Fue detenido el 18 de enero de 2016 e interrogado como imputado por la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La UCO registró su despacho de director general en la sede de Acciona de la Avenida de Europa, en Alcobendas (Madrid), y permaneció imputado hasta 2021. Justo Vicente Pelegrini, el hombre de Santos Cerdán en Acciona, ya apareció como implicado en el caso Acuamed, la trama corrupta que inflaba facturas y certificaciones de obra manipulando mediciones en infraestructuras hidráulicas que le adjudicaba esa empresa pública. Sin embargo, su implicación en ese caso no solo no supuso su salida del gigante de promoción y gestión de infraestructuras, uno de los mayores constructores de obra pública del país. Si durante esa trama corrupta que tuvo lugar con Mariano Rajoy en La Moncloa era director general de Acciona Construcción para España y Portugal, poco después, en 2017, se convirtió en el máximo ejecutivo de la constructora para esos dos países y el norte de África.

Según el informe de la UCO conocido este martes, Justo Vicente Pelegrini fue la persona que suscribió en 2015 un acuerdo con Servinabar, la empresa del guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE excarcelado este miércoles. Ese acuerdo tenía como objetivo potenciar la adjudicación de contratos para la cotizada que preside José Manuel Entrecanales que, en algunos casos, concurría en unión temporal de empresas (UTE) con la compañía de Alonso en la que Cerdán tenía supuestamente una participación del 45%. Gracias a la presunta intermediación del dirigente socialista en el Ministerio de Transportes tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, tanto Cerdán como el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García obtenían supuestamente beneficios económicos canalizados por la firma del empresario guipuzcoano.

En la misma época en la que Justo Vicente Pelegrini inició su relación con Servinabar, el directivo de Acciona ya ejercía su influencia en la Administración, entonces dirigida por el PP. La constructora recibió presuntamente por aquellos años fondos públicos obtenidos de manera ilegal gracias a supuestas gestiones suyas en la cúpula de Acuamed, la empresa estatal de desaladoras y otras obras hidráulicas dependiente entonces del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido durante los gobiernos de Rajoy por los ministros Miguel Arias Cañete (hasta 2014) y posteriormente por Isabel García Tejerina. Justo Vicente apareció como el directivo de más alto rango que trataba con el principal acusado en la causa, el ex director general de la empresa pública de aguas, Arcadio Mateo, y otros líderes del entramado corrupto.

En el sumario, pendiente aún de juicio y en el que hay 42 procesados –por delitos como corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias– aparecieron varias conversaciones entre ambos y otros directivos implicados que levantaron sospechas sobre sus gestiones para inflar artificialmente los costes de las obras adjudicadas por Acuamed a Acciona, entre ellas la desaladora de Torrevieja (Alicante), una de las infraestructuras hidráulicas de mayor envergadura en la historia de España. Sin embargo, en marzo de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió archivar la causa contra el entonces director general de Acciona. En la nómina de personas que se sentarán en el banquillo sí se encuentran otros ocho cargos y empleados de la adjudicataria de obra pública.

El auto de procesamiento detalla cómo esos ocho miembros de Acciona –desde un director de Infraestructuras, hasta un jefe de zona, pasando por encargados de obra civil o trabajadores– consiguieron acceso casi total a la documentación empresa pública de aguas para inflar las facturas y los importes recibidos tras ganar el concurso para la construcción de la desaladora de Torrevieja. Los miembros de Acciona implicados, en connivencia con los cargos de Acuamed, bordeaban los criterios económicos y de calidad expresados por los servicios técnicos del organismo público para pactar los pagos únicamente con Mateo y el resto de directivos que, supuestamente, recibían las dádivas.

La resolución que lleva a juicio a los ocho antiguos miembros de la plantilla de Acciona, firmada por García Castellón en abril de 2023, nombra a Justo Vicente Pelegrini hasta en siete ocasiones. El entonces director general aparece en reuniones con los máximos responsables de la trama corrupta de inflado de facturas y certificaciones de obra en la sede de Acuamed. También surge nombrado como uno de los supuestos muñidores por otros investigados, sin embargo, el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia concluyó en marzo de 2021que no había quedado acreditado que "entre las funciones del señor Vicente Pelegrini, director general del área de construcción de Acciona Infraestructuras para todo el territorio de España, Portugal, resto de Europa y África, estuviese la supervisión técnica de las múltiples obras que se encontraban bajo su área de actuación ni de analizar personalmente lo que se ejecutaba en ellas".

Que Justo Vicente Pelegrini hubiera sido detenido, interrogado como imputado y el hecho de que apareciera repetidamente en el sumario del caso Acuamed y de que una sede de la compañía fuera objeto de un registro policial no fueron motivo suficiente para que, desde ese momento, fuera relevado de su cargo en Acciona. Al contrario, como recoge el magistrado instructor del caso Cerdán en el Supremo, Leopoldo Puente, el hombre del ex número tres del PSOE en el gigante de obra pública pasó de director general de España y director de África, Oriente Medio y Suecia de Acciona Construcción a máximo ejecutivo (CEO, en los términos de Acciona) del área de Construcción para España, Portugal y el Norte de África, según se confirma en los informes de gobierno corporativo de la entidad correspondientes a 2017. El ascenso se produjo pese a que, hasta marzo de 2021, permaneció imputado en el caso Acuamed. Tuvo que volver a aparecer en otro sumario, el del caso Cerdán, para que Acciona se deshiciera de él el pasado junio.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, presidirá el próximo 26 de junio la junta general de accionistas de la compañía. El objetivo es que la aparición del nombre de la empresa como nexo corruptor entre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su cómplice, el exasesor Koldo García Izaguirre, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos no provoque una huida de los inversores.

En el informe de la UCO sobre el caso Koldo que ha dejado temblando al Gobierno, a la compañía dirigida por Entrecanales se le atribuyen comportamientos cuando menos cuestionables. Como el control de parte del organigrama mostrando su acuerdo con los altos cargos que se iban nombrar con la llegada del PSOE al Ejecutivo en 2018 tras la moción de censura. El documento policial señala a Cerdán como el hombre del gigante de la obra pública frente al Gobierno. El hombre que movía los hilos desde Ferraz para que Koldo y Ábalos amañaran licitaciones de obra pública a su favor a cambio de presuntas mordidas.

Hasta el momento, Acciona ha tratado de detener la hemorragia con el despido fulminante de su hasta ahora director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, mencionado en el documento enviado por la UCO al instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente. El otro cargo de la compañía que aparece en el documento como principal contacto de Cerdán y Koldo es Fernando Merino, exresponsable para Navarra y La Rioja, que fue despedido hace unos años, en 2021.

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los supuestamente corrompidos fueron el director general de la empresa pública especializada en obras hidráulicas, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, entre otros altos cargos.

El auto de procesamiento detalla cómo esos ocho empleados de Acciona y cargos –desde un director de Infraestructuras, hasta un jefe de zona, pasando por encargados de obra civil o trabajadores– consiguieron acceso casi total a la documentación empresa pública de obras hidráulicas para inflar las facturas y los importes recibidos tras ganar el concurso para la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante). Los miembros de Acciona implicados, en connivencia con los cargos de Acuamed, bordeaban los criterios económicos y de calidad expresados por los servicios técnicos del organismo público para pactar los pagos únicamente con Mateo y el resto de directivos que, supuestamente, recibían las dádivas.

Acuamed adjudicó la obra a Acciona en 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por 256,2 millones de euros. Pero con la llegada del PP al Gobierno y de Mateo a la dirección general, la empresa pública alcanzó un pacto con Acciona para "satisfacer las aspiraciones económicas de esta", con "mediciones que serían falsas" y otros "sobrecostes" que, finalmente, no fueron aceptados por las objeciones que opuso el abogado del Estado. Algunos de ellos ni aparecían en los contratos.

Los cargos de Acciona implicados fueron el entonces director del departamento de Acciona Infraestructura, Antonio Marco Ruiz; el jefe de área de la zona Levante, Vicente Chirivella Osma; José Luis Morales Asenjo, jefe del departamento de Acciona Infraestructura; y Guillermo Ruiz López, jefe de Acciona Agua. Todos ellos actuaban junto al gerente de la UTE adjudicataria, Fernando Cortabitarte, y el jefe de Obra, Javier Delgado, junto con otros dos empleados. Y todos ellos están procesados por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental.

El poder de la empresa ahora presidida por Entrecanales era tal en Acuamed, que consiguieron quitarse de en medio a los cargos que pusieron problemas a las liquidaciones infladas, como el exdirector de Ingeniería y Construcción, Francisco Valiente, que, tras encontrase con las irregularidades, decidió relevar al trabajador implicado y ponerlas en conocimiento del consejo de administración. Finalmente, cuando vio que allí no le hacían caso, denunció todo en la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo responsable de explotación comprobó importantes incumplimientos en la obra, como la instalación de bombas de alta presión que no eran las previstas, algunas de ellas defectuosas, así como otra serie de deficiencias que, en condiciones normales, según explicó el juez en su auto de procesamiento, hubieran implicado penalizaciones para la adjudicataria por falta de cumplimiento del proyecto, la demolición a cargo del contratista o rebajas de hasta el 50% en cada unidad de obra no ejecutada correctamente.

Sin embargo, mediante su influencia en los máximos responsables del organismo perteneciente al Gobierno, los responsables de Acciona consiguieron introducir en la documentación del expediente relativo a la obra cifras injustificadas de medición, conceptos que no constaban en el proyecto o costes inflados de financiación. "Las comunicaciones intervenidas evidencian que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, se facilitaba el trabajo al contratista [Acciona] permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo, hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra", explicó el juez en su resolución.

Además de la desaladora de Torrevieja, la corrupción de los dirigentes de Acuamed se extendió a otros proyectos y con otras grandes contratistas implicadas. Como otra desaladora, la del Bajo Almanzora (Almería, adjudicada a FCC y Abengoa); la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona, FCC), la presa de la avenida Rambla Gallinera (Valencia) y las conducciones de la desaladora de Campello (Alicante), entre otras. FCC cuenta con otros cuatro cargos imputados que desarrollaron, presuntamente, una actividad similar a los de Acciona. A cambio, el director general de Acuamed y sus cómplices recibían dádivas y regalos en especie para él y algunos de sus subordinados. Entre las que aparecieron en la investigación figuran viajes a Turquía, el pago de hoteles de lujo, la puesta a disposición de vehículos e incluso un implante capilar.

La Fiscalía Anticorrupción no alterará su consideración sobre la gravedad de los hechos que se persiguen en el caso Acuamed por la reforma del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que el Ministerio Público responde así a la Audiencia Nacional que sigue el criterio fijado por el fiscal general del Estado y sostiene que hubo malversación agravada, según ha informado Europa Press.

Fue el pasado mes de enero cuando trascendió que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que revisara su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso Acuamed al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.

En un auto —de 29 de diciembre—, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitaba a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indicara si, "a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre", mantenía la solicitud de transformación a sumario. Cabe recordar que las investigaciones se transforman en sumario cuando recogen delitos que acarrean penas de más de 9 años de prisión.

El magistrado indicaba que con la reforma del Código Penal se tocaba el artículo 432, "modificando además de su contenido los límites penológicos", lo que "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario".

La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación entró en vigor el 12 de enero. En el caso de la malversación, mantiene el tipo tradicional en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitió a finales de enero un decreto para fijar criterio en las revisiones de casos que se hagan a causa de la reforma en el que avalaba que se mantuvieran las condenas dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente en 2015 porque dicha reforma "ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación".

"No se revisarán las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente tras la reforma de 2015 puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación", informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la rama de Acuamed instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.

El juzgado pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción revisará las penas que pide para los encausados del caso Acuamed, más de 40, después de que el juez instructor solicitara al Ministerio Público que lo hiciera al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar rebajas en las peticiones de condena.

Así lo confirman fuentes fiscales consultadas por Europa Press, que aseveran que ahora se deberán revisar todas las peticiones. Sobre el efecto que puede provocar en el escrito de acusación, prefieren no adelantar nada hasta que terminen el análisis.

Esta decisión de la Fiscalía Anticorrupción llega después de que el 29 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea interesara mediante un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, indicara si "a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario".

En la rama de Acuamed instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.

El juzgado dirigido por Manuel García-Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.

La fase de instrucción debía haber concluido el pasado 29 de diciembre pero ese mismo día el magistrado de refuerzo la amplió tres meses, hasta el 29 de marzo, precisamente para dar tiempo a que el Ministerio Público valorara el impacto de la reforma de la malversación en Acuamed.

"Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal, modificando además de su contenido los límites penológicos", lo que "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario", explica Gadea.

A ello añade que, "de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que, en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción".

En este sentido, pone de manifiesto "la necesidad de tener un marco procesal adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, y que en el caso de revelarse algún dato pudiera efectuarse con todas las garantías".

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, rechazó este martes en el Senado que las campañas de publicidad de AcuaMed sobre plantas desaladoras en la costa mediterránea, en las que hubo donaciones de empresas privadas, hubiera mordidas o esto generase una caja B, como sugirió el PP en el Senado, informa Europa Press.

En el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos en la Cámara Alta, Narbona respondió nte el PP, que actúa en solitario en el foro, por el plan de desaladoras puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez y de un programa de publicidad posterior para dar a conocer estas plantas.

En este contexto, el titular del PP en la comisión, Luis Aznar, criticó que la campaña que ascendió a 7,5 millones fue una "auténtica" caja B para publicitar al Gobierno con el pretexto de unas desaladoras que "no estaban construidas". Igualmente, ironizó asegurando que ni "la Coca-Cola" invierte tanto en publicidad, a lo que Narbona respondió que estaba justificado en que los políticos del PP comparaban el agua desalinizada con la energía nuclear.

A juicio de Aznar, las aportaciones de empresas se trataban de mordidas, deslizando que se les prometió recuperar esas donaciones, ya que una década después estas empresas están reclamando en los tribunales estas cantidades.

En estas campañas AcuaMed solo participó con 200.000 euros y el resto de la campaña, que ascendió a más de 7 millones de euros, fue aportado por una asociación de empresas del sector, Aedir, que estaban interesada en dar a conocer el proyecto, según la versión que defendió Narbona.

De su lado, la exministra socialista rechazó que en el diseño de la campaña hubiera "nada" que se parezca a una caja B, ni a mordidas. "Está poniendo en cuestión mi honestidad, no ha habido mordida ni caja B de la que pueda ser responsable y que atribuye a mi gestión", contestó al senador conservador.

"Cuando he tenido indicio de que un colaborador mío hiciera actuación no correcta lo he cesado, si hubiera tenido sospecha lo hubiera hecho", subrayó.

Y sobre las peticiones de las empresas, Narbona hizo referencia a un informe de la UCO que apunta a que hubo un intento de "cohecho fallido". "No consiguieron que AcuaMed, en 2016, que se les computara algo que jamás se les había dicho que fueran a recuperar", señaló.

Admite sobrecostes

En la comparecencia más extendida de la comisión, que rozó las dos hora de duración, Narbona fue cuestionada por los sobrecostes de 214 millones de euros registrados en las obras de las plantas desaladoras puestas en marcha durante sus años al frente de Medio Ambiente.

La actual presidenta del PSOE reconoció estos sobrecostes aunque los enmarcó en las dificultades con los que se abordó el proyecto de las plantas desaladoras por las trabas puestas por políticos del PP, que entonces gobernaban en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en muchas localidades del litoral. De esta forma negó que se debieran a casos de corrupción.

Según alegó, los sobrecostes estuvieron justificados por los retrasos causados por las "amenazas", las "trabas" y "alarma social" que generó el PP con respecto a este plan.

Investigación interna del PSOE

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Por último, el senador del PP pidió a Narbona que desde su cargó en la cúpula del PSOE tome las riendas ante casos como el que se investiga con respecto a Medio Ambiente y también con los contratos publicitarios relativos a Sanidad y Vivienda.

"Como responsable de partido que se plantea como referencia de la regeneración ya tenía que haber pedido una investigación interna para saber que ha pasado con este Ministerio", reclamó Aznar, instando a que los socialista no esperen a que haya sentencia y se adelanten para depurar responsabilidad.

El Juzgado de lo Social de Madrid ha declarado nulo el despido en 2015 de una empleada de la empresa pública AcuamedAcuamed y ha ordenado que se le readmita de manera inmediata en su puesto de trabajo ya que se trató de una "represalia" contra la ingeniera por negarse a que se accediera a abonar 34 millones de euros que reclamaba la constructora FCC por una obra en Flix (Tarragona).

La empresa debe abonarle los salarios impagados desde su despido el 31 de julio de 2015 e indemnizarle con 50.000 euros, de acuerdo con la sentencia en la que la titular del Juzgado de lo Social de Madrid número 20 expone que no ha existido "causa real ni razonable" para proceder al despido.

Considera que ha quedado probado el relato fáctico de la demandante, que forma parte de la Plataforma por la Honestidad, y según el cual, a raíz del nombramiento de María Mañueco como directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, comenzó a recibir "continuas presiones" para que se llegara a un acuerdo económico con la constructora que se había contratado para la descontaminación del embalse de Flix.

Mañueco es una de las personas a las que investiga la Audiencia Nacional por adjudicaciones presuntamente irregulares desde esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura. La investigación arrancó a principios de 2016 tras una operación bautizada con el nombre de Frontino por un fraude estimado en 25 millones de euros.

Despido decidido de antemano

La magistrada expone que en el caso de la ingeniera Azahara Peralta el despido se produjo al diferir de la opinión mantenida por sus superiores de reconocer la reclamación de 34 millones de euros a la constructora. Por ello insiste en que su salida estaba "decidida de antemano" al formular en reiteradas ocasiones alegaciones al informe favorable a la obra, de la cual era directora.

Además expone que en este contexto se le insinuó la línea en la que deberían ir sus alegaciones respecto al proyecto, pese a que la ingeniera se negó a ello. "En consecuencia, no habiéndose justificado por la empresa la concurrencia de causa lícita para proceder al despido de la demandante, procede declarar su nulidad por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", reza la resolución.

La delegación de Podemos en la Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea (CE) que audite los fondos comunitarios de la empresa pública Acuamed. El paso dado por la formación se produce después de que infoLibre desvelase que el Gobierno notificó en 2016 a Bruselas la retirada de 25,6 millones de euros de partidas europeas vinculados a 17 proyectos. La primera retirada de fondos, que según el Ministerio de Hacienda no equivale a una renuncia porque el dinero "se reasignará a otros proyectos", se produjo en mayo de 2016, un mes después de que la UE expresara su "preocupación" ante la situación de Acuamed y el presunto amaño de contratos y de sobrecostes ficticios que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En una pregunta escrita remitida a la Eurocámara por el eurodiputado Xabier Benito, éste alerta de que Acuamed es una “empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, cartera que dirigió el actual comisario Miguel Arias Cañete”.

Asimismo, Benito exige a la CE que calcule “la cuantía total de fondos europeos afectados por casos de corrupción o por investigaciones judiciales abiertas en España” y pide información sobre “a qué proyectos van a destinar ahora las autoridades españolas los fondos retirados, si es que éstos pueden destinarse a otros proyectos”.

Del mismo modo, el eurodiputado de Podemos pregunta a la Comisión si “ha abierto o va a abrir un expediente o proceso sancionador” contra el Gobierno de España o si va a reclamar a la OLAF una investigación propia ante el caso Acuamed “teniendo en cuenta que esta empresa pública depende de un ministerio que dirigió el actual comisario Miguel Arias Cañete”, reza el texto de la pregunta.

“Cada vez que se investiga aparecen indicios de fraude”

“Es muy preocupante que cada vez que se investiga a esta empresa pública aparezcan indicios de fraude”, remarcó Benito este jueves.

“Las instituciones europeas”, añade, “están en la obligación de investigar a fondo este caso, por un lado, por tratarse de un presunto uso fraudulento de fondos públicos y, por otro, para aclarar cualquier sospecha que pueda recaer sobre el actual comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete”.

El escándalo de Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que desde hace un año investiga la Audiencia Nacional por el presunto amaño sistemático de adjudicaciones y el pago de sobrecostes ficticios, ya ha tenido consecuencias. A lo largo de 2016, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea su decisión de “retirar” nada menos que 25,6 millones de euros de fondos comunitarios que habían sido asignados a 17 proyectos hidráulicos impulsados por Acuamed. Hacienda insiste en que solo hay “retirada” y no “renuncia” porque el dinero “se reasignará a otros proyectos”. La primera “retirada” se efectuó en mayo. La segunda, tras un segundo informe interno de Agricultura fechado en julio.

Documentos oficiales a los que infoLibre ha tenido acceso constatan que la primera retirada de fondos, por 7,9 milllones, fue notificada a la UE mediante una carta que salió del Ministerio de Hacienda hacia Bruselas el 18 de mayo, aunque aparece fechada el día 5 de ese mes y adjunta un informe de Agricultura datado el 13.

Un mes antes, y así lo especifica el texto, la Comisión había cursado una misiva a Hacienda en la que expresaba su "preocupación" por la situación de Acuamed al tiempo que requería datos sobre “el estado de la investigación y el resultado de las medidas” que se estuvieran llevando a cabo.

La víspera de que la carta de Hacienda a la UE fuera sellada en el registro de salida del Ministerio, dos altos cargos de Agricultura habían señalado en su declaración ante el juez al exministro y hoy eurocomisario Miguel Arias Cañete  como el principal mentor de Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed y a quien los investigadores consideran jefe de la trama corrupta. En el auto judicial que exoneró en octubre a esos dos altos cargos -Federico Ramos, que había dimitido meses atrás como número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría, y Liana Ardiles, directora general del Agua-, el juez Eloy Velasco escribió lo siguiente: que Arcadio Mateo era "persona de mayor confianza del entonces ministro" que Ramos y Ardiles. De hecho, añade el magistrado, Arcadio Mateo "consiguió que [el ministro] quitara a Liana Sandra Ardiles la presidencia de Acuamed mientras que Federico Ramos no consiguió la destitución de Arcadio Mateo cuando se lo pidió".

En las 17 infraestructuras afectadas la retirada es en todos los casos parcial. Es decir, al menos de momento siguen beneficiándose de gran parte de los fondos originalmente dotados por Europa. Y el dinero se retira “por precaución”, remachan fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. “No se pierde porque se reasignará a otros proyectos”, reiteran los portavoces ministeriales.

Sin noticias de la Oficina Antifraude de la UE

Pero no solo las infraestructuras de la lista negra sujeta a esa retirada de fondos quedan tocadas sino que en las instituciones comunitarias persiste la sospecha de que los fondos se han usado sin control y de manera fraudulenta. De hecho, Hacienda confirma que la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) no ha comunicado todavía a España a qué punto le han conducido sus averiguaciones tras el requerimiento de documentación lanzado, y cumplimentado, en cuanto estalló el caso.

Las fuentes consultadas en Hacienda han corroborado a este diario que posteriormente hubo una segunda retirada de fondos europeos por 17,7 millones. Esa segunda decisión se produjo igualmente de manera precautoria  -remarca el Ministerio- una vez conocidos los resultados de un programa de verificación de proyectos de Acuamed ajenos a la causa judicial y desarrollado por técnicos de Agricultura en colaboración con el Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP).

Según el Ministerio, ese segundo informe ofrece reparos a 13 infraestructuras analizadas, “pero eso no significa que haya irregularidades penales sino administrativas, como que falte por ejemplo una factura”. Fechado en julio de 2016, ese segundo informe fue difundido dos meses más tarde por la plataforma filtrala.org, que facilitó el documento a tres medios digitales: eldiario.es, lamarea.com y diagonalperiodico.net

Los 25,6 millones retirados habían sido otorgados por la UE para las 17 infraestructuras ya aludidas. De ellas, cuatro figuran entre las siete que a comienzos de año, el 20 de enero de 2016, había incluido el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto que destapó la envergadura de las supuestas ilegalidades detectadas en Acuamed. Esas cuatro obras pierden 7,9 millones de fondos europeos. Las otras 13 son ajenas al contenido de la citada resolución judicial y se quedan sin 17,7 millones de ayudas europeas.

Los cuatro proyectos incluidos en el auto inicial del juez Velasco y que se ven afectados por la retirada parcial de fondos son la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia), la desaladora de Campello-Campello-Mutxamel (Alicante), las tuberías de Cerro Colorado (Murcia) y la presa de antiavenidas del río Serpis en Valencia. 

Entre los 13 proyectos no mencionados en ese auto judicial y a los que Hacienda retiró fondos europeos tras el informe de julio efectuado por Agricultura en colaboración con el Colegio de Ingenieros figuran, por ejemplo, el acometido en cuanto a la desalación y obras complementarias para el Campo de Dalias (Almería), las obras de abastecimiento del área metropolitana de Sagunto (Valencia), y la desaladora de Oropesa (Castellón).

Los denunciantes de algunos de los grandes casos de corrupción en España han defendido este miércoles la necesidad de aplicar una ley de integridad dirigida a regular la protección de su puesto de trabajo, los gastos jurídicos a los que deben hacer frente y su anonimato. Lo han hecho en un acto promovido por la Plataforma X la Honestidad, organización que lucha por los derechos de aquellos que sacan a la luz los escándalos de corrupción de la Administración Pública.

En el acto, han intervenido Ana Garrido, uno de los denunciantes de la trama Gürtel, Azahara Peralta, extrabajadora de Aquamed que desveló las adjudicaciones ilegales que se practicaban en la empresa pública, y el exteniente Luis Segura, quien denunció la corrupción existente en las Fuerzas Armadas. 

Pedro Arancón, director de la plataforma, ha explicado que esta ley no solo lucha "contra la corrupción, sino que se basa en la defensa de los derechos de estas personas [los denunciantes]". En este punto, Arancón ha remarcado que todos los partidos políticos del Congreso, a excepción del PP, les recibieron para hablar sobre la necesidad de esta ley. Además, ha afirmado que "el problema de la corrupción es estructural", y ha recordado la iniciativa del Buzón de denuncia, promovida por la organización para aquellos que quieran denunciar pudiendo mantener el anonimato.

A la conferencia han asistido activistas, medios de comunicación, miembros de diversas ONG y representantes de Podemos, Ciudadanos, UPyD, PDC y ERC. Juan Carlos Bermejo, que se postuló para la presidencia de Ciudadanos, ha recordado que en otoño ya se presentó una proposición no de ley apoyando esta iniciativa, y que en aquella ocasión tanto la formación naranja como Podemos votaron a favor de su aprobación, mientras que el PSOE se abstuvo. "La clave va a estar en el PSOE", ha incidido.

Todos los denunciantes siguen un patrón

"Estuve un año sufriendo presiones para que llegara a un acuerdo con un contratista que pedía 40 millones", recuerda Peralta. "Me aplicaron un despido disciplinario, a mí a un equipo formado por diez personas, y nos sustituyeron por una sola". Peralta, que trabajó durante siete años en la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, asegura que "todas las administraciones estaban al tanto de lo que pasaba allí".

El exteniente Segura, por su parte, ha indicado que todos los denunciantes cumplen "un patrón": "Nos despiden, recibimos presiones y amenazas, te endeudas por los costes de los procedimientos jurídicos y, finalmente, quedas estigmatizado". En este último punto, ha explicado que el denunciante de corrupción "no es una persona respetada, sino temida. Por eso ninguna empresa quiere contratarte". 

Por ello, Segura ha abogado por tomar "medidas valientes para que nadie pase" lo que están pasando. Así, ha querido ejemplificar cómo debería tratarse a un denunciante en el futuro: "Hace 50 años, si una mujer iba a comisaría a denunciar que su marido le había pegado o no le creían o le abrían la puerta para que se fuera", ha afirmado.

Por su parte, Ana Garrido, que trabajó durante 20 años en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), epicentro de la trama Gürtel, ha hecho hincapié en la necesidad de educar correctamente a la sociedad futura para hacer frente a las "lecciones antipedagócicas" que se dan actualmente. "El sistema está perfectamente montado para dar lecciones antipedagógicas basándose en el 'mira lo que les ha pasado a estos [los denunciantes de corrupción]'". Garrido, que lleva ya 10 años inmersa en la dinámica del denunciante de corrupción, ha explicado que "no ves nunca el final". "La ley ya no es importante para mí, sino para la gente que viene detrás de nosotros", ha incidido.

Los supuestos conflictos de intereses de Miguel Arias Cañete tan sólo tienen, para la oposición, una salida: su dimisión inmediata como comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Así lo exigieron este martes tanto los socialistas españoles como los grupos Verde y de la Izquierda europeos, tras la comparecencia a puerta cerrada de Cañete en el Parlamento comunitario para explicar sus vínculos tanto con el caso Acuamed como con el escándalo de los papeles de Panamá, en los que el exministro de Agricultura se ha visto envuelto en los últimos meses.

Cañete compareció este martes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, en la que se sometió a las preguntas de todos los grupos políticos a puerta cerrada, un tratamiento poco habitual en el Parlamento Europeo. El comisario europeo aseguró nada más terminar su intervención que se siente "plenamente legitimado" para continuar en su cargo, ya que, a su juicio, no ha incurrido "en ningún conflicto de intereses" y ha cumplido "escrupulosamente" el código de conducta. "Mi actuación como comisario es intachable", zanjó Cañete.

Sus argumentos dentro de la sala fueron similares, según atestiguan varios eurodiputados españoles que estuvieron presentes en la reunión y pudieron formular preguntas. La relación de Cañete con Acuamed, su participación al aprobar la amnistía fiscal en España en 2012 de la que posteriormente se beneficiaría su mujer o la participación de ésta en una empresa implicada en los papeles de Panamá protagonizaron las preguntas de los parlamentarios al comisario.

Sus explicaciones convencieron a pocos: el grupo ALDE –los liberales, donde se encuadran UPyD y Ciudadanos– pidieron que Cañete comparezca en la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá, mientras que el grupo GUE/NGL –el de Podemos, IU y EH Bildu– y el de Los Verdes –en el que se emplaza ICV– exigieron directamente la dimisión del comisario. Los socialistas españoles, por su parte, también son partidarios de que Cañete abandone su cargo, si bien la familia socialdemócrata europea únicamente ha planteado que se someta a las preguntas de la comisión de investigación de los papeles de Panamá.

Según fuentes presentes en la reunión, los portavoces de todos los grupos se reunieron tras la comparecencia de Cañete para tratar de acordar un informe y unas recomendaciones a modo de conclusión. No obstante, el PP europeo se ha negado a pactar esta resolución conjunta, según estas fuentes, por lo que finalmente serán los grupos quienes publicarán sus conclusiones por separado, si bien todos ellos –a excepción del PP europeo– negociarán durante la semana un texto común.

El caso Acuamedcaso Acuamed

Y es que, según los eurodiputados consultados por infoLibre, Cañete defendió durante su comparecencia que sus actividades no le generan ningún conflicto de intereses con el cargo que ocupa, algo que no está tan claro para los grupos (exceptuando al PP). Uno de los temas estrella sobre el que se preguntó al comisario fue sobre el caso Acuamed, una trama de corrupción en la que altos cargos de esta empresa pública –dependiente del Ministerio de Agricultura que ocupaba Cañete– habrían favorecido a diferentes constructoras a costa del erario público. Y el comisario, pese a que su nombre se ha vinculado con la trama, negó toda relación e insistió en que él no está siendo investigado.

Así lo explica Iratxe García, jefa de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, que señala que Cañete argumentó que su nombre no está incurso en ningún procedimiento judicial. La vinculación con este caso, sin embargo, sí existe, y destacan casos concretos como el de la desalinizadora del Bajo Almanzora, en Almería, en la que la empresa FCC arrancó del Ministerio de Agricultura que lideraba Cañete un compromiso de pago de 40 millones de euros, según confirmó la extrabajadora Azahara Peralta Bravo, que fue despedida por oponerse al desembolso, ya que ella consideraba que la cifra correcta era de solo 3,5 millones. Cañete también insistió en que no había mantenido una reunión con la constructora FCC para, posteriormente, aceptar que sí se había encontrado con dirigentes de esta firma.

El comisario, de hecho, ha sido señalado por el exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y también por la actual directora general de Aguas del Ministerio de Agricultura, Liana Ardiles, como responsable del nombramiento del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo. Tanto Ramos como Ardiles aseguraron al juez Eloy Velasco en el marco de la investigación del caso Acuamed que Mateo "tenía una relación directa con Arias Cañete".

Cañete y el paraíso fiscal de Panamá

Al comisario también le preguntaron sobre la relación de su esposa, Micaela Domecq, con la empresa Rinconada Investments Group S.A., una compañía registrada por el bufete Mossack Fonseca y radicada en Panamá. Domecq, junto a otros 11 miembros de su familia, figuró como apoderada de cuatro cuentas corrientes depositadas en una filial suiza de Deutsche Bank a nombre de esta sociedad, según desveló en su día El Confidencial. Pero Cañete se mostró este martes reacio a asumir responsabilidades por estas actividades y apeló en todo momento a que su mujer y él tienen firmada la separación de bienes, por lo que él no tiene relación con estas actividades.

Así lo confirman los eurodiputados Florent Marcellesi (Equo) y Paloma López (IU), que explican que Cañete, además, argumentó que la sociedad panameña cesó su actividad hace varios años. No obstante, los parlamentarios denuncian que este cese de actividades no implica la liquidación de la empresa, que de hecho sigue en funcionamiento, si bien la familia Domecq la abandonó a comienzos del año 2010, según El Confidencial. Marcellesi, además, critica que la esposa de Cañete es "familiar en primer grado" del comisario, haya o no separación de bienes por medio.

No obstante, tal y como desveló infoLibre en 2014, Cañete y su familia estuvieron utilizando al menos cinco empresas panameñas para hacer negocios desde Panamá desde los años noventa. Cañete estuvo directamente ligado a la gestión de dos de esas sociedades, que a su vez eran propiedad de Havorad BV, otra empresa que hasta 2012 fue la principal accionista de Petrolífera Dúcar SL y Petrologis Canarias SL. El comisario fue socio minoritario de esas dos petroleras hasta 2014, cuando se deshizo de sus acciones precisamente para no incurrir en conflicto de intereses con su nuevo cargo.

Berkeley y la amnistía fiscal

Marcellesi también explica que Cañete fue cuestionado por el dictamen favorable que dio la Comisión Europea a la empresa minera Berkeley para construir la única mina de uranio a cielo abierto de Europa en el municipio de Retortillo (Salamanca). Se da la circunstancia de que Berkeley estaba asesorada por Manuel Lamela, ex alto cargo del Ministerio de Agricultura, cuando sometió el proyecto al dictamen de la UE. El informe, finalmente favorable, fue firmado por el mismo Cañete, que sin embargo este martes aseguró que su intervención se limitó a suscribir ese documento, que había sido elaborado por su equipo.

Pero aún hubo otro conflicto de intereses que interesó a los eurodiputados que interpelaron a Cañete: su decisión de no inhibirse en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó la amnistía fiscal a la que posteriormente se acogió su esposa, Micaela Domecq. Según Iratxe García, el comisario se justificó volviendo a recordar que tiene separación de bienes con su esposa y también defendió que no debía inhibirse ya que Domecq utilizó la regularización fiscal extraordinaria después de que ésta se pusiera en marcha, por lo que en el momento de aprobarla no existía ningún conflicto de intereses.

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha señalado este martes que no incurrió en ningún conflicto de interés y que cumplió el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario. Por tanto, ha asegurado que se siente "plenamente legitimado" para continuar en el cargo, tras dar explicaciones a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara por su presunta implicación en los escándalos de Acuamed y los papeles de Panamá.

"Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario", ha dicho Cañete en declaraciones a la prensa a su salida de la comparecencia, según informa Europa Press.

Las exigencias de los eurodiputados

Antes de la comparecencia, los eurodiputados del PSOE Iratxe García y Sergio Gutiérrez,  que exigieron sin éxito la semana pasada a Cañete que diera explicaciones "públicamente", avanzaron que le preguntarían por su presunta implicación en el caso Acuamed y por la presencia de su mujer Micaela Domecq en los papeles de Panamá.

En concreto, declararon que le preguntarían por su presunta decisión siendo ministro de Agricultura de "perdonar" una deuda de 40 millones de euros a FCC por las obras de la desaladora de Almanzora" en contra de informes técnicos del Ministerio "aconsejaban lo contrario" y que además, le pedirían que aportase los informes técnicos "independientes" que según le respaldaban "todas las decisiones" tomadas.

Según los eurodiputados socialistas, que se hicieron miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos para poder asistir a la comparecencia, también le preguntarían por la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy de la que se benefició su mujer "semanas después" con su voto favorable y le exigirían que aclarase si "era consciente" de que "estaba vulnerando las leyes españolas al no abstenerse de votar" y si "impulsó como persona influyente del presidente del Gobierno la aprobación de la amnistía fiscal".

Por otra parte, también contemplaban preguntarle por la aparición del nombre de su esposa en los papeles de Panamá,  y que justificase "si el dinero que esta legalizó a través de la amnistía fiscal española en 2012 provenía de las sociedades de Panamá".

Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Equo denunciaron por su parte que Cañete "previsiblemente dará una maquillada versión de los hechos" y consideraron que su comparecencia sería una "pantomima" tras censurar que solo responderá a priori a las preguntas que le enviaron por escrito los eurodiputados y teniendo en cuenta que no habría turno de réplica abierto.

"Es un intento de lavado de cara a Cañete diseñado para que, en realidad, no explique nada ni de su presunta vinculación con los Papeles de Panamá, el caso Acuamed, el caso Taula o toda la retahíla de conflictos de interés que lo persiguen", lamentaron los eurodiputados Xabier Benito (Podemos), Paloma López (IU) y Ernest Urtasun (ICV), así como el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, en un comunicado conjunto, en el que subrayaron que Cañete "debería haber dimitido de inmediato" y que "no cumple los requisitos de honorabilidad mínimos para seguir siendo comisario".

Benito, López y Urtasun confirmaron su participación en la comparecencia para poder "plantearle algunas preguntas de verdad".

La Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes exigieron que Cañete diese la cara también en la comisión de investigación sobre el escándalo de los papeles de Panamá creada en la Eurocámara y en la que sí hay posibilidad de "un interrogatorio".

"No tiene sentido que si el Parlamento organiza un grupo de trabajo sobre este tema, el comisario acabe declarando en otro sitio", denunciaron ambos grupos parlamentarios.

Por otro lado, estaba previsto que los eurodiputados del PP, Luis de Grandes y Rosa Estarás, asistieran a la comparecencia de Cañete en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aseguró este jueves que demostrará en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que las "insinuaciones" sobre su implicación en el caso Acuamed cuando era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "carecen de sentido".

"Siempre he estado dispuesto a comparecer ante el pleno o ante comisiones en la forma en la que haya sido invitado. Es cierto que la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento me ha invitado el próximo 12 de julio y estaré encantado de comparecer ante la misma", aseguró ante el pleno del Parlamento Europeo en un debate sobre eficiencia energética y energías renovables.

El comisario español dará explicaciones el 12 de julio sobre su supuesta implicación en la trama de Acuamed, pero no lo hará ante el pleno, según defendían algunas fuerzas, sino ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, tal y como acordaron los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara.

Además, la intervención será "a puerta cerrada" y Arias Cañete conocerá con anterioridad los temas de las preguntas, que los grupos parlamentarios pueden presentar hasta el 27 de junio.

"En la comparecencia tendré la ocasión de demostrar que las insinuaciones que hace el señor Benito hacia mi persona carecen de fundamento", expresó en su intervención final, respondiendo a las acusaciones vertidas anteriormente por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito.

Además, Arias Cañete afirmó que ha actuado con "plena dedicación, total transparencia, respeto a la legalidad, integridad e independencia" en todos los cargos públicos que ha ostentado, "defendiendo siempre el interés público y ahora el interés europeo".

Antes, el eurodiputado de la formación morada pidió al comisario que la próxima vez que acuda al pleno del Parlamento Europeo lo haga para rendir cuentas de una forma "abierta", al tiempo que ha señalado que "comparecer a puerta cerrada con las preguntas revisadas no disipa ninguna duda", sino que "las aumenta".

En esta línea, Benito acusó a "la gran coalición" de impedir que Arias Cañete comparezca ante el pleno y explique "por qué su nombre aparece cada vez en más casos de puertas giratorias, de fraude fiscal y de corrupción".

La empresa pública Acuamed, a cuyos manejos corruptos se opusieron dos ingenieras que acabaron despedidas, utilizó previamente contra una de ellas la táctica de relegarla a otro cargo bajo el argumento de que no podía desempeñar el que ocupaba -gerente de las cuencas catalanas- porque había ejercido su derecho a una reducción de jornada para cuidado de menores al amparo de la ley de igualdad de género y del Estatuto de los Trabajadores.

Aquello ocurrió en el verano de 2014, cuando la perjudicada, Gracia Ballesteros, y su subordinada Azahara Peralta ya hacía meses que se habían opuesto a que Acuamed pagase casi 40 millones a FCC por una obra valorada en 3,5 millones. Ese contrato era justamente el del embalse de Flix, allí donde las escuchas han destapado que la empresa pública de aguas planeaba verter ácido clorhídrico en el Ebro. 

Una vez descabalgada Ballesteros de la gerencia de Cataluña, Acuamed la recolocó en un puesto de nombre rimbombante –gerente de estudios- para el que, según su propio relato, incorporado a una sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM),“no se le encargó ningún trabajo”. En julio de 2015, fue despedida.

Antes de impugnar su despido, declarado nulo hace un mes por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Ballesteros recurrió la decisión de Acuamed de privarla de su puesto como gerente de la zona de Cataluña. El primero que intervino en el caso, el juez de lo social 24 de Madrid, le dio la razón a la empresa pública. Pero, luego, el TSJM ordenó en febrero que la causa volviera al juzgado de origen para que una nueva sentencia entre en el fondo del asunto.

Y el fondo del asunto no es otro que el de si Acuamed podía privar a Ballesteros de su cargo directivo como gerente de las cuencas catalanas bajo el argumento de que no podría viajar a Cataluña pese a que la reducción de jornada por cuidado de menores posee el rango de derecho fundamental.

Tras una negativa inicial, la empresa hacía aceptado el 22 de julio de 2014 su derecho a reducir jornada 22 de julio de 2014. Ese día, sostiene Ballesteros, el gerente de recursos humanos le comunicó "la efectividad de su derecho a acogerse a la reducción de jornada de un 50% en horario de 10 a 14 horas desde dicha fecha, quedando designada como Gerente de Estudios en la Dirección de Ingenieria y Construcción".

¿Está autorizada una empresa a relegar a una directiva por ejercer un derecho fundamental recogido en el Estatuto de los Trabajadores y mejorado tras la aprobación, en 2007, de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres?

La histórica abogada feminista Cristina Almeida no alberga la menor duda: “Por supuesto que no puede, porque lo que la ley garantiza es un derecho fundamental, el de reducción de jornada, sin que eso implique tener que cambiar de puesto, pero hay empresas que lo hacen como principio de una estrategia de acoso para que te vayas”. En una conversación telefónica con infoLibre, Almeida se pronunció en esos términos antes de conocer a quiénes afecta el litigio. Una vez lo supo, se reafirmó en lo dicho.

La ingeniera Ballesteros aportó al juzgado de lo social datos para acreditar que en los seis meses posteriores a julio de 2014, su sucesor había viajado a Cataluña menos de lo que lo hacía ella durante su mandato. Aportó asimismo una conversación telefónica grabada y en la que  el responsable de Recursos Humanos de Acuamed reconocía "la capacidad de la actora [la demandante] para llevar a cabo las funciones de dicho puesto de gerente en una situación de reducción de jornada".

Ballesteros pidió al TSJM que ambos datos, el relativo a los viajes y a lo que el jefe de recursos humanos había admitido sin saber que estaba siendo grabado, se incorporasen como "nuevos hechos probados". Tras la decisión del tribunal madrileño, que obliga al juez de lo social a entrar en el fondo del asunto, es muy probable que la nueva sentencia deba incluir esa información aunque la abogada de Ballesteros ha declinado hablar con este diario.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, comparecerá el próximo 12 de julio ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo para dar explicaciones por su supuesta implicación en el caso Acuamed, pero lo hará a puerta cerrada, según informaron fuentes parlamentarias. 

Los coordinadores de esta comisión decidieron este martes la fecha y el formato de la comparecencia del exministro español, después de que la Conferencia de presidentes de la Eurocámara, donde están representados los líderes de los grupos parlamentarios, acordara el pasado 2 de junio reclamar su intervención.

En concreto, los coordinadores decidieron invitar a Arias Cañete a un "intercambio de puntos de vista", y se aplicará el mismo procedimiento que se da en los exámenes de las declaraciones de intereses financieros de los candidatos a comisario.

La comparecencia Arias Cañete ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara fue apoyada por todos los grupos salvo la Izquierda Unitaria Europea (GUE) y por el grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), que insistían en reclamar su intervención en el pleno de la Eurocámara.

La Audiencia Nacional investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed, receptora de fondos comunitarios, de obras públicas a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumenta significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo, según informó Europa Press.

La declaración del denunciante que detonó la operación del caso Acuamed, Francisco Valiente, ante el juez Eley Velasco implica a Arias Cañete, después que asegurara que existía "un acuerdo al máximo nivel" con el comisario cuando ejercía de ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según consta en el sumario de la causa.

"Supongo que se refiere a mi influencia intelectual". Con esas palabras ha respondido Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas con José María Aznar, a las preguntas de infoLibre sobre la influencia con altos cargos que le atribuía el empresario Nicolás Steegman, uno de los más beneficiados por los presuntos amaños destapados en Acuamed. Acuamed son las siglas de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA.

Consejero delegado de Altyum, Steegman pidió a Blanco en la primavera de 2015 un dictamen jurídico para que la Administración accediese a modificar los términos de un contrato de 9,1 millones adjudicado dos años antes a su compañía. Según Blanco, la Administración "no aceptó" las tesis de su dictamen: que era posible modificar el contrato sin resolverlo -es decir, cancelarlo- para convocar una nueva licitación.

La petición de ese informe a Blanco y su supuesta "influencia hacia altos cargos" aparece reflejada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las conversaciones intervenidas a Steegman y otros miembros de la supuesta trama corrupta.

En una de esas conversaciones, el jefe de Altyum -anteriormente denominada Altec- anuncia a su interlocutor que la directora general del Agua, Liana Ardiles, le había dado permiso para que Benigno Blanco hablase con la abogada del Estado y la intentara "convencer" de que era factible modificar el contrato sin perjudicar a Altyum.

Blanco, más conocido desde hace años por su defensa de la llamada "familia tradicional" y de los valores católicos como unidad de medida, no cree que las palabras de Steegman le comprometan en ningún modo. "Cuando emito un dictamen -sostiene- es porque se supone que alguien se fía de mi opinión. Doy por supuesto que por mis años de trabajo como secretario de Estado y como abogado, hay gente que valora mis opiniones".

El caso Acuamed ha ido creciendo en dimensiones y categoría con el paso de los meses. En enero, las primeras y ya inquietantes noticias sobre el alcance de la trama forzaron la dimisión de Federico Ramos, hasta entonces mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y expresidente del consejo de administración de Acuamed.

Y la semana pasada, la Conferencia de Presidentes -órgano equivalente a la junta de portavoces- del Parlamento Europeo acordó por unanimidad pedir explicaciones al comisario Miguel Arias Cañete tanto por los papeles de Panamá como por Acuamed. Convertido así en el primer comisario cuya comparecencia para ser interrogado por eurodiputados en comisión parlamentaria reclama la Eurocámara, Cañete fue directamente por el denunciante del caso cuando el juez le tomó declaración.

El ingeniero Francisco Valiente, cuya denuncia activó la investigación, relató ante el magistrado que sus sospechas de fraude comenzaron cuando supo que la desaladora almeriense de Almanzora, inundada en 2012, carecía de seguro. "Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro". "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco. "Arias Cañete", respondió Valiente.

La cadena de altos cargos del PP cuyos nombres ha hecho aflorar el caso Acuamed acaba de sumar un nuevo eslabón. Los análisis de la Guardia Civil sobre los pinchazos telefónicos a los investigados han destapado que uno de los principales beneficiarios de la trama corrupta, el empresario Nicolás Steegman, cabeza visible de Altyum -antes, llamada Altec-, pidió un informe jurídico privado a Benigno Blanco.

Secretario de Estado de Aguas y luego de Infraestructuras bajo el mandato de Aznar como recuerda la propia Guardia Civil, Blanco "supuestamente tendría influencia hacia ciertos altos cargos de la administración". Así lo dice uno de los informes policiales incorporados al sumario. Steegman acudió a él para obtener cambios en uno de los contratos millonarios que investiga el juez Eloy Velasco y que le había sido encomendado a su compañía.

Ambos, Blanco y Steegman, habían coincidido al menos en fecha como cargos públicos de Aznar: en la segunda legislatura del hoy presidente de FAES (2000-2004) y mientras Blanco ostentaba la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Steegman ocupaba el puesto de director de Construcción de Trasagua. O sea, de la empresa pública predecesora de Acuamed.

Actualmente dedicado a la abogacía en Iuris Family Office, el bufete que encabeza Jesús Trillo-Figueroa, hermano del exministro Federico Trillo, Benigno Blanco es hoy más conocido por su drástica defensa de la "familia tradicional" y sus feroces ataques a lo que él mismo denomina  "ideología de género" que por sus dictámenes en materia hidráulica. InfoLibre intentó localizarle en su despacho el viernes y el lunes y le dejó sendos mensajes sobre el objeto de las llamadas. No las devolvió.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Steegman buscó a Blanco para conseguir cambios en un contrato de 9,1 millones de euros adjudicado a Altec SA por Acuamed en 2013.

Se trataba del proyecto de construcción de la red de canalización diseñada para llevar agua de riego desde la desaladora de Águilas (Murcia) hasta la localidad vecina de Lorca y a Puerto Lumbreras, ambas situadas en el Valle del Guadalentín. Los regantes querían un trazado distinto a partir de la mitad de la ruta planteada. Y eso obligaba a modificar el contrato. O a resolverlo -cancelarlo- y convocar una nueva licitación, que era lo último que quería Steegman. Este diario ignora qué sucedió finalmente.

La "influencia" de Benigno Blanco  –razona la Guardia Civil basándose en las escuchas– ayudaría "a la resolución de la problemática jurídica del contrato y la justificación para que pueda continuar Nicolás Steegman con la ejecución del segundo tramo del contrato".

En una de las conversaciones intervenidas, Steegman le cuenta a su interlocutor, un subordinado suyo, lo siguiente: "Nicolás -transcribe la Guardia Civil- le comenta que tuvo noticias sobre el "famoso modificado", y que le llamó Gabriela [Mañueco, destituida como directora de Construcción de Acuamed tras el estallido del caso en enero] y que le dijo que seguían "dando por culo" con el 10%, y que le pidió informes del "tema" (Gabriela) por lo que va a designar a Benigno Blanco, ya que tiene más respeto con "esa gente" para que le hicieran un dictamen". 

Otro de los pinchazos desvela que la intervención de Benigno Blanco no era desconocida para las jerarquías del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En esta, Steegman informa al delegado de Altec sobre sus conversaciones con Liana Ardiles, directora general del Agua: "Le ha comentado lo del complementario del Cerro Colorado [el contrato para llevar agua al Valle del Guadalentín] a ver si conseguimos vencer la oposición del

abogado  y que le ha dado autorización para que Benigno Blanco vaya a hablar con la abogada del Estado para intentarla convencer...".

El caso Acuamed ha ido creciendo en dimensiones y categoría con el paso de los meses. En enero, las primeras y ya inquietantes noticias sobre el alcance de la trama forzaron la dimisión de Federico Ramos, hasta entonces mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría y expresidente del consejo de administración de Acuamed.

Y la semana pasada, la Conferencia de Presidentes -órgano equivalente a la junta de portavoces- del Parlamento Europeo acordó por unanimidad pedir explicaciones al comisario Miguel Arias Cañete tanto por los papeles de Panamá como por Acuamed. Convertido así en el primer comisario cuya comparecencia para ser interrogado por eurodiputados en comisión parlamentaria reclama la Eurocámara, Cañete fue directamente por el denunciante del caso cuando el juez le tomó declaración.

El ingeniero Francisco Valiente, cuya denuncia activó la investigación, relató ante el magistrado que sus sospechas de fraude comenzaron cuando supo que la desaladora almeriense de Almanzora, inundada en 2012, carecía de seguro. "Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro". "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco. "Arias Cañete", respondió Valiente.

La fidelidad es una virtud muy sobrevalorada, al menos en todo lo que está más allá de la pareja y los amigos, que unas veces encubre el miedo a cambiar y otras consigue que no sea fácil saber dónde acaba la coherencia y empieza el fanatismo. En el territorio del deporte, esa clase de respaldo incondicional se llama amor a los colores; en el de la política, se llamaba militancia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha sido tan descomunal la desvergüenza con que algunas formaciones han saqueado a los ciudadanos mientras hacían ondear sus banderas, que resulta extraño que haya quien aún las pueda apoyar, porque eso supone hacer por razones ideológicas lo que no harían en ningún otro caso: si te atracan a punta de navaja en medio de la calle o entran en tu piso y lo desvalijan, pongamos por caso, no te importa si el ladrón es de derechas o de izquierdas: vas a la policía y lo denuncias. En estos tiempos dominados por los usureros de guante blanco, hay una pregunta que se repite en muchos lugares y va de boca en boca: ¿cómo es posible que haya todavía alguien que secunde al PP, que ha sido devorado por la corrupción y en estos cuatro años siniestros le ha amargado la vida a la mayor parte de los españoles? La respuesta es que no sólo lo hay, sino que en junio volverá a ser el partido más votado. No le servirá para seguir en el poder y muy probablemente se le volará otro millón de papeletas, además de los cuatro que se le fueron en las últimas elecciones, pero aún en ese caso, resulta muy notable que en esta regata en aguas revueltas vaya a ser el barco-pirata con más agujeros el que llegue en primer lugar a la meta, justo unos instantes antes de hundirse.

Claro que en realidad, quienes bailen esa noche bajo los balcones pagados con dinero negro de la calle Génova, más que a nado tendrán que llegar allí o a cualquier otra sede de los conservadores a lo largo y ancho de toda España, corriendo una carrera de obstáculos. Si viven en la Comunidad Valenciana, tendrán que sortear a los más de ciento cincuenta cargos públicos del PP implicados en la trama Brugal, acusados de cometer delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias, o de la trama Gürtel y sus derivaciones, el caso FITUR, el caso Emarsacaso Emarsa, que usó las depuradoras para limpiar veinticuatro millones de euros, el caso Cooperación, donde se metían en el bolsillo las ayudas de la Generalitat destinadas al Tercer Mundo, o el caso Acuamed, referido a las contrataciones fraudulentas que otorgaron a determinadas empresas para realizar obras hídricas y medioambientales. El último capítulo, por ahora, de esta interminable sucesión de escándalos llega de Calp, cuyo alcalde le acaba de adjudicar a la empresa Grupo Alfa 5, SL, de la que es administradora solidaria su suegra, un contrato de publicidad institucional en radio, por treinta y seis mil euros. Hace poco, dio su aval para que se le concediesen también a su madre política otros dos millones de euros para la construcción de un par de rotondas en la carretera N-332, que el azar ha querido que pasen justo por unos terrenos de los que ella es propietaria. ¿O estas cosas no son cuestión de suerte?

Si viven en la Comunidad de Madrid, los votantes del PP tendrán que pasar por alto a los setenta y dos imputados de la trama Gürtel, la trama Púnica y los papeles de Bárcenas. O no darse por enterados de las informaciones sacadas a la luz por infoLibre acerca la empresa de Esperanza Aguirre y su marido, Savial S.L., que recibió más de cuatro millones de subvenciones públicas, se jugó tres en la Bolsa y a la que los bancos le comían de la mano hasta tal punto que seguían dándole créditos mientras declaraba unas deudas con ellos de casi siete millones. Que la condesa de Bornos y de Murillo fuera la presidenta regional, puede que también fuese una simple coincidencia.

Quienes le den su confianza al PP en las urnas y tengan su casa en Galicia, deberán cerrar los ojos a los diecisiete imputados por la Operación Pokémon y el caso Campeón. Los residentes en las islas Baleares, tendrán que hacer como que no saben que los jueces han llevado al banquillo a cuarenta cargos del partido por los casos Palma Arena, Bonsai, Cañellas, Andratx, Inestur, Scala, Bitel o el de la Funeraria Palma, en el que se cometieron irregularidades en la facturación de tumbas que nos recuerda que estos individuos no se detienen ni al llegar al más allá, algo que certifica un nuevo pastel recién descubierto, el del diputado del PP y antiguo alcalde de La Vall d'Uixó, en Castellón, que hizo cavar sepulturas ficticias y grabar lápidas con nombres inventados para favorecer a determinados vecinos.

Ayudar a las gaviotas de Rajoy y compañía a remontar el vuelo, sólo se puede hacer en las islas Canarias olvidándose del caso Faycán y el caso Catis, que cuenta con veinticinco imputados. En Castilla y León, hay que hacer oídos sordos a los setenta y ocho casos de corrupción que se investigan en la zona, como el de la Ciudad del Golf, y en Murcia a todo lo que se sabe del caso Umbra, que reúne otros quince imputados. Y aquellas personas que estén empadronadas en alguna localidad de Andalucía deberán hacerse los desentendidos con el caso Troya, uno de los que ha puesto de moda en nuestro país la palabra cohecho. O ampararse en los ERES del PSOE, lo mismo que si un clavo torcido pudiera sacar a otro.

“La esperanza que pende sobre la ciudad / sopesa si alcanzar a los hombres”, dice el escritor francés Michel Houllebecq en su más reciente libro de poemas, Configuración de la última orilla, recién publicado en España por Anagrama. El problema es que tal vez con ella ocurre lo mismo que con la fidelidad: probablemente está muy sobrevalorada; o al menos eso es lo que nos parece a los partidarios de la acción, los que preferimos ir a por las cosas que esperar a que lleguen, porque hemos aprendido a golpes que el camino está lleno de intermediarios y de salteadores. Así que conviene ocuparse en persona de nuestros propios asuntos, porque es el mejor modo de impedir que tenga razón el autor de Las partículas elementales y Sumisión cuando dice que “cualquier futuro es necrológico”. Quizá lo sea desde el punto de vista de la biología, pero es que querer a un país es intentar hacerlo cada vez un poco mejor para los que vengan después de nosotros, para cuando ya no estemos aquí. Justo lo contrario de lo que hacen esos que lo quieren sólo para sí mismos. Poner la mano en el fuego por ellos os hará cómplices de todo lo que después reduzcan a cenizas las llamas.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, estará "encantado" de comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo cuando le llamen y "con la mayor transparencia, según afirmaron fuentes comunitarias, que añadieron que el exministro "respeta profundamente las prerrogativas" de la Eurocámara.

Los jefes de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo aprobaron este jueves solicitar la comparecencia del comisario español ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para explicar su presunta implicación en el caso Acuamedcaso Acuamed o la relación de familiares en los llamados papeles de Panamá.

Sin embargo, la petición no especificó ni la fecha ni la modalidad de la intervención del comisario español, fuentes parlamentarias explicaron que, con el objetivo de no intervenir en el proceso electoral español, tendrá lugar después de las elecciones generales del 26J.

La primera reunión de esta Comisión tras los comicios en España está prevista para los días 11 y 12 de julio. En la Comisión de Asuntos Jurídicos participan dos eurodiputados españoles, Rosa Estarás y Luis de Grandes, ambos del Partido Popular, y está presidida por el europarlamentario conservador checo Pavel Svoboda.

La Conferencia de Presidentes rechazó, no obstante, reclamar la intervención del comisario español en el pleno de la próxima semana, tal y como había propuesto Izquierda Unitaria Europea (GUE), y en su lugar poidieron al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que comunique al presidente de la Comisión "el interés" de los grupos en organizar el debate a nivel de comisión.

Los líderes de los grupos parlamentarios en la Eurocámara han aprobado este jueves  solicitar la comparecencia del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en la Comisión de Asuntos Jurídicos por su presunta implicación en casos como la trama de Acuamed o los papeles de Panamá, según han informado fuentes comunitarias.

No obstante, la petición no ha especificado ni la fecha ni la modalidad de la intervención del comisario español, aunque otras fuentes han explicado que, con el objetivo de no intervenir en el proceso electoral español, tendrá lugar después de las elecciones generales del 26J.

La Conferencia de Presidentes ha rechazado, no obstante, reclamar la intervención del comisario español en el pleno de la próxima semana, tal y como había propuesto Izquierda Unitaria Europea (GUE) y, en su lugar, han pedido al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que comunique al presidente de la Comisión "el interés" de los grupos en organizar el debate a nivel de comisión.

Esta ha sido la propuesta presentada durante la reunión de este jueves por el líder de los socialistas europeos, Gianni Pittella, al considerar que su comparecencia en el pleno no es oportuna en este momento, han explicado fuentes del partido.

En este sentido, la intervención de Arias Cañete ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha sido apoyada por todos los grupos salvo por el GUE y el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), donde están representados, entre otros, el UKIP británico o el Movimiento 5 estrellas italiano, que insistían en reclamar su intervención en el pleno.

Podemos e IU acusan a los socialistas europeos de frenar la comparecencia

La portavoz de IU en la Eurocámara, Marina Albiol, señaló que su intervención en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue reclamada, "es insuficiente" y criticó que los socialdemócratas "se han convertido una vez más en guardaespaldas del comisario" y que "han preferido protegerlo para que el escándalo no sea aún mayor".

"Seguimos manteniendo que el lugar en el que Cañete tenía que dar explicaciones es el pleno. Está obligado a dar cuenta por el caso Acuamed y los papeles de Panamá y debía hacerlo delante de toda la Eurocámara, delante de los ciudadanos y ciudadanas europeos", añadió.

Por su parte, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito lamentó en una red social que Arias Cañete comparecerá ante esta Comisión y no ante el pleno "gracias al acuerdo entre los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos". "Nos parece que es una medida intermedia, medidas tintas contra la corrupción", expresó a los medios de comunicación.

Además, Benito calificó como un "error" que no se haya fijado una fecha concreta para la comparecencia del comisario, aunque defendió que "la urgencia y la gravedad" hacen necesario que la intervención tiene que ser "lo antes posible".