la voluntad y quien pone en circulación documentos para salvar la cara a la propia universidad", ha aseverado.

"Salvar su reputación"

En su exposición, la fiscal ha relatado que Enrique Álvarez Conde "le dio a Cifuentes todas las facilidades necesarias" para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura".

"Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema", ha señalado.

Tras ello, ha indicado que hay "ciertas irregularidades demasiado notorias". En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería "algo incompatible" dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas –la de Pablo Chico y la del TFM– por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

"Siempre aparecen los mismos protagonistas", ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado "clarísimo" que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer "una petición expresa" por parte del alumno y no consta.

"El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible", ha señalado.

Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas "reiteradas" que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba "en entredicho" la reputación de las universidades públicas madrileñas.

"Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad", ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.

Consecuencias "nefastas" 

"Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta "a la vista de que se quería salvar su reputación", por lo que el acta debía "responder a las exigencias" del entorno de la expresidenta regional.

En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito como autora material para hacer "frente a la crisis mediática" tras saltar el caso, recibiendo "numerosas llamadas" de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.

"Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido", ha señalado la fiscal y ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde "daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos", ha dicho.

A Feito la sitúa "en el epicentro" de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.

"Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba", ha recordado.

Sín vínculos con Cifuentes

La defensa de Feito ha recalcado que su patrocinada no ordenó ni presionó para confeccionar el acta y ha aseverado que no era persona de confianza de Cifuentes.

Por su parte, el abogado de Cecilia Rosado ha recordado que Feito presionó a su clienta para que realizará el acta, el trabajo de Cifuentes y que le diera bibliografía sobre el tema a abordar.

¿Dónde están los profesores ante los que Cristina Cifuentes dice que expuso las líneas generales de su trabajo de fin de máster? ¿Quiénes son? ¿Fueron esas personas las que evaluaron el trabajo que ella asegura haber entregado? La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que estuvo en una sala de juntas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el 2 de julio de 2012 y que allí había varias de personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que define como "muy informal".

Con el juicio sobre la supuesta falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) a punto de concluir –sólo queda la exposición de los informes definitivos de las partes, prevista para el próximo viernes, 5 de febrero–, esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que ha hablado Cifuentes en su declarción en la Audiencia Provincial de Madrid no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba han acreditado que ese "acto informal" se produjese tal y como ella ha explicado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió unas semanas después de saltar el escándalo a raíz de la publicación de la noticia en elDiario.es, se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental que puede suponerle hasta tres años y tres meses de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía para ella.

En la segunda jornada de la vista oral, Cifuentes defendió, a preguntas de la fiscal, que no sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no". Según indicó, no les conocía porque nunca fue a clase, sino que cursó el máster a distancia pues la asistencia no era obligatoria, examinándose a través de trabajos. Sin embargo, no ha podido presentar esos trabajos ni el de fin de máster porque, según afirma, los debió perder en alguna de las mudanzas que ha realizado en estos años. "No leí el trabajo, les entregué el trabajo y les expliqué cuáles eran las líneas generales", dijo. Tampoco sabe decir qué profesores eran los que supuestamente estuvieron en esa sala de juntas, sus nombres o los cargos que tenían en la URJC. Sólo aportó que uno de ellos era un hombre.

En los sucesivos días del juicio, ningún testigo ha confirmado la versión de la expresidenta. Las tres firmas de profesoras que aparecen en el acta de fin de máster, la que se falsificó según lo que cree la Fiscalía, no son las de esas personas de las que habla Cifuentes. Así lo han manifestado las tres. Primero, Cecilia Rosado, acusada también por falsificar el acta y las firmas de sus compañeras y quien ha reconocido todos los hechos, motivo por el cual el Ministerio Público pide que se le aplique la atenuante por confesión. Después, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, admitieron que mostraron sus rúbricas a Rosado en una videollamada pero sin saber que era para la falsificación, sino creyendo que era para algo menor, y aseguraron que no estuvieron en esa sala en la que supuestamente la expresidenta entregó su trabajo.

Por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid han ido pasando durante la vista oral otros testigos, entre ellos exalumnos del máster, responsables de la universidad y profesores del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, otro de los procesados en esta causa y que falleció en abril de 2019. Ninguno ha dicho que formara parte de ese plantel de profesores el 2 de julio de 2012.

Pero es que además, la prueba inesperada que presentó la defensa de Cifuentes el primer día del juicio, un pendrive con su agenda electrónica de 2012, fecha en que era delegada del Gobierno en Madrid, en la que presuntamente aparece un apunte sobre una cita en la URJC para el 2 de julio de ese año, ha sido retirada este viernes después de que los magistrados de la Audiencia de Madrid le comunicaran que sólo se admitiría si entregaba el contenido completo. El abogado de la expresidenta, José Antonio Choclán, considera esta medida, por la que las partes tendrían acceso a todos los datos de esa agenda, "desproporcionada", por lo que ha optado por renunciar a la prueba.

Cifuentes afirmó durante su comparecencia que no asistió a clase y que su único interlocutor para cursar el máster fue Álvarez Conde. Según dijo, todos los trabajos se los entregó a él en formato físico porque al catedrático no le gustaba la comunicación vía e-mail. Otro extremo que después fue desmentido por profesores de la URJC, quienes han declarado que se comunicaban con Álvarez Conde por cualquier vía, también a través del correo electrónico y que él no tenía ningún inconveniente en utilizar este método.

Firmas falsificadas, cambios de notas y trabajos sin defender

Lo que se ha puesto de manifiesto durante todo el juicio a Cifuentes son todo tipo de irregularidades que rodean los másteres que ofrecía el Instituto de Derecho Público. Por la sala de vistas han pasado exalumnos que han reconocido que no asistieron a clase, otros que no defendieron su TFM e incluso alguno que ha afirmado que no llegó a cursar el máster. Uno de éstos ha admitido que ni lo cursó ni presentó TFM, pero que, pese a ello, recogió su título después de pagar una tasa por ello, un título que le permitió después estudiar un doctorado.

Profesores y antiguos alumnos han constatado que se falsificaban firmas u otros documentos, extremo que también ha sido confirmado por los peritos de la Guardia Civil. Incluso, la propia expresidenta madrileña garantizó que no reconoce una firma que aparece como suya en un documento de matriculación del mes de octubre de 2012 ni el impreso en el que está estampada. "Han falsificado mi firma", resaltó durante el juicio.

Por otra parte, una funcionaria de la universidad, Amelia Calonge, confirmó en su declaración como testigo que cambió las notas del máster de Cifuentes de no presentado a notableno presentadonotable a petición de otro catedrático, Pablo Chico, por lo que no puso en cuestión la orden. De hecho, también remarcó que el de la exdirigente del PP no fue un caso único y que cambió las notas de "muchísimos alumnos". Después, el propio Chico negó que pidiera eso a Calonge y aseveró que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

La versión de Calonge también fue puesta en duda por José Antonio Lobato, exresponsable de Postgrado y Títulos Propios de la URJC, quien explicó que su departamento se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, pero que la funcionaria no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a hacer modificaciones como esas. Lobato también desmintió partes de la declaración de Cifuentes al señalar que la asistencia a clase del máster era obligatoria desde 2007 y que cuando saltó la polémica el rector le pidió que recopilara las actas concernientes a la expresidenta, pero que se dio cuenta de que no constaba la del TFM.

Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.

La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos clave en la acusación.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de "buena fe" cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.

En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quien tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.

Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.

La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de eldiario.es, en la que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde —fallecido— dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.

Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa".

También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. "Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.

No estaba autorizada

El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.

Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenía que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.

El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.

"El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.

Presiones de la Comunidad de Madrid

El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".

"El señor rector -Javier Ramos-, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo. "Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora. 

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

El exconsejero Educación reconoce "reiteradas" llamadas al rector

El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias. Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en elDiario.es y que destapó la polémica.

El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.

Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado. 

Llegó el día decisivo para Cristina Cifuentes. Sentada en el banquillo de los acusados, se enfrenta a más de tres años de cárcel acusada de ser la inductora de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM). Pero, de momento, habrá que esperar para saber cómo la Fiscalía llega a esa conclusión, ya que en la primera jornada de juicio han declarado otras acusadas –la exdirectora del máster Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito– que no han aportado luz acerca de cómo la expresidenta habría gestado la manipulación del documento oficial.

Lo que sí ha quedado patente en la primera jornada del juicio, que se alargará al menos otros tres días, es que Rosado, que ha colaborado con la investigación, ha admitido que fabricó el acta después de que se publicara el escándalo en eldiario.es, que lo hizo a instancias de su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y que se sintió presionada tanto por él como por Feito, quien según su versión le llegó a decir: “Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”. También ha habido sorpresa al inicio de la vista oral, pues la defensa de la expresidenta madrileña ha aportado un informe que acreditaría que superó todas las asignaturas así como un pendrive que demostraría que en su agenda como delegada del Gobierno, cargo que ostentaba en 2012 cuando cursó el máster, había una cita referente a la fecha de defensa del trabajo. Es la primera vez que aporta esta prueba en todo el procedimiento judicial. Cifuentes prestará declaración el próximo viernes, 22 de enero.

La declaración como acusada de Cecilia Rosado, testimonio clave para la acusación de la Fiscalía y de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), se ha extendido por varias horas en las que ha dicho que no recuerda haber visto a Cifuentes en la clase del máster ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. Según ha recordado, la semana en la que debía realizar esa defensa, el 2 de julio de 2012, Rosado no pasó por la universidad porque estuvo preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele hacer en su casa.

Más de veinte llamadas

La profesora, para quien el Ministerio Público pide 21 meses de prisión, menos que a las otras acusadas al haber colaborado, ha querido dejar claro que la relación con Álvarez Conde –el director del Instituto que organizaba el máster y fallecido en 2019– siempre fue de "jerarquía", argumento que ha utilizado para justificar que falsificara el acta del TFM de Cifuentes el mismo día en que se publicó la primera información periodística. Aunque ha admitido que fue ella la primera que contactó con él en cuanto leyó la noticia, ha asegurado que a lo largo de las siguientes horas el catedrático le llamó "veinticuatro veces" y que también recibió "quince SMS" de llamadas perdidas suyas.

"Me dijo 'esto hay que arreglarlo'. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me puse muy nerviosa y me dijo que era la única opción. Y que no había nada que hacer", ha relatado. También ha explicado que fue después de la rueda de prensa que ofreció la universidad ese mismo día cuando Álvarez Conde le ordenó elaborar el acta de notas de Cifuentes. 

La profesora ha explicado que aunque ella era la directora del máster, no tenía "autonomía académica" porque Álvarez Conde era quien "decidía todas las cuestiones importantes", como qué profesores daban clase, y se encargaba de buscar alumnos. Tanto es así, ha dicho, que al primero al que llamó cuando saltó la noticia fue a él.

Según Rosado, también recibió numerosas llamadas de María Teresa Feito, quien en aquel momento era asesora de Educación en la Comunidad de Madrid pero también era funcionaria de la URJC. Aunque no recuerda haber tenido relación con ella antes, ese día recibió "quince llamadas y cinco SMS", así como "llamadas de Whatsapp". "Me dijo que el TFM tenía que aparecer. Luego cambió y me dijo que había que hacer el TFM, que le busque bibliografía del título del trabajo. Y después de la rueda de prensa, que haga el acta, que envíe el acta", ha explicado.

La profesora ha descrito todo este proceso como "presiones" para que fabricara un acta en ese momento. Y así lo hizo, pero tardó "cerca de tres horas" porque estaba "muy nerviosa" y "asustada" y tenía "miedo" por lo que estaba sucediendo. Como le dijo Álvarez Conde, en el documento debían aparecer también los nombres de otras profesoras como integrantes del tribunal de evaluación: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Ninguna de ellas está acusada en este caso. "Cuando confecciono el acta estoy en mi casa y Alicia me enseña la firma por videollamada y me da el OK cuando la hago", ha explicado. Lo mismo hizo con la firma de Souto.

Una cuenta de correo creada ad hocad hoc

La rocambolesca historia que ha contado no acaba aquí, sino que, según Rosado, Álvarez Conde le indicó que utilizara su cuenta de correo electrónico para enviar el documento ya terminado al rector y al responsable de comunicación de la universidad. Ella no disponía de las claves de correo del catedrático y éste no se acordaba, así que la profesora creó para la ocasión una nueva cuenta de Gmail desde la que mandó el archivo adjunto.

Días después hubo una reunión de los implicados, a la que Rosado acudió con su abogado, en la que Álvarez Conde quería que todos diesen la misma versión si les preguntaban por el TFM de Cifuentes y el acta en cuestión, según la declaración que ha ofrecido la profesora al tribunal. Después, ésta pudo hablar con el catedrático a solas y le recriminó que "se estaba lavando las manos" y le comunicó que se "había sentido presionada", por lo que le pidió que redactara un documento en el que él reconociera que fue quien ordenó fabricar el acta. "Me dijo que sí. Lo redactamos juntos y él lo firmó", ha apuntado.

A preguntas de la acusación particular que ejerce la URJC, Rosado ha sido más tajante al manifestar que, aunque no comprobó si efectivamente el TFM de Cifuentes existía y que se limitó a "acatar las órdenes" de Álvarez Conde, siempre tuvo el convencimiento de que "había que hacer un acta de un hecho que no había existido". "Yo sé que ese trabajo no estaba", ha manifestado después a preguntas de las defensas.

La figura de Enrique Álvarez Conde, quien también estuvo procesado en esta causa hasta que falleció en abril de 2019, un año después de que estallase el escándalo, ha estado presente en toda la primera jornada del juicio, que se ha extendido por casi cinco horas. No sólo en la declaración de Cecilia Rosado, sino también en la de María Teresa Feito, quien ha afirmado que mantenía una relación "cordial" con él –"pobrecito, que en paz descanse", ha dicho varias veces–, pero no de amistad como había sugerido la profesora. "Yo no sabía las cosas que hacía este señor. A mí y a todos nos llamaba puto titular. Y tenía razón porque nunca estábamos en el reparto de la docencia", ha remarcado.

Con Cifuentes ha negado toda relación, aunque ha reconocido que pidió a Rosado para que buscara el TFM porque, según ella, Álvarez Conde le dijo "que estaba". Sobre la cantidad de llamadas que la profesora ha relatado que le hizo cuando saltó el escándalo, se ha limitado a asegurar que es "muy pesada con el teléfono". Eso sí, ha resaltado que está segura de que no le llegó a decir que la expresidenta la fuera a matar.

La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandato de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar, informa Europa Press.

La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde y Feito. Se espera que Cifuentes declare a lo largo de la mañana.

En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la celebración de la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid y en concreto del año 2012 para acreditar la realización del curso.

De igual modo, ha presentado un certificado académico aportado por la propia URJC que verifica que la exlíder madrileña superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El juicio ha arrancado con la declaración de la exdirectora del máster Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión. Se trata de una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Presiones de Conde y Feito

La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien ha comenzado relatando que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018 y que estaba también acusado en la causa como presunto "urdidor de la trama".

Según su testimonio, su relación se torció en 2014 debido a "un conflicto". Rosado coordinaba en esa época un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía "un mérito laboral y que le reportaba un complemento económico".

En 2014, el director del curso buscaba alumnos —algo habitual en este tipo de cursos— y Conde lo interpretó como "una traición", echándola del curso, de una revista y de la Secretaría del área de Derecho Constitucional. "La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario", ha narrado.

En cuanto al máster de Cifuentes, Rosado ha indicado que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos. "Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas", ha dicho.

Sobre Cifuentes, ha dicho que no recuerda haberla visto en clase ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. La semana en la que realizó la defensa, el 2 de julio de 2012, ha apuntado que ese día no estaba en la universidad al estar preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Además, ha declarado que ella preparaba las actas del curso y Conde se encargaba de las firmas. "No tenía acceso al expediente ni a todas las notas de todas las asignaturas. Todo se guardaba dos años y se procedía a la destrucción", ha agregado.

La acusada ha narrado una conversación con Conde a raíz de que saliera la noticia en eldiario.es que destapó el asunto. "Me comentó; Cecilia, hay que arreglarlo. Empiezan las llamadas y me dice que iba a haber consecuencias graves a nivel laboral y que había que hacer lo que sea. Son llamadas previas a la rueda de prensa", ha dicho.

"Me llamó ese día veinticuatro veces y hubo quince SMS. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me pongo muy nerviosa y me dice que es la única opción. Y que no hay nada que hacer", ha relatado.

Rosado también recibió quince llamadas de la exasesora de Educación y acusada María Teresa Feito y cinco SMS. En las primeras le comentaba que el TFM tenía que aparecer y en las siguientes, que había que hacer un trabajo y le pidió que le buscara bibliografía.

Así, se dispuso a realizar el acta en la que tardo cerca de tres horas al estar "muy nerviosa" por lo que estaba sucediendo siendo indicada con los nombres de las profesoras que debía poner como miembros del tribunal; Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

"Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por FaceTime y me da el OK cuando la hago", ha explicado agregando "era asesora del Gobierno de Madrid. "Entendí que... Estuve presionada", ha aseverado y ha recalcado a continuación que tenía "miedo". "Cifuentes os va a matar", le advirtió Feito.

Además, ha relatado una conversación con Conde en el que le acusó de haberla presionado y en la que éste lo reconoció, indicando que le pidió que firmara un documento reconociendo que le había pedido falsificar el acta y que ha sido mostrado en la Sala.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto celebrar el próximo enero el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La vista estaba señalada para el pasado mes de mayo, pero tuvo que suspenderse por el parón judicial como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. Finalmente, la Sección 15ª de la Audiencia de Madrid prevé juzgar a Cifuentes el próximo mes de enero, pero no hay "fecha cerrada" por problemas de agenda entre los abogados de las partes, según las mismas fuentes.

Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster y que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes será juzgada los próximos días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

En el banquillo también se sentarán la entonces profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJM) Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados, falleció el pasado abril en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado, el paso previo al juicio que se celebrará en mayo por falsedad documental respecto al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta.

La instructora consideró que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial "no resultaron creíbles" sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación.

"Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo", expuso.

En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se "obviaran" esas fórmulas de comunicación "tan ágil, sencilla, rápida y accesible" y "fuera todo manual". "No resultan convincentes las alegaciones" de Cifuentes, apostillaba la magistrada.

"En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida", apostilla Rodríguez Medel.

La expresidenta regional dimitió en abril de 2018 tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su acta del TFM de su máster en la URJC cursado en 2012 y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

La Inspección de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha propuesto la suspensión de empleo y sueldo durante seis años contra la funcionaria de la institución Amalia Calonge, conocida por haber accedido al expediente de la expresidenta regional Cristina Cifuentes para cambiar dos notas de su polémico Máster en 2014.

Así lo han indicado fuentes universitarias a Europa Press, en relación con la información adelantada por eldiario.es, que atribuye una falta grave a esta trabajadora.

La universidad retomó, una vez que se archivaron las actuaciones judiciales contra Calonge por el denominado 'caso Máster' (por el que estuvo imputada), el expediente sobre Calonge por haber modificado presuntamente sin autorización expedientes académicos.

Las fuentes consultadas han detallado que los hechos relativos al cambio de expediente de Cifuentes databan de 2014 y habrían prescrito, pero se detectó una actitud "reiterativa" en esta trabajadora por hechos similares (cambio de expediente) en 2016, por lo que la investigación interna de la universidad se retomó.

Una vez recabada información, la Inspección de la URJC ha formalizado una propuesta de sanción relativa a la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de seis años y ayer se le comunicó mediante burofax. Ahora, Calonge tiene posibilidad de formular alegaciones a dicha propuesta que se evaluarán.

La decisión definitiva sobre este caso de forma firme será adoptada por el rector de la institución, Javier Ramos, mediante una resolución.

Por otro lado, las mismas fuentes universitarias han señalado que ninguno de los otros implicados en el 'caso Máster' han recibido propuesta de sanción. Es el caso del catedrático Pablo Chico de la Cámara, a quien Calonge atribuyó durante su declaración judicial la orden de cambio de notas. Lo mismo sucede con las profesoras Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos

La juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, dio por cerrada la instrucción el año pasado y decidió procesar a Cifuentes por presunto delito de falsedad documental en relación al acta del TFM de su Máster. También figuran como acusadas Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha vinculado su salida de la política a una "tormenta perfecta", que se planificó "en un despacho", y que tuvo que ver con "el interés económico de un empresario que quería recibir dinero y no lo recibió", con un "componente de venganza" por "levantar alfombras" y por que a personas les venía "muy bien" desgastarla.

En una entrevista concedida a Telecinco y recogida por Europa Press, la exdirigente regional ha hecho hincapié en que había personas de su partido que se la tenían "jurada" desde que empezó a luchar contra la corrupción mientras que otros querían apartarla porque se la veía como "sucesora de Rajoy".

Además, Cifuentes ha puesto el foco en el "tratamiento" que le dieron desde algunos medios de comunicación, que, a su parecer, "no tiene precedentes en la historia de España". "A mi se me linchó", ha asegurado la expresidenta del PP de Madrid, tras recordar que "durante casi mes y medio" el caso Máster ocupó radios, televisiones y prensa.

Sobre el máster, la exdirigente ha mantenido que ha dicho "la verdad en todo momento" y ha reconocido que parte de sus problemas judiciales los hubiera evitado si no hubiera renunciado al aforamiento, al entregar su acta de diputada de la Asamblea, ya que hubiera sido juzgada por el Tribunal Supremo.

Tomó la decisión de marcharse porque creía que era "lo mejor para el proyecto político" que ella defendía en ese momento. "Yo no me voy por el famoso vídeo de las cremas. Ya tenía la decisión tomada de renunciar varios días antes", ha desvelado.

"Las cloacas del Estado"

Respecto al vídeo, que provocó su precipitada dimisión, ha contado que las cremas llegan a su bolso porque "las mete" ella pero que lo hizo "por equivocación" y "sin querer".

Se trata, según ha explicado, de un error que subsanó en ese momento y ha desgranado que no podía imaginar que había alguien que estaba grabándolo y que lo iban a guardar para utilizarlo "cuando conviniera previo intento de extorsión".

"Me resulta difícil hablar de esto, es algo de lo que no me siento orgullosa en absoluto, al contrario. Jamás voy a defender que alguien se lleve algo de una tienda pero es que objetivamente yo no me di cuenta", ha sostenido. En este sentido, ha declarado que a raíz de las imágenes se le ha acusado de cleptómana, algo que es "mentira".

Para la expresidenta autonómica, este vídeo tiene que ver con "las cloacas del estado". De hecho, el asunto se encuentra ya en manos de su abogado que ha presentado una demanda civil contra el centro comercial por la distribución de las imágenes.

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha contratado a uno de los abogados penalistas de más prestigio en España para defenderla en el juicio del caso Máster: José Antonio Choclán. Según informa la Cadena Ser, se trata de un cambio de estrategia en su defensa de última hora una vez el juez instructor ha ordenado la apertura de juicio oral .

Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, ya ha defendido a personajes como Cristiano Ronaldo por sus problemas con el fisco, a José Mourinho por lo mismo o a Francisco Correa tras el estallido de la operación Gürtel. También asumió la defensa de Rita Barberá o la de David Marjaliza, el número dos de la trama Púnica. 

La Fiscalía de Madrid pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental, al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su Máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster "que jamás se produjo". La acusación que representa a la Rey Juan Carlos pide, por su parte, cuatro años de cárcel.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reafirmado ante la jueza del caso Máster que "ni ordenó, ni encargó, ni participó de en modo alguno en ninguno" de los hechos que se le imputan por la supuesta falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de los estudios de postgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Así consta en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por su abogada ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuya instructora dio a las partes traslado para que formularan sus respectivos informes de cara a la celebración del juicio.

El proceso se encuentra en la fase intermedia en la que las partes exponen su acusación o escrito de defensa de cara a la vista oral, que se celebrará en un juzgado de lo Penal de Madrid al ser las penas que se piden inferiores a los cinco años.

La Fiscalía de Madrid solicita para Cifuentes tres años y tres meses de prisión al considerarla inductora de la falsificación del acta, mientras que la acusación que representa a la Rey Juan Carlos eleva a cuatro la solicitud de pena de prisión.

En el escrito, que ha adelantado hoy El Independiente, la abogada de la expolítica madrileña sostiene que "no son ciertos los hechos relatados por las acusaciones en la medida en que" su clienta es "completamente ajena a cualquiera de los hechos que se le adjudican".

Así, recalca que "Cifuentes nunca se puso en contacto" con la exasesora Maite Feito, "ni con ninguna otra persona, para que se hiciese ningún tipo de gestión a fin de resolver la crisis provocada por el artículo publicado por eldiario.es el día 21 de marzo de 2018".

"Mi representada ni ordenó, ni encargó, ni participó en modo alguno en ninguno de los hechos descritos por las acusaciones.  Ni la señora Feito dependía jerárquicamente de mi representada, ni eran amigas, ni nunca mantuvieron contacto alguno en relación con los hechos publicados el día 21 de marzo de 2018, ni ese mismo día, ni con posterioridad a dicha fecha", asevera la letrada.

En este punto, destaca que este extremo "se corrobora, entre otros aspectos, por la ausencia de llamadas telefónicas entre ambas acusadas tanto en los días previos, como el día en cuestión o los días posteriores".

"Mi representada no indujo, ni al resto de acusados ni a ninguna otra persona, a que confeccionaran o falsificaran Acta o documento alguno", insiste la letrada, quien subraya que su patrocinada no resultaba beneficiada con la falsificación del Acta. Al contrario, apunta la abogada, "esta se crea cuando la misma ya ha cursado y terminado el Máster".

"Esto es, no es un documento que se instrumentalice para fingir que se han superado las pruebas académicas, pues ya había obtenido el título", señala el escrito.

Además, agrega que tampoco necesitaba ese documento para probar que cursó de modo regular el máster, pues esto ya quedaba sobradamente acreditado mediante el propio título oficial, la certificación académica de que todas las asignaturas estaban aprobadas y el abono de las tasas de matriculación y de retirada del título.

Insiste en que su clienta exhibió el acta en los medios de comunicación y redes sociales desconociendo "que la misma hubiera sido falsificada, pues habiendo realizado todas las pruebas necesarias para superar el Máster en cuestión, carecía de sentido que el acta remitida fuese falsa".

El fallecimiento este lunes del exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito como únicas procesadas en la Audiencia Provincial de Madrid por el conocido caso máster, tras la muerte del cuarto procesado. Álvarez Conde ha fallecido a los 66 años como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace tiempo, según ha adelantado laSexta y ha podido saber Europa Press.

Hace un año, el digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria conservadora se retiró de la política en abril de 2018 tras la publicación de un vídeo en la que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.

Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para finales de este año o principios de 2020, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

En su alegado de finales de febrero, la Fiscalía de Madrid considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El Ministerio Público le pide tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado 'caso máster'. El escrito de acusación se produjo después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a estas cuatro personas. El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Del mismo modo, consideraba a Álvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclamaba tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión. Al fallecer, su responsabilidad penal se extingue.

En cuanto a las multas, la Fiscalía pedía para Álvarez Conde y para Cifuentes sigue solicitando 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros. El escrito de acusación ubica a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, detalla que Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ubicado en Vicálvaro.

Otra de las acusadas, María Teresa Feito Higueruela, era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Y Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC. Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado, era dirigido por Álvarez Conde.

A continuación, el fiscal alude a una información publicada en marzo de 2018 en eldiario.es en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el TFM del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012. Relata que dicha noticia provocó que la acusada, Cifuentes, se pusiera en contacto con la también acusada María Teresa Feito, "dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, Javier Ramos, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado".

El representante del Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que ésta no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Con ella, se acreditaría de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta madrileña había cursado "el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente". El 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el rector, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente".

Por su parte, Cecilia Rosado, dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía", accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas. Es más, hizo constar "mendazmente" tras los datos de identificación del máster de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal. "Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7'5)", estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas, Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.

A continuación creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, "que ignoraba las manipulaciones realizadas". Ese mismo día, además, de forma "insistente" y "agobiante" María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado "indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza".

En la última sesión de este órgano parlamentario, la exmandataria regional ha indicado que el contenido al que aludiera durante su comparecencia versaría sobre un asunto que está bajo la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y también por la Audiencia Provincial de Madrid, dado que se registró un recurso para pedir su libre absolución.

Aparte, ha relatado que en sede judicial ya dio respuesta a las preguntas que le han formulado los diputados de Podemos Eduardo Fernández Rubiño y el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, que habían solicitado su asistencia.

Cifuentes ha comentado que en esta materia "no debe ni puede" pronunciarse en esta comisión parlamentaria por lo expuesto, dado que intervenir podría colisionar con el artículo 24 de la Constitución sobre el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. En consecuencia y por recomendación de su abogada, ha manifestado que no iba a contestar ninguna pregunta.

Durante las interpelaciones que le han lanzado los diputados durante la hora de sesión de la comisión, Cifuentes se ha mantenido en todo momento en silencio y con rostro serio, incluso triste en algunos instantes y sin mirar directamente a ninguno. Solo lo ha interrumpido para explicar la determinación de no declarar en la sesión.

Ciudadanos "Ni una sola palabra para los alumnos? ¿Ni un lo siento?

Zafra ha manifestado que esperaba que dirigiera palabras de perdón por lo ocurrido ante los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, dado que la forma en la que se produjo su retirada política "no fue justa" pero entiende que "es más injusto" que no se les pida perdón. "¿Ni una sola palabra para ellos? ¿Ni un lo siento?", ha agregado el parlamentario.

El diputado de la formación naranja ha apuntado que la expresidenta "no es la protagonista de esta historia" pero sí la persona que ha sufrido el "mayor daño colateral" sobre este asunto y le ha instado a aclarar quién le recomendó que cursara el máster desplegado por el Instituto de Derecho Público, en el que se concentraron diversos políticos. "La duda que tenemos es cómo empezó todo esto", ha enfatizado.

El parlamentario de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha indicado que Cifuentes tenía la obligación de comparecer en la comisión por el ser el "centro" mediático de la presunta trama de expedición de títulos fraudulentos en el Instituto de Derecho Público, pero para su formación no era central su asistencia dado que, en cierto modo, "ya pagó por su responsabilidad política".

"Queríamos escuchar a quien no ha pagado", en referencia al presidente nacional del PP, Pablo Casado, una solicitud que cursó Podemos pero que no prosperó por la abstención del PSOE y el voto en contra de los populares.

Rubiño ha manifestado comprender la decisión de la expresidenta de no declarar, porque tiene derecho legítimo a su defensa, pero le ha comentado que las "mentiras" que, en su opinión, se envolvió para explicar el polémico asunto de su máster de Derecho Autonómico, insultaron la "inteligencia" de los estudiantes.

El diputado de la formación morada ha apuntado que si la expresidenta tiene respeto al cargo que ostentó durante su etapa en el Gobierno regional podía haber aprovechado para "pedir perdón" aunque fuera solo por las consecuencias que tuvo para los estudiantes y profesores, que vieron "devaluado" todo su trabajo por llevarse un título "fraudulento".

El diputado del PSOE Juan José Moreno, ha señalado que el silencio de Cifuentes le suena a "sentimiento de culpa" y que lo peor de este asunto en la parte que afecta a la Comunidad de Madrid fue la "reacción institucional" sobre la polémica de las irregularidades en su máster. Además, le ha pedido que respondiera a las cuestione planteadas por ética.