El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".

La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.

La nota se distribuyó después de que varios medios, entre ellos infoLibre, hubieran publicado informaciones en las que se aseguraba que el amparo a la jueza de violencia granadina –que se inhibió de decidir sobre si debía enviar o no al hijo menor de Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, investigado por maltrato– no se otorgaba únicamente frente a unas declaraciones del abogado de esta que la señalaban directamente. También, según se deduce de su literalidad, frente a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego, además de otros exmiembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias (Podemos), la eurodiputada de esa misma formación y exministra Irene Montero y la magistrada y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. El comunicado obligó a este medio a rectificar su versión inicial en el sentido del texto de la nota, procedente de fuentes oficiales del Consejo y así se recogió en la propia información.

Sin embargo, el contenido de la nota en realidad no refleja lo que el Consejo aprobó el miércoles sobre la jueza del caso Juana Rivas –como también apreciaron los vocales que votaron en contra– por lo que infoLibre no debió haber rectificado. La resolución se refiere, aunque sin recoger sus nombres ni sus cargos, a las dos ministras y al resto de exmiembros del Ejecutivo contra los que la jueza granadina dirigió su queja, a los que acusaba de ejercer presión sobre la magistrada orientando a la opinión pública para forzarla a tomar una decisión sobre el menor en un sentido concreto. Todos los políticos a los que se refería la queja, según la fundamentación jurídica del acuerdo, afectaron a la independencia de la magistrada y la atacaron personalmente, sobrepasando la libertad de crítica a las resoluciones judiciales. Las ministras y el resto de figuras, según el acuerdo, habrían desacreditado la profesionalidad de la jueza extendiendo una sospecha sobre su actuación en el caso.

Pero, además de esas apreciaciones que parecen censurar a dos miembros del Gobierno actualmente en el cargo, la parte dispositiva del acuerdo ordena que se notifique, no solo al abogado de Juana Rivas, sino también a ambas ministras, al ex número dos del Gobierno, la eurodiputada de Podemos y la magistrada en ejercicio y ex delegada del Gobierno contra la violencia machista. Esa notificación debe comunicar a todos ellos que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que dirime todas las impugnaciones contra las decisiones y actos del Consejo.

Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que esta orden de enviar a las ministras –y no solo al abogado de Juana Rivas– la resolución se justifica porque sus declaraciones fueron objeto de la queja presentada por la magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a los párrafos de censura a las manifestaciones de “personas que ostentan o han ostentado responsabilidades públicas” que recoge el documento, esas fuentes aseguran que deben entenderse referidas únicamente al resto de cargos –Pablo Iglesias, Irene Montero y Victoria Rosell– pero no a las dos ministras. Sobre por qué no hay en la resolución –pero sí en la nota– ninguna referencia a que las declaraciones de Redondo y Rego queden efectivamente exentas de la reprobación, desde la institución afirman que el texto “podría ser mejorable”.

Sin embargo, los nueve vocales del sector progresista que votaron en contra del amparo entendieron que la resolución censuraba a todos los representantes políticos –ministras incluidas– en contra de lo que se recogió horas después en el texto de la nota de prensa, y así lo hicieron saber a sus compañeros durante el Pleno del miércoles en el que anunciaron que formularían por escrito su opinión discrepante. El voto particular de todos ellos plasma una posición contraria al amparo. Pero además, asegura que el texto de la resolución que sacó adelante la mayoría "pone de manifiesto las imprecisiones e inconcreciones en cuanto a los hechos y el fundamento del amparo solicitado". "La trascendencia de ese conjunto de imprecisiones e inconcreciones es aún mayor si se tiene en cuenta su reflejo en el plano institucional y de la comunicación pública". En definitiva, que la resolución del amparo concedido, cuyo único efecto era ser publicado en una nota del Consejo para el conocimiento de todos los ciudadanos, no aclaraba si se refería a las ministras, como negó el comunicado oficial posterior, en contra de lo que entendieron los medios que se hicieron eco de la decisión del Consejo.

"Aunque durante la deliberación se acordó la supresión de un concreto párrafo del texto debatido", el que hacía referencia a las dos integrantes del Ejecutivo, "permanecen inalterados los antecedentes de hecho, buena parte de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva, incluida la decisión de difundir institucionalmente el acuerdo y notificarlo no solo al letrado [de Juana Rivas], sino también a la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García; a la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego; a doña Irene Montero Gil; a don Pablo Iglesias Turrión [y] a doña Victoria Rosell Aguilar". "La permanencia de tales referencias", prosigue el texto discrepante, "impide apreciar una plena congruencia interna entre la fundamentación [de la resolución], la parte dispositiva finalmente aprobada y su posterior difusión y comunicación institucional", añade.

Las manifestaciones de Ana Redondo de las que la jueza se quejó se recogieron en una nota del Ministerio de Igualdad difundida el 10 de enero de 2025 en la que se advertía de que “varias normas internacionales” establecían que “se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Como aseguró la propia ministra en sus alegaciones durante el procedimiento de amparo, el comunicado hacía una referencia expresa “al respeto a la independencia del Poder Judicial” y enmarcaba su contenido en una crítica “respetuosa y admisible”, sin referirse a ninguna actuación concreta de la jueza.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, escribió un tuit el 7 de enero de 2025 en el que decía literalmente: “He escuchado a [el nombre del menor], hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Ese mismo día, se publicó una noticia en la que se aseguraba que Juventud e Infancia había trasladado al fiscal “la urgencia de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos”. En sus alegaciones, Rego recuerda que sus declaraciones se efectuaron mostrando absoluto respeto a la independencia e imparcialidad judicial.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, apareció en redes sociales calificando la decisión de la jueza de inhibirse de la decisión sobre el hijo de Rivas de "violencia institucional insoportable", manifestando que la magistrada estaba "fuera de la ley". "Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista. Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y de la infancia". Al dar su versión al Consejo, Montero alegó que sus críticas "se insertan en un debate público sobre los contornos y la naturaleza de la violencia vicaria (...) en un caso ya de por sí relevante mediáticamente".

El exvicepresidente Pablo Iglesias escribió un tuit con una foto de la jueza y el texto: "Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor". Iglesias ha mantenido ante el CGPJ que se limitó "a retuitear una información publicada por el medio de comunicación que dirige, respecto al que no se ha interesado ninguna medida específica".

La magistrada canaria y ex delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, fue entrevistada en diario-red.com, medio en el que afirmó que "si un niño manifiesta miedo a uno de sus progenitores, hay que saber por qué" y señaló que se atendiera a la fiscalía, que pedía que la jueza escuchara al menor. También escribió un tuit en su perfil de X en el que recordaba que la Guardia Civil había apreciado "riesgo alto de especial relevancia" si el hijo de Rivas volvía con su padre. Según dijo la magistrada al órgano de gobierno, sus manifestaciones "no guardan relación con el juzgado de Granada, sino con la campaña de solidaridad con un niño español víctima de violencia de género sometido a la jurisdicción italiana". También sostuvo que no se dirigió a la jueza ni tuvo intención de darle ninguna recomendación, "ni mucho menos obviamente una presión de ninguna clase, lo cual, además, sería constitutivo de infracción disciplinaria".

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

El Ministerio de Igualdad ha impuesto a la empresa responsable del servicio de las pulseras antimaltrato, una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Vodafone y Securitas, una multa de 25.285 euros por las incidencias detectadas en el sistema del pasado 11 de noviembre de 2025 por una caída del servidor.

La decisión se ha tomado, según han informado fuentes de Igualdad, tras la investigación derivada de la apertura de un expediente por las incidencias detectadas en el sistema, denominado Cometa, entre las cuatro de la mañana y las cinco de la tarde del 11 de noviembre. En ese momento, la empresa adjudicataria del servicio era una UTE formada por Vodafone y Securitas y se registró una incidencia técnica por la caída del servidor durante 12 horas.

Eso produjo retrasos en la recepción de la información de las geolocalizaciones de víctimas y agresores en los otros tres servidores, por lo que se activó el plan de contingencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que las víctimas no estuvieran en riesgo, según informó Igualdad pocos días después.

Esta incidencia se conocía tras la agitada polémica por anteriores fallos de las pulseras antimaltrato, que habían afectado —entre otras cuestiones— a la geolocalización de las víctimas o sus agresores. "Ninguna tecnología es infalible. Pero desde el Ministerio de Igualdad insistimos en que el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible", ha aseverado el departamento dirigido por Ana Redondo, según el cual, la sanción se hará efectiva mediante la deducción de cantidades.

Al 40% de los hombres les resultaría indiferente que otro hombre de su familia pagara por mantener relaciones sexuales, algo que el 71% de las mujeres vería con malos ojos, según un estudio publicado este viernes por el Ministerio de Igualdad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio se ha elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 o más años para analizar las percepciones sociales sobre la pornografía y la prostitución, que para el 69% de los encuestados es "una forma de violencia contra las mujeres".

Sobre los motivos por los que algunos hombres pagan por tener relaciones sexuales, la mayoría de ellos opina que es para satisfacer sus necesidades sexuales (43%), para realizar prácticas o cumplir fantasías que otras mujeres no aceptan (32%), o porque no conocen mujeres que quieran mantener sexo con ellos (25%). Para las mujeres, la razón principal es realizar prácticas o cumplir fantasías (49,1%), seguido de satisfacer sus necesidades sexuales (32%) o para sentir que dominan la relación (26%).

Para siete de cada diez, las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen por necesidad económica, mientras que para el 40% lo hacen de manera forzada. Sobre cómo reducir la prostitución, casi la mitad de los encuestados apuestan por reforzar la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia.

Para el 40%, sería necesario ofrecer programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución, el 35% ve con buenos ojos castigar a quienes pagan y a quienes se lucran con la prostitución ajena —pero no a las mujeres prostituidas—, y el 32% legalizaría la prostitución como una actividad laboral más.

La encuesta también incluye varias preguntas sobre la pornografía, que para el 72% de los encuestados es también una forma de violencia contra las mujeres. En lo que respecta a su consumo, el 2,2% de los hombres lo hace diariamente y el 7,4% semanalmente. Por su parte, el porcentaje de mujeres que lo hace a diario es del 0,2%, elevándose hasta el 1,2% para quienes lo hacen semanalmente.

Asimismo, casi el 85% de ellas declara no haber consumido contenido pornográfico nunca, frente al 39% de los hombres. Para las mujeres, las razones principales por las que alguien consume pornografía son por curiosidad, influencia del grupo de amigos o aburrimiento. Para los hombres, las razones principales son entretenerse o evadirse, aburrimiento o soledad. Esto entronca con la percepción del porno, que para el 26% de los hombres es una forma de entretenimiento y para el 16,3% una manera saludable de explorar la propia sexualidad.

Del otro lado, solo el 16% de las mujeres lo considera una forma de entretenimiento y el 8,7% una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

En consecuencia, seis de cada diez hombres descarta que se tenga que sancionar a quienes consumen estos contenidos, frente a la mitad de mujeres que opinan que sí.

Cuando se pregunta por el sentimiento que desataría conocer que una persona de su familia trabaja como actriz o actor porno, la mayoría de los encuestados de ambos géneros responden que sorpresa. Sin embargo, para las mujeres los siguientes sentimientos que aflorarían serían tristeza y decepción, mientras que los hombres se decantan por la indiferencia.

Sobre la difusión de imágenes sexuales falsas, de mujeres o niñas, creadas con inteligencia artificial y difundidas sin consentimiento, solo el 4,8% de los hombres ha sido víctima de estas prácticas o conoce a alguien de su entorno que lo haya sido. Para las mujeres, el porcentaje sube hasta el 7,5%.

El Ministerio de Igualdad ha decidido aplicar un cambio en el lenguaje a la hora de referirse a los feminicidios que deja la violencia de género. El departamento de Ana Redondo ya no habla de asesinatos de mujeres a manos de agresores que eran sus parejas o exparejas, sino de homicidios. Lo hace desde el pasado 13 de enero, coincidiendo con un arranque de año nefasto en términos de violencia machista.

La decisión, explican fuentes del ministerio, la toma la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género porque así lo habían sugerido “en varias ocasiones” tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la Fiscalía. La razón es que todos los crímenes mortales “son homicidios, pero no todos son asesinatos”, detallan las mismas fuentes. Los homicidios tienen además penas más bajas que los asesinatos. 

La diferencia es esencialmente jurídica. “Siempre que hay una muerte violenta intencionada, hay homicidio”, prosiguen las fuentes consultadas, pero para que haya asesinato tienen que darse una serie de circunstancias específicas. La clave está en el Código Penal. Según la legislación, la consideración de asesinato debe ir acompañada de alevosía, una recompensa, ensañamiento o que el crimen sea un medio para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Y no todos los casos de violencia de género cumplen con tales requisitos.

El 13 de enero el Ministerio de Igualdad introdujo el cambio en las notas de prensa que difunde cada vez que confirma un crimen machista. “El Ministerio de Igualdad condena el homicidio por violencia de género de dos mujeres en las provincias de Badajoz e Illes Balears”, comunicaba tanto en su página web como en su canal de Telegram y vía correo electrónico. 

A partir de entonces, las notas de prensa comenzaron a incluir la palabra homicidio, pero el cambio de nomenclatura no fue total. El mismo 13 de enero se puede apreciar que el documento adjunto por correo electrónico a los medios de comunicación mantenía denominación “asesinatos en Badajoz e Illes Balears”. En varios de los sucesivos correos que han salido del departamento, el concepto de asesinato ha seguido figurando en el apartado de asunto, el último este mismo lunes  23 de febrero.

Y en redes sociales, todavía a día de hoy la Delegación del Gobierno sigue utilizando el término asesinato cada vez que señala estar recabando datos de un nuevo feminicidio. 

E incluso ha mantenido, en los mensajes publicados en redes sociales, el mismo concepto de asesinato en los feminicidios confirmados recientemente, aunque el post lleve a la nota de prensa con el término de homicidio ya incorporado.

En lo que va de año, son diez las mujeres que han perdido la vida a manos de varones que eran sus parejas o exparejas. En enero fueron cinco y en lo que va de mes, otras cinco. Es la peor cifra del último lustro.

Pero, además, en la mitad de los casos existía una denuncia previa y en cuatro constaban medidas de protección vigentes. En ninguna de las circunstancias en las que se quebró la orden de protección existió consentimiento de la víctima, según refleja la estadística oficial. 

Dos menores (una niña y un niño) han sido también asesinados a consecuencia de la violencia machista en estos dos meses, sólo uno por debajo de los registrados durante todo el año pasado.

En un contexto de acumulación de casos, con una gravedad especialmente relevante –tanto por los menores afectados como por la ruptura de medidas de protección–, algunas expertas se preguntan si la decisión comunicativa es la más acertada. Fundamentalmente teniendo en cuenta que el homicidio lleva aparejadas penas más bajas, por lo que su connotación es distinta y puede tener menor impacto social en términos generales.

El Ministerio de Igualdad envía este lunes al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, como aumentar la distancia de alejamiento de los agresores con pulseras, después de los diez asesinatos de este año, en los que en seis casos había denuncias previas, según recoge EFE.

Fuentes de Igualdad han explicado a EFE, que las recomendaciones se centran en mejorar algunas cuestiones que dificultan la efectividad de los dispositivos Cometa. En concreto, ante el mal uso de los dispositivos por parte de los inculpados así como los incumplimientos de las obligaciones que conlleva esta medida judicial, Igualdad plantea "una respuesta firme", como la de incoar procedimiento por quebrantamiento de condena, lo que no siempre se hace, y exigir responsabilidad por los daños causados.

Otra de las cuestiones que propone el ministerio de Ana Redondo, es cambiar la distancia de prohibición de aproximación a la víctima cuando es inferior a 350 metros, la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema. El Gobierno considera que a menos distancia la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas de Seguridad no pueden llegar a tiempo de evitar agresiones.

Además, en las misivas que remite este lunes a jueces y fiscales, alerta de que el sistema se tensiona con continuas alarmas que llegan a la víctima y a la policía en los casos en los que el domicilio del inculpado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente, es decir, cuando se encuentra dentro del área prohibida de la distancia acordada alrededor del domicilio de la víctima o de su lugar de trabajo. 

Otros de los puntos que Igualdad considera que debe ser modificado se refiere a las situaciones en las que el nivel de cobertura es deficiente en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima. Si no hay cobertura no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema, recuerda el departamento de Redondo.

Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila en una semana negra para la violencia de género -en la que también han asesinado a dos menores- elevan a diez los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de los casos constaban denuncias previas.

El último de ellos, pendiente de confirmación oficial, se produjo el pasado viernes en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, donde la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer de 29 años con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima. 

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026. En apenas un mes y medio, 6 menores han quedado huérfanos en 2026 tras los feminicidios de sus madres, cifra que se eleva a 510 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas). 

A los nueve feminicidios, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.

La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.

La víctima cuenta ya con protección oficial, una petición que realizó por temor a que se difundieran datos relativos a su domicilio o el de su familia, según expresó su abogado. "Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede difundir su domicilio", añadió.

Lo sucedido es en realidad la constatación de un sistema que no está diseñado para blindar la protección de las víctimas una vez dan el paso de denunciar. La falta de garantías tiene además un efecto disuasorio para las mujeres que han sufrido violencia, quienes precisamente tienden a valorar por encima de todo el anonimato y la protección de su identidad. 

En su libro No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, la escritora feminista Cristina Fallarás señala que "la inmensa mayoría" de los relatos que llegaron a sus redes sociales en los últimos años venían con una petición: "Por favor, no publiques mi nombre". A partir de ese momento, la periodista se hizo eco de las denuncias siempre de forma anónima. Pronto las mujeres "dieron por sentado que los testimonios se colgaban en mi cuenta eliminando sus identidades", escribe. "Creo que esa es precisamente la razón por la que he recibido y sigo recibiendo una cantidad casi insoportable de relatos sobre agresiones sexuales".

Pero una vez la violencia contra las mujeres adquiere una dimensión pública, la protección de la víctima –empezando por su privacidad e intimidad– deja de estar garantizada.

En el año 2018, un error en la publicación de una de las sentencias contra los agresores sexuales de La Manada de Sanfermines permitió acceder a los datos personales de la víctima. La defensa denunció la filtración y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación. Pero el daño ya estaba hecho: en internet se difundieron sin censura datos e imágenes de la joven, muchas con la evidente intención de desacreditarla. 

Aquel mismo año, uno de los responsables de difundir información privada de la víctima no dudó a la hora de publicar su nombre, apellidos, domicilio, centro donde cursaba sus estudios universitarios, fotografías de la mujer e incluso su documento nacional de identidad. Lo hacía bajo el rótulo de Yo no te creo. Cinco años después, el autor fue condenado a tres años de prisión y tres mil euros de multa por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Diciembre de 2023. La joven que denunció al futbolista Dani Alves –finalmente absuelto por la justicia– por un episodio de violencia sexual alerta de que su privacidad corre peligro. El entorno del jugador, incluida su madre, había publicado un vídeo cuestionando el relato de la denunciante y mostrando información personal que permitía identificarla.

La defensa de la joven anunció acciones legales "contra todas aquellas personas o medios" que difundieran las imágenes de la joven o facilitaran "cualquier información, directa o indirecta, que permitiera su identificación", mientras que la Fiscalía Provincial de Barcelona señaló a la progenitora del acusado por un posible delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.

Se trata en ambos casos de episodios mediáticos, por la especial entidad de los hechos judicializados o por la relevancia de la autoría, pero la difusión de la identidad de las víctimas de violencia sexual es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando toman la decisión de denunciar.

Hace dos años, un juzgado de Valencia condenó a una mujer como autora de un delito contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos por difundir en redes sociales el vídeo de una agresión sexual grupal. Las víctimas eran menores de edad y el caso se dio a conocer como el de La Manada de Burjassot.

Pero la odisea de las víctimas va mucho más allá. Incluso en aquellos casos en los que su identidad es conocida, tienen que soportar el escrutinio público, el descrédito y, en muchos casos, la publicación de parte de los procesos judiciales por los que transitan.

Fue el caso de Jennifer Hermoso, víctima de una agresión sexual por parte de Luis Rubiales. Su equipo legal comunicó en octubre de 2023 su intención de emprender acciones legales con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de la futbolista después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de su declaración ante la Fiscalía, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Queremos recordar que todo procedimiento penal debe desarrollarse con garantías para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas", indicaba entonces su equipo de abogados. Y añadían: "Las continuas filtraciones y la falta de dichas garantías impiden que la jugadora pueda llevar el proceso con normalidad". En aquel momento, fue la propia víctima quien aseguró que su salud estaba en juego como consecuencia de las filtraciones, que no se sentía segura y que tenía dudas sobre si volvería a declarar ante el juez.

No mucho después fue otro gran proceso judicial el que pasó a ocupar titulares: el de la actriz Elisa Mouliaá contra el expolítico Íñigo Errejón. Concretamente, fueron filtrados vídeos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero durante la instrucción. En aquel momento, la entonces presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Erice, rechazó públicamente la filtración de los vídeos y enfatizó en que la intimidad de las víctimas debe estar garantizada en este tipo de procedimientos. En la misma línea se manifestó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia: su portavoz aseguró que la distribución de las imágenes revictimizaba a la denunciante.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la "divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual", tal y como introdujo la ley del sólo sí es sí. La legislación también prohíbe la difusión de datos que puedan "facilitar su identificación de forma directa o indirecta".

La Fiscalía quiere poner fin a los vientres de alquiler, cargando contra uno de sus principales sustentos: las agencias que difunden, promocionan y blindan esta práctica. Y lo hace enarbolando como principal bandera la estrategia de la publicidad ilícita. Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Igualdad el bloqueo del acceso desde el territorio español a las páginas web de hasta trece agencias dedicadas expresamente a publicitar vientres de alquiler, al considerar que ofrecen y realizan "prácticas comerciales de gestación subrogada" declaradas ilegales en nuestras fronteras. 

Fuentes del departamento de Ana Redondo reiteran su "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva" y confirman que el Instituto de las Mujeres tiene "el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". 

Las mismas fuentes subrayan, no obstante, que el ministerio no tiene "capacidad administrativa de bloquear webs", así que la mañana del jueves ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición realizada por la Fiscalía. Aunque es pronto para concretar acciones, una posibilidad que no descartan las fuentes consultadas por infoLibre pasa por demandar a las compañías señaladas, pero todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Instituto de las Mujeres ha pedido a la Abogacía del Estado "asesoría y una reunión, si fuera preciso", puntualizan las mismas voces. 

Lo cierto es que en noviembre del año pasado la Fiscalía sí cerró por primera vez distintos sitios online de idéntica naturaleza, pero con sede en España. Como esa clausura no puede replicarla respecto a las webs extranjeras, lo que busca ahora es limitar su acceso desde aquí, haciendo un llamamiento a las instituciones. La Fiscalía ya había anunciado entonces que ese sería su próximo paso: la fiscala de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, reconoció en rueda de prensa que existen "multitud" de páginas web internacionales que promocionan esta práctica ilegal a través de delegaciones nacionales. En aquel momento, la propia fiscala deslizó que tendrían que ser las administraciones quienes tomaran cartas en el asunto.

Pero no parece tan sencillo. "El Instituto de las Mujeres ya ha ido por la vía legal hasta donde se le ha permitido con las empresas que ellos señalaron" y sus acciones ni siquiera han derivado necesariamente en el cierre de las webs, señalan las fuentes pulsadas, quienes reiteran las dificultades de poder clausurar sitios online, especialmente con dominio en el extranjero. 

Las trece empresas que están ahora en el punto de mira son Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultatns, Surrogacy Network, Betaplus Fertility,Miracle Surrogacy y Invest Medical LLC. Algunas tienen su sede en Estados Unidos, y otras en México e incluso en Israel.

Núria González, abogada y autora del libro Vientres de alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafos), celebra los pasos adelante en la batalla contra la gestación subrogada, pero expresa dudas respecto al impacto real del cierre de las páginas web. "Todo suma, pero hay herramientas suficientes para que no se produzca esa publicidad. Muchos de los contratos se firman aquí, lo que sería interesante es seguir el rastro de esos pagos", argumenta la letrada. 

Lo dice con conocimiento de causa. A través de su asociación feminista L'Escola, la abogada solicitó en octubre del año pasado a la Fiscalía que investigara la denuncia de catorce parejas españolas contra una empresa mexicana que promocionaba vientres de alquiler, por un supuesto delito de estafa. La agencia tenía sede en Madrid y se presentaba como "líder del sector", ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento. González pidió que se tirara del hilo, pero su denuncia fue archivada. 

La experta sí cree que el anuncio tiene un impacto simbólico, pero expresa dudas respecto a que suponga un cambio de paradigma. En esa línea, la abogada traza un símil con las medidas en torno a la prostitución. "Se prohibieron los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ¿qué impacto ha tenido eso en la industria?", se pregunta.

"El mensaje es correcto, pero necesitamos una acción contundente", exclama. "La Fiscalía tiene que investigar las denuncias que ya se han presentado y prohibir esta práctica. Tiene herramientas y tiene los argumentos". 

Cuando Núria González señala que las instituciones tienen las herramientas y los argumentos para tomar medidas efectivas y garantistas contra los vientres de alquiler, se refiere a dos cuestiones concretas: la legislación como herramienta; la jurisprudencia como argumento.

El décimo artículo de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde el año 2006, califica como "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". 

El artículo 221 del Código Penal castiga a quien "mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco" y también persigue a "la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero".

Y en la reforma de la ley del aborto, se incluyó la gestación por sustitución como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y entre las medidas de prevención se introdujo expresamente la prohibición de la publicidad. 

En abril de 2025, además, el Gobierno aprobó una instrucción para prohibir la inscripción consular de los bebés nacidos a partir de esta práctica.

En cuanto a los argumentos, la letrada mira directamente hacia una institución muy concreta: el Tribunal Supremo. Hace más de una década, el tribunal se pronunció por primera vez de forma crítica contra los vientres de alquiler, reconociéndolo como una práctica que vulnera "la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación" y permitiendo a "determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza".

Es, en términos generales, la estela que han ido siguiendo los magistrados a lo largo del tiempo. En diversas sentencias dictadas en los últimos años, el Supremo ratifica su postura y reitera que los vientres de alquiler atentan contra "los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño". Pero además, los jueces han puesto la lupa también sobre el hecho de que las agencias de intermediación puedan actuar y publicitarse "libremente". Lo hacen, añadían en una de sus sentencias más recientes, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la ley considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Pero los argumentos no sólo vienen de los tribunales españoles, sino que cada vez son más habituales en el plano internacional. Naciones Unidas también lo cataloga como una forma de "explotación de las mujeres" y asegura que "refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos", según un informe publicado en agosto del año pasado por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La ley contra la violencia vicaria no se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, como preveía el Ministerio de Igualdad: el Gobierno ha decidido aplazar su aprobación para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, tras las reticencias mostradas por Juventud e Infancia.

Pese a la intención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de elevar la ley al Consejo de Ministros la próxima semana, las diferencias entre los distintos departamentos gubernamentales y la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de descolgarse del proyecto han llevado al Ejecutivo a dar más tiempo para consensuar el texto con todas las partes, según fuentes conocedoras de la negociación.

Este jueves, el departamento de Sira Rego anunciaba que se desmarcaba del proyecto como ministerio coproponente ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

Juventud e Infancia planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Y lo hacía después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta a ese ministerio, Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Esta coordinadora defendía en su escrito que la tipificación de la violencia vicaria no se puede hacer de "cualquier forma", expresaba su "gran preocupación ante las propuestas planteadas" y pedía que la ley no se limite a retoques superficiales o a crear figuras nuevas que entren en contradicción con el concepto de violencia vicaria, como un delito neutro de violencia vicaria sin relacionarlo con la violencia machista.

En respuesta, la posición de Juventud e Infancia fue defender que es inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género y señalar que no queda garantizado el derecho de escucha de los menores. Ante la negativa de Justicia de modificar los aspectos citados, Juventud e Infancia decidió retirarse del proyecto como coproponente. Sin embargo, el Gobierno quiere intentar sacar adelante el texto con consenso y por eso se ha ampliado el plazo de la negociación.

Fuentes de Igualdad aseguran que "se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto". El pasado miércoles, Redondo reconocía que se trata de un "texto delicado" y precisaba que se intentaría conciliar las demandas de las víctimas con una "técnica legislativa correcta".

Septiembre de 2025. Al Ministerio de Igualdad le sacudía una de sus mayores crisis en la actual legislatura: el sistema de control telemático a maltratadores había sufrido una serie de fallos técnicos que hicieron saltar todas las alarmas. El departamento de Ana Redondo trató de templar los ánimos descartando cualquier tipo de riesgo para las víctimas, insistiendo en que se trató exclusivamente de incidencias puntuales y comprometiéndose a una mejora sustancial del sistema. Esta semana, su cartera ha querido sacudirse los restos de una crisis que marcó a su equipo, aprobando una inversión en el modelo pero dejando en un limbo algunas de las principales incógnitas que lo rodean.

Fueron varios los problemas que atravesaron al servicio, basado en dos dispositivos de localización y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. El primero estaba vinculado a la migración de datos cuando la compañía actual –una unión temporal de empresas entre Vodafone y Securitas– tomó los mandos de la gestión.

En febrero de 2024 finaliza el contrato con Telefónica, pero se abre una suerte de "periodo de transición de toda la información, entre febrero y mayo", según señalaron en su día fuentes involucradas en el proceso. En ese trimestre, la empresa que está de salida migra sus datos a la nueva compañía y es en esa migración donde se producen unos fallos que tienen impacto en los tribunales, con absoluciones y sobreseimientos puntuales.

De aquella brecha tomó nota la Fiscalía, quien recogería lo sucedido posteriormente en su Memoria anual. "Hay una incidencia en la migración de datos que se prolonga durante un tiempo determinado que los fiscales cifran en cuatro o cinco meses, pero a finales de 2024 estaba resuelto", explicaban entonces desde el Ministerio Público.

A ese fallo provocado a raíz de la migración de datos se sumaron otras incidencias técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, todo ello reportado por los propios profesionales que dan soporte al servicio. Tan solo un mes después de que estallara la crisis, el 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que terminó de apuntalar la desconfianza de las víctimas.

Igualdad siempre ha defendido que el sistema funciona, pero al tiempo ha reconocido que el margen de mejora es amplio. El año pasado se cerró con 4.432 dispositivos activos.

Con el propósito de terminar de cerrar la herida, el ministerio quiere llegar a mayo –momento en el que vence el actual contrato– con una reformulación del sistema capaz de enyesar las grietas detectadas. Con esa ambición se presentó la ministra este martes en el Consejo de Ministros, donde se dio luz verde a un nuevo contrato.

El primer cambio que prevé poner en marcha tiene que ver con los propios dispositivos. Se incrementarán en número, hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". Fuentes del departamento de Ana Redondo explican a preguntas de este diario que el material será "antivandálico" y que por ello se "minimiza el riesgo de arrancamiento y manipulación". Las tobilleras se usarán para las nuevas altas, pero también para sustituir a aquellas pulseras dañadas o que hayan presentado averías.

Ese ha sido, precisamente, uno de los fallos que más inquietan a las víctimas: saber que sus maltratadores han podido manipular las pulseras. También se mejorará su resistencia al agua después de haber recibido igualmente quejas relativas a los errores tras ser sumergidos.

El ministerio quiere además introducir mejoras en cuanto al personal, con un mínimo de 151 profesionales en las entrañas del sistema, la sala Cometa. Para ello, se traza una inversión de hasta 111.100.438,80 euros en un nuevo contrato que tendrá una duración de tres años, prorrogable a cinco.

6 de mayo de 2026. Es esa la fecha final del actual contrato y el tiempo límite para implantar cambios, encontrar una empresa capaz de asumir la gestión del servicio y cerrar definitivamente la crisis de las pulseras. En esa senda emerge un punto crítico: la migración de los datos en caso de que cambie la empresa adjudicataria. Fue ahí donde se produjeron algunos de los fallos más graves en el sistema, por lo que el ministerio tendrá que trabajar por impedir que vuelva a suceder algo parecido.

Igualdad quiere dejarlo bien atado, así que tres meses antes de la finalización del contrato "la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, la monitorización de estas, la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición".

"En el pliego de la nueva licitación se detalla mucho más esta fase", presumen fuentes de Igualdad. "Se dedica un anexo específico y muy detallado a la fase de transición y devolución del servicio".

El final del actual contrato es también una fecha marcada en rojo en el calendario por otro motivo: en ese momento, el ministerio decidirá si sancionar a las empresas que estaban al mando durante los fallos reportados. La ley permite multar a la compañía en caso de "cumplimiento defectuoso de la prestación" o por "incumplimiento de los compromisos" establecidos, pero el departamento de Ana Redondo señaló en su día que su intención pasa por revisar al cierre del contrato si ha existido algún incumplimiento, lo que derivaría en una eventual sanción. 

Actualmente, confirman las mismas fuentes, hay abierto un expediente de penalización a Vodafone y Securitas por la incidencia producida el pasado 11 de noviembre de 2025, aunque aún sin resultado. "Está previsto que se resuelva en breve", zanjan desde el ministerio. Además, existen dos auditorías todavía en marcha –una externa y otra interna– que evalúan el funcionamiento del sistema, en términos genéricos.

La crisis de los dispositivos de control sirvió además para poner en evidencia otro de los grandes problemas intrínsecos al sistema: su externalización. Igualdad no tardó en hacer suya esta demanda: "Cuanto más público, mejor", señalaban fuentes del ministerio a finales del año pasado. La propia ministra así lo afirmó también en sus declaraciones durante aquellos meses: "Nos gustaría ir hacia una asunción de todo el servicio desde lo público. No ha sido así en el pasado. En este contrato tampoco lo es y probablemente en el siguiente avanzaremos en ese camino", expresaba en septiembre.

"Tanto la plataforma como los dispositivos y la app que tienen instalada son propiedad del Ministerio de Igualdad", asienten desde el departamento, al ser preguntados sobre los trabajos concretos de cara a una transición hacia un mayor peso de lo público. Todo esto, precisan, es así "a raíz de todo lo que ha pasado y se mantendrá" en los nuevos pliegos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que su departamento ha firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que pasarán de ser pulseras a ser tobilleras para mejorar la fiabilidad y evitar que sean manipuladas.

Las nuevas tobilleras incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta de seguimiento será inextraíble, como ha detallado Redondo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que el nuevo contrato se ha firmado por 71 millones de euros (ampliables hasta 111 millones) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).

"Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha reseñado.

La ministra también ha avanzado que se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para garantizar que cualquier pulsera manipulada por el agresor o que presente algún tipo de disfunción pueda ser reemplazada en un máximo de 24 horas.

Asimismo, se implementarán mejoras en la sala COMETA, que ya cuenta con 151 empleadas, tanto a nivel de coordinación como de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo.

Este anuncio llega después de que se detectaran fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de seguimiento que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento, lo que obligó a Igualdad a iniciar dos investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, para determinar lo ocurrido.

"Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones", ha afirmado Redondo, quien confía que las nuevas herramientas permitan al servicio ser "mucho más eficaz y eficiente".

La ministra ha resaltado que la tecnología "puede fallar", pero ha reconocido que la respuesta del Gobierno no puede hacerlo.

En ese sentido, el nuevo contrato incluye un refuerzo de los planes de actualización y seguimiento para que sean "más exigentes", y reclamará a la empresa adjudicataria que incorpore a los dispositivos y al sistema de seguimiento todas las mejoras que se puedan producir durante la vigencia del acuerdo.

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas, informa EFE.

El pasado mes de septiembre, Igualdad anunció que trabajaba en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, tras conocerse los problemas que hubo con las pulseras de control a principios de año y que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Según Igualdad, el nuevo contrato iba a incluir mejoras en el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.

La ministra, Ana Redondo, prometió que el nuevo contrato contaría con "dispositivos de mejor calidad" y los avances y las mejoras que estén disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para posibilitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad este gasto, correspondiente al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Se trata de la contratación de "un servicio para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros", según explica la referencia del Consejo de Ministros.

De esta cantidad total, "59.280.321,89 euros se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos", prosigue.

Asimismo, 2.847.485,28 euros irán destinados a "prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027".

El Consejo de Ministros ha autorizado este gasto ya que se superan los límites de la ley presupuestaria.

En mayo de 2026 concluye el contrato vigente, que ahora gestionan las empresas Vodafone y Securitas, las únicas que se presentaron a un concurso que tuvo una dotación de 42,6 millones de euros y una vigencia de 30 meses.

La última vez que se registró una incidencia en el sistema Cometa fue el pasado mes de noviembre, por un problema con un enrutador. En ese momento, Redondo aseguró que ninguna mujer había quedado desprotegida por el fallo técnico.

Sin embargo, la polémica se originó meses antes, cuando en septiembre la Fiscalía alertó sobre una serie de problemas en el acceso a la información necesaria para formular acusaciones por incumplimiento de las medidas de alejamiento. Además, varios trabajadores de Cometa denunciaron fallos en el GPS de los dispositivos.

Según explicó el Ministerio de Igualdad, el motivo de estas incidencias se debió a una pérdida de información en el proceso de migración de datos tras el cambio de proveedor de las pulseras.

Si algo han demostrado los discursos de odio en los últimos años, es su obstinada cruzada contra los avances feministas. Las voces reaccionarias tienen la habilidad de retorcer la realidad para sembrar retrocesos, ignoran los datos para imponer visiones sesgadas y censuran las voces de expertas para introducir su relato ideológico. Ya no se trata sólo de negar las raíces culturales de la violencia machista, sino de insistir en el mantra de que las políticas públicas no han sido capaces de proteger a las mujeres. Es el primer paso para hacer saltar por los aires todo el entramado institucional construido en las últimas décadas contra la violencia de género. Pero en tanto que tramposo, su discurso es fácil de rebatir. 

Año 2003. España inauguraba una estadística pionera: a partir de aquel momento las instituciones harían un recuento de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Aquel año, a las puertas de una nueva ley integral que buscaba proteger a las víctimas, se cerró con 71 feminicidios. Este 2025, según los datos del Ministerio de Igualdad, terminó con 46 crímenes mortales. Es la cifra más baja en toda la serie histórica. El número de feminicidios se ha reducido un 35,2% en 22 años.

Las voces expertas insisten en observar con cautela las estadísticas, cuyo análisis no siempre arroja explicaciones sólidas, pero lo cierto es que sí existe un patrón de descenso imposible de ignorar. Las cifras, por tanto, reflejan una realidad: las políticas públicas tienen impacto en la realidad material de las mujeres. 

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que no resulta útil, ni estadísticamente correcto, comparar las cifras en periodos de tiempo muy cortos: "La diferencia interanual suele mostrar subidas y bajadas que obedecen a factores contextuales individuales", incide. Por eso sugiere un cambio de enfoque y propone revisar las diferencias entre los diez primeros años y los diez siguientes. "Ahí hay una disminución clara", celebra.

Pero además, recalca el también médico forense, se produce una bajada de los feminicidios en un momento en que "las circunstancias son más complejas" en contextos de violencia. Las víctimas son "más críticas frente a esa idea de aguantar, no separarse y no denunciar". Ahora, ellas tienden en mayor medida a querer romper con la violencia, a pesar de que la ruptura ha demostrado ser un detonante y por tanto un momento de "riesgo de sufrir violencia", puntualiza el exdelegado. A pesar de ello, "hay menos homicidios, luego el avance es más significativo".

Coincide Altamira Gonzalo, jurista feminista, en la idea de observar las cifras desde una mirada larga. "En los últimos quince años constatamos una tendencia a la baja", se apresura a decir al otro lado del teléfono. "La reducción es muy importante" y a pesar de ello "es también insuficiente", matiza. Pero sirve para afirmar que "las leyes y las políticas públicas tienen su resultado positivo", por lo tanto "ese es el camino". También significa que "no podemos bajar el ritmo en la aprobación de esas políticas públicas de igualdad, porque el objetivo es violencia cero".

El descenso en las cifras no se entendería sin otro fenómeno: la capacidad de las víctimas para pedir ayuda y la funcionalidad de un sistema que, aun siendo imperfecto, puede protegerlas. 

En el año 2007, el teléfono específico para dar ayuda a las víctimas, el 016, recibió un total de 15.715 llamadas. Era su primer año en funcionamiento. Ya en 2008, la cifra experimentó un gran ascenso, con 74.951 llamadas. Y desde entonces no ha parado de crecer. Con el paso de los años, las víctimas se han ido sintiendo fuertes para descolgar el teléfono, decididas a romper con la violencia que las asolaba. En 2025, la línea recibió 118.337 llamadas. 

Esta tendencia encuentra su reflejo también en las denuncias registradas. Si en el año 2009 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reportaba un total de 135.539 denuncias por violencia machista, en el año 2024 –último con datos completos–, la cifra ascendía a 199.093. La interpretación de las expertas es clara: la curva ascendente tiene que ver con una mayor confianza de las mujeres en el sistema y una mayor capacidad para protegerlas. El porcentaje de condenas también ha aumentado sensiblemente: si el 2009 fueron condenadas el 77% de las personas enjuiciadas, el año pasado el porcentaje escaló hasta el 91,9%.

Las pulseras de control a maltratadores se han demostrado también, con todos sus matices y su necesaria mejora, como una herramienta de protección útil para las víctimas: ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada nunca. En 2009, se registraron un total de 153 dispositivos activos. En 2025 eran ya 4.432.

Pero los elogios al sistema son estériles si no van acompañados de una legítima crítica. No todo son buenas noticias en estos veinte años. Las órdenes de protección no han experimentado apenas cambios, siendo 41.081 las dictadas por los jueces en 2009 y 41.237 las registradas en 2024. Las ayudas socioeconómicas tampoco muestran un aumento significativo, o al menos no lo suficientemente sostenido en el tiempo. Un ejemplo: las ayudas para el cambio de residencia concedidas en 2005 fueron 761, en el año 2015 fueron 3.632 y en 2024 cayeron a 2.077.

Pero los expertos reparan en una cifra también prácticamente inalterable: el número de feminicidios con denuncia previa. En el año 2006, el 31,8% de las víctimas mortales de la violencia machista había interpuesto primero una denuncia contra su agresor. Casi dos décadas después, el porcentaje es del 21,7%. Son diez puntos de diferencia, pero sigue representando un fracaso sin paliativos del sistema.

Ante esta realidad surge una pregunta: cómo defender un sistema que se ha demostrado imperfecto. Para Lorente, hay dos cuestiones clave. "Primero debemos hablar de responsabilidad", esboza. Es decir, siempre que existan fallos en el sistema, quienes están detrás de su diseño deben tener la capacidad de hacer autocrítica y responsabilizarse de los errores. "Cuando se cometen imprudencias, debe haber responsabilidades", zanja.

Pero los déficits deben ser también un estímulo de cara a una mejora inmediata y urgente. El exdelegado cree fundamental un análisis constante alrededor de aquellos elementos que no funcionan bien, detectar los recursos que faltan y sobre todo caminar hacia una estrategia enfocada en la prevención y no tanto en una respuesta exclusivamente pensada para los momentos críticos. Y con él coincide la jurista feminista. "Hay que mejorar esas políticas, ver dónde hemos tenido fallos, porque sabemos que los hay", sostiene. Gonzalo cita las grietas a la hora de aplicar las leyes, los problemas ligados a la carencia presupuestaria y la ausencia de medios materiales. "Todo eso lo tenemos identificado, sabemos que no podemos bajar la guardia". 

Las políticas públicas, observa Lorente, son una "pieza esencial" por dos razones. Por un lado, expone, porque actúan directamente sobre el problema que buscan combatir. Por otro, porque al mismo tiempo son capaces de generar una "conciencia sobre el problema que abordan". Todo ello genera ese "doble efecto de actuar y concienciar". Eso es lo que ha sucedido a su juicio con la estrategia contra la violencia machista. 

Esos avances, sin embargo, están hoy en riesgo. Lorente se detiene en los datos de la última Macroencuesta de violencia contra la mujer, correspondiente a 2024. Según sus conclusiones, el 16,7% de las víctimas de violencia machista dicen haber sufrido malos tratos en el último año. Una cifra nada desdeñable que el exdelegado mira con preocupación. "Recordemos que ese último año es el de los pactos de la extrema derecha y los discursos negacionistas", asiente. Una coincidencia que no cree inocente.

Según el Barómetro Juventud y Género 2025 del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, la idea de que la violencia de género "siempre ha existido y es inevitable" cala entre el 36,5% de los jóvenes, un aumento superior a seis puntos respecto a hace dos años. Además, un 20,3% coincide en que la violencia machista "no existe, es un invento ideológico", más de dos puntos por encima en relación al anterior barómetro. El 50,8% de los encuestados cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas y un 44,6% asegura que los varones han perdido la presunción de inocencia. Lo afirman así a pesar de los datos: en su última Memoria, la Fiscalía reseña que el porcentaje de denuncias falsas desde el año 2009 es "ínfimo", cifrándolo en 0,0082%. "Los jóvenes llegan bajo ideas introducidas por sectores de la ultraderecha", así que no es difícil ver los efectos de la "reacción del machismo, propiciada por la ultraderecha como instrumento de acción política", lamenta Lorente. 

Frente a los discursos que comienzan a calar, las políticas públicas han erigido a España como uno de los países de la Unión Europea más avanzados en igualdad de género, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). Sólo Suecia, Francia y Dinamarca están por encima. A pesar del negacionismo, existe una mayoría social que lo mira con orgullo: según el barómetro de la juventud citado anteriormente, la idea de que "la violencia de género es un problema social muy grave" alcanza máximos históricos, siendo enunciado por el 67,7% de los encuestados.