Hace años, el escritor Manuel Vicent, notorio antitaurino, hacía un artículo anual contra la tauromaquia en un periódico nacional. Al cabo de los años, repitiendo argumentos, llego a titularlo así: “El artículo”. Tengo tentaciones de hacer lo mismo, después de tantos años denunciando el abandono de la ciencia y la tecnología en este país, con pequeños periodos de crecimiento que, al no tener continuidad, solo conseguían alimentar la supervivencia del sistema español de I+D+i. Este gobierno lleva siete años en el poder y desde el principio ha manifestado su voluntad de mejorar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Las cifras de inversión nos han sacado del estado comatoso en que nos dejó el gobierno de Rajoy, pero no han conseguido dar el salto hacia delante esperado.

El sistema de control administrativo de la inversión que solo sirve para dificultar el trabajo de los investigadores, no para evitar la corrupción –como se ha demostrado varias veces a lo largo del último decenio– sigue enseñoreándose de la gestión de la ciencia. Esto, junto con el insuficiente aumento de la inversión, hace que nuestra situación no haya conseguido poner al país en la senda del desarrollo demandado en Europa, para poder competir en este mundo enfrentado entre bloques. Este año, aún sin presupuestos generales del Estado, la cifra de gasto prevista en I+D puro serán unos 12.600 millones de euros. De ellos, casi un veinte por ciento procede de fondos europeos.

Esto habla bien de la capacidad de captación del sistema y sus investigadores, pero también indica que muchos proyectos tienen un horizonte limitado de financiación. En un sistema que se va a ver influido por el incremento de los gastos de defensa, con una incidencia clara, no solo en las ciencias más duras, como electrónica, IA, fotónica, desarrollos de software, materiales innovadores, etc., sino también en otras ramas en las que España está bien situada en relación con los competidores europeos americanos y chinos, como la biotecnología sanitaria y alimentaria. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que, en una situación de guerra, afortunadamente todavía poco probable, la producción propia de alimentos es absolutamente estratégica? No existe ninguna planificación para ajustar el sistema a las necesidades cambiantes de Europa que trata de competir en el mercado científico internacional.

Cuando Estados Unidos maltrata a su sistema de ciencia, reduciendo la inversión, el Ministerio de Ciencia apenas habilita ¡treinta millones! para captar científicos que quieran retornar a Europa. Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos pudieron aprovecharse de la emigración científica europea en los años treinta del siglo XX, porque tenían unos sistemas académicos atractivos que se llevaron lo mejor de los científicos alemanes y del resto de los países continentales en aquella década. ¿Qué va a pasar con los posibles retornados? ¿Se les va a favorecer en su integración o van a tener que entrar en el sistema de banderías habitual para conseguir una plaza de “funcionario estable”? ¿Van a tener financiación asegurada a medio plazo? Nadie ha dicho nada desde los altos niveles ministeriales responsables. Como siempre, medidas puntuales sin ninguna idea de previsión a medio plazo.

No existe una planificación, ni siquiera orientativa, sobre temas prioritarios para el país en el futuro inmediato y con una visión temporal ni a cinco ni a diez años. Que nadie olvide que las áreas mejor desarrolladas ahora fueron diseñadas por un puñado de visionarios en la mitad de los años ochenta del siglo pasado y, gracias a eso, podemos competir en varias áreas científicas. La improvisación no sirve de nada. Otro ejemplo. El avance espectacular de la I+D en Barcelona de los últimos veinte años se ha debido a la planificación que hizo el excelente economista Andreu Más-Colell cuando estuvo en el poder en la Generalitat, primero como responsable de las universidades catalanas y luego como consejero de Educación, poniendo en marcha sistemas de captación estable de científicos y con el apoyo decidido a la ciencia de calidad. Un plan que se ha seguido durante años, lo que ha llevado a resultados extraordinarios. Hay que recordar aquí que hace treinta y cinco años España y China tenían niveles científicos similares.

Después de diversos planes quinquenales de desarrollo científico, con el envío de ingentes cantidades de científicos a EEUU que han retornado a su país, no podemos compararnos con ellos. Así, la planificación y la constancia en los objetivos son la única clave para mejorar nuestro sistema de I+D+i. Vienen unos años en que la investigación y el desarrollo tecnológico van a ser la clave, no ya del desarrollo, sino de la supervivencia como país con autonomía estratégica. Los responsables de la ciencia en España deberían estar dedicados al cien por cien a esta tarea de detección de áreas en las que podamos competir y en la captación de personal de excelencia para poner en marcha programas estratégicos. Desgraciadamente, no se sabe nada de ellos. Una información de qué están haciendo con el sistema de I+D+i en el Ministerio de Ciencia, además de ir a remolque de los acontecimientos, resulta inexcusable. Nos jugamos el futuro como país independiente.

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* Vicente Larraga, profesor de Investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y colaborador de la Fundación Alternativas.

Converger lleva su tiempo. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) se ha incrementado hasta los 19.325 millones de euros, lo que ha significado un alza del 12% y representa el 1,44% del Producto Interior Bruto (PIB). Todo ello, según la última actualización de datos llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referida a 2022, de la que se desprende un aumento de sólo tres décimas, ya que en 2021 el porcentaje en relación al PIB fue del 1,41%. Por sectores de ejecución, Empresas ha destinado el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D, con un 56,4% (0,81% del PIB), seguido de la Enseñanza Superior, con un 26% (0,37%) y la Administración Pública, que ha supuesto el 17,2% del gasto nacional (0,25% del PIB). El 0,3% restante hay que asociarlo al área de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

Las actividades de I+D se han financiado principalmente por el sector Empresas –un 49,3% del total– y por la Administración Pública –37,7%–. Un global de 263.407 personas han podido dedicarse a jornada completa a la investigación y el desarrollo, lo que ha representado el 12,9 por mil de la población total ocupada. Aquí hay que destacar una subida del 5,6% respecto al año anterior. En concreto el colectivo de investigadores ha alcanzado la cifra de 161.751, esto es, un 7,9 por mil de la población ocupada y un 4,9% más que en 2021. El 40,8% del personal en I+D a jornada completa fueron mujeres, sobresaliendo la participación femenina en la Administración Pública -54,5% del empleo total- y en las IPSFL -51,3%-.

La evolución no fue igual en todo el mapa nacional. Las comunidades con las mayores tasas de expansión en gasto de I+D han sido La Rioja (26,7%), Cataluña (18,2%) y Aragón (15,6%). Por contra, ha descendido en Castilla-La Mancha (–7,6%) y ha registrado sus menores aumentos en Cantabria (4,0%) y en la Comunidad Foral de Navarra (5,1%).

En términos per cápita, el gasto en I+D se ha elevado a 402 euros por habitante en 2022 y en los territorios donde más se ha asignado a innovación por persona han sido País Vasco (798,9 euros), Comunidad de Madrid (749,1) y Cataluña (611,3). Del otro lado, Canarias se ha situado a la cola (122,8) con las Islas Baleares (136). Por ramas de actividad, las empresas del sector Servicios han acaparado el 52,1% del gasto en I+D , mientras las de la Industria han llegado al 46,2%.

Varios economistas consultados relacionan la mejora estadística con el desembarco en el país de los fondos europeos. De hecho, entre el verano de 2020 y diciembre de 2022 España repartió para actividades de I+D+I+d (investigación, desarrollo, innovación y digitalización) 6.259 millones de euros de los fondos Next Generation, con Madrid como comunidad más agraciada y las grandes empresas como principales receptoras. Así consta en un estudio de la Fundación Cotec, elaborado en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en el que se refleja además que en el periodo estudiado se convocaron 35.828 millones de esos fondos, de los que 12.011 (33,5%) fueron para I+D+I+d y se resalta que el ritmo de ejecución (52,1%) de ese dinero superaba en 10 puntos porcentuales el del resto de política de gasto, un 52,1% frente al 42,2% de media. Era similar al de los fondos para actividades de I+D+I (50,3%) y para los de digitalización (54,1%).

Pero no hay que envolverse en capas de autocomplacencia. España sigue estando por debajo del promedio europeo en este ámbito. De hecho, el país ocupa el puesto 16 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea (UE), la misma posición que en 2022, según recoge el Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación (European Innovation Scoreboard en inglés), publicado el pasado mes de julio por la Comisión, que proporciona una evaluación comparativa de los resultados en materia de investigación e innovación de los estados miembros de la UE, otros países europeos y vecinos regionales.

España se sitúa este año en el 89,2% de la media continental, cuatro décimas más que el 88,8% de 2022. Pero se mantiene dentro del tercer grupo, de los cuatro escalones en los que se coloca a los países por su rendimiento en esta materia, donde están los estados considerados moderados por su nivel de innovación (entre el 70% y el 100% de la media europea). Habrá que cultivar más la I+D para escalar al círculo de los fuertes (por encima de la media europea). Esta posición no se corresponde con el potencial económico español. Es más, existen países como Estonia y Eslovenia que con menor renta per cápita, logran mayor puntuación en esta clasificación, liderada por Dinamarca, que es el nuevo país con mejores resultados de la UE, superando a Suecia después de unos años en el primer lugar.

Junto a España en el tercer grupo se encuentran Estonia, Eslovenia, Chequia, Italia, Malta, Portugal, Lituania, Grecia y Hungría. Todos son innovadores moderados. El norte y el oeste de Europa “son el hogar de los líderes de la innovación y de los innovadores más fuertes”, mientras que el sur y el este “albergan a la mayoría de los innovadores moderados y emergentes”, se resume en la documentación de la Comisión. Los tres indicadores en los que el estado español recibe una puntuación peor son empleo en empresas innovadoras (60% por debajo de la media), innovaciones de proceso en las pequeñas y medianas entidades, las denominadas pymes, (58%) y gasto en I+D en el sector empresarial (48%). Para recuperar el mejor dato de España hay que remontarse a la época prepandémica, en concreto a 2019, cuando se consiguió el máximo histórico, un 92%, y se escaló en cinco posiciones en el ranking de la innovación respecto al ejercicio anterior.  

Para el ex rector y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno, el dato de crecimiento referido a 2022 "es positivo", al ser "relativamente alto incluso en términos reales", si bien indica que "seguimos lejos de los objetivos del propio plan nacional y de equipararnos a Europa". "Deberíamos incrementar el 50% solo para estar con la media y duplicar para estar con los países más avanzados", suma. "Se habla mucho de productividad y de cambiar el modelo productivo, pero, o se pone el acento en i+D, o seguiremos siempre a la cola", lanza.

Hay otra cuestión que Gimeno estima importante para quebrar estadísticas estancadas: "En otros países hay mucha más colaboración entre universidad y empresa", mientras en España, "viven un poco de espaldas los dos mundos". Cambiar eso "favorecería mucho", a su juicio, "el desarrollo de la investigación, el generar más patentes, etc". Aboga por que esa relación sea "más estrecha" y fluida.

En la misma línea el profesor de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes, cree que "aunque el incremento en términos nominales es llamativo, y el volumen en sí también, en realidad dada la evolución general de los precios, el dato señala un estancamiento de la I+D en el 1,4% del PIB". Queda tarea, en su opinión. "Seguimos lejos del objetivo de 2%, que otros países de nuestro entorno sí alcanzan. Esto significa que la brecha tecnológica se sigue abriendo, en detrimento de nuestra economía", concluye.

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año es el mayor de la historia, 12.827,2 millones de euros. Un aumento del 26,3% respecto al ejercicio anterior que triplica la mejora de 2022. De hecho, el de Margarita Robles es el ministerio que recibe el máximo impulso, por encima del 17,2% de Igualdad o del 14,9% de Exteriores. Sólo Inclusión y Seguridad Social cuenta este año con un presupuesto más abultado que Defensa. Tiene la culpa la guerra de Ucrania, que se ha convertido en un auténtico revulsivo para la industria de defensa española. Hasta el punto de que el alza de este año se interpreta ya como el comienzo de un ciclo expansivo, gracias al compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, el objetivo anhelado por la OTAN pero que sólo cumplen siete de sus miembros.

De alcanzarse, España gastará dentro de seis años más de 26.000 millones de euros, porque ahora, aun con una cifra récord, se queda en el 1% del PIB. Sólo Luxemburgo gasta menos en relación con su PIB, un 0,62%, según las cifras de la propia Alianza Atlántica. Estados Unidos, el miembro de la OTAN que más dinero dedica a defensa, emplea el 3,46% de su PIB en armarse.

Esa lluvia de millones es “a priori una oportunidad, pero eso no quiere decir que se aproveche como debería”, precisan no obstante fuentes del sector consultadas por infoLibre, que echan de menos una “estrategia militar y de inversión actualizada”. “La que tenemos”, añaden, “es de 2015”. No hay, aseguran, una estrategia clara del papel que España debe tener en defensa. Además, el ministerio no tiene capacidad ni personal suficiente para gestionar el volumen adicional de dinero comprometido y “traducirlo en programas de inversión”.

El departamento que dirige Margarita Robles aún no ha publicado el informe del sector correspondiente a 2022, pero las grandes empresas ya han destapado unas cuentas espléndidas para el ejercicio de la invasión rusa.

El gigante europeo Airbus, participado por los gobiernos francés, alemán y español –a través de la SEPI posee un 4,1% de las acciones–, tiene tres filiales en territorio nacional: Airbus Defence and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que juntas suman el 53,2% de la facturación del sector de defensa español. En 2022 el grupo se apuntó un beneficio récord de 4.247 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 13%, hasta los 58.900 millones. Su negocio en defensa creció un 11%. Y acaba de anunciar que contratará a 1.000 trabajadores en España este año para hacer frente al aumento de producción previsto.

Los astilleros públicos Navantia, que suponen el 13% de la facturación del sector, confían en volver a beneficios, después de 14 ejercicios con números rojos. De hecho, en 2021 y tras aumentar sus ingresos un 20% anual, redujeron sus pérdidas a 82,4 millones, tras dejar atrás el récord de 296 millones con que terminó 2017.

El tercero en el ranking nacional de defensa, la semipública Indra, cerró 2022 con una cartera “en máximos históricos” y se expresa en los mismos términos sobre el primer trimestre de este año. El ejercicio pasado su contratación creció un 29% gracias al empujón del negocio de defensa y seguridad, que se disparó un 52%. En el comienzo de 2023, el aumento ha sido del 16%, gracias precisamente a los proyectos conseguidos en España, según destaca la propia empresa. Los últimos, y polémicos, movimientos en el consejo de administración de Indra van encaminados a hacer realidad los deseos del Gobierno de reorientar la actividad de la compañía hacia el negocio de la defensa.

Sin embargo, por debajo de estas cinco grandes, la industria española de defensa se compone sobre todo de medianas y pequeñas empresas que viven de suministrar productos y servicios a las compañías “tractoras”, tal y como las describe Defensa. No es sólo que Airbus suponga más de la mitad de la facturación de todo el sector: 36 empresas aglutinan el 90% del mercado. Las pymes –las que superan los 250 empleados no representan más que el 19,6%– “carecen de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites”, describe el último informe del sector publicado por el Ministerio de Defensa con cifras de 2021. “No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado, sólo suministrar subsistemas o componentes”, explican gráficamente las fuentes consultadas.

Esta red de medianas y pequeñas empresas aún no ha notado en sus cuentas de resultados el viento de cola de la invasión rusa. “España sólo ha enviado armas y munición a Ucrania de las que tenía en stock”, continúan las fuentes del sector. Hasta el momento, el nivel de implicación español en la guerra ha sido “escaso” y la ayuda proporcionada, “muy de segundo nivel”, recuerda por su parte Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En realidad, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, no sentirán los efectos de la guerra en el este de Europa hasta dentro de tres, cinco o más años. “Hacen falta meses para dimensionar las cadenas de producción”, advierten las fuentes consultadas. Y eso confiando en que se cumpla el compromiso de seguir aumentando el presupuesto de defensa hasta es el 2% del PIB requerido por la OTAN. “Nada garantiza que se mantenga esa promesa y no se echen atrás futuros gobiernos, como ya se incumplió antes”, advierten, en referencia a un objetivo que fijó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy pensando en 2024.

La óptica de Núñez Villaverde es muy distinta. Según recalca, el gasto público español en defensa ya está en ese 2% del PIB si a las partidas del ministerio de Margarita Robles se suman las que se reparten en otros departamentos del Gobierno. Se refiere a las cuentas que ha echado el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una entidad independiente dedicada a la investigación del armamentismo desde una perspectiva pacifista: este año el gasto militar público ascenderá a 27.617,45 millones de euros, el 2,17% del PIB. Delàs añade al presupuesto de Defensa los créditos I+D que el Ministerio de Industria concede a empresas para producir nuevas armas, las aportaciones a organismos internacionales –como la OTAN– desde Asuntos Exteriores y el gasto en misiones militares en el extranjero, pero también las partidas asignadas a la Guardia Civil como cuerpo militarizado, el gasto en las clases pasivas militares, la mutua militar Isfas, las pensiones de guerra e incluso los intereses de la deuda pública dedicada a defensa.

Siguiendo esos cálculos, Delàs proyecta que el gasto militar en 2029 se situará en 40.000 millones de euros.

Además, el centro pone el foco en otras cifras de récord del presupuesto de este año, como el 30% en que crece la inversión en defensa: 7.743 millones, tres de cada 10 euros. Mucho mayor es el alza de los créditos de I+D del Ministerio de Industria, un 126,09%: 1.601 millones de euros.

Con los últimos datos disponibles, de 2021, la industria de defensa española facturó 6.582 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. El sector lo componen 394 empresas, que se amplían hasta 544 contando con las que suministran equipos también para fines civiles. De la facturación total, 1.428 millones son ventas directas al Ministerio de Defensa, que aumentaron considerablemente, un 19%, respecto a 2020. Es decir, el ministerio es el principal cliente de muchas de estas empresas. De hecho, la próxima semana la industria mostrará su buen estado de ánimo en la feria anual que organiza la Fundación Feindef, presidida por el exministro de Defensa Julián García Vargas y cuyo patronato integran el propio ministerio y las dos patronales del sector, Teade y Aesmide. “También se ha convertido [el ministerio] en su agente comercial en el extranjero”, critica Jesús Núñez Villaverde. Porque el resto de la facturación –casi cuatro veces más de lo que venden a Defensa– procede de las exportaciones, buena parte de las cuales se canaliza a través de programas internacionales como los PADR –60,2 millones–, EDIP –500 millones– y Pesco.

Además, el Fondo Europeo de Defensa (FED) liberará casi 9.000 millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos de colaboración. Cincuenta y dos empresas españolas recibirán 96,2 millones de la primera convocatoria. Aparte contabiliza el ministerio las subcontrataciones o ventas indirectas, que crecieron un 28,4% en 2021, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros.

De ese volumen de negocio, el 59% corresponde a la actividad aeronáutica y el 15,4% a la naval, otra muestra más del dominio de Airbus y, en menor medida, de Navantia, en el sector.

“La industria española de defensa es bastante particular”, conceden las fuentes del sector consultadas. Y no sólo por su dependencia de las grandes empresas “tractoras”. La principal, Airbus, resulta ser un grupo internacional; Navantia, un astillero público que, gracias a su consideración de activo estratégico, se mantiene pese a sus pérdidas continuadas; e Indra, que pertenece en un 25% a la SEPI, es “un campeón nacional, una empresa puntera” pero, con una facturación de 3.851 millones, se sitúa lejos de, por ejemplo, su competidor italiano, Leonardo, que supera los 14.000 millones en ingresos.

A su lado, la red de pymes del sector ha conseguido dirigir su negocio a la exportación, de forma que el 78,3% de las ventas de defensa de la industria nacional se dirigen al exterior: 128 de las 394 empresas que la componen salieron al extranjero en 2021. Así, España figura como el séptimo país exportador de armas del mundo. Núñez Valverde matiza que ese puesto en la clasificación mundial es engañoso, el resultado de que en España se lleve a cabo la última fase de ensamblaje del armamento. Las fuentes del sector apuntan, además, a la dependencia tecnológica de las empresas. Por ejemplo, Navantia construye submarinos y fragatas, pero con sistemas de combate diseñados en Estados Unidos. De nuevo, Airbus marca el paso, concentrando el 61,5% del negocio internacional. Si se añaden las exportaciones de Navantia, Indra, Santa Bárbara –antes pública y hoy integrada en General Dynamics–, Explosivos Alaveses e ITP Aero, la cuota de mercado de estas cinco compañías alcanza el 87,6% de las ventas al exterior del sector.

Como queda dicho, la mayor parte de las exportaciones se realizan a través de programas internacionales –3.308 millones, el 61,3%–; el resto son ventas directas a otros países. Una parte considerable de esos programas se traduce en ventas a consorcios como el del avión de transporte A400M de Airbus o el del caza Eurofighter –integrado por la británica BAE Systems, Airbus y Leonardo–. Pero después, el principal cliente de las empresas españolas de armamento es Arabia Saudí, que se lleva casi el 25% de las exportaciones directas, 491 millones de euros en 2021. También son clientes distinguidos –además de Francia, Alemania o Estados Unidos–, Emiratos Árabes Unidos u Omán –66 millones cada uno–. “España exporta armas a países a los que no debería según su propia legislación”, objeta Jesús Núñez Valverde, “pero también les venden todos los demás, así que lo hacemos nosotros y mantenemos el empleo...”.

“Nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”

El del empleo –26.987 puestos de trabajo directos, 27.797 indirectos y 10.795 inducidos– es uno de los argumentos recurrentes para vender a una opinión pública poco receptiva los beneficios de la industria de defensa. Otros son, dice Núñez Valverde, el desarrollo tecnológico y del tejido productivo que propician las empresas de armamento. Para las fuentes del sector a las que ha preguntado este periódico, ésa es una manera “errónea de abordar la cuestión”. A su juicio, existe un problema de comunicación política: los gobiernos no creen que la sociedad sea lo bastante “madura” para plantearle la necesidad de contar con una industria militar potente. “Las armas no matan, son las personas las que lo hacen; las armas sirven para evitar guerras”, aseguran. Aunque también admiten que el gasto en defensa “nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”.

Una percepción que parece haber cambiado con la invasión de Ucrania. “Ya no se puede hacer la vista gorda con la amenaza, que se ha convertido en evidente”, sostienen, “mientras que los problemas de seguridad tradicionales de España siguen ahí –el Sahel, el Magreb–, entran en la agenda política y se usan para justificar el aumento del gasto”.

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde replica que la guerra en Ucrania no ha abierto un nuevo ciclo inversor, toda vez que el auge del gasto militar ya venía produciéndose sin cesar “en todo el planeta” desde el comienzo del siglo. La invasión rusa lo que ha hecho es acelerarlo, “militarizando la agenda internacional, dejando de lado cuestiones como la paz social y ampliando las brechas de desigualdad, lo que a su vez alimenta dinámicas más violentas, que se enfocan desde una perspectiva reactiva y no preventiva, basada en la seguridad humana”, explica. A su juicio, la creciente inversión en defensa que se avecina no se está produciendo en el mejor momento, tras la pandemia y en plena crisis inflacionista. “La sociedad debe decidir en qué cesta quiere poner más huevos, si en sanidad, educación y políticas sociales, o en defensa”, resume.

La industria militar española también pide definición a los poderes públicos, pero desde otro ángulo. Lo explicó Ricardo Martí Fluxá, presidente de una de las dos patronales del sector, Tedae, y ex secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. “Que sepamos qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años es básico para la inversión de la industria y el desarrollo tecnológico”, destacó en una entrevista en la web especializada Escudodigital, “porque la libertad y seguridad de los españoles no pueden quedar sujetas a diferencias ideológicas, tanto la sociedad como la industria necesitan unas pautas claras”. 

Llegué a su relato de vida muy tarde, casi en el último capítulo. Había visto su imagen en muchas fotos, pero no había seguido su día a día en redes. Solo empecé a darle al botón de seguir cuando colgó ese vídeo en el que hablaba sin miedo, mirando a cámara, desde la cama de un hospital, de que las cosas no iban bien, que las noticias que le habían dado los médicos eran las peores, las que nunca hubiera querido escuchar. Contó con total franqueza que aquello empezaba a pintar realmente mal pero que, a pesar de todo, ella había ganado. Aquel mensaje me impactó. Una chica, tan joven, con esa sonrisa, hablando sin tapujos de una enfermedad y de la muerte, con total serenidad.

A partir de ese momento vi cada una de sus publicaciones, sus fotos, sus días buenos y sus no tan buenos. Cómo daba las gracias una y otra vez por las muestras de cariño, cómo había pasado la Nochevieja. Solo 3 días antes de morir se sentó a la mesa, una mesa llena de familiares, de tíos, de primos, una mesa como la suya o la mía. Una mesa llena de vida que ella quiso compartir, aunque confesaba que no se encontraba demasiado bien. 

Elena solo tenía 20 años. Sus últimos 4 años los vivió entre hospitales, quimio, sondas nasogástricas, diagnósticos, alegrías y mazazos. Y nunca perdió la sonrisa. No eligió ser ejemplo de nada, la vida le puso ahí y ella decidió hacer de su enfermedad un reto, darle visibilidad, enseñar lo que ocurre, la falta de esperanza de los enfermos cuando saben que no hay mucho más que hacer excepto seguir investigando. Invertir, invertir e invertir en descubrir por qué el cáncer actúa así, por qué la enfermedad de Elena afecta sobre todo a niños y adolescentes, por qué la cura es tan difícil. En eso se empeñó Elena durante estos 4 años: en lanzar esa llamada de auxilio. Sabía ya al final que para ella llegaba tarde pero quizás para otros no. Elena hablaba con total franqueza del miedo que tenía, de lo difícil que estaba siendo volver a asumir la recaída de su enfermedad, sin edulcorarla, ni tampoco el tratamiento… Elena supo pararse a valorar las pequeñas cosas, las más sencillas, la brisa en la cara, el sol cegándole…Y ese fue su gran ejemplo. Ejemplo para la gente de su edad, para los que vivimos acelerados y preocupados con todo, para quienes no son felices con nada, para quienes tienen miedo, para quienes sufren…

 Su muerte nos ha impactado a todos, a quienes la conocían y a quienes no tuvimos esa suerte. No compartimos con ella un concierto, o una tarde de charla, pero no hacía falta. Su historia llegó a miles de personas. El martes los políticos, todos, se apresuraron a colgar mensajes en redes agradeciéndole el ejemplo y enviando un mensaje de apoyo a la familia. Pero más allá del mensaje rápido de reacción, deberían tomar nota de lo que ella pidió durante todos estos meses: investigación. Destinar dinero público a la ciencia. No es tan complicado. Desde LaSexta llevamos años pidiendo que el 2% del PIB se destine precisamente a eso, a investigar. Un pacto de Estado entre todos los partidos para llegar a ese porcentaje, el mínimo, el que nos equipararía al resto de Europa. Suena fácil, pero viendo el percal, hablar de Pactos de Estado en este momento parece una quimera: en pleno año electoral se antoja muy difícil que los partidos quieran aparecer juntos en nada, ni siquiera en esto. Pero las ganas de Elena eran exactamente ésas, que sus ganas ganaran. Que no nos olvidemos de su lucha, y no utilizo la palabra lucha para hablar de su enfermedad, sino de su empeño en conseguir algo tan básico como que reajustemos nuestras prioridades y entendamos que solo la investigación nos puede salvar. Sabemos que es así: en la pandemia fue la ciencia y la investigación la que nos sacó de aquel confinamiento. Solo la ciencia podrá evitar que haya más casos como el de Elena. Que sepas que muchos seguiremos empujando para que tus ganas, ganen. Descansa, pequeña.

La velocidad de ejecución de los fondos europeos Next Generation es la clave del impacto de los 140.000 millones de euros que España recibirá para recuperarse del golpe que la pandemia propinó a la economía en 2020. De esa cantidad, 70.000 millones son entregas a fondo perdido y el resto, préstamos. Una cantidad ingente de dinero cuya gestión es todo un desafío para las administraciones públicas. El Observatorio de Fondos Next Generation EU, creado por la escuela de negocios Esade, ha analizado tanto las licitaciones públicas como las subvenciones convocadas y concedidas por las administraciones españolas desde mayo de 2020 y financiadas con los fondos europeos. Las licitaciones ofertadas sumaban 4.997 millones de euros hasta febrero de 2022, cuando Esade publicó un primer informe. Las subvenciones constituyen un paquete de mucho mayor volumen, 28.459 millones hasta el 15 de noviembre pasado.

Según este segundo análisis, de los 28.459 millones de euros en subvenciones convocadas, 18.570 millones, el 65,15%, tienen como destinatario directo el tejido productivo y social –empresas, asociaciones y personas físicas–, mientras que los 10.000 millones restantes son transferencias entre administraciones, que el informe considera, por tanto, “convocatorias interpuestas”. De esos 18.570 millones en subvenciones convocadas se han concedido ya 4.200 millones de euros, el 23,3%. El total de las ayudas adjudicadas –sumando las que son transferencias entre administraciones y las que van directamente a empresas y particulares– asciende a 9.300 millones, un tercio de las convocadas.

Manuel Hidalgo, autor de ambos estudios, codirector del observatorio y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, explica que el ritmo de convocatoria de las subvenciones se ha acelerado, sobre todo en los últimos seis meses. Si hasta enero de este año se habían publicado anuncios de ayudas por importe de 8.700 millones de euros, desde entonces se han más que duplicado las convocatorias, que suman casi 20.000 millones en lo que va de ejercicio.

Otro tanto ha ocurrido con las concesiones, aunque su velocidad es mucho menor, debido al problema que está representando para unas plantillas públicas insuficientes ejecutar procedimientos administrativos muy complejos. En cualquier caso, las concesiones se aceleraron a partir de julio de 2021, cuando alcanzaron los 2.787 millones de euros, pero sobre todo desde el pasado abril, cuando se elevaron hasta los 8.465 millones.

En resumen, hasta febrero se cuentan 1.267 licitaciones y hasta noviembre 1.486 convocatorias de subvenciones asociadas a los fondos europeos.

Las ayudas ya otorgadas han beneficiado en mayor número a sociedades limitadas, que han conseguido 1.132 millones, el 12,2% de los 4.200 millones que ya han llegado al tejado productivo y social. Ese importe casi duplica el que han recibido las sociedades anónimas, 622,5 millones. Las universidades se han hecho con 810 millones. Otros 663,8 millones han ido a parar a asociaciones y 417,4 millones más a personas físicas. También figuran en la lista de perceptores finales de las subvenciones las instituciones religiosas, con 25,8 millones de euros, y las cámaras de comercio, con 3,37 millones. El estudio destaca así el carácter “más transversal” de las subvenciones en comparación con las licitaciones, que han sido adjudicadas en un 26,7% a uniones temporales de empresas –893,3 millones de euros–, un 20,2% a sociedades anónimas –676 millones– y el 8,9% a sociedades limitadas –299,7 millones–.

Las cifras de convocatorias también reflejan esa amplitud del reparto: 10.017 millones de euros de los 28.459 millones ofrecidos hasta noviembre están destinados a pymes y autónomos, mientras que a empresas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de cifra de negocio se dedican 3.370 millones, una tercera parte. Otros 3.359 millones tienen como objetivo fundaciones o asociaciones y 1.198 millones son ayudas a investigadores.

La administración que más subvenciones ha convocado es la central, incluidos sus organismos autónomos y empresas públicas: 22.900 millones, el 80,2%. El ministerio más activo es el de Industria, con el 25% de las convocatorias, 7.130 millones, seguido de Transición Ecológica, con 4.200 millones y Economía, con otros 3.500 millones. El departamento autonómico que más subvenciones ofrece es el de Derechos Sociales de Cataluña, con 416,37 millones de euros, más que los ministerios de Política Territorial, Cultura, Seguridad Social o Derechos Sociales. También encabeza la clasificación entre los organismos autonómicos el Institut Català d’Energia (Icaen), que destina 208 millones a ayudas. La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid se queda por detrás, con 143,36 millones. La Consejería de Fomento andaluza –161,77 millones– y la Secretaría de Planificación valenciana –155,22 millones– figuran también a la cabeza de las convocatorias autonómicas por importe.

En total, y tras la Administración central, es Cataluña la comunidad autónoma que más subvenciones oferta, 1.128 millones de euros, seguida de Andalucía, con 713,59 millones, y la Comunidad Valenciana, con 654,1 millones. Madrid se queda en 538,39 millones, la mitad que Cataluña. Cuando el foco se coloca en las subvenciones ya concedidas, el panorama cambia. Madrid es la que más dinero ha recibido hasta el 15 de noviembre: 1.979 millones. El estudio explica que son los fondos procedentes de convocatorias hechas por la Administración General del Estado los que explican ese liderazgo. La provincia de Barcelona ha percibido 1.085 millones. La de Valencia, 554,1 millones. Le sigue Sevilla, con 542,7 millones de euros.

¿A qué se van a dedicar esos miles de millones? De momento, hay 1.047,5 millones de euros para incentivos al autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables, el capítulo de mayor volumen, pero también otros 1.000 millones para crear zonas de bajas emisiones en las ciudades y hacer más sostenible el transporte urbano. Los programas MOVES II y III, para fomentar el uso del vehículo eléctrico, se llevan 942,5 millones de euros. Bajo el epígrafe “actividades profesionales, científicas y técnicas” se han concedido ya 713,4 millones para contabilidad, ingeniería, consultoría... Un total de 694,9 millones han ido a parar a educación, 470,7 millones de euros a sanidad, 468,1 millones a rehabilitar edificios y 535,2 millones a avales. De estos últimos se han hecho convocatorias por un importe total hasta el momento de 1.932 millones de euros, la mayoría a cargo de la entidad pública CERSA.

Pero el programa estrella, por ser el de mayor volumen de subvenciones de todos, es el PERTE del vehículo eléctrico, por el que la Administración central ofrece ayudas por valor de 2.975 millones. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, han orientado sus convocatorias hacia la sanidad, con un total de 675 millones, así como a la rehabilitación de edificios –552 millones– y el empleo –445 millones de euros–.

Los PERTE, los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Recuperación con los que el Gobierno pretende impulsar el crecimiento al tiempo que se transforma y moderniza la economía española, suman ya una inyección de 33.283 millones de euros públicos. Los 11 que ya han sido aprobados deben arrastrar inversiones privadas para regar con 71.235 millones los principales sectores productivos nacionales. Ese es el montante de los proyectos diseñados, según el esquema previsto y publicado por el Gobierno, pero la cifra será superior cuando se le añadan las cantidades de dinero privado que movilizarán los dos últimos PERTE aprobados, el de microelectrónica y semiconductores y el de economía social y cuidados, que de momento no han incluido el dato. En el caso del primero, la previsión del Ministerio de Economía es de casi duplicar el monto público comprometido, que alcanza los 12.250 millones de euros, el mayor de los 11 proyectos estratégicos. Trabajo aún no ha informado del dinero privado que atraerá el segundo. Es decir, la transfusión de fondos podría superar los 83.000 millones en cuatro años.

Los PERTE, los proyectos estrella del Plan de Recuperación y Resiliencia que se está financiando con los milmillonarios fondos europeos, se han creado para reactivar la economía tras el parón forzado por la pandemia, pero vienen para quedarse, según proclama el propio real decreto-ley que los regula. No sólo tienen “vocación de permanencia”, sino que además pretenden ser un instrumento que ayude a “corregir fallos de mercado”: deben ser los tractores que arrastren al capital privado cuando este, por miedo al riesgo, no se decide a invertir.

Las diferentes administraciones, empresas, universidades, centros de investigación o asociaciones empresariales que deseen formar parte de un PERTE y recibir las consiguientes subvenciones deben inscribirse en un registro público. Y en algunos de ellos se han constituido “alianzas” a las que, además de los ministerios implicados, se incorporan el resto de los actores privados de cada proyecto y que estará al cargo de su gobernanza. Así, hay una Alianza Salud de Vanguardia para las Renovables Innovadoras o para el PERTE Agroalimentario. Hasta ahora un buen número de grandes empresas, desde Volkswagen hasta Intel, se han integrado en estos proyectos estratégicos. Pero también están pensados para arrastrar a las pymes. Por ejemplo, en el del vehículo eléctrico, el 40% de las empresas participantes deben ser pequeñas y medianas.

De los 11 proyectos aprobados, sólo tres han abierto ya convocatorias de ayudas.

Estos son los proyectos que hasta el momento ha aprobado el Consejo de Ministros.

Fue el primero que recibió la luz verde del Gobierno. Este viernes ha concluido el plazo para acceder a los 2.975 millones de euros en subvenciones correspondientes a la parte industrial del PERTE. En total, están presupuestados 4.300 millones de euros públicos, que deberían movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y crear 140.000 empleos.

Uno de los proyectos presentados es una gran fábrica de baterías que Seat/Volkswagen quiere levantar en Sagunto (Valencia) y generará 3.000 empleos. Con una inversión de 3.000 millones de euros, será una de las cinco factorías de baterías para coches eléctricos que el grupo quiere construir en Europa.

Stellantis –Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y otras– se ha puesto al frente de dos proyectos: Tesis y Aries. El primero se centra en la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza) con 223 millones de euros de inversión, reúne a 23 socios tecnológicos e industriales repartidos por seis comunidades autónomas y servirá para fabricar nuevos modelos de coches eléctricos. El segundo, con un presupuesto de 43 millones de euros, coordinará las plantas de Vigo y Madrid, incluye a 25 empresas, pondrá en marcha un taller de baterías y promoverá la reutilización de agua.

Renault, aliada con Gestamp, Grupo Antolín, Cellnex, Iberdrola o la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros socios, lidera una iniciativa de descarbonización –hidrógeno, combustibles neutros, baterías–, conectividad –vehículos autónomos– y servicios de movilidad. El 70% de las empresas implicadas son pymes.

Otro proyecto corre a cargo de Acciona, que con la china Envision instalará una megafábrica de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con una inversión de 2.500 millones de euros.

Con una inyección pública de 982,4 millones de euros hasta 2023, se pretende atraer otros 486,8 millones de la iniciativa privada para estimular tanto el tejido científico como el empresarial. El Gobierno lo denomina “alianza científico-empresarial”. Terapias avanzadas, técnicas innovadoras de diagnóstico y prevención de enfermedades e incluso plataformas para diseñar y producir medicamentos y vacunas son las herramientas con las que se quiere mejorar la salud de la población. El proyecto también incluye acuerdos con las comunidades autónomas para impulsar la transformación digital de la atención primaria.

En la Alianza de Salud de Vanguardia se han integrado desde la Asociación Española Contra el Cáncer y la Federación Española de Enfermedades Raras u organizaciones de pacientes hasta las patronales Farmaindustria y Ametic, de las empresas tecnológicas.

Hasta el momento se ha abierto una convocatoria de ayudas de 50 millones de euros para el sector farmacéutico y de equipos médicos, cuyo plazo acaba el próximo día 15.

Para conseguir la independencia energética y acelerar en la descarbonización, este PERTE tiene previsto dedicar 6.920 millones de euros de dinero público, que deberían movilizar 9.450 millones de iniciativa privada. Y crear 280.000 puestos de trabajo. “Construir una transición energética diseñada y fabricada en España” es el objetivo diseñado por el Gobierno. Como resultado, el país debería ser en 2030 el productor del 10% de los 40 gigavatios que la Comisión Europea se fijó como meta para descarbonizar la economía en 2050.

Ya se ha cerrado una convocatoria de ayudas por importe de 50 millones de euros para que instituciones públicas y privadas sufraguen proyectos de I+D de almacenamiento energético. El próximo día 7 concluyen también los plazos de los cuatro programas de incentivos, por un total de 250 millones de euros, para empresas que presenten proyectos que abarquen toda la cadena tecnológica del hidrógeno renovable, así como proyectos sobre movilidad por hidrógeno, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo.

El PERTE pensado para reforzar toda la cadena agroalimentaria tendrá un fondo público inicial de 1.803 millones de euros, que podrán atraer otros 2.000 millones de procedencia privada. Habrá 400 millones para que la industria agroalimentaria mejore sus procesos de producción y otros 454 millones para que desde los agricultores y ganaderos hasta las empresas transformadoras y comercializadoras hagan su adaptación digital. También se destinarán 148 millones a apoyar la innovación e investigación y aumentar así la competitividad del sector. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha prometido que este mismo mes estará lista la primera convocatoria de ayudas por 400 millones de euros.

Inteligencia artificial, ciencia en español, turismo de la lengua, industrias culturales. Son algunas de las herramientas para hacer del español y las lenguas cooficiales un activo para impulsar la economía y la competitividad, dice el Gobierno. A este fin se destinarán 1.100 millones de euros, a los que la privada debería sumar otros 1.000 millones.

Con este dinero se quiere crear un Observatorio del Español, que estudie la situación del idioma castellano en el mundo, pero también un banco de datos de la lengua. Igualmente se ha proyectado una Red de Excelencia en Inteligencia Artificial, que costará 330 millones de euros. Además, se digitalizará el Instituto Cervantes y se creará una plataforma tecnológica única para aprender español. Ambos proyectos supondrán un desembolso de 475 millones más.

Aparte de una Alianza para la Nueva Economía de la Lengua que incluirá a universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, así como a la FEMP, ya se ha nombrado una comisionada especial, que supervisará el PERTE, la periodista Cristina Gallach.

Reducir los residuos al mínimo es el objetivo de la llamada economía circular, una manera de producir y consumir que, además de contribuir al crecimiento sostenible, tiene un gran potencial de empleo: en España se podrían crear el 10% de los 700.000 nuevos puestos de trabajo que se calculan para Europa, asegura el Gobierno. De forma que este PERTE asegura la inversión pública de 492 millones de euros, que deberían atraer 740 millones de la iniciativa privada.

La idea es que las subvenciones las reciban sectores como el textil, el plástico y los bienes de equipo, para hacer sus industrias sostenibles, pero también las empresas de cualquier otro sector para que rebajen el consumo de materias primas o gestionen mejor sus residuos, por ejemplo. Se trata de fomentar el reciclaje y la reparación, que se consuman más servicios y menos productos.

En este PERTE están implicados el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, las asociaciones Anarpla, de recicladores de plásticos y EsPlásticos, así como Aeólica –aerogenadores–, Unef –módulos solares fotovoltaicos– y Aepibal –pilas y baterías–.

La construcción naval, en permanente reconversión tecnológica y productiva desde hace décadas, deberá utilizar los 310 millones de euros públicos del PERTE para diversificarse hacia nuevos productos. En concreto, las energías renovables marinas y los barcos de bajas emisiones. La previsión es arrastrar hasta 1.150 millones de procedencia privada. No sólo tendrían que crearse 3.100 empleos en ese esfuerzo, sino también mejorar la capacitación profesional de los trabajadores del sector. En conjunto, promete el Gobierno, con esas inversiones la industria naval debería crecer un 9% y su competitividad aumentar un 15%.

El instrumento serán en este caso préstamos con un tramo no reembolsable. Y sus destinatarios, desde start-ups y pymes hasta grandes empresas. Al frente del proyecto estratégico se han situado los astilleros públicos Navantia, la tecnolólgica Siemens y la patronal Pymar, que agrupa a los astilleros privados españoles. Los tres presentaron en 2021 un Plan de Transformación del Sector Naval alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, que ha servido de base para el PERTE.

España tendrá su propia Agencia Espacial gracias a este PERTE, al que se dedicarán 2.193 millones de euros públicos, con la intención de incorporar otros 2.340 millones de la iniciativa privada. Además, es un PERTE internacional, porque contará con la colaboración de Portugal en la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra para monitorizar el cambio climático.

Aviones de cero emisiones o no tripulados son algunas de las capacidades que gracias a estas inversiones podrá conseguir la industria aeronáutica española.

Modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto los urbanos como los agrícolas y para usos industriales, costará 2.125 millones de euros públicos. Unas inversiones que deberán sumar 1.120 millones de procedencia privada. Y crear 3.500 nuevos empleos. Así se conseguirá ahorrar en el consumo de agua, además de aumentar la seguridad del suministro y de las presas y embalses.

El PERTE incluye un plan de digitalización de la gestión del agua, desde el regadío hasta las confederaciones hidrográficas, al tiempo que la creación de un banco de datos y el uso del big data. La intención es también utilizar imágenes captadas desde drones y satélites para administrar el recurso de forma eficiente, así como promover el empleo de contadores inteligentes. Además, se modificará la Ley de Aguas, se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España. Las subvenciones las gestionarán las comunidades autónomas.

Los cuellos de botella en las cadenas de producción mundiales han hecho saltar al primer plano la importancia geoestratégica de los microchips. La UE depende de un número limitado de proveedores en Asia, por lo que se ha fijado como objetivo que la producción europea de semiconductores se eleve al 20% de la producción mundial en 2030. El PERTE de los microchips está pensado para conseguir la autonomía nacional en este campo. De hecho, se ha apartado el mayor volumen de fondos de todos los proyectos estratégicos para este PERTE, 12.250 millones de euros, que deberían casi duplicarse con las aportaciones privadas.

El plan integra un total de 11 proyectos, que no sólo deberían reforzar el I+D+i sobre microprocesadores e incluso desarrollar chips cuánticos, sino también crear tanto empresas fabless –no fabrica, sólo diseña y vende los chips— como plantas de fabricación de semiconductores. Además, se prevé constituir un fondo de capital para financiar startups y pymes innovadoras del sector.

La multinacional estadounidense Intel ya ha anunciado una inversión de 200 millones cada uno, que se completa con otros 200 millones de dinero público, en un laboratorio de diseño de microchips que la empresa creará en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). El proyecto, que se prolongará durante 10 años, generará 300 empleos altamente cualificados.

Este PERTE también tiene ya su comisionado especial, Jaime Martorell, ingeniero de telecomunicaciones que ha trabajado en Silicon Valley.

Cooperativas, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutuas… componen el llamado tercer sector y son los impulsores de la economía social. Representan el 10% del PIB y el 12,5% de empleo, destaca el Gobierno. Un total de 43.000 empresas. Este PERTE intenta impulsar el sector mediante la inyección de 808 millones de euros. Con ese dinero se quiere fortalecer las políticas de igualdad y facilitar la conversión de empresas en crisis o sin relevo generacional en cooperativas de trabajo, así como desarrollar los servicios vinculados al cuidado de las personas, en una sociedad cada día más envejecida.

¿Qué le estarías dispuesto a entregar a alguien que te ha salvado la vida? Parece una pregunta sencilla, con una respuesta obvia y seguro que unánime: prácticamente todo. Partiendo de esa premisa, también parece lógico que nuestras científicas y científicos obtengan un mayor reconocimiento en nuestro país, especialmente después de la batalla que están librando en esta pandemia, y después de toda su dedicación, horas y horas de trabajo entregadas para seguir mejorando nuestro estado del bienestar.

Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de la Ciencia, que velará por el futuro de las personas que se vuelcan en la investigación en nuestro país, impulsando las carreras científicas y el talento innovador, con más fondos, con una mayor inversión en el sector, blindando por ley este compromiso tan necesario para cambiar las condiciones dentro de nuestras fronteras, para que hacer ciencia sea sinónimo de una financiación estable y una verdadera opción para nuestros jóvenes.

Con esta norma, el Gobierno se compromete a igualar la inversión en investigación e innovación que hacen los países de la UE, garantizando por primera vez una financiación de la I+D+i pública estable y creciente, abriéndonos paso en el tablero de los países punteros en la materia, hasta alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB.

Una ley que busca reducir la precariedad apostando por la carrera científica con un nuevo contrato indefinido para científicas y técnicos y que, como ya pretendía el Pacto por la Ciencia y la Innovación, beneficiará a miles de investigadores y, por ende, a nuestra sociedad. Llevamos mucho tiempo trabajando en el Congreso por este pacto. Esta misma semana hemos concluido las comparecencias de la Subcomisión de Ciencia para pasar a trabajar en las conclusiones que nos permitirán seguir impulsando en consenso la ciencia para convertirla en un motor económico del país. No olviden que es necesaria porque nos ofrece soluciones imprescindibles.

El Gobierno ha demostrado una vez más estar del lado del progreso, y se ha fijado también en los más jóvenes incluyendo un nuevo derecho: la indemnización para los contratos pre y posdoctorales. Además, las nuevas condiciones laborales fijadas permitirán que nuestro talento nacional no abandone las fronteras del país en busca de un mejor futuro y favorecerá el retorno de muchos, contribuyendo al mismo tiempo en el tejido productivo del país.

En este sentido, la norma contempla una importante reducción de la carga administrativa y reconoce la transferencia de conocimiento como derecho, obligación y mérito en el sistema de ciencia, tecnología e innovación en dos aspectos fundamentales: las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción, por un lado, y se regula la compra pública de innovación, por otro.

Otro de los ejes fundamentales de esta reforma es, sin duda, la defensa de una igualdad real y efectiva, con artículos específicos sobre la transversalidad de género. Por primera vez se dará seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de la investigación, desarrollo e innovación, a través de la adopción de medidas concretas para lograr una igualdad real entre mujeres y hombres y asegurando que la perspectiva de género sea el eje transversal de los instrumentos de planificación de estos agentes públicos en la materia.

Para ello, la ley incluye una batería de medidas transformadoras como la inclusión de la obligatoriedad de disponer de protocolos frente al acoso sexual, así como por razón de orientación sexual o identidad de género, y de mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación.

Una reforma que busca la necesaria inversión en cultura científica y tecnológica, con más ciencia abierta, reconociendo su valor como bien común y fomentando la participación de la ciudadanía en el proceso científico, y afianzando el papel del personal de investigación que realiza divulgación y el de las Unidades de Cultura Científica.

Por todo esto, sin perder de vista que incluye la aprobación del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), es esencial destacar que se fija como objetivos primordiales mejorar la gobernanza del Sistema de Ciencia e impulsar una carrera científica más estable, porque los científicos de nuestro país tienen que tener estabilidad y un salario acorde al trabajo que desempeñan. La aprobación de esta reforma significará que dedicarse a la investigación en España es una garantía de estabilidad, mejores condiciones y certezas.

Debemos mucho a las científicas y científicos que han volcado su vida en mejorar las nuestras y, por ello, el compromiso por ley de una justa inversión en ciencia es deber de todos. Se trata de un claro reconocimiento a personas esenciales en nuestro día a día, que saldará además una deuda histórica con la I+D+i y que resulta imprescindible para resolver los problemas del Sistema de Ciencia de nuestro país.  

Recuerden: apostando por la ciencia ganamos todos.

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Javier Alfonso Cendón es diputado por León y portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que "crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia e innovan", según informa Europa Press.

Así lo ha asegurado la titular de la cartera de Ciencia, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, donde ha comparecido junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Morant ha afirmado que se trata de "un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España y por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable".

"Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras", ha declarado, para después añadir que con esta reforma "España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país".

El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

Por otro lado, se incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas. "Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el "limbo" hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone "una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año", medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Además, la reforma modifica el artículo 25 de la Ley, que permitía a los investigadores al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) someter a evaluación los méritos adquiridos únicamente en los propios OPI (CSIC, CIEMAT, ISCIII y IAC). Con el texto aprobado hoy en el Consejo, se amplía a todos aquellos centros del sistema público español de ciencia, tecnología e innovación, así como a universidades.

Se reconoce que los quinquenios del personal investigador de OPIs evalúen y reconozcan los méritos de investigación y transferencia de conocimiento realizados anteriormente, tanto en España como en el extranjero, en el sector público y en cualquier universidad, y no solo en los Organismos Públicos de Investigación españoles como hasta ahora. De esta forma se facilita la atracción de personal investigador de fuera de los OPIS.

También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.

Y, por primera vez, el texto recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la La Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

La Agencia Española del Espacio tendrá como fines generales, entre otros, el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio, la seguridad y defensa nacional, las operaciones en el ámbito ultraterrestre, las aplicaciones satelitales para el desarrollo de competencias departamentales, así como el uso de datos provistos por satélites, y el impacto tecnológico y económico de la industria asociada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas satelitales.

Asimismo, la Agencia se encargará también de la potenciación de la industria espacial nacional, la coordinación estatal e internacional de la política espacial española, con plena coordinación con la Agencia Espacial Europea y con las políticas y programas espaciales que se desarrollen en el ámbito de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las que España es miembro. El Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año el estatuto de Agencia Espacial Española.

"Esta, por tanto, es la Ley que beneficia a las personas, que define a la ciencia como bien común y que añade algo relevante: los valores en la I+D+i —la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad—. Esperamos que el texto acabe enriqueciéndose con las aportaciones de los partidos políticos, ahora en su tramitación parlamentaria", ha concluido la ministra Morant.

La compañía Pfizer se ha incorporado como nuevo miembro de CEOE, tras el acuerdo rubricado este miércoles en la sede de la Confederación Empresarial en Madrid entre el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y el presidente y director general de la empresa biomédica, Sergio Rodríguez, informa Europa Press.

Según ha informado la patronal a través de un comunicado, Pfizer participará a partir de ahora de manera activa en las comisiones de trabajo de CEOE que abordan cuestiones de interés para su ámbito de actividad, como son la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales o la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), entre otras.

El presidente de CEOE se ha mostrado "orgulloso" de contar en las filas de la patronal con un nuevo asociado de la "talla" de Pfizer, una empresa que está jugando un papel crucial en la lucha mundial contra la pandemia de la covid-19.

El presidente de los empresarios españoles ha destacado en referencia a Pfizer que "compañías como esta son ejemplo de la función social que el mundo empresarial lleva a cabo en nuestros días, y que va mucho más allá de la mera generación de beneficios económicos para sus accionistas".

Por su parte, el presidente de Pfizer, Sergio Rodríguez, considera que esta incorporación a la CEOE representa una oportunidad para el sector, ya que la industria farmacéutica es, junto con el automóvil, el primer sector inversor en I+D+i del país, con más de 1.200 millones de euros anuales, lo que confirma el "importante papel" que juega en la investigación y colaboración biomédica pública y privada.

La Comunidad de Madrid destina 148 millones de euros a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en sus Presupuestos aprobados en 2019 y actualmente vigentes. Según la herramienta de comparación de cuentas autonómicas habilitada por el Ministerio de Hacienda, se trata de la tercera comunidad que menos invierte en esta partida por habitante con 22 euros, solo por detrás de la Región de Murcia (20 euros) y Castilla-la Mancha (16,5). En cabeza se encuentran La Rioja (258,5 euros) y Euskadi (232,4 euros), con mucha diferencia frente al resto. La región que gobierna Isabel Díaz Ayuso es una de la que menos apuesta en sus cuentas por este ámbito pese al músculo de la innovación de las grandes empresas radicadas en territorio madrileño y pese a ser la autonomía con más universidades e investigadores públicos. 

Las dos comunidades con más población que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, dedican 63,7 y 39,6 euros respectivamente por habitante a la investigación, el desarrollo y la innovación. Euskadi es la segunda en el ranking, con 516 millones de euros dedicados, pese a ser la séptima en población. El top 5 lo completan Navarra (86,7 euros), Galicia (70,2 euros) y Extremadura (67,4 euros). 

Si la relación se establece con el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad autónoma, en base a los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid aparece la última: esos 148 millones de euros son un 0,06% de un PIB de 240.000 millones de euros. Las que más invierten en comparación con su PIB son Extremadura, La Rioja, Euskadi, Andalucía y Galicia.

El I+D+i, el concepto que engloba a todas las acciones públicas o privadas destinadas a generar nuevo conocimiento, ideas y aplicaciones para fomentar el desarrollo de una comunidad, se financia tanto desde la administración pública como desde las empresas privadas. La Universidad, como principal institución pública dedicada tanto a la docencia como a la investigación, recibe fondos tanto del Estado como de las autonomías. Por su parte, las compañías, sobre todo las más grandes, dedican recursos a este ámbito para, a riesgo de perder la inversión, encontrar nuevos procedimientos que les permitan ampliar mercado o hacer más eficientes sus procesos. 

El Instituto Nacional de Estadística, en este sentido, publica estadísticas sobre los gastos internos en I+D, definidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) como "todas las cantidades destinadas a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, realizadas dentro de la unidad o centro investigador cualquiera que sea el origen de los fondos". Es decir, que incluye tanto la investigación y el desarrollo públicas como privadas. Un vistazo a los datos permite entender que, pese a que la inversión autonómica en Madrid en relación a su población es modesta, el músculo en este ámbito es considerable, en comparación al resto de autonomías, por la concentración de grandes compañías y de centros estatales de investigación.

En el año 2019, último ejercicio con datos del INE, la Comunidad de Madrid fue la segunda en la que más se gastó en I+D interna con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), con un 1,71%. Solo fue superada por Euskadi, la primera en esta clasificación, con un 1,97%. Cierran la tabla Castilla-La Mancha (0,59%), Canarias (0,47%) e Islas Baleares (0,40%). Según datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la autonomía concentra 2,2 empresas de más de 250 empleados (las que más se gastan en investigación) por cada 10.000 habitantes, frente al 1,4 que registra Cataluña, la segunda. Además, la estructura universitaria de la Comunidad de Madrid es la más grande del país, con 25.042 personas dedicadas a la docencia y la investigación y 4.464 solo a la investigación, según las últimas cifras recabadas por el Ministerio de Universidades. 

La Comunidad de Madrid aparece de las primeras en el ranking de I+D interna por, entre otros motivos, su porcentaje de grandes empresas, pero estas no invierten demasiado, según datos de 2018, los últimos disponibles, recabados por la fundación Cotec. El I+D interno empresarial con relación al PIB está en el 70%, al igual que en Cataluña, frente al 110% de Euskadi. Aparece más favorecida en la estadística de I+D interna por, según el mismo organismo, "la alta concentración de centros de investigación, muy particularmente los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)". Las compañías radicadas en Madrid no invierten tanto como en el País Vasco porque reciben mucho menos apoyo de la autonomía para ello: según las cifras de Cotec, el 0,7% de las empresas "recibieron financiación local/autonómica para actividades innovadoras", frente al 1,4% de Cataluña y el 11,9% de Euskadi. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves un plan de choque de impulso a la ciencia a corto plazo con una inversión de 1.056 millones de euros para 2020 y 2021.

Tal y como ha explicado, este plan supondrá la movilización de 396 millones de euros en ayudas directas para la ciencia durante este año, mientras que el resto, 660 millones, serán para el 2021. A esto se suma una inversión de 508 millones en préstamos para empresas innovadoras.

El plan constará de tres ejes. El primero de ellos guarda relación con la investigación e innovación en salud. "Vamos a fortalecer el sistema de investigación biosanitaria a través de la movilización de recursos a favor del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)", ha señalado Sánchez, que también ha avanzado la intención del Gobierno de reformar la Ley biosanitaria.

El segundo eje será para la transformación del sistema de ciencia y para lograr la atracción de talento para "resolver las deficiencias endémicas del sistema español". Para ello, Sánchez ha adelantado que el Gobierno iniciará "en breve" una reforma de la Ley de la Ciencia para poder dar estabilidad a la carrera profesional de los científicos en todas las áreas de conocimiento, y que también se va a dotar de más fondos a los principales instrumentos de financiación de la ciencia en cualquiera de sus disciplinas.

El tercer y último eje de este plan de choque es el impulso de la I+D+i empresarial y la industria de la ciencia, ya que "la ciencia necesita volcar sus resultados para ser productiva", según ha recalcado el presidente del Gobierno, que ha insistido en la intención del Ejecutivo de reforzar las bases del tejido productivo de España.

"Queremos que sea uno de los pilares de esta reconstrucción, transformación económica, social, medioambiental, digital del país, con medidas concretas de carácter transversal en sectores estratégicos", ha apuntado.

Este plan que se ha presentado hoy en un acto que ha contado con la asistencia de varios ministros, tiene como propósito "dinamizar de forma inmediata el sistema público y privado de I+D+i, con medidas que se pondrán en marcha este año y el siguiente", según ha anunciado Sánchez, si bien ha destacado la importancia de "apostar de forma sistémica" por la ciencia y la innovación.

La plataforma Ciencia Con Futuro ha promovido este miércoles una manifestación online para denunciar la situación de la investigación en España y para pedir estabilidad laboral, financiación, transparencia e igualdad y diversidad, entre otros.

"La pandemia por coronavirus y la emergencia climática que vivimos demuestran una vez más que #SinCienciaNoHayFuturo. Necesitamos más y mejor investigación", reclama el colectivo.

Convocada a las 12.00 horas en Twitter con el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo, plataformas de investigadores, universidades, organizaciones y asociaciones científicas han mostrado su apoyo a esta iniciativa para exponer los problemas de la ciencia en España y pedir soluciones.

Entre ellas, el colectivo reclama la prórroga de todos los tipos de contratos de investigación y la financiación de proyectos, así como una respuesta coordinada de las universidades para los estudiantes. Y sobre todo, exigen un Pacto de Estado por la Ciencia.

Asimismo, han denunciado la precariedad en investigación, que afecta especialmente a los predoctorales, quienes, según Ciencia Con Futuro, "terminan muchas veces la tesis doctoral sin contrato, es decir, trabajando gratis".

También denuncia las tasas de abandono de las mujeres que se dedican a la investigación, que son "mayores" que la de los hombres, por lo que instan a eliminar la brecha de género "sistémica" que hay en el ámbito de la investigación. "Es necesario ponerse las gafas violetas y crear entornos de trabajo más igualitarios", añaden.

A ello se suma los "problemas de salud mental provocados por la inseguridad de un futuro laboral incierto, la presión por publicar más para conseguir un nuevo contrato o proyecto, o el acoso laboral en investigación", además de una "financiación deficiente" o la "endogamia y falta de transparencia en las instituciones".

"Si no se ponen medios para arreglar todo lo anterior, seguiremos organizados y gritando que #SinCienciaNoHayFuturo", advierten.

Más de 28.000 mensajes

A la manifestación, que ha logrado más de 28.000 tuits a lo largo del día de hoy, convirtiéndose en Trendic Topic, se han sumado el propio ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), entre otros.

"Si queremos estar preparados para la España del mañana y aspirar a mejor formación, más empleo cualificado, mayor competitividad y un Estado de bienestar sostenible, debemos apostar por la educación, la ciencia y la innovación", ha escrito Pedro Duque en Twitter, acompañando el texto de la etiqueta #SinCienciaNoHayFuturo.

También el CSIC se ha sumado a la iniciativa: "La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española". Mientras, la COSCE ha recordado que "la ciencia es una parte esencial de nuestra sociedad" y que "es urgente un drástico cambio de rumbo que debe ser el resultado del esfuerzo colectivo de toda la sociedad".

También han mostrado su apoyo a #SinCienciaNoHayFuturo la iniciativa de Ciencia en el Parlamento, que asegura que "el conocimiento científico y la tecnología son un pilar fundamental para una mejor sociedad, para resolver los problemas actuales y para prevenir los retos y amenazas del futuro", o la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), que ha instado a resolver "todos juntos" los problemas "para mejorar la situación de la investigación" en España. "La ciencia no se hace sola", avisan.

La Fundación Alternativas ha incorporado a su Patronato, órgano de gobierno y representación de la entidad, voces expertas y autorizadas del ámbito científico como la Doctora en Bioquímica y Biología Molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011, María Blasco, o el Doctor en Ciencias y jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid.

Con la incorporación de estos prestigiosos científicos, la Fundación pretende aportar ideas para la mejora de los problemas que ralentizan el desarrollo científico y tecnológico en España, colaborar en una recuperación que pudiera servir para mejorar el sistema público de ciencia y tecnología y su influencia en el sector privado, además de poner sobre la mesa los problemas estructurales que se deben afrontar para promover el cambio deseado, según informa Europa Press.

Según la entidad, "el desarrollo científico en España vive una situación preocupante". "La burocracia, la endogamia, la falta de financiación, la indolencia política y una gestión inadecuada son el lastre que lleva décadas paralizando el sector", continúa la fundación.

La entidad también destaca la falta de financiación de la ciencia en España: "Las inversiones en I+D+i, tanto públicas como privadas, se sitúan lejos de la sociedad del conocimiento a la que un país como España debe aspirar para alejarse de las crisis laborales y ambientales y, por lo tanto, económicas y sociales".

Además de Blasco y Barbacid, se han incorporado al Patronato de la fundación expertos en el ámbito político y económico, así como personalidades comprometidas con la lucha contra la violencia machista y los derechos sociales. Algunas de las personalidades que integrarán a partir de ahora el Patronato son: la presidenta del Senado, Pilar Llop; la presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo; la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez; la secretaria general de CEAR, Estrella Galán; la politóloga Sandra León; y el economista Emilio Ontiveros.

Estas nuevas personalidades se suman: al expresidente del Gobierno, Felipe González; los exministros Juan Manuel Eguiagaray y José María Maravall; el co-fundador de CCOO y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius; o el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

También están en el Patronato, formado en total por 41 miembros, el ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana; la CEO de 40db y ex presidenta del CIS, Belén Barreiro; la filósofa y consejera permanente del Consejo de Estado, Victoria Camps; el director de eldiario.es, Ignacio Escolar; el exdirector de El País, Joaquín Estefanía; y el economista Andreu Mas Colell, entre otros.

"Alternativas no sólo renueva su Patronato, sino las áreas temáticas sobre las que vamos a reflexionar para fomentar debates en la calle, basados en datos reales, e impulsar reformas que sitúen a España a la vanguardia del progreso", afirma el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido.

Así, además del desarrollo científico y la revolución digital, otros focos de actuación de la fundación a partir de ahora serán la protección del medio ambiente, la violencia machista, el auge de los populismos, la función social de la empresa, la reforma de las pensiones, la reforma fiscal y el desempleo.

"Estoy seguro de que el nuevo Patronato va a implicarse en los retos que tenemos por delante, cuando una coalición progresista está al frente del gobierno. Queremos que Alternativas siga profundizando en los problemas sociales, económicos y políticos de España y Europa. Pensamos que nuestro think tank ha de jugar un papel de intermediario entre la sociedad y los dirigentes empresariales, sindicales y políticos. Alternativas tiene que ofrecer propuestas que tengan en cuenta en sus decisiones", asegura López Garrido.

No es una novedad que la ciencia española no está demasiado bien tratada. Los profesionales llevan años quejándose de que la inversión no es la adecuada. Y es que, según datos de Eurostat referidos a 2018, la inversión en I+D+i en España es del 1,2% del PIB (Producto Interior Bruto), una cifra muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 2,07%. Y un dato, también, prácticamente idéntico al que se registró en 2007: 1,23%. Por eso los investigadores se han manifestado. La última vez que lo hicieron fue el pasado 19 de octubre, cuando en la bautizada como Marcha por la Ciencia reclamaron un Pacto de Estado que vincule, al menos, un 2% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la inversión anual en I+D+i dentro de los capítulos destinados a subvenciones y contrataciones. 

La situación, por tanto, no es buena. Pero la ciencia española, a nivel profesional, sí lo es. Así lo han demostrado investigadores que han sido protagonistas de grandes avances. Así, entre otros ejemplos, explicaron por qué cada especie tiene una esperanza de vida diferente, avanzaron en la erradicación del cáncer de páncreas y descubrieron una proteína que retrasa el envejecimiento. infoLibre repasa los principales hitos de investigadores españoles en 2019.

  1. Hacia la cura para el cáncer de páncreas

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en España se registran unos 8.000 casos anuales de cáncer de páncreas, lo que representa el 2,2% de todos los nuevos casos de cáncer. Pero el problema es su agresividad. Esta enfermedad es la tercera causa de muerte, sólo por detrás del cáncer de pulmón y de colon, superando la mortalidad del cáncer de mama. Por eso, cualquier paso que se dé hacia la obtención de su cura es una excelente noticia. Y en el mes de abril se recibió una. 

Investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderados por el doctor Mariano Barbacid, lograron eliminar en un modelo experimental de ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP), una de las formas más agresivas de tumor y de las que más resistencia presentana los tratamientos actuales. La curación de este cáncer de páncreas se limita prácticamente a aquellos casos en los que el tumor está localizado y puede ser eliminado quirúrgicamente, lo que representa menos del 10% de los pacientes. 

La noticia es, sin duda, un gran avance. Sin embargo, Barbacid aclaró que los pacientes que actualmente padecen este tumor no se podrán beneficiar de él porque hacen falta, como mínimo, unos cinco o diez años para que se pueda aplicar en la práctica clínica. 

  2. Más cerca de los computadores cuánticos

El pasado mes de octubre, Google publicó un artículo en la revista Nature en el que aseguraba que había alcanzado lo que vino a denominar supremacía cuántica. En términos más coloquiales: había conseguido dar un paso muy importante para abrir la puerta que nos conduciría a una nueva era de la computación. ¿Pero en qué sentido? Fundamentalmente, en el de la rapidez. El gigante de Internet, para demostrar que lo había conseguido, calculó en poco más de tres minutos una operación que al ordenador convencional —no cuántico— más potente construido hasta la fecha le llevaría miles de años. Y el español Sergio Boixo está detrás.

Según publicó ABC, es el jefe científico de la teoría de la computación cuántica de Google y, tal y como contó él mismo, jugó un papel clave en la consecución del hito. Las aplicaciones que éste tendría en la vida diaria todavía no están claras. Sin embargo, Google ha tratado de explicarlas. Según un comunicado publicado por la compañía, los ordenadores cuánticos podrían emplearse en el futuro para la obtención de "baterías ligeras para coches y aviones, nuevos catalizadores que pueden producir abono más eficientemente y medicamentos más efectivos". 

  3. Respuesta a por qué un humano vive más que un perro

¿Por qué las personas sobreviven a sus mascotas? Quizá es una pregunta que alguien se haya hecho alguna vez. Y hasta este año no tuvo respuesta. La halló un estudio llevado a cabo por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que descubrió que existe una relación directa entre los años que vive cada especie y la velocidad a la que se acortan sus telómeros. 

Para entenderlo, en primer lugar, hay que saber qué son los telómeros. Son, literalmente, los extremos de los cromosomas. No son estructuras estáticas, sino que se van acortando a medida que las células se dividen para multiplicarse y para regenerar los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Como esto es algo que se va produciendo a lo largo de la vida, llega un punto que los telómeros son tan cortos que las células dejan de reproducirse. Y así se envejece hasta que se llega a la muerte. 

Pero estas estructuras se acortan a velocidades diferentes en función de la especie. Y ese es el descubrimiento de este grupo de científicos españoles. Por eso una persona puede llegar a vivir hasta 100 años y un perro, aproximadamente, entre 10 y 15. La explicación, por tanto, no está en la longitud de los telómeros, sino en la velocidad a la que se acortan. Según explicó la investigadora del CNIO María Blasco, se ha "hallado un patrón universal, un fenómeno de la biología que explica la duración de la vida de las especies, y que merece más investigación". 

  4. Un polígrafo mejorado

Saber si una persona dice o no la verdad puede ser insignificante o determinante. Depende de la situación. Pero en este último caso, poder saberlo con exactitud podría facilitar, por ejemplo, la resolución de un crimen. Y la respuesta podría estar en la nariz: no en su longitud como le ocurría a Pinocho, sino en su temperatura. 

Así lo han descubierto unos investigadores pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, que han descubierto que, cuando un sujeto miente, la temperatura de su nariz desciende y la de su frente aumenta. En base a eso, han diseñado un modelo de laboratorio para averiguar si una persona dice o no la verdad. Un sistema, sostienen, mucho más efectivo que el actual polígrafo y que otras técnicas de imagen cerebral. La termografía, como se ha llamado a este sistema, tiene una exactitud del 80%. 

  5. Hacia la eterna juventud

¿Existe una fórmula para la eterna juventud? Pues un grupo de tres científicos internacionales, dos de ellos españoles, la están persiguiendo. Y el pasado mes de agosto se acercaron mucho a ella. La respuesta, según hallaron, podría estar en una proteína. Concretamente, en la denominada DGCR8. Según la publicación científica de la revista Nature en la que se recogieron los detalles de la investigación, esta proteína desempeña funciones que pueden ayudar a regenerar los huesos y los cartílagos, además de reducir la inflamación de un músculo. 

De este modo, el descubrimiento podría tener una aplicación práctica diaria. Y es que se podrían aliviar problemas fisiológicos relacionados con la edad como, por ejemplo, la artrosis, una enfermedad sin cura que afecta a la movilidad, y por tanto calidad de vida, de siete millones de personas solo en España, según los datos de la Fundación Internacional de la Atrosis (OAFI). 

Y con más investigación se podría ir un poco más lejos. Según los investigadores, el descubrimiento de las funciones de esta proteína permitirá profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares asociados al envejecimiento y al deterioro degenerativo por la edad. El secreto de la eterna juventud podría, por tanto, estar algo más cerca. 

  6. Vida en el lugar más inhóspito

En Etiopía se encuentra uno de los desiertos más hostiles de todo el planeta. Está sobre el volcán Dallol, al norte de la depresión de Danakil. En este punto, la corteza terrestre es extremadamente delgada, de unos 15 kilómetros. Por eso, las temperaturas que se alcanzan en ese lugar son extremas. Pueden llegar a los 50 grados centígrados. Y como a la vez se trata de un antiguo fondo marino, el agua del mar se cuela formando un paisaje de chimeneas termales en las que el agua brota a unos 100 grados. Es el lugar más caluroso que se conoce, pero eso no ha evitado que en el pasado mes de mayo se hallara vida en ese escenario. Lo hizo un grupo de científicos del Centro de Astrobiología. 

Concretamente, encontraron comunidades enteras de microorganismos que viven en el interior de esferas minerales sobre esas chimeneas de las que emana el vapor tan caliente. Además se ha constatado que hay una gran biodiversidad. Felipe Gómez, uno de los científicos que participó en el proyecto, aseguró en una entrevista que concedió a El País que este hallazgo no se queda sólo ahí. Se trata también de un gran avance para poder encontrar vida en Marte.

  7. Más cerca de curar una enfermedad rara cardíaca y letal

Entre el 0,02 y el 0,1% de la población sufre miocardiopatía arritmogénica tipo 5. Se trata de una enfermedad genética letal y rara que afecta al corazón y que, además, puede provocar muertes súbitas. Todavía no se sabe por qué se produce y, además, no existe cura para la enfermedad. Aunque ahora la ciencia está más cerca de encontrarla. Expertos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda han encontrado un posible tratamiento. 

La enfermedad se debe a una alteración genética en el gen TMEM43. Eso provoca la activación de una proteína, la quinasa GSK3b, que causa la muerte progresiva de las células cardiacas, que son sustituidas poco a poco por fibrosis, una de los rasgos más característicos de esta enfermedad. Pues bien, el descubrimiento, probado en ratones, ha demostrado que inhibiendo esa proteína a través de distintas fórmulas se frenaba a la enfermedad. 

Ahora, una vez conocida una posible vía eficaz para tratar la enfermedad en los ratones, los científicos están buscando el modo de trasladar los resultados a los pacientes humanos. Para ello, están utilizando este modelo de ratón para evaluar la eficacia de medicamentos que se usan en humanos que padecen insuficiencia cardiaca, con el fin de averiguar si serían útiles para tratar la miocardiopatía arritmogénica tipo 5. Además, están analizando estrategias de terapia génica que puedan mejorar la función cardiaca e incluso curar la enfermedad.

  8. Hacia la inmunoterapia contra el cáncer

Los avances científicos se van encaminando poco a poco al hallazgo de la cura contra el cáncer. Pero hasta ahora todavía parece lejana. Sin embargo, el barcelonés Antoni Ribas, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ha dirigido una investigación cuyo resultado ha supuesto un significativo avance. Tiene que ver con la inmunoterapia, un tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir la enfermedad que, aunque se emplea menos que la radioterapia y la quimioterapia, tiene un gran potencial. 

El problema que impide que esta fórmula acabe con el cáncer es que los tumores crean barreras frente a las células inmunitarias. Y eso impide a estas últimas actuar. La responsable de la creación de esas barreras, según las investigaciones, es una enzima. Por eso el equipo de Ribas ha tratado de bloquearla. Y haciéndolo a través de un fármaco se permite a las células inmunitarias entrar en el tumor y, ya desde allí, eliminar las células cancerosas. 

La investigación, por ahora, se ha basado en biopsias de tumores y en ratones con melanoma, por lo que se desconoce el impacto que tendrá en pacientes humanos. 

  9. Contra el daño de la radioterapia

La radioterapia es otra de las terapias más utilizadas para, al menos, frenar la agresividad del cáncer. Pero el problema está, precisamente, en los daños que provoca en el cuerpo. Por eso su poder es limitado: no se puede usar con toda su fuerza porque eso puede llegar a ser contraproducente para el enfermo. Así que científicos del CNIO han tratado de dar con la fórmula para que no lo sea tanto. Y han encontrado un hallazgo que podría conseguirlo. De momento, como casi todos los avances, sólo se ha probado en ratones, pero sienta un precedente importante. 

Una de las peores complicaciones de la radioterapia es el síndrome gastrointestinal, que provoca la muerte de las células intestinales y el fallecimiento de la persona. Como ya demostraron investigaciones previas, quienes más probabilidades tenían de sufrir esta complicación eran quienes tenían niveles más bajos de una proteína llamada URI. Pues bien: los investigadores hallaron dónde se encuentra la proteína en una población específica de células madre durmientes en algunas zonas del intestino. Estas son las que protegen y reparan el órgano. Hasta ahora se desconocía cuál era la población de células madre que se encargaba de esta tarea.

  10. Frenando el ébola

El virus del ébola es altamente contagioso y, además, prácticamente letal. Y hasta el pasado mes de junio se desconocía cómo entra en el cuerpo humano. Sin embargo, un grupo de científicos del Instituto de Investigación del Sida IrisCaixa ha descubierto que emplea una de las mismas rutas de entrada que el VIH, el virus que provoca la enfermedad del sida. Así que conseguir la inmunología al ébola parece más cercana: se podría impedir su entrada en el cuerpo. El esfuerzo científico se centra ahora en el diseño de anticuerpos y vacunas específicos capaces de bloquear esta vía de acceso. 

Para ello debían dar con los receptores del virus y bloquearlos. Y según dijo una de los investigadoras al periódico ABC, descubrieron uno y diseñaron anticuerpos para bloquearlo. Pero de momento sólo lo han llevado a cabo con partículas que simulan el virus. El próximo paso será llevar a cabo la investigación con el virus en modelos animales y en laboratorios reales. De confirmarse entonces los resultados, los anticuerpos podrían convertirse en la fórmula para prevenir o tratar la infección.

  11. La lucha contra el Alzheimer

Alrededor de 800.000 personas en España padecen alzhéimer. Y las cifras aumentan año a año. Según estima la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican en España alrededor de 40.000 nuevos casos. Y eso aunque, estima la organización, entre el 30% y el 40% de los casos totales ni siquiera están diagnosticados. Se trata de la principal causa de demencia en el mundo y la enfermedad que mayor discapacidad genera en personas mayores en España. Por eso, precisamente, es una de las dolencias que más inversión requieren. Porque además no tiene solución. 

Pero ahora se ha dado un paso importante en la prevención de la enfermedad. El pasado mes de abril, investigadores de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Universidad de Burdeos descubrieron que el alzhéimer causa artrofia temprana cerebral en pacientes de, incluso, menos de 40 años. Concretamente, se observó que ciertas estructurales cerebrales se encogen en presencia de la enfermedad mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por eso, según explicó uno de los investigadores al diario Faro de Vigo, el descubrimiento abriría la puerta a desarrollar un fármaco preventivo. Pero las investigaciones todavía se encuentran lejos de esa fase. 

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) y la asociación de jóvenes investigadores de la Universidad de Salamanca INNOVA han convocado para este sábado 19 de octubre en Madrid una Marcha por la Ciencia con el objetivo de reivindicar la importancia de la ciencia en España, segú informa Europa Press.

Los convocantes exigen con esta manifestación que los principales partidos políticos acuerden, y para antes de fin de año, un Pacto de Estado que vincule, al menos, un 2% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado a la inversión anual en I+D+i dentro de los capítulos destinados a subvenciones y contrataciones. Los investigadores defienden que aumentar la cantidad de inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB evitaría que los recursos para investigación se vean afectados por "intereses momentáneos o partidistas".

La manifestación, que tendrá lugar entre las 12.00 y las 14.30 horas, arrancará en la Puerta del Sol. Recorrerá la Calle Alcalá, la Calle del Marqués de Cubas y la Calle de Zorrilla para finalizar en la Calle de Fernanflor, con la idea de llegar al Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto.

Más de 20.000 apoyos

Precisamente, más de 20.000 personas apoyan que se destine el 2% del PIB en I+D+i a través de una iniciativa promovida en Change.org . "Antes de las elecciones, todos los partidos prometieron destinar el 2% del PIB a la ciencia. No nos valen las promesas en programas electorales. ¡Queremos el 2% del PIB ya!", indica la petición.

El escrito, dirigido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, denuncia "la ausencia total de oportunidades" de los científicos españoles cuando estos quieren trabajar en España. "Apenas hay convocatorias de empleo, muchas de las que hay son precarias y cada vez se invierte menos dinero en proyectos de investigación", describe Lorena Carro, promotora de la iniciativa.

El objetivo es llevar las firmas al Congreso para demostrar, según declara a Europa Press la investigadora, que los científicos cuentan con el apoyo de la ciudadanía, además de poder transmitir así cuáles son sus "problemas". "Normalmente las noticias que reciben los ciudadanos son descubrimientos, parece un mundo muy lejano de cosas maravillosas, parece que esa es la visión que tiene la sociedad, no se dan cuenta de los problemas reales que tiene la investigación, que en España son bastante duros", sostiene Carro, investigadora en microbiología de la Universidad de Salamanca.

Tal y como expone Carro en la iniciativa, de los descubrimientos que ha logrado a lo largo de su carrera, "ninguno se ha quedado en España", sino en los países en los que en cada momento le ha tocado trabajar, países que, según comenta, están invirtiendo más porcentaje que España de su PIB en ciencia. "Saben que la investigación genera más dinero del que se invierte a medio-largo plazo. Nos estamos quedando atrás. ¡España tiene que espabilar!", agrega.

España, por debajo de la media de la UE

Carro insiste en la importancia de invertir en Ciencia, pues a su juicio, "define el progreso y el nivel real que tiene un país a nivel internacional". "Solo hay que ver qué países son los que más invierten en ciencia", afirma.

Según datos de Eurostat publicados en enero de 2019, la inversión en I+D+i en España es del 1,2% del PIB, prácticamente el mismo porcentaje que destinaba en 2007 (1,23%).

Estos datos contrastan con la media de la UE, que actualmente es del 2,07%. Países como Suecia (3,33%), Austria (3,16%), Dinamarca (3,06%), Alemania (3,02%) o Francia (2,25%) se sitúan a la cabeza en Europa en inversión científica. También son punteros China (2,06%), Japón (3,28%), Corea del Sur (4,22) y Estados Unidos (2,76%).

MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitaba a los bancos en 2010 a la búsqueda de financiación. Para ello, preparó un documento con el plan de negocio para los años 2011 a 2014 donde detallaba su plantilla y organigrama, presumía de buenos resultados –casi 149.000 euros de beneficios– e incluso prometía un crecimiento anual del 8%. Entre las razones que sostenían ese optimismo y debían servirle para obtener la confianza de los bancos, el grupo de suministros médicos citaba dos: los acuerdos estratégicos que mantenía con grandes empresas, desde Indra hasta Siemens, pasando por Siemens y Agfa, y un proyecto de I+D que se había hecho merecedor de una subvención del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía. Así consta en documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso infoLibre.

Se trataba de un proyecto cooperativo en el que participaban el Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas Doctor López Ibor y cuatro empresas: además de MC Infortécnica SL, MyD Moldeo y Diseño SL, X-Treme Fitness Equipment SL y Global Health Consulting SL, cuya matriz son los gimnasios Duet. Su denominación, “Espacio Precarv. Tecnologías, protocolos y espacios para la rehabilitación cardiaca de posinfartados”, un sistema para implantar en gimnasios.

El proyecto fue aprobado en el consejo del CDTI el 29 de octubre de 2009, lo que se traducía en una ayuda pública de 2,53 millones de euros sobre un presupuesto total de 3,37 millones, el 75%. A MC Infortécnica SL le correspondió una subvención de 614.179,5 euros del total aprobado de 818.906. De esa cantidad, el 25% era a fondo perdido, 153.544,88 euros. Además, la empresa de los padres de Díaz Ayuso solicitó la Línea de Prefinanciación Bancaria que entonces facilitaba el CDTI para sus proyectos de I+D+i, lo que le permitió pedir al Banco Santander un anticipo de 388.000 euros. Gracias a esa línea, el CDTI bonificó los costes de ese adelanto, el 2% anual de un interés fijado en el euríbor a seis meses menos un punto porcentual.

Pero el proyecto no llegó a ejecutarse. MC Infortécnica SL solicitó dos aplazamientos sin presentar documentación técnica o económica que los justificase, explica a infoLibre el CDTI. De forma que la iniciativa “no alcanzó la etapa de comprobación técnica y de ejecución que realiza el CDTI para confirmar su evolución adecuada”. El centro, por tanto, clasificó el proyecto como “no ejecutado” y no pagó la subvención. El CDTI obliga a las empresas a someterse a “un proceso de seguimiento por hitos y, sin certificación de hitos, no hay desembolsos”, aclara su portavoz. MC Infortécnica SL no llegó a certificar ningún hito.

El fiasco de Espacio Precarv implicaba también que la empresa debía devolver al CDTI los intereses del anticipo concedido por el Santander que le había bonificado. Un total de 11.405 euros, correspondientes a los 17 meses que había durado el malogrado proyecto. Pero MC Infortécnica SL tampoco los pagó, por lo que el CDTI le puso la correspondiente demanda en el juzgado. Sin éxito: “Las acciones legales han resultado infructuosas hasta el momento”, concluye. Es decir, el centro público se suma a Avalmadrid en la lista de acreedores públicos de la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso. La deuda con la sociedad de garantía Avalmadrid ascendía, a 30 de junio de 2019, a 270.000 euros. Y los intereses de demora hacen que siga aumentando mes a mes.

La ficción del plan de negocios

Pese a su escaso recorrido, MC Infortécnica incluyó el proyecto Espacio Precarv en su solicitud de garantía financiera a Avalmadrid, según consta en un correo electrónico que la empresa envió a la entidad semipública en diciembre de 2010 y al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, en el expediente del aval, la sociedad de garantías precisa que, en su evaluación, “no se ha tenido en cuenta la operación de Santander al tratarse de un anticipo CDTI”. La empresa proporciona a la sociedad de garantías la cifra de 863.000 euros como total de la subvención, 44.000 euros más de los realmente aprobados.

Cuando se presentaban a los bancos, los gestores de MC Infortécnica SL adornaban los números un poco más. En su plan de negocios 2011-2014 aseguraban que la subvención ascendía a un millón de euros, que iban a cobrar “a finales de 2011”, y anunciaban que la segunda fase del proyecto ya se “estaba iniciando”, lo que le permitiría solicitar otro millón de euros “en las mismas condiciones” para marzo de 2013. El CDTI precisa, en cambio, que ni esta empresa ni ninguna de las otras tres de Espacio Precarv pidieron ayudas para un “proyecto continuador” del que incumplieron.

Finalmente, la realidad desmintió algo más que las cifras del plan de negocios. Gracias a la garantía de Avalmadrid, concedida con fecha del 15 de marzo de 2011, la empresa de los padres de Díaz Ayuso consiguió un préstamo de 400.000 euros de Caja España. Sin embargo, sólo tres meses después, en junio, dejó de pagar las nóminas dejó de pagar las nóminasde sus trabajadores. En septiembre despidió a casi toda su plantilla y entró en quiebra. El 15 de diciembre, la fecha fijada, no devolvió el primer plazo de la garantía a Avalmadrid. Tampoco solicitó el concurso de acreedores ni consta como empresa liquidada. El 27 de junio de 2018 la Agencia Tributaria le revocó el NIF.

Los nombres de trece universidades españolas figuran desde este jueves entre los 500 mejores del mundo. Lo hacen gracias a una nueva edición del ranking de Shanghái –o clasificación ARWU, por sus siglas en inglés–, que cada año pone la lupa sobre los mejores centros en cuanto a investigación. Las universidades españolas, todas públicas, presumen de tener un espacio relativamente consolidado dentro del listado y su presencia en él lanza un mensaje claro: la inversión en investigación debe ser nutrida y sostenida para alcanzar los niveles de calidad deseados.

Aunque la clasificación no presenta grandes alteraciones –se mueve entre los nueve y los trece centros españoles, desde su nacimiento en 2003–, cada año deja alguna particularidad. La Universidad de Zaragoza, por ejemplo, recupera este ejercicio su posición entre las 500 mejores, después de tres años sin lograr entrar. Ocurre lo contrario con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que no consigue esta vez aterrizar en la clasificación, pese a la estabilidad cosechada en los últimos cinco años. Otras no logran la remontada, como la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que lleva tres años sin alcanzar los requisitos necesarios para entrar en el ranking, mientras que las de Oviedo, Sevilla e Illes Balears entran por vez primera.

Existen, paralelamente, centros que se consolidan como habituales en la clasificación. Son, entre otros, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universitat Politècnica de València (UPV) o la Universidad de Granada (UGR), que año tras año se hacen con su medalla, desde la última década.

El criterio que sigue el ranking internacional para seleccionar los centros tiene que ver con el reconocimiento recibido. "Las universidades están clasificadas por varios indicadores de desempeño académico o de investigación, entre los que se incluyen los ex alumnos y el personal que ha ganado Premios Nobel y Medallas Fields", pero también "investigadores muy citados, artículos publicados en Nature y Science, artículos indexados en los principales índices de citaciones y el desempeño académico per cápita de una institución".

Gumersindo Feijoo es vicerrector de Planificación y Proyección Estratégica de la USC. A preguntas de infoLibre, el también catedrático de Ingeniería Química recuerda que "cada ranking universitario se centra en unos determinados parámetros y, por lo tanto, muestra una visión parcial de la misión global de la universidad". El conocido como ranking de Shanghái es buen ejemplo de ello. En parte de sus seis indicadores "las universidades españolas no obtienen puntuación –especialmente en lo relativo a los premios–, por lo que son mucho más sensibles a cualquiera modificación en el resto de indicadores".

Coincide en la valoración Arturo Muga, vicerrector de Desarrollo Científico y Transferencia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Recuerda, en conversación telefónica, que "cada ranking tiene algo que lo diferencia" y que el de Shanghái cuenta con "mayor prestigio porque usa criterios más objetivos y relacionados con la investigación". Pero la reputación de la clasificación bebe además de consideraciones "bastante elitistas", en tanto que hablamos de objetivos "difíciles de conseguir", como los Premios Nobel y las Medallas Fields, reitera el también catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.

Bajo la lupa se sitúan la calidad de las publicaciones, las investigaciones y la producción científica de cada centro, factores que no son nada sin una buena inversión. Saturnino Martínez, profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna (ULL), recuerda los problemas de "hacer políticas públicas basadas en rankings rankings". Al otro lado del teléfono, el docente subraya que la sola existencia de rankings condiciona sobremanera la forma de actuar de las universidades. Éstas, afirma, "cambian su comportamiento para ajustarse más a las cuestiones del ranking", de modo que "empiezan a tener consultores que les orientan respecto a los cambios que les pueden hacer mejorar".

Esta clase de listas tienden además a "comparar resultados muy orientados a la ciencia, lo que lleva a descuidar las ciencias sociales y las humanidades". Por otro lado, el ranking "parece echar la culpa" a los centros con un mensaje claro: "Si no hay universidades arriba es porque nuestros investigadores no son excelentes". Esta conclusión obvia factores determinantes como el gasto en investigación, que comenzó a crecer por vez primera en 2017 –últimos datos disponibles, con un 1,21% del PIB según el INE–, pero arrastra años de recortes desde que en 2010 alcanzara el 1,40% del PIB. Los parámetros españoles evidencian que la investigación en suelo estatal está muy lejos de los valores de sus vecinos europeos.

Por otro lado, los listados sirven en ocasiones para "descontextualizar el esfuerzo que se realiza en las instituciones". Y, observa el profesor, "no es lo mismo una universidad como Harvard, que cuenta con una inversión de 150.000 euros al año por alumno, que cualquier española con un promedio de 7.000 euros". En este punto coincide Muga, quien reitera que la investigación requiere "paciencia, inversión y confianza". Parámetros imposibles de obtener si no es a través de una "financiación estable" que a día de hoy, asevera el vicerrector vasco, no existe. Opina igualmente que "las universidades españolas están en una liga totalmente diferente a las americanas", pero ocurre además que aparte "de las ochenta universidades estadounidenses excelentes, otras tres mil ni siquiera aparecen en este ranking".

También Feijoo da cuenta de que "las universidades públicas españolas tienen el binomio docencia-investigación en su ADN, abarcando todas las grandes áreas independientemente de su beneficio económico a corto plazo". Al mismo tiempo, recuerda el vicerrector gallego, "la investigación es muy cara y necesita de grandes recursos".

Consecuencias reales

Alrededor de los rankings brotan términos como prestigio o calidad, pero ¿en qué se traduce y qué consecuencias tiene aparecer en las clasificaciones internacionales? Feijoo puntualiza que los listados "son indicadores de resultados, pero no objetivos ni medidas absolutas de la calidad". Al final, reflexiona, el principal impacto es "de comunicación y visualización social". Muga escarba igualmente en los efectos para los centros y apunta principalmente a las pistas que pueden ofrecer las clasificaciones para el alumnado. El ranking funciona como una suerte de indicativo, siempre y cuando el estudiante tenga libertad de elección. 

"Al alumno hay que darle el mensaje de que los rankings son importantes", opina el vicerrector, pero al mismo tiempo es importante saber que, "como siempre, los rankings tienen algún sesgo", de manera que el estudiante "tendrá que informarse, dependiendo de lo que quiera estudiar, para compensar esos sesgos". En todo caso, Muga apuesta por diferenciar entre los listados privados frente a otros como el de Shanghái, que se nutre de datos públicos y objetivos. "El mundo de los rankings es complicado y en algún momento habrá que dar explicaciones, porque se pueden plantear como un negocio y eso la gente tiene que saberlo", concluye el catedrático.

España es el segundo país de la OCDE que más ha disminuido su inversión en I+D durante los últimos años (2008-2016), superando únicamente a Polonia. Así lo ha denunciado la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en su Análisis de los recursos destinados a I+D+i contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2018, que se ha presentado este miércoles en Madrid.

En concreto, según el análisis de COSCE, los presupuestos de 2016 representaron el 71% de lo que se presupuestó para 2008, una cifra que solo ha sido superada por Polonia (67,6%). En el mismo periodo, la media de la Unión Europea redujo la inversión en dicha materia al 96,5% de 2008, mientras que algunos países europeos como Austria, Alemania, Bélgica u Holanda, incluso aumentaron el valor. "Mientras nosotros vamos andando, otros van subidos a un Ferrari", ironiza Martín.

De hecho, y a pesar del aumento de la inversión de este año en ciencia -548,17 millones más, un 8,42%-, la inversión en I+D+i de este año es 2.400 millones menor que hace una década. Además, COSCE señala que las partidas destinadas a la I+D+i han sido las terceras que más se han reducido durante los últimos 10 años, por detrás de las transferencias a otras administraciones públicas y las infraestructuras. "Es una cosa muy difícil de superar", critica el presidente de COSCE, Nazario Martín, que pide "no sacar pecho" del "repunte" presupuestario de este año para "no perder la perspectiva de la situación crítica de la ciencia en España".

Por ello, desde la COSCE reclaman, tal y como viene haciendo la comunidad científica desde hace años, un aumento de la inversión que sea "sostenida" en el tiempo para la próxima década. Según pone de manifiesto el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Molero, ha habido tres fases de inversión desde 2002: de 2002 a 2008 de crecimiento; entre 2008 y 2009 de caída "brusca", "enorme" y "acelerada" hasta 2012; y de 2013 a 2018 de breve recuperación y mantenimiento. Sin embargo, actualmente España se encuentra en peor situación que hace diez años, pues la ciencia ha pasado de representar el 2,7% del total de los presupuestos españoles en 2008 al 1,5% en 2018.

Y en comparación con Europa, los datos no son mejores. Según destaca Molero, incluso cuando España invirtió el máximo en I+D+i en 2008 y 2009 (más de 10.000 millones de euros), el país estaba lejos de Europa, pues el porcentaje de inversión era del 1,4% del PIB. La media europea estaba en el 2%. Actualmente, España invierte (datos de 2016) un 1,19% del PIB en ciencia, cuando la media del continente sigue siendo del 2%.

Subvenciones y créditos

El presupuesto para este año es de 7.061,95 millones de euros, un 8,42% más que 2017 (548,17 millones más). De estos, 232,25 millones corresponden a fondos no financieros (subvenciones), que aumentan un 8,89%, mientras que los financieros (créditos y préstamos) aumentan un 8,10%. No obstante, la COSCE destaca que la evolución de los datos de las subvenciones, que representan el 40,28% del total, ratifica esta visión "pesimista", al constatar que la dedicación presupuestaria a estas se encuentran en niveles inferiores a los de 2006.

Es más, según lamenta Martín, si en diez años ha habido una "desinversión" acumulada de 20.000 millones en general para la ciencia, la mitad (10.000 millones) ha correspondido a las subvenciones, casi cuatro veces el presupuesto de este año, cuando estas son "la auténtica columna vertebral del sistema científico español". "Los científicos ya no aguantamos más", sentencia Nazario Martín.

En cuanto a los créditos, el informe de COSCE indica que los créditos han venido aumentando de 2006 a 2010, mientras que su ejecución ha disminuido, lo que el doctor en Ciencias Físicas, José de Nó, califica de "problema serio".

Tal y como ya reveló Fundación Cotec en abril de este año, el Estado no gastó ni el 30% de lo presupuestado para I+D+i en 2017, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Sin embargo, este dato era un media de lo que se ejecutó entre subvenciones y préstamos. Los primeros se ejecutaron en casi su totalidad, mientras que los segundos se ejecutaron en un 18,11%, según indica COSCE. Según recogen los PGE de 2018, cerca del 60% del presupuesto total para I+D+i son préstamos.

Así, si es importante el nivel de financiación, según exponen los expertos que han elaborado el informe, también lo es disponer de un marco jurídico-administrativo adecuado para aprovechar los fondos, lo que exige "una visión diferente del papel de la ciencia", que debe ser de "política de país" y considerarse "motor básico del avance". En este sentido, Martín propone cambiar el mecanismo actual de créditos y subvenciones, al que tacha de "problema político", disminuyendo la inversión de los primeros y aumentando el de los segundos. A juicio de Martín, al menos se ha generado "alarma social" al poner sobre la mesa la baja ejecución de los créditos.

"La pasividad e indiferencia política y la ineficiencia en la gestión de la actividad científica han llevado a la ciencia española al borde del colapso". Es el rotundo análisis de situación que hace la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, en el informe Cosce-Decides 2017 presentado este miércoles, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego.

Aunque advierten de que el largo periodo de crisis económica fue la "disculpa" para reducir la financiación pública de la investigación científica a "unos niveles muy inferiores a los de 2008", los autores del documento insisten en que esta no es la única causa de la "situación de debilidad preocupante" que atraviesa el sistema de ciencia en España. Y apuntan a "la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social del país". 

Ante este escenario, el resultado no puede ser más demoledor: "Un sistema científico carente de recursos financieros y humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados". El documento, que recoge una evaluación exhaustiva del conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España e incluye propuestas de mejora, analiza también el impulso presupuestario que se ha dado a los programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en los últimos años. 

Y ahí el panorama también deja pocos resquicios para el optimismo, pues la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo inferior a la de antes de los grandes recortes. En 2009, el año en el que la financiación llegó a su cota más alta, se consignaron más de 9.600 millones euros para estas políticas y para 2018 hay presupuestados 7.050. En todo caso, eso no quiere decir que se gaste todo lo previsto. 

De hecho, el informe se centra en analizar la evolución de los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a fondo perdido que están más dirigidas a la ciencia y la investigación. De los fondos financieros (créditos) resaltan que su transcendencia es menor tanto por su "baja ejecución" en los últimos diez años como porque las cantidades que se asignan tienen un menor nivel de firmeza porque no se incluyen en el techo de gasto ni en las cantidades enviadas a la UE como nivel de déficit público. Además, el texto subraya que "los importes consignados con los fondos financieros pueden dar lugar a una valoración distorsionada del nivel real de la apuesta por la I+D". 

Precisamente esa estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas ha propiciado que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– buena parte del dinero presupuestado para invertir en investigación científica. Según datos de diferentes informes de la COSCE esta cantidad superaría los 18.000 millones de euros entre 2011 y 2017. 

Respecto a los recursos no financieros, que según los autores del informe "permiten tener una visión más precisa de la dedicación presupuestaria a la I+D en los años recientes", muestran una "recuperación titubeante" desde 2013 hasta 2018, cuando se han alcanzado los 2.844 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando lejos de los valores registrados antes de los recortes. Por ejemplo, el 2008 los recursos no financieros alcanzaron los 4.238 millones de euros. En una década, por tanto, la caída ha sido del 33%. 

Excesiva burocracia 

El documento también hace alusión a la "rigidez" de la gestión administrativa, que hace que pierdan significación las cantidades globales asignadas. E instan a "eliminar las excesivas trabas burocráticas", pues aseguran que el sistema español de investigación "no puede permitirse el lujo de que los investigadores tengan que dedicar tantos esfuerzos a cumplir con unos controles meramente administrativos y contables, supuestamente garantes de unos resultados de calidad que en realidad no se evalúan".

En los últimos meses miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) han empezado a organizarse para exigir cambios administrativos que les permitan sacar adelante sus proyectos, pues aseguran que la excesiva burocracia paraliza sus investigaciones y les resta competitividad. Este mismo viernes van a celebrar una reunión en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid bajo el lema Salvemos la Ciencia. A este respecto, la COSCE subraya que "la excesiva burocratización ha llegado a hacer casi imposible la ejecución de los menguados recursos asignados". 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas piden acabar con la "insensibilidad presupuestaria" que ha impedido la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación que, a su juicio, es necesario para hacer una planificación a medio y largo plazo de la investigación y la innovación tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en las empresas. En este sentido, reclaman una programación cierta y duradera de las convocatorias que sea "lo menos variable posible". 

Asimismo, demandan que se reconsideren los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o del nuevo instrumento que la sustituya. Y demandan que deje de ser una unidad meramente administrativa centrada en la tramitación de solicitudes y en el cierre contable de las previamente adjudicadas y que se adapte a las necesidades del sistema español teniendo en cuenta las experiencias internacionales. 

Por otro lado, requieren que se consolide un sistema de información que permita a los investigadores conocer la programación y ejecución de los fondos asignados a la investigación; que estimule la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de la actividad investigadora, priorizando la valoración y evaluación de resultados, tanto en el ámbito público como en el privado; y que facilite la toma de decisiones de científicos, empresarios, políticos y agentes que con el objetivo de que puedan contribuir a introducir cambios en el modelo español de desarrollo económico y social. 

Por último piden que, con carácter de urgencia, se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos para propiciar acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas que !provean de estabilidad a la política científica" e impulsen "un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente". También reclaman la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, en nuestra opinión, es precisamente ahora cuando deben traerse a colación dichos temas, prestando particular énfasis, por ser absolutamente crítico, al papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra economía y sociedad. El inesperado y rápido cambio de gobierno es una ocasión que "la pintan calva" para acometerlos y no deberíamos desaprovecharla.

Desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) venimos insistiendo en que la nueva economía a que aspiramos debe fundamentarse especialmente en la relación entre innovación, productividad y competitividad. Se trata de un elemento básico para que la estructura económica (y no solo la coyuntura) sea más eficiente y robusta, capaz de resistir los impactos de futuras crisis en mejores condiciones que en las de los últimos años.

El anterior Gobierno prestó escasa atención a este asunto, a pesar de la insistencia que sobre la gravedad de la situación veníamos haciendo fuerzas sociales e instituciones de todo tipo. Este juicio se basa en hechos totalmente objetivos, citándose a continuación algunos de ellos.

Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos, resultando que mientras que la I+D+i era entorno al 3% del total de los presupuestos hace una década, hoy no llega ni al 2%. Además, y por si cupiera alguna duda sobre el nivel del desaguisado, España ha sido uno de los escasos países de la OCDE que han llevado a cabo tamaña reducción presupuestaria.

Otro dato también muy preocupante es el de la falta de ejecución de los presupuestos aprobados, que no ha hecho sino crecer en este último periodo. En efecto, en 2009, las obligaciones de gasto reconocidas, es decir su ejecución, supusieron entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.

De forma descarnada, las obligaciones reconocidas han descendido un 70% en los últimos años, de manera que en 2017 tan solo llegaron nuevos recursos al sistema por un valor entorno a los 2.000 millones de euros. Detrás de ello se encuentra como factor destacado el desproporcionado peso que tienen  los recursos financieros, es decir los créditos, sobre los recursos no financieros, o sea las subvenciones, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta que las instituciones públicas (más de la mitad del sistema español de I+D) no pueden financiarse con créditos y que muchas empresas (singularmente las más pequeñas) no acuden a los mismos por razones tanto de los mecanismos de concesión como de su propia situación financiero-patrimonial.

Este comportamiento "pro cíclico" de los presupuestos es una de las causas, aunque no la única, que explican por qué todos los indicadores disponibles muestran un retroceso de la situación española en el plano internacional. Así, en efecto, el gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación. Además, todos estos retrocesos han sido aún mas graves de lo que las propias cifras nos dicen, si tenemos en cuenta que ya partíamos de niveles realmente mediocres a nivel de la UE y la OCDE.

Algunas voces desprecian estos datos porque la macroeconomía ha mejorado, en parte debido a las exportaciones. Esto es cierto, pero se oculta que esas mejoras en gran medida se han debido a las rebajas salariales y han venido acompañadas de empeoramientos sustanciales de las condiciones laborales; el papel de la construcción y el turismo en la recuperación es muestra de ello. El cóctel se completa con unas condiciones de contorno muy favorables, como era el bajo precio el petróleo, los tipos de interés muy bajos –en ocasiones negativos- y los graves problemas de nuestros competidores turísticos del mediterráneo.

Los retos que se desprenden del desarrollo de la industria 4.0 no hacen sino añadir más argumentos a favor de la imposibilidad de dar un impulso nuevo y radical a nuestras políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, se pide, en primer lugar, que éstas ocupen un lugar destacado en la agenda política y, en segundo lugar, que se disponga de un diseño institucional que muestre ese nuevo papel, sea mediante la creación de un ministerio ad hoc o se establezcan otros mecanismos o estructuras análogas.

Paralelamente debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es mas que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. A modo de ejemplo, un ejercicio simple nos dice que si se lograse reducir significativamente la anteriormente citada falta de  ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).

Habría muchos más temas que debatir pero los dejamos para futuras aportaciones del FEI. Las ideas aquí expuestas tienen el carácter de urgencia que requiere la nueva situación política; en este caso, en tiempo de tribulaciones creemos que sí hay que hacer mudanza.

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José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Empresas Innovadoras.