Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha. 

Las grandes asociaciones europeas de televisión han lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: los sistemas operativos de los smart tv o televisores conectados y los asistentes virtuales —cada vez más potenciados por inteligencia artificial generativa— están acumulando un poder creciente sobre el acceso a los contenidos audiovisuales sin estar sometidos a ninguna de las obligaciones que impone la regulación digital de la UE.

La declaración, dirigida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Teresa Ribera, llega en un momento clave: la Comisión Europea se encuentra en plena preparación de la próxima revisión de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la principal herramienta regulatoria de la UE para frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. El texto está suscrito por once organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Europea de Servicios Comerciales de Televisión y Vídeo bajo Demanda (ACT), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la española UTECA y la alemana VAUNET.

El documento pone el foco en la rápida concentración del mercado europeo de sistemas operativos para televisores conectados. Entre 2019 y 2024, aseguran, Android TV —propiedad de Google— ha pasado de una cuota del 16% al 23%. Amazon Fire OS ha escalado del 5% al 12%, impulsado por su modelo de dispositivos propios y licencias a fabricantes. Tizen, el sistema operativo de Samsung, se mantiene en torno al 24%. Tres operadores, en definitiva, controlan en la práctica la puerta de entrada a los contenidos audiovisuales de millones de hogares europeos.

Las asociaciones advierten de que esta concentración no es un dato estadístico neutro: implica que un número muy reducido de empresas tecnológicas tiene una capacidad “cada vez mayor” para decidir qué ven los usuarios, con qué facilidad acceden a determinados servicios y qué aplicaciones aparecen destacadas en la pantalla de inicio. Los smart tv, subrayan, actúan como intermediarios centrales entre los proveedores de contenidos y los ciudadanos, y pueden distorsionar esa relación mediante decisiones técnicas, contractuales o de diseño de interfaz.

El riesgo más inmediato, según los firmantes, es el de las llamadas prácticas de cierre: los proveedores de sistemas operativos tienen incentivos para mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema, lo que puede traducirse en restricciones técnicas o contractuales que dificulten la navegación entre aplicaciones de distintos medios, obstaculicen plataformas agregadoras de recomendaciones o limiten la interoperabilidad entre servicios.

La segunda gran preocupación de los radiodifusores son los asistentes virtuales. La DMA los contempla explícitamente como una de las categorías de servicios de plataforma que pueden ser designados como “guardianes de acceso” —la figura que obliga a las grandes tecnológicas a cumplir con requisitos de transparencia, no discriminación y acceso justo—, pero ningún asistente virtual ha recibido esa designación hasta la fecha.

Las asociaciones describen un escenario de despliegue acelerado: asistentes reforzados por IA generativa, chatbots y agentes autónomos que ocupan ya posiciones privilegiadas en teléfonos, altavoces inteligentes y sistemas de infoentretenimiento en vehículos. La ausencia de regulación efectiva crea, a su juicio, un vacío que permite a estos sistemas convertirse de facto en guardianes del acceso al contenido multimedia sin asumir ninguna de las obligaciones que la ley exige a otros intermediarios digitales equivalentes.

La explicación de este vacío, según los firmantes, tiene varias capas. Para que la DMA se aplique a un asistente de inteligencia artificial, el sistema debe superar unos umbrales de uso que las televisiones europeas consideran excesivamente restrictivos, lo que deja fuera a plataformas con un peso real considerable en el mercado. A eso se suma que la ley tiende a subestimar la influencia efectiva de estos sistemas sobre empresas y ciudadanos, tratando como actor secundario lo que en la práctica funciona como una puerta de entrada central a la información y los servicios.

Pero el problema más de fondo es otro: la DMA solo reconoce como “usuario empresarial” de un asistente virtual a quien haya desarrollado una aplicación o funcionalidad específica integrada en él. Esto excluye a medios de comunicación, comercios y empresas de todo tipo que dependen de estos sistemas para llegar a su audiencia, pero que nunca han construido ninguna integración técnica directa con ellos. Un periódico cuyos contenidos aparecen —o dejan de aparecer— en las respuestas de un asistente no tendría, bajo esta definición, ningún derecho reconocido por la ley.

Las asociaciones advierten de que esta interpretación tiene una consecuencia especialmente grave: en la práctica, otorga a los propios proveedores de los asistentes el poder de decidir quién queda dentro o fuera del marco regulatorio, simplemente modificando cómo diseñan su sistema de interoperabilidad con terceros. Dicho de otro modo, las empresas reguladas pueden rediseñar las reglas técnicas para esquivar la regulación, sin que la ley tenga hoy instrumentos para impedirlo.

El tono final de la carta es de urgencia. Los radiodifusores recuerdan que la experiencia en otros mercados digitales muestra que, una vez que los intermediarios consolidan prácticas de cierre y los usuarios se acostumbran a entornos sesgados, resulta “extremadamente difícil” restaurar la competencia efectiva. El momento actual, insisten, es una “oportunidad única” para intervenir antes de que se repita ese patrón en el sector audiovisual.

Las demandas concretas que trasladan a Bruselas son tres. Primero, que se designe como guardianes de acceso a los principales proveedores de sistemas operativos de televisores conectados y de asistentes virtuales. Segundo, que si alguno de ellos no alcanzara los umbrales cuantitativos actuales, se abra una investigación de mercado basada en los umbrales cualitativos previstos en el artículo 3(8) de la DMA para evaluar su poder efectivo. Y tercero, que se revise la definición de “usuarios comerciales” vinculada a los asistentes virtuales para que abarque a todas las empresas que dependen de estas plataformas para llegar a su audiencia.

Las once organizaciones firmantes se declaran dispuestas a aportar datos, análisis y experiencia técnica a la Comisión, y solicitan una reunión para debatir los próximos pasos. Con este esfuerzo coordinado, la radiodifusión europea —pública y comercial— intenta influir en el rediseño de la regulación digital de la UE en un momento en que la inteligencia artificial está reconfigurando quién controla el acceso a la información y el entretenimiento.

"Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá". Las palabras del pasado lunes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siguen sacudiendo los cimientos de la propia UE. A pesar de que ha reculado posteriormente, su figura ha quedado tocada. Muy tocada. 

Von der Leyen repitió en el cargo tras las pasadas elecciones europeas gracias a un gran pacto que incluía a socialdemócratas y a liberales. Pero la conservadora alemana ha encarado esta segunda legislatura aproximándose a los postulados de la ultraderecha, tanto en inmigración como en políticas medioambientales. 

Sus relaciones internacionales también han virado hacia posiciones más ultras, aunque ella no tenga competencia en materia exterior (que recae en los Estados soberanos). Von der Leyen ha mantenido una actitud de servilismo con Donald Trump, al que ha cortejado y no se ha enfrentado a pesar de que el norteamericano ha puesto a la UE en su punto de mira. En la retina permanece la imagen de ella acudiendo a un campo de golf para negociar un acuerdo arancelario que no gustó en muchas capitales, como Madrid.

La exministra alemana de Defensa ha mantenido, además, una actitud poco combativa con Benjamin Netanyahu y el genocidio en Gaza, lo que la ha distanciado también de algunos Gobiernos como el español. Y la guerra de Irán ha sido otro asunto en el que la presidenta de la Comisión no ha mostrado contundencia, incluso abriéndose a una ofensiva que está fuera de la legalidad internacional. Todo ello choca de lleno con los propios principios de la UE, que tiene en su ADN los valores de la paz, el diálogo y la diplomacia.

Estas actuaciones de la conservadora alemana han llevado a un enfriamiento de su relación con Pedro Sánchez, con quien había mantenido una conexión política muy robusta en la anterior legislatura, yendo incluso de la mano en medidas innovadoras dentro de la UE como la puesta en marcha durante la pandemia de los fondos Next Generation, que suponían de facto una mutualización de la deuda (algo impensable, por ejemplo, en la época en la que Angela Merkel imponía sus reglas austeras al sur durante la gran crisis financiera).

La deriva de Von der Leyen, que siente mucha presión por parte de la ultraderecha y de los sectores más duros de su partido encabezados por Manfred Weber, preocupa dentro del Gobierno español, aunque de puertas afuera nadie quiera lanzar una crítica dura. Pero las posturas de Sánchez tienen también fuertes resortes en las instituciones europeas, como se ha comprobado durante los últimos días, para contrarrestar los movimientos de la presidenta de la Comisión.

António Costa se ha convertido en el principal contrapeso de Von der Leyen en las instituciones. El presidente del Consejo Europeo fue muy claro el martes y provocó el posterior giro de la alemana, ya que en una conferencia ante embajadores de la UE lanzó, en línea con los postulados de Sánchez, este contundente mensaje: “Una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas. En esta nueva realidad, ¿cuál debería ser la misión de la Unión Europea? En primer lugar, debemos defender el orden internacional basado en normas”.

Costa y Sánchez tienen una excelente relación y hablan con mucha periodicidad, según fuentes conocedoras. El español le consulta no pocos asuntos al ex primer ministro portugués, al que siempre ha considerado como una especie de hermano mayor dentro de la familia socialista europea. Se fija mucho en su experiencia y siempre tiene en mente, además, cómo dimitió injustamente al frente del Gobierno luso por un supuesto escándalo de corrupción que luego quedó en nada.

Como señalan fuentes del PSOE, “los dos comparten muchos valores y tienen una visión progresista coincidente”. “Están en la misma línea, no como sucede con Dinamarca, por ejemplo. Además, están convencidos de la importancia del multilateralismo y de la amenaza que suponen los grupos ultra en Europa frente a unos conservadores que viran cada día hacia la ultraderecha. Es importante que los dos vengan de países con historias similares y con unas sociedades muy pacifistas”, añaden. Los socialistas portugueses están recuperando su fuerza con la reciente victoria en las presidenciales de António José Seguro frente al candidato ultra de Chega. 

La otra gran contrafuerza, también alineada con Sánchez, que hay en la propia Comisión Europea es Teresa Ribera, vicepresidenta ahora en Bruselas y que fue una de las personas de máxima confianza del presidente español durante su etapa en el Ejecutivo. La conexión y la coordinación entre los dos es total. 

Ribera fue otra de las piezas clave para hacer girar a Von der Leyen durante estos días críticos. A las pocas horas de que hablara la alemana, la española, que es su número dos de facto, remarcó: "Nosotros, como europeos, tenemos una especial obligación, una especial responsabilidad en la defensa del orden internacional. Y por supuesto que hay abusones, pero a los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso".

La vicepresidenta española de la Comisión es uno de los rostros que combate con más fuerza la ola negacionista en materia medioambiental, a la que está cediendo Von der Leyen. España está ahora además emprendiendo una fuerte pugna para defender el sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono a través del blindaje del sistema ETS, que quieren echar por tierra algunos países. El Gobierno lo ve esencial para la descarbonización y para la implantación de las energías renovables, además, en un momento muy especial por la crisis del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán impulsada por Estados Unidos e Israel.

España lidera este movimiento y encabeza la carta enviada a las instituciones europeas junto a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Portugal. A ellos se unen, a través de la firma de un non paper, los Ejecutivos de Países Bajos, Luxemburgo y Eslovenia. En el lado opuesto tienen a países como República Checa, Hungría y Eslovaquia, en tanto que Italia y Alemania se acercan a esta órbita. 

Roma y Berlín son dos capitales centrales para la Unión, pero en esta crisis dentro de la UE por la guerra de Irán sus líderes están siendo cuestionados. Friedrich Merz protagonizó una escena insólita por su actitud condescendiente en la Casa Blanca mientras Trump amenazaba con un embargo comercial a España mientras ambos comparecían ante la prensa. Dentro de su propio país, la prensa ha criticado su paso por Washington. Y Giorgia Meloni estuvo casi una semana callada respecto al conflicto para luego rechazar el uso de las bases por parte de Estados Unidos poniendo como argumento la posición de Madrid. Además, la primera ministra ve cómo cada día crecen los socialistas en las encuestas de su país mientras convierten a Sánchez en un símbolo por el “No a la guerra”.

Los europarlamentarios del PES (el Partido Socialista Europeo) se han convertido en un fuerte apoyo para Sánchez en Bruselas y en Estrasburgo, entre cuyas filas la indignación es total por las palabras de Von der Leyen. Sobre la mesa siempre está, aunque por ahora no se ha materializado, la posibilidad de una moción de censura contra la alemana. Este grupo, el segundo en número de escaños, es esencial para que ella perviva al frente de la Comisión Europea.

Además, el PES está capitaneado por una española, Iratxe García, otra de las dirigentes de máxima confianza de Sánchez. Un dato evidencia su proximidad: ha estado en todas las Ejecutivas del PSOE con él desde su primera etapa, en 2014. Ella está enarbolando en el Parlamento Europeo el mensaje de “Not to war” y ha presionado a la presidenta de la Comisión desde que pronunciara sus polémicas palabras: “Von der Leyen debe aclarar sus declaraciones, que han causado descontento. Cuestionar la necesidad de defender el orden internacional y el derecho internacional, como si fueran algo naíf, no lo compartimos. Europa debe defenderlos sin ambigüedades”.

Los exjefes de gabinete de la exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto están citados en enero como testigos ante el juez que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas, según recoge EFE.

El juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado una ronda de declaraciones a finales de enero, tanto de testigos como de imputados, en una providencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes. 

Entre los testigos figuran Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces exministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citados el 28 de enero. 

Ese día también debe comparecer uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la "cúspide" de la organización, está citado ante el juez el 29.

La Comisión Europea evita las dos medidas de mayor calado para atacar la crisis habitacional que azota el continente. La ausencia de competencias en la materia y una falta de voluntad política dejan fuera del anunciado Plan de Vivienda Asequible la prohibición de los alquileres vacacionales y la barra libre de gasto público para construir vivienda social.

Luego de un año de trabajo, la vicepresidenta Teresa Ribera y el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, presentaron en Estrasburgo el esperado plan de vivienda prometido por Úrsula Von der Leyen en su investidura. Medidas centradas principalmente en “reducir la burocracia para acelerar la oferta de casas” y movilizar inversiones públicas y privadas que pongan en el mercado “650.00 viviendas adicionales al año durante los próximos diez”.

“Bajo las reglas actuales de ayudas públicas, hasta cierto punto los Estados Miembros realmente no pueden apoyar una vivienda asequible, afirmó Teresa Ribera, quien además de pilotar todo el área contra el cambio climático de la Comisión, también es la responsable europea de Competencia. “El sistema [de inversión pública en el sector inmobiliario] tiene que ser más simple, rápido, efectivo”, insistió la española.

Bruselas propone que, a nivel europeo, los proyectos de viviendas sociales o de promoción tengan una vigencia de al menos veinte años. Y además, en las construcciones inmobiliarias financiadas con dinero público las autoridades deberán exigir precios mínimos y máximos por debajo de los del mercado, para garantizar casas accesibles.

Condiciones tendentes a frenar un aumento en el precio de las viviendas del 60% y de los alquileres del 20% durante los últimos años, que según la Comisión Europea provocan que “millones de europeos sufran para encontrar un hogar que permitirse”. Las dimensiones de esta crisis habitacional tienen múltiples caras, reconocen en Bruselas, desde dificultades en la movilidad laboral hasta acceso a la educación o la formación de una familia.

Esta estrategia sobre vivienda evita concretar el freno a la proliferación de los contratos turísticos o los alquileres de corta duración. Hasta 2026 no llegará una propuesta legislativa al respecto y aun así no incluirá una prohibición de estos arrendamientos. El grupo parlamentario de La Izquierda critica que “en un momento en el que la vivienda se ha convertido en un activo especulativo, el Plan de la Comisión evite afrontar las causas originarias de este crisis”.

La Comisión prefiere plantear un registro obligatorio de los propietarios, como ya se hace en muchas ciudades españolas, y el intercambio de información sobre las operaciones de alquiler. También apostará porque las plataformas de pisos turísticos paguen una tasa que financiaría fondos nacionales o regionales para atender el problema de las personas sin hogar.

Un alto funcionario europeo descarta que en 2026 vaya a haber “una prohibición, no la estamos buscando” de los alquileres vacacionales. “Las ciudades están actuando y lo que vemos es una amplia gama de acciones, desde la prohibición completa de los alquileres a corto plazo hasta restricciones por huésped, límites a las noches o diferentes tasas”, afirma esta fuente. Y eso que los propios datos con los que la Comisión ha elaborado su Plan de Vivienda Asequible ilustran el rápido crecimiento de este tipo de contratos, un 93% entre 2018 y 2024, limitando la oferta de vivienda a los residentes locales, especialmente en los destinos turísticos, donde los inmuebles vacacionales, según estas cuentas, llegan a comerse un 20% del mercado.

“Los alquileres a corto plazo son posiblemente el área, el problema, sobre la que más me han preguntado durante el último año”, reconoció el propio comisario de Vivienda, Dan Jorgensen. “Son innumerables los alcaldes que me han explicado que es algo que empezó siendo bueno para terminar como un problema real. Y es inaceptable que la gente no pueda vivir en las ciudades donde trabaja”, concedió el político danés.

Atajar este problema de turistificación habitacional fue una de las demandas realizadas en mayo por los alcaldes de Barcelona y Roma en representación de quince grandes ciudades y localidades, con una población de 18 millones de personas. Otra medida clave, que Bruselas autorizase el uso de la cláusula de escape en el Pacto de Estabilidad en favor de las inversiones públicas inmobiliarias.

Este grupo de ciudades proponía movilizar así 300.000 millones de euros para “financiamiento de nuevos inmuebles sociales y asequibles” y “renovar el parque existente en todos los países de la UE”. Esta ambición se queda fuera del plan de la Comisión, permisiva sin embargo con que los Estados Miembros se salten las reglas de déficit para inversiones militares.

La fuente comunitaria excusa a Bruselas asegurando que “la cuestión de la cláusula de escape es delicada porque la Comisión cree firmemente en unas cuentas apropiadas”, en relación a la disciplina fiscal de los presupuestos, y escudándose también en que “es complicado para los Estados Miembros el diseñar marcos de apoyo para vivienda social o asequible”.

“No hay una propuesta para usar la cláusula de escape” al cumplimiento de déficit, reconoce, pero “sí estamos dispuestos a ofrecer recomendaciones para diseñar un contexto legal y financiero que tenga en cuenta cuestiones de deuda pública”. La Comisión podría haber diseñado un fondo a cargo de los presupuestos de la UE al que los Estados Miembros solicitasen préstamos, exentos de contabilizar para el déficit, con los que financiar vivienda pública, como ha hecho con el instrumento SAFE para las compras militares, pero ha evitado dar ese paso.

Pese a estas lagunas, los socialistas del Parlamento Europeo califican el Plan de Vivienda Asequible como “un paso histórico” por el que sienten “orgullo” bajo la premisa de que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental. Menos optimistas son desde el grupo de Los Verdes. Su eurodiputado Vicent Marzà, miembro del Comité Especial de Vivienda creado esta legislatura en la Eurocámara, cree que el “movimiento llega tarde” y “se queda corto” porque no hay “medidas directas” que frenen la especulación inmobiliaria.

La Comisión considera que el actual mercado inmobiliario del continente “realmente no está listo ni totalmente preparado” para sacar en oferta 650.000 nuevas viviendas al año, en palabras de una segunda fuente europea. De ahí la propuesta de reducción burocrática. Según este otro funcionario comunitario, un área de prioridad es “la simplificación y la digitalización de los permisos sin invadir las competencias de los Estados Miembros”. Bruselas no va a imponer nuevos requisitos para construir inmuebles ni tampoco una homogeneización de los procesos.

Bruselas quiere poner en circulación 10.000 millones de euros en nuevas inversiones en 2026 y 2027 y, con la ayuda del Banco Europeo de Inversión o de los bancos de promoción estatales, como el ICO español, movilizar otros tantos miles de millones. Un incremento ficticio del dinero, ya que lo conformarían préstamos y garantías en las que el sector privado debe invertir su parte. Y muy lejos de las exigencias durante meses en Bruselas de las autoridades locales para atender el grave problema inmobiliario que frustra la emancipación de los jóvenes, el bienestar de las familias con menos recursos y las aspiraciones vitales de la clase media y trabajadora.

"Un ataque directo a la credibilidad de las fuerzas de seguridad y una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación". Es el enésimo intento de Dolors Monserrat, eurodiputada y secretaria general del PP europeo, de sembrar dudas sobre Pedro Sánchez. A través de una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea, acusa al Gobierno central de difundir bulos contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "por parte de hasta tres ministros". Esto, a su juicio, es "una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación", que pide a Bruselas que incluya en su próximo informe del Estado de Derecho.

En el PP llevan tiempo poniendo el foco en el este informe con el objetivo de que la Comisión de un varapalo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata del documento que evalúa los avances en garantías y lucha contra la corrupción del todos los países. Desde Bruselas son muy conscientes de que en España no existe ningún riesgo sistémico para el Estado de derecho, según fuentes comunitarias consultadas por infoLibre. En la UE están sorprendidos de que la polarización política sea cada vez mayor y del creciente uso del PP de las instituciones en su guerra contra el Gobierno, pero recuerdan que el último informe del Estado de derecho de la UE fue muy favorable para nuestro país, pese a los intentos de los conservadores de que fuese más crítico.

Las peticiones para que Bruselas haga algo son cada vez más directas y frecuentes. Es lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado domingo en un acto que también contó con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo —que no hizo alusión a esta cuestión—. Ayuso pidió a la Unión Europea "ponerle ya los pies en el suelo" al presidente del Gobierno y "pararle de una vez" y recriminó que mirasen tanto a "Hungría y Turquía" pero no a España: "Señores de la Unión Europea, ¡Párenlo! ¿Qué más tiene que pasar?", se preguntó la madrileña, que acusó al Ejecutivo de "perseguir" y "acosar" a la oposición.

Un mes antes, en el congreso del PP europeo celebrado en València, fue el expresidente José María Aznar el que aseguró que España está envuelta en un "retroceso democrático" y, ante la presencia de Ursula Von der Leyen, reclamó a la Comisión Europea reforzar "su acción como guardián de los Tratados", con "una actuación decidida para asegurar el respeto a la integridad del Estado de Derecho de todos los Estados miembros donde el Estado de Derecho se encuentra seriamente amenazado o directamente infringido".

Más allá de las últimas peticiones de Ayuso y Aznar, lo cierto es que el Partido Popular lleva años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Alberto Núñez Feijóo, que no le ha dado los éxitos deseados. Más bien al contrario. En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, situándolo al nivel de Polonia y Hungría, pero no ha contado con resoluciones, declaraciones ni gestos para mantener vivo ese relato.

La legislatura pasada Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea.

Pero ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento de Sánchez de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, ni la petición para investigar al Fiscal General del Estado por "obstrucción a la justicia" suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía, que contará con el aval del Tribunal de Garantías.

La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba. Los conservadores utilizaron su mayoría absoluta del Senado, conseguida en las elecciones del 23J gracias al sistema mayoritario que rige para elegir a los senadores, para intentar convencer al órgano de que diera marcha atrás en su borrador de dictamen.

En los últimos meses el PP ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, afectaría a las ayudas que recibe de la Unión Europea e incluso privaría al país de voto en su más alta institución, el Consejo. El Partido Popular ha enviado varias misivas, apoyado en las asociaciones judiciales conservadoras, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás, al menos hasta la fecha.

Lo que buscan los conservadores es que la Comisión actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial, como por ejemplo la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

La dirección de Feijóo también intentó parar el nombramiento de la exvicepresidenta y anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La que fue candidata del PSOE en esos comicios se convirtió en la número dos de facto de la presidenta Von der Leyen, dotándola de un poder que ningún comisario español ha tenido antes, pese al evidente malestar del PP. El PP maniobró hasta el punto de poner en peligro la elección de toda la Comisión. Finalmente, Ribera salió elegida aunque los eurodiputados del PP votaron en contra.

Desde los partidos que forman parte del Ejecutivo central denuncian la "estrategia del barro" que utiliza el PP en Bruselas, en palabras de la portavoz de Sumar en la Eurocámara, Estrella Galán. "No solo muestra una deslealtad enorme hacia el Gobierno y hacia las instituciones, sino también hacia toda la ciudadanía española. La realidad es que, por mucho que usen la mentira y la desinformación, hoy España es un faro para Europa Lo es en políticas de empleo y de protección de las personas trabajadoras, de las personas consumidoras, lo es, en definitiva, en políticas que mejoran la vida de la gente", sostiene Galán.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez señala que el PP, acompañado por la extrema derecha de Vox, busca "generar un estado de opinión" gracias a sus "medios afines" para que la Comisión y el Parlamento parezcan los garantes de que se cumple con el Estado de Derecho en España. "Es una contradicción muy grande por parte del PP y Vox, que son partidos que no quieren avanzar en la cosoberanía europea, pero están deseando que la Comisión se inmiscuya en asuntos domésticos", razona. Así, Galvez también cita la "politización" de las misiones de eurodiputados a diferentes enclaves de la geografía española, como por ejemplo Barbate o el Hierro, en la comisión de Peticiones. La misma comisión que ha vetado que las víctimas de la dana o los afectados por las expropiaciones de San Fernando de Henares comparezcan.

Apple y Meta tienen el dudoso honor de estrenar las primeras multas en la UE contra grandes tecnológicas dentro del incipiente marco europeo de la Directiva de Servicios Digitales, el que gobierna a estas empresas y su funcionamiento en relación con los consumidores en Internet y en el entorno online. La Comisión Europea abre un nuevo capítulo en la regulación del mundo digital y, una vez más, los gigantes de Estados Unidos están en la diana.

Apple y Meta, matriz de Facebook e Instagram, tendrán que pagar 500 y 200 millones de euros respectivamente por diferentes incumplimientos de esas normas. En el caso de la marca de la manzana no respetó sus obligaciones al gestionar alternativas a las diversas aplicaciones que pueden utilizar los consumidores. Por su parte, la matriz de la red social tampoco permitió a los consumidores un servicio equivalente si no aceptaban compartir sus datos personales. Ambas podrán recurrir esta decisión de Bruselas durante un plazo de 60 días.

Las dos multas tienen una dimensión mucho mayor. La Comisión las tenía retenidas, junto a la conclusión de las investigaciones iniciadas en marzo del año pasado, para intentar no perjudicar más las complicadas relaciones con la Administración Trump en medio de las negociaciones arancelarias. Las sanciones contra dos de las mayores tecnológicas estadounidenses serían vistas en Washington como un nuevo agravio de esa Unión Europea que el mandatario norteamericano califica como “patética” y a la que acusa de “estafar” a su país. Durante su anterior mandato, Donald Trump ya había ninguneado como “señora impuestos” a la anterior comisaria de Competencia, Margrethe Vestager por ir contra las prácticas fiscales de Apple o Amazon. Finalmente, este miércoles Bruselas ha dado luz verde a las sanciones.

Las multas de 500 millones de euros a Apple y de 200 millones a Meta son las primeras pero no serán las últimas. Tanto en el equipo que dirige la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, como en el de la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, hay dossieres abiertos contra X, antigua Twitter, o Google.

La vicepresidenta Ribera ha declarado tras oficializar las multas que “envían un mensaje claro y rotundo” porque Apple y Meta “se quedaron cortas en el cumplimiento de la Directiva de Servicios Digitales al aplicar medidas que refuercen la dependencia que tienen negocios y consumidores de sus plataformas”, al tiempo que exigía “a todas las empresas que operan en la UE el pleno cumplimiento de nuestras leyes y el respeto de los valores europeos”, en un mensaje dirigido a las tecnológicas estadounidenses hoy alineadas con Trump.

A ojos de la Comisión Europea, los desarrolladores de aplicaciones disponibles en la tienda virtual de Apple deberían poder informar a los usuarios de los móviles, ordenadores o tablets, sin coste, de alternativas fuera de esa App Store. Los consumidores tendrían así un abanico más amplio de aplicaciones para sus dispositivos. Bruselas condena a Apple con una multa de 500 millones de euros porque considera que no cumplió esta obligación, recogida en la Directiva de Servicios Digitales.

Apple restringía a los desarrolladores informáticos, que no podían disfrutar de ventajas en canales de distribución alternativos, al tiempo que los consumidores tampoco se beneficiaban de productos más baratos. La Comisión reprocha a la tecnológica estadounidense que “falló al demostrar que estas restricciones sean objetivamente necesarias y proporcionadas”. Según un funcionario comunitario, “Apple sí realizó el pasado marzo algunas cambios pero encontramos que sigue imponiendo restricciones técnicas y comerciales”. Por ejemplo, el consumidor no puede acceder a las páginas web de los desarrolladores de aplicaciones, descargarlas desde ahí en sus dispositivos de una manera más barata o gratuita para luego operar con ellas libremente. Es lo que este funcionario reprocha como “el no disfrute de canales de distribución alternativos”. En definitiva, límites y cortapisas al libre mercado que tanto proclaman las empresas estadounidenses.

La multa de 500 millones podría haber sido mucho mayor si la Comisión no hubiese cerrado una segunda investigación contra el fabricante de los famosos iPhones por obligaciones que exige a sus usuarios. En otro comportamiento abusivo, Apple les imponía su propio navegador de Internet y también aplicaciones propias pre-instaladas en los dispositivos. Ahora, el usuario puede fácilmente descargar otros navegadores, borrar esas aplicaciones previas y también cambiar sus parámetros para llamadas o mensajes. Pero la tecnológica tiene una tercera investigación en su contra en marcha, ya que Bruselas analiza el boqueo que mantiene a otras tiendas virtuales.

La política del 'consiente o paga' que impone Meta a sus usuarios, en la red social y también en otras aplicaciones como Instagram, no gusta en las instituciones de la UE, preocupadas desde hace años por el manejo de los datos personales realizado por las empresas de Mark Zuckerberg. El multimillonario ya sufrió un duro interrogatorio del Parlamento Europeo en 2018 sobre la información de sus usuarios vendida a la empresa Cambridge Analytica y luego utilizada a favor del brexit en el referéndum británico.

Ahora, Bruselas le impone una multa de 200 millones por su política de anuncios y datos de los usuarios. Si estos no aceptan que sean compartidos para recibir publicidad personalizada, deben pagar una suscripción mensual. Para la Comisión, “este modelo no cumplió” las normas europeas durante el casi año en vigor, ya que según el funcionario comunitario, conocedor en profundidad de las investigaciones contra ambas tecnológicas, “el usuario que niega el consentimiento es enviado a un servicio muy diferente en el que debe pagar por un servicio que no está relacionado con ese rechazo por sus datos personales”.

Meta aplica ahora un nuevo modelo de 'consiente o paga' por la información de los usuarios y la publicidad personalizada, pero aun así no consiguió esquivar la multa de Bruselas, que analiza el nuevo sistema y está exigiendo más evidencias al conglomerado de redes sociales.

Aunque las investigaciones parecen técnicas, de fondo las instituciones de la UE están librando una batalla contra las tecnológicas estadounidenses por la protección de la privacidad en el mundo digital, el manejo de información masiva en Internet y su mercadeo por puro lucro pero también intereses políticos o sobre los monopolios y los abusos de los gigantes empresariales. Así lo ha recordado la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, al señalar junto a Teresa Ribera que “tenemos el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y la innovación en los negocios y asegurar que los ciudadanos tienen el control pleno de cuándo y cómo se utilizan sus datos”.

Donald Trump muerde la mano tendida por la Unión Europea para buscar una salida negociada a la guerra comercial que el estadounidense inició desde su regreso a la Casa Blanca. Hace sólo una semana Bruselas frenó las primeras represalias contra Estados Unidos por un importe de 6.000 millones de euros que debían entrar en vigor el 1 de abril, con la intención de dar más tiempo para encontrar una salida pactada. El nuevo anuncio del norteamericano, un arancel del 25% a los automóviles y componentes no fabricados en Estados Unidos, dinamita la estrategia conciliadora. La UE reactiva el modo de guerra comercial.

La vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, reconoció este mismo jueves que la decisión de la Casa Blanca es “muy mala noticia” porque “la Administración estadounidense está jugando en contra de cómo funcionan los mercados globales” y en un mensaje directo a Washington manifestó “estén seguro de que responderemos”, al tiempo que intentaba tranquilizar al importante sector del motor asegurando que “les vamos a respaldar, son clave para nuestra economía”.

La española viaja al corazón del problema, Washington, la próxima semana para el 2 de abril, mismo día que entrarán en vigor los aranceles automovilísticos anunciados por Trump, mantener encuentros con importantes representantes del sector de la competencia, la litigación de conflictos comerciales, monopolísticos, sobre ayudas de Estado o tecnológicos. Y de fondo, conversaciones con las que evitar la guerra comercial desatada por la Administración norteamericana.

La sensación en Bruselas es de que las cartas están echadas, pero que el ejecutivo comunitario no quiere mostrar las suyas mientras la Casa Blanca va de órdago en órdago en el actual conflicto. “Sí, estamos preparados para proteger a nuestros intereses económicos y ofrecer una respuesta fuerte, con medidas bien calibradas y proporcionales ante cualquier ataque injusto desde los EEUU”, confirma el portavoz de la Comisión, Olof Gill.

La UE no adelantará durante los próximos días sus represalias comerciales aunque Trump haya lanzado estos nuevos aranceles, prefiere mantener su estrategia de guardar hasta mediados de abril el primer paquete de 6.000 millones de euros en tarifas a productos estadounidenses. Ese paquete se complementará con un segundo de 18.000 millones contra bienes industriales o agrícolas procedentes de territorios republicanos y que todavía se está ultimando. “La lista final que ofrecemos a los Estados Miembros está bien escogida para crear el máximo impacto a los EEUU y el mínimo a nuestra economía”, explica Gill.

El acero y el aluminio estadounidense serán golpeados, también las Harley-Davidson, el pollo o la ternera de Nebraska o Kansas, la madera de Georgia o Virginia, la soja de Louisiana, la ropa vaquera o de cuero, herramientas para el hogar o materiales plásticos... todo esto ya está en los documentos internos de la Comisión. Ahora ya se trabaja en cómo ampliar estas contramedidas a su sector automovilístico o a otras industrias con menor impacto para Europa.

Fuentes comunitarias confirman que el jueves 3 de abril, cuando presumiblemente Estados Unidos empiece a recaudar los aranceles del 25% a los coches y componentes automovilísticos no fabricados en su territorio, Bruselas ofrecerá algún tipos de respuesta. Pero en la Comisión no quiere precipitarse porque saben que con Donald Trump todo puede pasar, aunque para el día antes no descartan algún tipo de show delante en la Casa Blanca de las cámaras, con mapas o gráficos, responsables de la Administración norteamericana acompañando a su presidente e, incluso, acusaciones a la Unión.

Esta misma semana el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, estuvo en Washington hablando directamente con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, y con Kevin Hasset, el director del Consejo Nacional Económico, uno de los principales asesores directos de Trump. Ni Lutnick ni Hasset informaron a Sefcovic de lo que ocurriría apenas 24 horas después en la Casa Blanca. “Es cierto que el viaje del comisario no ofreció un resultado en el sentido que nos gustaría”, reconocen en el equipo de Sefcovic, mostrando una vez más que la comunicación entre ambos lados del Atlántico es una teléfono estropeado. “Vivimos una situación caótica, no sabemos lo que puede pasar al día siguiente”, resume de manera elocuente un alto diplomático europeo.

Por más que los desplantes a Europa de la nueva administración estadounidense sean públicos y notorios, la Comisión y los 27 siguen sin cerrar su puerta a una última negociación que frene la guerra comercial porque, explican desde el ejecutivo comunitario, también falta conocer la concreción de los nuevos aranceles contra los coches. “No sabemos con lo que estamos tratando, no sabemos la escala completa de las medidas y por tanto, su impacto en los flujos comerciales”, reconocen en el equipo del comisario Sefcovic.

En Bruselas, el gran lobby del motor, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, se está movilizando entre bambalinas para frenar el impacto. En sus encuentros con funcionarios europeos más que pedir están rogando que “la UE y los Estados Unidos entablen un diálogo para encontrar una solución inmediata que evite las tarifas y las consecuencias dañinas de una guerra comercial”. ACEA pone sobre la mesa cifras de negocios con la que Bruselas disponga de munición negociadora ante Washington, como el 50-60% de los vehículos que los fabricantes europeos producen en suelo norteamericano y son exportados fuera, “ofreciendo una contribución sustancial positiva para la balanza comercial de los Estados Unidos”.

Precisamente esta relación trasatlántica no pasa sus mejores momentos para la industria del motor. Los Estados Unidos siguen siendo el principal comprador de coches europeos, más allá de las ventas intracomunitaria en el mercado único, pero las exportaciones de coches desde el viejo continente cayeron el año pasado casi cinco puntos, según datos del sector. Los aranceles de Trump, con su consecuente subida en los precios de los productos, amenazan con frenar más este comercio.

El mundo está en un momento de convulsión, se juegan enormes partidas en la geopolítica internacional. Más allá del ombliguismo del que peca muchas veces la política patria, España y su propio futuro dependen cada día más de lo que pase en las instituciones y organismos internacionales. Un dato que es un espejo de la realidad: el 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales entre 2019 y 2024 deriva de directrices y decisiones europeas.

Y es vital el peso de los países y sus representantes a la hora de pilotar los grandes organismos. Teresa Ribera acaba de tomar posesión como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, aupándose de facto como la número dos de Ursula Von der Leyen y como gran referente progresista dentro de un colegio de comisarios volcado hacia la derecha. 

Ribera se convierte en pieza clave en el engranaje europeo en un momento en el que España debe esforzarse para hacer valer su peso con la mirada puesta en que el socialdemócrata Olaf Scholz puede perder el Gobierno alemán en las próximas elecciones con los sondeos a favor de la CDU. La exvicepresidenta de Pedro Sánchez se convierte en el gran poder español internacional, en un escenario en el que también juega un papel de primer nivel Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Una de las obsesiones de Sánchez desde que llegó a La Moncloa fue ampliar la presencia de españoles en los organismos internacionales después de una época en la que el país había peleado por debajo de su peso. Tras las elecciones europeas de 2019 logró colocar a Josep Borrell al frente de la diplomacia europea como Alto Representante, puesto que acaba de abandonar por la formación de la nueva Comisión.

Sánchez puso en la carrera desde la primavera para la nueva Comisión a Teresa Ribera, que encabezó la papeleta socialista para el 9J. Todo fue como se había diseñado hasta el susto de última hora cuando el PP español logró convencer al líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, para tratar de tumbar a la española. Finalmente el presidente español logró imponer su nombre gracias a la complicidad con la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Ahora la influencia española en Bruselas se desarrolla a través del triunvirato Sánchez-Ribera-Calviño. Los tres han sido precisamente elegidos por el reconocido medio Político como parte de la lista de las 28 personas más influyentes en el continente. Al presidente se le incluye dentro de la categoría de “soñadores” y se hace el símil  "con el héroe de una serie de aventuras de la vieja escuela” porque “cada semana, en Madrid, se encuentra atado a las vías del tren, atrapado en un coche que se dirige a toda velocidad hacia un barranco pero, de alguna manera, se las arregla para salir airoso". A la vicepresidenta europea se la encuadra como una “fuerza disruptiva”, a la vez que subraya que es una de las comisarias con mayor poder de la historia (al tener la cartera de Competencia). Y sobre la presidenta del BEI destaca el medio: "En un momento en el que pocos están dispuestos a abrir sus arcas, se puede contar con Calviño para asignar el dinero necesario para evitar que se derrumbe el techo de la UE".

Ribera es la que más expectación genera en estos momentos. Ubicada ya en la planta doce del Berlaymont, un piso debajo de Von der Leyen, quiere llevar un “aire fresco”, como dicen en su entorno, a la Comisión. Fuentes próximas destacan que su intención “es no quedarse pisando moqueta, sino viajar a los distintos Estados miembros para tener conexión real con el sentir de los europeos y conocer los retos de primera mano”. Además, ya está comunicándose con líderes internacionales y ha recibido ya más de cien peticiones de entrevistas por parte de los medios. Además, los principales CEOs del mundo están llamando a su puerta para conocerla, ya que entre sus manos tiene algunos de los dosieres más importantes que afectan a ayudas de Estado y grandes compañías internacionales.

En el panorama europeo también juega un papel clave el exministro Luis de Guindos, que saltó a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo en junio de 2018 en sustitución del portugués Vítor Constancio. Su mandato se extiende hasta 2026 con una institución marcada por sus decisiones sobre los tipos de interés y con la gran incertidumbre, como ha confesado en varias ocasiones el español, sobre la guerra comercial que puede desatar la llegada de Donald Trump y su afectación al crecimiento de las propias economías europeas. Un panorama en el que el BCE tiene un papel activo clave: el pasado jueves recortó 25 puntos básicos los tipos y empeoró sus previsiones para la zona euro ante la situación de Francia y Alemania.

Otro de los nombres propios españoles con fuerza en el continente es José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea. El que fuera secretario de Estado de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en 2019 por un periodo de cinco años, logrando renovar su cargo en febrero de este año hasta 2029 (aprobando el examen por unanimidad para su reelección). 

Uno de los mensajes que estás intentando hacer calar Campa en esta nueva etapa es que se debe aprovechar la situación para crear un marco regulatorio “robusto” para que el sector financiero avance hacia la unificación del mercado. Otro de sus principales empeños es la pronta aplicación en las entidades de la normativa de Basilea III, ya que el periodo de transición se ha fijado por parte de la UE hasta 2033.

La influencia española a escala internacional también incluye a Miguel Ángel Moratinos, que ocupa un puesto relevante en Naciones Unidas como alto representante para la Alianza de Civilizaciones. Su discurso en estos momentos en favor del multilateralismo supone un contrapeso al avance en muchos países de los discursos contra los organismos internacionales. En el escenario internacional emergen con fuerza los ataques por parte de Donald Trump contra los acuerdos para frenar el cambio climático o las críticas de Israel sobre la labor de la propia ONU.

Y en esta labor allende las fronteras se acaba también de incorporar la ministra de Sanidad, Mónica García, al aprobar el pasado mes de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) su incorporación al Consejo Ejecutivo en representación de Europa. Este puesto lo ocupará durante los próximos tres años y pretende impulsar a nivel global la atención primaria como corazón de los sistemas de salud, cuidar a los profesionales, señalar la importancia del cambio climático para la salud, promover la equidad de género en salud y trabajar contra la obesidad infantil a través del deporte, la alimentación saludable y los determinantes sociales de la salud, como ha explicado ella misma.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia y de supervisar las políticas climáticas, Teresa Ribera; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; figuran en la lista de las veintiocho personas más influyentes de Europa de 2025, elaborada por el medio Politico, según informa EFE.

Ribera aparece la segunda en el apartado de los "disruptores", mientras que Calviño y Sánchez figuran en los puestos cuatro y ocho de los apartados "hacedores" y "soñadores", respectivamente.

La lista completa, encabezada por "la persona más poderosa del continente", que se dará a conocer en un evento durante la noche de este martes en Bruselas, se divide en tres categorías (hacedores, disruptores y soñadores), cada una de las cuales representa un tipo diferente de influencia, y cuyo número uno respectivo se desvelará igualmente en la misma ceremonia.

El puesto como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva puede ser el "mayor desafío" que haya asumido jamás Ribera, señala Politico, ya que la convertirá en la "segunda figura más poderosa" de Bruselas después de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y, potencialmente, en una de las comisarias "mas influyentes de la historia".

Ribera, de 55 años, se perfila como "una fuerza disruptiva" dentro de un Colegio de Comisarios de tendencia derechista y tiene el mandato de "revolucionar" la UE, algo que Politico da por seguro que enfurecerá "a los líderes de Bruselas y de otros lugares". Tras ella, en la lista de "disruptores" figuran, entre otros, el alcalde centrista de Varsovia, Rafal Trzaskowski, candidato a las elecciones presidenciales del año próximo en Polonia; la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen; y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el también derechista Raffaele Fitto.

En el puesto cuarto de la lista de "hacedores" está Nadia Calviño, la presidenta de 56 años del BEI, el brazo financiero de la UE. La economista española, como máxima responsable de una de las instituciones financieras multilaterales más grandes del mundo, tiene la misión de utilizar los recursos a su disposición para impulsar la acción del sector privado, destaca Politico. "En un momento en el que pocos están dispuestos a abrir sus arcas, se puede contar con Calviño para asignar el dinero necesario para evitar que se derrumbe el techo de la UE", señala Politico.

En la misma categoría que Calviño están por delante de ella, el presidente ruso, Vladímir Putin; y el primer ministro polaco, Donald Tusk; y por detrás, entre otros, el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Por último, en la categoría de "soñadores" aparece este año el presidente del Gobierno español, al que comparan "con el héroe de una serie de aventuras de la vieja escuela: cada semana, en Madrid, se encuentra atado a las vías del tren, atrapado en un coche que se dirige a toda velocidad hacia un barranco" pero "de alguna manera, se las arregla para salir airoso", ironiza el medio bruselense.

Sánchez, de 52 años, "sigue siendo un jugador importante en Bruselas", donde "disfruta del respeto de altos funcionarios", como "Von der Leyen, y sus colegas líderes en el Consejo", destaca Politico, al incidir en que su "prestigio" le ha permitido negociar acuerdos complejos, entre ellos el reparto de los principales puestos del bloque, entre ellos el de Ribera.

Junto a Sánchez, en la lista de "soñadores" de 2025, están el papa Francisco, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas; o el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la Comisión Europea de Ursula von der Leyen por 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones, allanando el camino para que el equipo de Gobierno al completo pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre, según informa EFE. Entre los votos en contra se encuentran los 22 diputados del PP español que rompió la disciplina de voto de su grupo, el PPE, que sí votará a favor tras alcanzar un acuerdo con socialistas y liberales la pasada semana

El PP argumenta su negativa por la presencia la vicepresidenta Teresa Ribera como número dos del Ejecutivo comunitario, a quien los de Feijóo responsabilizan de la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana pese a que está presidida por el conservador Carlos Mazón.

Tras la votación, la ya nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva dijo este miércoles que el PP español "se queda solo junto con algunos de los grupos de ultraderecha de este Parlamento" al votar en contra del nuevo Ejecutivo europeo. "Me parece que se retratan solos. Desde el primer momento se han retratado solos también buscando ese aislamiento de los valores europeos, de la buena gobernanza europea y ese respeto por las personas en el conjunto de la Unión y también en nuestro país y en Valencia", dijo Ribera en declaraciones a la prensa.

La nueva Comisión Europea obtuvo tan sólo un 51 % de votos a favor de los 719 eurodiputados del hemiciclo comunitario que podían votar, un resultado peor que el que obtuvo individualmente Von der Leyen en julio para su reelección para un segundo mandato como presidenta (donde obtuvo 401 síes) y el más estrecho que ha obtenido nunca un colegio de comisarios en la historia de la Unión Europea.

El voto de este miércoles refleja la fragmentación en una Eurocámara más escorada a la derecha, sin mayorías estables y en las que todos los grupos que votaron a favor tuvieron alguna deserción que votó en contra o se abstuvo, como los 22 eurodiputados del PP español o los 14 del SPD alemán.

Pese a ello, la aprobación del colegio de comisarios en el Parlamento Europeo solventa el último gran trámite que tenía que superar el Ejecutivo comunitario de la décima legislatura, que podrá empezar a trabajar el 1 de diciembre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles en el Parlamento Europeo que una de sus primeras "grandes" iniciativas en su segundo mandato al frente de la institución será impulsar una estrategia económica llamada "Brújula de Competitividad" basada en las recomendaciones del informe elaborado por Mario Draghi, según informa EFE.

En su intervención ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) que votará si aprueba el nuevo colegio de comisarios de la alemana, entre ellos Teresa Ribera, Von der Leyen aseguró haber escuchado "cuidadosamente" a los eurodiputados en sus "repetidas peticiones" de un "cambio sustancial" en la economía del bloque.

"Nuestra libertad y soberanía depende más que nunca de nuestra fortaleza económica. Nuestra seguridad depende de nuestra capacidad de competir, innovar y producir y nuestro modelo social depende de una economía que crezca y afronte el cambio demográfico", explicó la jefa del Ejecutivo comunitario.

En esta línea, anunció que "la primera gran iniciativa" de la nueva Comisión Europea será una "Brújula de Competitividad", una estrategia económica que, dijo, estará basada en los tres pilares del informe Draghi: la brecha de innovación con Estados Unidos y China, un plan de descarbonización y competitividad y una mayor seguridad y reducción de las dependencias.

Con respecto al primero, Von der Leyen subrayó que la cuota de solicitudes de patentes en Europa es similar a la de Estados Unidos y China "pero sólo un tercio de ellas se explotan comercialmente", al tiempo que el bloque es "tan bueno como Estados Unidos" creando start-ups pero después afrontan problemas para crecer.

"Tenemos que cerrar esa brecha. Pondremos la investigación y la innovación, la ciencia y la tecnología en el corazón de nuestra economía. Invertiremos más y mejor", prometió, para después remarcar que este hecho es "particularmente relevante" para el sector de las tecnologías digitales. "Para ser competitivos, Europa debe ser el hogar de la siguiente ola de tecnologías de vanguardia", reivindicó la alemana.

En relación a la descarbonización y la competividad de la economía —el segundo pilar—, Von der Leyen insistió en su idea de presentar en los 100 primeros días de su mandato una propuesta para un Pacto para una Industria Limpia.

La presidenta de la Comisión Europea nombró en este punto el papel que tendrá Teresa Ribera, a quien ha encargado la vicepresidencia de Transición Ecológica y Competitividad, y defendió que la UE "debe ser ágil y acompañar mejor a la gente y a las empresas en el camino", así como confiar en sus "fortalezas tradicionales" que son "la industria y las pymes, los innovadores y los trabajadores".

Von der Leyen encargó además a Ribera que despliegue "una política de competencia moderna" como vicepresidenta del nuevo Ejecutivo comunitario y supervisora de la política climática. "Tendremos a Teresa Ribera Rodríguez, nuestra primera Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Está muy capacitada para garantizar que tengamos una política de competencia moderna que respalde nuestras ambiciones. Es una verdadera y comprometida europea. Y juntos, siempre trabajaremos por el interés europeo", dijo.

La política alemana se refirió así a Ribera, que se llevó un aplauso del hemiciclo comunitario en la presentación de su equipo en la nueva Comisión Europea, en el que trabajará estrechamente con el francés Stéphane Séjourné, que ejercerá "incansablemente como Vicepresidente Ejecutivo para unir las dimensiones de la industria y el mercado interno". Ribera y Séjourné serán los encargados de continuar desarrollando el Pacto Verde Europeo y para desarrollar una industria limpia de cara a la economía descarbonizada.

Les acompañará el actual y futuro comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, que acaba de ejercer como "nuestro negociador clave en la COP29" celebrada en Bakú y que "ya está liderando el camino hacia el objetivo de emisiones netas cero y un crecimiento limpio".

"Juntos, garantizarán que abordemos los mayores desafíos que enfrentan nuestras empresas. Y sabemos que el más destacado de estos son los altos precios de la energía", dijo Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea se refirió también en ese bloque a la energía, con mención especial al "chantaje energético de Rusia y a la alta inflación que siguió". "El precio de la energía debe bajar aún más. Y en eso estará trabajando Dan Jørgensen, basándose en su experiencia previa: reducir los costos para los hogares y las empresas, invertir en energía limpia y reemplazar las importaciones de GNL ruso. Ya es hora de que eso suceda. Y sé que esta Cámara nos apoyará en este objetivo", dijo sobre el danés que asumirá la cartera de Energía y Vivienda.

También en el plano de la industrialización sostenible, Von der Leyen se refirió al nuevo comisario de Transporte y Turismo, el griego Apostolos Tzitzikostas, quien mantendrá "un diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automotriz en Europa", que supervisará la propia Von der Leyen.

"Reuniremos a todas las partes interesadas en la mesa. Para escucharnos mutuamente. Y para diseñar soluciones juntos, mientras esta industria atraviesa una transición profunda y disruptiva", dijo la alemana, quien subrayó que "la industria automotriz europea es un orgullo para Europa" que da trabajo a "millones de europeos", por lo que el objetivo será "que el futuro de los automóviles siga fabricándose en Europa".

Von der Leyen se refirió también a la sueca Jessika Roswall, quien tendrá la misión de desarrollar una "economía circular competitiva" para ganar "independencia" después de que la UE haya "pagado el precio de poner el futuro en manos de un único suministrador". "No cometeremos de nuevo el mismo error. La soberanía europea no está en venta", aseguró Von der Leyen.

Mesa de diálogo del automóvil

Dentro de la estrategia industrial, Von der Leyen liderará una mesa de diálogo que reunirá al sector europeo del automóvil con el objetivo de "escucharse y diseñar soluciones" en un momento en que esta industria "atraviesa una transición profunda y disruptiva".

"La industria europea del automóvil es un orgullo. Millones de trabajos dependen de ella y juntos tenemos que garantizar que el futuro de los coches se sigue escribiendo en Europa", enfatizó.

Por último, Von der Leyen recordó que las "sobredependencias" de la UE "pueden rápidamente convertirse en vulnerabilidades", por lo que defendió la necesidad de impulsar un comercio "libre y justo" para diversificar el suministro, por ejemplo, de materias primas críticas, el ejemplo "más obvio" en este capítulo y cuya demanda global "ya se ha duplicado durante el último mandato".

La jefa del Ejecutivo comunitario avisó de que avanzar en estos tres pilares "requerirá un nuevo enfoque para coordinar las políticas", al tiempo que avanzó que la financiación pública" será crucial para conseguirlo. En esta línea, defendió su iniciativa para simplificar un presupuesto comunitario que "a menudo es demasiado complejo" y "financia lo mismo en diferentes programas".

"Pero los presupuestos públicos solos no pueden ir tan lejos. Necesitamos urgentemente más inversiones privadas", recordó Von der Leyen, quien dijo que "la brecha de capital privado es la principal razón" por la que Europa se está rezagando en gasto en I+D con respecto a China o Estados Unidos.

Tras la presentación de los nuevos comisarias y comisarios, el Parlamento Europeo votará el conjunto de la nueva Comisión Europea, que una vez obtenga la luz verde de la Eurocámara podrá estrenarse oficialmente el próximo 1 de diciembre. 

Hay fechas que quedan marcadas en el calendario. Y el 20 de noviembre de 2024 –menuda fecha– marcará un antes y un después en la carrera política de Alberto Núñez Feijóo en Europa como el día en el que se quedó solo, arrinconado, abandonado a su suerte por su familia política, en brazos de quienes no ven a Europa como solución sino como problema.

Feijóo ha fracasado estrepitosamente en su intento, uno más, de atacar al Gobierno de España para tapar sus vergüenzas en la Comunidad Valenciana, tomando como rehén a la entera Comisión Europea en un momento crítico para Europa: con dos guerras en su vecindario y con el advenimiento de Trump 2.0 al otro lado del Atlántico.

Hay algo patológico en la relación de Feijóo con Europa. Serán las barreras lingüísticas. Serán las barreras mentales. Pero para el presidente del PP, Bruselas no es más que un teatro lejano en el que sus torpes peones negros tratan, sin éxito, de corregir su impotencia doméstica, dejando jirones de credibilidad en cada intentona.

El recuento es largo:

Intentó, sin éxito, que ante el golpe de la pandemia, a España no se le entregaran los fondos de recuperación peleados y logrados por el Gobierno socialista para revitalizar la economía española y reorientar su modelo productivo.

Intentó, sin éxito, ante la escalada de los precios de la electricidad por la invasión rusa de Ucrania, boicotear la aprobación de la solución ibérica, el tope del precio al gas negociado y logrado por el Gobierno socialista que permitió ahorrar más de 5.000 millones de euros al conjunto de los hogares españoles.

Y ha intentado, sin éxito, boicotear la elección de Teresa Ribera como vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, el puesto de mayor poder desempeñado por un español desde nuestra adhesión hace casi 40 años, poniendo con ello en riesgo no solo los intereses de España en Europa sino al propio gobierno europeo.

¿Por qué Teresa Ribera? Nadie cuestionaba su valía para el cargo, tampoco el EPP, y así lo reconoció Ursula Von der Leyen dándole mando en plaza como su 'número 2', no en vano se trata de una de las voces más reconocidas a nivel internacional en materia de transición ecológica.

No, había que tapar el desastre, la manifiesta incompetencia de un Gobierno, el de la Generalitat Valenciana, y de un presidente, el popular Carlos Mazón, negligentes hasta el grado de desconocer sus propias competencias en la gestión de la mayor catástrofe que ha enfrentado la región en décadas con las trágicas consecuencias que todos conocemos.

Y se juntaron el hambre con las ganas de comer: dos políticos que han hecho del resentimiento su lugar en el mundo –el que no es presidente del Gobierno de España porque no quiso y el que no es presidente de la Comisión porque no le dejaron– tomaron como rehén al Gobierno de Europa para saciar su sed de venganza. El uno, contra Pedro Sánchez. El otro, contra Ursula Von der Leyen.

Con una diferencia: el segundo sabía que una cosa es tensar la cuerda, otra muy diferente es romperla. Y ante la tesitura de enfrentar una revuelta en el EPP y en las capitales con Gobierno conservador o dejar a Feijóo y al PP a los pies de los caballos no hubo dudas. Nunca las hubo.

Si no fuera porque la avería ha sido grave, daría hasta ternura ver a la plana mayor del PP español clamando victoria tras su estrepitoso fracaso: Teresa Ribera ha sido confirmada por una amplísima mayoría, muy superior a los 2/3 exigidos, EPP incluido. Si la torpeza se midiera en grados, Feijóo tendría fiebre.

Lo dejó dicho Tarradellas: en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Quería colgarse una medalla y se ha quedado colgado de la brocha.

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Nicolás González Casares es eurodiputado del PSOE.

Podría haber sido un “pacto de caballeros”, pero el acuerdo alcanzado va mucho más allá y no se limita a un acuerdo para alcanzar un objetivo, este solo es una parte del mismo. La otra razón de ese pacto se centra en la motivación de la que parten Alberto Núñez Feijóo y Manfred Weber para consensuar una estrategia. Y no se trata de una cuestión menor, pues los dos buscan una crítica y un cuestionamiento de una mujer, Teresa Ribera en el caso de Núñez Feijóo, y Ursula Von der Leyen en el de Manfred Weber, presidente del PP Europeo.

El componente machista de este pacto se observa en la manera de transcurrir los acontecimientos que han llevado a él, en el objeto de las críticas, en las razones utilizadas y en la instrumentalización de la situación para beneficios personales.

Núñez Feijóo ha lanzado una campaña contra Teresa Ribera centrada en su persona, no en las decisiones que ha tomado, y ha declarado que “los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás” (18-11-24). No critica a la ministra por sus acciones u omisiones, estas pueden formar parte del error, sino que al llamarla “indolente” lo hace por su actitud y capacidad, e insiste en que “lleva meses cobrando de los españoles, pero sin trabajar para ellos”, insistiendo en que no son sus decisiones, sino ella.

Alguien podría pensar que todo eso forma parte de la crítica política y que, probablemente, lo diría igual de un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, pero no lo creo. Y no creo que lo dijera de un hombre ministro porque muy cerca de él tiene al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, del que podría decir con más propiedad y argumentos que su actuación política fue “indolente”, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha respaldado en sus decisiones, entre ellas el “sacrificio” de dos mujeres, la consellera de Turismo e Industria, Nuria Montes, y la de Interior, Salomé Pradas, para protegerse él. Y si todo esto fuera poco, Feijóo muestra su “flexibilidad y cooperación” con el Gobierno de España al proponer como sustituto de la candidatura de Teresa Ribera a un ministro hombre, Luis Planas.

Manfred Weber, presidente del PP Europeo, ha aprovechado la situación y la llamada de Alberto Núñez Feijóo para hacer un pacto machista con él, y saldar cuentas con Ursula Von der Leyen, quien lo desplazó para ser presidente de la Comisión Europea en 2019, a pesar de ser él el líder del PPE y de haberse postulado para el cargo casi un año antes, en septiembre de 2018.

Podría parecer también una disputa interna del partido, como tantas otras, pero la trayectoria indica que no solo es eso. Es lo que demuestra su actitud cuando no la respaldó ni cuestionó suficientemente a la diplomacia turca en la visita institucional de la UE a Turquía (abril 2021), y el presidente turco, Tayyip Erdogan, le hizo el desplante de sentarla lejos de los dos sillones que había preparado para él y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Algo que no hizo cuando se reunió en 2015 con el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, y del Consejo de Europa, Donald Tusk, que los sentó a cada lado de su sillón para que las fotos mostraran a los tres dirigentes juntos. Del mismo que tampoco dijo nada cuando en la cumbre Unión Europea-África (febrero de 2022), el ministro de Exteriores de Uganda, Jeje Odongo, ignoró a Ursula Von der Leyen, máxima representante de la UE, pasó por delante de ella sin saludarla y se fue directamente a estrechar la mano de los dos hombres presentes, Charles Michel y Emmanuel Macron. Su silencio entonces mostró la actitud machista, como lo hacen ahora sus palabras de apoyo a la estrategia de Núñez Feijóo, y el cuestionamiento consecuente de dos mujeres con responsabilidades políticas para beneficio personal de ambos, y de paso masculino de todos.

El machismo se construye sobre el cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, por eso siempre que tiene la oportunidad actúa de forma más directa contra aquellas que además demuestran que pueden ocupar los mismos espacios que los hombres, y que podían haberlo hecho siempre si las circunstancias y las oportunidades creadas por las referencias masculinas no lo hubieran impedido.

El ataque y cuestionamiento dirigido contra las mujeres que vemos en Trump con mil ejemplos, en Putin al regular para castigar a las que digan públicamente que no quieren ser madres, en Feijóo y Weber presentando como incapaces a Teresa Ribera y Ursula Von der Leyen para obtener rédito político personal, es parte de la nueva estrategia androcéntrica y conservadora. Hoy el machismo da votos y quienes lo saben lo van a explotar.

Desde las posiciones progresistas también deberían saberlo para actuar frente a estas derivas de su “guerra cultural” y su refundación.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

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Ione Belarra y Félix Bolaños cierran el pacto. In extremis. Han pasado las doce de mañana y en pocos minutos van a empezar a posicionarse los grupos sobre las enmiendas al proyecto de ley que incluye el paquete fiscal. Los dos entran juntos al Pleno tras sellar el acuerdo en la conocida como M30 del Palacio del Congreso, el pasillo semicircular que rodea a la cámara. Los puntos verdes ganan el jueves finalmente por mayoría absoluta en la pantalla de la votación.

De manera paralela, el empresario Víctor de Aldama está en la Audiencia Nacional lanzando acusaciones con bombazos informativos en los que apunta al presidente del Gobierno y señala directamente como receptores de sobres con dinero a pesos pesados del PSOE y de la Administración, como Santos Cerdán (secretario de Organización), Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y Memoria Democrática) y Carlos Moreno (director de gabinete de María Jesús Montero).

La luz y la oscuridad en el mismo día. Durante estas horas, dos sensaciones se perciben entre los miembros del Ejecutivo, según las fuentes consultadas: la votación del jueves es clave para sacar los Presupuestos y apuntalar la agitada legislatura a la vez que se debe levantar un muro consistente ante la opinión pública frente a las “mentiras de un delincuente confeso”.

“Todo es mentira”, repiten ministros y altos cargos del PSOE respecto al intento del comisionista Aldama de implicar en el caso Koldo a Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa y el entorno de María Jesús Montero. Los socialistas tratan de disipar cualquier duda saliendo a dar la cara directamente ante los medios (como hizo el propio Sánchez el jueves en el Congreso, unas horas después de la declaración de Aldama ante el juez, que definió como “inventada”). El presidente, su esposa y los ministros citados por el empresario presentaron el mismo viernes por la tarde una demanda de conciliación contra el empresario como paso previo a una querella. En el escrito subrayan que esas afirmaciones "son absolutamente falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas" y "atentan gravemente" contra el honor de los demandantes, del Gobierno en su conjunto y del propio PSOE.

A pesar del ruido por la declaración de Aldama, los miembros del Gobierno concluyen durante estas horas que hay legislatura “para rato”. El paquete fiscal fue el gran test de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Todo parecía perdido, pero al final se logró la cuadratura del círculo.

El Ejecutivo, con Montero y Bolaños a la cabeza, se ha volcado para sacar este paquete que incluye medidas como el tipo mínimo a las multinacionales, el impuesto a la banca y la subida de dos puntos en el IRPF en las rentas de ahorro superiores a los 300.000 euros. Todo ello, con el acuerdo base de prorrogar el impuesto a las energéticas a través de una comisión de partidos para una futura proposición de ley, que fue la gran exigencia que puso Podemos para entrar a última hora en el acuerdo y aportar los votos necesarios para que saliera adelante la reforma fiscal.

Los socios del Gobierno, a pesar de las fuertes tensiones entre ellos durante estos días, reconocen en privado que este acuerdo ha supuesto un “paso de gigante” para encarar la futura negociación de Presupuestos. A pesar del precipicio de la negociación, ahora todos respiran y creen que la legislatura puede prolongarse más de lo esperado. Todos ponen luces largas. La gran pregunta es si en esa comisión de partidos terminarán entendiéndose Podemos y Junts, que se han convertido en dos antagonistas ahora dentro del bloque de investidura. Los posconvergentes dicen que estudiarán las propuestas que allí salgan, mientras que los morados confían plenamente en las palabras de Bolaños de que los de Puigdemont apoyarán el impuesto con la promesa clave de exenciones por la descarbonización. Además, como indican en Podemos: “Nadie quiere quedar en público como cachorrillo de Repsol”.

Lo que sí creen los socios es que hay que aprender lecciones de cómo se ha llevado la negociación del paquete fiscal, que se armó a través de un proyecto de ley que sólo incluía el impuesto a las multinacionales pero que se usó para incluir más medidas durante su tramitación. Durante estas semanas, se han ido forjando tres bloques dentro del grupo de investidura: el conservador PNV-Junts, el progresista ERC-Bildu-BNG y el independiente Podemos.

El enfado de ERC, Bildu, BNG y Podemos vino por la decisión del PSOE de pactar primero con los partidos más a la derecha. Como señala una alta fuente de la negociación por parte del sector más progresista: “La presión no puede estar en la izquierda, sino en Junts”. Aunque en el bloque de los nacionalistas también se abre la idea de que Podemos busca ser “el nuevo Junts” y ser el que tenga la llave al final de todas las negociaciones para ganar repercusión política y mediática en un momento en el que las encuestas empiezan a señalar que podría dar el sorpaso a Sumar en ese espacio electoral.

A pesar de las tensiones entre los socios de investidura, la sensación es que se va hacia un acuerdo a los Presupuestos y se allana la legislatura. Una prueba de fuego es que los socios no han atacado al PSOE por las nuevas acusaciones de Víctor de Aldama y, sobre todo, han obviado completamente la propuesta que lanzó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, especialmente mirando al PNV y a Junts. Los de Carles Puigdemont han contestado de manera muy tajante: “Eso es una fantasía”.

El presidente del Gobierno encara, no obstante, unos días de alto voltaje político. El próximo miércoles comparece en el Congreso de los Diputados a petición propia con la dana como principal tema y con la marejada de fondo de la subida del tono y de la tensión por parte del la Generalitat Valenciana, que ahora pone el poco principalmente en el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ejecutivo central. 

Y, además, Sánchez tiene en vilo a su partido por el congreso federal que arranca el viernes en Sevilla. Lo único seguro es que él saldrá reelegido como secretario general, pero en sus manos está el diseño de una nueva dirección, con las grandes incógnitas de si repetirán Montero como vicesecretaria general y Cerdán como responsable de Organización. A pesar de los nervios entre dirigentes y periodistas, en Ferraz deslizan que será un cónclave “aburrido”, en el sentido de que no se esperan grandes zarandeos de nombres. Además, se llega con el anuncio hecho de la puntual crisis de Gobierno con la salida de Teresa Ribera para ir a la Comisión Europea. En el Ejecutivo se sentará a partir de ese momento Sara Aagesen, actual secretaria de Estado de Energía, con la que Sánchez lanza también el mensaje de un perfil técnico y de una nueva generación que se abre paso como sucedió con el caso de Carlos Cuerpo al frente de Economía.

En el núcleo duro del presidente del Gobierno señalan que están tranquilos a pesar del agitado debate político y aseveran: “Es como una película de serie B que Feijóo se base en las declaraciones del pequeño Nicolás II para salir al escritorio del Congreso de los Diputados y hablar de mociones de censura que además no se atreve a presentar”. “Si ahora pierde también una moción de censura, es muy probable que Ayuso pidiese  su cabeza. Después de perder unas elecciones, una investidura, el batacazo esta semana en Bruselas y, en general, cualquier pulso que le ha echado a este Gobierno, el apellido fracaso empieza a quedarse corto. Se le acaban los cupones en la cartilla”, indican fuentes socialistas sobre el movimiento del PP para atraer a socios de investidura.

Ponen sobre la mesa los socialistas: “Además, el Gobierno saca adelante su paquete fiscal. Con negociaciones largas, sí, claro. Obviamente. A eso se le llama democracia. Algunos parecen añorar tiempos de ordeno y mando, pero, en parlamentos tan plurales como el nuestro, las leyes se componen de programas de muchos partidos y votantes. Y está muy bien que sea así. Un paquete fiscal que va a servir para que España siga creciendo mientras todos los organismos nacionales e internacionales independientes suben sus previsiones para España. El país funciona, y Feijóo patina”.

Le dan mucha relevancia en el entorno del presidente a la comparecencia de Sánchez en el Congreso y lanzan esta reflexión: “En el PSOE y en el Gobierno hemos hecho lo imposible para no confrontar y estar a lo importante. El PP ha aprovechado esto para tratar de boicotear a Teresa Ribera en Bruselas, en una de las jugadas más sucias que se recuerdan en la capital belga, y esparcir bulos de todo tipo. Ni siquiera hemos hablado de nuestro congreso federal, por respeto a las víctimas y al trabajo que se estaba haciendo en Valencia para localizar a los desaparecidos. Esto es el PP. Furia y odio”.

Para zanjar sobre la declaración de Aldama: “Ha conseguido dos cosas: dormir en su casa, y una querella del PSOE. El exagente de la CIA y el FBI, según sus palabras, al que Feijóo se ha abrazado como se abraza a Mazón, va a tener que probar todas las mentiras que dijo en sede judicial, o sus problemas en los juzgados crecerán. Igual que el PP, que debería tener un poco de cuidado a qué palabras da carta de naturaleza, por si acaso”.

El Gobierno se prepara para nombrar a su nueva vicepresidenta tercera. Sara Aagesen, la hasta ahora mano derecha de Teresa Ribera, tomará en los próximos días el mando del Ministerio de Transición Ecológica. La nueva ministra es considerada un perfil extremadamente técnico, lo ideal en una cartera donde hace falta un conocimiento profundo del mundo energético, pero también tendrá que tomar parte de la política ambiental en un momento en el que la dana ha recordado a España lo vulnerable que es ante el cambio climático. 

Fuentes del sector coinciden en que Aagesen, nacida en 1976, es una trabajadora incansable, con mucha predisposición a escuchar y gran capacidad para tender puentes. En 2018 llegó a Transición Ecológica como asesora para coordinar el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la biblia del ministerio, y gustó tanto a Ribera que dos años después la nombró secretaria de Estado de Energía. En los siguientes cuatro años ha vuelto a dirigir la revisión del PNIEC —que el Gobierno envió a Bruselas en septiembre—, y ha sido artífice de varios de los grandes hitos del ministerio, como el famoso mecanismo ibérico que ayudó a suavizar los precios récord de la luz en 2022.

La palabra más repetida tras el anuncio de Moncloa es "continuidad". El Ministerio de Transición Ecológica tiene abiertos en este momento multitud de frentes que hay que abordar a corto plazo, y era imprescindible que la salida de Ribera no supusiese un parón de estos trabajos. Especialmente en una cartera donde las presiones de las eléctricas y las petroleras son tan grandes que cualquier retraso en la Administración habría sido muy criticado.

Quizás este ha sido el motivo que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decantarse por un nombramiento completamente ajeno a la política. Incluso más que Teresa Ribera, que cuando ascendió a ministra en 2018 era uno de los perfiles menos politizados del Consejo de Ministros, pero sí estaba afiliada al PSOE.

En el caso de Aagesen, su exposición política hasta ahora ha sido cero y no está afiliada al partido, de manera que su perfil se asemeja más a técnicos independientes como el titular de Economía, Carlos Cuerpo. Pedro Sánchez también mantendrá a la nueva ministra como vicepresidenta tercera, de manera que Aagesen mantendrá en el Consejo de Ministros el mismo poder que su predecesora, ahora aupada a vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

En materia energética, la nueva ministra tendrá que enfrentarse a un sinfín de asuntos. El PNIEC apunta a que España incrementará de aquí a 2030 sus paneles solares un 150% y los aerogeneradores un 100%, un impulso a las renovables que habrá que encajar con el malestar de algunas regiones de España, donde en los últimos años han surgido polos de oposición, como Galicia, Aragón o Andalucía. En una reunión con periodistas el pasado septiembre, Aagesen reconoció que tendrá sumo cuidado en este asunto: "El encaje de las renovables y territorio es fundamental, estamos concienciados y preocupados", señaló. En los próximos meses, l nueva ministra también deberá poner en marcha la primera subasta para instalar aerogeneradores flotantes en la costa española, movimiento que tampoco estará libre de polémica.

Además, el debate sobre el cierre de las centrales nucleares ganará fuerza próximamente porque el primer reactor en apagarse —Almaraz, en noviembre de 2027— debe comenzar en breve las gestiones para que su clausura llegue a tiempo. Desde el sector energético apuntan a que Aagesen tiene una cercanía mayor que Ribera hacia la tecnología nuclear y esto podría airear a los contrarios al calendario de cierre atómico, aunque el PNIEC deja meridianamente claro que en 2035 habrán cerrado las cinco centrales españolas. Aagesen también tendrá que enfrentarse a reformar la factura regulada de la luz (la PVPC), donde ahora hay más de ocho millones de hogares, para que solo puedan disfrutarla los vulnerables, según ha exigido Bruselas.

"Habría sido un fiasco escoger a una persona ajena al ministerio para sustituir a Ribera. Aagesen tiene un gran bagaje en el sector y conoce a todos los actores, grandes y pequeños… es la mejor candidata si se busca continuidad", opina Ismael Morales, técnico de la Fundación Renovables, que se reunió con la nueva ministra durante la elaboración de la revisión del PNIEC. Cecilia Foronda, directora de Energía en la organización Ecodes, también le trasladó el mes pasado a Aagesen la necesidad de proteger a los hogares vulnerables de la inflación ligada a la transición energética. "Creo que su nombramiento es un acierto. Cuenta con una parte técnica muy sólida, y a la vez, con una sensibilidad social importante y un talante para escuchar y dialogar", apunta Foronda.

Las principales compañías energéticas mantienen por ahora silencio sobre el nombramiento de Aagesen, y será su relación con estas empresas lo que marcará su mandato. En los últimos años, Ribera ha tenido fuertes enfrentamientos con las petroleras, especialmente con Repsol, mientras que con Iberdrola ha habido épocas mejores y peores. Las empresas de energías renovables han abrazado su nombramiento, puesto que dan por descontado el apoyo de Aagesen a la solar, la eólica, el hidrógeno verde y otras tecnologías verdes.

Aagesen también tendrá que hacerse cargo de la política ecológica, y las organizaciones ecologistas ya han señalado que pondrán mucha atención sobre los pasos que de nueva ministra. A priori, su currículum reciente ligado a la energía hace dudar a los grupos verdes, pero también es cierto que su compromiso con la lucha contra el calentamiento global es indudable. Trabajó desde 2002 hasta 2018 en la Oficina Española de Cambio Climático en análisis sobre las energías renovables y la reducción de gases de efecto invernadero. También ha colaborado en trabajos de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, opina que decantarse por Aagesen es una buena decisión. "Es una buena oportunidad, una experta en energía y cambio climático con una mirada abierta al ecologismo", señala la portavoz, aunque también reconoce que han tenido roces por la revisión del PNIEC y su falta de ambición. "Probablemente nuestras discusiones más intensas han sido alrededor del PNIEC, que para nosotros se queda muy corto. En todo caso, creo que es una persona dialogante y sensible con nuestras preocupaciones, y ahora tiene que asumir una posición valiente y muy contundente, porque va a tener al lobby energético haciendo mucha presión", añade Saldaña.

En el área ambiental, la nueva vicepresidenta tendrá que encargarse del impacto climático en España, que cada vez es más agresivo, y de gestionar una política de aguas que se ha vuelto extremadamente compleja, con épocas de larga sequía seguidas de lluvias torrenciales. Entre los asuntos concretos que manejará, Transición Ecológica tiene pendiente dos programas de actuaciones profundas para rehabilitar espacios naturales: uno en el Delta del Ebro —del que solo se conoce el documento base— y otro en las Tablas de Daimiel —que está aún por elaborar—. También tendrá que terminar de ejecutar la recuperación del Mar Menor y la reducción del regadío en Doñana. A raíz de la dana de Valencia, probablemente aumente la presión para poner en marcha las actuaciones para prevenir inundaciones, y tendrá que frenar la ola de ataques sin precedentes que sufre la Agencia de Meteorología (Aemet).

Este mismo viernes, Transición Ecológica publicó las cifras de reciclaje de botellas de plástico de 2022 y 2023, y están muy por debajo del objetivo recogido en la Ley de Residuos. Se recogen por separado el 41,3% de los envases frente al 70% obligatorio, de manera que antes de 2027 la nueva tendrá que transformar el sistema de reciclaje de botellas, acabando al mismo tiempo con el monopolio que tiene Ecoembes en este sector. Un ejemplo más de que el trabajo que le espera a Aagesen parece interminable.

La actual secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, sustituirá a Teresa Ribera como vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, según adelantó La Vanguardia y confirmaron fuentes de La Moncloa a infoLibre.

Aagesen llega de esta manera al núcleo duro del Gobierno por la marcha de Teresa Ribera a la Comisión Europea como vicepresidenta y responsable de transición ecológica y competencia tras desbloquearse este miércoles su nombramiento con un pacto en Bruselas entre socialistas, conservadores y liberales. Su designación estuvo bloqueado durante días por la maniobra del PP español, que intentó hacer caer a la española con la excusa de la gestión de la dana para contrarrestar las críticas al presidente valenciano, Carlos Mazón.

La nueva vicepresidenta tercera nació en Madrid en 1976 y es ingeniera química por la Universidad Complutense, de la rama de Medio Ambiente. En su currículum destaca que en 2002 se incorporó a la Oficina de Cambio Climático, donde desarrolló una trayectoria vinculada a la acción por el clima y la transición energética tanto en el marco nacional como internacional. Entre otras responsabilidades, se ha encargado del análisis sectorial de las emisiones y proyecciones de gases de efecto invernadero, escenarios energéticos y planificación en los distintos sectores económicos, y ha participado en el diseño y el desarrollo de medidas e instrumentos innovadores para la mitigación del cambio climático en España.

Ha sido negociadora para la delegación española en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) y del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) desde 2002 y miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), además de participar como experta nacional en diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea y en el seguimiento y evaluación del desarrollo normativo comunitario.

En 2018 fue nombrada asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, donde se responsabilizó de la dirección, coordinación y definición del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Asimismo, ha participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo marco regulatorio en materia de energía.

En 2013 fue distinguida con la Cruz de la Orden Civil del Mérito Medioambiental, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

La elección de Sánchez manda un mensaje también político importante: escoge un perfil técnico para una cartera esencial. Sustituir a Ribera es muy complicado, ya que se ha convertido en pieza clave del Gobierno por su conocimiento y por haber solventado crisis como el precio de la energía. La todavía vicepresidenta tercera fue la encargada de vehicular el problema a través de la conocida solución ibérica, que ha supuesto de facto la contención del precio gracias al acuerdo dentro de la UE para España y Portugal.

Aagesen es la 'número dos' de Ribera y conoce todos los rincones del Ministerio. Esto supone no tener que hacer una transición en un departamento vital en lo económico pero también en lo político, ya que la cuestión ecológica se ha convertido en una de las columnas vertebrales para el Ejecutivo tanto dentro como en la esfera internacional.

Aunque su perfil es técnico, su departamento está ahora en el centro del huracán político debido a que el Partido Popular trata de desviar la responsabilidad de Carlos Mazón en la gestión de la dana con acusaciones contra el Ministerio por los avisos de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En la sesión del Congreso del miércoles incluso el portavoz del PP, Miguel Tellado, llegó a culpar a Ribera de los más de doscientos muertos por la catástrofe en Valencia.

Los 26 comisarios de Úrsula Von der Leyen, entre ellos la vicepresidenta y número dos de facto Teresa Ribera, debían pasar sin problemas las audiencias entre el 4 y el 12 de noviembre. Los pactos, los números, los nombres, todo daba. Todo estaba políticamente acordado. Hasta que llegó la lluvia y el Partido Popular usó la audiencia de Ribera para soltar un bote de humo en las instituciones europeas. Los de Feijóo, liderados por una Dolors Montserrat a la que le faltan referencias importantes para moverse en una selva donde en cada grupo hay decenas de posiciones, no hubieran podido hacer eso (son 22 de 188 eurodiputados del Partido Popular Europeo) sin la ayuda de Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo. El bávaro vio una oportunidad para debilitar a su compatriota y compañera de partido Von der Leyen. Pero esa no era la razón principal. Vio sobre todo el momento para forzar a socialistas y liberales a tragarse sus alianzas con la extrema derecha.

La jugada de Weber nunca tuvo visos de prosperar. No por la reacción socialista, liberal y ecologista, sino porque dividió a su grupo. 82 de los 188 eurodiputados populares veían como habían pasado ya los exámenes sus comisarios, personas de su partido que ahora veían cómo podían caer por el intento de los populares españoles de cargarse a Teresa Ribera. Populares polacos, holandeses, irlandeses, portugueses o búlgaros veían como podían caer sus comisarios, que eran sus compañeros de partidos nacionales, para salvar a los populares españoles, que buscaban provocar una situación de crisis institucional europea inédita. La marea interna llegó a Varsovia y Atenas, donde Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis empujaron para movilizar tropas contra Weber. El alemán tiene enemigos íntimos en su partido y desconfía de Roberta Metsola, la presidenta de la Eurocámara, también popular pero lejos de sus postulados. Weber ejerce un liderazgo autoritario que a muchos molesta.

Weber siguió a Feijóo hasta que vio cómo su cabeza corría peligro, porque en mayo los populares europeos se reúnen en un congreso en Valencia y Weber veía que para garantizar el voto de los populares españoles podía perder demasiados en Polonia, Grecia, Países Bajos, Portugal y otros países. Cuando hizo números, y sobre todo cuando los “adultos” (Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Donald Tusk, Emmanuel Macron y una pieza clave en todo esto y que suele pasar desapercibida, Bjorn Seibert, el todopoderoso y temido jefe de Gabinete de Von der Leyen) levantaron el teléfono, Weber dio marcha atrás y dejó caer a sus socios españoles. Los 22 eurodiputados populares españoles prometen votar la próxima semana, cuando se vote en la plenaria, contra el colegio de comisarios entero. Su soledad será una imagen muy extraña para un partido supuestamente europeísta.

10 días de ruido movieron muy pocas cosas y ninguna favorable al alemán. La presión para sacar el paquete de seis vicepresidentes, que iba a salir igual y con votos muy parecidos antes de la estampida de los populares españoles, acabó siendo usada por Iratxe García, la española que lidera a los socialistas europeos, y por Valérie Hayer, la francesa que hace lo propio con los liberales, para forzar a Weber a dejar de jugar con la extrema derecha. ECR, el grupo donde están los polacos del PiS o los italianos de Giorgia Meloni, entrará en su mayoría al juego, como lo harán buena parte de los ecologistas. Con los melonistas, que en Bruselas pasan por unos conservadores al uso, se tratará como con iguales. Porque Meloni en Bruselas juega a la europea y porque Fitto es de origen democristiano y su europeísmo no se pone en duda. A la derecha quedan dos grupos, Europa de las Naciones Soberanas y Patriotas por Europa, donde está Vox, que quedan fuera de los acuerdos.

El acuerdo se cierra con un texto amplio, algo vago y no legalmente vinculante con el que las tres grandes fuerzas europeístas, populares, socialistas y liberales, acuerdan trabajar a partir de líneas comunes en las políticas esenciales: economía, migración, lucha contra la crisis climática, defensa de la democracia y los valores europeos (una referencia contra la ultraderecha) y reforzar el papel de Europa en el mundo.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo suma un nuevo fracaso en Bruselas. Su familia europea ha respaldado este miércoles a Teresa Ribera como número dos de la Comisión con el cargo de vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva y encargada de la cartera de Competencia. El visto bueno ha llegado después de que la pasada semana el PP español lanzara una ofensiva contra Ribera apoyada por el alemán Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), durante su audiencia en la Comisión, con el objetivo de tumbar su nombramiento tratando de implicarla en la en la gestión de la dana que ha asolado la Comunitat Valenciana. Weber, sin embargo, se ha visto obligado a recular y ha acabado aceptando a Ribera.

El PP español buscaba vetar a la vicepresidenta tercera del Gobierno para asestar un golpe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y forzarle a escoger a otra candidatura. Inicialmente lograron convencer a algunos europarlamentarios del PPE para unirse a la encerrona a la ministra durante su audiencia. La votación sobre la elección de Ribera y los otros cinco aspirantes a vicepresidentes se esperaba para la noche del martes pasado, pero fue postergada gracias a las maniobras del PP español, que se atribuyó ese aplazamiento como un triunfo personal.

El Partido Popular pensó que podía impedir el nombramiento de Ribera y, a cambio, tapar la gestión del presidente valenciano Carlos Mazón. Con su popularidad bajo mínimos y sumergido en un sinfín de contradicciones, desde Génova trataron de desviar el foco de atención situando en el centro de la diana a la socialista. Nada hubiera ido muy lejos si Weber no hubiera visto en la actitud obstruccionista de Feijóo una forma de minar la autoridad de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, compañera de partido con la que mantiene un pulso interno.

La presión del PP, sin embargo, no ha surtido efecto. Populares, socialistas y liberales han llegado a un acuerdo para apoyar a todos los candidatos pendientes y han levantado los vetos cruzados: los populares europeos han aceptado apoyar a Ribera y socialistas y liberales han cedido para apoyar a los candidatos de los ultraderechistas Giorgia Meloni y Viktor Orbán. El sí de Weber ha llegado antes de que terminara en el Congreso la comparecencia de Ribera, pese a que fuentes del equipo directo de Feijóo sostenían que no habría "novedades" del Partido Popular Europeo hasta que finalizara la intervención de la ministra de Transición Ecológica.

Los populares europeos también han tenido que ceder ante la condición inicial que le impusieron a Ribera para que se comprometiera a dimitir si era imputada a raíz de la dana. Aunque la ministra de Transición Ecológica únicamente ha afirmado que dimitirá si "pierde la confianza" de Von der Leyen y descartan cualquier otro escenario, en el comunicado hecho público este miércoles el PPE se ha comprometido a darle su apoyo de todas formas.

En los últimos días fuentes de Génova se mostraban optimistas acerca de las posibilidades de tumbar a Ribera y confiaban en que las comisiones parlamentarias suspendieran su nominación al celebrarse a puerta cerrada y ser secreto el voto. Ahora, sin embargo, aseguran que "ya asumían" que que este escenario, con Ribera como número dos de la Comisión, era el más probable y sostienen que, al menos, han "retratado" a Sánchez después de que los socialistas hayan aceptado a los candidatos de Meloni y Orbán.

Pese que hay un compromiso por parte del PPE de avalar a la vicepresidenta española, los eurodiputados españoles no votarán al conjunto de 26 comisarios, incluyendo a los de su familia política. Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que "no apoyarán" esa votación, aunque implique ir en contra del conjunto de su grupo, y se debaten entre el voto en contra o la abstención. La delegación española es la segunda más numerosa después de la alemana y Génova es consciente de que su insumisión puede pasarles factura en su relación con Von der Leyen. El voto en contra de los eurodiputados españoles no afectaría, en todo caso, a la votación final.

Lo cierto es que esta maniobra del Partido Popular no es nueva. Los conservadores llevan años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo de Sánchez en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Feijóo, que no está dando los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo. Una estrategia en la que han contado con Weber como aliado, aunque no ha podido aguantarle el pulso a Von der Leyen.

Sin poder influir en la composición de la Comisión Europea, el PP español ha tenido que conformarse con lograr —al igual que el PSOE— una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo, adjudicada González Pons, y con tres presidencias de comisiones en la Eurocámara. Concretamente, la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), presidida por Javier Zarzalejos, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) que ostenta Lina Gálvez y la de Pesca (PECH) que dirige Carmen Crespo. Sin embargo, no han logrado retener la que, la pasada legislatura, fue su 'comisión estrella', la de peticiones, que durante los últimos años ha estado en manos de su candidata a las europeas, Dolors Montserrat.

En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, pero no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía. La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha protagonizado este miércoles un tenso debate en el Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, que ha dejado por ahora 227 víctimas: 219 en Comunitat Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. La vicepresidenta tercera ha comparecido a petición propia y de la oposición para defender las competencias de su cartera en la catástrofe, que se reducen a emitir los avisos de emergencia sobre la llegada de lluvias y la crecida de los caudales de la cuenca del Júcar, así como garantizar la seguridad de las presas en la zona. El PP ha tratado de sembrar la duda sobre su actuación, alegando que mantuvo un silencio informativo sobre Protección Civil y que no realizó las obras necesarias para adecuar la rambla del Poyo por "dogmatismo climático".

La vicepresidenta tercera aprovechó su intervención, dedicada principalmente a desmentir bulos o medias verdades de la oposición, a recordar que el PP todavía tiene que explicar qué paso en la tarde de la tragedia en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi). "El ministerio participó en el Cecopi, salvo por un pequeño detalle: entre las 18.00 y las 19.00 de la tarde la pantalla se volvió en negro. No sabemos qué paso, pero las tres personas que representaban al Gobierno, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no pudieron participar en el debate", apuntó Ribera.

El cruce de qué se hizo y qué no ese día entre el Gobierno y la oposición fue constante, con dos versiones completamente distintas de una misma jornada, pese a que los contactos que mantuvo Transición Ecológica están registrados de forma telemática. Las dos principales comunicaciones fueron que el día 27 de octubre, dos días antes de la dana, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) lanzó un aviso por lluvias torrenciales para los dos días siguientes, que luego se actualizaron; y que la CHJ avisó a las 08.44 horas del 29 de octubre a Protección Civil de Valencia de la crecida del río Albaida con tendencia ascendente. El aviso rojo de Aemet por precipitaciones extremadamente fuertes llegó poco antes, a las 07.31 horas, suficiente para que 63 municipios cerrasen colegios y otros espacios públicos.

La intervención del PP, encargada a Esther Muñoz de la Iglesia —que no trabaja en asuntos relacionados con Medioambiente— se centró en tratar de buscar grietas en la versión del Gobierno central, cuestionando avisos de lluvias y crecidas, las obras que se pudieron haber realizado en la última década, o la limpieza de los cauces. La oposición obvió sin embargo que el liderazgo del operativo era del president del PP, Carlos Mazón, que estuvo ausente durante cinco horas del centro de operaciones Cecopi y envió el aviso telefónico a la población a las 20.12 horas, cuando ya había decenas de desaparecidos.

Durante su intervención, Muñoz empezó diciendo que la Aemet lanzó un aviso rojo que finalizaba a las 18.00 horas del 29 de octubre, pese a que su funcionamiento habitual es el siguiente: se lanza una alerta y se va actualizando a medida que los modelos de predicción actualizan la situación meteorológica. Esa jornada el aviso por lluvias se extendió primero hasta las 20.00 horas y luego hasta las 22.00 horas.

Otro de los mantras de los populares es que hubo dos horas (entre las 16.00 y las 18.00) en los que la confederación hidrográfica no actualizó al Cecopi el estado de los cauces de los barrancos, dejando supuestamente a ciegas a la Generalitat. El dato fue desmentido en varias ocasiones por la CHJ, que afirma que envió hasta siete mensajes avisando de la fuerte crecida de los cauces. A las 16.55 este órgano envió un mail al Cecopi avisando de que se esperaban caudales superiores a 1000 m³/s en el río Magro por el alivio de la presa de Forata, que estaba bajo riesgo de colapso.

De hecho, el propio presidente de la confederación, Miguel Polo, decidió esa tarde llamar personalmente a los alcaldes de los municipios afectados para advertirles de lo que se venía encima, al ver que la Generalitat no activaba el sistema ES-Alert de alarma. Aun así, Muñoz de la Iglesia acusó a este cargo de "no hacer nada"."El presidente de la CHJ debió parar en ese momento el Cecopi para informar de lo que pasaba y no dijo nada", fue criticado la popular.

El resto de la jornada en el Congreso fue similar. Un cruce de acusaciones sobre una supuesta omisión de funciones de la vicepresidenta tercera, con la vista puesta en la nueva Comisión Europea, donde Ribera está a punto de tomar el cargo de vicepresidenta ejecutiva para las carteras de transición verde y competencia. La diputada del PP trató en varias ocasiones de que Ribera se comprometa a renunciar a su futuro puesto en Bruselas si es imputada por la gestión de la dana. "[Su gestión] es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales", añadió De la Iglesia.

Por su parte, la comparecencia de la vicepresidenta se centró en dejar blanco sobre negro que el control de la situación siempre estuvo sobre Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. "Cuando enfrentamos un riesgo como el del día 29, la gestión de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en el marco del Plan Especial de Inundaciones y la normativa básica de Protección Civil. Tanto la Aemet como la CHJ trabajan con evidencia empírica y su persona es técnico, y es Protección Civil quien usa esta información para emitir alertas y gestionar la emergencia y avisar a los ayuntamientos", resumió Ribera. 

La ministra aprovechó también para pedir que las administraciones se tomen en serio las alertas porque un aviso rojo de Aemet no es una cuestión menor: "En los últimos cinco años solo uno de cada 400 avisos por lluvias ha sido rojo, que indica un riesgo para la población muy alto".

La oposición trató además de responsabilizar a Ribera del mal estado de la Rambla del Poyo, uno de los dos principales cauces que desbordaron en la tarde del 29 de octubre, porque es competencia de Transición Ecológica el estado de la cuenca del Júcar. "Esta obra de ingeniería habría evitado las inundaciones en el barranco, y solo habría costado 35 millones. ¿Cuántas vidas se habrían salvado?", achacó Muñoz de la Iglesia a la ministra.

Las obras para reforzar y desviar este barranco llevan pendientes desde 2007, cuando la Generalitat publicó un proyecto de rehabilitación de la zona. En 2011, la actual ministra Teresa Ribera, entonces como secretaría de Estado de Cambio Climático, emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto, pero el Gobierno de Mariano Rajoy recortó el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y el 2017 la DIA caducó. 

En 2018, el nuevo Gobierno socialista recuperó el proyecto, y en 2020 superó el examen de coste-beneficio, pero todavía debe obtener una nueva DIA y que se liciten las obras. De hecho, la ministra de Transición Ecológica afirmó que el proyecto está ahora paralizado por culpa del Gobierno de Mazón. "En marzo y julio 2024 recibimos peticiones de la Generalitat para mejorar la implantación en el paisaje del proyecto, que se traduce en 'espere un poco más', por parte de la autoridad autonómica", en palabras de Ribera.