El Homo sapiens no exterminó al neandertal. Los romanos no eran blancos. Las iglesias no eran de color piedra. Estas son algunas de las falsedades históricas que construyen imaginarios tóxicos al servicio del control social. Un pasado homogéneo, violento y jerárquico hace que el presente homogéneo, violento y jerárquico parezca inevitable. Y lo que parece inevitable no se cuestiona.

Sin embargo, la evidencia apunta a otra cosa: somos una especie cooperativa, diversa y profundamente social. Y vivimos mejor en sociedades inclusivas, igualitarias y justas. Ese es el modelo al que merece la pena aspirar.

Estoy haciendo una gira de presentación de mi libro por pueblos de nuestra geografía. Hace unos días este precioso periplo me llevó hasta La Rioja y Álava. Iba en coche por una carretera nacional que llega a Logroño cuando paré porque me llamó la atención una iglesia que domina elevada el paisaje de viñedos de Briones. Aparqué en la parte baja del pueblo y trepé por unas angostas escaleras hasta llegar a una plaza preciosa en la que se encontraba, con las puertas abiertas de par en par, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Entré curiosa y me quedé sin aliento.

Se trata de una construcción gótica isabelina de tres naves, con órgano, retablos, alfombras y, lo que más me impresionó, frescos originales en las paredes. Muchos parecían cuadros y tuve que acercarme para comprobar que eran pinturas directamente sobre la piedra. Simulaban ventanas, puertas, alfombras, cortinas. De repente me imaginé toda la iglesia pintada así y se me antojó mucho más acogedora.

Las iglesias románicas y góticas eran sitios de encuentro, cubiertas en su mayoría de frescos vibrantes y narrativos que ocupaban toda la superficie, desde el suelo hasta la bóveda. Contaban pasajes de la Biblia para que los fieles pudieran "leer" la fe a través de las imágenes. Durante el Renacimiento y el Barroco, muchas de esas pinturas se consideraron bastas o pasadas de moda y se cubrieron con nuevas capas de pintura o cal. Las iglesias pasaron de ser un espacio hogareño y popular a convertirse en un lugar frío y constreñido. La fe dejó de acompañar una espiritualidad colorida y cercana para volverse más gris, más impersonal, más elitista.

No es un fenómeno aislado. El mismo mecanismo —borrar la complejidad del pasado para simplificar el presente— aparece en otros ámbitos de la historia del arte y de la ciencia.

Hace unos años descubrí el trabajo de la doctora Sarah Bond. Esta profesora de la Universidad de Iowa explica que la forma en que se presenta el arte romano desde el neoclasicismo hasta hoy está marcadamente condicionada por una mirada eurocentrista y racista. Uno de los errores más extendidos consiste en creer que las esculturas romanas de mármol eran blancas, y que ese blanco simbolizaba pureza y limpieza. En realidad, los romanos usaban el mármol blanco como base para decorarlo con intensas policromías. Las estatuas eran una explosión de color y las pieles de las figuras tenían enormes matices. Con el tiempo, las pinturas de las piezas más expuestas fueron desapareciendo y hoy solo se conservan unas pocas policromías. Cuando, siglos después, se recuperaron los estilos del arte romano, se hizo aplicando los prismas racistas de cada época. Para los romanos, que clasificaban a las personas según su origen cultural, el "prejuicio del color" sencillamente no existía.

Bond publicó un artículo detallado sobre este tema que se viralizó. Lo que vino después no fue un debate académico sino una campaña de acoso organizado: amenazas, insultos, presión sobre su universidad para que la despidiera. No porque sus argumentos fueran erróneos —no lo eran— sino porque corregir ese relato resultaba políticamente incómodo para quienes necesitan un pasado homogéneo y blanco que justifique un presente homogéneo y blanco. El odio no apareció a pesar de la evidencia, sino precisamente porque era sólida.

Y lo mismo ocurre con la forma en que contamos nuestros propios orígenes como especie. Durante décadas nos han repetido que los humanos modernos exterminaron a los neandertales, como si la violencia fuera nuestro destino inevitable. Sin embargo, las investigaciones más recientes cuentan otra historia. El genetista Svante Pääbo, premio Nobel de Medicina y uno de los padres de la paleogenética, ha demostrado que los neandertales no desaparecieron en una gran catástrofe ni fueron simplemente eliminados: se mezclaron con el Homo sapiens. Fueron, en gran medida, asimilados. Hoy sabemos que las poblaciones no africanas conservan aproximadamente un 2% de ADN neandertal. No somos el resultado de una destrucción, sino de una mezcla.

Construir la imagen de un ser humano agresivo y destructivo por naturaleza justifica la necesidad de orden y control, legitima la desigualdad y hace que la falta de cooperación parezca inevitable.

Salí de aquella iglesia pensando que no solo habíamos borrado los colores de las paredes, sino también los matices de nuestra propia historia. Hemos heredado un relato en blanco y negro: estatuas blancas, templos austeros, humanos violentos. Un relato que simplifica, empobrece y, sobre todo, justifica. Esa simplificación es una herramienta. Cuando se corrige, cuando alguien como Bond demuestra con datos que el pasado era más complejo, más mezclado, más colorido, hay intereses que se rebelan contra la evidencia. El problema es que no se trata de la historia, sino del presente. Un pasado homogéneo legitima una política de homogeneización. Un origen violento justifica el autoritarismo. Una antigüedad blanca sostiene jerarquías raciales que de otro modo tendrían que defenderse solas, sin coartada.

Por eso el odio aparece cuando se tocan estas narrativas. Es una respuesta funcional destinada a proteger un relato que trabaja a favor de un sistema. 

La historia, cuando se mira de cerca, está llena de mezclas, de cooperación, de color. Está llena de vida. Quizá el problema no es cómo éramos, sino cómo nos han enseñado a recordarnos. Y tal vez recuperar esos colores —en las iglesias, en las estatuas, en nuestra memoria— sea también una forma de imaginar un futuro distinto.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

En un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los recursos hídricos, el acceso al agua segura se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Según la ONU, alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura en sus hogares, y en dos de cada tres hogares son las mujeres quienes asumen la mayor parte de su recolección. En esas condiciones, se estima que juntas dedican 250 millones de horas a buscar agua cada día en países donde no están garantizados ni el acceso al agua ni servicios sanitarios adecuados. Es más del triple del tiempo que dedican hombres y niños a esta tarea.

Para quienes viven esta realidad, el acceso seguro al agua no es solo una mejora técnica: es un cambio en el orden de sus vidas. Cuando el agua deja de ubicarse a kilómetros de distancia y entra por una tubería o una fuente más cercana, se libera tiempo, mejora la salud y surgen nuevas oportunidades.

Las horas que antes se invertían en caminar para llenar bidones se convierten en horas para estudiar, trabajar, emprender o simplemente descansar. Las mujeres dejan de exponerse a riesgos físicos y de seguridad —en muchos contextos, caminar largas distancias las hace vulnerables a agresiones— y cuentan con agua más limpia y adecuada para la higiene y la alimentación, reduciendo enfermedades vinculadas al agua contaminada.

En Ayuda en Acción conocemos bien esta realidad gracias a los proyectos que desarrollamos, especialmente en comunidades rurales. Por eso, en 2025, nuestras iniciativas permitieron que más de 70.000 personas accedieran por primera vez a agua potable segura: aproximadamente 25.000 en América Latina y 45.000 en África. La mitad de ellas son mujeres, que ahora no solo utilizan el agua, sino que también participan en su gestión y, en muchos casos, se han convertido en lideresas de sus comunidades.

Son mujeres como Carmen, de Azuay, Ecuador. En su localidad, hoy es presidenta de la junta de agua y lidera la gestión de los sistemas de agua potable. Gracias a la formación que recibe en la Escuela Nacional del Agua, Carmen y otras mujeres administran los sistemas, planifican el uso sostenible del recurso y lideran iniciativas ambientales, como la protección de páramos y fuentes hídricas.

Benedita Manuel, de 48 años, es agricultora y vive en el barrio Ntuttu, zona A, en el distrito de Ancuabe (Mozambique). Antes de la intervención de Ayuda en Acción, su barrio no contaba con ningún pozo de agua. Las únicas fuentes disponibles eran las aguas de los arroyos, lo que la obligaba a caminar durante horas para encontrar fuentes seguras. Además de la distancia, tenía que enfrentarse a largas filas y a mucha competencia por el agua. Con la apertura de un pozo en la comunidad, la distancia para recoger agua potable se redujo significativamente. Ahora Benedita tiene mayor acceso a agua segura, lo que ha reducido los casos de enfermedades en su familia. El tiempo que antes dedicaba a buscar agua ahora lo emplea en actividades generadoras de ingresos, mejorando así su calidad de vida.

Sus historias muestran que el acceso al agua no solo resuelve una necesidad básica. También transforma el papel de las mujeres en sus comunidades. Cuando el agua llega cerca de casa, se liberan horas, se abren oportunidades y muchas mujeres pasan de ser quienes cargan el agua a ser quienes lideran su gestión.

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Andrés Oleas es especialista en Gestión Social y Ambiental del Agua de Ayuda en Acción Ecuador.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

A los buenos datos de la macroeconomía se les viene atragantando el fenómeno de la desigualdad. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística daba algunas buenas noticias. En España el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha descendido una décima con respecto a 2024, hasta el 25,7%, el mejor dato desde 2008. Además, el volumen de personas en situación de carencia material y social severa se reduce desde del 9,1%, hasta el 8,5%. Sin embargo, pese a la mejora, hay un indicador que no tiende a la baja: el porcentaje de ciudadanos que no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentó un 0,6%, hasta alcanzar al 36,4% de la población en 2025. 

Este equilibrio inestable es algo de lo que ya venían advirtiendo otros estudios como el IX Informe FOESSA Sobre Exclusión y desarrollo social, vinculado a Cáritas, que habla de una “contracción de la clase media”. En otro informe, en este caso de Oxfam, recogen que hasta “un 40% de las personas encuestadas no cuenta con margen para afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros”.

Un gasto inesperado que requiera de un desembolso extraordinario es la peor pesadilla de muchas familias de clase media y exacerba el riesgo de pobreza. Como se observa en el gráfico, la línea que representa a quienes no tienen capacidad de afrontar un imprevisto sube, mientras la de quienes tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, baja.

La definición de clase media es muy difusa y, más que a parámetros económicos, tiende a hacer referencia a un colectivo dentro del que se identifican la mayoría de los españoles. Si lo definimos por el salario, la media en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE. Por otra parte, la mediana o salario más frecuente, se queda por debajo: en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó un 8% con respecto a 2022 precisamente por la subida del SMI.

“Lo que estamos viendo es que la gente más vulnerable está mejorando un poco, aunque sin salir de la pobreza, pero los que están justo por encima están igual o peor que hace dos o tres años. De hecho, los ingresos salariales que más crecen son los del decil más bajo —por efecto de las subidas de SMI—, mientras que los deciles tres, cuatro y cinco son los que menos suben”, señala Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón. “Los sueldos que se regulan por convenio están subiendo, pero no tanto como el coste de la vida y eso lo que provoca es que empeore el indicador de pobreza sobrevenida”, explica.

“Todo indicador es relativo y, aunque es muy buena noticia que la tasa de pobreza mejore, este indicador hay cosas que no captura, como el hecho de que algunos bienes aumenten muchísimo su precio, como le ocurre a la vivienda”, explica la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Esto hace que el umbral de pobreza que estamos considerando no capte bien la subida de precios de la vivienda”. La profesora explica que si los bienes imprescindibles cambian mucho de precio —desde un alquiler hasta ir al dentista— el indicador se queda obsoleto y aunque la renta disponible de la gente aumente sobre el papel, puede haber personas en situación de pobreza porque esos bienes suben más. “Al dedicar mucho dinero a bienes que han incrementado el precio de manera brutal en poco tiempo, como la vivienda, eso hace que no quede demasiado para destinar a lo demás y por eso la dificultad para afrontar gastos sobrevenidos”, concluye.

Una avería en el coche, una derrama de la comunidad o una reforma en casa pueden suponer un problema muy serio. “Esta dualidad se da desde el momento en que se supera el umbral para recibir ayudas, pero el salario no es lo suficientemente alto y coloca a las personas en riesgo de sufrir carencias materiales”, coincide García-Gil.

Otro elemento a considerar es la forma en que se erosionan los ahorros, el famoso “colchón”. “Venimos observando desde hace unos años una pérdida de activos, como el ahorro en la cuenta corriente o en activos inmobiliarios, porque si no puedes comprar vivienda, no puedes acumular patrimonio”, explica Cantó. Esto se debe, abunda, a que la gente no está pudiendo afrontar cierto tipo de gastos y tira de sus ahorros para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Aunque yo tenga más ingresos que el año pasado, si se produce un shock puntual en mis cuentas, no puedo cubrirlo porque cada vez hay menos activos de los que tirar”. De nuevo, el resultado es una mayor inestabilidad económica y una mayor desigualdad de riqueza.

“Esta percepción de inseguridad económica es lo que creemos que está impulsando a muchas clases medias a votar opciones de extrema derecha que tratan de vender un discurso de estabilidad”, remarca la profesora. Porque lo que hacen es explotar el sentimiento de incertidumbre.

Hay muchos factores que erosionan el poder adquisitivo de las familias y vuelven más frágil su situación, pero la vivienda es determinante. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su vivienda en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. El quinto país que más incertidumbre les genera a los inquilinos, después de Grecia (29,2%), Eslovaquia (21,8%), Letonia (21,2%) y Bulgaria (20,8%). Además, apuntan que la situación es peor, recogen, si tu casero es un particular y si no existe un mediador de vivienda social.

Volviendo al terreno de las cuentas familiares, el INE también recoge una tendencia positiva en la evolución de la tasa de pobreza entre quienes viven en una vivienda protegida. Aunque en ese grupo un 40,5% está en riesgo, ese indicador ha descendido más de un 4% en dos años, mientras que quienes viven en pisos a precios de mercado han visto subir la tasa de riesgo desde un 31,8% el año pasado a un 32,6%. Si miramos las viviendas en propiedad, la tasa cae hasta el 14,5%. “Vemos que la tasa de pobreza y la tasa de riesgo de exclusión empeora entre la gente que vive de alquiler. Y de hecho empeora más en quienes viven en un piso a precio de mercado”, puntualiza el responsable de Oxfam.

De hecho, entre quienes menos ganan, el bocado de la vivienda a sus presupuestos es considerable. Revisando el INE, los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. De media, incluyendo todos los niveles de renta, el gasto en este ámbito se lleva el 32% del presupuesto total del hogar.

“El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, alerta el informe de Foessa. En sus estimaciones, los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, alrededor del 45% de la población que vive bajo este régimen se encontrase en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea. 

“Aquí hay una cosa primordial, que es que hay que avanzar hacia un sistema de protección social más universal”, insiste García-Gil. “Hay medidas que sabemos que funcionan en otros países, como la prestación universal a la infancia; solo con que esto se aplicara, se resolvería parte del problema de las clases medias, que tendrían unos ingresos extra”. Y, en su opinión, se atenuaría también parte de ese descontento social que enfoca hacia la gente que recibe ayudas y que muchos grupos ultras quieren aprovechar en su favor.

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

Nunca está de más recordar, recordarnos, que el compromiso con los demás es inseparable del compromiso con uno mismo y que el respeto a uno mismo es el mejor modo de vivir un necesario respeto a los demás. Las palabras del verbo tienen una dimensión ética cuando el yo y el tú procuran formar un nosotros. Hay muchas tentaciones para que ese nosotros facilite dinámicas basadas en el autoritarismo, el dominio, el abuso y la mentira. Se trata entonces de un nosotros que se define en la desigualdad y en una injusticia sostenida.

No hace falta ponerse poético, aunque a veces conviene algo de poesía, para comprender que la intimidad y las relaciones sociales son inseparables. Cuando se convive con un tú, la independencia personal no puede convertirse en un modo de disfrazar la incomunicación o el desprecio al otro. Es algo que no debe olvidarse cuando hablamos de amor o de política, dos palabras que invitan a pensar en las relaciones del yo, el tú y el nosotros.

El abusador sexual que humilla a otra persona empieza por faltarse el respeto a sí mismo, por asumir una condición humillante y degradada de su propia existencia. Ya sé que la sexualidad no se identifica con el amor, pero ayuda a comprender de qué modo puede acercarse una persona al amor cuando el yo establece con el tú una relación de acoso invasivo. Ese yo se acepta como un ser violento, invasivo, avasallador, y después de atropellar su propia dignidad se vuelca sobre las posibles debilidades del tú. De esta forma un abrazo esconde la prepotencia de un sujeto sin escrúpulo que necesita fundar su autoestima en la capacidad de doblegar al otro. No son lo mismo, repito, sexualidad y amor, pero la manera que tienen los abusadores de tratar a sus víctimas sexuales nos ayuda a comprender también su manera de entender el amor, es decir, la palabra nosotros.

La poeta mexicana Rosario Castellanos fue consciente de las dificultades que pueden esconderse en la palabra nosotros, hasta el punto de aludir a una pareja amorosa, más que como un nosotros, como la unión de dos otros. Es bueno no olvidarse de los conflictos, ni de los rincones de independencia y de respeto al otro que nos exige la realidad. Pero también es bueno que la independencia individual no impida en el amor un esfuerzo a la hora de apostar por la ilusión de un nosotros.

Ocurre lo mismo en política. Quien se pierde el respeto a sí mismo y convive con la corrupción y la mentira demuestra que la palabra nosotros es para él un modo de disfrazar el caciquismo y la desigualdad. Hace falta perderle el respeto al propio yo para degradar los vínculos de un trabajo, una organización, un partido o una comunidad. El lugar del yo se funda así en el engaño. Es verdad que los abusos están normalizados en política hasta el punto de que hay programas económicos y sociales que sólo se justifican como maneras estables de regularizar la desigualdad. Por eso resulta muy triste que las personas que dicen defender un deseo de igualdad se pierdan el respeto a sí mismas y conviertan su día a día en un modo de engañar, de abusar. El respeto a los deseos individuales no debe separarse en la política de las ilusiones colectivas. Resulta más complicado en ella separar un deseo sexual propio del amor al nosotros.

Ahora que se recuerda la muerte del dictador y el camino de España a la democracia, podemos entender en profundidad que ese camino no supuso sólo la exigencia de votar cada cuatro años, sino un modo justo y digno de entender la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a la hora de equilibrar las relaciones entre el yo, el tú y el nosotros, un respeto decisivo para establecer también el respeto que merecen las otras personas del verbo: él, vosotros y ellos. Si nos tomamos en serio los síntomas que nos rodean, podremos conseguir que las realidades tristes no nos hagan olvidar lo mucho avanzado. Y que el orgullo por lo avanzado no nos haga olvidar lo que nos queda por avanzar. Conviene seguir haciendo camino. 

La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.

Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”. 

La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.

España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.

Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.

El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”. 

Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. 

Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”. 

Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes.  2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. 

El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España. 

Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”. 

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, emprender ha dejado de ser sinónimo exclusivo de crear una empresa. Hoy, emprender significa generar valor: para la comunidad, para las personas y para el entorno. Es una actitud, una forma de pensar y actuar que busca transformar realidades, resolver problemas y construir futuro.

En un momento en el que la sociedad demanda modelos empresariales más responsables y sostenibles, FECOMA, y sus entidades asociadas, siguiendo la tradición del Cooperativismo y la Economía Social, ofrecen las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos viables, sostenibles y de alto impacto, reforzando el tejido productivo y promoviendo la cohesión social.

La economía social pone en el centro a las personas y promueve el bien común. Su objetivo no es maximizar beneficios individuales, sino generar impacto colectivo. En este modelo, el emprendimiento se convierte en una herramienta para crear riqueza, fortalecer el tejido social, fomentar la inclusión y promover el desarrollo sostenible.

El éxito de los proyectos de economía social no depende solo de la motivación de sus promotores, sino también del apoyo que reciben en cada fase de desarrollo. Por ello, FECOMA ha diseñado un ecosistema integral de apoyo que cubre todas las necesidades de los emprendedores sociales: desde la concepción de la idea hasta la consolidación del proyecto y su expansión en el mercado.

Estos programas proporcionan un acompañamiento continuo, incluyendo formación específica en materia de gestión, análisis de viabilidad económica y social, diseño de modelos de negocio adaptados a la economía social y orientación en la gestión diaria de la empresa. Además, el asesoramiento se extiende a la identificación de oportunidades de financiación, la planificación estratégica y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad, así como a la gestión de crisis de mercado o de relevo generacional.

Concebimos como una prioridad la existencia de redes de apoyo a través de relaciones con instituciones, organizaciones y entidades de Economía Social que potencia las colaboraciones, la búsqueda de oportunidades y las sinergias, donde la intercooperación se hace realidad.

Desde la economía social también apostamos por el acceso a fuentes de financiación a través de la banca cooperativa, las entidades de finanzas éticas, la red de inversores que buscan inversiones con impacto u otras entidades financieras tradicionales.

La economía del conocimiento se basa en la producción, distribución y uso de información y saberes. En este contexto, el capital más valioso, junto al financiero, es el humano: la creatividad, la innovación, el talento. La economía social, al fomentar la colaboración, la educación y el empoderamiento, se convierte en un catalizador natural de las innovaciones (tecnológicas y sociales).

Las iniciativas que combinan impacto social con conocimiento —como plataformas educativas abiertas, redes de innovación ciudadana o proyectos de ciencia participativa— son ejemplos vivos de cómo emprender puede ser sinónimo de compartir, aprender y crecer juntos (tenemos múltiples casos de Cohousing, comunidades energéticas, etc.).

La economía social ofrece respuestas desde lo local, con modelos resilientes y participativos. Emprender con conciencia significa integrar valores éticos, ambientales y sociales en cada decisión generando impactos sociales y sostenibles.

Desde huertos urbanos hasta cooperativas tecnológicas, desde redes de cuidados hasta laboratorios ciudadanos, la innovación social está redefiniendo el futuro y la Economía Social representa al conjunta de entidades que que mantienen esta orientación desde su ADN. Tratamos de crear empresas y empleo, a la vez que comunidad.

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Jose-Vidal García Alonso es Director-Gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA).

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

El sociólogo Jorge Galindo (Alicante, 1985) tiene claro que mejorar las condiciones materiales de la gente es una parte fundamental de cualquier política progresista y por eso, señala, "la vivienda —que es la primera condición material para todo lo demás— tiene que ser el principio de la ecuación". Galindo acaba de publicar Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia (Debate), un ensayo en el que sostiene que España arrastra un trauma provocado por la burbuja inmobiliaria de 2008 y las consecuencias de ese trauma han provocado que se vea la construcción como un problema y no como parte de la solución. Porque edificar, sostiene, "es progresista".

Su enfoque es polémico y lo sabe, de hecho, la red social X se ha convertido en uno de sus campos de batalla y también de divulgación. "Es un espacio en el que hice mi voz y mi carrera pública", señala mientras comenta, entre risas, que no piensa abandonarlo por muy agrias que se vuelvan las discusiones.

Empezó el libro de alquiler y lo terminó con una hipoteca ¿Cómo está el mercado?

La clase media está retrasando mucho la compra de una vivienda. En mi caso, hasta los 40 no he podido comprar porque antes de reunir una entrada, el alquiler se llevó una parte altísima de nuestros ahorros.

Hay un segmento de clases medias llegadas a las ciudades (que es donde trabajan) que simplemente en unos años van a tener poco patrimonio, porque no tienen acceso a la vivienda y esta es, en España, el principal vehículo de construcción patrimonial. Así que hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro.

¿Por qué tres millones de viviendas?

No es una cifra aleatoria, pero tampoco propongo que las hagamos todas en un año [lo explica riendo, y advierte que esto le ha traído algún que otro debate bronco en la red social X]. Creo que con que doblemos la cantidad de visados de obra que tenemos ahora, nos ponemos a la par con la cantidad de hogares que se están creando.

Si nos movemos en 200.000 al año, siguiendo la cifra de creación de hogares, estaremos muy lejos de los datos de la burbuja, pero daremos respuesta a la demanda.

¿De dónde viene ese "trauma" con la construcción?

La burbuja inmobiliaria tenía unas dimensiones sociales profundas que nos tocaron de cerca a todos. Todos conocemos gente cercana que quedó atrapada, bien con la compra de vivienda o bien en el lado del negocio, o conocemos municipios en los que toda la dinámica giraba en torno a la construcción, desde el empleo hasta la política.

El trauma es comprensible, pero la conclusión de la burbuja no es "si construimos los precios subirán"; es "si construimos con un río de crédito barato, las expectativas no tendrán fin". Eso es lo que disparó los precios y, de hecho, la vivienda empezó a bajar después, porque retiramos el dopaje del crédito y porque había un stock que estaba por encima de la demanda.

Construir no es una solución a corto plazo ¿Qué cabe esperar ahora mismo?

Cuanto más tardemos en empezar, más tardaremos en acercarnos a la solución. Pero el hecho de que vaya a tardar no puede ser excusa –y lo ha sido– para no hacer nueva vivienda allí donde la gente quiera vivir. Aunque hay cosas que se pueden hacer mientras tanto, como controlar las licencias turísticas o establecer impuestos, algo en lo que nos hemos centrado menos.

¿Por qué se necesitan más vivienda?

Lo principal es incrementar la oferta, también porque si no corremos el riesgo de poner medidas en marcha que pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, en el Reino Unido se puso en marcha un sistema de préstamos públicos para la compra de primera vivienda y lo que se observó en un estudio es que en las zonas donde la oferta no podía crecer eso acababa en precios más altos.

Los bonos de alquiler o los avales probablemente terminen absorbidos por los propietarios en un contexto en el que la oferta es muy restringida y la demanda muy alta. Estas medidas en un contexto de oferta más flexible funcionarían mejor.

¿Construir es una política progresista?

Yo he vivido siete años en Bogotá, porque mi pareja es de allí. Fuera de España no hay en la izquierda esas reticencias hacia la construcción de viviendas porque la mejora de las condiciones materiales, sobre todo de quienes más lo necesitan, es algo básico y empieza por la vivienda asequible.

El debate público sobre la vivienda está muy centrado en la M30 [Madrid] cuando el problema está fuera, en las áreas metropolitanas. Es ahí donde hay que construir, hacer barrios con transporte público, carriles bici, zonas comerciales... Los barrios nuevos no tienen por qué ser feos y anodinos. Debemos abrir un poco la mano para que la ciudad pueda emerger y meter músculo público allá donde sea necesario, como en la vivienda social.

Usted es sociólogo. ¿Qué opina de la polémica sobre en conflicto intergeneracional y la transferencia de rentas de jóvenes a mayores?

La brecha de clase, de riqueza, tiene una expresión generacional, pero para mí el centro de esto es la riqueza, es la acumulación de riqueza más que la transferencia de rentas. Si tienes que, de pronto, la riqueza de las nuevas generaciones se desploma más de un 70% respecto a las anteriores y que la vivienda es inaccesible, entonces a quienes hereden una casa les habrá tocado la lotería y los que no, tendrán menos oportunidades de crear un patrimonio. Pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué tenemos una nueva generación que no está pudiendo construir patrimonio.

No es un choque generacional...

Hay una brecha, pero no un choque, porque hablar de choque tiene una dimensión política que no lleva a soluciones. Yo no creo que a nadie que tenga 50, 60 o 70 años le haga gracia lo que está pasando con la vivienda. Lo que pasa es que hay que dar el salto desde esta posición hacia otra, que es asumir que ahora mismo quizá hay que hacer políticas que beneficien a los jóvenes. Y ese es un salto difícil.

La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025. 

Aún así, su reducción no es algo reciente. En los últimos años, el presupuesto destinado por las autonomías ha ido bajando hasta llegar al punto actual. Si en el 2010, un 67,4% del presupuesto se destinaba a estas partidas, la cifra ha mermado hasta un 59,1% en 2024.

La crisis del covid 19 puso de manifiesto la importancia de políticas sociales efectivas. Algo que no parecen haber asimilado los gobiernos regionales, que en los últimos años sólo han incrementado un 14,5% el dinero que destinan a estas medidas, mientras que, en el resto de políticas hubo un aumento hasta 4,5 veces mayor. 

La educación, la sanidad y los servicios sociales se han visto golpeados por una caída del presupuesto en 8 puntos porcentuales. Si se ejemplifica en números, el gasto en sanidad ha caído en 6,4 puntos desde el año 2012, cuando el porcentaje se encontraba en un 37,3%. Aunque la reducción es menos brusca en la educación, esta se ha visto igualmente afectada con un contraste entre el 23,9% que recibía en 2010 y el 20,4% que ostenta ahora. 

La única política social que, no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado en presupuesto han sido los servicios sociales. A pesar de lo positivo de esto, el aumento es solo de unas décimas entre el 7,3% de 2011 o 2019 y el 7,8% actual. 

En conjunto, las comunidades han aumentado el gasto en 34.542,30 millones de euros, aunque no de manera uniforme, con distintas aplicaciones e inversiones por parte de cada región. Unas dando mucho peso a lo social y otras con una discriminación presupuestaría en esta materia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Madrid. Esto supone un aumento de la desigualdad entre comunidades, denuncian desde la Asociación, ya que las que menos invierten son precisamente las que menos han aumentado su gasto en políticas sociales por habitante en los últimos años. 

De todas ellas, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la que menos destina por habitante a lo social, con 574 euros menos que la media nacional. Esto contrasta con otras comunidades como Navarra, que destina 4.500 euros por ciudadano, o como el País Vasco con 4.343. Los madrileños reciben casi la mitad, con 2.703 euros por persona. 

En términos de aumento, desde el 2019 al 2024, Madrid ha sido la comunidad que menos ha aumentado su presupuesto social por habitante con 381,3 euros, mientras que la media de todo el territorio se sitúa en los 658,1 euros. 

¿Por qué crece Vox? La encuesta de 40dB para El País publicada este lunes ha confirmado que la extrema derecha española continúa el marcado camino al alza que inició en mayo (un punto al mes, hasta alcanzar un 17,4% de intención de voto, muy por encima de lo que consiguió en las elecciones de hace dos años), sobre todo a costa del PP.

Un crecimiento que coincide con la aparición o extensión de varios casos de supuesta corrupción en las filas del PSOE y del PP —los de Cerdán y Montoro— y con la decisión de Alberto Núñez Feijóo de hacer suyo el discurso antiinmigración de la extrema derecha. Los primeros alimentan la antipolítica, de la que Vox es hoy el principal representante en el Congreso, lo que según los expertos en demoscopia le permite movilizar voto de la abstención. Lo segundo, como demuestran numerosos precedentes europeos perfectamente documentados por el mundo académico, blanquea y normaliza el discurso xenófobo, lo que acaba por favorecer a sus impulsores: los votantes suelen preferir el original a la copia.

Vox nació o tomó fuerza impulsado por la reacción del nacionalismo español frente al independentismo catalán y casi inmediatamente alzó el vuelo haciendo bandera de la xenofobia, la islamofobia y las guerras culturales (cuestionando la violencia machista, la crisis climática o los derechos trans). Pero, ¿sigue siendo ese su principal motor? ¿O ya están operando razones económicas en la transversalidad, cada vez más importante, de sus votantes?

“Ahora mismo es muy complicado distinguir” entre unas causas y otras, confiesa Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y experto en partidos, sistemas electorales y participación política. Son asuntos “relativamente solapados” que “interactúan” entre sí.

Es verdad, explica, que hay un elemento vinculado “al malestar” de una parte de la sociedad que tiene que ver con lo que la academia llama los “perdedores de la globalización”: las personas que han visto reducidas sus oportunidades de mejorar de posición económica y que no tienen expectativas de hacerlo a medio o largo plazo.

Simón recuerda que en la mayoría de los lugares del mundo “lo que estamos viendo es que los partidos de extrema derecha crecen entre las clases medias que votaban a la derecha tradicional y entre las clases obreras que votaban a la izquierda”. Pero en el contexto español “esto no se está manifestando exactamente así. No sabemos en el medio plazo, pero hay un mito persistente que es esta idea del obrero que votaba al PSOE antes y ahora vota a Vox. Eso no se está dando”.

Los “sectores con menos recursos, los que consideraríamos trabajadores manuales no cualificados o cualificados clásicos, o se abstienen o votan mayoritariamente al PSOE. También porque son gente que normalmente tiene una edad media más alta y eso hace que estén más vinculados con el PSOE”.

Ahora bien, precisa, “sí que es verdad que entre los sectores con menos recursos que votan a la derecha es Vox el que arrasa. Es decir: el PP está perdiendo esos sectores de menos recursos que le votaban”. Los obreros de derecha y los sectores con menos recursos votan a Vox antes que al PP, resume.

Así que no hay fuga de la izquierda hacia Vox, insiste el profesor de la Carlos III, sino un trasvase en el bloque de la derecha hacia el partido de Abascal, que también gana de la abstención. Y eso significa que, al menos de momento, “no estamos viendo lo que sí pasa en otros sitios, lo que pueda ocurrir en Francia o lo que pueda ocurrir en Alemania”.

Peter Matuschek, del instituto de opinión pública alemán Forsa, tiene claro que el ascenso de la AfD en su país no es resultado de su discurso contra la inmigración, sino de factores económicos.

La AfD, recuerda Matuschek, “estaba en torno al 3% [en intención de voto] cuando surgió la crisis de los refugiados en 2015. El partido logró alcanzar el 12,7% en las elecciones de 2017, pero perdió votantes hasta la última elección en la que participó Merkel. Llegaron a 2021 con alrededor del 10%”. Su verdadero salto se produjo en 2022 y 2023, cuando la coalición liderada por Olaf Scholz comenzó a hacer agua por razones principalmente económicas.

El experto alemán hace referencia a una ley elaborada por el Partido Verde, que componía la coalición de gobierno con el SPD de Scholz y los liberales del FDP, que fomentaba el cambio de los sistemas de calefacción domésticos basados en combustibles fósiles por eléctricos, más caros, aunque hubiera subsidios. La narrativa de la extrema derecha amplió la discusión a otras áreas del comportamiento.

“En ese momento, la AfD ni siquiera necesitaba jugar con la cuestión de la inmigración”, subraya Matuscheck. “Lo que hizo la AfD fue presentarse como el partido de la gente normal. ‘Cuando votas por nosotros, puedes comer lo que quieras, no te haremos vegetariano, puedes usar petróleo, puedes usar gas, no te enseñaremos cosas”. En el sentido de que “no te costará más”.

En España lo que estamos viendo, añade Pablo Simón, es también un voto de insatisfacción antipartidista que recoge Vox, un elemento de voto protesta que explica también por qué se está transversalizando. Crece en prácticamente todos los segmentos, salvo entre los pensionistas, prosigue Simón.

“Lo que sí captura Vox es el voto, podríamos decir, de la ansiedad económica”, señala. “El voto de aquellos sectores que están en un contexto de incertidumbre, de vulnerabilidad”. “La inflación ha golpeado a todos los segmentos, pero más a las clases medias y bajas”. “Normalmente, las crisis de inflación, como la que estamos viviendo, o cuyos efectos aún se notan, hacen que normalmente se gire más a la derecha. Yo creo que eso puede explicarnos un poco el puzle que tenemos ahora”, concluye.

“Es interesante porque estamos viendo que Vox, que era un partido que antes tenía el voto de las clases altas, de la gente con más recursos, de la gente más preocupada con el procés, está cambiando. Está llegando ahora a segmentos electorales nuevos tratando mucho el tema de la inmigración y del voto protesta”.

Los datos de los más recientes estudios de opinión del CIS, incluido el último barómetro, pero también los que recogen las opiniones de los ciudadanos respecto a los impuestos y la situación social, retratan a unos votantes de la extrema derecha muy movilizados en asuntos como la inmigración, pero sobre todo en lo relacionado con la economía.

Son los menos satisfechos con su actual nivel de vida: poco, 27,4%, o nada, 11,9%. Las medias son de 22,8% y 6,4%. Ningún otro partido está peor.

También son los que más dicen que les resulta difícil llegar a final de mes, en porcentajes muy superiores a la media o al resto de partidos, en particular entre quienes no tienen más remedio que endeudarse para sobrevivir. Algo que atribuyen —más que cualquier otro grupo de votantes— al alza continuada de precios por la inflación y al estancamiento de los salarios.

Los que apoyan a la extrema derecha creen que cada vez hay peores condiciones para encontrar empleo, a la vez que afirman tener a más personas en paro en su entorno. Son los más pesimistas del arco político a la hora de predecir lo que viene: el 88% sostiene que todo irá a peor y que se van a reducir sus posibilidades de adquirir bienes de consumo (desde automóviles a muebles, electrodomésticos u ordenadores).

Los datos del CIS retratan fielmente a los partidarios de Vox como los que peor califican su propia situación económica y la del conjunto del país, en ambos casos muy por encima de la media. Los que creen que España es hoy más desigual que nunca en los últimos diez años, los que más creen que no tienen las mismas oportunidades que sus padres.

Junto con los votantes de Sumar, son quienes se muestran más pesimistas acerca de la evolución de los precios de la vivienda y, de hecho, son los que menos piensan que podrán adquirir una algún día.

Lo que no quita que sean, al mismo tiempo, los votantes más antisistema, los que más culpan de los problemas no sólo al Gobierno sino a los partidos políticos en general.

Vivimos rodeados de frases que no dicen nada y, sin embargo, nos hablan todo el tiempo: “sé tú mismo”, “tú decides”, “sé una mejor versión de ti”, “escoger un camino significa abandonar otros”. Son fórmulas que flotan como espejismos en gimnasios y pantallas.

Llamo Coelhismo sociológico —en alusión al universo de frases hechas que popularizó Paulo Coelho— a esta colonización de la vida por la palabra motivacional vacía. No ofrece respuestas, sino espejismos. Bajo la promesa de liberarnos, nos mantiene sujetos a un relato de insuficiencia perpetua: nunca somos bastante, nunca llegamos del todo, siempre hay un “yo” mejor que debemos perseguir. En su aparente dulzura, estas frases nos condenan a un combate íntimo sin tregua, a un diálogo interminable con un yo ideal que nunca se deja alcanzar.

El poder de lo vacío reside precisamente en su docilidad. Un significante hueco puede acomodarse en cualquier lugar, adornar cualquier muro o chat, circular en cualquier boca. Puede incluso unir a desconocidos en miradas de ensoñación, mientras se interrogan —sin saberlo— sobre el sentido del sin sentido. Lo que parece inofensivo resulta, sin embargo, el instrumento más eficaz de un poder que no manda ni prohíbe, sino que persuade y seduce. Y esto no es nuevo. Michel Foucault lo señaló con lucidez: el poder moderno no vigila desde fuera, sino que habita la subjetividad, se aloja en la conciencia de cada uno. El Coelhismo no nos oprime; nos invita. No amenaza; sonríe. Pero es una sonrisa falsa, que busca debilitar la capacidad de acción y la asunción de responsabilidad, tanto individual como colectiva.

“Decide”, nos dice, pero calla que no todos podemos decidir desde el mismo horizonte. “Sé tú mismo”, insiste, como si ser uno mismo fuera un acto transparente; como si el yo no estuviera siempre atravesado por la historia, por la desigualdad, por la herida de lo colectivo, por una infinidad de razones que desbordan incluso a la propia palabra.

Lo que aquí se celebra como libertad es, quizá, la forma más perfecta de domesticación. Pues nada esclaviza tanto como aquello que se presenta bajo el signo de lo propio, de lo íntimo, de lo elegido. Y así nos descubrimos obedeciendo no a un otro, sino a la voz dulzona que repite dentro de nosotros: “puedes más, aún no es suficiente”, “mañana saldrá otro sol”. El Coelhismo no es literatura, ni filosofía, ni siquiera pensamiento: es decoración. Una decoración banal, que recubre las grietas del presente con frases que brillan como espejos empañados. Y en ese brillo, lo que se pierde es lo esencial: la posibilidad de un pensamiento que no nos adiestre, sino que nos abra.

Porque emanciparse quizá no consista en repetir consignas, sino en aprender a desconfiar de ellas. Y a escuchar, detrás del ruido motivacional, el silencio fecundo donde germina lo verdaderamente humano. Tal vez allí, en ese silencio, se oculte la promesa que tanto buscamos.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga.

Si ganas 1.400 euros al mes ya te pueden contar milongas. Eres pobre y lo sabes. Ya te gustaría destinar el 40% del salario para el alquiler, una burrada según los expertos, pero en mi ciudad, pero ejemplo, una casa de ese precio no la encuentras. Ni en sueños.

A ver si Sánchez se entera de lo que supone llevar 10 años compartiendo piso. O habrá que buscarse una pareja para compartir los gastos. Un piso de una habitación. Puro amor inmobiliario.  Y mejor no pensar en el futuro, que es para no dormir.

Que le diga el presidente a estos jóvenes que España va bien. Como reírse en su cara, no nos engañemos. Bueno, a los que cobran 3.000 euros me callo. Pero hablamos de gente con estudios, formada. Gente que tenía otras expectativas y que no tiene nada. Hagan números. Los chupasangre de los caseros los están matando, con la venia del Gobierno y del libre mercado. Sí, un Gobierno social tendremos. Ya. El permiso ampliado por hijo a ellos les importa un rábano. En hijos estarán pensando…

Muchos de estos jóvenes ven a sus padres defendiendo a este Gobierno y flipan… con lo que  abominaban de otros gobiernos corruptos y sus imputados… Como para decirles que voten a éste. Y una mierda. Antes votan a quienes les dicen que las cosas no van bien.

Tampoco se les podría culpar tanto por eso, si es lo que ven, si es lo que viven…Y los otros, claro, lo saben y más leña echan al fuego. A ver cómo apagamos esto. 

En España el sueldo es vergonzoso.  De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

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Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.

En un mundo más equitativo, la universidad debería ofrecer una representación equilibrada de la composición de la sociedad en todos sus ámbitos: origen, características cognitivas, género, clase social, etc. Sin embargo, no es así, y determinadas políticas avivan esta desigualdad que representa el final del camino en un recorrido educativo que no actúa como nivelador en muchos casos, sino que incrementa la desigualdad.

Los efectos más sangrantes de las apuestas políticas sobre el sistema universitario los podemos ver por ejemplo con la decisión (revocada por una jueza) del gobierno norteamericano de Trump de prohibir la inscripción de alumnado extranjero en programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas o cursos de Harvard. 

He querido referirme a una situación drástica y con consecuencias directas para volver los ojos aquí y preguntarnos si el alumnado migrante tiene la presencia que debiera corresponder en nuestras universidades públicas. Igual ocurre con los estudiantes con discapacidad, o aquellos cuyas familias, por ejemplo, tienen sólo estudios primarios o de rentas bajas. Si profundizamos, los datos son desalentadores, y la PAU no sólo no los corrige sino que ahonda en esta desigualdad que tiene origen estructural, desde muy temprano. Si usamos el concepto acuñado por Rittel y Webber a inicios de los setenta, podríamos referirnos a este como un “problema retorcido” (wicked problem): un problema complejo, incrustado en las vértebras del sistema y que nadie parece querer ponerle remedio.

El armazón educativo reglado favorece desde el arranque del recorrido educativo a las clases más pudientes, como defienden sociólogos como Dubet. Alimenta también la solidez de un sistema basado en la pervivencia de los privilegios a lo largo de toda la formación académica. La selectividad culmina este recorrido, ya que no logra corregir las desigualdades de partida. A excepción de las adaptaciones de las pruebas a las circunstancias físicas, cognitivas o sensoriales de los escasos alumnos etiquetados como de NEAE que acaban Bachillerato, que hay que reconocer que en general se hacen, pocos sistemas compensatorios se despliegan con unas pruebas de acceso que, en su estructura, no fomenta la deseada nivelación en materia de equidad o justicia social. 

Nuestros sistemas preuniversitario y universitario apenas evalúan las características sociopersonales de sus aspirantes, y mucho menos lo hace la PAU. Sí lo hacen, en cambio, muchas grandes universidades de otros países, con el fin de buscar un equilibrio enriquecedor ligado a la cultura, los orígenes y las experiencias vitales de los jóvenes que quieren optar a estudios superiores. Una prueba única para todo el país nunca sería una solución, porque perjudica al alumnado procedente de situaciones estructuralmente más débiles y las brechas por regiones aumentarían (fijémonos por ejemplos en las diferencias de renta per cápita por comunidades autónomas y su relación con el rendimiento académico).

Un orden justo no se logra dando a todos lo mismo. Un examen único no garantizará por sí solo la igualdad de oportunidades. Michael Sandel en La tiranía del mérito (2020), ya aclara que un acceso equitativo a las universidades parte del trabajo y seguimiento de comités de admisión a la hora de fijar umbrales correctos que garanticen diversidad. Aquí, en España, no sólo no se plantea, sino que se ha instaurado como norma la ausencia de plazas en grados y másteres en universidades públicas. Esta situación vicia el sistema en una voraz carrera competitiva donde muchos parten de desventajas diversas. Además, en el modelo actual proliferan como “solución” para los privilegiados económicamente las alternativas que ofrecen las universidades privadas, que blindan el acceso y la culminación de los estudios para quienes lo pueden pagar.

El Bachillerato ha puesto al servicio del cultivo de esta desigualdad sus objetivos académicos y su orientación competencial. Todo el sistema de atención a la diversidad que se intenta desplegar en los centros en la educación obligatoria se diluye en una etapa convertida en un voraz entrenamiento; una competición por la nota que genera ansiedad en estudiantes, familias y docentes, y que tampoco cumple con las supuestas expectativas de los distintos perfiles que acceden a ella, en muchos casos incluso “de rebote”, al no obtener plaza en FP tras la ESO.

Ya en 1º y 2º de Bachillerato nuestros chicos y chicas dejan de estudiar para aprender y mejorar académicamente, y lo hacen para obtener una calificación que los ordene en la carrera de la vida. Y el asunto está en que esa ordenación responde a un desmedido afán certificador que no se corresponde con la madurez intelectual y humana que precisamos para los ciudadanos del futuro, sino más al ansia por superar al otro, de marcado acento neoliberal. Y eso es muy preocupante, más teniendo en cuenta que ni siquiera una parte importante puede matricularse en la primera opción de carrera, por la ausencia de plazas donde solicitan. 

Algunas soluciones a este problema complejo podrían pasar por incrementar la colaboración y acompañamiento en el tiempo de los servicios de Información del distrito universitario con los departamentos de orientación escolares, más o menos como ya ocurre con la FP Dual. Se trataría de reformar en los servicios públicos los programas no sólo de seguimiento académico (hacerlos más amplios y continuados en el tiempo) sino también que se avanzara dentro de los mismos en la búsqueda de perfiles diversos en cuanto a las características del alumnado que opta a un grado. Así, por ejemplo podría reforzarse también una posible interacción de alumnado universitario con alumnado de Bachillerato, de forma que los primeros ejercieran una especie de mentoría sobre los segundos. 

Igualmente, como resulta a todas luces contraproducente que segundo de Bachillerato se oriente casi exclusivamente a preparar la PAU, en los horarios oficiales de los centros debería quedar claramente definitivo el calendario académico que se fija, por un lado, para la superación de los objetivos curriculares y competenciales de la etapa y, por otro, para una preparación posterior opcional del acceso a la universidad  que abarque un margen lo suficientemente amplio de semanas. 

Para este podría existir incluso un banco de profesorado de apoyo a disposición de este servicio añadido que garantice que todo el que quiere prepararse para ir a la universidad reciba los apoyos adecuados según sus singularidades, a la vez que obtiene el acompañamiento preciso en la parte socioemocional en cuanto a las carreras a las que se opta y los perfiles de los aspirantes. 

No olvidemos nunca que, como demuestran las cifras, la quiebra del sistema tiene su culminación en la idea del alto porcentaje de alumnado que no puede acceder a los grados que desea a pesar de obtener buenos resultados en la PAU. Preguntémonos, en definitiva, de qué sirve entonces la prueba, además de para avivar la combinación entre la indefensión aprendida (no vales, no te lo mereces, no es para ti, no estudias lo suficiente) y una creciente subjetividad individualista y competitiva, que refuerza la peligrosa idea de que siempre en el individuo, en lo personal, se encuentra el origen de todos los problemas y, también, su solución.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info

De la misma forma que la dieta y el ejercicio regular impactan en la salud de las personas, otros factores como la contaminación del aire, la igualdad entre ciudadanos y la estabilidad democrática de un gobierno influyen en la calidad del envejecimiento.

Un estudio, publicado en la revista Nature Medicine, analizó una serie de exposiciones socioambientales y observó de qué manera actuaban en la edad real de una persona con respecto a su estado de salud general. 

Según explica a SINC el colíder de esta investigación y profesor de la Universidad Trinity de Dublín (Irlanda), Ignacio Ibañez, variables como “la pobreza, la desigualdad y la debilidad de las instituciones dejan secuelas biológicas que son cuantificables”. De este modo, “el envejecimiento no solo viene determinado por el estilo de vida sino también por dónde y cómo vivimos”, argumenta el experto.

El equipo internacional utilizó inteligencia artificial avanzada para analizar el contexto sociopolítico de más de 160 000 personas de 40 países distintos, estudiar y cómo influía en el envejecimiento cerebral. 

Los resultados mostraron que la región donde se reside tiene la capacidad de acelerar el envejecimiento e incrementar el riesgo de deterioro cognitivo y funcional. Por lo tanto, “abordar las condiciones sociales y políticas debe formar parte de las estrategias de salud pública para una vejez saludable”, alienta Ibañez. 

Para su estudio, los investigadores desarrollaron un herramienta para comparar la edad prevista con la edad cronológica de los participantes y la llamaron ‘brecha de edad bioconductual’ (BBAG, por sus siglas en inglés).

Al principio, los hallazgos con esta herramienta revelaron un envejecimiento retrasado o acelerado según las diferentes regiones del mundo que estudiaban, así como los tipos de exposición que sufrían sus habitantes.

Europa, por ejemplo, registraba un envejecimiento más saludable en comparación con otras regiones. Asia y América se posicionaban en la mediana; y finalmente Egipto y Sudáfrica tenían los valores más negativos para una vejez lenta. 

No obstante, dentro de Europa, los países del este y del sur fueron los que demostraron tener un envejecimiento más veloz, por lo que también existieron divergencias en función de los países y sus contextos ambientales. 

“Los factores sociales, físicos y sociopolíticos activan los sistemas de estrés biológico, lo que aumenta la inflamación y el desgaste del cuerpo. Esto conduce a un envejecimiento acelerado incluso en personas con estilos de vida saludables”, advierte a SINC la colíder del estudio y profesora de la Universidad Trinity de Dublín, Sandra Báez.

La combinación de circunstancias físicas como la mala calidad del aire, factores sociales como la desigualdad económica o de género, y variables sociopolíticas parecidas a vivir en un estado que no respeta el voto ni la libertad de sus ciudadanos, predijeron una mayor pérdida en habilidades cognitivas. 

De hecho, descubrieron que la gente expuesta a tales condiciones “mostraban un envejecimiento conductual que era, en promedio, de 5 a 6 años mayor que su edad real”, apunta Báez. “Es probable que se deba a la inflamación crónica y a las respuestas al estrés provocadas por una exposición prolongada a entornos físicos nocivos”.

Según explica Báez, la desigualdad de género impone una carga desproporcionada a las mujeres porque, a menudo, se enfrentan a un acceso limitado a la educación, atención sanitaria y oportunidades económicas.

“Muchas también soportan el peso del cuidado no remunerado”, añade, “y tienen una autonomía reducida en decisiones vitales, lo que fomenta la aparición de estrés crónico que pueda acelerar el envejecimiento biológico” contesta. 

Sin embargo, no solo les afecta a ellas, sino también a otras minorías de género que están expuestas al estigma, la discriminación o la exclusión. Algo que incrementa aún más el desgaste del cuerpo.

“Cuando una sociedad tolera la desigualdad sistémica, se crea un entorno estresante y fragmentado que acelera el envejecimiento a nivel general”, sostiene la psicóloga.

Para combatir este fenómeno, los científicos de este estudio apuestan por defender la vejez como un proceso en el que intervienen el medioambiente, la sociedad y la situación política de una región. Por ello, en términos de salud pública “deberíamos estar más preparados”, concluye Ibáñez. 

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Corría 2024 cuando algunos medios de comunicación se hacían eco de unas pintadas que rezaban, en algún que otro contenedor de Tenerife, la consigna Tourist go home. Una empresaria del sector, alarmada, advertía que una pareja de alemanes estaba planteándose no volver y reprochaba a los vecinos que se rechazara “a los visitantes que nos dan de comer”. Tal vez, quienes hicieron la pintada debieron ser más considerados y escribirla también en alemán. Así podrían haberles dado el gusto de ofenderlos en su propio idioma.

Vuelve el verano, el paraíso de las vacaciones en familia para unos, el infierno de las jornadas laborales interminables y la masificación para otros. La narrativa oficial en la cultura, la publicidad y los informativos siempre se ha construido desde la perspectiva del turista. El derecho al disfrute en familia como símbolo de estatus y certificado de pertenencia a la tan ansiada clase media. Comenzó con la estampa de la familia madrileña comiéndose una paella en Benidorm para, con el paso de los años, abrirse al mercado europeo. Después le siguió el ladrillazo y, tras la pandemia del COVID, nos encontramos con la pandemia de los Airbnb. Nos emborrachamos de presunto progreso y cuando quisimos darnos cuenta nos habían quitado las playas, los barrios y las casas.

Vamos a André Gunder Frank. Paradojas de la vida, este otro alemán usó el concepto “desarrollo del subdesarrollo” para enmarcar su teoría de la dependencia. Desde la perspectiva del sociólogo, en el capitalismo avanzado el desarrollo es inseparable del subdesarrollo. Las dinámicas extractivistas acaban generando estructuras de desposesión que promueven la desigualdad y la dependencia. Esto se veía en los países golpeados por la colonización, pero sus ecos resuenan hoy en la España turística. Hay un punto donde el crecimiento no redunda en la población, sino que la desposee, la hace más pobre y la humilla.

Durante décadas el turismo quedó excluido de una politización en clave democrática. Simplemente, era incuestionable. Se instaló el consenso de que el turismo era una fuente de desarrollo económico y bienestar social. En lugares como Canarias (donde hay turismo todo el año) fue incluso parte constitutiva del contrato social, de la promesa aspiracional de un futuro de bienestar para las islas. “Nos dan de comer”, decía la empresaria que mentábamos antes. Una relación de arriba hacia abajo. Ellos nos dan, nosotros callamos agradecidos. Porque la soberanía y la democracia se suspendían en primera línea de costa. Una relación vertical de dependencia y, si me lo permiten, una cierta forma de colonialidad. 

Sin embargo, eso se rompió. El consenso del desarrollo ilimitado vinculado al turismo caducó en el momento que se desbordaron todas las barreras que lo contenían (económicas, sociales, geográficas, urbanísticas…), alcanzando un punto donde cada nuevo turista producía un daño mayor que la riqueza que generaba. Los récords de turistas venían acompañados de récords en desigualdad, en los precios de la vivienda y de atentados medioambientales. Desarrollo del subdesarrollo. Si con la locomotora turística a pleno rendimiento el presente es tortuoso, ¿por qué deberíamos confiar en que llegará un futuro mejor? La promesa se había roto.

Y aquí entran en escena las protestas. Claro que muchas y muchos hemos sido turistas en algún momento, pero no se trata de eso. Quien articula resistencias sobre el territorio no lo hace porque tenga un problema con el turista como individuo en particular, sino como sujeto beneficiario de un modelo desigual en general. Es la manera de expresar, de manera directa, inmediata y clara, que el actual modelo turístico es insostenible e incompatible con la vida de quien habita el territorio. De denunciar que las oligarquías no dudan en destruir cualquier vínculo si con ello logran un espacio para la mercantilización y el lucro económico. Frente a mensajes como el Tourist go home podemos sentirnos interpelados como potenciales turistas cuestionados en su ilusoria (y fugaz) parcela de poder o como ciudadanos susceptibles de sufrir las consecuencias, preocupados por la situación de nuestro pueblo y el rumbo de nuestro país. Aquí está el terreno central de la disputa política e ideológica. 

Porque el primer paso para promover un cambio es enunciar políticamente un problema. En nuestro país esto ocurrió el 20 de abril de 2024, cuando Canarias, mediante movilizaciones masivas, protagonizó un terremoto social que estimuló a Baleares y a las zonas turísticas de la península. Las élites de la M-30 intentaron explicarlo como una movilización por la vivienda, pero no se trataba (tan solo) de eso, sino de una crítica integral a un modelo turístico que es desigual, que desposee a los ciudadanos de su tierra (su identidad, su espacio público, su barrio, su patrimonio natural…) y que expulsa a los vecinos (ahora sí) de sus viviendas. 

Construir una narrativa desde las periferias del sistema turístico, esto es, desde las poblaciones subordinadas al circuito del chiringuito, las hamacas en la playa, los balconings, los hoteles ilegales, la coca para aguantar en cocina durante la temporada alta, las tiendas del barrio de toda la vida donde ahora te atienden en inglés o las cajetillas de Airbnb que sustituyen a la vecina del tercero, es construir una narrativa desde la plurinacionalidad y desde abajo. Desde esa parte del país que capturó rentas durante más de medio siglo sólo para que se las embolsaran las oligarquías sin que se dignaran, si quiera, a dejar una propina.

Tal vez de esta manera podemos dibujar un horizonte alternativo. Un nuevo modelo de desarrollo económico y social en el que al turismo se le ponga límites allá donde empiezan el bienestar, la libertad y la dignidad del pueblo. 

Tal vez, y sólo tal vez, en esas condiciones podamos volver a darle la bienvenida a los turistas. Eso sí, en español.

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David Comas Rodríguez es analista político y Secretario de Comunicación y Discurso de Movimiento Sumar

El cambio climático y la sobreexplotación de recursos están detrás de algunos de los episodios de sequía más destructivos de la historia reciente, según un informe internacional que documenta impactos críticos en todos los continentes.

La sequía se ha convertido en una crisis climática que avanza lentamente y que afecta a millones de personas en todo el planeta. El nuevo informe Drought Hotspots Around the World 2023–2025 , elaborado por el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de EE UU (NDMC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA), evidencia que, desde 2023, el mundo ha vivido algunos de los episodios de sequía más intensos y generalizados jamás registrados.

“Estudiar los efectos de la sequía y saber que seguirán produciéndose a menos que los países del mundo actúen subraya la urgencia de un desarrollo resistente a la sequía”, dice a SINC Kelly Helm Smith , coordinadora de Impactos de la Sequía en el NDMC.

“ La sequía es un asesino silencioso . Se infiltra, agota los recursos y devasta vidas a cámara lenta. Sus cicatrices son profundas”, advierte Ibrahim Thiaw , secretario ejecutivo de la CNULD. “Cuando la energía, los alimentos y el agua se van a la vez, las sociedades comienzan a desmoronarse. Esa es la nueva normalidad para la que tenemos que estar preparados”.

Este informe ofrece, según sus autores, una descripción completa de cómo las sequías agravan la pobreza, el hambre, la inseguridad energética y el colapso de los ecosistemas.

El trabajo sintetiza información de cientos de fuentes gubernamentales, científicas y de medios de comunicación para destacar los impactos en los puntos críticos de sequía más graves en África (Somalia, Etiopía, Zimbabue, Zambia, Malawi, Botsuana, Namibia), el Mediterráneo (España, Marruecos, Turquía), América Latina (Panamá, cuenca del Amazonas) o el sudeste asiático.

El Centro Nacional de Mitigación de Sequías utiliza servicios de monitoreo de medios para recopilar noticias relacionadas con la sequía. La ventaja es que los impactos pueden registrarse casi en tiempo real y, a menudo, se verifican mediante entrevistas con expertos, comunicados oficiales u otras fuentes de datos.

"Usamos nuestros archivos de noticias de 2023 a 2024 para evaluar qué países registraron más impactos según la cobertura mediática. A partir de ahí, los dividimos por región para asegurar una representación geográfica equilibrada ”, declara a SINC  Paula Guastello , investigadora del NDMC y coautora del informe.

El documento ofrece una panorámica global y señala zonas críticas en África, América Latina, el sudeste asiático y, especialmente, el Mediterráneo .

En esta última, el informe destaca que España experimentó una caída del 50 % en la cosecha de aceitunas en 2023, lo que duplicó el precio del aceite de oliva; en Marruecos, la sequía diezmó la población ovina y llevó a cancelar sacrificios religiosos por falta de animales; y Turquía sufrió el colapso de acuíferos subterráneos y socavones peligrosos que afectan a comunidades enteras.

“Elegimos un país representativo de cada continente en la cuenca mediterránea para mostrar la diversidad geográfica, sociopolítica y climática. Aunque varios países sufrieron impactos importantes, España, Marruecos y Turquía fueron los más destacados en nuestra cobertura de Europa, África y Asia”, indica Guastello.

Según la investigadora, Europa se está calentando más rápido que el promedio mundial, y las consecuencias de la sequía que se observan en estos países mediterráneos altamente desarrollados demuestran que ninguna nación es inmune .

“Encontramos un informe que indicaba que en algunos pueblos de Cataluña se pierde hasta el 80 % del agua debido a fugas en el sistema. Este dato, en una economía tan desarrollada como la española, es muy preocupante. También vimos que en Ciudad de México se pierde hasta el 40 % del agua, y en algunas comunidades de EE UU hasta el 60 %. Sería útil saber cuántas localidades recopilan datos sobre estas pérdidas y cómo de grave es el problema a escala global”, subraya.

El informe alerta además sobre el impacto desigual de la sequía que intensifica el ya preexistente. Mujeres, niños, personas mayores, pastores y agricultores de subsistencia se encuentran entre los grupos más desfavorecidos.

“Quizás el problema más urgente que enfrentan las mujeres y niñas durante las sequías es el matrimonio forzado, especialmente el infantil. Esta práctica, que afecta principalmente a niñas menores de 18 años, es una violación de los derechos humanos y socava su salud, educación, seguridad y autonomía”, señala Guastello. “El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3 de la ONU exige eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030 ”.

Sin embargo, en regiones del este de África, los matrimonios infantiles forzados se duplicaron , ya que algunas familias vieron en la dote una estrategia de supervivencia ante la pérdida de medios de vida. En el caso de Etiopía, pese a estar prohibidos, estos matrimonios aumentaron considerablemente en las zonas más afectadas por la sequía.

Asimismo, los riesgos para la salud pública aumentaron, con brotes de cólera, desnutrición, deshidratación y exposición al agua contaminada.

“También es crucial proteger el derecho de las mujeres a poseer tierras, emprender y trabajar fuera del hogar. Aunque producen el 80 % de los alimentos en países en desarrollo, solo poseen menos del 20 % de la tierra a nivel mundial”, añade. “Esto las hace más dependientes económicamente y vulnerables a eventos climáticos extremos. Diversificar sus fuentes de ingreso es vital en un contexto de clima cada vez más impredecible”.

Estudios científicos previos demuestran que cuando las mujeres son propietarias de tierras, mejora la nutrición del hogar, aumenta la inversión en educación y las familias se vuelven más resilientes económicamente.

La crisis se intensificó entre 2023 y 2024 con la llegada del fenómeno de El Niño. “Fue una tormenta perfecta”, explica Helm Smith. “El Niño echó más leña al fuego del cambio climático, agravando los efectos para muchas sociedades vulnerables y ecosistemas más allá de sus límites”.

Este fenómeno también hace que los costes económicos se disparen. Según Cody Knutson , coautor del informe, “una sequía hoy puede costar al menos el doble que en el año 2000, y se prevé un aumento del 35 % al 110 % para 2035”.

Knutson explica a SINC : “Recomendamos incentivar o promover la conservación del agua en la agricultura, incluyendo la transición hacia cultivos que requieran menos agua y el uso de técnicas de riego innovadoras. El riego por inundación, por ejemplo, es común pero muy ineficiente, y puede reemplazarse con métodos más modernos para ahorrar agua”.

 “ La UE y países como España están promoviendo una planificación y políticas más colaborativas para mejorar la gestión del agua y de la sequía”, enfatiza.

El director del NDMC, Mark Svoboda , destaca a SINC la importancia de una respuesta conjunta: “Ante eventos de sequía que ocurren y empeoran en todo el mundo, los esfuerzos colaborativos para identificarlas y trazar rutas de solución a sus impactos son más importantes que nunca”.

Los autores del informe celebran la cooperación entre entidades como la Organización Meteorológica Mundial, el Banco Mundial y el NDMC, y nuevas iniciativas como la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía (IDRA) y el Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO). “Estas iniciativas seguirán construyendo sobre los esfuerzos conjuntos ya existentes”, concluye Svoboda.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.