Un informe inicial de la Guardia Civil no cierra ninguna línea de investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos. Sin embargo, ve la rotura del carril o la soldadura como las principales posibilidades.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se entregó en el juzgado de Montoro (Córdoba), que investiga el suceso, el pasado 5 de febrero y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero.

Concreta que el accidente se produjo exactamente a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el término municipal de Adamuz entre las 19:43:37 y las 19:43:41 del 18 de enero y en dirección Madrid.

Pone de manifiesto que las cámaras de seguridad de Adif permiten conocer la hora del impacto pero "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión".

Además, se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora.

El informe analiza las distintas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y no descarta de forma definitiva ninguna de las hipótesis analizadas.

La primera de las investigaciones se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto". Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó.

La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Un accidente por una conducción negligente o imprudente es otra de las hipótesis analizadas y en este supuesto "se investigan a los dos maquinistas implicados en el accidente" cuya actuación pudo influir en el siniestro.

El informe hace referencia a que el maquinista del Alvia falleció en el accidente y a falta de los informes toxicológicos "nada indica a priori" una "actuación anómala". En el caso del maquinista del Iryo tanto las pruebas de alcoholemia como las toxicológicas resultaron negativas.

El informe apunta a otra hipótesis que denomina de "otras causas" en la que se alude a un "sabotaje" o actuación "terrorista", a una falta de prevención, a otra falta de mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra, por lo que se ha pedido informes de laboratorio sobre si hay capacidad técnica para determinar "la presencia de trazas mecánicas" que indiquen el "uso de alguna herramienta para el corte" o la presencia de "sustancias explosivas o corrosivas".

Recoge que "actualmente no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo" para lo que es "imprescindible" aspectos como la designación de peritos judiciales para valorar la documentación o la autorización para "la práctica de los análisis relativos a las soldaduras o rieles pendientes de llevarse a cabo".

También falta el estudio de la documentación solicitada que en parte aún no ha recibido la Guardia Civil.

El accidente tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Aldamuz (Córdoba) ha provocado al menos 40 víctimas mortales y un centenar de heridos este pasado domingo. El siniestro, ocurrido a las 19:45 horas, ha sacudido al país y ya es el segundo accidente ferroviario más grave del siglo, por detrás de la tragedia ocurrida en 2013 en Angrois (Santiago de Compostela). La reacción institucional ha sido inmediata, y tanto PSOE como PP recalcan la importancia de la "cooperación" en estos momentos.

Mientras sigue aumentando el número de fallecidos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado a "la interacción entre la vía y el tren" como posible causa del descarrilamiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado desde el lugar donde se ha producido la tragedia que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro. Además, se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de los dos trenes.

Ante las consecuencias del accidente, ha anunciado que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial a partir de la medianoche del lunes, hasta el jueves a la medianoche, tiempo durante el que la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha agradecido este lunes la "inmensa humanidad" de los vecinos de Adamuz y ha asegurado que Andalucía es "un ejemplo de solidaridad".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, al igual que Sánchez, ha destacado la cooperación y lealtad que está habiendo entre administraciones, y ha destacado especialmente el papel del Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación de Córdoba y el Gobierno central.

También ha agradecido la labor del personal de emergencia y la ayuda de los vecinos de Adamuz haciendo gala de una solidaridad que, ha dicho, define al pueblo de Andalucía. "Quedan muchas horas de trabajo y muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y mucho más rápido", ha añadido antes de reiterar el apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su deseo de que nunca más ocurra una tragedia como esta.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" de las causas del accidente porque, según ha recalcado desde la zona del siniestro, "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".

Feijóo ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente y ha asegurado que ha quedado acreditado que "cuando tiene un gran problema, España se une" y es "un gran país".

"Es el momento del consuelo y del acompañamiento. Ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones, que seguro que desde el día de ayer están en marcha", ha señalado.

Según ha explicado, él personalmente ha revivido la catástrofe ferroviaria de Angrois, ocurrida en 2013 cuando él presidía la Xunta de Galicia. Murieron 80 personas y resultaron heridas 140. "No lo olvidaré jamás y por tanto sé que lo que ustedes han visto ayer por la noche y durante el día de hoy no lo olvidarán nunca. Y estas cosas le acompañan a uno en su biografía personal y en su biografía política", ha asegurado a los vecinos y profesionales que han colaborado en las tareas de rescate.

Mientras, Vox ha exigido una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria y ha denunciado el uso del silencio para eludir responsabilidades. Así lo ha demandado el portavoz del partido, José Antonio Fúster, el único que ha mantenido después del siniestro la habitual comparecencia ante los medios de los lunes.

Fúster ha trasladado las condolencias de su partido a las víctimas y ha enviado un mensaje de aliento y apoyo a quienes participan en las labores de emergencia. Pero ha incidido en que "hoy es el día" de comenzar a hacer preguntas y exigir responsabilidades, porque "desde hace años, por desgracia, se ha venido advirtiendo el deterioro sin precedentes de todas las infraestructuras públicas".

Los reyes han expresado este lunes su consternación y preocupación por esta tragedia ferroviaria. Viajarán previsiblemente este martes a la zona del accidente. "En cuanto terminemos [en referencia a su asistencia al funeral de la hermana de la reina Sofía], lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.

El rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados. Por su parte, la reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas".

Fuera de nuestras fronteras, mandatarios de todo el mundo han compartido su pésame y solidaridad a España. Jefes de Estado, de Gobierno o ministros de Brasil, Cuba, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Mónaco, India, Pakistán, Ucrania, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Grecia o Israel, entre otros, han ido trasladando sus condolencias a través de comunicados o de mensajes en redes sociales desde la tarde del domingo.

También el Parlamento Europeo guardó este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. "Hay familias en duelo y una nación conmocionada. Toda Europa llora con España. En nombre de este Parlamento, enviamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con los afectados", dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

"Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor", añadió en castellano Metsola, que pidió al hemiciclo recordar unidos a "todos los fallecidos y a aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas" por el accidente.

Las banderas española y europea frente a las sedes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo (Francia) ondearán a media asta. Así lo anunciaron respectivamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que conversó este lunes con Sánchez, y la portavoz jefe de la Eurocámara, Delphine Colard.

Además, los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea expresaron en la madrugada del lunes que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".

El accidente provocado tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad este domingo en Adamuz (Córdoba), se ha cobrado al menos 41 víctimas mortales y un centenar de heridos. Este es ya el segundo accidente ferroviario más grave del siglo, por detrás de la tragedia ocurrida en 2013 en Angrois (Santiago de Compostela).

Talgo ha confirmado este lunes que ha decidido iniciar negociaciones con el grupo industrial Sidenor a fin de analizar una posible transacción que podría implicar la adquisición de un porcentaje significativo del capital social del fabricante ferroviario o de su totalidad. El consejo de administración de Talgo velará en todo momento por los intereses de la sociedad y de sus accionistas, según ha remarcado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE.

Talgo ha decidido empezar con dichas conversaciones tras evaluar la propuesta presentada por Sidenor y ha añadido que conforme avance el proceso de negociación informará puntualmente al mercado de cualquier hecho relevante que deba ser comunicado.

La posibilidad de que el grupo industrial vasco Sidenor adquiera una participación relevante del fabricante de trenes Talgo ha recibido el respaldo de los inversores y de los gobiernos central y vasco.

El pasado 16 de octubre Sidenor anunció su intención de entrar en la compañía, ya sea comprando una parte o, incluso, haciéndose con la totalidad de la firma. El dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga y el Gobierno Vasco estaban dispuestos a aportar fondos para comprar el 30% de Talgo al fondo Trilantic.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por su parte, ha señalado que la entrada en el capital de Talgo de una empresa industrial solvente y nacional puede ser una solución viable a largo plazo y dar estabilidad a su accionariado.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha dicho que el Gobierno autonómico apoya la intención de Sidenor de entrar en el capital de Talgo si se mantiene su arraigo en Euskadi y se impulsa el empleo. El lehendakari, Imanol Pradales, ya dijo hace escasas fechas que si se encontraba un socio industrial podrían acompañarle en la entrada en la firma de ferrocarriles.

En cuanto a los sindicatos, CCOO ha subrayado que cualquier operación sobre Talgo debe llevar asociado un plan industrial que garantice la fabricación y los pedidos actuales del fabricante de trenes español.

Por su parte, UGT FICA ha valorado la posible entrada del grupo Sidenor en el fabricante ferroviario, una operación que, a su juicio, puede dotar de estabilidad laboral a los trabajadores y promover inversiones a medio y largo plazo, aunque ha reclamado un plan de inversiones y de garantías y crecimiento del empleo, de condiciones laborales y de futuro de la compañía.

En agosto, el Ejecutivo rechazó la opa presentada por el grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo alegando riesgos "insalvables" para la protección de los intereses estratégicos de España. En el marco de todo este proceso, en julio Talgo confirmó que había recibido también una propuesta del grupo checo Skoda Transportation que comprendía una combinación de negocios y de integración industrial.

Talgo dispone de dos plantas de producción y varios centros de mantenimiento en España. La mayor fábrica de trenes la tiene en Rivabellosa (Álava) y cuenta con 700 trabajadores, mientras que la otra se ubica en el municipio madrileño de Las Rozas, con 500 empleados.

Con todos estos movimientos, las acciones de Talgo cerraron el viernes en 3,82 euros (-0,39 %, se han devaluado en bolsa cerca del 13% en lo que va de año).

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

Amancio Ortega y su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet y Juan Roig Alfonso se mantienen un año más como las cinco grandes fortunas españolas, sumando un total de 102.700 millones de euros de patrimonio, el 48% del total del ránking de la lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes España y recoge Europa Press. En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2023 asciende a los 196.130 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% más que el pasado año.

Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, mantiene su liderazgo en este ranking, tras aumentar un 53% su riqueza en comparación con 2022, y suma un patrimonio de 81.800 millones de euros, equivalente a más del doble que el sumatorio del resto de fortunas que componen el top 10.

Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna crece hasta los 7.100 millones de euros, cifra que contrasta con la que amasa la actual presidenta de Inditex, Marta Ortega, con 80 millones de euros, que se queda fuera del top 100.

Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, cierra el top 3 con una fortuna valorada en 5.900 millones de euros, mientras que Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, asciende hasta la cuarta posición con 4.000 millones de euros, mientras que el presidente de Mercadona, Juan Roig, se sitúa quinto con 3.900 millones de euros.

En esta edición, Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales y segundo máximo accionista de Unicaja Banco, ha visto duplicada su fortuna hasta los 3.500 millones de euros, lo que le ha permitido ascender de la decimoséptima a la sexta posición, mientras que Leopoldo del Pino, accionista de Ferrovial y con un capital de 2.700 millones de euros, sube del decimocuarto puesto al noveno.

De esta forma, completan el top-10 de fortunas españolas, los empresarios Daniel Maté, que se sitúa en la sexta plaza con 2.900 millones de euros; Juan Abelló (2.900 millones de euros) y el presidente de Mango, Isak Andic, que cierra en el puesto décimo con una fortuna de 2.700 millones de euros.

Por su parte, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que el pasado año ocupó el puesto 42, no aparece este año en este ranking por la penalización que ha recibido Acciona por parte de los inversores.

Por otro lado, este año figuran hasta 33 mujeres en la lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes, lo que supone una caída del 20% con respecto al año pasado, donde se estuvo a punto de rozar la equidad, con 59 ellos y 41 ellas.

De nuevo, Sandra Ortega sigue siendo la mujer más rica de España, aunque en esta ocasión es la única que consigue estar en el top 10 con un segundo puesto, mientras que María del Pino y Alicia Koplowitz, ambas con un patrimonio de 2.500 millones de euros, se sitúan en el puesto duodécimo y decimotercero, respectivamente.

Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roig, se sitúa en el puesto decimoquinto con 2.200 millones de euros, mientras que la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, ocupa el decimosexto con 2.000 millones de euros.

La riqueza total de las mujeres españolas roza los 47.000 millones de euros. Una cifra que es un 75,7% inferior que la de los 100 hombres más ricos que acumulan 193.813 millones de euros.

Por comunidades autónomas, el 57% de las grandes fortunas españolas tributan en Madrid o en Cataluña, que se reparten en 28 para la capital española y 29 para Cataluña.

Así, Madrid acumula una riqueza de 38.548 millones de euros, mientras que el territorio catalán, que cuenta con más multimillonarios en el ranking, amasa una de 26.102 millones de euros, un 48% menos, mientras que Galicia se queda en la tercera plaza con nueve grandes patrimonios, mientras que en el cuarto puesto empatan la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con siete fortunas cada una.

Además de grandes empresarios y accionistas, en el ránking de Forbes también hay hueco para el mundo de la pintura o la música. Así, Carmen Thyssen-Bornemisza figura en la vigesimocuarta posición de las fortunas más importantes de España con 1.400 millones de euros, mientras que el cantante Julio Iglesias cede nueve puestos con una fortuna valorada en 750 millones de euros, hasta ocupar el número 49.

A pesar de no figurar entre los 100 españoles con mayor fortuna, el tenista manacorí Rafael Nadal cuenta con un capital de 297 millones de euros, lo que le convierte en el más rico de las Islas Baleares, mientras que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso ocupa la segunda posición asturiana con un patrimonio de 270 millones de euros y el futbolista Andrés Iniesta se cuela en el sexto puesto de la comunidad manchega con una riqueza de 100 millones de euros.

Ferrovial espera que su cotización simultánea en tres países a la vez (España, Países Bajos y Estados Unidos) se mantenga en el medio plazo, aunque ha abierto la puerta a dejar de cotizar en alguno de esos mercados, informa Europa Press.

En una conferencia con analistas, el director financiero de la compañía, Ernesto López, ha admitido que la evolución de su negocio en Estados Unidos hará que este país domine su cotización futura en bolsa.

A las preguntas de una analista financiera respecto a si es realista que Ferrovial cotice en tres mercados a la vez, López ha defendido que sí lo es, al menos en el medio plazo.

Sin embargo, posteriormente ha explicado que sus activos en Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, aportarán unas mayores expectativas a su negocio, por lo que se espera que en el lazo plazo Estados Unidos domine al resto de plazas en las que cotiza.

"La cuestión es que cuando se observan los resultados y la generación de efectivo que proporcionarán nuestros activos estadounidenses y los negocios canadienses, las expectativas apuntan a que en 10 años Estados Unidos dominará con razón. Así que eso dictará lo que hagamos. Así que a medio plazo sí es natural tener las tres. Pero en el largo plazo, la de Estados Unidos debería dominar", ha declarado.

A la pregunta de otro analista sobre si hay algún riesgo de que el Gobierno español intente evitar esa exclusión de bolsa, el directivo ha asegurado que, según los asesores legales de la compañía, no habrá ninguno.

La junta general de accionistas aprobó este jueves por mayoría absoluta el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. Ninguno de los únicos cuatro accionistas que tomaron la palabra expresó el menor reparo a la fusión transfronteriza que el grupo constructor quiere cerrar antes de que acabe este año. Aun así, hubo un 6,7% de los inversores que votaron en contra de la operación. Asistieron, en persona o a través de representantes un total de 2.696 accionistas, el 77,7% del capital social, que aprobaron igualmente todos y cada uno de 13 puntos del orden del día, entre ellos las cuentas de 2022, la reelección de cinco miembros del consejo de administración y las retribuciones de ese órgano de gobierno.

Antes de la votación, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, había desglosado los principales logros de su empresa en 2022, subrayando la importancia y valor de su negocio internacional, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. De hecho, presentó la polémica operación como “parte del desarrollo natural” de Ferrovial. Pero con mucho cuidado también de seguir enarbolando la bandera. “Ferrovial no se va de España”, subrayó, “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”.

A continuación, Del Pino destacó los 282 millones de euros en que cifró la contribución fiscal de su empresa en España el pasado ejercicio. También el efecto “arrastre” que los proyectos internacionales de Ferrovial tienen sobre empresas pequeñas y medianas españolas. Según dijo, 1.000 proveedores trabajan fuera de España gracias a contratos con Ferrovial y 50 ingenierías han conseguido 500 millones de euros en encargos, la mitad de ellos en Estados Unidos. La operación, por tanto, es “la mejor contribución a la sociedad donde estamos presentes, creando empleo y riqueza a nuestro alrededor”, aseguró.

Las apelaciones directas al patriotismo vinieron de la mano de uno de los accionistas que intervino en la junta, Valentín de Torres-Solanot del Pino, exconsejero de una filial de Pharmamar y primo de Rafael del Pino. “De patriotas es sentar las bases para mantener y mejorar el dividendo, de patriotas es permitir a los trabajadores que ensanchen su experiencia laboral interactuando con otras culturas, llevando el nombre de España por todo el mundo”, proclamó el accionista, para quien no hay “nada más patriótico que encabezar un proyecto en un entorno ferozmente competitivo” como hace Ferrovial.

En contestación a las críticas del Gobierno a la mudanza, Rafael del Pino reiteró que la “reorganización societaria” anunciada el pasado 28 de febrero “persigue objetivos económicos sólidos” y carece de motivos fiscales. “Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes”, adelantó el presidente, por lo que, según reclamó, debería permitírsele a la constructora acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones. La Ley del Impuesto de Sociedades exime de tributar a las empresas por las plusvalías que genera una reorganización como la planteada por Ferrovial: la fusión por absorción de la matriz Ferrovial SA, con sede en España, por la filial Ferrovial Internacional SE (FISE), que tiene su domicilio en Países Bajos.

Perder esa ventaja fiscal es el principal riesgo al que se enfrenta la empresa. Menos por las declaraciones de los ministros en los últimos días y horas que por el hecho de que la Agencia Tributaria ya ha advertido de que comprobará “cuando corresponda” si existen motivos económicos “válidos” que justifiquen el traslado. Su directora general, Soledad Fernández, explicó que se trata de investigaciones “que duran un año o dos, muy largas y costosas”. También negó que haya recibido indicaciones al respecto del ministerio [de Hacienda] o del Gobierno. En el caso de que la Agencia Tributaria considerara que los motivos esgrimidos por Ferrovial no son económicos sino sólo fiscales, la compañía perdería el derecho a las exenciones antes citadas y la factura de la mudanza se dispararía.

Al responder a los accionistas, Del Pino expresó su confianza en que el Gobierno “respetará la soberanía de la junta general, porque también confía en la “seguridad jurídica española y europea”. Precisamente fue la falta de seguridad jurídica uno de los motivos alegados por la constructora para trasladarse a Países Bajos, preferidos por su “solidez financiera y estabilidad”, explicaba Ferrovial en el documento donde presentaba el proyecto de fusión.

Y fue en esa alusión donde primero contraatacó el Gobierno cuando la empresa anunció su marcha. “Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles”, reaccionó la vicepresidenta Nadia Calviño, quien puso en duda “la sustancia de los argumentos” de la empresa para trasladar su sede fuera de España. Uno de ellos es la imposibilidad de cotizar con sus acciones en las bolsas de EEUU sin intermediarios. La CNMV y BME, el operador de las bolsas españolas, han elaborado un informe en el que descartan la existencia de “obstáculos legales, normativos o de operativa” para hacerlo. Por su parte, Ferrovial aduce que no existen precedentes de empresas españolas que hayan utilizado los mecanismos existentes para cotizar directamente en Estados Unidos.

Después llegó el cruce epistolar público entre el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. Mientras el primero le recordaba al segundo que no hay ninguna diferencia entre el procedimiento español para cotizar en EEUU y el que tiene el resto de los países europeos, el segundo destacaba los “interrogantes técnicos y operativos” del mecanismo español, frente a la “alternativa expedita y bien conocida” que, a su juicio, representa la doble cotización desde los Países Bajos. Del Pino abundó en estos reparos cuando aseguró ante los accionistas que la vía holandesa permitirá a Ferrovial cotizar en EEUU “en un plazo breve”, porque hacerlo directamente desde España “no es fácil ni inmediato”. “A día de hoy es un camino de plazo y ejecución inciertos”, concluyó.

Nada más conocerse el resultado de votación en la junta, el Gobierno se ha limitado a transmitir su “respeto” por la decisión de los accionistas y a resaltar los 34.178 millones de euros de inversión extranjera que España atrajo en 2022, “el segundo mejor año de la historia”.

El resto de los argumentos de Ferrovial para cambiar Madrid por Ámsterdam fueron resumidos por Rafael del Pino en la junta: dotarse de una estructura societaria adaptada a la realidad de sus negocios, mejorar sus condiciones de financiación y acercarse a los inversores internacionales, sobre todo a los estadounidenses.

Por ese motivo, tanto Del Pino como Ignacio Madridejos destacaron una y otra vez ante los accionistas los logros internacionales de Ferrovial, con especial mención de EEUU y Canadá. El 90% del valor del capital del grupo procede de su actividad internacional, el 90% de sus inversores institucionales son entidades internacionales y el 75% del valor de la empresa procede de activos situados en América del Norte, presumió el presidente. El 40% de la facturación de Ferrovial viene de Estados Unidos y Canadá, aseguró luego el consejero delegado, y sólo el 15% de España. De los 728 millones del resultado bruto de explotación conseguido en 2022, 400 millones proceden de EEUU y Canadá, por sólo 113 de España. Del Pino también citó los 13.068 millones de su cartera de construcción, el “máximo histórico”. De ellos, el 83% es internacional, y el 51% de los nuevos contratos se consiguió en América del Norte. Además, el aumento del tráfico, tanto aéreo como de carretera, tras el fin de los confinamientos por el covid ha disparado los resultados de los aeropuertos y autopistas que el grupo gestiona en EEUU –Texas, Virginia, Carolina del Norte–, Canadá –Toronto–, Reino Unido –Heathrow– y Turquía –Dalaman–. Es en esos mercados donde Ferrovial tiene ahora también la intención de concentrar sus inversiones. Por ejemplo, acaba de convertirse en el socio de referencia de la empresa que remodelará la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York.

En la junta intervinieron los responsables de la Federación Mundial de Inversores, Jean Pierre Paelinck, y de Better Finance, una asociación de accionistas minoritarios europeos, Christian Gülich. Paelinck mostró su “preocupación” por los “ataques” a Ferrovial por el “mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de establecimiento”, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE. No dudó en tildar esos ataques de “excesivos, improcedentes y al borde de la legalidad”. Gülich también acudió en defensa de la libertad de establecimiento y de que este tipo de decisiones las tomen “los accionistas y no las instancias políticas”.

Otro accionista más se preocupó exclusivamente del uso del castellano tanto en la Oficina del Accionista como en las futuras juntas generales cuando Ferrovial se mude a Países Bajos. Y obtuvo el “compromiso” explícito de Rafael del Pino de que habrá traducción simultánea al castellano en las juntas, que se celebrarán en inglés. Además, habrá un teléfono gratuito para los accionistas también en castellano.

Cuando se publique el acuerdo de la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), empezará a contar el plazo de un mes con el que cuentan los accionistas contrarios al traslado para vender sus títulos. Que la empresa pagará a razón de 26,075 euros la acción. Basta con que el 2,56% de ellos ejerzan lo que se conoce como derecho de separación y se supere el límite de 500 millones de euros en compensación que ha fijado el grupo, para que la operación se anule. En teoría. Porque Ferrovial también se ha reservado el derecho de cambiar esta condición suspensiva. Será difícil, por tanto, que la mudanza se frustre. De hecho, como adelantó Cinco Días, Del Pino ya ha situado en Ferrovial International SE Sucursal en España a uno de sus hijos, Ignacio, como representante legal permanente. Ignacio del Pino Fernández-Fontecha era hasta ahora director financiero de Ferrovial SA. Por el contrario, el hermano del presidente, Leopoldo, que posee el 4,15% del capital del grupo y suele oponerse en el consejo a las propuestas de Rafael, anunció en su día su voto contrario al traslado. El mayor accionista de Ferrovial es el propio Rafael del Pino, con un 20,4%, seguido de su hermana María con un 8,2%. Los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%– son otros grandes inversores. De ellos, sólo TCI había anunciado su voto favorable. El Fondo Soberano de Noruega, que tiene un 1,5% del capital, primero avanzó su rechazo a la mudanza y después dio su sí. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. 

Las acciones de Ferrovial han ganado este jueves un 0,92% en la Bolsa española. Durante la junta de accionistas, Del Pino presumió de que, desde el anuncio de la fusión, los títulos de su empresa se han revalorizado un 3,35%, muy por encima del 1,23% que ha mejorado el resto del Íbex 35.

“Eso con Feijóo no pasará”. Palabra de Elías Bendodo. ¿El qué? La marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Génova 13 ha desplegado una ofensiva para desgastar a Pedro Sánchez durante estos días con la decisión de la empresa de trasladar su sede fuera y cotizar en EEUU, intentando vincularlo como consecuencia de algunas críticas a empresarios por parte de la coalición.

La derecha política, mediática y económica se pasó meses prediciendo un apocalipsis económico, una profunda crisis y una recesión. Pero la economía española es de las que mejor está resistiendo en la UE los convulsos tiempos de guerra de Ucrania y se cerró el año pasado con un crecimiento incluso superior al previsto por el Gobierno (un 5,5% del PIB en 2022). Y ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de revisar al alza su previsión para España para este año, con un 1,5%, convirtiéndose en la economía que liderará este incremento del producto interior en la eurozona.

En el PP no esperaban este escenario económico. En la dirección nacional vaticinaban que esos augurios negativos terminarían achicharrando a Pedro Sánchez durante este ciclo electoral y que el maltrecho bolsillo de los ciudadanos se convertiría en un feroz voto contra la coalición. Pero no ha sucedido y el Partido Popular se ha encontrado con que ha naufragado su estrategia. 

Por eso, ante las buenas cifras de ocupación o de crecimiento, el PP se agarra a Ferrovial para atacar por el flanco económico al Gobierno, y no perder ese estandarte electoral. Siempre se habían presentado como los mejores gestores, y ahora, en cambio, el PSOE gana enteros en este terreno. Por lo tanto, en los discursos de estos días de los conservadores se encuentran continuas referencias a Ferrovial. Sin entrar en críticas a la empresa y con la idea utilizada durante toda la legislatura: Pedro Sánchez es el culpable de todo.

El número tres del PP, Elías Bendodo, se encargó de desplegar las críticas este miércoles, a escasas horas de que la junta de accionistas de Ferrovial apruebe de manera mayoritaria el cambio de sede a los Países Bajos. Para el coordinador general esto se debe al “escandaloso intervencionismo e insulto” del Gobierno hacia los empresarios. “Inaceptable en democracia”, ahondó.

El popular atacó duramente a la coalición, avivando el fantasma de una supuesta marcha de empresas por el actual Gobierno PSOE-UP: “Ideología radical de izquierdas”. En todo momento defendiendo que es una decisión “libre de la empresa” y sin entrar en ninguna consideración de que las ganancias millonarias durante décadas de la familia Del Pino ha sido gracias a contratos por adjudicaciones de obras públicas.

También ha visto un filón en Ferrovial para cargar contra el Gobierno Isabel Díaz Ayuso, que no ha censurado en ningún momento que la empresa deje España cuando nació precisamente, como recuerda en su historia la compañía, en “un ático en el centro de Madrid”. La presidenta regional lleva explotando el tema desde principios de la semana. Entre sus declaraciones: "¿Qué gran compañía o empresario va a querer venir a España mientras esté el proyecto de Sánchez? Que encima invita con su dinero y cada vez que tiene una idea populista sin medir lo saca el empresario y autónomo con su esfuerzo y encima ni agradecido. Eso es lo que nosotros, desde luego, nunca haríamos en Madrid".

Intenta además la líder de los populares madrileños extender la imagen de que Ferrovial es el principio de más fugas: "El Gobierno se cree que no tiene límites y que puede con todo. Esto tiene un nombre y es un nombre que es en blanco y negro. Y tiene sobre todo un resultado que es la fuga masiva de empresas". También la ‘número dos’ del partido, Cuca Gamarra, se sumó el martes a las voces en ese sentido: "Debería de actuar como un gobierno serio y responsable. Aunque a estas alturas los españoles ya sabemos que esto es mucho pedir a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno. Y eso significa dejar de insultar a los empresarios españoles, dejar de atacar los intereses de las empresas españolas y garantizar la seguridad jurídica".

Con la aprobación este jueves en la junta de accionistas de Ferrovial del cambio de sede a Países Bajos, se materializa una decisión que ha sacudido buena parte del tablero político y económico. Este movimiento ha supuesto un enfado mayúsculo en La Moncloa, tanto por el fondo como por las formas. Además, desde el Gobierno se rechaza tajante la argumentación dada por la compañía de que es necesario el paso para poder cotizar en EEUU y que en España hay falta de seguridad jurídica.

Hasta el último momento el Ejecutivo ha tratado de convencer a Ferrovial (no era posible legalmente prohibirlo) para que no se marche. Y ha habido un intercambio de misivas esta semana. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, mandó una carta a la compañía explicando que no es necesario el traslado a Amsterdam para cotizar en Nueva York, a tenor de los análisis hechos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bolsas y Mercados de España y el propio Ministerio de Asuntos Económicos. De esta manera se buscaba "informar" de cara a la decisiva junta de accionistas del jueves. No obstante, la compañía ha logrado al final atar el apoyo del fondo noruego de pensiones, que no era esencial en la votación (con su 1,49% de participación) pero su ‘no’ tendría un significado simbólico.

En cambio, la compañía contestó en otra carta que sí hay motivos económicos para trasladar la sede, pidiendo respeto al Gobierno por la decisión de la junta: “La doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa expedita y bien conocida, mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación”.

Ese traslado también puede tener efectos fiscales para la compañía en España. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, tras estudiar “en detalle” el caso, dijo sobre la posibilidad de que Ferrovial pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, que "la legislación es clara: cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa".

El Gobierno ve detrás de esta operación el intento de Ferrovial de pagar menos impuestos y, además, se acusa a la compañía de falta de patriotismo, pues sus cifras se han debido principalmente desde su nacimiento a obras públicas a lo largo y ancho de todo el país, con administraciones de todos los colores. En todo caso, en Moncloa se descarta un efecto contagio en otras empresas, como intenta vender el Partido Popular, y se recuerda que el año pasado se registraron cifras récord de inversión directa extranjera en España, con alrededor de 35.000 millones de euros.

El Gobierno ha advertido a Ferrovial de que la Agencia Tributaria será el organismo que tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado a Países Bajos, siempre y cuando encuentre un motivo económico a su traslado.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido.

Es decir, "que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario", algo que el Gobierno duda, toda vez que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a Países Bajos.

"En todo caso, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido", han trasladado las mismas fuentes.

Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial.

El estudio llevado a cabo por BME y la CNMV ya ha concluido que no es necesario que Ferrovial traslade su sede para llevar a cabo su principal objetivo, que es cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España, por lo que argumenta que necesita experiencias que ya estén contrastadas por el bien de la empresa y de sus accionistas.

Estos últimos decidirán este jueves sobre este movimiento corporativo reunidos en junta general. En caso de aprobarse, la compañía ya ha establecido una hoja de ruta para mover su sede antes del próximo otoño y pedir su cotización en Estados Unidos antes de que acabe el año.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha puesto en contacto con Ferrovial para recordarle que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han identificado ningún obstáculo que le impida a la empresa cotizar en Estados Unidos sin cambiar su sede social a Países Bajos.

El Gobierno ha trasladado estas conclusiones en una carta remitida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos, antes de que este jueves los accionistas de Ferrovial voten en junta general sobre este traslado, según han informado a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Nadia Calviño.

El Ejecutivo pretende que la empresa informe a sus accionistas en esta próxima cita sobre las conclusiones del estudio llevado a cabo por BME y la CNMV, ya que cuestionaría la motivación económica alegada por la compañía para el traslado de su sede a Países Bajos.

El Ministerio de Asuntos Económicos también ha recordado que el análisis concluía que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de dual listing (cotización simultánea).

"Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas", han señalado las mismas fuentes.

Ferrovial ha defendido que la operación diseñada para trasladar su sede social a Países Bajos sí tiene razones económicas para la evolución futura de la compañía, lo que le permitiría acogerse a las ventajas fiscales que la normativa española recoge para las fusiones transfronterizas como la que Ferrovial va a ejecutar con su filial neerlandesa.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el codirector de comunicación de Ferrovial, Francisco Polo, ha argumentado que los 'proxy advisors' ISS, Glass Lewis y Corporance ya han recomendado a los accionistas el voto a favor de esta transacción, precisamente por esas razones económicas.

"La principal es que Ferrovial quiere aumentar su capacidad de competir en los mercados internacionales. Consideramos que con esta medida va a aumentar la liquidez de nuestra acción, vamos a tener mayor capitalización, vamos a estar con mayor visibilidad ante inversores internacionales y también pensamos que vamos a conseguir mejores condiciones de financiación. Son razones que desde nuestro punto de vista son evidentes", ha argumentado.

Frente a lo que ha advertido el Gobierno respecto a esas ventajas fiscales que Ferrovial podría perder si la Agencia Tributaria no encuentra razones económicas, Polo ha descartado, además, que detrás de este movimiento haya razones fiscales: "Desde el punto de vista fiscal, para Ferrovial es absolutamente neutro. La fiscalidad es neutra. No tiene ningún impacto y daría igual si siguiéramos con la cabecera aquí en España o se moviera a Ámsterdam".

Polo también ha trasladado la sorpresa de la compañía por la carta que este lunes el Gobierno remitió a la compañía para recordarle que no existe ningún obstáculo para solicitar su cotización en Estados Unidos desde España: "Yo creo que no es habitual, al menos aquí, en el caso de Ferrovial, en los muchos años que yo llevo trabajando en la empresa, nunca había ocurrido (el envío de una carta desde el Gobierno), en ninguna junta había ocurrido y menos 72 horas antes de que el máximo órgano de la compañía, que es la junta general, se reúna para tomar sus decisiones con carácter soberano".

Además, ha asegurado que en esa carta el propio Gobierno "se desdice" al asegurar que "BME ya está en contacto con distintas entidades estadounidenses para explorar la vía de un posible dual listing de una empresa cotizada española desde nuestro país", reconociendo así, en opinión de la empresa, que "aquí y ahora eso no es posible".

"Nosotros preparamos las juntas con el mayor cuidado y atención. Lo hacemos en las juntas ordinarias que celebramos habitualmente. Lo hacemos para que todas las juntas se desarrollen con el mayor clima de serenidad y sosiego, alejando a nuestros accionistas de cualquier interferencia o presión ajena a lo que es la propia junta", ha concluido.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha reiterado que el análisis efectuado junto a Bolsas y Mercados Españoles (BME) concluyó que no hay ningún impedimento para que una empresa cotizada española solicite su cotización en Estados Unidos, informa Europa Press.

Así lo ha aclarado en una comisión en el Congreso, después de que Ferrovial haya contradicho el resultado de ese análisis y haya defendido que sí existen ciertas dificultades para poder cotizar en ese país y en España a la vez.

Buenaventura ha detallado que su organismo se puso en contacto con el depositario central estadounidense y no se encontró ningún impedimento legal o regulatorio que hiciese inviable esa operación.

De hecho, ha rectificado uno de los argumentos que puso encima de la mesa Ferrovial, como que el registro de ambas bolsas (Iberclear en España e ITCC en EE.UU.) no está coordinado, asegurando que la bolsa estadounidense solo tiene enlace con la canadiense, ni siquiera con la de Países Bajos, país donde Ferrovial va a trasladar su sede social.

"No estoy afirmando que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización de Estados Unidos por primera vez desde España por parte de una compañía cotizada. Ni tampoco estoy diciendo que en ese camino, una vez presentada la solicitud, no pueda parecer una dificultad que ignoramos", ha matizado el presidente del supervisor.

Por eso, ha tendido la mano a Ferrovial: "Si hay interés, hay que hacer esa solicitud, hay que transcurrir ese camino, y si apareciera alguna dificultad, que es posible que ocurra, desde la CNMV daremos todo nuestro apoyo a cualquier emisor español, sea Ferrovial o sea cualquier otro, que quiera explorar esa posibilidad", ha concluido Buenaventura.

En el próximo mes de abril, pendiente de resolver los últimos trámites, Ferrovial decidirá definitivamente si traslada la sede de su compañía a Holanda. Ahora dicen que Leopoldo del Pino, cuarto accionista del grupo y hermano del actual presidente, está en contra de instalarse en los Países Bajos. Rafael del Pino Calvo-Sotelo cometió el error de anunciar la noticia del traslado en un momento de lo más inoportuno. La oposición quiso sacar provecho y culpó al Gobierno, en pleno fragor preelectoral, de la supuesta inseguridad jurídica por su política fiscal. La reacción del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta económica Nadia Calviño fue instantánea. Criticaron su falta de patriotismo. Recordaron que España le había dado todo a Ferrovial y calificaron de inaceptable la actitud de una empresa que ha vivido durante décadas gracias a la inversión púbica y que ahora muestra semejante falta de compromiso con su país. El Gobierno necesitaba evitar por todos los medios el efecto contagio para frenar posibles traslados de otras grandes firmas.

Conscientes del resultado negativo que provocó en la reputación de la compañía su fuga a Holanda, intentaron plegar velas. Tras una semana de desgaste, un portavoz de Ferrovial, intentando calmar los ánimos, salió a desmentir cualquier tipo de motivación fiscal o personal en la decisión y elogió la seguridad jurídica española, “homologable a la del cualquier otro país europeo”. Sea cual sea la decisión, el daño ya está hecho. Como consecuencia de la polémica salieron a relucir una serie de noticias sobre las andanzas de la saga de los Del Pino. Lujosas mansiones, fabulosos tesoros artísticos, aviones privados, yates, veleros y, cómo no, desavenencias familiares, divorcios, reclamaciones, enfrentamientos y hasta remontarse al origen de su fortuna. Asuntos que a nadie le gusta airear y menos le hubiera gustado al fundador de la dinastía, Rafael del Pino y Moreno y, sobre todo, a su esposa Ana María Calvo-Sotelo, hermana del que fue presidente de Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Ambos tuvieron cinco hijos y como lema la discreción, la elegancia y la sobriedad. Nada que ver con su principal heredero, aficionado a grandes lujos, que al ser nombrado presidente de la constructora se distanció del resto del clan.

Y en este punto se estarán preguntando si a una de las personas más ricas del mundo le preocupa la opinión del resto de los mortales. Quizá no le afecte tanto a su persona, pero sin duda le importa y mucho a su compañía, que se ha visto obligada a desarrollar una estrategia de comunicación para limpiar la mala imagen creada a raíz de los últimos acontecimientos. La prueba de que la reputación importa es que la decisión de Ferrovial ha provocado el posicionamiento de los otros hipermillonarios que ocupan las primeras posiciones de la lista Forbes. No es fortuito que Juan Roig, en un ejercicio de transparencia sin precedentes, saliera a dar explicaciones precisas sobre la cuenta de resultados de Mercadona, e incluso hiciera mención a la pérdida de confianza de proveedores a los que incluso quiso pedir disculpas. Tampoco es casual que el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, quisiera marcar distancias con Ferrovial y se comprometiera a mantener en España la sede de todas las sociedades de Amancio Ortega.

Ferrovial, Inditex y Mercadona, cada cual a su manera, están desarrollando una estrategia para defender la reputación corporativa de sus respectivas empresas. Es improbable que les hayan afectado los improperios recibidos por parte de las ministras moradas del Gobierno; sin embargo, están dispuestos a borrar la desmesurada imagen de “capitalistas despiadados”. La buena reputación no es solo una cuestión ética o estética, sino un valor económico que interviene en la cuenta de resultados. Se trata de una consideración casi imperceptible, pero influye de un modo decisivo en la confianza de los inversores, accionistas, entes sociales, clientes e incluso a la hora de establecer las relaciones con los trabajadores. Cargados de buenas intenciones, los empresarios prometen rebajar la crispación y declaran literalmente entre sus principales objetivos: la creación de empleo y la formación de equipos para contribuir a formar una sociedad más próspera. Todo encaminado a un mismo fin: aumentar sus beneficios para crear riqueza. Es el principio irrenunciable del capitalismo. Mientras tanto, aumenta de forma alarmante el contraste entre la prosperidad macroeconómica y el malestar social. Miremos con atención lo que está sucediendo en Francia.

Vivimos en una economía de guerra, con la inflación disparada y una situación convulsa; sin embargo, las grandes empresas declaran sus mejores intenciones pero no están dispuestas a renunciar a ninguno de sus privilegios. Mejoran las ventas, los beneficios y sus ingresos, pero suben los precios y las familias pierden su poder adquisitivo. Los sueldos crecieron el último año casi seis puntos menos que el IPC. Las comparaciones son odiosas y en este caso de un modo especial. El salario bruto anual de Juan Roig es de 11 millones de euros, más los 88 millones que le corresponden en concepto de dividendos, a lo que habría que añadir los ingresos de su esposa, 45 millones, como vicepresidenta y segunda accionista de la compañía. Por poner otro ejemplo aún más llamativo, el primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha recibido 2.217 millones sólo de dividendos. Su hija, Marta Ortega, obtuvo una remuneración mucho más modesta, 834.000 euros, por ser este su primer año al frente de la compañía. No seré yo quien juzgue sus méritos. No obstante, teniendo en cuenta que el dinero no desaparece, sólo cambia de manos, sospecho que cuanto mayores son nuestras privaciones, más desorbitadas serán sus fortunas.

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios.

Las empresas españolas que cotizan en Bolsa ganaron 65.658 millones de euros en 2022, tras disparar sus ventas un 29%. Un buen año, pese a la guerra y la inflación, por tanto, en el que recuperaron lo perdido durante la pandemia y el titubeante 2021. Esos excelentes resultados y la liquidez acumulada durante la pandemia les han permitido, además, aumentar la retribución a sus accionistas. En 2022 repartieron 25.973,47 millones de euros en dividendos, un 26,86% más que el ejercicio anterior, según las cifras recogidas por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores, en su último balance de actividad.

Pero el dividendo no es la única fórmula para remunerar a los accionistas. También lo hacen los programas de recompra y posterior amortización de acciones, un sistema en pleno auge en España. Hasta el punto de que en 2022 sumaron 14.437,7 millones de euros, lo que cuadriplica –303% de aumento– el importe de las operaciones cerradas en el ejercicio precedente. Así que, en total, las empresas cotizadas retribuyeron a sus accionistas con 40.411,17 millones de euros el año pasado, el segundo importe más alto de la historia de la Bolsa española. Sólo lo superan los 43.505 millones de 2014, cuando Endesa pagó 14.606 millones de dividendo extraordinario –el mayor de la historia bursátil nacional– tras vender su negocio americano a Enel, y distorsionó el cómputo global.

En 2021 fueron 17 los programas de recompra de acciones lanzados por las cotizadas españolas, que amortizaron títulos por valor de 3.581 millones de euros. El año pasado las operaciones se elevaron a 27.

La recompra es una forma de remunerar al accionista: la empresa compra sus propios títulos y luego los amortiza. De esta forma, reduce el número de acciones en circulación, que aumentan su precio y permiten, por tanto, cobrar un mayor dividendo. Estos programas no han hecho más que aumentar en los últimos tiempos, mientras ha disminuido la retribución en acciones –scrip dividend–, un 22,6% en 2022, según las estadísticas de BME.

La economista Mariana Mazzcucato, fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público del University College de Londres, cifraba en un billón de dólares el importe de los programas de recompra de acciones ejecutados por las empresas estadounidenses en 2022, que se elevan a más de cinco billones en la última década. “Todo para impulsar el precio de las acciones, las opciones sobre acciones y la remuneración de los ejecutivos”, se quejaba en una entrevista publicada en la revista británica Prospect. “No es de extrañar que la participación del trabajo en la renta mundial se encuentre en uno de los niveles más bajos de su historia”, lamentaba, “habría que hablar más de esta forma disfuncional de gobierno corporativo que aumenta la desigualdad e impide la reinversión en la economía real”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue este miércoles mucho más allá. Acosado por la revuelta contra la reforma de las pensiones, recién aprobada por decreto, ha anunciado que su Gobierno estudia imponer una “contribución excepcional” a las empresas con grandes beneficios que lanzan programas de recompra de acciones. “Existe una especie de cinismo cuando tenemos grandes empresas que generan superbeneficios que utilizan para recomprar sus acciones”, aseguró en una entrevista con la cadena de televisión TF1. Aún no ha definido cómo será ese impuesto. “Tenemos que encontrar el sistema correcto, deben pagar más a sus empleados y debe haber una mayor contribución a este esfuerzo”, apuntó.

Ambas menciones a la retribución de los trabajadores son relevantes porque, mientras en España la retribución al accionista se sitúa en máximos, la patronal y los sindicatos han vuelto a sentarse a negociar el acuerdo marco de salarios para los próximos tres años, suspendido el pasado mayo por la resistencia de las empresas a subir los salarios tanto como escalaba la inflación. También porque analistas e instituciones dirimen quién tiene la culpa del descontrol de los precios: los márgenes empresariales o los salarios.

Según acaba de revelar la agencia Reuters, el consejo de gobierno del BCE admitió en una de sus últimas reuniones, celebrada en la ciudad finlandesa de Inari, que “los márgenes de beneficio de las empresas han aumentado, en lugar de reducirse como cabría esperar cuando los costes crecen tanto” como lo han hecho este año por culpa de la crisis energética.

En la misma dirección apunta también el análisis del Banco de España. “Los datos más recientes de contabilidad nacional sugieren que el dinamismo que los márgenes empresariales habían mostrado hasta el tercer trimestre de 2022 –fundamentalmente para recuperar los niveles prepandemia– se habría prolongado en el cuarto trimestre de 2022, lo que situaría estos márgenes por encima de los niveles observados a finales de 2019”, explica en un informe del pasado febrero.

En suma, una buena parte de esos beneficios están acabando en manos de los accionistas, antes que en las nóminas de los empleados. Los salarios pactados en convenio subieron en 2022 un 2,78%, cinco puntos y medio por debajo del IPC medio del año, que fue del 8,4%. Según la Agencia Tributaria, los salarios de las grandes empresas crecieron un poco más, el 4%, el año pasado. Mientras, los ingresos de las pequeñas aumentaron un 10,6% y los de las medianas un 11,7%, alcanzando su “máximo histórico” , aunque la patronal de ambas, Cepyme, matiza que esa mejora está “distorsionada” por la inflación. En su balance de actividad, BME explica que los dividendos de las empresas cotizadas españolas han tenido “históricamente una gran relevancia”. Y destaca que el mercado español lidera la rentabilidad por dividendo entre las principales bolsas. En 2022, se situaba en el 4%, por delante de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. Sólo Italia la supera, con un 5%. La empresa del Íbex 35 con mayor rentabilidad por dividendo es la inmobiliaria Merlín Properties, con un 11,08%, seguida de Enagás, con un 11% y Telefónica, con un 8,8%. Endesa renta un 8,1%, ACS un 7,3%, BBVA un 6,2%, Ferrovial un 2,8% y Repsol un 4,2%.

El año pasado fueron los bancos los que lanzaron los mayores programas de recompra de acciones. Así, sólo la suma de las operaciones de Banco Santander y BBVA alcanzó los 4.419,6 millones de euros, lo que equivale al 30,6% de las recompras del ejercicio.

El banco de Ana Patricia Botín ejecutó recompras por importe de 1.900 millones de euros en 2022 –la mitad de los 3.482 millones con que retribuyó a sus accionistas–. Para este año ya ha anunciado un nuevo programa de 921 millones. El BBVA ha empezado este mismo marzo el suyo, por importe de 422 millones de euros. Caixabank cerró 1.800 millones en recompras en 2022. El programa de Telefónica el año pasado ascendió a 350 millones de euros. Y el de Ferrovial, a 446 millones. Repsol también tiene previsto recomprar acciones por valor de 910 millones este ejercicio.

¿Qué significan 4.500 euros? No gran cosa para quien llega a fin de mes con cierta holgura. Mucho para quien vive al borde de la cuneta dado que esa cifra representa en números redondos ocho mensualidades del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y seguramente suponga muy poco para quien, según la prestigiosa revista Forbes, se encuadre entre los 100 españoles más ricos. En este caso, José Antonio Mahou Herráiz, presidente de la compañía cervecera que toma el nombre de su familia y a quien Forbes atribuye 600 millones de euros. ¿Pero qué valor tiene aquí la cifra de 4.500 euros? Pues que dibuja una nueva marca en el mapa de las ayudas públicas gestionadas por la Comunidad de Madrid. Porque ese es el importe que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concedió a José Antonio Mahou Herráiz en junio de 2022 como peticionario de una subvención del Plan Moves III, auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

Pero el de Mahou no es el único caso de multimillonarios de primera subvencionados con cargo al Plan Moves III en Madrid, donde en 2022 la adquisición de vehículos eléctricos -motos excluidas- alcanzó 38.240 unidades mientras que las ayudas concedidas quedaron en 8.021. Dotado con 1.200 millones públicos y gestionado por las autonomías, el presupuesto del Moves III se queda solo 100 millones por delante del patrimonio que esa especie de Almanaque de Gotha de los ricos más ricos que es la lista Forbes atribuye a otro de los perceptores de ayudas en Madrid: Francisco José Riberas Mera, presidente de Gestamp, grupo dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para automóviles. A Ribera, cuyos bienes se calculan en 1.100 millones y que ocupa el puesto 24 en la relación de Forbes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le asignó una subvención de 3.838,72 euros dentro del mismo Plan Moves III. El acuerdo fue adoptado por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2022.

Lo narrado en los párrafos anteriores se ajusta a la legalidad de un decreto estatal que no contempla criterios de renta para la selección de los beneficiarios. Las subvenciones al presidente de Mahou y al de Gestamp son tan legales como la entrega de 1.100 euros a otros dos solicitantes: José Antonio Entrecanales Carrión y Borja de la Rica Entrecanales. El primero es hijo del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, que con 700 millones de euros se sitúa en el puesto 42 de la lista de ricos. El segundo, su sobrino.

Como familia -el raking incluye a otros de sus parientes cercanos-, los Entrecanales ocupan el segundo puesto tras los Del Pino. Justamente fue el de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y el tercer hombre más rico del país -3.800 millones- el primero de los subvencionados de la clase alta que localizó infoLibre. En su caso, fue el Gobierno de Castilla La Mancha, del PSOE, el que le adjudicó en noviembre una ayuda de 48.013 euros para mejorar las líneas de alta tensión de una de sus propiedades en esa comunidad.

Los portavoces de Del Pino adujeron que fue el anterior propietario de la finca el que solicitó la ayuda. Y rehusaron contestar a la pregunta de si Del Pino se había planteado la posibilidad de renunciar a la ayuda concedida. En lo que respecta a José Antonio Mahou, José Riberas, Borja de la Rica y José Antonio Entrecanales, infoLibre les formuló una sola pregunta a través de sus portavoces: la de si consideran oportuno que alguien de su posición económica acceda a una subvención dineraria sin contraprestación y financiada con dinero público. Ninguno de ellos respondió a los correos electrónicos enviados previa conversación telefónica con sus equipos de comunicación.

Lo sucedido con Mahou, Riberas y los dos primos de la familia Entrecanales ilustra que también los opulentos integrantes de la lista Forbes se han colado en el extensísimo terreno de las ayudas públicas que gestiona el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y cuyos agujeros quedaron a la vista tras desvelar infoLibre cómo el bono social térmico para “consumidores vulnerables” ha beneficiado también al vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, y al número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano.

Aferrado al argumento de que todo es legal y ajustado a derecho en todos los sentidos del término, el Gobierno de Madrid se defiende subrayando que también la portavoz de Más Madrid, Mónica García, recibe el bono social térmico. García -43.520 euros de sueldo anual- ha reconocido su “error” y anuncia que buscará cómo devolver el dinero. El vicepresidente Enrique Ossorio -104.000 euros de sueldo, 1,4 millones en activos financieros y beneficiario como titular de familia de numerosa- defiende su posición y seguirá cobrando la ayuda en tanto no se modifique la normativa legal. El bucle del PP lo cierra, de momento, Alfonso Serrano, quien no ha explicado aún por qué se le ha incluido en la franja de “vulnerables severos”. Perceptor del bono social eléctrico y del bono término porque también posee el título de familia numerosas, la condición de "vulnerable severo" implica que a Serrano se le apliquen descuentos superiores en la factura de la luz y se le subvencione con una cuantía mayor pese a que gana 83.420 euros al año.

Tras la información publicada por infoLibre sobre cómo el vicepresidente de Ayuso recibe el bono de calefacción para consumidores vulnerables, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno modificará las normas para que cerrar esa puerta a las familias numerosas cuya renta supera de largo la media del país.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2019 a favor de la Comunidad de Madrid y en contra de cuatro de los cinco hermanos Del Pino, los principales accionistas de Ferrovial, en un pleito sobre el Impuesto de Sucesiones que el Gobierno regional reclamaba por la herencia del fundador de la constructora, fallecido el 14 de junio de 2008. En cuatro sentencias, los jueces establecen que Rafael, Joaquín, María y Leopoldo del Pino no tenían derecho a aplicarse la bonificación del 95% que la ley concede a las transmisiones de empresa familiar mortis causa. De ese modo, su factura fiscal por este concepto aumentó considerablemente, aunque tampoco demasiado. Contaban aún con la reducción del 99% que permite la Comunidad de Madrid.

Según los cálculos que ha realizado infoLibre con la ayuda del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de la información revelada en las sentencias del TSJM, de haber aplicado el 95% de descuento que pedían, los cuatro hermanos Del Pino –falta un quinto, Fernando–, habrían pagado solo 199.544,41 euros en el Impuesto de Sucesiones por las acciones heredadas de su padre, valoradas en 1.047,06 millones de euros en 2008. Es decir, apenas el 0,019% de esa cantidad. Pero como el TSJM no se lo permitió, debieron pagar 4,05 millones de euros a Hacienda, lo que equivale al 0,39% de la herencia en acciones.

La cuenta se refiere únicamente a las participaciones –ni inmuebles ni otro tipo de patrimonio– que dejó a sus hijos Rafael del Pino y Moreno, un total de 59.130 títulos de la sociedad Karlovy SL –con la que controlaba Ferrovial a través de otra sociedad, Portman Baela–, que en 2008 fueron valorados en 17.705,34 euros cada uno. No se han incluido en el cálculo ninguna carga o deuda deducibles. Los hermanos eran entonces dueños del 44% del grupo; hoy controlan el 35,3%. Ese enorme paquete de acciones les permite figurar cada año en la lista de los más ricos de España. De hecho, si al patrimonio del actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, se le unen los de sus cuatro hermanos, superan el de Sandra Ortega, la hija del dueño de Inditex, la segunda persona más adinerada del país. Al menos según la lista que elabora la revista Forbes y que atribuye a los Del Pino una fortuna de 9.050 millones de euros, solo por debajo, por tanto, de los 53.500 millones de Amancio Ortega. Para medir el patrimonio de los superricos, la revista se basa en el porcentaje de capital que poseen en empresas cotizadas y sicavs, a partir de la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. Pero también recoge datos de activos inmobiliarios.

En las sentencias, el TSJM establece que los hermanos Del Pino diseñaron una operación “compleja” para venderse a sí mismos –cada uno de ellos a una sociedad instrumental– parte de las acciones heredadas. En el caso de Rafael del Pino, fueron traspasados todos los títulos. E hicieron coincidir esa venta con la caída de las acciones de Ferrovial por culpa de la crisis inmobiliaria en 2009. Según los jueces, se “aprovecharon” de ese momento para compensar en el IRPF con la pérdida de valor de esas participaciones –más de la mitad de su precio– las ganancias patrimoniales que habían obtenido en esas mismas fechas en otras operaciones.

El TSJM dictamina que los Del Pino perdieron el derecho a beneficiarse del 95% de bonificación por transmisión de empresa familiar mortis causa porque vendieron las acciones heredadas antes de los cinco años en que la ley madrileña obliga a mantener –10 años la ley estatal– su número o su valor. Los hermanos, en cambio, defendieron ante los jueces que la pérdida de valor de sus acciones no era imputable a su voluntad, sino por efecto de la crisis. Por el contrario, las sentencias dejan claro que la venta de los títulos “carece de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales de los herederos, que “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”.

Rafael del Pino se encuentra en el centro de la atención pública desde que Ferrovial anunció el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno sostiene que tras la decisión se encuentran los intereses personales tributarios de su presidente y principal accionista. La constructora, por el contrario, aduce motivos de seguridad jurídica y su deseo de cotizar en la Bolsa de EEUU.

De acuerdo con las estimaciones basadas en las acciones que figuran en las sentencias, Rafael del Pino debió de pagar a Hacienda 1,66 millones de euros en el impuesto de sucesiones por las 23.043 acciones heredadas, que vendió en su integridad a la sociedad de su propiedad Lester-Loriner SL. Si hubiera accedido al 95% de bonificación estatal, no habría ingresado en Hacienda más que 82.298 euros por los 407,98 millones en acciones recibidas de su padre.

María del Pino debió de pagar 1,06 millones por los 311,79 millones de euros heredados en títulos de Karlovy SL. La factura se habría reducido a solo 52.230 euros de haber conseguido la bonificación que le negó el TSJM. Leopoldo del Pino heredó 191,07 millones en acciones, que le supusieron una tributación de 776.265 euros, pero que podrían haberse quedado en 38.158 euros si hubiera podido acogerse al descuento del 95%. Joaquín del Pino tuvo que abonar 554.796 euros por la herencia de 136,2 millones, un ingreso que se habría reducido a 26.857 euros si hubiera disfrutado de la bonificación perdida.

La Comunidad de Madrid hace gala de las exenciones que aplica a los impuestos de sucesiones y patrimonio, que de hecho casi los suprime. Sin embargo, en el caso de los dueños de Ferrovial, peleó en los tribunales por el 1% que aún cobra en ese tributo tras aprobar hasta cinco bonificaciones en los últimos años. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a declarar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2021. La Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 2.663 millones de euros al año por esos múltiples descuentos que aplica al Impuesto de Sucesiones, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Pero la bonificación de la que quisieron beneficiarse los Del Pino tiene carácter estatal y se establece en la Ley General de Tributos. Sin embargo, los jueces les privaron de ella acudiendo no solo a la letra de la ley, sino también al “fundamento básico” del descuento para los casos en que se hereda una empresa familiar: “garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”; en concreto, de las pequeñas y medianas, evitando que los impuestos que gravan la sucesión y la donación las pongan en peligro. Así lo recoge la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994 que fue trasladada a la legislación española en un Real Decreto-Ley de 1996. En cambio, en el caso de la herencia de Ferrovial, la bonificación del 95% pudo terminar sirviendo a un fin para el que no estaba pensada: reducir al mínimo la contribución fiscal de una de las mayores compañías españolas y de la segunda familia más rica del país.

Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial y según la revista Forbes el tercer español más rico con un patrimonio de 3.800 millones, cobró en noviembre una subvención pública de 48.013 euros para la mejora de las líneas de alta tensión de una finca de su propiedad en Castilla-La Mancha. La subvención se incardinaba en el lote de ayudas otorgadas por el Gobierno de esa comunidad en cumplimiento de la normativa estatal que busca proteger la avifauna frente a choques y electrocuciones en el tendido eléctrico.

Sufragada con fondos europeos, la convocatoria distribuyó cuatro millones entre 96 beneficiarios. La Orden que regulaba la convocatoria fijó la cuantía máxima a conceder en 75.000 euros. Los datos oficiales indican que Del Pino se quedó en la posición 38 de la tabla. Es decir, recibió más que otros 58 beneficiarios.

Portavoces de Ferrovial confirmaron a infoLibre que es correcta la información sobre la cuantía de la subvención (48.013,1 euros), la fecha de la concesión (29 de noviembre de 2012) y el objeto de la ayuda (adaptar las líneas aéreas de alta tensión para proteger a las aves).

Según las mismas fuentes, fue el anterior propietario del dominio rústico quien solicitó la ayuda. Ferrovial rehusó aclarar cuándo adquirió Rafael del Pino esos terrenos, ni en qué provincia se localizan. Asimismo, sus portavoces declinaron responder a la pregunta de si, considerada la tercera persona más rica de España -la 708 del mundo-, Del Pino se planteó renunciar a la subvención de forma que el dinero quedase así disponible para otros ciudadanos.

Entre los gastos subvencionables se incluían los establecidos para el conjunto del país: la adecuación y sustitución de crucetas –las piezas que sostienen los aisladores– que entrañen un peligro claro para la electrocución de las aves; el aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica; y la  instalación de lo que se conoce como salvapájaros o señaladores visuales.

A tenor de lo que se lee en la orden regulatoria y como han confirmado fuentes del Ejecutivo castellano-manchego, a los solicitantes de una subvención de la clase descrita no se les imponía ningún límite de ingresos anuales. En el caso del presidente de Ferrovial, la ayuda otorgada equivale a lo que en 2022 percibía él mismo de Ferrovial en 3,3 días de trabajo. Porque su retribución como presidente ascendió a 5,2 millones. Es decir, a 14.246 euros por jornada, una cifra a escasa distancia del salario mínimo anual para 2023: 15.120 euros.

En diciembre, y ya casi en el olvido mediático la etapa en que Vox despreciaba las subvenciones calificándolas de “paguitas” mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, definía como “mantenidos subvencionados” a quienes acudían a las colas del hambre, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publicó un estudio sobre el reparto de ayudas públicas en 36 países. Según el informe [pincha aquí y accede al gráfico de la página 8], en España el 20% más rico obtiene casi el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre.

Que Rafael del Pino se encuadre en la lista de subvencionados con dinero público se conoce apenas mes y medio después de la difusión de aquel informe y cuando su nombre se ha instalado en los titulares diarios tras anunciar Ferrovial su mudanza a los Países Bajos en busca de “seguridad jurídica”. Aunque oficialmente carece del turbio rango de paraíso fiscal, Holanda aplica una menor presión tributaria. Y como fuentes de Moncloa vienen remarcando desde que la compañía anunció su mudanza, resulta innegable que desplazando su sede social a Amsterdam Ferrovial pagará menos impuestos.

También tributaría menos su presidente en la hipótesis –ni confirmada ni desmentida a día de hoy– de que se instalase en Holanda y obtuviera así la residencia fiscal en aquel país. De aplicar esa opción, el mismo Del Pino que acaba de obtener una subvención de cuantía simbólica dadas sus finanzas pero de origen netamente público quedaría exento del impuesto de grandes fortunas aprobado el año pasado por el Gobierno central.

Que la tributación le ha quitado el sueño a la familia se observa en la maniobra con las acciones heredadas de su padre y con la que los hermanos Del Pino trataron de rebajar el IRPF y el impuesto de Sucesiones. Desvelada por infoLibre, aquella jugada fracasó una vez intervino el TSJ de Madrid. El tribunal dictaminó que los cuatro hermanos Del Pino –Rafael, María, Leopoldo y Joaquín– diseñaron una “operación compleja” para “sortear los efectos fiscales” de sus ganancias patrimoniales en 2009. Solo al presidente de Ferrovial le tocaba pagar por Sucesiones 1,66 millones.

Como publicó El País, Ferrovial ha acumulado desde 1991 contratos públicos por 8.868,3 millones. Y desde 2020 no ha pagado el impuesto de Sociedades.

Pero la boyante situación de una empresa que primero se nutría de adjudicaciones de carreteras y puertos y fue luego expandiéndose con obras y concesiones ferroviarias y aeroportuarias no disuadió a Rafael del Pino de operar a través de Suiza, Luxemburgo y Países Bajos. Es decir, tres países cuya posición geopolítica les exime de llevar la vitola de paraíso fiscal pero que, en la práctica, lo son como ya se ha expuesto en lo que respecta a Holanda. El presidente de Ferrovial mantuvo dos holdings en el Gran Ducado entre 2007 y 2010 y otro en el país helvético desde 1991 y hasta 2013. Mediante la luxemburguesa Vial Holding controlaba el 1,24% de Ferrovial. Pero ahora posee el 20,44% de la constructora a través de una firma holandesa, Rijn BV.

Filóloga y periodista, Ana Pardo de Vera se encuentra entre las pocas mujeres que ha dirigido un periódico, Público, donde ahora ejerce como directora corporativa y de relaciones institucionales. Autora de varios libros, el año pasado publicó su primera novela, Chantaje a una jueza, con el trasfondo de la corrupción en Galicia y ecos que recuerdan el reciente caso Mediador. Pardo de Vera participa en diversos medios como colaboradora, defendiendo siempre con rotundidad posiciones progresistas. 

"El 8M demostró que el movimiento feminista es una cuestión de la sociedad que está muy por encima de los partidos: ninguno tiene la hegemonía feminista. Las divisiones entre partidos se proyectan en las dos cabeceras de las manifestaciones, la de Unidas Podemos y la del PSOE. Ningún partido es el más feminista, votamos a partidos feministas para que hagan realidad nuestras reivindicaciones. El arco parlamentario actual, por suerte, es muy feminista, como demuestra la mayoría de la investidura. Ahí es donde la coalición se equivoca: hay una batalla evidente por hacerse con la hegemonía del feminismo entre el PSOE y Unidas Podemos, y eso es un grave error". 

"La ley del sólo sí es sí me parece revolucionaria, va mucho más allá de lo que es una pura norma e introduce un factor cultural muy potente respecto a la libertad sexual de las mujeres. Podemos tiene razón cuando dice que el consentimiento no puede salir del núcleo de la norma y me interesa mucho su propuesta, aunque no la hayamos conocido en los medios. Plantean el rechazo a la propuesta socialista, por cuanto que ellos consideran que el consentimiento es el consentimiento y la agresión es la agresión. Si no hay consentimiento, la violencia o los agravantes se sacarán fuera del articulado para que las víctimas de agresión sexual o de violación no tengan que pasar el calvario de estar en el foco y demostrar que se resisten, o tienen heridas, o dejan de tenerlas. El consentimiento es el consentimiento. Y a partir de ahí hablemos de agravantes".  

"El PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que las excarcelaciones y rebajas de penas, que no son firmes la mayoría, aun siendo muy minoritarias, son una mala noticia y un efecto indeseado. Eso ya ha ocurrido con leyes del PP, y nadie ha dicho nada. Hacer leyes y reformar el Código Penal es muy complicado y siempre tiene consecuencias. Pero no puedes negar esas consecuencias a priori y después decir que la ley está bien o que hay un error, porque lo habías negado. Eso es lo que critico de la posición de Podemos. Pero nadie del Gobierno, ni UP ni el PSOE, ha tenido un interés real en negociar una salida pactada para esto. Aún estamos en el principio, en la toma en consideración, que es lo que se ha votado de la reforma que propone el PSOE para la ley. Hay tiempo para llegar a acuerdos. Espero que así lo hagan, como ciudadana, como mujer y como feminista".  

"El PSOE, aunque menos ahora, siempre ha tenido el problema de ser un partido gigante, lo que genera muchas contradicciones internas, que no son malas, pero muchas veces te llevan a no ser lo suficientemente valiente. Siempre le ha acobardado un poco la reacción de la derecha y su marco mediático. Pero la derecha, y más aún la ultraderecha, no está invitada a este debate. Siempre se han opuesto a los avances feministas. El PSOE ha creído que los votos del PP le interesan y no estoy tan segura. El electorado socialista se ha volcado con el partido cuando gira a posiciones más de izquierdas. Ellos sabrán, pero hay un interés superior al de UP y PSOE y es que la ultraderecha no entre en el Gobierno. Parece que ambos partidos lo han olvidado en esta pelea tan agresiva en la que han atravesado líneas rojas muy difíciles de retroceder. Yo todavía confío en un entendimiento, soy optimista por naturaleza". 

"Hay mucha desmovilización con las tensiones en el seno de la coalición de gobierno, mucho enfado, frustración y miedo. Y tiene que ver con ese interés superior que está por encima de las diferencias con respecto a cómo reformar la ley del sólo sí es sí. Todos estamos de acuerdo en que las víctimas no pueden quedar desatendidas de ninguna de las maneras. Pero están ignorando que la ultraderecha tiene muchas posibilidades de gobernar. Viendo el debate del martes me imaginaba a Santiago Abascal sentado en el escaño de la Vicepresidencia y me preguntaba: ¿Por qué no ampliamos un poquito el foco? Irene Montero dijo en una ocasión, con toda la razón, que a los fascistas se les combate con derechos. El derecho es la ley del sólo sí es sí. La protección en la que envuelve la libertad sexual de las mujeres no tiene precedentes. Es una ley buenísima. Arreglemos ese contratiempo".  

"El caso Mediador es el típico de corrupción política de España, testosterónico, con empresarios, mujeres prostituidas, grandes cenas, muy similar al que planteo en mi novela Chantaje a una jueza. Es asqueroso. Me preocupa que empresarios pasearan por el Congreso como por la Gran Vía. Queremos más controles de los despachos de los diputados y una educación contra la cultura de la corrupción. Podemos cifraba en 90.000 millones de euros lo que hacen perder al año. Estoy segura de que es más, tiene muchas capas y afecta a gente inocente hasta extremos insospechados. Se carga la imagen de los países y a los Estados mismos. Este es un caso muy cutre, lo decía Feijóo. Pero también lo tiene que decir de los trajes de Camps, los "volquetes de putas", "las putas, rubias mejor"... Pido un poco de contención para no llamarnos idiotas. Por ahora, se han depurado bien las responsabilidades políticas y no está el PP para dar lecciones". 

"Me parece bien que Pedro Sánchez saque el tema de la foto de Feijóo con Marcial Dorado porque no me imagino a ningún líder europeo con una foto así a sus espaldas. No es la foto de 'yo no sabía que era narcotraficante': hay una amistad de muchos años con un señor que empezó con el tráfico de tabaco y terminó con el narcotráfico, responsable de la muerte de muchísimos gallegos. Una auténtica masacre que se ha conocido tarde, gracias también a la serie Fariña. Cualquiera que haya tenido contactos o vínculos con el narcotráfico, aunque solo fuera una amistad, debería cuidarse de presentarse a unas elecciones. Para mí es demoledor. ¿Qué hubiera pasado en Alemania si hubiera una foto de Angela Merkel con un narcotraficante en un barco?". 

"Ramón Tamames es una persona con un prestigio y reconocimiento histórico más allá de su trayectoria, a veces oscilante. Pasó del Partido Comunista a estar con Adolfo Suárez en poco tiempo y luego se retiró. Explicó en su entrevista en El País cosas que no tienen que ver con Vox, como la gravedad del cambio climático que la ultraderecha niega. Le escucharé con atención, como siempre a quienes hablan en el Congreso, es mi trabajo y tengo curiosidad por conocer su discurso. Tengo un gran respeto por la gente con una trayectoria tan larga. A partir de ahí, lo demás me importa un bledo. Quiero decir, Santiago Abascal defenderá la posición de Vox. Es como si hubiera un paréntesis. Habla Tamames y luego empieza realmente la moción de censura. Eso sí, moción sin candidato de Vox, no hay precedentes. Y creo que les acabará perjudicando". 

"No esperaba otra cosa. Ni de las grandes empresas, especialmente constructoras, que crecieron a la sombra del franquismo, ni de Ferrovial, ni de Rafael del Pino. Me sorprendió que fuera tan descarado. En el sentido de que infoLibre publicó que Del Pino había dicho hace un mes a Feijóo, por quien apostó, que iba a apoyar a España en todo lo que fuera. Su palabra no vale mucho. Determinadas élites tratan de tomarnos por idiotas diciéndonos que se van de España por la seguridad jurídica. Díganos que necesita dinero, que tiene que ahorrar en impuestos y que son sus millones los que están en juego y los que necesitan seguridad. No nos cuente la milonga de la seguridad jurídica. Después recularon diciendo que sí había seguridad jurídica en España. Me consta que hay malestar en otras empresas del Ibex por esta decisión de Ferrovial. Lo que me sorprende es quién lo defiende".

"Son una foto fija muy reducida y les presto atención como tal, nada más. Hacer una encuesta buena es carísimo y la política en España va tan rápido que una hecha hoy solo te sirve mañana. Las cojo con muchas pinzas, pero hay una foto fija que muestra lo reñido que está el bloque de la derecha y ultraderecha con un gobierno progresista, y eso es muy peligroso para mí. Si fuera una derecha normal, pero es la que hay. No es una derecha normal. Hablamos de meter a los neofascismos, que no son tan neos en el caso de Vox, en Moncloa". 

"Hay mucho amarillismo, sensacionalismo y poco fondo en los medios. Y luego hay intereses electorales muy evidentes, intereses del poder económico. Los grandes grupos de comunicación no dejan de ser negocios. Veo un objetivo común entre ellos y los medios más pequeños que orbitan a su alrededor y defienden posiciones conservadoras. No quieren a formaciones como Unidas Podemos y Sumar, si se constituye en su momento, ni quieren a los independentistas influyendo. Quieren el orden y la ley. Lo que hemos vivido siempre: el bipartidismo sin matices, con turno de poder. Pero su tiempo ha pasado. La sociedad española es muy diversa. El Parlamento actual es el más plural que hemos tenido en la democracia posfranquista y espero que lo sea todavía más, porque eso obliga a los políticos a incluir posiciones minoritarias que, al ser decisivas, se tienen más en cuenta". 

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

El debate sentimental generado por la marcha de Ferrovial opaca el necesario análisis materialista de la cuestión. Por un lado, se apela al patriotismo necesario del capital y de los capitalistas que se envuelven en falsas banderas que terminan por significar poco a la hora de la verdad. Por otro, se pide al Gobierno que muestre afecto y buen trato a sus empresarios, como si la normativa fiscal constituyese una suerte de código de buena conducta, sujeto a la discrecional voluntad de cada cual. En última instancia, el debate exhibe sus costuras y queda enfangado en maniqueísmos infantiles.

Por supuesto que llama la atención que algunos patriotas de bandera consideren que la nación política es poco más que una colección de símbolos y chascarrillos, porque cuando de contenido material se trata, practican una suerte de patriotismo de los Estados social y fiscalmente vacíos que resulta poco sostenible. También llama poderosamente la atención que los que son incapaces de acabar con el dumping fiscal interno y lo consideran la quintaesencia de lo progresista frente al nefando centralismo español, se quejen de la deslocalización de multinacionales: ¿No era imprescindible garantizar la descentralización normativa dentro de España para ser de izquierdas? ¿Acaso esa descentralización normativa entre Estados no es la que opera en la UE cuando los Estados miembros compiten fiscal y regulatoriamente entre sí? ¿Por qué es reaccionario en los Países Bajos lo que resulta progresista en el País Vasco y Navarra?

Un análisis materialista de la situación hablaría de diseño político y de concentración de capital e internacionalización de los procesos productivos y empresariales. De eso va el asunto. Ferrovial se marcha porque puede, simplemente.

Este gobierno, por mucho que digan los propagandistas de la derecha y los corifeos oficialistas, no ha sido especialmente de izquierdas ni en materia fiscal ni en ninguna otra. No se ha acometido una reforma fiscal medianamente progresiva, no digamos ya la que necesita España para recuperar y fortalecer su maltrecho Estado social. En materia de IRPF, no está ni se espera en la agenda legislativa la reconfiguración del mismo como impuesto general y no dual, unificando en la base imponible del impuesto las rentas del capital con las del trabajo. Esta sí sería una propuesta verdaderamente de izquierdas. Molestaría, sin duda, a muchos poderosos, pero cuando uno gobierna no puede contentar a todo el mundo. Seguramente a la CEOE tampoco le agradaría una reforma del despido que recuperase las indemnizaciones por despido improcedente previas a 2012 o los salarios de tramitación, pero de nuevo hay que optar. Eso es gobernar: elegir. Y eso puede y debe hacerse, cuando hay correlación de fuerzas; cuestión distinta es verificar si la hay realmente. No se trata de hacer la revolución en las formas, llenando de estridencias inútiles del debate público. Es más efectivo ser mesurado en las mismas, incluso prudente, y radical en el fondo, en el afán de transformación de las estructuras económicas. Aunque eso “crispe”: gobernar es optar y también crispar, si por crispar se entiende molestar los intereses de clase de quienes pretenden que sus privilegios de origen jamás sean siquiera mínimamente matizados por los poderes públicos.

Ferrovial no se marcha por la asfixia de unas políticas socialcomunistas que hayan operado una radical redistribución de la riqueza. Simplemente lo hace por una cuestión de incentivos, diseño comunitario e internacional, perspectivas e intereses. Las presuntas políticas socialcomunistas no existen. Sólo una retórica con frecuencia inflamada y estéril. La misma que exige el patriotismo de los empresarios, mientras permite que se privaticen las torres de control, que se liberalice y degrade el servicio de RENFE o que los inspectores de trabajo clamen en sus legítimas huelgas por unos medios de los que carecen para realizar de forma efectiva su imprescindible trabajo de control y fiscalización del fraude laboral. Claro que, si de retórica demagógica se trata, la derecha neoliberal que ha desahuciado de sus fundamentos la idea de bien común no le va a la zaga: hablar de buen trato a los gigantes nacionales, cuando en España se privatizaron Endesa, Telefónica, Repsol o Argentaria, se trocearon empresas públicas rentables y fuertes sobre sectores estratégicos para que terminaran cayendo en manos privadas o públicas de otros Estados, cae del lado de lo dantesco.

No solo no se ha reformado el IRPF en el sentido de cerrar la inaceptable brecha entre las rentas del trabajo y las del capital, favorecidas de forma clamorosa desde hace décadas por el diseño legislativo nacional y también por los incentivos de la globalización económica y financiera, ni se ha llevado a cabo una reforma laboral en profundidad que reforme el despido o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Tampoco se ha reformado el Impuesto de Sociedades para acabar con una maraña confusa de deducciones y bonificaciones que permiten que el tipo efectivo y real sea muy inferior al nominal, sobre todo para las grandes corporaciones que, con un ejército de asesores y abogados de su lado, siempre encuentran cauces efectivos para la elusión fiscal o la “optimización”, esa forma educada de convertir el fraude en algo legal, incluso elegante.

Se ha puesto encima de la mesa un par de parches tributarios provisionales. Bien está que se quiera poner el foco en las ganancias extraordinarias de bancos y eléctricas. Aunque la forma seria y no populista de hacerlo es llevar a cabo cambios estructurales que perduren en el tiempo. Así, recuperar la capacidad normativa estatal del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones tendría todo el sentido tributario y entroncaría con, al menos, una visión socialdemócrata de la política. Crear impuestos análogos, de recaudación tibia, y posiblemente inconstitucionales por invadir, ay, competencias autonómicas, sin rectificar el sinfín de transferencias a las CCAA que han terminado operando una salvaje competencia fiscal entre regiones, carece de todo sentido… a no ser que la agenda redistributiva importe menos que mantener las alianzas con los socios nacional-identitarios, los mismos que pueden, en un alarde de simpar hipocresía, criticar el dumping fiscal del PP de Madrid (indudablemente inaceptable) y defender una Hacienda foral vasca y navarra que quiebra la solidaridad interterritorial.

En fin, Ferrovial no se marcha porque nadie le asfixie. Al revés, esos pretextos son mentira. Las políticas llevadas a cabo en muchos casos no llegan ni a socialdemócratas. Se quedan cortas, cuando van en la buena dirección; y cuando se entregan a la agenda identitaria, llevan aparejados efectos secundarios muy nocivos para la igualdad y la redistribución. Ferrovial se marcha porque puede, porque le interesa y porque le sale rentable.

La única forma de que nada de esto ocurriera es que el desaguisado del Acta Única y de Maastricht se hubiera corregido hace mucho tiempo. O, mejor aún, que la unión monetaria y de libre circulación de capitales jamás se hubiera configurado sin su condición necesaria e imprescindible: una unión fiscal y presupuestaria verdadera, en el contexto de una unión política. No lo dijo el representante de ninguna célula marxista-leninista, sino alguien tan reformista como Stiglitz. Y en España, ante el estigma generalizado, Juan Francisco Martín Seco como representante económico de la IU de Julio Anguita. Nadie escuchó. Sin cumplir los requisitos de una zona monetaria óptima, los desequilibrios entre países y regiones en la unión monetaria son una realidad indiscutible, incluso para los más dogmáticos fundamentalistas de mercado. La unión fiscal no son tibios conatos de déficit conjunto o de mutualización de la deuda, es mucho más que eso. Para empezar, un diseño que impida la dantesca competencia fiscal entre regiones y Estados que está poniendo en peligro la seguridad jurídica, los derechos y la condiciones óptimas de vida de millones de personas. Como siempre, cuando se legisla y se gobierna, toca elegir. Y en esa elección, es imposible contentar a todos. De aquellos polvos, estos lodos. Lo demás es, simplemente, un cuento… holandés.

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Guillermo del Valle es abogado y director de 'El Jacobino'.