Josefina Fernández llegó a los puestos de alta dirección en el sector geriátrico de la mano de Caixanova, cuando la desaparecida gran caja gallega del sur se hizo cargo de las residencias Geriatro. Tras sobrevivir empresarialmente a varios vaivenes accionariales, cuando llegó el covid era consejera delegada de DomusVi, con las residencias integradas en un grupo multinacional tras dos décadas de ascensos y de acumular poder y buenas relaciones políticas, concretamente con el PP.

Conocida en sus círculos de confianza como Chefi, no era un rostro habitual ni los medios de comunicación, ni en la opinión pública ni en el debate político hasta que, durante la pandemia, varias de las residencias del principal grupo del sector en Galicia fueron protagonistas por el elevado número de muertes de mayores con coronavirus. Más aún tras la acalorada defensa pública de su propia gestión o tras ser vacunada antes de que le tocara el turno por su edad.

Con estos antecedentes como telón de fondo, a finales de 2021 Fernández fue destituida como directora general y pasó a ocupar un cargo representativo como "presidenta institucional" de la compañía, de la que también era accionista.Ahora, apenas un año y medio después, deja definitivamente su cargo como alta directiva de una compañía en la que también deja de trabajar.

A finales del pasado mes de marzo, el actual director general de DomusVi, el ejecutivo gallego José María Pena, comunicó a la plantilla del grupo que, con efectos desde el día 31 de ese mes, Josefina Fernández iba a "dejar de prestar sus servicios profesionales" tanto como presidencia institucional como en calidad de presidenta de la Fundación DomusVi. Según la carta, a la que ha tenido acceso un colectivo de usuarios de los centros (Marea de Residencias), se trató de una "meditada decisión" que fue "aprobada y consensuada por ambas partes".

A preguntas de Praza.gal, DomusVi confirma que Fernández no solo pierde sus cargos, sino que "se va de DomusVi". "Dejó la compañía el 31 de marzo para encarar una nueva etapa profesional tras 23 años vinculada a la empresa", señala el grupo en un comunicado fechado este 5 de abril, en el que José María Pena agradece lo que denomina el "ejemplo de liderazgo" de la directiva saliente.

En su etapa como presidenta institucional, aseguran, Josefina Fernández "reforzó las relaciones de la compañía, tanto con las administraciones públicas como con distintas empresas". En el comunicado a la plantilla, Pena añade que "no es fácil dejar de contar con una profesional de su categoría", aunque "en este nuevo periodo, el gran equipo de personas que formamos DomusVi seguiremos dando continuidad al legado que Josefina nos dejó".

Además de ratificar su salida, DomusVi también ha difundido unas declaraciones atribuida a la propia Josefina Fernández. "Criar y educar a mi hija Andrea y fundar DomusVi son las dos cosas más importantes que he hecho en mi vida", asegura. "En la segunda de estas tareas, estoy especialmente orgullosa de haber podido contribuir a la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo" además de "acompañar a decenas de miles de personas en sus últimas etapas de vida con cariño, calidad, seguridad y respeto", afirma.

Además de la gestión del covid en sentido estricto y su polémica vacunación, en la etapa final del mandato de Josefina Fernández en DomusVi también trató de evitar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, atendiendo a una petición de Praza.gal en virtud de la ley de transparencia, la Xunta divulgase cuántas muertes de personas con el coronavirus registró cada residencia de mayores. La compañía argumentó que la difusión de esas cifras —sin ningún dato personal— podría provocar "un daño reputacional irreversible".

El TSXG acabó rechazando los recursos de las empresas del grupo. Tal y como informó Praza.gal, la Xunta finalmente tuvo que plos datos que, entre otros aspectos, acreditan que, en los nueve primeros meses de la pandemia, una residencia de DomusVi fue la que acumuló más muertes de personas por el covid.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

DomusVi es el grupo de residencias hegemónico en España. Cuando llegó la pandemia gestionaba 139 centros, con casi 18.500 plazas, y era el único que tenía presencia en todas las comunidades autónomas. En manos de fondos con inversores que se esconden en el paraíso fiscal de Jersey, si hay una empresa que ejemplifica la hecatombe sufrida en las residencias españolas durante la primera ola de la pandemia, esa es DomusVi. En 2020 fallecieron en sus instalaciones 2.100 mayores, más de la mitad con covid o síntomas compatibles.

La catástrofe en DomusVi fue general, da igual fijarse en los datos de Madrid, Cataluña, País Vasco o Baleares. Pero, si cabe, fueron especialmente sangrantes en Galicia, precisamente la comunidad donde gestionaba mayor número de geriátricos. Los datos de fallecidos desglosados por centros desvelan que casi la mitad de las muertes en dicha comunidad en marzo y abril de 2020 eran personas residentes en DomusVi.

La multinacional, que tiene su sede española en Vigo, acudió a los tribunales para impedir que infoLibre tuviera acceso a la información. Primero había sido la Xunta, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo, quien negó los datos a este periódico. El Gobierno gallego aportó la información de fallecimientos en residencias públicas, pero mantuvo ocultos los de las privadas.

Después de que la Valedora do Pobo –el órgano autonómico con competencias en transparencia– ordenase hacer pública la información, la Xunta se mostró dispuesta a facilitársela a infoLibre, pero entonces DomusVi acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para tratar de impedirlo. La sentencia del TSXG, dictada a finales de mayo y que ganó firmeza en agosto al no ser recurrida ante el Tribunal Supremo, tumbó las maniobras de la multinacional y la Xunta entregó finalmente la información solicitada por este periódico.

Además de la concentración de fallecimientos en los centros de DomusVi, la información oficial de la Xunta desvela que la mortalidad en las residencias de gestión pública en Galicia fue muy baja.

En marzo y abril de 2020 estaban operativas en Galicia 220 residencias, que contaban con 19.348 plazas. El número de residentes fallecidos con covid o con síntomas compatibles ascendió a 275, lo que sitúa la tasa de mortalidad por debajo del 1,4%, una de las más bajas de España durante la primera ola.

Pero los pésimos resultados de DomusVi son incuestionables: gestionaba el 21,6% de las camas (4.192 en números absolutos) y registró el 48,0% de las muertes (124 personas). Una gigantesca diferencia de más de 26 puntos porcentuales.

Tres residencias se convirtieron en trampas mortales para las personas mayores: San Lázaro en Santiago, con 40 fallecidos; Barreiro en Vigo, con 31 decesos, y Aldán en Cangas do Morrazo (Pontevedra), con 29 muertes. En este último centro llama especialmente la atención que 20 de las muertes se produjeran en la residencia, un 68,9% del total, porcentaje muy por encima de la media de Galicia. Familiares de las víctimas protestaron públicamente de forma reiterada por la falta de traslados al hospital que se produjo en dicho geriátrico.

El segundo grupo más relevante en Galicia es la Fundación San Rosendo, que está controlada por el Obispado de Ourense. En su caso no se produjo ninguna desproporción entre fallecimientos y plazas gestionadas: disponía del 14,5% de las camas (2.819) y acumuló el 13,1% de las muertes (34 personas). La mayoría de los decesos se produjo en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense, donde perdieron la vida 28 personas.

El dato más positivo fue el de los 28 centros de gestión pública (21 del Gobierno autonómico, seis municipales y uno de una mancomunidad): en total tenían el 13,2 de las plazas residenciales (2.562), pero únicamente registraron el 2,3% de los decesos (6 personas). Cuatro de esos fallecimientos se produjeron en la residencia de la Xunta en la localidad ourensana de Castro Caldelas.

Galicia fue pionera en la creación de centros de cuidados intermedios. El objetivo era sacar de los geriátricos a residentes con covid para evitar que contagiasen a sus compañeros y llevarlos a dichos centros. La intención inicial era crear uno por provincia –aunque finalmente durante la primera ola sólo se abrieron dos en Baños de Molgas (Ourense) y en Santiago–, para atender sobre todo a enfermos procedentes de pequeños geriátricos, que habitualmente no disponen de médicos o enfermeras. Esos centros debían tener unos medios similares a los de una unidad hospitalaria.

La idea se la planteó a la Xunta Miguel Ángel Vázquez, entonces presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), que explica a infoLibre la motivación que se escondía tras su propuesta: “Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar. La Xunta fue receptiva a la idea y en muy pocos días se puso en marcha”.

El personal procedía de los centros de día, que estaban cerrados por el estado de alarma. Vázquez asumió la dirección de la residencia de Baños de Molgas y un vicepresidente de la SXGG la del centro de Santiago.

Más allá de lo pionero de la medida, lo cierto es que las derivaciones a los centros intermedios se realizaron con moderación. “La ocupación máxima que tuvimos en Baños de Molgas fue de 35 plazas, aunque la residencia disponía de 93 plazas”, señala Vázquez.

En la información facilitada por la Xunta, se indica que en el centro intermedio de Santiago fallecieron 11 personas y en el de Baños de Molgas murieron 5. No consta cuáles eras las residencias de origen de esos mayores, por lo que el número de fallecidos que eran residentes de DomusVi podría ser aún algo más alto.

Galicia no fue el único lugar donde se crearon este tipo de centros intermedios en España durante la primera ola. La medida también se adoptó, por ejemplo, en Cantabria o Gipuzkoa.

DERIVACIÓN A LOS HOSPITALES

Entre los datos solicitados por infoLibre a la Xunta figuraba el número de residentes fallecidos en el propio centro y en un hospital.

De los 275 fallecimientos totales en aquellos dos meses, 17 se produjeron en centros especiales (16 en los intermedios y 1 en una residencia de Nigrán donde se trasladó a residentes con test negativo de Vigo y Cangas). En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, el 53,5% del total de decesos se produjo en el propio centro. Si el cálculo se realiza sobre los 275 fallecimientos totales, el porcentaje se sitúa en el 50,2%.

Un porcentaje alto respecto a situaciones de normalidad –donde suele estar por debajo del 20% y contando siempre con el consentimiento de los familiares–, pero que está muy lejos del registrado durante la primera ola de la pandemia en aquellas comunidades donde se frenaron de forma masiva las derivaciones hospitalarias. En Madrid se produjeron en las residencias el 77% de las muertes, en Cataluña el 72% y en Castilla y León el 71%. Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, pero otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En otras palabras: el número de fallecimientos sin derivación hospitalaria se situó en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo más de 23 puntos porcentuales por debajo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, como se indicó con anterioridad, con centros como el de DomusVi en Cangas do Morrazo con cifras muy por encima de la media gallega.

El impacto del covid en las residencias de Galicia fue similar en la segunda ola, como prueban los datos también oficiales publicados por Praza Pública, que indican que a principios de diciembre de 2020 el número de residentes fallecidos con covid (sin contabilizar por tanto en este caso a los que tenían síntomas compatibles) ascendía a 509.

Las patronales de las residencias llevan dos años quejándose de que la hecatombe sufrida durante la pandemia, con 20.000 residentes fallecidos durante la primera ola en la primavera de 2020, ha llevado a una “criminalización” injusta de todo el sector. Y también sostienen que el tipo de gestión de los centros, pública o privada, no ha sido un factor diferencial en la afectación provocada por el covid. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?

Para saberlo con exactitud es necesario conocer el impacto del virus en cada una de las más de 5.150 residencias que estaban operativas en España cuando llegó la pandemia. En mayo de 2020, infoLibre solicitó conocer esa información desglosada por centros a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre el sector residencial. Algunas comunidades respondieron dentro de los plazos legales, otras después de que así se lo ordenasen las comisiones de Transparencia correspondientes y en tres casos la petición llegó a los tribunales. Tras una reciente sentencia del TSJ de Galicia que falló a favor de infoLibre, la Xunta facilitó la información y este periódico dispone ya de los datos de 14 comunidades autónomas. Todas excepto Aragón, Asturias y Castilla y León.

La realidad que dibujan esos datos es inequívoca. Es cierto que no se puede generalizar, como prueba el hecho de que en la mayoría de las residencias no falleció nadie con covid o síntomas compatibles durante los dos primeros meses de la pandemia. Pero también es verdad que la afectación fue mucho mayor en aquellos centros gestionados por las principales multinacionales y grupos privados del sector. Un hecho que choca de forma frontal con la versión que defienden las principales patronales ­–AESTE y CEAPs–, a pesar de que ellas sí disponen lógicamente de toda la información de lo ocurrido en sus centros. Hay que señalar que ambas patronales están controladas precisamente por las multinacionales y grandes grupos del sector. La principal empresa de España, DomusVi, fue también la que acudió a los tribunales en Galicia con la pretensión de que se mantuviesen ocultos los datos de aquella comunidad.

En las 14 comunidades autónomas que han facilitado los datos a infoLibre estaban operativas 3.949 residencias en marzo de 2020. Pues bien, en 2.473 no se registró ni un solo fallecido con covid o síntomas compatibles, lo que equivale al 62,6% del total.

En ocho territorios ese porcentaje fue bastante más alto, situándose entre el 73,6% de Baleares y el 94,5% de Canarias. Pero también hubo cuatro comunidades donde la cifra no llegó a la mitad: Cataluña (48,0%), Castilla-La Mancha (42,7%), La Rioja (41,9%) y Madrid (28,2%). Como en casi todos los datos relacionados con el impacto del covid en las residencias durante la primera ola, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con diferencia las peores cifras. En el caso de residencias sin fallecidos se desvía más de 34 puntos porcentuales de la media de España.

Además, en otros 641 centros (16,2% del total) el número de personas muertas con covid o síntomas compatibles se quedó por debajo de cinco. De forma que, sumados ambos porcentajes, se concluye que casi en el 79% de las residencias de España el impacto del covid fue nulo o moderado.

El problema se concentró en el 21% restante de centros, y muy especialmente en los 165 donde murieron veinte o más personas y en los 54 con cuarenta decesos o más. En total, 219 residencias transformadas en trampas mortales para quienes allí vivían.

Hay que señalar que estos datos solo recogen los fallecimientos de personas con covid o síntomas compatibles. En las comunidades donde se desplomó la derivación a los hospitales de residentes enfermos –Madrid, Catalunya, Castilla y León–, se disparó también el número de mayores fallecidos por otras causas o que tenían covid pero no consta así en las estadísticas oficiales, puesto que en aquellos dos primeros meses faltaron test de diagnóstico en muchos lugares. En Madrid, por ejemplo, fallecieron 9.470 residentes en marzo y abril de 2020, de ellos 5.795 diagnosticados con covid o síntomas compatibles. Pero las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales afectaron tanto a quienes tenían covid como a quienes sufrían otras enfermedades. El resultado es que 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin recibir atención hospitalaria. En Cataluña y Castilla y León el número de mayores que fallecieron en los propios centros también se situó por encima del 70% del total. Y aunque Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En las 14 comunidades que han facilitado los datos a infoLibre fallecieron con covid o síntomas compatibles 15.010 residentes. Este periódico cruzó esos datos desglosados por centros con la información de quién gestionaba en aquel momento cada uno de ellos, para así poder analizar si la gestión pública o privada fue un elemento diferencial.

Es importante indicar que este periódico no analizó quién era titular de la residencia, sino quién la gestionaba. La diferencia es muy importante ya que en España hay más de 750 centros que son de titularidad pública, pero que están privatizados. En los dos últimos años se han publicado informes en varias comunidades –Castilla y León, Navarra, Galicia– sobre el impacto de la pandemia en residencias, que entre otras cuestiones estudian los datos por tipo de gestión. Pero, en todo ellos, ese análisis se hace según la titularidad del centro. Ello supone atribuir los fallecimientos de los centros privatizados al sector público, lo que distorsiona de forma clara los resultados. Además de ser completamente ilógico, puesto que lo significativo es saber quién gestiona la residencia y no quién es el dueño del inmueble.

Un primer análisis sobre el impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión muestra el siguiente resultado: los centros de gestión pública disponían de un 13,23% de las plazas y en ellos se produjeron el 12,96% de los fallecimientos (1.945 personas), mientras que en las residencias de gestión privada se concentraban el 86,77% de las plazas y en ellas se contabilizaron el 87,04% de los decesos (13.065 mayores). La afectación fue, por tanto, ligeramente menor en las residencias de gestión pública.

Por comunidades autónomas, en diez fue menor el impacto del covid en los centros públicos, mientras que en Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña fue menor en las residencias de gestión privada.

La mera división entre gestión pública y privada tiene, no obstante, un problema obvio: incluye en un mismo grupo –el sector privado– realidades completamente diferentes, desde la residencia de 40 plazas propiedad de una pequeña sociedad familiar a los geriátricos de multinacionales que están en manos de fondos de inversión cuyo objetivo declarado es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por no hablar de que ese sector privado incluye tanto a las empresas como a las entidades sin ánimo de lucro –muchas controladas por congregaciones religiosas– y las cooperativas.

Un ejemplo muy claro de esa diversidad es el tamaño de las residencias: el 76% de todos los centros de España tienen menos de cien plazas. Sin embargo, los geriátricos gestionados por los principales grupos son mucho más grandes: 162 plazas de media en los centros de Orpea, 156 en Ballesol, 155 en Amavir, 147 en Vitalia Home, 139 en Sanitas y 133 en DomusVi. Una situación que obedece simplemente a una cuestión económica: la rentabilidad es mayor en las residencias más grandes. Pero las consecuencias del tamaño de los centros van mucho más allá de la economía, como demostró la pandemia, ya que las posibilidades de contagio son más altas en las macrorresidencias (hay más trabajadores y familiares de visita) y también son muchos más los residentes que se pueden ver afectados. El Gobierno central tenía la intención de atajar este problema cuando inició las negociaciones para aprobar un nuevo modelo residencial, pero al final terminó cediendo ante las presiones de la patronal y aceptó que sigan abiertas todas las macrorresidencias ya operativas o en construcción (puedes consultar la serie sobre este tema publicada por infoLibre aquí, aquí y aquí).

En definitiva, para realizar un análisis más afinado del impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión es preciso tener en cuenta las diversas realidades que se agrupan bajo la etiqueta de “sector privado”. En esa línea, la gestión del centro por uno de los grandes grupos mercantiles ofrece unos resultados contundentes: las 30 principales empresas gestionaban el 27,49% de las plazas residenciales en las catorce comunidades autónomas (80.707 en números absolutos) y en ellas se produjeron el 36,51 de los fallecimientos (5.480 personas). Una significativa diferencia de nueve puntos porcentuales que deja una idea clara: la mortalidad fue mucho mayor en los geriátricos gestionados por los grandes grupos empresariales que en el resto.

Esas 30 empresas contaban como mínimo con 800 plazas cada una. Entre ellas destacan las ocho gigantes del sector, que cumplían la doble condición de explotar más de 40 centros y gestionar más de 4.500 camas: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. Todas ellas, por cierto, controladas por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses.

Pues bien, esas ocho grandes multinacionales explotaban el 18,07% de las camas operativas en las 14 comunidades y en sus geriátricos se produjeron el 24,45% de las muertes. Una diferencia de 6,3 puntos porcentuales.

También dentro de esas ocho gigantes hay diferencias claras: las que tuvieron peores datos fueron Amavir, DomusVi y Orpea. Por el contrario, Clece, Vitalia Home y Colisée tuvieron menor porcentaje de fallecidos que de plazas gestionadas. Hay que señalar, no obstante, que el hecho de que Castilla y León sea una de las comunidades que oculta los datos puede ser significativo en los casos de Clece y Colisée, ya que eran precisamente los dos grupos privados que explotaban más geriátricos en la región. En el caso de Clece, filial del grupo ACS de Florentino Pérez, estaban en Castilla y León 30 de los 66 centros que gestionaba entonces en toda España. Y dicha comunidad fue la tercera donde más residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia, por detrás de Madrid y de Cataluña.

LAS TRES COMUNIDADES QUE OCULTAN LOS DATOS

La solicitud de datos planteada por infoLibre terminó en tres casos en los tribunales de justicia: Galicia, Asturias y Castilla y León. Y todo apunta a que ocurrirá lo mismo en Aragón.

En Galicia, el entonces Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) se negó inicialmente a entregar los datos de las residencias privadas, aunque no tuvo inconveniente en difundir los de las públicas. infoLibre recurrió ante la Valedora do Pobo, que ordenó a la Xunta hacer pública la información. Pero entonces fue DomusVi quien acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar que se mantuviera oculta. En una contundente sentencia, el tribunal rechazó el pasado mes de mayo la maniobra de la multinacional. DomusVi tenía dos meses para acudir al Supremo, pero no lo ha hecho, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. Eso llevó a la Xunta a entregar los datos a este periódico.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso planteado por este periódico, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no a trámite el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que rechazó el TSXG en Galicia: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo sobre el recurso contencioso planteado por infoLibre.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud y que comunicase la apertura de dicho trámite al periodista de este periódico que solicitó la información. Cinco meses después, el Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada.

A la vista de esta insólita situación, en la que el Gobierno autonómico incumple las resoluciones del órgano de Transparencia y deja en una clara indefensión a quien solicita el acceso a información pública, infoLibre presentó el pasado 10 de agosto lo que se denomina reclamación previa a la interposición de un recurso contencioso por inactividad de la Administración. Cuando un ciudadano quiere llevar a los tribunales a una Administración al entender que está incumpliendo una obligación legal, es obligatorio presentar una reclamación previa, una especie de última oportunidad para que cumpla en el plazo de dos meses. Si transcurrido ese tiempo la Administración sigue sin cumplir, el ciudadano ya puede acudir a los tribunales.

En los próximos días, infoLibre publicará dos informaciones específicas detallando el impacto de la pandemia durante la primera ola en las residencias de Euskadi, Navarra y Galicia, los últimos a los que ha tenido acceso.

DomusVi, grupo heredero de las residencias de mayores que controlaban las antiguas cajas de ahorros gallegas, es el principal del sector en Galicia. Y también fue, durante los primeros nueve meses de la pandemia, hasta que llegaron las vacunas, el que registró mayor número de muertes de ancianos con covid.

De los 509 fallecimientos inscritos por la Xunta entre marzo y el comienzo de diciembre de 2020, a pocos días del inicio de la vacunación, 161 se habían producido o en los propios centros gestionados por DomusVi o en los hospitales, tras haberse producido la derivación. Por otro lado, 106 muertes fueron en centros gestionados por la Fundación San Rosendo. Entre las dos suman el 53% de las muertes en residencias o tras producirse derivaciones a hospitales en los nueve primeros meses de la pandemia, durante la primera y la segunda ola.

Los datos que ahora hace públicos Praza.gal en formato abierto son fruto de una petición de este diario al amparo de la Ley de Transparencia formulada a los nueve meses de la llegada de la pandemia a Galicia. Tras rechazar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) varios recursos de empresas del grupo DomusVi para que los datos se mantuvieran ocultos, la Xunta se ve finalmente obligada a entregarlos. Los datos, dijo la justicia, son una "información pública".

La petición reclamaba “los datos disponibles” de la Xunta “sobre el número de fallecidos positivos por covid-19 que residían, aunque fallecieran tras su traslado a un hospital o residencia integrada, en cada una de las residencias o centros sociosanitarios de mayores y dependencia de Galicia desde el 1 de marzo de 2020”.

La respuesta obtenida ahora por Plaza.gal es un documento de quince folios en formato PDF que acompaña esta información, a partir de cual este diario elaboró una tabla interactiva con datos abiertos descargables solo con los centros en los que se registró algún fallecimiento, comprobando en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social quién gestiona cada centro. Es decir, en la tabla aparecen reflejados centros de titularidad pública en los que la administración entregó su gestión a empresas privadas como DomusVi.

Las cifras facilitadas por la Xunta abarcan desde el 8 de marzo de 2020, fecha de la primera muerte registrada en una residencia, hasta el 2 de diciembre de ese año. Entonces, en Galicia se habían registrado algo más de 1.200 personas fallecidas con covid, según la base de datos consolidada del Sergas, de las que el 41% residían en centros de mayores o de dependencia. Es decir, 509 a fecha 2 de diciembre en esos centros, según dice ahora la Xunta.

El 53% de esas muertes se reparten entre dos grandes entidades: DomusVi, con 161, y Fundación San Rosendo, con 106, seguidas muy de lejos por otras empresas o administraciones. De las 22.000 plazas residenciales existentes en Galicia, más de 17.000 son de titularidad privada y solo unas 4.800 están en centros de mayores de titularidad pública. De ellas, 3.900 están en residencias o viviendas de la Xunta o del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, que comparte con algunos ayuntamientos. Y de ellas a su vez, algunas están gestionadas directamente por la administración y otras a través de concesiones a empresas como DomusVi.

Según el actual máximo responsable de DomusVi, José María Pena, la empresa tiene en Galicia unas 4.600 plazas, alrededor del 20%. Así, las 161 muertes inscritas en sus centros en los primeros nueve meses de la pandemia supondrían el 31% del total, porcentaje superior al de plazas que gestiona el grupo.

Hace un año, Praza.gal ya consiguió obtener, con otra petición de transparencia, los datos de las muertes en residencias de titularidad autonómica hasta el 5 de julio de 2021, siete meses más tarde de los ahora logrados para todas las residencias de Galicia.

En aquellos datos se podía comprobar que la mitad de los 80 fallecimientos con covid en residencias titularidad de la Xunta, 40 muertes, se habían registrado en centros con la gestión adjudicada a DomusVi, a pesar de que esa empresa solo tenía a su cargo una cuarta parte de las plazas totales del Gobierno gallego, unas mil de las 3.900.

Por otro lado, a comienzos de este año, la Xunta entregó en el Parlamento su informe oficial sobre el impacto del covid en las residencias, encargado a la USC, que concluyó, sin identificar las empresas responsables de cada centro, que la incidencia de la enfermedad fue casi el doble en las privadas a respeto de las públicas. El documento señala también que el tamaño del centro fue igualmente un factor de aumento de la incidencia del covid. Y DomusVi gestiona algunas de las residencias de mayor tamaño de Galicia.

[En una primera versión de esta información se atribuían 121 muertes a la Fundación San Rosendo, que realmente registró 106, por la confusa identificación de la Xunta de dos residencias denominadas "Nuestra señora de Fátima", una de esas fundaciones en el ayuntamiento de A Rúa, sin muertes registradas, y otra de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima en el ayuntamiento vecino de O Barco de Valdeorras, en la que se registraron 15 muertes].

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

Los Gobiernos central y autonómicos decidieron indultar a las macrorresidencias, de forma que en España seguirán abiertos todos los centros con más de 120 plazas que ya están operativos o se encuentran en construcción. Pero, ¿a quién beneficia esta decisión? La respuesta es muy clara: en primer lugar a los grandes grupos multinacionales que dominan el sector, después a la propia Administración pública y por último a entidades de la Iglesia católica.

Como desveló ayer infoLibre en la primera entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, a finales de 2020 estaban funcionando en España 856 centros con más de 120 plazas. En el primer borrador sobre el nuevo modelo residencial presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, sí se ponía fin a los centros de grandes dimensiones, que debían remodelarse en un plazo máximo de cinco años para no superar el tope de plazas fijado. Pero en el acuerdo finalmente aprobado en junio en el Consejo Territorial, se indultó a todos los centros operativos o en construcción, que podrán seguir funcionando con independencia del número de plazas que tengan. Solo tendrán que atenerse al límite de 120 plazas aquellos que obtengan la licencia de obra tras la entrada en vigor del acuerdo.

Si a esas 856 residencias se le suman las que han sido abiertas en 2021 y en lo que va de año, además de las que están en construcción, el resultado es que en España funcionarán más de un millar de centros con más de 120 plazas.

A finales de 2020, había en España 5.178 residencias operativas, según los datos facilitados por los 16 Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas competentes en la materia. Es un sector donde conviven desde multinacionales en manos de fondos de inversión a pequeños negocios familiares. Desde centros gigantes a otros con menos de 50 plazas, tamaño con el que contaban 2.370 residencias, lo que equivale al 45,7% del total.

Como es lógico, los intereses de los gestores son muy diferentes, aunque las voces patronales que más se escuchan son las que representan a las grandes empresas. Y para estas tener muchas camas es fundamental, puesto que los beneficios crecen de forma muy significativa según se va incrementando su número. Y a la inversa, claro, cada plaza menos se traduce en menor facturación y beneficios.

En España se pueden identificar ocho gigantes del sector privado empresarial: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. A finales de 2020, esas ocho compañías explotaban en conjunto 485 centros y 64.060 camas. Sus principales dueños son fondos de inversión y multimillonarios franceses y españoles.

Pues bien, esos ocho gigantes gestionaban en aquel momento 274 macrorresidencias, lo que supone un tercio de todas las existentes en España.

DomusVi es el grupo hegemónico en España y el único que tiene centros en todas las comunidades autónomas. Está en manos de fondos ingleses y franceses, con una compleja estructura societaria que pasa por varios países y termina en Jersey. De las 139 residencias que gestionaba a finales de 2020, 84 tenían más de 120 plazas (el 60,4% del total).

Visto desde otra perspectiva, una de cada diez macrorresidencias de España está gestionada por DomusVi. No hay ninguna otra entidad pública o privada, o Administración, que tenga un número tan alto de centros de grandes dimensiones. Por tanto, se puede concluir que la principal beneficiada por el indulto a las macrorresidencias acordado en el Consejo Territorial –integrado por el Gobierno central y los autonómicos– es la multinacional DomusVi.

Otros cuatro gigantes empresariales explotaban una treintena de macrorresidencias cada uno. Se trata de Orpea (36 centros), Ballesol (32), Sanitas (32) y Amavir (31). Por su parte, Vitalia Home tenía 29 y Colisée contaba con 21. El grupo que disponía de menos era Clece, propiedad del empresario Florentino Pérez, situación que se debe esencialmente a que dicha compañía explota muchos centros propiedad de ayuntamientos, que suelen ser instalaciones más pequeñas.

Tras los grandes grupos multinacionales, la segunda gran beneficiada por la amnistía a las macrorresidencias son las diferentes Administraciones públicas, dueñas en total de 172 residencias con más de 120 plazas, lo que equivale al 20% de las existentes en España.

Hay que destacar que una cosa es que la Administración sea titular del centro y otra que lo gestione. De hecho, en 59 casos se trata de centros privatizados, mientras que los 113 restantes cuentan con gestión pública.

De esas 59 macrorresidencias privatizadas, 22 estaban en manos de alguno de los gigantes empresariales. En concreto, DomusVi tenía trece, Clece explotaba cuatro, Amavir contaba con tres y Vitalia Home disponía de dos.

Si nos fijamos en el tipo de Administración titular del macrocentro, 140 eran propiedad de las comunidades autónomas, las diputaciones forales vascas o los cabildos insulares. En 16 casos pertenecían a ayuntamientos o entidades municipales, en 15 a diputaciones provinciales y en uno al Estado (una residencia en Melilla).

Por comunidades autónomas, Madrid es la que tiene más macrorresidencias de titularidad pública, con un total de 32. A continuación se sitúan Castilla y León (19), Andalucía (16), País Vasco (16), Castilla-La Mancha (15) y Galicia (14).

La tercera gran beneficiada por el indulto gubernamental es la Iglesia católica. Hay que tener en cuenta que, si la Iglesia funcionase como un solo grupo, sería el principal en España con diferencia. Pero lo cierto es que despliega su actividad a través de múltiples entidades, desde órdenes religiosas hasta fundaciones, Cáritas o incluso los propios obispados. En conjunto, en torno a un 11% del total de camas en residencias están en manos de organizaciones de la Iglesia.

La principal entidad en cuanto a número de centros es la congregación de monjas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con 114 repartidos por España. Si no diferenciamos entre sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro, las Hermanitas serían el segundo grupo de España por número de residencias y de camas, sólo por detrás de DomusVi.

Pues bien, también en cuanto a número de macrorresidencias ocupan esa segunda posición. En concreto, 53 de sus centros cuentan con más de 120 camas.

La Fundación San Rosendo controla cinco macrorresidencias, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl gestiona cuatro y Cáritas se encarga de tres. A ellas hay que sumar otras cuantas decenas de centros en manos de fundaciones o asociaciones individuales. Por ejemplo, la residencia más grande de España es el Hogar Santa Rita, situada en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz. Dispone de 710 plazas autorizadas y está gestionada por una fundación católica.

Otro de los grandes operadores del sector es Mensajeros de la Paz, entidad controlada por el padre Ángel, que explota diez macrorresidencias en España.

infoLibre publicará mañana la tercera y última entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, que se centrará en analizar en qué medida influyó el tamaño de los centros en el impacto que tuvo la pandemia en las residencias.

La multinacional DomusVi ha fracasado en su intento de mantener en secreto el número de fallecimientos y de contagios por covid producidos en las residencias privadas de Galicia durante la primera ola de la pandemia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaminó este lunes que el periodista de infoLibre que solicitó esa información al considerarla de interés público tiene derecho a acceder a la misma.

Hasta seis empresas diferentes del grupo DomusVi presentaron un recurso contencioso contra la resolución de la Consellería de Política Social de la Xunta que concedía acceso a los datos. Hay que señalar que la decisión inicial del Gobierno gallego, que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo, también fue la de mantener en secreto la información. La Xunta ofreció los datos desglosados sólo de las residencias públicas, pero ocultó la misma información de los centros privados. infoLibre recurrió a la Valedora do Pobo, que en una contundente resolución destacó el interés público de los datos solicitados por el periodista y acordó que el Gobierno gallego debía hacerlos públicos.

La Xunta acató la resolución de la Valedora do Pobo y fue entonces cuando las seis empresas de DomusVi que gestionan residencias en Galicia presentaron el recurso ante el Tribunal Superior. La multinacional alegaba que la publicación de la información produciría "un demérito en la estima pública de las empresas titulares de los centros" y afectaría a sus "intereses económicos y comerciales", además de suponer una "vulneración de datos personales" de los residentes. Un argumento que utilizó a pesar de que infoLibre en todo momento solicitó únicamente la cifra global por centro y datos completamente anonimizados.

El TSXG establece que el derecho de acceso a la información pública debe prevalecer también en el ámbito del sector privado de las residencias de mayores, de forma que se puedan proporcionar a la ciudadanía "elementos que puedan conformar una libre opinión pública, presupuesto ineludible para la buena salud democrática de cualquier país".

En la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Luis Villares, los magistrados rechazan que el acceso a la información solicitada vulnere el derecho a la protección de datos personales de los usuarios de las residencias, ya que “los datos solicitados están completamente disociados de cualquier información, por lo que no es posible identificar a ninguna persona solo con estos datos numéricos”.

En cuanto a la presunta afectación al honor y a la imagen de las propias empresas, la Sala considera que "la difusión pública de datos reales y estadísticos sobre la incidencia de la pandemia en cada uno de los centros no puede atentar contra el honor de una empresa".

El TSXG también destaca que la misma información que infoLibre solicita de las residencias privadas ya fue hecha publica en relación con los centros públicos, “por lo que la información estadística desagregada no hace más que completar el mapa territorial y situacional que pretende la normativa en base a la cual se ha producido la recogida de datos”.

Por ello, el Tribunal Superior concluye que no publicar los datos “dejaría a las entidades privadas en una injustificada situación de opacidad, lo que también podría dar lugar a especulaciones sobre las razones para no hacerlo”. La Sala concluye en la sentencia que el interés público “prevalece sobre la limitación por razones privadas del interés económico propuesto por las empresas”.

El TSXG condena a las empresas del grupo DomusVi a pagar las costas del pleito. La Xunta fue la demandada y Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y abogado, se personó como codemandado en el procedimiento y ejerció su propia defensa.

En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Es el grupo líder del sector en España, por delante de Orpea y Ballesol. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre. En la segunda ola, la cifra de muertes hasta finales de diciembre de aquel año se acercó a los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi en 2020.

A principios de mayo de 2020, infoLibre presentó la misma solicitud de acceso a información pública en las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias en materia de residencias. Entre otros datos, pedía conocer el número de fallecimientos y de contagios por covid que se habían producido en las residencias, durante los meses de marzo y abril, desglosados por centros.

Solo media docena de Gobiernos autonómicos ofrecieron los datos directamente. En todos los demás casos, infoLibre presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia estatal o autonómico correspondiente. Todas las resoluciones de estos órganos fueron favorables al derecho de acceso a información pública y, finalmente, doce comunidades autónomas y las tres diputaciones forales facilitaron los datos.

En tres casos, la solicitud de información pública terminó en los Tribunales Superiores de Justicia. En Galicia fue DomusVi quien intentó frenar la publicación de los datos, algo que el TSXG acaba de rechazar. En Asturias y en Castilla y León fue infoLibre quien acudió a los tribunales contra resoluciones de los respectivos Gobiernos autonómicos.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que ahora acaba de rechazar el TSXG: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud. Si el Gobierno aragonés se empeña en mantener los datos en secreto, infoLibre acudirá a los tribunales al igual que hizo en las otras comunidades autónomas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de pandemia. Según el auto al que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados de la Sección número 23 aceptan el recurso presentado por los familiares contra la resolución del 13 de julio de 2021, ordenan no archivar la causa y continuar investigando la querella contra los directores de los geriátricos, a los que acusan de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. 

La magistrada archivó en julio dos querellas. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Las querellas fueron interpuestas contra los respectivos directores de los cuatro centros así como contra determinados responsables políticos de la Comunidad de Madrid, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López López. Sin embargo, en agosto de 2020, ya se excluyó de la causa a los tres políticos por razones de aforamiento, ya que no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción. 

Ahora, en el auto, fechado el pasado 10 de enero, la Audiencia Provincial estima necesario para tomar “una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados” tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al covid en cada una de las residencias a “los efectos de que expliquen los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles”. 

En el auto de la Audiencia Provincial se hace referencia a estos protocolos y a las resoluciones de la administración pública y se incide “en la posible responsabilidad de los responsables de la Comunidad de Madrid en la falta de atención o atención tardía de los residentes que determinaron su fallecimiento”. “Vaya por delante que lo cierto es que si se analizan los protocolos y resoluciones adoptadas por las diferentes administraciones públicas para intentar regular la actuación en este tipo de centros; (...) ninguna de ellas data del mes de febrero sino que las mismas comienzan a dictarse a partir del 6 de marzo de 2020; fecha ésta en la que se aprueba por parte de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad) el Protocolo de Medidas de Precaución covid 19 en residencias de la Comunidad de Madrid”, asegura los magistrados en texto.

En el auto de archivo de la querella del mes de julio, la jueza Boticario Martín menciona hasta 22 resoluciones relacionadas con “protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas”. Pero, omite el Protocolo, conocido como protocolo de la vergüenza, de la ver que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid también solicita ahora tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias y a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Severo Ochoa de Leganés, el centro de referencia, para que “informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicados”. 

Con la decisión tomada este mismo mes de enero, la Audiencia Provincial vuelve a corregir a la jueza Boticario Martín. Ya lo hizo cuando ordenó la admisión de la querella de Marea de Residencias. En esta denuncia, los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. 

La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. En este caso, iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno de Ayuso.

Los datos oficiales del Gobierno de Ayuso, publicados por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid.

Un negocio privado con dinero público. Esa es quizá la mejor definición de lo que ocurre en España en el sector de las residencias de mayores, y es una realidad cada vez más evidente en el caso de la prestación de servicios de salud mental. De acuerdo con los datos recabados por infoLibre, las cuatro principales empresas privadas en este último sector facturaron en 2020 unos 140 millones de euros, que en su mayoría procedían de las arcas públicas.

Tres de las cuatro compañías –Grupo 5, Mentalia y Hestia Alliance– son claramente dependientes del dinero público. Su principal vía para conseguir los fondos son los conciertos, que consisten en cobrar a la Administración por cada plaza que ponen a su disposición para los pacientes que lo necesiten. En otros casos el pago se produce por gestionar centros tutelados o centros de rehabilitación. El único de los grandes grupos que no vive del dinero público es Ita Salud Mental, aunque parte de sus ingresos tengan su origen en las Administraciones.

infoLibre contactó con las cuatro empresas para que le confirmaran su cifra de facturación en 2020 correspondiente a salud mental, ya que la mayoría tienen además otras actividades. La única que respondió a esta pregunta fue Grupo 5. En los otros tres casos, este periódico realizó sus estimaciones basándose en las últimos cuentas presentadas por las sociedades en el Registro Mercantil.

De acuerdo con ello, la facturación de estas cuatro empresas en el área de salud mental fue la siguiente: 47 millones Ita, 35 millones Mentalia, 33 millones Grupo 5 y 25 millones Hestia Alliance y la Clínica López Ibor.

Tal y como desveló este lunes infoLibre, las cuatro principales compañías privadas de salud mental en España tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión, y tres de ellas pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos: Korian es el dueño de Ita Salud Mental, Orpea es la propietaria de Hestia Alliance y DomusVi controla Mentalia. El elenco se completa con Grupo 5, que pertenece al fondo español Corpfin.

A continuación se detallan las cifras más relevantes de estas cuatro firmas.

GRUPO 5

Esta empresa pertenece desde 2017 al fondo de inversión Corpfin. Gestiona 68 centros –56 en la Comunidad de Madrid– en los que existen 2.106 plazas, distribuidas en residencias, centros de día, de rehabilitación laboral o psicosocial, pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario.

La compañía facturó 67 millones en 2020, de los que "aproximadamente la mitad" corresponden a su división de salud mental, según indicó una portavoz de la empresa a este periódico.

En la Comunidad de Madrid tiene una posición hegemónica, conseguida gracias a las adjudicaciones para la gestión de los recursos de la red pública. La inmensa mayoría de sus ingresos son fondos que proceden del Gobierno regional. Por ejemplo, de las nueve residencias que explota, tres son públicas y cuatro tienen plazas concertadas. Y lo mismo ocurre con los centros de día y los centros de rehabilitación psicosocial o laboral. Ese dominio de Grupo 5 en Madrid se ha acrecentado aún más en 2021, puesto que ha recibido al menos siete adjudicaciones para gestionar centros de titularidad pública.

La sociedad matriz de Grupo 5 se llama CCFIV G5 Holding SL y en 2019 acordó repartir dividendos a sus socios por importe de 34,7 millones de euros, según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Los datos de 2020 aún no son públicos.

MENTALIA

La marca comercial del grupo DomusVi en el área de salud mental dispone de 14 centros y 1.339 plazas. En doce de ellos, todas o parte de las plazas están financiadas mediante conciertos con las Administraciones públicas. Las únicas excepciones son los establecimientos de Pamplona y de Lleida, que son completamente privados.

En concreto, Mentalia recibe fondos al menos de los Gobiernos de Madrid, Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi. Y también ha firmado acuerdos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que financia plazas en centros situados en provincias limítrofes, ya que no hay ninguno de Mentalia en dicha comunidad autónoma.

DomusVi ingresó en España en 2020 más de 600 millones de euros, buena parte de ellos a través de sus 140 geriátricos, pero no quiso aclarar a infoLibre qué parte de la facturación correspondía a la división de salud mental. Así que este periódico revisó en cada caso las cuentas publicadas en los respectivos Registros Mercantiles por las cinco sociedades del grupo que se dedican a dicha actividad: Casta Salud y sus filiales Instituto Psiquiátrico Montreal, Quinta Médica Residencial, Sando Gestión Social y Sanatorio de Usurbil. Las cuentas de las cuatro primeras corresponden a 2019 y las de la última a 2018, lo que en este caso supone una irregularidad administrativa puesto que las empresas tienen la obligación de depositar anualmente sus cuentas en el Registro. El resultado es que entre las cinco facturaron 28,3 millones. Esta cifra se acercará fácilmente a los 35 millones en 2020, ya que Mentalia incorporó ese año nuevos centros en Madrid y Andalucía.

Al igual que ocurre con las residencias de mayores, parte de los beneficios de Mentalia terminan en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey, en una sociedad del fondo Intermediate Capital Group (ICG), principal accionista del grupo DomusVi.

HESTIA ALLIANCE Y CLÍNICA LÓPEZ IBOR

El grupo Orpea adquirió hace tres meses los nueve centros de salud mental de Hestia Alliance y, desde 2017, es propietaria de la Clínica López Ibor. Segundo operador de residencias de mayores en Europa y en España, Orpea ya explota más de 50 clínicas psiquiátricas en Alemania, España, Francia, Italia y Suiza.

Hestia Alliance nació en Cataluña y allí sigue teniendo su principal fuente de ingresos. Al igual que ocurre con Grupo 5 y con Mentalia, se trata de una compañía que vive básicamente de los recursos públicos, a través de los conciertos.

Antes de la adquisición por parte de Orpea, la matriz del grupo era Bimpedi SL (anteriormente denominada con dudosa sensibilidad Inversiones Homeless SL), que a su vez tenía una decena de filiales dedicadas a la prestación de servicios sociosanitarios y de salud mental. La más importante por facturación era SSR Hestia, que ingreso 45,4 millones de euros el año pasado, con origen en su mayoría en las arcas de la Generalitat como reconoce la firma en sus cuentas: “En el 2020 la sociedad ha mantenido los ingresos del CatSalut respecto al 2019, que representan una parte relevante de los ingresos de la sociedad. El CatSalut ha realizado un incremento de tarifa que se compensa con un incremento en el convenio de los trabajadores”.

Pero no solo están concertados sus centros en Cataluña. La Comunidad de Madrid también paga, por ejemplo, por las plazas en la Residencias Hestia Esquerdo.

En total, todo el grupo Hestia Alliance facturó 71 millones de euros en 2020. A preguntas de este periódico, la empresa no ha querido aclarar cómo se divide la facturación entre su actividad sociosanitaria y de salud mental. El análisis de las plazas gestionadas en años anteriores en cada una de esas áreas permite concluir que en torno a un 30% de los ingresos son atribuibles a la división de salud mental.

En cuanto a la madrileña Clínica López Ibor, en 2019 declaró un importe neto de la cifra de negocios de 4,68 millones de euros.

ITA SALUD MENTAL

Esta compañía pertenece desde marzo de 2021 a Korian, líder europeo en el sector geriátrico y el tercero más importante en el campo de la salud mental. Los cinco años anteriores había formado parte de Magnum Capital, el fondo de private equity liderado por Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco Santander.

La cifra de facturación de Ita Salud Mental ascendió a 46,9 millones en 2020. Cuando se produjo el último traspaso de propiedad, la empresa indicó que este año esperaba ingresar 50 millones.

El grupo, que es especialista en trastornos alimentarios y adicciones, dispone en total de 39 recursos dedicados a la salud mental (desde hospitales a consultas externas). Su principal centro de negocios está en Cataluña, seguido de Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana.

De las cuatro empresas principales, Ita Salud Mental es la que tiene una menor dependencia del dinero público. En diversas comunidades, no obstante, sus centros tienen plazas para personas derivadas desde la sanidad pública. Además, una de sus divisiones –llamada Consulting– se encarga de centros tutelados cuya gestión se adjudica mediante concursos públicos.

Para “facilitar la financiación” a los potenciales pacientes o sus familias, Ita Consulting firmó en enero de 2020 con CaixaBank una línea de microcréditos de hasta 25.000 euros por solicitante.

El tiempo que la empresa perteneció a Magnum Capital estuvo controlada desde dos sociedades con sede en Luxemburgo: Itacare Sàrl y Magnum Capital II (SCA) SICAR. Es una práctica habitual entre los fondos de private equity, que localizan en aquel país la matriz de sus compañías con el objetivo de pagar menos impuestos.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

El sector de la salud mental en España está siguiendo un proceso casi idéntico al experimentado en la última década por las residencias de mayores. Primero, una adjudicación cada vez mayor de recursos públicos a empresas privadas. Y, como consecuencia de ello, un interés creciente de los fondos de inversión por hacer negocio con dicha actividad. El paralelismo se completa con la coincidencia de actores: los principales grupos de residencias son los que están haciéndose con esa parte de la salud mental convertida en mercado.

El resultado es que las cuatro principales compañías privadas de salud mental en España –Ita, Mentalia, Hestia y Grupo 5– tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión. Y las tres primeras pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos.

Este año, se produjeron dos operaciones de compraventa que ahondaron en la tendencia señalada.

En marzo, Korian comunicó la adquisición de Ita Salud Mental, que dispone de 39 centros en ocho comunidades autónomas. Korian tiene su sede en Francia y es la firma líder europea en gestión de residencias, un sector donde en España no entró hasta 2019, pero ya cuenta con 16 geriátricos que operan bajo la marca Seniors.

En junio, Orpea anunció la compra de Hestia, que dispone de nueve centros de salud mental. Orpea es el segundo operador del sector geriátrico tanto en Europa como en España. Aquí controla más de 50 residencias de mayores. Orpea es también dueña, desde 2017, de la Clínica López Ibor, uno de los centros emblemáticos de la psiquiatría en España.

Esas operaciones mercantiles desvelan dos elementos significativos de lo que está ocurriendo con el boyante negocio de la salud mental.

Primero, que en algunos casos ya nos encontramos en la fase donde los fondos de inversión revenden sus compañías, en general con importantes plusvalías. La fase del pelotazo. Korian le compró Ita Salud Mental al fondo Magnum Capital, liderado por Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado del Santander que se embolsó una indemnización de 102 millones de euros cuando abandonó el banco en 2002. Magnum Capital es, por cierto, un ejemplo paradigmático de cómo puede uno enriquecerse con negocios en el ámbito de los mayores y de la salud mental, donde compró y revendió Casta Salud, Geriatros –ambos ahora parte de DomusVi– e Ita.

Magnum Capital es un fondo de private equity (capital privado), un tipo de vehículo inversor que se caracteriza por comprar compañías no cotizadas en Bolsa, hacerlas crecer de forma acelerada y revenderlas en un periodo que a ser posible no exceda los cinco años. La mayoría de las veces realizan las adquisiciones acudiendo a un endeudamiento elevado, de forma que buscan entrar en sectores que generen una alta liquidez para poder devolver los préstamos. Si encima hay fondos públicos garantizados, como ocurre con las residencias de mayores o los centros de salud mental, más atractivo es el negocio. Como es obvio, su librillo para ganar dinero lo aplican de forma idéntica a todas las compañías que compran y venden, con independencia de la actividad a la que se dediquen.

Y, segundo, que el crecimiento de las compañías controladas por fondos se produce en buena medida tirando de chequera, mediante la adquisición de firmas de la competencia. Un hecho que acelera la concentración del sector, de forma que cada vez hay menos operadores, pero con un poder creciente. Ello va dejando fuera de la actividad a las empresas familiares o medianas. Orpea le compró Hestia a un grupo de empresarios catalanes que lideraba el actual tesorero del FC Barcelona, Ferran Olivé.

El cambio en la propiedad de Ita Salud Mental y de Hestia este mismo año ha transformado de forma clara el quién es quiénquién es quién en el sector. En 2017 ya había caído en manos de un fondo otra de las empresas hegemónicas en el campo de la salud mental, Grupo 5, adquirida por Corpfin. En aquel momento, por cierto, Grupo 5 disponía de dos grandes ramas de actividad: mayores y salud mental. Pero Corpfin vio la oportunidad de hacer caja rápidamente con la venta de los seis geriáticos que tenía en cartera, así que se los traspasó en 2019 a... Korian, que daba sus primeros pasos en el mercado español.

El elenco de las cuatro principales empresas de salud mental se completa con Mentalia, que pertenece al grupo DomusVi, líder en España con diferencia en el sector geriátrico –explota 140 centros– y tercer operador europeo más importante. Aunque Mentalia es una marca comercial reciente, de 2019, una de las empresas que terminó integrándose en lo que ahora es DomusVi tiene actividad en el sector desde 2014. Se trata de Geriatros, que aquel año adquirió Casta Salud, gestora entonces de cuatro establecimientos para el cuidado de pacientes con problemas de salud mental. Tanto Geriatros como Casta Salud tenían como accionista mayoritario a Magnum Capital, que con la integración de ambas compañías iba engordando Geriatros para su posterior venta, que ejecutó en 2015 con unas plusvalías de casi 200 millones de euros logradas en tres años.

Grupo 5, Ita, Mentalia y Hestia ya controlan en conjunto 5.000 plazas de salud mental repartidas en más de cien centros en 13 comunidades autónomas, según los datos recopilados por infoLibre. En apenas cuatro años han duplicado sus recursos. Los únicos territorios donde ninguno de esos grupos está presente son Cantabria, Castilla-La Mancha, Illes Balears y La Rioja. Y donde más extendida está la mercantilización es con diferencia en la Comunidad de Madrid, como ocurre con muchos otros servicios públicos después de tres décadas de gobiernos ultraliberales del PP. La penetración de estas empresas es también significativa en Cataluña y, en menor medida, en Comunitat Valenciana y Andalucía.

Los grandes grupos privados suelen ofrecer todo tipo de servicios, desde la hospitalización de larga estancia a los centros de día pasando por consultas externas, centros dedicados a la rehabilitación psicosocial o laboral, pisos tutelados o el trabajo de equipos de apoyo comunitario. Varios tienen unidades específicas de atención a adolescentes y niños, o de trastornos alimentarios y adicciones.

La combinación de las dos unidades de negocio –mayores y salud mental– tiene una expresión evidente en el campo de la psicogeriatría. Por ejemplo, Orpea cuenta con dos de esas unidades en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada, para atender a los mayores con antecedentes de patologías psiquiátricas o con demencias. DomusVi presta ese servicio en el geriátrico de Monte Alto, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Como es obvio, los fondos no estarían tan activos en el sector si no considerasen que hay una buena oportunidad para hacer negocio. Algunos datos avalan ese interés. Los grupos de diagnósticos que causaron más estancias hospitalarias en 2019 fueron los trastornos mentales y del comportamiento (15,1% del total), por delante de las enfermedades del aparato circulatorio (14,1%) y las del aparato respiratorio (11,0%). En total, se produjeron 5.965.518 estancias por trastornos mentales y del comportamiento, que además fueron las más prolongadas –50,6 días de media–, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria elaborada por el Instituto de Estadística (INE). En este terreno, por cierto, la diferencia es notoria entre los hospitales públicos (31,9 días de estancia media) y los privados (104,4 días). La pandemia, además, parece haber acrecentado los trastornos. El 40% de los españoles asegura haber tenido algún problema de salud mental en el último año, según el estudio 'Psi-Covid-19' impulsado por la cátedra 'Contra el Estigma' de la Universidad Complutense de Madrid (hay que advertir, no obstante, que esta cátedra está impulsada por una de las grandes empresas del sector, Grupo 5).

Junto a los cuatro principales grupos, para entender el mapa de la salud mental privatizada en España hay que tener en cuenta otras dos cuestiones.

Existe una quinta empresa que dispone de recursos importantes, el grupo Pere Mata, que explota una amplia red de dispositivos en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y de Terres de l’Ebre. Todos ellos son de titularidad pública de la Generalitat, pero están gestionados de forma privada por Pere Mata. Entre ellos se encuentra el Psiquiátrico de Reus, construido a principios del siglo XX, que no solo fue un lugar emblemático en el tratamiento de las enfermedades mentales sino que también alcanzó fama como parte del patrimonio arquitectónico modernista de la ciudad. Pere Mata gestiona unas 1.400 camas de salud mental y facturó en 2019 más de 46 millones de euros. Pero no tiene vocación de extenderse fuera de Tarragona, por lo que no puede compararse con los otros grandes grupos del sector que se expanden por toda España. En cuanto a su propiedad, el capital está repartido entre más de 500 accionistas, ninguno de los cuales alcanza el 10%. Tres empresas catalanas –Grup Jubis SL, Famitex Inversiones SL y Gaudiré SL– figuran a la cabeza de ese accionariado tan fragmentado.

Mucho más importante es el protagonismo de dos entidades religiosas, la Orden de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias. Durante más de un siglo, desempeñaron un papel hegemónico en la administración de lo que se llamaban “manicomios”. En la actualidad aún mantienen una posición de privilegio, como demuestra el hecho de que entre ambas gestionen casi 6.200 plazas de salud mental.

A continuación, infoLibre detalla los datos principales de las cuatro principales empresas y las dos entidades religiosas que operan en el sector.

Residencia de Grupo 5 en Madrid.

grupo 5

Propietario: Corpfin.

Principales recursos: Gestiona 68 centros y 2.106 plazas, distribuidas en residencias, centros de día, de rehabilitación laboral o psicosocial, pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Dispone de 56 centros en Madrid, 6 en Extremadura, 5 en la Comunitat Valenciana y 1 en Euskadi.

Creado en 1988, Grupo 5 inició su actividad en el campo de las emergencias sociales y las personas sin hogar. Se encargo, por ejemplo, de la gestión de la primera campaña municipal contra el frío en el Ayuntamiento de Madrid. Diez años después abrió sus primeros centros de salud mental. A finales de 2020 tenía 2.133 trabajadores y gestionaba 131 centros o servicios en áreas que incluyen desde la dependencia a la protección a la infancia o la educación infantil. La salud mental representa la mitad de su negocio.

Es especialmente fuerte en la Comunidad de Madrid, donde en 2011 se convirtió en la entidad que atendía más personas con problemas de salud mental. Su crecimiento se produjo en gran medida gracias a las adjudicaciones para la gestión de recursos de la red pública. Las residencias son un buen ejemplo: siete de las nueve que explota ingresan fondos de la Comunidad madrileña (tres son públicas y cuatro tienen plazas concertadas). También recibió múltiples adjudicaciones para la gestión de centros de rehabilitación psicosocial y laboral. Un grupo, en definitiva, alimentado por las privatizaciones.

Grupo 5 también tiene una presencia significativa en Extremadura (se encarga de las residencias de Mérida y Plasencia) y en la Comunitat Valenciana (lleva las residencias y los centros de día de Benidorm y Elda). Este año ha estado a punto de quedarse con un nuevo centro en Cáceres, pero el Ayuntamiento se dio cuenta de que su normativa le impedía ceder de forma gratuita los terrenos a una empresa con ánimo de lucro, así que la operación se frustró en el último momento. Es posible que sean las Hermanas Hospitalarias quienes se encarguen de un recurso que hasta ahora gestionaba Feafes, una organización estatal creada en 1983 y que agrupa a unas 300 entidades de familiares y pacientes (ahora denominada Confederación Salud Mental España).

El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.

Como desveló en su día infoLibre, Corpfin se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.

Mentalia

Propietario: DomusVi. 

Principales recursos: Dispone de 14 centros y 1.339 plazas, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Tiene 5 centros en Madrid, 2 en Euskadi y 1 en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.

DomusVi se convirtió en el símbolo negativo por excelencia de la hecatombe ocurrida en las residencias de mayores en España durante la primera ola. Primero, por un hecho objetivo: en sus centros fallecieron más de 2.100 mayores durante el año pasado. Y, después, por la nula empatía de su consejera delgada, Josefina Fernández Miguélez, que en una comparecencia en el Parlamento gallego afirmó literalmente: “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Cuando pronunció esas palabras, en noviembre de 2020, ya habían fallecido dos mil personas en las residencias de DomusVi. Hace apenas dos semanas, DomusVi decidió apartarla del cargo.

Líder indiscutible del sector geriátrico en España –gestiona 140 centros– y tercero en Europa, DomusVi lleva también años en el negocio de la salud mental. El origen de esa actividad se encuentra en una de las compañías pioneras en España en el tratamiento de las enfermedades mentales, Casta Salud, que nació en 2001 como una división del grupo de ingeniería Eptisa. Tras abrir un primer centro en Arévalo (Avila), en 2009 abrió otros tres en Asturias, Madrid y el País Vasco. Dos años antes se había hecho con el 60% del capital Magnum Capital. El fondo de Corcóstegui decidió en 2014 integrarlo en otra empresa entonces de su propiedad, Geriatros, y desde entonces la división de salud mental ha ido acompañando al grupo de residencias en sus sucesivos cambios de propiedad.

En 2014 Casta Salud tenía cuatro establecimientos y en Mentalia son ahora 14, un crecimiento logrado básicamente mediante la adquisición de centros de la competencia. Entre las compras más destacadas figuran el madrileño Instituto Psiquiátrico Montreal –que aportó al grupo tres unidades de atención a adolescentes– y el antiguo Hospital Madrid, ambas realizadas en 2020. Un año antes se había producido el cambio de marca comercial, de forma que los recursos de salud mental de DomusVi pasaron a operar con el nombre de Mentalia.

DomusVi es el mayor exponente en España de cómo determinados servicios sociales se han convertido en un objeto de mercado que va pasando de un fondo a otro, y enriqueciendo a sus inversores en cada traspaso de la propiedad. En las sucesivas compras y ventas, el grupo ha estado bajo el control de hasta cuatro fondos diferentes: Magnum Capital, Palamon Capital Partners, PAI Partners e Intermediate Capital Group (ICG). Este último adquirió en 2017 el 55% del capital de DomusVi, empresa que entonces se valoró en 2.400 millones. Hace tres meses, DomusVi abordó una ampliación de capital, que dejó a ICG con algo menos de la mitad del accionariado y el valor de la compañía se situaba ya en 4.300 millones.

Entre los actuales accionistas minoritarios de DomusVi están, además de ICG, al menos otros cuatros fondos con sede en Francia: Mérieux Equity Partners, Arkea Capital, Flandrin Finance y UI Investissement.

Centro de Hestia en Cataluña.

HESTIA alliance Y CLÍNICA LÓPEZ IBOR

Propietario: Orpea.

Principales recursos: Hestia Alliance dispone de 9 centros de salud mental y, según Alimarket, en 2020 gestionaba más de 500 camas. [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa le facilite las cifras actualizadas].

CCAA donde opera: Explota 4 centros en Cataluña, 3 en Madrid y 2 en Galicia. A ellos hay que sumarle la Clínica López Ibor, en Madrid.

Orpea es el segundo operador de residencias de mayores en Europa y en España. Al igual que sus principales grupos competidores –DomusVi y Korian–, también Orpea está apostando con fuerza por su división de salud mental. En la actualidad ya explota más de 50 clínicas psiquiátricas en Alemania, España, Francia, Italia y Suiza.

Su primera incursión en este campo en España la realizó en 2017 mediante la adquisición de la Clínica López Ibor, fundada en 1967 y considerada un referente de la psiquiatría española en el siglo XX. Este centro coordina las dos unidades de psicogeriatría que Orpea tiene en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada. En febrero de 2020, a través de López Ibor, Orpea abrió una unidad de atención mental para menores de 25 años en las instalaciones de la clínica Ruber Juan Bravo de Madrid.

Hace apenas tres meses, Orpea anunció una nueva compra, esta vez de uno de los principales grupos del sector de la salud mental: Hestia Alliance. Esta compañía estuvo presidida hasta entonces por Ferran Olivé, tesorero del FC. Barcelona en la directiva de Joan Laporta. Hestia inició su actividad en 1986 en el Hospital Sant Gervasi de Barcelona. En la actualidad dispone de 15 centros en total, aunque solo nueve atienden a pacientes con problemas de salud mental. Los otros seis son sociosanitarios o residencias de mayores.

Hestia Alliance gestiona buena parte de sus recursos bajo la fórmula de los conciertos, es decir, cobra de la Administración por prestarle servicios.

Durante la pandemia, la Generalitat abrió un expediente sancionador al centro sociosanitario Hestia Palau, por mala atención a enfermos que terminaron falleciendo y falta injustificada de información a los familiares.

Años antes, Hestia Alliance ya había estado en el centro de la polémica cuando El País desveló que el Gobierno de Artur Mas le había cedido la gestión de un hospital público después de que la empresa donase 80.000 euros a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en 2010, en la recta final de la campaña electoral que llevaría a Mas a la presidencia de la Generalitat. Hestia siempre negó que existiera relación alguna entre la donación del dinero y la adjudicación del hospital.

El accionista de referencia de Orpea es el fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board, dueño del 14,5% del capital. Los Peugeot, familia dueña de la empresa automovilística del mismo nombre, controlan el 5,1%. El 80,4% de las acciones cotizan en la Bolsa de París.

Centro de Ita Salud Mental en Barcelona.

ita salud mental

Propietario: Korian.

Principales recursos: Dispone de 5 clínicas de hospitalización, 12 instalaciones médicas y 12 hospitales de día y consultas, con un total de 900 plazas operativas, según datos facilitados por la compañía a los medios en marzo [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa confirme estas cifras].

CCAA donde opera: Tiene 13 centros en Cataluña, 8 en Andalucía, 6 en Madrid, 5 en Comunitat Valenciana, 3 en Euskadi, 2 en Aragón, 1 en Murcia y 1 en Galicia.

El grupo es especialista en trastornos alimentarios y adicciones. Su origen está precisamente en la empresa Ita Clínic BCN, dueña en Barcelona del Institut de Trastorns Alimentaris. El proceso de expansión del grupo se inició en 2016, cuando dicha compañía fue adquirida por Magnum Capital –sí, el mismo que fue dueño de Geriatros y de Casta Salud–, y pasó por compras como las de las clínicas Previ en la Comunitat Valenciana o los centros ABB en Andalucía. Pese al crecimiento de los últimos años fuera de Cataluña, es en esta comunidad donde sigue teniendo una mayor presencia. Otra vía de expansión ha sido lo quela firma denomina “proyecto antenas”, que consiste en abrir consultas externas en hospitales propiedad de otros grupos. Tras un acuerdo con Quirónsalud –líder de la sanidad privada en España–, Ita ya abrió cinco de esas consultas en sus hospitales.

Otro acuerdo llamativo cerrado por Ita recientemente es una línea de crédito específica de un millón de euros para “facilitar la financiación” a los potenciales pacientes o sus familias. Lo firmó en enero de 2020 con CaixaBank. Y es otro ejemplo evidente de que hay muchos actores que entienden que hay negocio en la salud mental.

El resultado es que Ita Salud Mental pasó de las cinco instalaciones que gestionaba cuando fue adquirida por Magnum Capital a las 39 que explotaba en marzo de este año, cuando el fondo de Corcóstegui revendió la compañía a Korian.

El grupo Korian es el más grande de Europa de residencias de mayores, pero también está haciendo una apuesta estratégica por la salud mental. De hecho, tres meses antes de adquirir Ita, compró en Francia la empresa más fuerte del sector, Inicea. También tiene presencia en Italia, de forma que ya explota la tercera red europea en el campo de la salud mental.

La mayoría del capital de Korian cotiza libremente en la Bolsa de París –el 61,47%, según sus últimos datos–, pero desde hace años tiene tres accionistas de referencia. El principal es Predica, dueña a finales de 2020 del 24,32% del accionariado, y que es una aseguradora de la entidad bancaria Crédit Agricole. Otra aseguradora, Malakoff Humanis, controla el 7,66%. Y el 6,51% está en manos de uno de los principales fondos de pensiones de Canada, Investissements PSP.

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Cuenta con 19 dispositivos, entre hospitales, centros de día y consultas externas, según los datos facilitados por la orden religiosa. En ellos existen 3.541 camas de salud mental.

CCAA donde opera: Tiene centros en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia y Madrid.

En esta orden religiosa sostienen que su fundador, Juan de Dios, ya se dedicó a “asistir y acompañar a los enfermos con problemas de salud mental en la Granada del siglo XVI”. De forma que la salud mental es una actividad a la que se dedican desde hace casi 450 años.

Lo cierto es que en España gestiona ahora 3.541 camas, lo que convierte a la Orden de San Juan de Dios en el principal grupo privado del sector, aún por delante de las principales empresas. Buena parte de los recursos disfrutan de conciertos de colaboración con diferentes Administraciones públicas, aunque la portavoz de la entidad no ofreció información más detallada a infoLibre “puesto que los centros son autónomos”.

Aunque su situación dominante en el sector obedece en parte a razones históricas, ello no significa que no siga abriendo nuevos centros. Hace apenas tres meses, sin ir más lejos, abrió una residencia en Gran Canaria subvencionada por el Cabildo.

Hermanas hospitalarias

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Tiene 14 hospitales o centros con plazas residenciales, de los que 11 cuentan además con recursos comunitarios (centros de rehabilitación psicosocial o laboral, pisos asistidos, hospital de día). En 2020 gestionaba 2.639 plazas de salud mental, según los datos aportados por la orden religiosa.

CCAA donde opera: Está presente en todas las comunidades salvo Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia.

Hermanas Hospitalarias es una institución de la Iglesia católica que se fundó en 1881 en Ciempozuelos (Madrid) para paliar la situación de abandono sanitario y exclusión social de las mujeres con enfermedad mental de la época. Actualmente, gestiona en España 14 hospitales o centros residenciales de salud mental, donde existen 2.639 plazas, sin contar otras 2.500 dedicadas a la atención psicogeriátrica.

Los 14 centros tienen “concierto con las Administraciones Públicas, en diferente proporción, según la realidad territorial de cada comunidad autónoma”, según indicó una portavoz de Hermanas Hospitalarias a infoLibre. Uno de los últimos conciertos lo firmaron en junio con el Gobierno de Navarra, por un importe de 64,1 millones de euros en nueve años (29,4 se destinan a atención de salud mental y el resto a mayores y discapacidad). Otro ejemplo: la Comunidad de Madrid decidió en 2016 financiar a las entidad con 13 millones anuales para el mantenimiento de cerca de 1.100 plazas de salud mental en residencias, centros de día y centros de rehabilitación laboral y psicosocial.

En 2020, Hermanas Hospitalarias había anunciado una inversión de 60 millones, pero la pandemia ha paralizado o retrasado algunos proyectos. Los que están en marcha son los de los centros de Ciempozuelos (Madrid), Pamplona y Santander. El área de salud mental y psicogeriatría supone más del 65% de su actividad.

La entidad religiosa también establece acuerdos con alguno de los gigantes del sector sanitario. Hace tres meses, por ejemplo, lo hizo con Quirónsalud Málaga para atender a los pacientes que precisen ingreso en unidad psiquiátrica especializada.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

DomusVi y Josefina Fernández Miguélez no eran nombres demasiado conocidos en España antes de la pandemia. Pero desde marzo de 2020 han estado en el ojo del huracán. DomusVi, principal grupo de residencias en España, porque en sus centros fallecieron más de 2.100 mayores durante el año pasado. Y Josefina Fernández, su consejera delegada, por la nula empatía demostrada y que tuvo su momento culminante en una comparecencia en el Parlamento gallego en la que afirmó literalmente: “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Cuando pronunció esas palabras, en noviembre de 2020, ya habían fallecido dos mil personas en las residencias de DomusVi. Este jueves, 16 de septiembre, DomusVi decidió destituir a Josefina Fernández como consejera delegada y nombrar en su lugar a José María Pena, un ingeniero procedente de Prosegur y sin experiencia previa en el sector geriátrico.

DomusVi, único grupo con residencias en las 17 comunidades autónomas, comunicó el relevo a través de un comunicado en el que informa de que Josefina Fernández será la nueva "presidenta institucional" de la empresa en España: "Representará a DomusVi en todas las instituciones nacionales y autonómicas, al tiempo que aportará todo su conocimiento a las asociaciones del sector, en un momento clave para la transformación de la compañía. Asimismo, Josefina también compartirá su dilatada experiencia y conocimientos con el nuevo consejero delegado, a quien asesorará y acompañará en este nuevo proyecto". En otras palabras, pasa de tener todo el poder ejecutivo a ser una figura representativa en actos y reuniones. Chefi, como la conoce casi todo el mundo, se declaró satisfecha con el cambio. “Una vez llevada la compañía hasta alcanzar su liderazgo en el sector del cuidado de las personas mayores, ahora estoy encantada de asumir esta nueva posición estratégica con el fin de continuar trabajando en la visibilidad y la representación institucional de DomusVi en España, convencida de que es lo mejor para la compañía", aseguró, según el comunicado de la empresa.

En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre a través de los portales de transparencia de los gobiernos autonómicos. En la segunda ola, la cifra de muertes a finales de diciembre alcanzó los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi. ¡Un 11,2% del total!

Los geriátricos de DomusVi registraron cifras trágicas de fallecidos en media España. Solo en los meses de marzo y abril, los más duros de la primera ola, murieron 63 personas en DomusVi Alcoi, 60 en el centro madrileño de Mirasierra, 54 en DomusVi Ca n'Amell en Premià de Mar (Barcelona), 46 en DomusViAlcalá y 43 en DomusVi Espartales –ambos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares–, 40 en DomusVi Leganés...

Accionista de DomusVi

Como desveló infoLibre, Josefina Fernández no solo era la consejera delegada del grupo en España, sino que además era una de las accionistas minoritarias de la matriz en Francia de DomusVi, el tercer principal grupo europeo del sector geriátrico. De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia), esas acciones las tenía de forma indirecta a través de una sociedad francesa denominada Mancare I SAS y experimentaron una importante revalorización en los últimos años. En concreto, Chefi las adquirió a finales de 2017 por 2,70 millones de euros y en la primavera de 2021 fueron valoradas en 11,38 millones. Un incremento del 316% en poco más de tres años.

En un comunicado de apenas diez líneas que colgó en su web el pasado 1 de julio, DomusVi anunciaba un plan estratégico hasta el año 2025 que incluye la “renovación” de la alianza con sus accionistas “históricos”. El texto se limita a señalar que el fundador del grupo Yves Journel “incrementa significativamente su participación”, que en el capital permanece el fondo ICG –que controlaba hasta ahora el 55% de las acciones– y que entra como nuevo inversor otro fondo, Mérieux Equity Partners. En el texto no se aportan cifras de inversión y tampoco se aclara cómo queda el nuevo reparto de capital. Ese mismo día, en declaraciones al periódico Les Echos, el presidente de DomusVi a nivel global, Sylvain Rabuel, aseguró que el grupo había logrado captar “varios cientos de millones de euros”. 

En julio de 2020, este periódico desveló cuál era entonces la estructura societaria de DomusVi y cómo utilizaba dos sociedades en Luxemburgo para reducir al mínimo el pago de impuestos.

De la complejidad de la estructura da cuenta el siguiente hecho: entre la empresa que gestiona una de las 140 residencias en España y la sociedad última situada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey se interponen más de una veintena de firmas, en España, Francia y Luxemburgo.

Los familiares de 29 mayores que vivían en residencias de Leganés (Madrid) y fallecieron durante la primera ola de la pandemia presentaron un recurso contra la decisión de la jueza Mónica Boticario Martín de archivar la causa, pese a que la mínima investigación judicial realizada ya sirvió para obtener un cúmulo de pruebas de la falta de asistencia médica sufrida por los residentes. Los familiares piden a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto de archivo y ordene a la magistrada continuar con la investigación.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Como desveló infoLibre este miércoles, en el auto de archivo se recogen tres casos en los que desde el Hospital Severo Ochoa se prohibió expresamente el traslado de residentes enfermos. Es lo que le ocurrió a Juliana, que vivía en Los Frailes; a María, que residía en El Encinar-Amavir, y a Feliciano, que estaba en Vitalia Home. En la resolución judicial también se narran otros tres casos en los que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Así sucedió con Esperanza, María Purificación y Carmen, las tres residentes de Vitalia Home. En el auto de archivo de Boticario ni siquiera consta por qué no fueron trasladados al hospital diez mayores y hay otros cuatro casos en los que la persona fue finalmente derivada, pero la jueza no indica cuánto tiempo permaneció enferma en la residencia antes de recibir atención hospitalaria. Todos estos mayores terminaron falleciendo entre marzo y abril de 2020.

La primera querella

La jueza Boticario mostró nulo interés por conocer lo ocurrido en las residencias de Leganés desde el primer momento. En agosto de 2020, cuando se presentó la querella de Marea de Residencias, directamente no la admitió a trámite. Una decisión que fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la admisión de la querella y que se practicasen las diligencias oportunas.pa

Los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia, en todo caso, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

En su recurso de apelación, el abogado de Marea de Residencias sostiene que el aforamiento no debe ser obstáculo para que se investigue lo ocurrido, y si resultaran "indicios sólidos de criminalidad contra los aforados", sea entonces cuando asuma la competencia el Supremo o el TSJ de Madrid. "Pero para que se den tales indicios de criminalidad se hace necesario una actividad instructora más ambiciosa que la desplegada por el juzgado", añade.

La jueza Boticario no encontró el más mínimo indicio de delito, ni de los políticos ni de los no aforados. Marea de Residencias recuerda que pese a las numerosas diligencias que se pidieron en la querella, prácticamente no se practicó ninguna. "Llama la atención que no se haya llamado a declarar a los querellantes, ni a los directores de las residencias, ni a los geriatras de referencia de los hospitales, o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Así mismo, se echa en falta el informe del forense sobre la adecuada atención y evolución del estado de salud de los residentes, más allá del contenido reflejado en las historias clínicas aportadas", se destaca en el recurso.

La magistrada analizó la documentación aportada por las residencias y, en su caso, por los hospitales. Y en su auto de archivo asegura que también estudió "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Menciona hasta 22 resoluciones, pero justo omite el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

En su recurso, Marea de Residencias considera "fundamental investigar qué protocolo y qué versión del mismo fue el que se le aplicó" a cada uno de los residentes. Y añaden que la investigación judicial, una vez aportados las diferentes versiones del Protocolo, "debe ir encaminada a averiguar si fue conocido por los tres aforados, promovido o impulsado por ellos". Si Ayuso, Ruiz Escudero y López "conocían la existencia" del Protocolo, "o lo aprobaron, es preciso que se pueda conocer en la fase de instrucción".

Marea de Residencias entiende que "lo relevante a efectos de los cuidados y atención médica, es saber si con los síntomas que presentaban y la evolución que iban teniendo [los residentes], debían haber sido derivados a centros hospitalarios o si la residencia contaba con medios para garantizar una atención y cuidados dignos".

Marea de Residencias recuerda que los geriátricos no fueron medicalizados, a pesar de que así lo anunció el Gobierno de Ayuso y que en el caso concreto de Leganés existió además una resolución expresa del TSJ de Madrid ordenando la medicalización, que fue incumplida. "La demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos. […] La adopción de medidas habría evitado el trágico resultado que se ha producido".

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados en su día por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

LA SEGUNDA QUERELLA

La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. Y lo ocurrido con su querella es un ejemplo sangrante de desidia judicial.

La querella le tocó por reparto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Leganés, que decidió inhibirse en favor del Juzgado 5, que ya estaba instruyendo la causa impulsada por Marea de Residencias. La jueza Boticario se pasó meses sin responder hasta que, ante la insistencia del abogado de los querellantes, le comunicó el 21 de diciembre de 2020 que no había aceptado la inhibición de su compañero y que había devuelto el asunto al Juzgado Número 1. Un mes más tarde, el 22 de enero, Boticario cambió de opinión y decidió acumular ambas querellas. Pero la magistrada no hizo absolutamente nada, así que, el 1 de marzo, el abogado solicitó que se pronunciase sobre las diligencias solicitadas. La jueza respondió que, cuando se practicasen las que estaban en curso –las solicitadas por Marea de Residencias–, "se acordará lo procedente". La siguiente noticia que han tenido los querellantes es el auto de archivo del pasado 13 de julio.

Es decir, después de 11 meses, Boticario ha cerrado la causa sin tomarse ni siquiera la molestia de responder a la solicitud de diligencias. Nada. Ni un auto, salvo el de archivo, en un procedimiento donde las familias de 21 personas fallecidas piden que se investigue lo ocurrido.

En este caso, la querella iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno Ayuso.

La falta absoluta de actividad instructora por parte de Boticario es la razón fundamental en la que se apoya el recurso de apelación de estos familiares. En su escrito, el abogado recuerda que la jueza "no ha practicado" ninguna de las diligencias solicitadas, "por lo que nada se ha realizado por el Juzgado en orden a esclarecer, como esta parte pedía, los hechos por los que se presentó la querella admitida a trámite". En ese sentido, considera "absolutamente contradictorio que se admita a trámite una querella, pues tal admisión presupone que los hechos relatados de ser ciertos serían constitutivos de delito y han de ser investigados, pero no se practique ninguna de las diligencias solicitadas para investigar dichos hechos. Y, lo que es peor, sin dictar resolución alguna respecto a esas diligencias".

Entre ellas figuran algunas tan básicas como citar a los querellados para que presten declaración, solicitar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que remita los informes relativos a su intervención en la residencia, o pedir a la Policía Judicial que "elabore un atestado en el que informe de las medidas de prevención adoptadas por Vitalia Leganés para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores de la residencia, número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los residentes y al personal de las medidas y protocolos de prevención".

"Al no acordarse nada respecto a las diligencias solicitadas es como si se hubieran rechazado sin fundamentación alguna", se indica en el recurso de apelación, antes de recordar que es una obligación legal motivar los autos, de forma que "basta dicha omisión de razonamiento para declarar su nulidad".

En el recurso se destaca que la jueza Boticario indica en varios casos que la persona enferma no tenía covid, cuando no es verdad, y califica de "bastante deficiente" la actuación de Vitalia Home Leganés, donde fallecieron 93 personas entre el 11 de marzo y el 21 de abril. "Las medidas que pudieron adoptar resultaron claramente insuficientes e inadecuadas para impedir o minimizar el contagio generalizado de los residentes y, por ende, las graves consecuencias del mismo, por lo que la conducta de los querellados no se acomodó a los patrones de prevención que las circunstancias exigían para evitar los terribles daños", se concluye en el recurso de apelación.

"No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza". Esta frase resume el sentimiento de familiares de mayores que fallecieron en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia, tras leer el auto firmado por la magistrada Mónica Boticario Martín, que archiva las querellas presentadas contra los directores de los geriátricos.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Los familiares acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La jueza Boticario, en agosto de 2020, inadmitió la querella de Marea de Residencias, pero esta entidad presentó un recurso y la Audiencia Provincial obligó a la magistrada de Leganés a admitirla y practicar las diligencias oportunas. Eso sí, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

La jueza Boticario no encuentra el más mínimo indicio de delito, tras estudiar la información sobre los cuidados recibidos por los 35 mayores y analizar "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros", según indica en el auto. A continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero llama poderosamente la atención que en el extenso listado no se incluya el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados también por este periódico, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

prohibido el traslado al hospital

La magistrada no considera necesario analizar el posible impacto que ese Protocolo tuvo en aquellos casos en que los mayores enfermos no recibieron asistencia hospitalaria, a pesar de que al menos en tres ocasiones consta que desde el Hospital Severo Ochoa se impidió su traslado. El Protocolo del Gobierno Ayuso establecía que si un mayor enfermaba, desde la residencia se tenía que llamar al Servicio de Geriatría del hospital de referencia, que debía rechazar la derivación si cumplía los requisitos establecidos, es decir, si tenía un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Juliana tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes, gestionada por Aralia. En el auto de archivo se indica lo siguiente:

El trato dispensado a Juliana no merece ningún reproche por parte de la jueza Boticario, que tampoco muestra mayor extrañeza al ver que se califica a una persona como "paciente no derivable".

María, de 92 años, residía en el centro de Amavir en Leganés. Esto es lo que figura en el auto de archivo sobre ella:

La experiencia de María demuestra otra circunstancia que fue denunciada por los familiares de muchos residentes durante la primera ola en la Comunidad de Madrid. Que aquellos pacientes que tenían un seguro privado sí eran trasladados al hospital, mientras que no se atendía a los residentes enfermos en la sanidad pública. La jueza Boticario, sin embargo, no detecta aquí ninguna posible discriminación.

Feliciano, de 85 años, estaba en Vitalia Home Leganés.  También a él le negaron el tratamiento hospitalario. Así se narra en el auto:

Existe evidencia, por tanto, de que Juliana, María y Feliciano fallecieron en el geriátrico después de que desde el Severo Ochoa se impidiese su traslado al hospital. En la resolución judicial se narran al menos otros tres casos en que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación hospitalaria, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Todos los afectados vivían en el centro de Vitalia Home.

Fue lo que ocurrió con Esperanza, de 86 años:

Le sucedió lo mismo a María Purificación, de 85 años:

Y pasó también con Carmen, de 85 años:

Además de estos seis casos –tres con prohibición expresa de derivación y otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital–, hay otros diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados. Es lo que ocurrió con Carmen, que estaba en el geriátrico de Amavir; con Ricardo, que vivía en Domusvi, y con ocho mayores de Vitalia Home: Rosa, Carmen, Antonio, Atanasio, Eladia, María, Piedad y María del Sagrario.

En el auto de archivo la jueza describe otras situaciones extrañas. Por ejemplo, sobre Carmen, de 89 años y residente en Vitalia Home, dice lo siguiente:

¿Cómo es posible que no se conozca la causa de su fallecimiento? ¿No hay parte de defunción, está en blanco? Nada comenta al respecto Boticario.

También sorprende el caso de Miguel Máximo, de 89 años, y residente en Vitalia Home. Allí vivía con su mujer, Eladia. Ambos fallecieron con un día de diferencia. Esto es lo que escribe la magistrada:

¿"Dice Vitalia" que fue trasladado? ¿Boticario no reclamó al hospital su expediente para comprobar si es cierto lo que le dijeron desde la residencia? 

Existen otros cuatro casos donde el enfermo fue finalmente trasladado a un hospital, pero donde la magistrada no considera necesario indicar en su auto desde cuándo estaba esa persona enferma. Una información imprescindible para saber cuántos días estuvo sin asistencia. Es lo que sucede con Carmen, que estaba en el centro Los Frailes; con Avelina, que vivía en El Encinar-Amavir, y con Félix y María, que residían en Vitalia Home. 

A la magistrada tampoco parece extrañarle que Antonia, de Amavir, sea trasladada al hospital después de llevar ocho días con fiebre en la residencia. 

En fin, hay en el auto párrafos cuya lectura evoca un texto surrealista, como este sobre María, de 96 años:

¿Cómo pudo recibir María "siempre el tratamiento hospitalario" que precisó si nunca ingresó en un hospital? Boticario no lo aclara.

LAS CONCLUSIONES DE la jueza

Después de narrar todo lo expuesto, la magistrada llega a la siguiente conclusión: “De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”.

En cuanto a la decisión de trasladar o no a los pacientes al hospital, la jueza razona que “en casi todos los casos no dependió de los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”. Esta explicación es correcta, pero Boticario oculta algo que no parece un detalle intrascendente: los geriatras decidían cumpliendo las órdenes de la Consejería de Sanidad. 

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid le dejó claro a Boticario, cuando le ordenó admitir a trámite la querella, que la presidenta Ayuso y los consejeros Escudero y López no formaban parte de su investigación, la jueza no se abstiene de escribir lo siguiente: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. ¿Cómo es capaz la jueza de sacar una conclusión sobre la actuación de los consejeros si no forman parte de lo que ha investigado? Una vez más no lo explica, simplemente lo escribe.

Los familiares de la querella acumulada y archivada en el mismo auto –la de los 24 residentes de Vitalia Home– publicaron un comunicado en el que recuerdan que la magistrada de Leganés no practicó ni una sola de las diligencias que solicitó su abogado, se declaran "indignados" porque la jueza ha ignorado sus "historias, pruebas y argumentación" y critican que "atribuya la causa de defunción a las enfermedades previas y a la avanzada edad de los mayores". Además, anuncian un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue presentado ayer mismo.

 Las residencias de mayores, pese a la catástrofe que vivieron durante la pandemia en España y otros países europeos, siguen atrayendo a los fondos de capital privado y a los grandes inversores en busca de negocio. El último ejemplo lo protagoniza DomusVi, grupo claramente hegemónico en España y tercero más grande del sector en Europa, que acaba de cerrar una ampliación de capital por importe de 333 millones de euros.

La operación conlleva una “simplificación de la estructura accionarial”, según los documentos mercantiles de DomusVi consultados por infoLibre, que incluye la desaparición de las tres sociedades francesas donde tenían aparcadas sus acciones de DomusVi los principales directivos de la compañía, entre ellos la consejera delegada del grupo en España, Josefina Fernández Miguélez. Esas tres compañías –denominadas Mancare I SAS, Mancare II SAS y Mancare III SAS– serán  absorbidas por la matriz del grupo en Francia.

Las cifras que figuran en el proyecto de reordenación societaria de DomusVi son indicativas del enorme negocio que son para algunos las residencias de mayores. Los directivos agrupados en Mancare I SAS cuentan con acciones de DomusVi que les costaron 20.511.933 euros y ahora han sido valoradas en 85.493.002 euros. Ello supone un incremento del 316% en poco más de tres años, ya que la casi totalidad de las acciones fueron adquiridas por Mancare I SAS a finales de 2017 y la valoración actual se realizó en la primavera de este año.

De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia), Josefina Fernández Miguélez es la principal dueña de Mancare I SAS, con un 13,32% del capital. Las acciones de DomusVi le costaron 2,70 millones de euros y ahora han sido valoradas en 11,38 millones. 

infoLibre se puso en contacto con DomusVi para preguntar si las únicas acciones de la compañía que tiene Fernández Miguélez son las que controla a través de Mancare I SAS –o si también ha invertido a través de las otras dos sociedades de los directivos–, pero su portavoz declinó contestar. Tampoco quiso confirmar las cifras sobre la valoración inicial y actual de sus acciones.

DomusVi se ha convertido desde el estallido de la pandemia en uno de los símbolos de lo que funciona mal en el sector geriátrico español. Por dos razones al menos. Primero, por la enorme mortalidad registrada en sus residencias. En la primavera de 2020, DomusVi gestionaba 140 centros, que contaban con 18.700 plazas. Durante la primera ola fallecieron en sus geriátricos más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos oficiales conseguidos por infoLibre. En la segunda ola murieron otros 300 mayores hasta final de año. En total, en 2020 perdieron la vida más de 2.100 personas en residencias de DomusVi, una cifra claramente por encima en términos proporcionales al de plazas gestionadas en el conjunto de España.

La segunda razón fueron las polémicas declaraciones realizadas por Josefina Fernández Miguélez, a quien todo el mundo conoce como Chefi. La sede de DomusVi en España está en Vigo y a Chefi la citaron en una comisión sobre la pandemia en el Parlamento gallego. “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”, aseguró desafiante aquel 13 de noviembre de 2020, fecha en la que ya habían fallecido más de 2.000 personas en sus centros. Durante toda su intervención mostró una gran preocupación por los "costes" que supondría introducir determinadas mejoras en el sector residencial –por ejemplo que los mayores pudieran vivir en habitaciones individuales y no dobles como ahora– y hasta se permitió aleccionar a los diputados: "Sé perfectamente que cuando se deja andar la imaginación, en vez de avanzar sobre estudios muy serios de los servicios, de su organización y de su coste, y en vez de programar residencias reales se programan paraísos terrenales. Se recurre fácilmente a la idea de estatalizar el servicio, de crear consorcios de empresas públicas a costa de los presupuestos del Estado y se deja de hablar de costes para hablar sólo de derechos".

Hay que destacar, por otra parte, que la mayoría de ese dinero que ganan grupos como DomusVi procede en España de las arcas públicas. De los 140 geriátricos que explotaba el año pasado, apenas 15 contaban solo con plazas privadas, mientras que 35 eran de gestión indirecta –centros de titularidad pública que están privatizados– y 90 tenían algún tipo de concierto con la Administración.

Documento de Mancare I SAS donde consta que Josefina Fernández Miguélez es dueña del 13,32% de su capital.

La nueva estructura accionarial

En un comunicado de apenas diez líneas que colgó en su web el pasado 1 de julio, DomusVi anunciaba un plan estratégico hasta el año 2025 que incluye la “renovación” de la alianza con sus accionistas “históricos”. El texto se limita a señalar que el fundador del grupo Yves Journel “incrementa significativamente su participación”, que en el capital permanece el fondo ICG –que controlaba hasta ahora el 55% de las acciones– y que entra como nuevo inversor otro fondo, Mérieux Equity Partners. En el texto no se aportan cifras de inversión y tampoco se aclara cómo queda el nuevo reparto de capital. Ese mismo día, en declaraciones al periódico Les Echos, el presidente de DomusVi a nivel global, Sylvain Rabuel, aseguró que el grupo había logrado captar “varios cientos de millones de euros”.

Algo más de concreción aporta el nuevo fondo que entra en el accionariado, Mérieux Equity Partners, que cifró su inversión en 135 millones. O incluso alguna entidad asesora en la operación, que indicó que el dinero total captado ascendía a 333 millones. En todo caso, dada la escasa transparencia de DomusVi, resulta de momento imposible saber cómo queda exactamente el nuevo reparto de capital.

En julio de 2020, infoLibre desveló cuál era entonces la estructura societaria de DomusVi y cómo utilizaba dos sociedades en Luxemburgo para reducir al mínimo el pago de impuestos.

De la complejidad de la estructura da cuenta el siguiente hecho: entre la empresa que gestiona una de las 140 residencia en España y la sociedad última situada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey se interponen más de una veintena de firmas, en España, Francia y Luxemburgo. La matriz en España se llama Geriavi SLU, y tiene su sede en Vigo, mientras que la matriz operativa del grupo se encuentra en Francia y se denomina Kervita SAS.

En Kervita SAS es donde confluyen los tres grupos de accionistas que tenía hasta ahora DomusVi: el fondo de capital privado ICG –dueño del 55%–, la compañía francesa Société d'Investissements DVH (SIDVH), y los principales ejecutivos del grupo de residencias.

SIDVH es un vehículo de inversión controlado por Sagesse Retraite Santé (SRS), firma creada por el fundador del grupo DomusVi Yves Journel, pero en cuyo capital tenían hasta ahora la mayoría el banco público BPI France y el fondo soberano del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, Mubadala Investment Company.

En cuanto a las tres sociedades de los directivos, los documentos mercantiles relacionados con la reorganización del grupo muestran que en la actualidad disponen en total del 5,94% de las acciones de DomusVi: Mancare I SAS es dueña del 3,05%, Mancare II SAS posee el 0,48% y Mancare III dispone del 2,41%.

Estas tres compañías serán absorbidas de forma inmediata por Kervita SAS, de forma que Chefi y el resto de directivos pasarán a ser accionistas directos de esta sociedad. Pero eso es solo el primer paso porque, tal y como consta en el proyecto de absorción, está previsto que a su vez Kervita SAS aporte sus acciones de DomusVi a “una entidad de nueva creación”.

La portavoz de DomusVi en España tampoco respondió a las preguntas de este periódico sobre la nueva estructura accionarial, al alegar que “se trata de una operación liderada desde Francia”, pero sí destacó la importancia que la ampliación de capital tenía para el futuro del grupo: “Evidencia el reconocimiento de las competencias y la profesionalidad del equipo humano de DomusVi. Con esta operación, los accionistas históricos reafirman su plena confianza en DomusVi, en su gestión y en sus 40.000 empleados. Además, estos fondos permiten al grupo contar con los medios necesarios para acelerar su desarrollo y transformación a través de la implementación de nuestro plan estratégico Domus2025”.

El despacho Pérez-Lema Avogados e Consultores, que representa a familiares de usuarias de la residencia DomusVi de Aldán, en Cangas (Pontevedra), critica que las diligencias practicas "son insuficientes", como el requerimiento documental y dictamen médico-forense, después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra haya confirmado el sobreseimiento del procedimiento penal contra la empresa y dos ex altos cargos de la Consellería de Política Social de la Xunta, informa Europa Press.

La Sección Cuarta de la Audiencia dictó la pasada semana el archivo de un causa abierta a raíz de una querella presentada por las hijas de dos usuarias del centro de Cangas que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo.

Al respecto, el bufete de abogados censura que las diligencias "adolecen de incongruencias y sesgos que limitan su valor probatorio". Expone que no hallaron indicios de responsabilidad penal "porque no se permitió la identificación de los datos objetivos, pese a disponerse de pruebas para hacerlo".

Reprueba que "la documentación manejada respondía únicamente a los intereses de defensa de la residencia DomusVi Aldán y no evaluó el grado de cumplimiento de los protocolos sanitarios". Por ello, no descarta la toma en consideración de nuevas pruebas.

A modo de ejemplo, apunta a que la "única información manejada por el médico forense" fue el informe asistencial y el informe de alta hospitalaria, "sin que conste consulta del historial clínico" de una de las residentes. "Esto es: se evalúa a una persona muerta a través de documentos que no aportan información sobre lo acontecido en lo días previos al óbito y sobre los cuidados recibidos".

Asimismo, Pérez-Lema Avogados e Consultores se queja de que "no se permitió" evaluar las circunstancias concretas de cada caso, ni siquiera mediante la evaluación médica a una de sus defendidas, que no falleció. "La única certeza es que los fallecimientos no se habrían producido de preservar a las personas residentes del contagio del coronavirus", sostiene la acusación.

Las hijas de dos usuarias de la residencia DomusVi de Cangas (Pontevedra) que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo, han presentado recurso de apelación ante el archivo del procedimiento penal abierto contra la empresa y dos altos cargos de la Xunta.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas dictó un auto el pasado 25 de marzo por el que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa, dirigida contra la CEO de DomusVi en España, Josefina Fernández; contra la directora del centro, Laura Cancelo; y contra dos altos cargos de la Xunta: el entonces director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, y la jefa de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada, informa Europa Press.

En su escrito, el juez magistrado acordó el archivo de las actuaciones al entender que "no existen indicios fundados de responsabilidad penal", mientras que las querellantes les acusaban de delitos de lesiones, homicidio por imprudencia profesional y abandono de incapaces.

Ahora, las hijas de estas dos usuarias afectadas –una de ellas, fallecida– han decidido presentar un recurso de apelación que se basará en tres pilares: una "insuficiente actividad instructora" para hallar indicios de delito, las "irregularidades manifiestas" en los dictámenes técnicos y una "falta de motivación" del propio auto de sobreseimiento.

Vellez Digna critica las actuaciones realizadas  

Así lo explica la asociación canguesa Vellez Digna, compuesta por familiares de residentes de centros de tercera edad y que presta asistencia jurídica a las dos querellantes en este caso. En un comunicado remitido a los medios, la organización asegura que los abogados solicitarán "más pruebas" ante las "sucesivas denegaciones" de evidencias documentales y testificales propuestas.

De hecho, Vellez Digna llama la atención sobre el hecho de que, ante la "extensa solicitud de prueba que fue formalizada", únicamente se acordó "el requerimiento de documental a la residencia", que es "obviamente parcial", y la emisión de un dictamen médico-forense "plagado de irregularidades".

"Teniendo en cuenta que no se tomó declaración a ningún testigo, no se obtuvieron informes de los principales organismos y personal sanitario que intervino durante el período de confinamiento estricto en la residencia, y que tampoco se tomó declaración a los querellados, nos preguntamos en qué prueba de las practicadas se puede concluir que no se perpetraron los delitos denunciados", explica la asociación de familiares, que además considera que "de ningún modo" el juzgado impulsó una investigación "en profundidad" de los hechos.

Asimismo, Vellez Digna entiende que el juez de instrucción "está prejuzgando el asunto" cuando su labor "es identificar posibles indicios de comisión de los hechos delictuosos que se denuncian".

Por todo ello, los familiares dicen sentirse "boicoteados y maltratados" por el juzgado de instrucción, que los trata "con desigualdad" frente a las cuatro personas contra las que se dirigió la querella presentada ya en junio de 2020.

No ve "error" ni "negligencia" 

En el auto de sobreseimiento dictado el pasado 25 de marzo, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas explicaba que, a la vista de las pruebas practicadas –que los familiares consideran "insuficientes–, "no cabía otra decisión" que su archivo.

"Los informes médico forenses emitidos son claros y mantienen que la atención dada (...) se ajusta a la lex artis, según el cuadro clínico que presentaron, no encontrando ningún error o negligencia en la actuación de los sanitarios que la atendieron", concluía el escrito.

Eso sí, el auto añadía que con esta decisión judicial "no se mantiene que no haya existido responsabilidad alguna" por parte de los querellados, sino que "lo que se mantiene es que no existen indicios fundados de responsabilidad penal".

En las residencias de DomusVi fallecieron el año pasado más de 2.100 mayores tras desatarse la pandemia de coronavirus. Una hecatombe humanitaria que, paradójicamente, sirvió a la principal multinacional del sector en España para hacer caja. Y es que se multiplicaron los ingresos que obtuvo por su vía de negocio más desconocida: las comisiones que cobra a las funerarias por cada familia de un mayor fallecido que les contrata un servicio gracias a su intermediación.

El contrato más relevante es el que DomusVi tiene firmado con Mémora, que es a su vez la principal compañía de servicios funerarios de España. DomusVi viene actuando como comisionista por su labor comercial en favor de Mémora al menos desde octubre de 2015, cuando entró en vigor un “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías, al que ha tenido acceso infoLibre y que se reproduce al final de esta información.

En dicho contrato se establecía que DomusVi –entonces llamada Geriatros– recibiría una “aportación colaboracional” en contraprestación “a la comunicación realizada a los familiares” de los residentes fallecidos y “previo aviso” a Mémora informando sobre la defunción, siempre que terminasen “contratando algún servicio” con la funeraria. Esa “aportación colaboracional” variaba dependiendo de la localidad del geriátrico y de si los familiares contrataban a Mémora de forma directa o a través de una aseguradora, llegando a alcanzar los 700 euros por difunto.

En 2018 se firmó un nuevo acuerdo entre ambas compañías, que es el que está en vigor a día de hoy, que enmascara el pago de la comisión como una contraprestación que Mémora abona a cambio de “la cesión del uso del espacio” en las residencias de DomusVi "para atender a las familias en el asesoramiento y la contratación del servicio".

DomusVi gestionaba el año pasado 139 centros de mayores, que tenían en total cerca de 18.500 plazas. Es el único grupo residencial que cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas, aunque de forma muy desigual: la mayor implantación la tiene en Galicia (30 geriátricos), Madrid (17), Comunitat Valenciana (15) y Andalucía (14), mientras que en Canarias, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra sólo gestiona un centro. Su tamaño dobla ampliamente a los siguientes grupos más importantes –Orpea, Ballesol y Vitalia Home–, ninguno de los cuales superaba las 8.000 plazas en 2020.

Durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020, fallecieron 1.800 ancianos en las residencias de DomusVi. En términos proporcionales fue la segunda compañía con mayor impacto por el covid, sólo superada por Amavir entre los grandes grupos. Es decir, el porcentaje de decesos en sus geriátricos fue más alto que el porcentaje de plazas gestionadas. En otoño murieron otros 300 residentes en centros de DomusVi.

Mémora, por su parte, es el principal grupo de servicios funerarios en España. Gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias y en el resto tiene acuerdos de colaboración con cerca de 80 empresas, integradas en la red Memoranet.

Ambas compañías están controladas por fondos de inversión extranjeros. En el caso de DomusVi, el accionista principal es Intermediate Capital Group (ICG). Como desveló este periódico, ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco. Mémora es desde 2017 propiedad del Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), un fondo que administra las pensiones de los maestros de dicho estado canadiense.

El acuerdo de colaboración entre ambas empresas

Durante la primera ola de la pandemia, infoLibre recibió cientos de correos de familiares de residentes denunciando lo que estaba pasando en los geriátricos: desde la prohibición de trasladar a los hospitales a los ancianos que caían enfermos, como ocurrió sobre todo en Madrid y Cataluña, hasta la falta de información absoluta sobre el estado en que se encontraban los mayores. Algunos de esos mensajes contenían también quejas sobre el sospechoso interés mostrado por directoras de centros de DomusVi para que familiares de fallecidos contratasen los servicios de Mémora.

No era un interés altruista. DomusVi lleva al menos desde 2015 cobrando como comisionista por enviarle clientes al grupo funerario. El 1 de octubre de aquel año entró en vigor el “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías. DomusVi se llamaba entonces Geriatros –cambiaría de nombre tras adquirir Sarquavitae en 2017– y el contrato lo firmó su consejera delegada, Josefina Fernández Miguélez. Mémora pertenecía en aquel momento a otro fondo de inversión, 3i, que controlaba el capital de la empresa a través de una sociedad en Luxemburgo (Memora 2 Sàrl) y rubricó el acuerdo el director territorial, Pedro Herranz.

El contenido del contrato era muy simple: Geriatros se comprometía a comunicar a los familiares de los residentes de sus centros los datos de Mémora y, en contraprestación, se embolsaba una “aportación colaboracional” siempre que terminasen contratando al grupo funerario.

La cláusula tercera, denominada sin eufemismos “precio, plazo y forma de pago”, establecía dos tipos de tarifas: una cuando la familia contratase “los servicios de Mémora a través de una compañía aseguradora” y otra cuando lo hiciese “directamente”. Esta segunda era lógicamente más alta porque los ingresos eran mucho mayores para la funeraria. Un segundo factor influía en el precio: el lugar donde estuviese localizada la residencia. La cifra resultante oscilaba entre 250 y 700 euros en el caso de contratación directa, y entre 100 y 430 cuando se realizaba a través de una aseguradora. Los centros que cobraban mayor comisión eran los situados en Madrid, donde no bajaba de 670 euros en caso de acuerdo directo con el familiar.

Además de establecer la “no exclusividad” del acuerdo, en el contrato se dedicaban dos cláusulas a temas de protección de datos. Una de ellas designaba a Mémora como “encargado de tratamiento” de datos de carácter personal pertenecientes al “fichero propiedad de Geriatros”.

El acuerdo tenía inicialmente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, pero se fue renovando mediante anexos hasta 2018, cuando se firmó un nuevo acuerdo. El principal cambio es el esfuerzo por camuflar el objeto real del negocio. Si en el primer contrato se planteaba el pago de la comisión como una contraprestación a cambio de que DomusVi comunicase a la familia del fallecido “los datos de la empresa Mémora”, en el ahora vigente la cantidad se abona por la “cesión del espacio” en las residencias para que el personal de Mémora pueda atender a las familias “en el asesoramiento y la contratación del servicio”. Si tenemos en cuenta el precio que cobra DomusVi, el espacio cedido y el tiempo de cesión, sale un importe por metro cuadrado y día ciertamente astronómico, totalmente fuera del mercado de alquiler. Las cifras son propias del negocio que realmente se está realizando: el abono de una comisión por la tarea de promoción comercial que DomusVi realiza para Mémora.

La razón por la que se buscó enmascarar el pago de la comisión es la preocupación que generaba en ambas empresas que pudiera trascender el contenido del contrato. "El pago de una comisión seguro que no es ilegal, pero tampoco parece una práctica muy ética, sobre todo cuando se le oculta a los familiares. El daño reputacional si se conocía el contenido del acuerdo parecía garantizado", admiten fuentes conocedoras de la negociación llevada a cabo por los directivos de DomusVi y Mémora. En ese afán por ocultar su actuación se llegaron a plantear la utilización de las respectivas fundaciones que tienen ambas compañías, para canalizar a través de ellas los pagos, aunque la idea quedó finalmente aparcada.   

Las versiones oficiales

Este periódico trasladó a las dos empresas una serie de preguntas sobre la relación comercial que mantienen y sobre la posibilidad de que estuviesen incumpliendo la legislación sobre protección de datos.

La portavoz de DomusVi explicó el contenido del acuerdo en los siguientes términos: “DomusVi no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. Así, la familia y Memora se reúnen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora les presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora. DomusVi no toma parte en ese proceso”. Además, destaco el hecho de que el acuerdo no tenga carácter de exclusividad, “para garantizar la libertad de elección de los familiares”.

Mémora, por su parte, indicó que "la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes. De esta manera, se busca cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias del centro, preservar el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y los propios empleados, y garantizar una adecuada conservación del cadáver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin".

La portavoz de Mémora explicó que "el acuerdo del año 2015 fue una extensión del convenio de colaboración previamente existente entre ambos grupos, añadiendo una tarea de promoción comercial de Geriatros a Mémora”. En cuanto al contrato vigente, de 2018, consideró relevante “destacar que una de las cláusulas recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elección de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios. Y también que no existe exclusividad”.

Respecto a la cuestión de la no exclusividad, es cierto que tanto DomusVi como Mémora tienen firmados otros contratos con otras compañías, aunque el acuerdo entre ellas es sin duda el más relevante al ser los grupos líderes en sus respectivos sectores. En todo caso, que este tipo de acuerdos estén más o menos extendidos, no significa tampoco que todas las empresas de residencias exijan o acepten el cobro de comisiones por enviar clientes a las funerarias.

Por último, el grupo funerario indicó que "las cláusulas sobre protección de datos incluidas en el contrato son estándar, pero Mémora jamás accede a los datos de los familiares. No estamos ante un escenario de “cesión de datos” porque la información del difunto no está protegida y el objetivo del tratamiento es la recogida del difunto para el traslado a una instalación sanitario-mortuoria. Mémora no realiza ningún acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la familia".

Abogados expertos en la normativa sobre protección de datos, a quienes infoLibre pidió que analizaran el contrato de 2015, sostienen en cambio que se está “vistiendo de forma completamente indebida una cesión de datos no consentida como si fuera un encargo de tratamiento”. La clave de esa presunta irregularidad estaría en dos cláusulas: la segunda, que obliga a Geriatros a realizar un “previo aviso” a Mémora “comunicando la defunción” del residente, y la undécima, donde se define “un encargo de tratamiento de datos de Geriatros a Mémora”. Por definición, esto último equivale a admitir que “Geriatros permite a Mémora el acceso a datos personales”. Sin embargo, añaden los expertos, la figura del “encargo de tratamiento” no puede utilizarse para la prestación de servicios propios de un tercero (en este caso de Mémora), ya que en este supuesto lo que se produce en realidad es una “cesión de datos”. La diferencia es que el encargo de tratamiento no requiere el consentimiento previo de los usuarios (los familiares de los fallecidos) y la cesión de datos sí lo exige. Un consentimiento previo que en ningún caso se recababa.

Las dos empresas se negaron a contestar a las preguntas planteadas por este periódico sobre los términos económicos de su relación comercial. Entre las cuestiones que rechazan desvelar está la cantidad facturada por DomusVi en comisiones durante los años 2019 y 2020. Ese dato mostraría con claridad en qué medida se aprovechó el grupo de residencias de la hecatombe sufrida en sus residencias y que se saldó con 2.100 mayores fallecidos tras desatarse la pandemia.

La Agencia Tributaria tiene desde este miércoles una denuncia para que investigue la existencia de un posible fraude fiscal por parte de DomusVi, la multinacional que es líder del sector de las residencias en España. La denuncia la ha presentado REDE, una organización que agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de residencias de Galicia y que está presidida por Paulino Campos.

En concreto, REDE formuló denuncia contra la sociedad Geriavi, que tiene su sede en Vigo y es la matriz española de DomusVi. Este grupo explota 138 geriátricos en España y es el único que tiene implantación en todas las comunidades autónomas.

REDE pide a la Agencia Tributaria que abra diligencias de investigación a Geriavi al entender que “existen indicios de delitos contra la Hacienda Pública, al menos por la participación de esta entidad en un entramado internacional tendente, presuntamente, a eludir las normativas fiscales para obtener unos beneficios impropios”.

El relato de hechos de la denuncia se basa en tres informaciones publicadas por infoLibre, en las que se desvelaba la estructura de la trama societaria montada por DomusVi y las prácticas fiscales del grupo para evitar el pago del impuesto de sociedades y desviar los beneficios a una compañía creada en la isla de Jersey.

DomusVi es el principal grupo de residencias en España, el tercero en Francia y ha entrado con fuerza en Portugal y varios países de Latinoamérica. De acuerdo con sus datos, gestiona más de 400 geriátricos, atiende a más de 70.000 “residentes y clientes” y en 2018 facturó 1.370 millones de euros. Pese a estas cifras de negocio tan importantes, no paga ni un euro por impuesto de sociedades. Algo que consigue mediante prácticas de elusión fiscal diseñadas por su principal accionista, el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), y que se ejecutan desde dos compañías de Luxemburgo.

DomusVi recurre a una de las medidas más extendida entre las multinacionales para evitar el pago de impuestos: el endeudamiento. La compañía matriz del grupo en Francia –denominada Kervita– está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses desorbitados por los 640,5 millones que le han prestado. Desorbitados significa entre el 9,2 y el 11%, en dos operaciones de deuda firmadas en julio de 2017, cuando el tipo de interés de mercado no superaba el 4%.

Kervita es la empresa que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo. En concreto, consolida los resultados de más de 200 filiales, incluidas las 54 que tienen su sede en España. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas del grupo tributan como si fuesen una sola, de forma que los beneficios de unas empresas se compensan con las pérdidas de otras, reduciendo así la factura fiscal. Todas las compañías tienen sus cuentas, pero la única responsable del impuesto de sociedades es la empresa matriz que consolida las cuentas.

Como Kervita es la sociedad que tendría que pagar impuestos por los beneficios de todo el grupo, ICG le impone el pago de esos intereses desorbitados para llevarla a pérdidas. De hecho, entre julio de 2017 y marzo de 2019, Kervita abonó en intereses a las dos sociedades de Luxemburgo 105,5 millones de euros. Ello le permitió declarar pérdidas y, en consecuencia, no pagó cantidad alguna por el impuesto de sociedades, según las cuentas depositadas por Kervita en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia) consultadas por infoLibre. Y ello pese a facturar 1.370 millones de euros anuales.

Estamos ante una operativa financiera compleja, que utiliza una trama societaria de más de 20 empresas en cuatro países (España, Francia, Luxemburgo y Jersey), pero cuyo resultado es inequívoco: el traslado de beneficios a una sociedad en la isla de Jersey creada por los principales dueños de DomusVi, mediante operaciones de endeudamiento ejecutadas desde compañías de Luxemburgo que permiten no pagar impuestos por el negocio de residencias del grupo en España y Francia.

DomusVi aplica también en España las mismas prácticas de elusión fiscal para trasladar parte de sus beneficios a  la compañía de Jersey . El ejemplo más claro es la firma de un préstamo de 65 millones de euros entre la matriz del grupo en España –Geriavi– y su accionista único –la sociedad francesa Homevi– a un tipo de interés del 7,7%, en septiembre de 2015, lo que supone prácticamente el doble del precio de mercado en aquel momento. La legislación española obliga a realizar este tipo de operaciones entre sociedades vinculadas al valor de mercado.

¿Cuál era ese tipo de interés en 2015, cuando se firmó el crédito de 65 millones al 7,7%? La respuesta se puede encontrar incluso en las propias cuentas de Geriavi. Varias de sus filiales tenían a finales de 2015 deudas con entidades de crédito por un importe total de 55,3 millones de euros y el tipo de interés medio se situó en ese ejercicio “en el 3,92% aproximadamente”, según se indica literalmente en la memoria de la compañía. Al año siguiente ese porcentaje bajó ligeramente hasta el 3,88%.

La consejera delegada de Geriavi es Josefina Fernández Miguélez, que también es accionista minoritaria de DomusVi a través de una sociedad francesa denominada Mancare I.

REDE entiende que las informaciones de infoLibre “resultan especialmente esclarecedoras sobre la creación y el desarrollo de una estrutura de ingeniería financiera, en la que participa GeriaVi, que puede traducirse en una conducta ilícita con resultado de fraude fiscal o evasión de impuestos, al sobrevalorar conceptos deducíbles con el fin de reducir el pago de sus obligaciones tributarias respecto a lo que legalmente le correspondería”. El escrito de denuncia ante la Agencia Tributaria lo elaboró el despacho de abogados coruñés Pérez-Lema.

DomusVi es un grupo que vive esencialmente del dinero público. Como desveló este periódico en una anterior investigación, 82 Administraciones autonómicas, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional.

En algunos de sus geriátricos se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia y, aunque se desconoce la cifra total de fallecidos por la opacidad de varios Gobiernos autonómicos y de la propia empresa, los datos que sí han trascendido son escalofriantes. En sus centros de Madrid fallecieron 419 mayores con covid-19 o con síntomas compatibles, en los de Cataluña 145, en Baleares 36 y en Andalucía 33. En total, 633 mayores muertos en las cuatro autonomías cuyos datos oficiales ha desvelado infoLibre.

En otras comunidades también han trascendido hechos impactantes, por ejemplo en Galicia o la Comunidad Valenciana, pero las cifras totales se desconocen.

"las personas mayores como mercancia"

En declaraciones a este periódico, Paulino Campos explica las razones de la denuncia presentada en la Agencia Tributaria por parte de la organización que preside: "El vasto entramado societario de la multinacional DomusVi, que dio a conocer infoLibre a finales de julio, tiene todos los visos de operar con herramientas financieras ilegales por lo menos desde hace cinco años, eludiendo el pago de impuestos en España, violando las leyes, lo que sitúa presuntamente al emporio franco-británico en el universo del delito continuado por fraude fiscal o evasión de impuestos. Por ello vemos la necesidad ineludible de denunciar a la matriz española, Geriavi, ante la Agencia Tributaria, el organismo competente para determinar si DomusVi efectivamente está vulnerando las leyes".

Paulino Campos asegura que "de ser así, de enfrentarnos ante la delincuencia financiera organizada que utiliza a las personas mayores y dependientes como mera mercancía, un hecho gravísimo e intolerable, solicitaremos de las Administraciones españolas correspondientes que se le retire a DomusVi la autorización y acreditación de sus centros de servicios sociales".

La denuncia ante la Agencia Tributaria no es la única acción que piensa emprender REDE tras desvelarse la trama societaria y las prácticas fiscales de Domusvi: "La próxima semana presentaremos también ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) otra denuncia contra Geriavi y DomusVi, y sus principales accionistas, en la suposición de la comisión de delitos contemplados en el Código Penal, derivados del funcionamiento fraudulento de una red estratégica de más de 20 sociedades controlada desde paraísos fiscales, incompatible con las leyes internacionales y españolas vigentes y con las normas que vigilan los acuerdos o conciertos con la Administración pública". 

Más allá de las cuestiones legales, Paulino Campos denuncia por último que las actuaciones de DomusVi chocan "con la ética exigible a todo aquel operador habilitado para la prestación de servicios a un cuerpo fundamental de la sociedad, vulnerable e indefenso, como es el de las personas mayores y dependientes, que viene sufriendo durante los últimos años un menoscabo evidente de la dignidad, deterioro que ha derivado en un holocausto atroz durante la infame gestión de la pandemia en las residencias españolas y que ha llevado a miles de ancianos a la tumba, muchos de ellos ingresados en los centros del emporio DomusVi".

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Puedes leer aquí las tres informaciones en las que se basa la denuncia de REDE ante la Agencia Tributaria:

– DomusVi desvía a Jersey parte de lo que gana en España con 138 residencias que viven sobre todo del dinero público

– DomusVi utiliza dos sociedades en Luxemburgo para no pagar impuestos por sus residencias de España y Francia

– DomusVi en España también ejecuta prácticas fiscales irregulares y presenta cuentas con pérdidas

Los datos se corresponden con los decesos producidos durante marzo y abril y fueron facilitados este martes por la Comunidad de Madrid a un periodista de infoLibre, que los solicitó a principios de mayo acogiéndose a la Ley de Transparencia. Esos dos fueron los meses críticos de la pandemia en Madrid. En mayo y junio la cifra de decesos atribuidos al covid-19 se incrementó unicamente en 189, hasta situarse en 5.984. Es decir, el 96,9% de las muertes ocurrieron en los dos primeros meses de pandemia. Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), es la comunidad donde más residentes perdieron la vida: el 30% de los registrados en toda España. 

En marzo y abril fallecieron en total 9.470 personas que vivían en las residencias madrileñas. De acuerdo con los registros oficiales, 1.118 tenían covid-19, 4.677 mostraban síntomas compatibles con el virus y otras 3.675 murieron por otras causas. Por tanto, el 61,2% (5.795) habrían perdido la vida por la pandemia y el 38,8% restante por otras causas.

Aunque el sistema de recogida de información era lógicamente idéntico para todos, el análisis de los datos muestra que algunos geriátricos fueron más laxos que otros a la hora de atribuir la causa del fallecimiento al virus. Los ejemplos más llamativos son los siguientes: el centro de Ballesol en Mirasierra registró 20 decesos y no atribuyó ni uno solo al virus; el de Orpea en Pinto sufrió 19 muertes y adjudicó una al Covid-19, y el de Albertia en San Sebastián de los Reyes padeció 41 fallecimientos y consideró que sólo 11 los había provocado la pandemia.

A continuación se reproduce el listado íntegro con el número de decesos desglosados por residencias y se analiza en detalle cómo afectó la pandemia a los principales grupos.

Gestión pública vs. gestión privada 

En la Comunidad de Madrid están registradas 475 residencias, de las que 472 estaban operativas durante los meses de marzo y abril. El sector está profundamente privatizado: sólo hay 27 centros de titularidad y gestión pública –25 a cargo de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y dos municipales–, mientras que los 445 geriátricos restantes están en manos privadas. Por tanto, sólo el 5,7% de las residencias tienen gestión pública. Este porcentaje se duplica si analizamos el número de plazas autorizadas porque parte de los centros que gestiona la AMAS tienen gran capacidad: el Doctor González Bueno es el más grande con 604 camas y hay otros seis con más de 400. El resultado es que hay 45.962 plazas de gestión privada (el 87,9% del total) y 6.330 de gestión pública (12,1%).

Pues bien, en cuanto al número de decesos durante la pandemia, 644 se produjeron en residencias de gestión pública (11,1% del total) y 5.151 en las privadas (88,9%). En términos globales, aunque la diferencia no es muy grande, son menos malos los datos de los geriátricos públicos.

La AMAS tiene a su cargo 6.258 camas y en sus centros perdieron la vida 644 personas. Es decir, uno de cada diez residentes. El virus azotó con fuerza especial a siete centros, todos ellos con más de 40 víctimas y que están entre los treinta con peores cifras (Doctor González Bueno, Reina Sofía, Francisco de Vitoria, Adolfo Suárez, Nuestra Señora del Carmen, Gran Residencia y Arganda del Rey). Todos menos el Adolfo Suárez tienen más de 400 plazas, un dato más para la reflexión sobre la conveniencia de tener macroinstalaciones de este tipo, que se han mostrado especialmente vulnerables cuando entra en ella un virus letal como el covid-19.

En 10 geriátricos madrileños se registraron 60 o más fallecimientos durante la pandemia y en otros 28 la cifra de residentes muertos se situó entre 40 y 59. Esta luctuosa lista la encabeza el centro de Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 mayores muertos por el virus o con síntomas compatibles.

En el lado contrario se sitúan los 131 centros que no atribuyeron ninguna muerte al covid-19 (el 27,7% del total). Es probable que la cifra real sea algo inferior, a la vista de casos como el comentado de Ballesol Mirasierra, aunque se trata de una excepción ya que sólo en cinco de los 131 perdieron la vida seis o más residentes.

Los datos de los grandes grupos

La inmensa mayoría de esas residencias sin víctimas no pertenecen a la docena de grandes grupos que tienen cada vez mayor influencia en el sector residencial madrileño. Esos 12 grupos cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total). Y en sus instalaciones perdieron la vida 2.989 personas, lo que equivale al 51,8% del total de decesos. Un porcentaje claramente superior al de camas gestionadas.

El principal grupo privado es Orpea, que cuenta con 23 geriátricos y 4.023 plazas. En marzo y abril fallecieron 544 de sus residentes, un porcentaje del 13,5% respecto al total de camas. En 15 de sus instalaciones hubo 20 o más víctimas, lo que da una idea de lo extendido que estuvo el virus en sus centros.

Amavir tiene 21 residencias y registró 516 decesos, un 14,8% en relación con las 3.483 camas que gestiona en la Comunidad. En 12 de sus instalaciones se registraron 20 o más muertes.

DomusVi es el tercer principal operador de la Comunidad de Madrid con 17 residencias y 2.692 plazas gestionadas. Su ratio de fallecimientos es aún peor que los de Orpea y Amavir: se sitúa en el 15,6% puesto que 419 mayores perdieron la vida a causa del virus durante los dos meses críticos de la pandemia.

A continuación en número de camas se sitúan Sanitas y Ballesol. El primero tiene 19 geriátricos y 2.538 plazas, mientras que el segundo cuenta con 13 centros y 2.474 camas. Los dos han padecido el mismo porcentaje de fallecimientos en relación con los residentes: un 8,8%. Una cifra por debajo del resto de grandes grupos. Hay que hacer no obstante la salvedad de que Sanitas es también con diferencia quien atribuyó menos fallecimientos en sus intalaciones al covid-19 en comparación con otras causas: consideró que sólo 224 de los 462 decesos totales registrados en sus instalaciones se debieron a la pandemia (un 48,5%). En el caso de Ballesol ese porcentaje es mucho más alto (el 58,5%), aunque cuenta con el llamativo ejemplo de Mirasierra, donde asegura que ninguno de los 20 fallecimientos se debió al virus. En total, murieron 217 residentes en centros de Ballesol.

Tres grupos que operan exclusiva o mayoritariamente en Madrid se sitúan a continuación en número de camas gestionadas: Los Nogales (2.278), Albertia (1.002) y Casablanca (979). Los Nogales es dueño de la segunda residencia con más víctimas de toda la región, la que tiene en Hortaleza con 80 decesos, y en total contabilizó 284 muertes en sus instalaciones. Un porcentaje del 12,5%.

Albertia es, junto a Sanitas y Ballesol, el único de los doce principales grupos cuya ratio de fallecimientos en relación con las plazas de sus centros se sitúa por debajo del 10%. En concreto, en el 9,8, después de que perdieran la vida 98 residentes de sus seis residencias.

Mucho más malas son las cifras de Casablanca, que registró 166 muertes en sus ocho geriátricos. El porcentaje de fallecimientos en relación con las plazas es del 17,0%, el segundo peor de las doce empresa analizadas.

Mensajeros de la Paz, Vitalia Home y Aralia gestionan menos de mil plazas, pero sus cifras en términos comparativos son muy malas. La ratio entre residentes fallecidos y camas gestionadas se eleva al 17,6% en el caso de Mensajeros de la Paz (970 plazas y 171 decesos); al 16,8% en Aralia (778 plazas y 131 muertos), y al 16,4% en Vitalia Home (827 plazas y 136 fallecidos).

Cierra el grupo de grandes empresas Caser, que dispone de 621 plazas autorizadas en sus tres centros. En ellos perdieron la vida 83 personas, lo que equivale a un 13,4% de los residentes.

Todos los demás operadores de la región gestionan menos de 500 plazas. El más conocido es Clece, que cuenta con 403 plazas en cuatro residencias, donde murieron 28 personas. Una ratio del 6,9%, más baja que la de todos los demás grupos analizados.

Quizás sea la edad, el calor o las secuelas psicológicas del confinamiento, pero lo cierto es que uno entra en esta extrañísima fase vacacional con la sensación de que la mochila no resiste una sola carga más. Demasiados debates estériles, demasiados bulos dañinos, demasiadas muertes que aún no tocaban, demasiada soberbia en la disputa política… Sobran motivos para pensar que no hemos aprendido lo suficiente de la primera temporada de esta serie de terror denominada covid-19.

Me explico (o al menos lo intento):

1.- El Consejo Europeo ha firmado un acuerdo que supone la mayor apuesta jamás realizada por la UE en términos de cohesión, solidaridad y garantías de futuro. Lo ha hecho en defensa propia, después de que las medidas austericidas impuestas desde 2008 por la ideología neoliberal dominante multiplicaran la desigualdad y situaran el proyecto de Europa al borde del abismo. Pero en lugar de poner en valor lo conseguido y el esfuerzo realizado (ver aquí), el debate público ha seguido girando en España alrededor de una falacia absoluta: si ese acuerdo obliga o no al Gobierno a no tocar una coma de las reformas laboral y de pensiones decretadas por el Gobierno Rajoy (ver aquí). No hay una sola mención (ni podría haberla) a tal cosa en las 67 páginas del acuerdo (ver aquí). Pero no importa. Convertir la hipérbole en costumbre supone que a nadie extraña el insólito hecho de que el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, sostenga en la misma declaración que el pacto europeo es “un rescate en toda regla” y lo defienda a la vez como “un buen acuerdo” cuyo logro debemos precisamente a los esfuerzos del Partido Popular (ver aquí).

2.- Se empieza manipulando el lenguaje y se termina imponiendo una ideología como si se tratara de una ciencia exacta. Del mismo modo que disfrazaron en su día el mayor fracaso del capitalismo financiero como una especie de exceso irresponsable (de otros) que había que corregir con “austeridad”, se trataba ahora de confrontar a los llamados “frugales” con los eternos “golfos” del sur. Menos mal que Ángela Merkel ya no se presenta a elecciones. Menos mal que Macron ha sufrido ya serios avisos de tarjeta roja. Menos mal que Sánchez, Conte y Costa han sumado fuerzas para advertir que el proyecto social de Europa naufragaría si de nuevo se hipotecaba a varias generaciones para pagar una deuda imposible e injusta. Menos mal que el aliento de un populismo ultranacionalista y xenófobo se siente en la nuca de partidos sistémicos en todo el continente. Es cierto que la crisis del covid no tiene comparación con ninguna otra anterior, pero también conviene admitir que las políticas neoliberales han demostrado su absoluto fracaso a la hora de evitar el hundimiento. O nos salvamos todos o aquí no se salva ni dios, que diría Blas de Otero.

3.- Solemos cargar la responsabilidad de la desinformación y los bulos en las redes sociales y en ciertos políticos e improbables periodistas que las utilizan para difundir medias verdades o solemnes mentiras con el objetivo de manipular a la ciudadanía en beneficio de intereses concretos. Hay mucho de eso. Pero denunciamos poco lo que a mi juicio hace tanto o más daño a la calidad democrática: el empeño de los grandes emporios de la información en colocar como ejes de debate público asuntos completamente ajenos a la realidad, mientras minimizan o directamente ocultan cuestiones decisivas para el interés de la ciudadanía y para una convivencia sana. ¿Cómo es posible que sigamos discutiendo sobre si un gobierno progresista elegido en las urnas puede o no derogar los “aspectos más lesivos” de una reforma laboral que ha disparado la precariedad en el empleo? ¿Cómo es posible que admitamos que la única forma de garantizar las pensiones públicas sea la que vienen promoviendo los fondos privados desde hace más de tres décadas sin lograr ninguna mejoría en las previsiones sino todo lo contrario? ¿Cómo es posible que no sea permanente y prioritaria la exigencia de datos a todas las administraciones sobre los refuerzos prometidos en el sistema sanitario y sobre esa “reserva estratégica” que nos garantice una protección suficiente ante una segunda oleada que quizás esté mucho más cerca de lo previsto? (ver aquí)

4.- Durante tres meses asistimos día tras día a la denuncia de una “dictadura constitucional” que pretendía “cambiar el régimen” mediante un estado de alarma que atropellaba “derechos fundamentales” e “impedía” a las comunidades autónomas aplicar las medidas más eficaces para superar la crisis del covid. Concluyó el estado de alarma y ahora afrontamos la multiplicación de brotes de contagio y la opacidad sobre el número de rastreadores y sobre los refuerzos de la sanidad pública comprometidos para poner fin al confinamiento y retomar la actividad económica. Pablo Casado, Santiago Abascal y toda su tropa mediática, quienes tachaban de autoritarismo y de posible “negligencia criminal” a Sánchez, a Illa o a Fernando Simón, les acusan ahora de “lavarse las manos” (ver aquí).

5.- Para lograr una democracia sana es tan importante un gobierno sólido como una oposición eficaz. Los errores y lagunas de un Ejecutivo no se corrigen desde el griterío de una alternativa tramposa. Y errores claro que hay. Cuesta entender que desde el Ministerio de Sanidad se haya reconocido que no todas las comunidades autónomas le aportan los datos que se les piden sin concretar de inmediato a qué autonomías se refiere y qué datos ocultan. Cuesta entender que se nos diga que el número de rastreadores y los refuerzos en la atención primaria son claves para evitar rebrotes del covid y a la vez se admita que algunas comunidades no tienen suficientes rastreadores ni han reforzado los centros de salud como convendría. Si esto es así, el Gobierno no sólo tiene la obligación de denunciarlo sino también la de plantear a través del Consejo Interterritorial de Sanidad o de la Conferencia de Presidentes medidas urgentes y necesarias para no poner en riesgo de nuevo el sistema sanitario. No basta con culpar al ocio nocturno o a la panda de irresponsables que juegan con su vida y con la nuestra.

6.- El tiempo irá colocando a cada cual en su lugar. Quienes hacen imposible un acuerdo amplio en el Congreso sobre los planes de reconstrucción tendrán que explicar por qué es aquí tan difícil el consenso político mientras en la UE se ha logrado y mientras empresarios, sindicatos y Gobierno siguen pactando medidas de alivio que salvan empresas y empleos. En las próximas semanas y meses veremos si esa “geometría variable” con la que Sánchez está obligado a gobernar permite elaborar unos Presupuestos capaces de dar estabilidad a una legislatura convulsa desde antes de aparecer el coronavirus. Empeñarse en intentar negociar a la vez con el PP y los independentistas, con Ciudadanos y el PNV, puede ser un ejercicio rentable en términos de comunicación, pero probablemente estéril a la hora de lograr la suma parlamentaria imprescindible. El acuerdo europeo frustra definitivamente la aspiración del PP de tumbar el gobierno de coalición en mitad de la pandemia: habrá dinero (mucho, aunque hará falta seguramente más) para financiar los efectos primeros de esta hecatombe. Es hora de que se hable menos de falacias y mucho más de cómo concretar la verdadera (y positiva) condicionalidad de esos fondos: que se inviertan en economía verde, en energías limpias, en digitalización, en investigación, en educación… Que los proyectos financiados abran horizontes de empleo digno a esas generaciones jóvenes que ya no soportan más másteres ni más precariedad.

7.- Reconozco un último hartazgo personal que viene de lejos. Cada vez que escucho la letanía de la necesidad de “reformas” me echo mano a la delgadísima cartera. Son ya demasiados años observando cómo el eufemismo disfrazaba puros recortes de lo público, verdaderos hachazos a los derechos colectivos, nuevas vueltas de tuerca a la desigualdad. Y sería del género bobo de solemnidad aceptar que los trileros continuaran con el mismo juego al tiempo que exigen a gritos que el Estado les salve de los daños económicos provocados por un virus. Es hora de ejecutar de una santa vez otras “reformas” siempre aparcadas, despachadas como “socialcomunistas” con esa prepotencia de dueños del cortijo a la que nos tienen tan mal acostumbrados. Un solo y muy concreto ejemplo: el mayor grupo propietario de residencias de mayores en España, DomusVi, utiliza dos sociedades en Luxemburgo para no pagar impuestos sobre sus ingresos en España y Francia. Lo viene documentando estos días nuestro compañero Manuel Rico en infoLibre, y se resume en un par de cifras: DomusVi no paga un solo euro por impuesto de sociedades pese a facturar 1.370 millones al año (ver aquí). Todo indica que este emporio, en cuyos geriátricos se han producido centenares de muertes durante la pandemia, comete múltiples irregularidades para desviar lo que gana (sobre todo aprovechando el dinero público que recibe de 82 administraciones españolas) hasta una sociedad opaca en la isla de Jersey. ¿A qué esperamos para abrir una investigación oficial y, una vez comprobadas las irregularidades, retirar hasta el último euro público a esta gente y exigirles lo que no han pagado? No es la única empresa que utiliza la ingeniería fiscal para eludir impuestos. Pero no estaría mal empezar a poner pie en pared con quienes han convertido los cuidados en un negocio puramente especulativo.

Lo reconozco. Anda uno con las baterías muy bajas para seguir resistiendo los sermones de los llamados “frugales”, de ese primer ministro holandés que no se cansa de poner condiciones sobre los fondos contra los efectos de la pandemia mientras se pasa por el arco del triunfo una de las “recomendaciones” que el propio Consejo Europeo le ha dado sobre la necesidad de reformar “la normativa fiscal del país”. Mientras recetan austeridades al sur, Holanda y Luxemburgo facilitan a miles de empresas una gigantesca elusión fiscal que drena nuestras arcas públicas (ver aquí). Frugales no, jetas.

La multinacional DomusVi es la principal empresa del sector de las residencias de mayores en España y la tercera de Europa. En julio de 2017, se convirtió en su accionista mayoritario el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), que ha creado una tupida red societaria para articular la compra de DomusVi y reducir al mínimo su factura fiscal mientras se mantenga como su principal propietario. Una red que pasa por Luxemburgo y termina en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco donde tiene su domicilio la sociedad última de la trama, ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.

infoLibre ha analizado documentos de los Registros Mercantiles de España, Francia, Luxemburgo y Jersey para trazar la línea que une a la empresa local dueña de una residencia en España con la sociedad última de control en Jersey. O lo que es lo mismo: para seguir el rastro del dinero, desde que ingresa en la compañía que gestiona uno de los geriátricos de DomusVi hasta que llega a su destino final en la sociedad de Jersey. Esa trama societaria está compuesta por más de 20 empresas, tal y como se muestra en el gráfico que acompaña a esta información.

La existencia de ese entramado de empresas, la mayoría sin empleados y creadas por motivos exclusivamente financieros, lleva a una conclusión obvia: parte del dinero que DomusVi gana en España termina en Jersey, un territorio fiscalmente opaco y donde la tasa del impuesto de sociedades es del 0%, según los datos de la OCDE.

El principal cliente de DomusVi en España es la Administración pública. Como desveló infoLibre en una anterior investigación, 82 Gobiernos autonómicos, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional. Lo hacen por dos vías: adjudicándole la gestión de residencias o concertando plazas. En el primer caso, conocido como “gestión indirecta”, un centro mantiene la titularidad pública pero es gestionado de forma privada por la empresa que recibe la concesión. En el segundo, la Administración compra una plaza en la residencia, paga una cantidad de dinero a cambio de poder enviar al geriátrico a una persona que tenga derecho a recibir atención por su dependencia. La parte más importante de los ingresos de DomusVi –al igual que de los demás grandes grupos del sector– procede de la Administración por una de esas dos vías. El resto de los ingresos los obtiene al comercializar las plazas que no concierta, es decir, las que explota directamente de forma privada, vendiendo el servicio residencial a los ciudadanos que lo puedan pagar.

En definitiva: el dinero público es la principal fuente de ingresos de DomusVi y parte de las ganancias que obtiene la multinacional en España terminan en Jersey, en una compañía con unos inversores cuya identidad se desconoce, porque quien da la cara ante el Registro Mercantil de la isla situada en el Canal de la Mancha es el fondo de inversión ICG.

DomusVi cuenta en España con 138 residencias y cerca de 20.000 camas, que representan el 70% de la facturación del grupo. El resto lo aportan otros servicios, desde la atención domiciliaria de mayores a los centros de salud mental. En 2017, la división residencial del grupo facturó 355 millones de euros y en 2019 tenía previsto superar los 437 millones, un incremento del 23% en los dos años bajo el control del fondo ICG. El grupo en su conjunto, que tiene también gran fortaleza en Francia, alcanzó en 2018 una cifra de negocio de 1.370 millones de euros.

En algunos de los geriátricos de DomusVi se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia. El primer reportaje de investigación de este periódico sobre las residencias, publicado el 8 de abril, se centraba precisamente en lo ocurrido en ocho de sus geriátricos, donde habían fallecido más de 150 personas en las primeras semanas de azote del virus.

Tres meses y medio después sigue siendo imposible conocer la cifra exacta de fallecimientos en las residencias de España porque hay nueve gobiernos autonómicos –entre ellos los de las cuatro comunidades con más muertes en geriátricos: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha– que se niegan a ofrecer esa información desglosada por centros. Así que un periodista de infoLibre ha pedido la información a los 17 Ejecutivos autonómicos acogiéndose a la Ley de Transparencia. Entre los que ya han contestado está Cataluña, donde DomusVi explota diez residencias, en las que fallecieron 145 personas con covid-19 o con síntomas compatibles en marzo y abril. En Andalucía gestiona 13 geriátricos, en los que perdieron la vida 33 mayores durante esos dos meses. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno autonómico ha planteado la posibilidad de revertir una concesión a DomusVi en Alcoi (Alicante), donde los familiares aseguran que hubo 73 víctimas.

A continuación, infoLibre desgrana la estructura societaria de DomusVi que va desde cualquiera de las 138 residencias de España a la sociedad ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership en Jersey. Una red que recorre cuatro países y que gráficamente se resume así:

La estructura societaria de la multinacional de residencias DomusVi, que termina en una sociedad domiciliada en la isla de Jersey.

La trama societaria en España

La sociedad matriz del grupo DomusVi en España se llama Geriavi, fue creada en julio de 2015 y tiene su sede en Vigo. La consejera delegada es Josefina Fernández Miguélez, que se ha mantenido al frente del grupo mientras crecía por medio de fusiones y su propiedad iba cambiando de fondo de inversión en fondo de inversión.

"Los fondos entendieron siempre que no hay pelotazos en geriatría", declaraba en octubre de 2017, el mismo día que se completaban las transacciones accionariales por las que el fondo Pai Partners le vendía su 55,5% de capital en el grupo DomusVi al fondo ICG. Cuando PAI Partners compró la empresa en septiembre de 2014 fue valorada en 639 millones de euros y cuando cerró su venta en julio de 2017 se tasó en 2.364 millones. En otras palabras: PAI Partners pagó 354 millones por su 55,5% del capital y se embolsó 1.312 millones con su venta. Al parecer, ganar en menos de tres años 958 millones no es un "pelotazo" para Josefina Fernández.

A finales de 2019, Geriavi contaba con 58 filiales. De ellas, 53 están en España, cuatro en Portugal y una en Chile. Esas filiales son las que se encargan de gestionar las residencias concretas. A veces una compañía lleva un solo geriátrico, mientras que en otras ocasiones se encarga de la explotación de varios centros. Las participadas más importantes son Quavitae Servicios Asistenciales y Geriatros.

Fuera de España, la inversión más relevante es la del Grupo Acalis, con sede en Chile y que además de en ese país tiene centros también en Uruguay y Colombia. En una reciente entrevista, Fernández explicaba que en Latinoamérica tienen que construir centros de lujo por el tipo de cliente al que se dirigen: “Los adultos mayores, como les llaman allí, que van a una residencia en Chile están acostumbrados a vivir en su casa con dos o tres asistentes".

Geriavi tiene el 100% del capital de todas sus filiales, salvo de Grupo Acalis, del que a finales de 2019 poseía el 41%.

Geriavi es una sociedad anónima unipersonal (SAU), es decir, que tiene un único accionista. Se trata de una compañía francesa denominada HomeVi SAS. De esta forma, la trama societaria de DomusVi hace un primer cruce de frontera, aunque no será el último.

La compañía con sede en Vigo presenta sus cuentas consolidadas en Francia y no en España. Los grupos empresariales tienen la obligación de consolidar sus cuentas, es decir, recoger en un mismo balance los datos financieros de todas las sociedades que están bajo su control. El objetivo es que se pueda conocer mejor cuál es la situación económica de dicho grupo. A la hora de pagar impuestos puede ser una ventaja porque los beneficios de las sociedades que ganan dinero se compensan con las pérdidas de aquellas compañías que van mal, reduciendo así la factura fiscal del conjunto del grupo.

“Las cuentas anuales consolidadas del grupo DomusVi serán depositadas en el Registro Mercantil de Francia a través de Kervita SAS”, explica Geriavi en la documentación que presenta en el Registro Mercantil de Pontevedra. Toca analizar, por tanto, la estructura del grupo en Francia.

Documento de Geriavi SAU, donde indica quién es su accionista único y quién su sociedad dominante en Francia.

La trama societaria en Francia

DomusVi tiene cuatro sociedades en Francia, en una estructura piramidal en la que cada compañía tiene el 100% de su filial. En la base está HomeVi SAS, cuyo accionista único es Casavita SAS; el accionista único de Casavita SAS es Finvita SAS, y el accionista único de Finvita SAS es Kervita SAS, que es por tanto quien está en la cúspide y es la sociedad dominante que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo.

SAS son las iniciales de société par actions simplifiée, un tipo de sociedad de la que no existe en España una forma jurídica equivalente, aunque estaría a medio camino entre la sociedad anónima y la limitada. Tiene una gran flexibilidad en su funcionamiento y organización, que se establecen básicamente en sus estatutos y no en el Código de Comercio, por lo que es el tipo societario preferido por los grandes grupos para sus filiales.

HomeVi SAS es la primera empresa de DomusVi en su estructura gala. Es la dueña directa del 100% del capital de la española Geriavi, de la gala DomusVi SAS –la empresa que cumple en Francia la misma función que Geriavi en España– y de la alemana DomusVi GmbH.

En sus cuentas, HomeVi le otorga a su filial francesa un valor contable de 502 millones de euros, a Geriavi de 232 millones y a la participada alemana de 100.000 euros.

Documento de HomeVi donde se relacionan sus tres filiales directas, entre ellas la española Geriavi.

Casavita SAS es la segunda empresa del entramado en Francia. Es la accionista única de HomeVi. Antes de que el fondo de inversión ICG se hiciera con el control de DomusVi, Casavita era la sociedad que presentaba las cuentas consolidadas de la multinacional ante la Hacienda francesa, incluidas las de sus filiales directas e indirectas en España. Así lo hizo en el ejercicio 2017.

Documento de HomeVi donde se indica que su accionista único es Casavita.

La pirámide continúa hacia arriba con Finvita SAS, que tiene el cien por cien de las acciones de Casavita. Es la compañía que utilizó el fondo PAI Partners para el control accionarial del grupo, durante los tres años en los que fue el dueño de la mayoría de su capital. Su única función es la de intermediaria en la estructura, como demuestra el hecho de que en los últimos tres años haya declarado que el importe de su cifra de negocios es de cero euros. En cambio, su capital social asciende a 643,4 millones de euros.

Documento de Casavita donde se indica que su accionista único es Finvita.

Cuando se produjo la venta a ICG, este fondo decidió engordar la estructura en Francia con una nueva compañía y creó Kervita SAS. Mediante una serie de transmisiones cruzadas de acciones entre las diferentes empresas, ejecutadas en julio y octubre de 2017, se estableció la configuración actual con Kervita como sociedad dominante.

Documento de Casavita donde se indica que su accionista único es Kervita.

En Kervita es donde se juntan los tres grupos de accionistas que tiene DomusVI: el fondo británico ICG, que controla el 55,5% del capital; la compañía francesa Société d'Investissements DVH SAS (SIDVH), que en marzo de 2019 declaraba tener el 33,8%, y los principales ejecutivos del grupo de residencias, que tenían en ese momento el 10,7%, aunque esta cifra pudo variar desde entonces ya que existían contratos que otorgaban a los directivos la posibilidad de vender sus acciones a ICG y SIDVH.

El rastro del dinero puesto por ICG lleva al segundo cruce de frontera, puesto que sus acciones en Kervita las tiene a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo que se llama Topvita Investment Sàrl (iniciales de société à responsabilité limitée, equivalente a una SL en España).

Los directivos del grupo DomusVi, por su parte, entraron en el capital de Kervita a través de otras tres sociedades montadas en Francia: Mancare I SAS, Mancare II SAS y Mancare III SAS. En la primera de ellas, de acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro de Nanterre correspondientes a 2018, la principal accionista era Josefina Fernández Miguélez, la consejera delegada de Geriavi que declara que no existen los "pelotazos en geriatría".

A finales de 2018, Josefina Fernández Miguélez tenía el 13,32% del capital de Mancare I. infoLibre le preguntó el pasado jueves a la portavoz del grupo en España si mantenía ese mismo porcentaje en la actualidad y si tenía también participación en Mancare II y Mancare III. En una muestra más de falta de transparencia, Fernández Miguélez se negó a responder a esas y a todas las demás preguntas de este periódico. Una opacidad que Geriavi y su consejera delegada aplican de forma generalizada, no sólo a la hora de hablar sobre sus intereses económicos, sino también sobre asuntos mucho más graves como el número de fallecidos en sus residencias durante la pandemia. Y ello a pesar de que, como se indicó con anterioridad, la expansión de DomusVi en España y el enriquecimiento de su consejera delegada se debe en buena medida al dinero público que recibe la compañía de las Administraciones públicas.

La compañía luxemburguesa Topvita Investment también declaraba una participación minoritaria en las tres sociedades creadas por los directivos del grupo.

Documento de Topvita Investments donde declara las acciones que tenía en marzo de 2019 en Kervita, Mancare I, Mancare II y Mancare III.

El tercer elemento en el accionariado de Kervita, y por tanto de todo el grupo DomusVi, es la compañía francesa SIDVH. Esta sociedad estaba controlada por Sagesse Retraite Santé (SRS), creada por Yves Journel, el fundador del grupo DomusVi en Francia en 1983. Sin embargo, en la operación de venta a ICG de la multinacional de residencias, SIDVH tuvo que realizar una ampliación de capital en la que SRS pasó a ser un socio minoritario con el 21,3% del capital. Con la mayoría se hicieron CDC International Capital (ahora BPI France) y Mubadala Investment Company, a través de un fondo específico surgido de la alianza de ambos denominado FEF.

BPI France es un banco público francés mientras que Mubadala Investment Company es un fondo soberano del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. En España, Mubadala es el principal accionista de Cepsa. 

En otras palabras: la mayoría de las ganancias de los geriátricos que DomusVi tiene en España terminan en una compañía de Jersey, pero una pequeña parte de ese dinero viaja hacia un fondo del régimen de Abu Dabi.

La trama societaria en Luxemburgo

La compra de la mayoría del capital de DomusVi por parte de ICG en 2017 se articuló a través de un fondo denominado ICG Europe Fund VI, que recaudó 2.500 millones de euros entre inversores, mientras que la matriz de ICG –Intermediate Capital Group plc– aportó otros 500 millones. ¿Y quienes son los que ponen dinero en este tipo de fondos de inversión? Pues por una parte los llamados inversores institucionales –aseguradoras, bancos, fondos de pensiones– y por otra las conocidas como family offices, las sociedades que utilizan los multimillonarios para sacar el máximo rendimiento a su dinero. 

El funcionamiento de los fondos de private equity –que invierten en compañías no cotizadas– es habitualmente el siguiente: una vez recaudado el dinero tienen una serie de años –el máximo suelen ser cinco– para entrar en diferentes empresas y otros tantos para desinvertir y salir del accionariado con las mayores plusvalías posibles. Los gestores del fondo cobran un porcentaje fijo por su trabajo –lo normal es el 2% del dinero bajo su gestión– y otro variable en caso de que el beneficio obtenido en la operación rebase una cierta barrera. Lo habitual es que el primer 8% de las ganancias se reparta exclusivamente entre los inversores y, a partir de esa cantidad, los gestores del fondo tienen derecho a un 20% de los beneficios que se repartan.

Por tanto, hay dos ideas básicas: cuando ICG entra en DomusVi –o cualquier fondo de private equity en una empresa– lo hace ya con un horizonte temporal de salida y su objetivo esencial es obtener unos beneficios que superen claramente el 8% de lo invertido, porque a partir de esa barrera se multiplican las ganancias del propio fondo. Una de las actuaciones esenciales para lograr ese objetivo es montar unas complicadas estructuras societarias en territorios de baja o nula tributación fiscal. Por ponerle cifras al tema: en el caso de ICG Europe Fund VI, los gestores del fondo crearon seis sociedades en Luxemburgo y diez en Jersey. A ello hay que sumarle las compañías específicas constituidas para cada operación concreta. 

En el caso de la adquisición de DomusVi, la empresa clave es Topvita Investment Sàrl, que como hemos visto es la que tiene el 55,5% de las acciones de la compañía francsesa Kervita. Una segunda compañía en Luxemburgo es Topvita Financing Sàrl, que como su nombre indica tiene como objetivo primordial ayudar a la financiación de la operación.

Ambas compañías fueron creadas el mismo día –2 de marzo de 2017– y tienen los mismos accionistas, según lo declarado en el Registro Mercantil de Luxemburgo. Son otras cinco empresas que se reparten el capital de la siguiente forma: el 48,11% es de ICG Europe Fund VI Investment Sàrl; el 39,75% de Topvita Coinvestment I SCSp; el 6,35% de Intermediate Capital Group plc; el 5,74% de Topvita Coinvestment II SCS y el 0,05% de ICG Europe Fund VI Lux Co-invest SCS.

Algunas de estas empresas tienen a su vez como accionistas a otras compañías –la mayoría también de Luxemburgo–, pero como se indica en el documento que abre esta información, la sociedad última de control es ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership, cuya sede está en la isla de Jersey.

La trama societaria en Jersey

Luxemburgo es un lugar atractivo para los fondos por sus bajos impuestos –hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales centros de operaciones en Europa de private equity–, mientras que Jersey añade al tema fiscal –no se paga impuesto de sociedades– otra ventaja para ciertos inversores: la opacidad. Es prácticamente imposible conocer quiénes son los accionistas de una compañía con sede en la isla del Canal de la Mancha.

La sociedad que está en la cúpula de la trama societaria de DomusVi es una "limited partnership", un tipo de asociación del Derecho británico que es la utilizada habitualmente por los fondos de private equity. Está compuesta por un "general partner", que designa el propio fondo y que se encarga de la gestión, y los "limited partners", que son los inversores que ponen el dinero y cuya responsabilidad se limita al capital invertido. El general partner es quien decide dónde invierte, aunque puede tener determinadas limitaciones que le han puesto los inversores; por ejemplo, no invertir en determinada zona geográfica o en cierto tipo de industrias.

En determinadas ocasiones, se produce una inversión conjunta (co-investment) y a veces el propio fondo también compromete parte de su capital. Es lo que ocurrió con el ICG Europe Fund VI, donde el fondo británico además de encargarse de la gestión, invirtió 500 de los 3.000 millones recaudados (el 16,67% del total a través de Intermediate Capital Group plc). Tal y como consta en su último informe de cuentas anuales, "la sede principal del negocio" de dicho fondo está en Jersey.

La limited partnership que controla finalmente ese 55,5% del grupo DomusVi se llama ICG Europe Fund VI (No 1) y como general partner actúa otra compañía de Jersey denominada ICG Europe Fund VI GP Limited. Allí es donde terminan la mayor parte de las ganancias que generan 138 residencias en España, que viven básicamente del dinero público que reciben de 82 Administraciones autonómicas y locales. Lo que se desconoce es la identidad de los beneficiados. El resto de las ganancias acaban en los bolsillos de algunos directivos del grupo, entre ellos Josefina Fernández Miguélez, y en las arcas de un banco público francés (BPI France), un fondo del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (Mubadala) y un multimillonario galo (Yves Journel).

Inscripción en el Registro de Jersey de la sociedad que está en la cúspide de la trama societaria de Domusvi: ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.