El gigante Airbus acepta de nuevo pagar una millonaria multa en Francia para evitar un juicio por corrupción

Airbus acaba, definitivamente esta vez, con doce años de corrupción masiva. El tribunal judicial de París aprobó el miércoles un convenio judicial de interés público (CJIP) que permite al gigante aeronáutico europeo poner fin a su procesamiento en tres casos de corrupción, a cambio del pago de una multa de 15,8 millones de euros.

Airbus ya había concluido, en enero de 2020, un primer CJIP, por un importe récord de 3.600 millones de euros, que había sancionado sus "actos de corrupción sistémica" cometidos hasta 2015, como recordó Jérôme Simon, uno de los representantes de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF). Iniciado por una auto-denuncia de Airbus, fue el mayor caso de corrupción industrial jamás visto en Europa, que destapó miles de millones de euros en sobornos distribuidos por el fabricante para vender sus aviones en todo el mundo.

Pero los tres casos cerrados el miércoles no pudieron incluirse en el primer acuerdo "por razones de procedimiento", explicó el fiscal financiero nacional, Jean-François Bohnert.

En efecto, estos nuevos hechos han salido a la luz, en paralelo a la investigación de la FNF sobre Airbus, gracias a tres diligencias judiciales llevadas a cabo por jueces de instrucción, entre ellas el Kazajgate, un caso de venta de helicópteros y satélites en el que está implicada gente cercana al ex presidente Nicolas Sarkozy, y el caso de la financiación libia de la campaña presidencial del mismo Nicolas Sarkozy.

Las asociaciones anticorrupción Anticor (Kazajgate) y Sherpa (financiación libia), partes civiles en estos casos, reclamaron y obtuvieron, respectivamente, 25.000 euros y 1 euro de indemnización.

En la comparecencia, la FNF trató de minimizar la importancia de este convenio, descrito como una "ampliación complementaria" del acuerdo de 2020, destinado a "purgar" las últimas escorias de una "época pasada". La empresa había despedido a muchos altos cargos y tuvo que someterse a un programa de control anticorrupción, que finaliza el próximo mes de enero.

Justicia negociada durante el juicio

Airbus se sale con la suya. La nueva multa de 15,8 millones de euros es inocua para el grupo. El grupo admite la corrupción, pero no su culpabilidad, por lo que podrá seguir beneficiándose de los contratos públicos.

Este es precisamente el objetivo del CJIP, importado en 2016 del derecho anglosajón, que permite sancionar financieramente a las empresas sin penalizarlas económicamente. El fiscal Bohnert volvió a elogiar las bondades de este procedimiento, señalando que ha aportado al Estado un total de 3.700 millones de euros en seis años.

Las asociaciones anticorrupción Anticor y Sherpa, en cambio, ven este sistema de justicia negociada como un problema. "Es una forma de renuncia a lo que constituye la verdadera justicia", ya que "no hay reconocimiento de culpabilidad ni inscripción en el registro de antecedentes penales", alegó Jérôme Karsenti, abogado de Anticor. Acusó a la FNF de defender el "interés público económico". "Por supuesto, económicamente es una joya, pero no hay ningún otro procedimiento en el que se halague a un acusado para justificar un procedimiento excepcional", añadió Vincent Brengarth, abogado de Sherpa.

Esto es, en cierto modo, lo que el actual fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, dijo el pasado mes de marzo en un discurso crítico con el abuso de la justicia negociada: "La primacía del Derecho exige que no haya una norma para los poderosos y otra para los débiles; una norma para los ricos y otra para los pobres. Cuando la gente ve que los individuos se van de rositas mientras sus empresas pagan las multas, no puede evitar sentir que se ha violado este principio esencial.”

Esta justicia negociada, descrita por el jefe de la FNF como "justicia de adhesión", ofrece una última e inmensa ventaja a las empresas: la discreción.

El punto más llamativo de esta comparecencia de Airbus fue la ausencia total de declaración de los hechos de corrupción denunciados contra este fabricante. Los fiscales de la FNF elogiaron la "cooperación" de Airbus en la investigación, pero solo indicaron los países y periodos afectados por la corrupción, sin dar el más mínimo nombre ni el más mínimo detalle que pudiera dañar la reputación del fabricante. Cuando el presidente del tribunal, Stéphane Noël, preguntó a los abogados de Airbus si tenían algún comentario sobre los hechos, éstos respondieron: "Ninguno”.

La red Djouhri

Pero vale la pena detenerse en los hechos. En el caso de la financiación libia, Airbus ha reconocido, con la firma del acuerdo con la FNF, lo que altos ejecutivos de la empresa habían negado durante años: el pago de sobornos en la venta en 2006 de doce aviones al régimen de Gadafi.

En particular, el tribunal identificó, con documentos bancarios, dos millones de euros pagados a un intermediario ya imputado varias veces en el caso Sarkozy-Gadafi, el empresario Alexandre Djouhri. 

Los fondos, que los jueces consideran pueden constituir un delito de soborno, se abonaron tres semanas después de la celebración del contrato con Libia en una cuenta del banco UBS en Singapur. También se ha imputado a un ex directivo del grupo Airbus, sospechoso de haber realizado el pago.

Como reveló Mediapart, estas conclusiones judiciales formaban parte del marco general del asunto libio. El intermediario Alexandre Djouhri es, en efecto, sospechoso de haber estado detrás del pago, con el ex director del gabinete de Muammar Gadafi, dos años después, en 2008, de 500.000 euros a Claude Guéant, entonces mano derecha de Nicolas Sarkozy en el Elíseo.

Además, según el testimonio de antiguos directivos de Airbus, Claude Guéant presionó unos meses después a un directivo del grupo aeronáutico para que se pagaran fondos adicionales a su amigo Alexandre Djouhri por los aviones vendidos a Gadafi en 2006, además de los dos millones ya recibidos.

Aunque la investigación no estableció un vínculo causal absolutamente cierto, los jueces pudieron sin embargo rastrear el pago, en 2010 esta vez, de 4 millones de euros por parte de Airbus a una empresa del Líbano, cuyo beneficiario, Saleh J., es a la vez un íntimo de Saif al-Islam Gadafi (el hijo del antiguo dictador libio) y un conocido de Alexandre Djouhri. Los fondos se transfirieron inmediatamente a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Sobornos del Kazajgate

Al firmar el CJIP, Airbus también reconoce la corrupción en el extenso asunto Kazajgate, referido al pago de presuntos sobornos en el contexto de la venta por parte de Airbus de helicópteros y satélites a Kazajistán entre 2007 y 2012, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy.

En particular, Airbus admite, según ha revelado Mediapart, haber pagado una comisión secreta de 9,6 millones de euros al intermediario tunecino Lyès Ben Chedli, para facilitar la venta de satélites a Kazajistán. Este pago, que viola "los procedimientos de conformidad en vigor", sólo se realizó porque este intermediario estaba vinculado a "un empresario cercano al presidente kazajo", es decir, al dictador Nursultan Nazarbayev, subrayó el fiscal Jérôme Simon en la vista.

Airbus también reconoció irregularidades en sus relaciones con un senador en la época de los hechos, que fue imputado pero cuyo nombre no se mencionó en la vista. Se trata de Aymeri de Montesquiou, que ayudó a Airbus a vender 45 helicópteros a Kazajistán, aunque el grupo sabía perfectamente que eso era ilegal. "Puedes entender fácilmente que pagar los gastos de un senador es claramente contrario a la ley", escribió entonces un ejecutivo de Airbus, en un email revelado por Mediapart.

El ex senador también recibió cientos de miles de euros en comisiones secretas pagadas por estructuras discretas registradas en paraísos fiscales, sin que hasta hoy se sepa quién le pagó el dinero.

En el Elíseo, la operación kazaja, en la que también está implicado el oligarca Patokh Chodiev, fue validada por Nicolas Sarkozy y puesta en manos de su mano derecha, el "cardenal" Claude Guéant. Durante estas negociaciones, Patokh Chodiev entregó a su abogado, en una habitación de hotel en Zúrich, un maletín con 5 millones de euros en efectivo, "por Francia".

La maleta de dinero en efectivo fue transportada en coche a París. A pesar de las revelaciones de Mediapart en 2017 sobre la mentira del chófer (había asegurado en acta que había llevado el dinero a Niza), los beneficiarios aún no han sido identificados por la justicia.

"No he oído en la vista ningún nombre de los que han participado, mientras que este caso afecta a las más altas esferas del Estado", protestó el abogado de Anticor, Jerome Karsenti en la vista. Citó los nombres de varias personas cercanas a Nicolas Sarkozy que están siendo investigadas o asistieron como testigos en este caso, entre ellos el senador Aymeri de Montesquiou y el ex asesor del Elíseo Jean-François Étienne des Rosaies.

Es cierto que el CJIP sólo extingue el procedimiento contra la persona jurídica Airbus, y no contra las personas físicas, pero si los acusados son juzgados algún día ante un tribunal, "Airbus no estará allí", en la vista, dijo Karsenti.

Como parte civil en el caso Sarkozy-Gadafi, la ONG Sherpa, especializada en la lucha contra los delitos económicos, decidió aprovechar la firma de este nuevo acuerdo entre Airbus y la FNF para presentar una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (CPC) y abrir así un frente de impugnación judicial contra las modalidades de justicia negociada en Francia, que la asociación Anticor también apoyó durante la vista.

Sherpa abogó por que las asociaciones anticorrupción autorizadas, a las que la ley da derecho a presentar denuncias y a actuar como parte civil en casos de atentado contra la honestidad, tengan al menos un derecho de recurso contra la celebración de acuerdos judiciales con las empresas, algo que la ley no les concede actualmente.

Estas asociaciones autorizadas sólo pueden, hasta la fecha, solicitar una indemnización. Pueden hacer observaciones durante la vista, pero sólo a título consultivo. No se les informa de las negociaciones entre la empresa y la fiscalía, y no tienen ningún recurso cuando el tribunal ha validado el acuerdo.

¿Se han vulnerado los derechos de las víctimas?

El abogado de Sherpa, Vincent Brengarth, considera que las modalidades de justicia negociada, tal y como se organizan en Francia, vulneran en gran medida el derecho de defensa de las víctimas en al menos tres puntos –igualdad de recursos, ausencia de vías de recurso, ámbito de aplicación demasiado amplio–, lo que la convierte en inconstitucional.

En este caso de Airbus, "ni siquiera se nos permitió consultar antes de la vista el acuerdo que la fiscalía les pide que validen", dijo el abogado Brengarth al tribunal. "Es contradictorio ofrecer la posibilidad a las asociaciones de iniciar un procedimiento, a veces por la inercia de la fiscalía, y luego negarles cualquier derecho de control sobre el resultado del procedimiento", argumentó. El asunto de la financiación de Libia se inició, de hecho, por una denuncia de Sherpa.

La asociación también señaló en su escrito una "falta de claridad" en el marco legislativo, que autoriza a la justicia, en nombre del principio legal de "conexidad", a aplicar la justicia negociada a delitos muy alejados de su misión principal: la lucha contra la delincuencia financiera.

El precedente del asunto Squarcini/LVMH así lo demuestra, según la ONG, que recuerda que, en este caso, se firmó un acuerdo entre la multinacional de Bernard Arnault y la fiscalía de París por hechos que encubrían violaciones de la intimidad, de las que fue víctima el diputado y periodista François Ruffin. "Todos los delitos y faltas cometidos por una empresa podrían calificarse como conexos y, por tanto, entrar en el ámbito de aplicación del CJIP", dijo el abogado de Sherpa.

La Fiscalía Nacional Financiera y Airbus argumentaron que la CPC defendida por las dos ONGs debería ser rechazada, con el argumento de que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que los acusados y las víctimas pueden no tener los mismos derechos en los procesos, y que el único derecho de las víctimas es ser indemnizadas por su perjuicio.

El presidente del tribunal, Stéphane Noël, se negó finalmente a remitir la CPC al Tribunal de Casación para su examen, alegando que la ley no prevé que las víctimas sean parte en los CJIP, ni durante la negociación ni durante el proceso de validación.

 

Traducción de Miguel López

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