Un juez federal falló este martes que la compañía Google puede conservar su popular buscador Chrome, pero le prohibió firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador, al tiempo que le ordena compartir los datos obtenidos, según recoge EFE.

El Departamento de Justicia de EEUU había solicitado la desvinculación de Google y Chrome, entre otras medidas para limitar los efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no llegó tan lejos en su fallo. Así, Mehta ha prohibido a Google "mantener cualquier contrato exclusivo relacionado con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant y la aplicación Gemini", su chatbot de inteligencia artificial (IA).

Aunque dictó que Google no está obligado a "desprenderse de Chrome ni del sistema operativo Android", puesto que "los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de estos activos clave que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales".

Además, dictó que no se prohibirá a Google realizar pagos u ofrecer otras contraprestaciones a los socios de distribución por instalar Google Search, Chrome o sus productos de IA generativa, ya que esto causaría "daños sustanciales" tanto en sus socios como en sus consumidores.

En 2023, Mehta ya dictaminó que Google había infringido las leyes antimonopolio en lo que se refiere a su dominio en búsquedas en internet. En su fallo de este martes, este juez reconoció que "mucho ha cambiado" tras el fin de ese proceso judicial, y aunque Google sigue siendo "la empresa dominante", las tecnologías de IA y especialmente la IA generativa "pueden cambiar las reglas del juego". "Hoy en día, decenas de millones de personas utilizan chatbots de GenAI, como ChatGPT, Perplexity y Claude, para recopilar información que antes buscaban a través de búsquedas en Internet", apuntó al respecto.

Tras darse a conocer el fallo, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se disparaban un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia estadounidense pidió que la empresa se deshaga de algunos de sus servicios, entre ellos su exitoso navegador Chrome. En contraposición, la propuesta de los abogados de Google fue mucho menos ambiciosa en ese sentido, ya que plantearon modificar sus contratos exclusivos con empresas como Apple para que su servicio esté incrustado en su navegador Safari.

Un juez determinó este jueves que Google infringió la ley para consolidar su dominio en la industria de la tecnología publicitaria en línea, dando la victoria así al Departamento de Justicia de EEUU en su caso antimonopolio contra el titán tecnológico, según recoge EFE.

"Los demandantes han demostrado que Google ha participado deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos para adquirir y mantener un poder monopolístico en los mercados de servidores de anuncios para editores e intercambios de anuncios para la publicidad gráfica en la web abierta", se lee en el fallo de la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Este de Virginia, quien también desestimó una parte del caso del gobierno.

El documento legal también indica que durante más de una década, Google ha vinculado su servidor de anuncios para editores e intercambio de anuncios mediante políticas contractuales e integración tecnológica, lo que le permitió establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados.

El Departamento de Justicia y un grupo de estados demandaron a Google argumentando que su monopolio en tecnología publicitaria en la web le permitía cobrar precios más altos y obtener una mayor participación en cada venta. Mientras, Google argumentó en el juicio de tres semanas que la visión del mercado que tenía el gobierno estadounidense no se basaba en la realidad y que sus herramientas ayudan a editores y anunciantes a generar ingresos.

La decisión judicial de este jueves llega antes de que Google y el Departamento de Justicia se enfrenten la semana que viene en Washington DC, en otro tribunal federal, a la segunda fase del juicio por monopolio de Google Search, que se podría traducir en la división de la compañía.

Google no es la única compañía tecnológica que se enfrenta al Departamento de Justicia, pues este también ha demandado a Apple, argumentando que la compañía de la manzana mordida pone trabas a los consumidores para abandonar su dispositivos y software.

La Comisión Federal de Comercio ha demandado a Amazon, acusando al titán de presionar a las pequeñas empresas, y a Meta, por eliminar a sus rivales al comprar Instagram y WhatsApp. El juicio contra Meta comenzó en la capital estadounidense esta semana.

El saqueo continúa. Es la tajante conclusión del último informe de la ONG Oxfam Intermón sobre el crecimiento de las grandes fortunas y el aumento de la desigualdad en España y en el mundo. Un informe que coincide con la celebración del Foro Económico Mundial, el encuentro anual más influyente entre los principales líderes empresariales y dirigentes políticos internacionales. "Los superricos, los poderosos, los milmillonarios, están llegando a Davos para celebrar que el sistema ha funcionado muy bien para ellos. Su riqueza ha crecido tres veces más rápido de lo que lo hizo el año pasado y han aparecido 4000 nuevos millonarios en este último año. Cada vez son más y cada vez son más ricos", denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam.

Y es que, según la ONG, la riqueza conjunta de los milmillonarios del mundo aumentó en hasta 2 billones de dólares a lo largo del año pasado, triplicando la subida de 2023. 5700 millones al día. Cuatro nuevos milmillonarios por semana. En contraste, según datos del Banco Mundial, el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 6,85 dólares al día, apenas ha sufrido variaciones en las últimas dos décadas. "La oligarquía de los milmillonarios crece como nunca, mientras la clase trabajadora apenas consigue subsistir", resume Franc Cortada, director general de Oxfam. La brecha económica se profundiza.

¿El resultado? 2769 milmillonarios con un patrimonio de más de 15 billones de dólares. De entre ellos, los diez hombres más ricos del mundo —Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin y Steve Ballmer— han hecho acopio en los últimos doce meses de hasta 100 millones de dólares al día. Un dato ilustrativo: amasan ya tanta riqueza que, aunque perdieran el 99% de su fortuna de la noche a la mañana, seguirían siendo milmillonarios. Si esta tendencia se mantiene, en apenas una década podrían nacer al menos cinco billonarios —sí, con b— en el mundo. "Tendrían tanto dinero que, entre los cinco, podrían comprar todo el parque de viviendas de España en un año", critica Ruiz.

La desigualdad se traduce en poder. "Poder para influir cada vez más en las reglas del juego, en el engranaje político y en el funcionamiento de la administración. Para conseguir que sus intereses sean defendidos", sostiene Ruiz. "Solo tenemos que mirar qué está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, con un presidente milmillonario al mando de la primera economía del mundo, que además va a gobernar con el apoyo del hombre más rico del planeta”, añade Cortada. Liderando el ya bautizado como gabinete de los milmillonarios, la administración que más valdrá de toda la historia de Estados Unidos.

España no se queda atrás. 2024 ha sido un año especialmente próspero para los 30 milmillonarios de nuestro país. Su riqueza conjunta ha superado por primera vez los 185.000 millones de euros. En el transcurso de un año, se han hecho un 20% más ricos. Y no sólo eso. "También vemos que la riqueza del 10% más rico de España es ya 30 veces mayor que la del 50% más pobre. La distancia entre los que más y los que menos tienen también se va ampliando en clave nacional", advierte Ruiz.

De abuelos a padres. De padres a hijos. El informe de Oxfam evidencia que el 60% de la riqueza de los milmillonarios es heredada de generación en generación. O bien está vinculada al clientelismo. "Es el resultado del capitalismo de amiguetes, es decir, de cómo utilizan sus redes de contactos", explica Ruiz. También del funcionamiento del poder monopolístico. "De la forma en que van creando empresas con una concentración de mercado cada vez más grande para dominar el funcionamiento del sistema en su propio beneficio", continúa.

A los datos concretos. Oxfam estima que aproximadamente el 36% de la riqueza de los milmillonarios a nivel global proviene de herencias familiares. Una cifra que se reduce ligeramente en el caso español: un 31%. A pesar de esto, la ONG calcula que, en nuestro país, hasta el 70% de la desigualdad estaría asociada a las herencias. Sobre todo en las comunidades con menor carga impositiva, como Madrid.

Datos que desmienten el mantra neoliberal de la meritocracia, la famosa cultura del esfuerzo. "Hablar de mérito personal mientras se heredan fortunas, a menudo libres de impuestos, refuerza el crecimiento de una élite económica que se aleja cada vez más de un sistema justo e igualitario", comenta Cortada. En otras palabras: la distribución de la riqueza es fruto de privilegios heredados y sistemas que perpetúan la concentración de poder, en ningún caso del trabajo y la dedicación. En este sentido, la revista Forbes ofrece otra conclusión esclarecedora: todos los milmillonarios menores de 30 años, sin excepción, han heredado el grueso de su patrimonio.

El legado colonial ahonda las dinámicas de reparto y extracción de riqueza. Según el informe, los superricos de los países del norte global controlan ya el 70% de la riqueza y suponen tres cuartas partes de los milmillonarios de todo el mundo. Paralelamente, los países de renta media y baja del sur destinan casi la mitad de su presupuesto público a devolver los préstamos de deuda pública contraída. Tanto es así que, en los últimos cincuenta años, llegaron a pagar a sus acreedores del norte 3,3 billones de dólares tan sólo en concepto de intereses. La paradoja del "subdesarrollo": la hipoteca del sur global nunca vence.

"Lo que proponemos es poner en el centro del debate político la lucha contra las desigualdades. Necesitamos asegurarnos de que todos los gobiernos e instituciones internacionales se comprometen a aprobar medidas urgentes para poner fin a la concentración de pobreza y riqueza extremas", aclara Ruiz. ¿Cómo? Rediseñando el sistema fiscal internacional para que las grandes fortunas y empresas paguen realmente la parte justa que les corresponde, suprimiendo los paraísos fiscales y gravando las herencias que sostienen a la nueva aristocracia de superricos. "Gravar con mayor progresividad a los superricos de nuestro país permitiría financiar un escudo social que no sólo proteja a las personas más vulnerables, sino que impulse el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad", sentencia Cortada.

"Necesitamos también que instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial se comprometan a romper con la cadena de deudas que aplasta a los países pobres y les impida invertir de forma adecuada en educación y sanidad, las verdaderas luchas para acabar con la desigualdad", sugiere Ruiz. Simple y llanamente: poner fin a la transferencia de riqueza del sur hacia el norte global. Para ello, Oxfam plantea varios frentes de actuación. Por un lado, el fin de la dominación de los países más ricos y las grandes empresas sobre los mercados financieros y las reglas comerciales. Por otro, medidas como la lucha contra los monopolios, la democratización de las normas de propiedad intelectual y regulación de la brecha salarial. Es hora de que los más ricos, los que más tienen, sean de verdad —y por fin— los que más contribuyen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que son ilegales las normas de la UEFA y la FIFA que les permiten autorizar las competiciones deportivas impulsadas por terceros, porque no son “transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas”. También ha establecido que ambos organismos abusan de su posición dominante al imponer sanciones a quienes proyectan esos campeonatos privados. La sentencia responde así a las cuestiones prejudiciales que en mayo de 2021 presentó el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, donde European Superleague Company y A22 Sports, las dos empresas promotoras de la Superliga, habían denunciado a la UEFA y la FIFA, y pedido medidas cautelares para impedir que sancionaran a la docena de clubes que por entonces apoyaban el proyecto.

No habían pasado ni dos horas de la decisión del Tribunal de Luxemburgo, cuando el consejero delegado de A22 Sports, Bernd Reichart, explicaba las características de una nueva Superliga, sensiblemente distinta a la que se dio a conocer el 18 de abril de 2021. De los 20 equipos iniciales se pasa a 64, con una competición femenina y una plataforma de streaming llamada Unify que difundirá gratis todos los partidos. “El fútbol es libre del monopolio de la UEFA”, proclamó Reichart enarbolando la bandera de la libertad que ya han hecho suya desde Isabel Díaz Ayuso (PP) hasta Javier Milei y ha esgrimido este jueves también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, principal artífice del proyecto: “Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades”.

Pero, de momento, de esos 64 clubes, repartidos en tres divisiones, sólo tres están dispuestos a participar en la nueva competición: el Real Madrid, el FC Barcelona y el Nápoles. De los 12 socios iniciales de la Superliga, se han expresado en contra de regresar al proyecto el Manchester United, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. La Juventus, que se apeó el pasado junio, guarda silencio de momento. La única reacción ha sido la de su expresidente Andrea Agnelli, quien ha publicado un post en X –antes Twitter– con una estrofa de una canción de U2, la frase “love football” y el lema histórico del club italiano, “Fino allá fine” (Hasta el final).

El resto de los clubes españoles, británicos, alemanes y franceses que se han pronunciado rechazan participar en la competición impulsada por Florentino Pérez y Joan Laporta. El Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, que se opusieron desde el principio a la iniciativa, han reiterado su negativa. El Borussia Dortmund y el Roma, la Real Sociedad, el Valencia, el Villarreal y el Levante entre los españoles, y el Marsella entre los franceses son algunos más de los equipos que ya han dicho no a la Superliga. En el mismo sentido se han pronunciado las ligas inglesa, francesa, alemana, italiana y portuguesa. Sin faltar la española, con su presidente, Javier Tebas, a la cabeza.

Muy relevante es, en particular, el rechazo de la Premier League: cinco de los clubes inicialmente suscritos al proyecto de la nueva competición eran ingleses: además del Manchester United, el City, Chelsea, Liverpool y Tottenham. Todos abandonaron después de que los aficionados ingleses se echaran a la calle para protestar. “Creado por el pobre, robado por el rico”, se leía en las pancartas que atizaban contra los dueños de los clubes. Es más, el propio Gobierno británico, de la mano de su ministerio de Cultura y Deporte, ha dejado claro que seguirá adelante con su proyecto para reformar la gobernanza del fútbol, creando un regulador independiente con la facultad de prohibir a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la Premier League, la UEFA o la FIFA.

Tampoco la Comisión Europea respalda el proyecto impulsado por Florentino Pérez. Sin mencionarlo expresamente, el comisario responsable de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha subrayado que “el fútbol europeo representa los valores de la cohesión y no algo reservado a las élites”. “El principio fundamental de Europa es la solidaridad”, ha sido su mensaje en las redes sociales, donde ha mostrado su apoyo a “un modelo deportivo europeo basado en valores” que no es “negociable”.

No obstante, Bernd Reinhart ha prometido “diálogo” a partir de ahora, además de hacer una “invitación” a los clubes. A preguntas de los periodistas, el consejero delegado ded A22 Sports no quiso precisar qué equipos secundan el proyecto. “No queremos dividir el mundo del fútbol, sino unirlo”, se limitó a contestar.

En cualquier caso, la Superliga debe aún allanar un camino en los tribunales que no ha hecho más que empezar. Porque ahora el juzgado de lo Mercantil deberá sentenciar de acuerdo con el dictamen del TJUE. Una decisión que es recurrible. Javier Tebas, gran enemigo de la Superliga, no perdió la ocasión de subrayarlo: “Le queda un recorrido como mínimo de ocho años”. A su juicio, las opciones del campeonato privado son “cero”.

También el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha desdeñado el nuevo formato presentado este jueves por Reichart, que considera “aún más cerrado” que el inicial. “Equipos como el Leicester, el Girona que ahora va de líder, el Atlanta… equipos ganadores de países más pequeños no pueden clasificarse para esta competición”, ha advertido en rueda de prensa. “Si lo llamas competición abierta, estás equivocado, intentan presentarla en público como abierta, y no es cierto”. Ceferin invitó al Real Madrid y al Barça a seguir adelante con su propuesta: “Pueden crear lo que quieran, espero que comiencen su máxima competición lo antes posible… con dos clubes”.

Tanto Tebas como Ceferin se agarran a un párrafo de la sentencia en la que, en efecto, el TJUE deja claro que no se pronuncia “sobre la compatibilidad del propio proyecto de la Superliga” con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque el juzgado español no se lo ha pedido. “La sentencia no avala la Superliga”, ha recalcado el presidente de LaLiga.

Ceferin, por su parte, ha dado la vuelta al varapalo del TJUE convirtiéndolo en una oportunidad para mejorar la regulación que, según dice, ya se reformó en 2022: “Éramos conscientes de que nuestro sistema de autorización era imperfecto y empezamos a trabajar en ello en 2021. Tenemos la confianza en que estas nuevas reglas [tal y como las establece la sentencia del TJUE] están en línea con el juicio del comité ejecutivo de la UEFA”, explicó su presidente, que no obstante se ha comprometido a revisarlas tras estudiar el dictamen del tribunal europeo, para garantizar que los criterios de admisión de las posibles nuevas competiciones organizadas por terceros sean “transparentes, objetivos y no discriminatorios”.

El nuevo formato de la Superliga presentado este jueves por A22 Sports ha enmendado también los elementos que más críticas suscitaron del proyecto inicial. Así, Reichart destacó que la participación de los clubes se basará en el “mérito deportivo”, no habrá “miembros permanentes” y los equipos seguirán vinculados con sus respectivas ligas nacionales. El ejecutivo alemán insistió varias veces en el carácter “abierto” de la competición y en la “tensión competitiva” que la gobernará. Además, se le ha añadido una competición de fútbol femenino con 32 clubes, dividida en dos ligas –en lugar de las tres del masculino–. En ambas modalidades se jugarán 14 partidos por grupo y temporada, todos ellos “emocionantes”. “Hay demasiados partidos con poco interés, sólo en las finales hay un pico de audiencia”, lamentó.

Además, esos partidos se podrán ver gratis a través de la plataforma de streaming Unify, que se financiará mediante publicidad. Lo que no aclaró Reichart cuando le preguntaron los periodistas es cómo se va a financiar el proyecto. Sólo dijo que en este momento está buscando “inversores” y que está más enfocado en Unify. También aseguró que los ingresos de los tres primeros años están garantizados, incluidos unos pagos de solidaridad de 400 millones de euros –el 8% de los ingresos–, lo que duplicaría la cantidad que se reparte ahora en la Champions League. Javier Tebas rebate estas cifras. “Es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis”.

El único apoyo explícito a Florentino Pérez ha llegado de Joan Laporta, que considera la Superliga una “oportunidad histórica para solucionar los problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes”. Es el caso del FC Barcelona, ahogado en deuda y en números rojos. Laporta no sólo defiende que el nuevo formato de competición proporcionará a los clubes más recursos y permitirá a las ligas nacionales ser “más equilibradas y competitivas”. También arremetió contra los equipos que “pueden disponer de recursos financieros ilimitados y en ciertos casos ajenos incluso al mundo del fútbol”, en referencia a los llamados “clubes-estado”, como el Paris Saint Germain o el Manchester City, propiedad de los gobiernos de Qatar y Abu Dabi.

“Desde hoy, los clubes serán los dueños de su destino”, proclamó Florentino Pérez tras publicarse la sentencia del TJUE. Su rival, Javier Tebas, le acusa de haber “construido la historia y un relato” de que “mañana ya pueden hacer la Superliga”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…

A tenor de la información suministrada por todas las partes implicadas y del funcionamiento del sistema que describen, la CNMC tiene mucho trabajo por delante. Según explican a infoLibre fuentes del organismo, el informe que saldrá del estudio de todas las aportaciones no estará listo hasta el año próximo, en una fecha aún por determinar. No es para menos, y no sólo por el volumen de comentarios, sino también por el conflictivo paisaje que dibujan: las compañías de seguros se quejan del elevado grado de concentración de los grupos hospitalarios, mientras que éstos señalan que las cinco principales aseguradoras copan el 74% del mercado. Se acusan mutuamente de imponer precios y condiciones fuera de mercado. Los médicos, por su parte, ya sea a través de sus colegios profesionales o de la asociación Unipromel, disparan a ambos lados y denuncian que no existe competencia ni entre las aseguradoras ni entre los grandes grupos hospitalarios. Y que ambos abusan de su poder de negociación.

“Es un cártel puro y duro, en el que los pagafantas son los médicos y los pacientes”, resume Juan Carlos Lluch Cerdá, corredor de seguros y uno de los participantes en la consulta pública de la CNMC. Lluch empezó en 2006 a asistir a personas y empresas “víctimas de malas prácticas” en el mundo del seguro, y hasta hoy han pasado por sus manos más de 15.000 casos, apunta. Por su experiencia, no duda en tachar de “oligopolio de aseguradoras y hospitales” el mercado de la sanidad privada en España. Un triángulo, el formado por compañías de seguros, grupos hospitalarios y médicos, además, muy mal avenido. “Son fuentes en tensión, y quienes sufren las consecuencias son el paciente, al que se araña la calidad de la cobertura, y los médicos, a los que los grupos hospitalarios quitan entre el 20% y el 50% de unos honorarios ya de entrada tercermundistas”, denuncia.

El objetivo de la CNMC al abrir la consulta pública es analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia sanitaria”, así como los efectos de “la integración y relación vertical” entre aseguradoras y hospitales. También quiere comprobar si hay “diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a los facultativos y a los ciudadanos”. Y si se producen “asimetrías de información” para estos últimos.

Pues bien, según la mayoría de las aportaciones identificadas, existen evidentes problemas de competencia en la oferta de seguros y en los servicios sanitarios, agravados por la integración vertical entre unos y otros. Además, tanto aseguradoras como hospitales abusan de su posición de dominio a la hora de negociar precios y condiciones. Finalmente, la información facilitada a los ciudadanos a la hora de contratar una póliza de salud deja mucho que desear.

Por supuesto, tanto la patronal Unespa como Sanitas y Adeslas, las dos principales compañías por volumen de primas, sostienen que el mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España disfruta de una “intensa competencia”. Para Adeslas –que pertenece a la Caixa y a Mutua Madrileña–, el hecho de que 10 aseguradoras se repartan casi el 80% de las primas no es síntoma de excesiva concentración, sino de concurrencia sin trabas. El número total de empresas en este sector es de 82, a cierre de 2022, según los datos de ICEA, el centro de estudios de las aseguradoras. Sanitas, por su parte, destaca como otra muestra de elevada competencia en el sector la gran movilidad de asegurados entre entidades –un extremo que niegan los médicos, Facua y los hospitales–. Unespa presume también de que, en los “múltiples” tipos de seguro de enfermedad existentes, se ofertan diferentes coberturas, con distintos cuadros médicos e infraestructuras, así como técnicas de tratamiento.

Por el contrario, a juicio de las compañías de seguros, es en los grupos hospitalarios donde se sufre un serio problema de concentración empresarial. Tan grave que, en algunas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para algunos servicios sanitarios sólo hay un proveedor hospitalario privado, que cuenta, por tanto, con “un elevado poder de negociación”. Las compañías de seguros se quejan de que, en esos territorios, están “obligadas a llegar a acuerdos con dichos grupos sanitarios para prestar servicios a sus clientes”. Adeslas no duda en calificar de “monopolio” lo que ocurre en algunas provincias de las dos comunidades autónomas citadas. “Toda la oferta de servicios asistenciales hospitalarios privados, tanto de internamiento como de pacientes ambulantes, así como de medios de diagnóstico” se encuentra “en un único hospital o unidad de decisión”, describe la aseguradora de la Caixa.

Así, en Toledo y Ciudad Real es Quirónsalud el propietario del único hospital privado de la provincia. Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Cuenca sólo tienen también un hospital privado, pertenecientes todos ellos al Grupo Recoletas. En Valladolid hay dos, igualmente de este grupo. En León el único centro privado es del grupo HM. El Colegio de Médicos de Madrid cifra en un 50% la cuota del mercado español en manos de Quirónsalud. El de Barcelona destaca que, en esa provincia, el 74,36% de la oferta de camas la agrupan los cinco primeros grupos hospitalarios, y de esa cifra el 42,36% corresponde a Quirónsalud.

Según su página web, este grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, tiene 58 hospitales, además de 131 centros de salud. Un total de 8.267 camas. Es la empresa que más factura, 4.441 millones de euros en 2022, a considerable distancia de la segunda, Vithas, que con 18 hospitales y 2.155 camas tiene una cifra de negocio de 699 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Fundación IDIS, que agrupa tanto a hospitales como a aseguradoras de salud. Vithas es propiedad de la familia Gallardo, dueños a su vez del laboratorio Almirall. El grupo HM cuenta con 21 hospitales y 22 policlínicos, gracias a los cuales ingresó 575 millones de euros en 2022. Riberasalud forma parte de Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, y posee en España ocho hospitales y 1.056 camas. Es el tercero en facturación, con 585 millones de euros. Recoletas, que se presenta como una empresa familiar cuya presidencia ostenta Amando Rodríguez, ingresó 113 millones el año pasado gracias a sus ocho hospitales, según consta en su página web.

Esa concentración se agrava, desde la perspectiva de los médicos y de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), por la integración vertical de aseguradoras y hospitales, una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Así, HLA, que pertenece a la aseguradora Asisa, es el mayor grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora y el cuarto por facturación: cuenta con 18 hospitales e ingresó 576 millones en 2022. Sanitas también se ha lanzado a la caza de hospitales. Tiene cuatro, que suman 398 camas. La aseguradora Caser posee cinco, pero con menos camas, 185.

Según los grupos hospitalarios asociados en ASPE, la creciente integración vertical produce una “distorsión del mercado”, ya que, como sintetiza el Colegio de Médicos, “es una relación imposible porque tienen intereses contrarios”. “La compañía [de seguros] gana dinero cuando el paciente no gasta en el hospital y el hospital gana dinero cuando el paciente gasta en el hospital… Naturalmente, manda la compañía”, pero “pierde el paciente y el médico por cuanto se elimina la competencia”. Unipromel, la asociación que está liderando la guerra de los médicos privados, advierte de que, con la fusión de hospitales y aseguradoras, se impone al facultativo “la decisión que más conviene a la compañía [de seguros], no al paciente, con el fin de reducir costes”. Además, supone la desaparición de los médicos de ejercicio libre, lo que a su vez se traduce no sólo en una menor competencia sino también en una merma de la calidad asistencial. Porque, resalta, se sustituye la decisión del médico por la de la aseguradora o del grupo hospitalario.

Por el contrario, los grupos hospitalarios dicen que la concentración del mercado se da en el lado de las aseguradoras de salud. ASPE, utilizando otro informe de ICEA, eleva hasta el 84,26% la cuota de mercado de las 10 principales compañías de seguros de salud y cifra en 7.071,9 millones de euros la facturación de las cinco primeras, que copan el 74,47% del negocio. El poder de negociación que les otorga ese acaparamiento del mercado obliga a los hospitales a aceptar las condiciones que las aseguradoras les imponen, protesta ASPE. De hecho, abunda, las aseguradoras representan el 64% de la facturación de los hospitales privados.

En el punto de mira sitúan éstos, por ejemplo, el reciente acuerdo entre Sanitas y Generali, mediante el cual la primera ha pasado a gestionar las pólizas de salud de la compañía italiana, tras rescindir los contratos que había suscrito con diferentes hospitales para atender a sus 150.000 clientes. Desde el pasado 1 de enero, esos centros sanitarios tratan a los asegurados de Generali con las condiciones de Sanitas, con unas tarifas un 20% más baratas. ASPE ha denunciado el acuerdo ante la CNMC. Sanitas también acaba de comprar el negocio de seguros de salud de Asefa, especializada en el sector de la construcción, incluyendo sus dos centros médicos. La aseguradora, una histórica de la sanidad privada española, es propiedad desde 1989 de la British United Provident Association (BUPA). “Era la que mejor pagaba, pero desde que entró capital británico es tan agresiva como Adeslas o Asisa”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

Guerrero, oftalmólogo con consulta en Sevilla, niega sin embargo que el conflicto entre aseguradoras y grupos hospitalarios sea real. “Es mentira, se llevan mal sólo de puertas afuera”, replica, “¡si están todos juntos en la Fundación IDIS!”. Creada en 2010, reúne tanto a las principales compañías de seguros de salud como a los grandes grupos de hospitales, con una misión: “Poner en valor la aportación de la sanidad privada” en España.

De hecho, Unipromel ha denunciado ante la CNMC tanto a Quirónsalud como a Sanitas y Asisa, en unos procedimientos que aún están pendientes de resolución. Juan Carlos Lluch advierte de que el mercado de la sanidad privada es un “castillo de naipes” que amenaza con desmoronarse. En su aportación a la consulta de la CNMC, Unipromel habla de una “burbuja” a punto de estallar. Guerrero avisa de que, si aseguradoras y hospitales se siguen negando a negociar, a partir de enero de 2024 se va a producir un “plante espontáneo” de los médicos privados. “Daremos al paciente su factura, con un precio muy razonable, y le diremos que se la reclame a su seguro”, explica el oftalmólogo. O se darán de baja si las aseguradoras pagan menos de una determinada tarifa.

Pero no es probable que acepten sentarse. Adeslas deja claro a la CNMC que las reivindicaciones colectivas de los médicos, “cada vez más agresivas y beligerantes”, incitan a transgredir la libre competencia. Los otorrinos de Badajoz, otras ocho especialidades en Sevilla, incluidos reumatólogos y pediatras, ya han decidido parar en enero, dice Guerrero. “Cuando lo hagan los ginecólogos, se va a liar; los traumatólogos sevillanos ya le han dicho a Sanitas que, o suben los baremos, o no operan”, avanza.

El oftalmólogo asegura que Asisa –“la que peor paga”– acaba de subir de 17,03 a 17,27 euros la consulta, 25 céntimos “después de 20 años”. Guerrero acusa a las aseguradoras de “meterse en las consultas” para decirles a los médicos lo que tienen que facturar. Con precios que no se han actualizado desde hace 30 años, cuando no a la baja desde que se instaló el low-cost también en el seguro de salud.

En España se pueden encontrar seguros de salud de 12 a 600 euros al mes, detalla Juan Carlos Lluch en sus respuestas a la consulta de la CNMV. Es decir, se venden pólizas “con bajo contenido asegurador, límites muy pequeños y escasas especialidades, tratamientos y tecnologías que, además, recurren a profesionales muy mal pagados”. Pero también otras que admiten libre elección de médico y hospital, tienen elevados niveles de calidad y tecnologías y tratamientos actualizados. Lo que está claro, comenta a infoLibre Lluch, es que si una compañía ofrece “el mejor seguro médico por 24 euros”, está engañando al consumidor. “Con una revisión ginecológica de calidad ya has rebasado esa cantidad”, recalca, “y desde luego no puedes tener un neurocirujano primera espada por 16 euros la consulta”.

Más aún cuando en España, con una sanidad pública universal de calidad pese a todo, la sanidad privada siempre ha sido un “producto suntuario”, precisa el corredor de seguros balear. “Quien recurre a ella busca una habitación privada, evitar las listas de espera, más calidad asistencial o acceso a ciertas tecnologías”, explica, “y eso no es low-cost”. Las aseguradoras, sin embargo, han emprendido “campañas de captación muy agresivas”, con pólizas muy baratas. Pero resulta que, si un paciente consume más del 65% de la prima anual, la compañía entra en pérdidas, señala Lluch, por lo que el negocio para ellas consiste en “quedarse con los clientes que no generan gasto, con los sanos, y echar al resto”. Y el problema es que el consumidor “no es consciente de a cambio de qué está pagando menos, no se lo dicen, y se entera en el peor momento de que el seguro no le cubre”.

Así, ASPE se queja ante la CNMC del lenguaje “muy técnico y complejo” utilizado en las pólizas, lo que impide que los ciudadanos entiendan cómo funciona el copago o qué tratamientos tiene cubiertos. Por el contrario, Adeslas defiende que la información de las ofertas de seguros es “clara y comparable”. “No es un producto especialmente complejo ni en su estructura ni en su redacción”, sostiene.

A juicio de Ignacio Guerrero, el sistema empezó a estropearse con la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, que prohibió a los colegios médicos fijar los precios de las consultas. Entonces, y pese a la gravísima crisis económica, “se dispararon las inversiones en la sanidad privada, tanto de los hospitales como de las aseguradoras, y el mercado no ha dejado de crecer un 10% anual”, recuerda. A día de hoy, 12 millones de españoles tienen un seguro de salud, el 25% de la población. Guerrero dice que el encarecimiento de la “mano de obra médica” por el que lucha Unipromel puede suponerle al sector un gasto extra de más de 1.200 millones de euros. “Los bajos baremos de la privada son lo mismo que los recortes en la sanidad pública, sólo que esos tienen mala prensa, mientras que, en la privada, el paciente no se entera”, lamenta.

No es de lo único de lo que no se entera el cliente. Juan Carlos Lluch resalta que, en las condiciones generales de las pólizas ofertadas por las seis principales aseguradoras se incluyen como exclusión en la cobertura las epidemias y pandemias. Pues bien, desde el covid, la contratación de seguros de salud se ha disparado un 20%. Lluch duda mucho de que quienes las han comprado sean conscientes de la existencia de ese vacío de cobertura.

Probablemente para llegar a esta información haya entrado en infoLibre tras teclear 'infoLibre' en el buscador de su ordenador, móvil o tablet. Y lo más habitual es que ese buscador sea Google, el preferido por el 92% de los internautas, cifra que en España se incrementa hasta el 96%, según datos de agosto de 2019 del portal de estadísticas Statcounter. El motor de búsqueda por antonomasia, propiedad de Alphabet Inc., fue desarrollado por Larry Page y Sergey Brin. Ambos fundan el 4 de septiembre de 1998 la compañía que dará nombre a todo su imperio: Google. 23 días después, el 27 de septiembre, lanzan el emblema de su tecnológica: su buscador, que inicialmente se llama Backrub. Ahora, y tras un cambio de nombre que hace referencia a la expresión matemática del número uno seguido de cien ceros, celebra su aniversario número 21, la mayoría de edad en todo Estados Unidos y con años suficientes, si fuera una persona, para consumir alcohol legalmente en este país.

Y en estos 21 años de vida, se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los reyes de Internet. Tanto es así, que una de las frases más escuchadas –en 129 idiomas– en cualquier ámbito de la vida, desde el laboral pasando por el educativo hasta el personal, es "búscalo en Google". Y es que, a día de hoy, este motor de búsqueda es el buscador por antonomasia y prácticamente nada le hace sombra. "Google ha llegado a esta posición dominante en el mercado de buscadores a través de la combinación de una serie de factores", reconoce César Córcoles, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del Máster de Desarrollo de sitios y aplicaciones web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Para este experto, una de las claves de su éxito es, por un lado, la calidad con respecto a sus contrincantes y, por otro, la inversión. "Mantener un buscador competitivo tiene un coste muy alto, y en ausencia de una buena forma de monetizar esos esfuerzos, muchos rivales han moderado mucho la inversión en la tecnología de sus buscadores, lo que incrementa aún más la diferencia de calidad", explica Córcoles. A día de hoy, Google cuenta con el catálogo web más grande del mundo con billones de páginas indexadas. Sólo de infoLibre, por ejemplo, tiene 940.000 resultados, conseguidos, por cierto, en 0,39 segundos.

Y todo gracias, en parte, a un algoritmo súper secreto, como todos los de las grandes tecnológicas, basado en la calidad de los enlaces de una página y que ha sufrido cambios en las últimas semanas. El motor de búsqueda anunció el pasado día 12 de septiembre una modificación para favorecer en sus resultados reportajes originales frente a los sitios web que copian informaciones. "La búsqueda de Google se creó para proporcionar a todos el acceso a la información en la web, y con decenas de miles de páginas web, cientos de horas de vídeo, miles de tuits e historias de noticias publicadas cada minuto del día, nuestro trabajo es examinar ese contenido y encontrar los resultados más útiles posibles", explicó en su blog oficial Richard Gingras, vicepresidente de Noticias de la compañía, que también apuntó que "hemos realizado actualizaciones de clasificación en nuestras pautas para ayudarnos a reconocer mejor los reportajes originales, mostrarlos de manera más prominente en la búsqueda y asegurarnos de que permanezcan allí por más tiempo" ya que hasta ese momento mostraban "la versión más reciente y más completa de una historia en los resultados de las noticias".

La competencia se reparte poco menos del 10% de las búsquedas

Además de este misterioso algoritmo, su rapidez y su facilidad de uso son claves en un éxito que ha dejado poco espacio a la competencia. Su primera víctima fue AltaVista que, lanzado en 1995, llegó a ser el número uno de la época con unas 13 millones de búsquedas diarias. De finales de los 90 tampoco pasaron Hotbot y Excite.com. De aquella época aún sobrevive Yahoo!, que en 1998 fue uno de los más populares.

Hoy, en cambio, se reparte las migajas que deja el imperio californiano con un 2,06% de las búsquedas, por detrás de Bing, de Microsoft, con un 2,41%. "Ahora mismo hay pocas vías para que Google, al borde de la dominación completa del mercado, pueda crecer más. Y la única vía previsible para que esto sucediera vendría de que alguna de los otros abandonasen el mercado", admite Córcoles.

A pesar de su omnipresencia, hay países en los que Google no es el motor de búsqueda por antonomasia. "En Rusia, Yandex compite de tú a tú con la compañía californiana. Y la china Baidu vendría a completar el quinteto de buscadores más populares" junto con Google, Bing, Yahoo! y Duck Duck Go, explica este experto de la UOC.

A pesar de que el pastel se lo reparten entre cinco, lo cierto es que el reparto es más que desigual ya que Google atrae a nueve de cada diez usuarios. ¿Es peligroso este dominio por parte de los de Mountain View? "Un buscador único puede tener una influencia desmedida sobre la información que obtenemos al buscar en la web y, en consecuencia, sobre la opinión pública", asegura este profesor. Córcoles también apunta a que esta posición dominante "puede permitirse imponer reglas abusivas en el mercado de la publicidad en línea".

Multa de Bruselas e investigación en EEUU

Esta posición dominante, en concreto por aplicar restricciones a páginas web de terceros en el mercado de la publicidad online en su plataforma Adsense for Search, le costó a Google una multa de 1.490 millones de euros por parte de la Unión Europea. Esta última sanción impuesta por Bruselas es la tercera que reciben ya: en julio de 2018 impuso una multa de 4.340 millones de euros por las restricciones que aplicaba a fabricantes de móviles y tabletas con Android y un año antes otra de 2.420 millones por favorecer a su servicio de comparación de precios, Google Shopping. De esta forma, el Ejecutivo comunitario le ha hecho pagar ya 8.250 millones de euros.

Pero las malas noticias no llegan sólo desde el viejo continente. Hace unos días, a principios de septiembre, 50 de los 52 fiscales generales de Estados Unidos –48 Estados más Washington y Puerto Rico, salvo California y Alabama– abrieron una investigación por monopolio a Google cuyo foco también estaría en la comercialización de la publicidad. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, que dirige la investigación, acusó a la tecnológica de "dominar todos los aspectos de la publicidad y las búsquedas en Internet" y, en una columna de opinión en The Wall Street Journal titulada ¿Una alternativa a Google? Su búsqueda no ofrece ningún resultado puntualizaba que la empresa obtiene más del 90% de sus ingresos de la publicidad.

Esta indagación por prácticas monopolísticas podría amenazar el propio modelo de negocio, ya que podría obligar a revelar parte del algoritmo de búsqueda o incluso forzar a la separación de partes enteras de la compañía. Problema que también podría tener Facebook con Instagram y WhatsApp. Algo que, sin embargo, rechaza Cesar Córcoles: "Con la legislación y la jurisprudencia existentes, la opción de la división de Google parece poco probable. Pero en caso de que se diese, quizá la única división natural sería separar YouTube del resto de Google".

Y es que Google no se ha quedado en un simple buscador. Desde aquel lejano 1998, el imperio creado por Page y Brin, con más de 60.000 empleados en 50 países, desarrolla ahora bajo el paraguas de Alphabet cientos de productos como YouTube, el sistema operativo Android, el servicio de correo Gmail, la aplicación Google Maps, el almacenamiento en la nube Google Drive o, ya relacionado con el concepto de hogar inteligente, Google Home. "Nuestra pasión por crear tecnología para todos sigue presente, desde la época en la que trabajamos en nuestros dormitorios y en aquel garaje hasta el día de hoy", explican en su blog.

Hubo una vez en que los explotadores, los especuladores y los capitalistas degenerados en general nos hablaban de las bondades de que las empresas bancarias, eléctricas, energéticas y de transporte fueran privadas, ya que esto nos traería la libre competencia y veríamos con asombro cómo bajarían los precios del dinero, de la energía, de los transportes, etc.

Ahora, después de que se hayan cargado la competencia (con un proceso perfectamente programado) a través de la unificación de las grandes defraudadoras al Estado y donde han desaparecido más del 80% de entidades bancarias, quedando escasamente cuatro o cinco grandes corporaciones, que manipulan a su antojo a toda la economía del país e incluso del mundo, hablan los capitostes y esclavos del absurdo capitalismo de que hay que trabajar hasta los 70 años. Los trabajadores manuales, labradores, albañiles, mecánicos, conductores, fontaneros, etc., y, sin embargo, jubilan a los empleados de la banca y grandes corporaciones a los 52 años.

¿Alguien explica estas cuestiones? Sólo veo una explicación: nos toman por gilipollas, ¿o acaso lo somos realmente? ______________________

Enrique Cruz Archidona es socio de infoLibre

Renfe tendrá garantizado el monopolio en la explotación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia convencional (regionales) durante al menos una década más, hasta 2027, informa Europa Press.

Así lo ha decidido el Gobierno, que ha optado por que la operadora pública mantenga en exclusiva estos servicios, los de carácter público y los que mayor número de viajeros transportan, en vez de sacar a concurso su explotación una vez que en 2020 el transporte de viajeros en tren en la UE se abra a la competencia.

Para ello, el Ejecutivo ha aprovechando una prerrogativa que incluyen las directivas europeas sobre liberalización del tráfico ferroviario de pasajeros en la UE, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Así, Renfe se garantiza el monopolio en Cercanías y Regionales al menos una década más mientras que, por contra, se prepara para comenzar a competir con otros operadores privados en el AVE antes de 2020.

No obstante, como contraprestación, la compañía deberá invertir en las instalaciones y el parque de trenes de dichos servicios públicos, según indican las mismas fuentes. De hecho, ya trabaja en un plan de compra y mejora de trenes convencionales.

Renfe viene prestando el servicio público de Cercanías y Media Distancia en función de una encomienda que anualmente le realiza el Estado. Se trata de conexiones ferroviarias consideradas de carácter público, necesarias para garantizar la movilidad y cohesión del país, aunque en su mayor parte deficitarias económicamente. Por ello, la operadora recibe a cambio una subvención anual de unos 600 millones de euros.

El resto de trenes, el AVE y la Larga Distancia, tienen carácter comercial, y Renfe los programa y explota libremente sin recibir subvención alguna.

Periodo de transición

Las directivas europeas sobre liberalización ferroviaria marcan 2020 como fecha tope para que los países de la UE abran a la competencia el tráfico de viajeros en tren.

No obstante, en el caso de los servicios ferroviarios públicos (Cercanías y los regionales), permiten aplicar un periodo de transición.

Así, los países pueden seguir confiando estos servicios ferroviarios públicos a las compañías "incumbentes o dominantes", esto es, a las que los han venido prestando hasta ahora.

En el caso de España, Fomento se acogerá a esta prerrogativa y confiará el servicio a Renfe, en vez de sacarlo a concurso, al considerar que, "en una primera etapa, es la mejor opción".

Por ello, aprovechando la revisión del listado de trenes de Cercanías y Media Distancia que integran el servicio público, que debe tener lista antes de fin de año, el Ministerio ultima conceder su prestación a Renfe durante un periodo de diez años, hasta 2027, según detallaron a Europa Press dichas fuentes.

Los que más viajeros transportan

Los trenes de Cercanías y la Media Distancia son los que mayor número de viajeros transportan, a pesar de los récord que el AVE y la Larga Distancia vienen encadenando en los últimos años, con los que actualmente suman unos 32 millones de usuarios.

Los servicios Cercanías que Renfe presta en una docena de ciudades contabilizaron un total de 409 millones de pasajeros en 2016. Los de Media Distancia trasladaron 23,31 millones que, sumados a los de Media Distancia AVE (los Avant), se elevan a 30,6 millones.

La Comisión Europea ha impuesto este martes a Google una multa récord, de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador.

La cifra duplica la multa de 1.060 millones de euros que el Ejecutivo comunitario impuso en 2009 al grupo informático estadounidense Intel, entonces la mayor de la historia de la Unión Europea, también por abuso de posición dominante al tratar de expulsar a sus rivales del mercado de microprocesadores.

Bruselas envió un primer pliego de cargos a Google en abril de 2015 en el que denunció que la empresa reserva sistemáticamente un trato favorable a su comparador de precios en sus páginas de resultados de búsquedas generales.

En su decisión de este martes, la Comisión Europea ha concluido que Google ha adjudicado a su servicio de comparación de precios una ventaja "ilegal" al otorgarle una posición "prominente" en los resultados de búsqueda, al mismo tiempo que "degradaba" la visibilidad de los resultados sobre sus rivales.

Bruselas ha advertido además a Google de que se enfrenta a sanciones de hasta el 5% de la cifra de negocios media mundial de Alphabet, su empresa matriz, si en 90 días no pone fin a esta práctica.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado en una rueda de prensa que la compañía ha diseñado "muchos productos y servicios innovadores" que "han marcado la diferencia", pero ha criticado que la estrategia de Google con respecto a su servicio de comparación de precios "no se basaba únicamente en atraer a clientes haciendo mejor su producto".

"Lo que Google ha hecho es ilegal bajo las normas europeas. Niega a otras compañías la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y de innovar. Y lo más importante, niega a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación", ha añadido.

Google "considerará apelar"

Google ha expresado su "desacuerdo" con las conclusiones de la Comisión Europea y ha indicado que "considerará apelar" la decisión.

"Estamos en desacuerdo con las conclusiones anunciadas hoy", ha declarado Kent Walker, vicepresidente senior y general counsel de Google. "Vamos a revisar con la Comisión la decisión en detalle y consideraremos apelar y continuar exponiendo nuestros argumentos", añadió.

"Cuando compras online quieres encontrar los productos que estás buscando de manera fácil y rápida y los anunciantes promocionarlos. Por esta razón Google muestra shopping Adsshopping Ads, con el objetivo de conectar al usuario con miles de anunciantes, pequeños y grandes, de una manera que sea útil para ambos", subrayó el ejecutivo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 75,6 millones de euros a Renfe, Deutsche BahnRenfe y a varias empresas ferroviarias de ambos grupos por distorsionar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, informa Europa Press. En el caso de la operadora española, la multa asciende a 64,9 millones de euros.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha impuesto dicha multa por una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en acuerdos y prácticas concertadas, restrictivos de la competencia por su efecto, por parte de dos empresas del Grupo Renfe (Renfe Operadora y Renfe Mercancías) y varias empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, DHIB, DB ML y DB SR Deutschland).

A ello se suma otra infracción única y continuada de los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE, consistente en una discriminación comercial abusiva, al menos, a las empresas ferroviarias miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), por parte de Renfe Operadora y Renfe Mercancías, en su oferta de servicios de tracción ferroviaria para el transporte de mercancías por ferrocarril en España.

El Grupo Renfe y el Grupo Deutsche Bahn han constituido y constituyen respectivamente el primer y segundo operador de transporte de mercancías por ferrocarril en España por volumen de facturación, y presentan conjuntamente porcentajes superiores al 80% del transporte de mercancías por ferrocarril en España. En el caso de los segmentos del automóvil y el siderúrgico las cuotas se elevan hasta el 100%.

Acuerdos concertados que mantuvieron el 'statu quo'

En el caso de la primera conducta sancionada, la CNMC ha acreditado que los diversos acuerdos adoptados entre empresas del Grupo Renfe (Renfe Operadora y Renfe Mercancías) y varias empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, DHIB, DB ML y DB SR Deutschland) tuvieron un efecto restrictivo de la competencia.

A través de ellos, estos grupos, que teóricamente deberían haber competido entre sí, mantuvieron el statu quo preexistente a la liberalización del sector de transporte de mercancías por ferrocarril en España.

Las empresas sancionadas crearon una serie de vínculos entre ellas que les permitieron posicionarse como clientes y proveedores privilegiados entre sí. Por ejemplo, en el alquiler de locomotoras (equipos de tracción), de campas (zonas donde se almacenan los vehículos para su posterior carga en los trenes de mercancías) o en otros elementos y actividades imprescindibles para este tipo de transporte.

Relacionado con los acuerdos anteriores, se llegó a una situación en la que el único competidor de Renfe que disponía de tracción (Transfesa- propiedad del Grupo Deutsche Bahn), las subarrendó a la propia Renfe y a otra empresa del Grupo Deutsche Bahn (DB). De esta forma, Renfe quedó posicionada como la única compañía con capacidad de tracción propia en el mercado español.

En el caso del Grupo Deutsche Bahn (DB), primer operador de transporte de mercancías por ferrocarril a nivel europeo, no empleó tracción propia en el transporte internacional de mercancías por ferrocarril con origen o destino España, a pesar de contar con locomotoras propias en España (bajo Transfesa Rail), sino que optó por ceder parte de las mismas a Grupo Renfe, a pesar de este último contaba con locomotoras propias más que suficientes para cubrir sus necesidades en los mercados afectados.

Abuso de posición de dominio por parte de Renfe

En el caso de segunda conducta sancionada, la CNMC acreditó un abuso de la posición del Grupo Renfe (Renfe y Renfe Mercancías), de forma que discriminó comercialmente a otras compañías ferroviarias; particularmente a los miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

Las condiciones ofrecidas a estos operadores fueron distintas de las acordadas con las empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, PIF, Hispanauto y DB SR Deutschland).

Así, Renfe llevó a cabo un tratamiento preferencial a DB SR Deutschland, Transfesa, PIF e Hispanauto a la hora de prestarles servicios de tracción ferroviaria. Además, Renfe no aplicó penalizaciones al Grupo Transfesa, en el caso de que le anulase servicios de tracción ferroviaria contratados para el transporte de mercancías. Esta condición sí la aplicaba en las condiciones ofrecidas a otras compañías ferroviarias.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

¿Quién y cuándo cometió las infracciones sancionadas?

Las actuaciones que Competencia considera sancionables comenzaron en 2008, con los acuerdos adoptados entre empresas del Grupo Renfe y Grupo Deustche Bahn. Por entonces, Renfe Operadora (el organismo que engloba a las sociedades anónimas que se encargan de los diversos ámbitos de gestión, como mercancías, vías o viajeros) estaba presidido por José Salgueiro, político español del PSOE que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 1990 a 2004 y consejero de Economía y Hacienda en 2004. Su época como viceconsejero le ha valido la apertura de juicio oral por el caso ERE, junto a los expresidentes Chaves y Griñán, por prevaricación y asociación ilícita.

Salgueiro era presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) que en 2005 se dividió en Adif, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, y Renfe Operadora, que explota los ferrocarriles de titularidad pública. Así, el exdirigente socialista continuó como presidente de Renfe Operadora hasta que en 2011 fue relevado por Teófilo Serrano, otro histórico ex alto cargo socialista. Hasta 2015, José Salgueiro fue gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Con respecto al área de Mercancías, en 2008 el responsable último de su gestión era Francisco Bonache, que según su perfil de LinkedIn en 2011 pasó a ser director de Btren, una sociedad conjunta destinada al mantenimiento de trenes. Está compuesta al 51% por la compañía Bombardier y al 49% por Renfe. 

Detallan desde Renfe que, si bien los movimientos censurados por la CNMC comenzaron en 2008, no son asuntos "que se resuelvan de un día para otro" y que su gestión ha implicado a varias de las posteriores cúpulas directivas de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Fomento. En rueda de prensa, el actual presidente de la empresa pública, Juan Alfaro, tachó de "injusta, desproporcionada e ineficaz" la multa de 65 millones de euros y afirmó que las prácticas sancionadas cesaron en 2013. Fuentes del gabinete de comunicación de la compañía explicaron a infoLibre que Renfe asumió todas las recomendaciones de Competencia menos una, la relativa a publicar la oferta mayorista de los precios de tracción, al entender que desvelar esa información les perjudicaba. No han querido entrar a valorar si esa negativa es la causante de que, finalmente, la sanción haya sida impuesta. 

Desde prensa de la CNMC se remiten al informe sancionador, en el que se explica que la denuncia de la AEFP se registró el 28 de marzo de 2014 y la institución inició poco después diversos requerimientos de información a las partes implicadas. Simplemente se argumenta que en 2015 y 2016 se recibieron dos propuestas de compromisos aportadas por Renfe y Renfe Mercancías, y que tras las alegaciones Competencia consideró que "no resolvían adecuadamente "los problemas de competencia derivados de las conductas objeto del expediente de referencia ni garantizaban suficientemente el interés público". 

UGT denuncia los problemas de liberalización del sector ferroviario

La Unión General de Trabajadores (UGT) considera que la multa de 65 millones de euros impuesta este lunes a Renfe por la CNMC pone de manifiesto "los graves problemas que se derivan de un proceso de liberalización en determinados sectores" y advierte sobre el daño que esta puede producir en la estabilidad y la calidad del empleo.

Así lo ha indicado en un comunicado, en el que ha incidido en que la liberalización del transporte ferroviario de mercancías se llevó a cabo con el fin de incrementar el volumen de tráfico en esta actividad, mientras que la llegada de las operadoras privadas "no ha tenido impacto alguno en la cuota de mercado, manteniéndose esta en el 4%".

Según ha alertado el sindicato, sanciones de esta magnitud "ponen en peligro los puestos de trabajo de más de mil personas" y provocan a Renfe Mercancías un "daño irreparable" que pone en jaque su viabilidad futura.

Ni la huelga convocada ni la falta de apoyos parlamentarios ha frenando la hoja de ruta del Gobierno, que aguanta el órdago de los estibadores. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba portuaria, el colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos.

El objetivo de la reforma, según el Gobierno, es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. En último término, según el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España. La liberalización del sector, en los términos previstos por el decreto, provocará la entrada de nuevas empresas, supondrá una bajada de los salarios de los estibadores e implicará un desembolso de entre 300 y 350 millones de dinero público para sufragar indemnizaciones por despidos de estibadores. El decreto, que no introduce ni una sola modificación con respecto al texto que los sindicatos rechazan de plano, afecta a unos 6.500 estibadores. 

El Ejecutivo aprueba finalmente esta reforma sin que por el momento exista un acuerdo entre patronal y sindicatos y mientras los estibadores tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo. Estas movilizaciones pueden tener un fuerte impacto en la actividad portuaria española y, por lo tanto, en la economía.

Un mes para buscar apoyos

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto de la reforma pasa ahora al Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de un mes para buscar apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para que sea validado.

La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, según la patronal.

El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy ha aprobado el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, que hasta ahora controlan la organización del trabajo.

Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en las instalaciones portuarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto este jueves un expediente sancionador contra sindicatos y empresas de estiba que operan en el Puerto de Vigo por firmar y poner en práctica hace veinte años pactos sobre las labores de estiba que "desbordarían el ámbito propio" de dichos trabajos, según ha informado Europa Press.

La institución abre el expediente a partir de una denuncia de la Autoridad Portuaria de Vigo y coincidiendo con el conflicto abierto a escala estatal por la reforma del sector de la estiba emprendida por el Gobierno.

En concreto, el expediente se ha incoado contra los sindicatos UGT, CC.OO y Confederación Intersindical Galega (CIG), y contra las empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima.

El sector de la estiba, la carga y descarga de barcos constituye por su carácter de monopolio una de las viejas batallas de los distintos órganos de competencia de España.

En la última década, las autoridades de competencia han impuesto distintas sanciones a este colectivo y el expediente abierto este jueves, que puede acarrear también una multa, no será previsiblemente el último, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

En 2009, la entonces Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso su mayor multa al sector por un importe total de un millón de euros por establecer acuerdos que limitaban la competencia. En concreto, multó a la patronal Anesco con 901.518 euros, a la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, con 168.000 euros, y a los sindicatos CIG y LAB con 3.900 euros y 3.000 euros, respectivamente.

En cuanto al actual expediente sancionador, dichas fuentes aseguran que su apertura coincidiendo con el conflicto el sector es una coincidencia.

Veinte años de pacto anticompetitivo

La CNMC ha procedido a incoarlo ante el pacto de carácter extraestatutario que los sindicatos y las empresas que operan en el Puerto de Vigo habrían firmado y puesto en práctica en 1996 para regular las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo, "cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las de estiba portuaria".

El órgano que preside José María Marín Quemada explica que el expediente es consecuencia de la "información reservada" que inició tras recibir la notificación recibida del Puerto de Vigo.

La CNMC asegura que dicha información le permitió "detectar indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia", por lo que resolvió abrir el expediente sancionador. En su comunicado, recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, dado que se inicia un periodo de 18 meses para su instrucción y resolución.

No obstante, y a pesar de la coincidencia, el anuncio de la apertura del expediente supone la irrupción de la CNMC en el conflicto actualmente abierto en el sector de la estiba, ante la propuesta del Gobierno para reformar el sector y la oposición de los trabajadores del ramo a varios aspectos de la misma.

Los servicios mínimos que el Ministerio de Fomento ha fijado para la huelga de estibadores convocada en los puertos para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, tratan de garantizar que se realicen hasta el 100% de los trabajos de carga y descarga de mercancías en determinados supuestos, como son las mercancías perecederas o las peligrosas, informa Europa Press.

Con su carta de servicios esenciales, el departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende compatibilizar el derecho a la huelga con la garantía de menor impacto posible en el funcionamiento de los puertos, instalaciones básicas para el funcionamiento de muchas empresas y del conjunto de la economía, tal como justifica en su decreto el Ministerio.

Fomento argumenta asimismo que la estructura de la huelga (contempla para cada hora impar del periodo comprendido entre las 8.00 del día de la huelga y la misma hora del día siguiente) hace que su impacto vaya más allá del tiempo de paro convocado.

Para fijar los servicios esenciales, también asegura haber realizado un estudio de la actividad portuaria del mes de febrero en otros años.

Con todo, Fomento establece garantizar el 100% de las operaciones de carga y descarga de mercancías perecederas (como pueden ser alimentos), peligrosas o que su permanencia en el puerto "pueda representar un grave riesgo para personas o instalaciones".

También dicta el 100% de los servicios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministro esenciales a Ceuta y Melilla.

Asimismo, Fomento insta a atender el 100% de las operaciones en buques mixtos, aquellos que combinan carga y pasajeros, con el fin de no impactar en el tránsito de viajeros, que inicialmente quedan al margen de la convocatoria de huelga.

El 100% de los servicios mínimos también se fija para garantizar las operaciones en eventuales situaciones de emergencia o accidentes de buques.

La mitad de la actividad de un día normal

Para el resto de la actividad cotidiana de gestión de mercancías en los puertos, Fomento sólo indica que se deberá realizar "el porcentaje necesario de actividad para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior en una jornada comparable, tanto en horario como en mercancía".

Se da la circunstancia de que estos últimos días las empresas que trabajan en los puertos están denunciando que el rendimiento de la actividad de carga y descarga están reduciendo su rendimiento hasta un 95% por medidas de presión de los estibadores.

Con la huelga, los estibadores protestan en contra de la reforma del sector de la estiba que el Gobierno aprobará este viernes, finalmente sin consenso, dado que este martes quedaron rotas las negociaciones que mantenía con patronal y sindicatos que, a su vez, advirtieron de extender los paros más allá de la próxima semana.

El Ministerio de Fomento ultima una reforma de la estiba para abrir un sector hasta ahora controlado por sus 6.156 trabajadores y que es básico para el funcionamiento de los puertos y la economía, dado que este colectivo gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar, informa Europa Press.

La reforma viene impuesta por mandato europeo, que considera el sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria y, por ello, puede imponer a España una sanción de al menos 21 millones de euros.

No obstante, Fomento considera que la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector fundamental para la economía. Los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

A pesar de ello, la estiba se rige en España por un sistema único respecto a otros sectores económicos y otros países de la UE, salvo Bélgica, que también lo está modificando, según informaron fuentes del Ministerio.

Esta actividad se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores, todos ellos representados además por un único sindicato.

Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores.

La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las estibadoras contratar libremente, y da para ello un periodo transitorio de tres años.

En concreto, la norma contempla la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una especie de empresa de trabajo temporal. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.

Fomento, a través de Puertos del Estado, reconocerá su capacitación profesional y garantizará la antigüedad y las condiciones y derechos laborales del colectivo de estibadores. El gestor potuario abonará la correspondiente indemnización si un estibador es despedido.

No obstante, la reforma busca también reducir los costes de la estiba, que suponen más de la mitad (entre el 55% y el 56%) del coste total de la manipulación de mercancías en los puertos, por encima de otros países como Alemania (de entre el 37 y el 40%).

En busca de evitar el conflicto

Fomento negocia desde hace meses esta reforma con las empresas estibadoras y el sindicato del ramo, en busca del mayor consenso y para evitar un eventual conflicto laboral que podría llegar a paralizar la actividad portuaria con el consiguiente perjuicio para la economía, dada la importancia de las exportaciones.

El Ministerio reconoce que no ha podido asumir varias de las peticiones de los trabajadores por las "líneas rojas" planteadas por la UE que, según asegura, debe dar el visto bueno final a la reforma.

Además, Fomento debe aprobar la reforma lo antes posible para evitar la multa de la UE, pendiente de una "inminente" nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Para ello, ya busca también el apoyo de las distintas formaciones políticas, pues se articulará mediante un Real Decreto Ley que requiere posterior convalidación del Congreso.

Monopolio en España es sinónimo de empresas públicas como Telefónica o Campsa. Nacidas en 1924 y 1927, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, no sólo han sido poderosas, también han despertado el recelo ciudadano. “Cómo Acaparan Millones Primo [de Rivera], [Calvo] Sotelo y [Martínez] Anido” fue el chascarrillo que corría de boca en boca en las primeras décadas del siglo XX para completar las siglas del monopolio de petróleos. En efecto, resultó un magnífico negocio que se prolongó hasta 1992. Los precios de los combustibles los fijaba el Gobierno, mientras la red de gasolineras era de las más reducidas de Europa: en 1985 el número de estaciones de servicio por cada 100 kilómetros cuadrados equivalía a 0,93 en España, pero ascendía a 6,4 en Francia, 8,7 en el Reino Unido, 12 en Italia, 22 en Holanda… En agosto de 1990, en plena guerra del Golfo, el monopolio multiplicó por cinco sus beneficios respecto al año anterior. Según publicaba entonces la prensa, la compañía estatal, dueña del 90% de las gasolineras, compraba el crudo a las refinerías a 32 pesetas el litro y lo vendía al consumidor a 72 pesetas el gasóleo y 94 la súper. Poco después, a Campsa se la llevó por delante el mismo viento que desmanteló la mayor parte de los monopolios estatales en España y buena parte del mundo.

Desde entonces, prohibidos también por las leyes europeas, los monopolios, entendidos como operadores únicos y exclusivos en un mercado, no existen en España. Pero sí sobreviven posiciones de dominio e inercias oligopólicas que, al restringir la competencia, siguen haciendo pagar un sobreprecio al consumidor. “Ser grande no es necesariamente ser malo”, resume Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y puede ocurrir que en un mercado con múltiples operadores tampoco haya competencia. Incluso la cuota de mercado puede ser “irrelevante” a la hora de determinar si existe monopolio, apunta.

Para detectar esos abusos, la lupa, explica Jiménez, hay que ponerla en la existencia o no de barreras de entrada a ese sector o mercado, en si existe innovación y procesos de concentración y, finalmente, en el precio que paga el consumidor. Además, las empresas con posición de dominio tienen una “especial responsabilidad”, abunda Joan-Ramon Borrell, de la Universitat de Barcelona: ni pueden cerrar el mercado –negarse a vender a alguien– ni pueden cobrar más a unos que a otros sin una razón objetiva.

¿Cumplen estos requisitos el sector energético, financiero, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y por ferrocarril?

Superbeneficios

Un estudio elaborado por Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada para la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha calculado las rentas de oligopolio obtenidas por los bancos, las eléctricas y las empresas de telecomunicaciones en la primera década del siglo. Es decir, la diferencia entre los beneficios de estos tres sectores y el Excedente Bruto Empresarial (EBE), las ganancias del conjunto de la economía, que mide la Contabilidad Nacional. El resultado asciende a 42.622 millones de euros en el caso de los bancos, 82.521 millones en el de las eléctricas y 77.700 millones en el de las telecos. Un total de 202.843 millones de euros en una década, de 2001 a 2009, casi el 20% del PIB.

Por establecer una comparación: el Estado gastó el año pasado en prestaciones de desempleo 20.609 millones de euros. La hucha de las pensiones guarda aún  24.207 milloneshucha. Es decir, los sobrebeneficios de estos tres oligopolios multiplican por 10 esas cifras.

Según el informe, las rentas de oligopolio del sector bancario se dispararon a partir de 2007, con la crisis financiera. La reestructuración forzó las fusiones y restringió la competencia. Sus beneficios se situaron 10 puntos por encima de la media de ganancias del conjunto de la economía. Si las rentas de oligopolio alcanzaban los 2.575 millones en 2006, un año más tarde se triplicaron –7.850 millones– y en 2009 se dispararon hasta los 13.752 millones de euros. Los autores atribuyen esta renta diferencial al “poder de mercado que tienen las entidades financieras, lo que les permite imponer precios (tipos de interés o comisiones) sobre otros agentes económicos, debido en gran medida a las barreras de entrada”. Para crear un banco o para que uno extranjero se instale en territorio nacional, el Banco de España debe autorizarlo. En una entrevista a El País, la directora general de ING, Almudena Román, reconocía recientemente que al banco holandés no le “compensa” pagar la “cara ficha bancaria” que le exige el supervisor para estar registrado como entidad española. Así que rinde cuentas ante el Banco Central de Holanda.

Las rentas de oligopolio de las eléctricas son producto de la “regulación ineficaz” a que están sometidas, continúa el estudio. Los 82.521 millones de “superbeneficios” supusieron un 86,4% en 2008 para este puñado de compañías –los tres gigantes, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, junto a las menores HC Energía y Viesgo–, casi el doble del margen obtenido por el conjunto de la economía ese año –46,6%–. Los autores atribuyen estas cifras y los altos precios de la luz a los costes de moratoria, los costes de transición a la competencia y el déficit de tarifa, las compensaciones que reciben del Estado –del contribuyente–estas empresas.

En el sector de las telecomunicaciones, la desaparición del monopolio estatal de Telefónica –en 1997– tampoco ha abierto mucho más el abanico. La facturación de Movistar, la nueva marca de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, representa el 44,7% del sector. Si se le suman las de los otros dos grandes, Vodafone y Orange, las tres se reparten casi el 80% del mercado. Si se cuentan las líneas, el trío acumula el 94% de las de telefonía fija y de banda ancha; el 83% de las líneas de voz de telefonía móvil y el 85% de las de banda ancha móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al cierre de 2015.

Así, las rentas oligopólicas del sector se elevaron a 11.383 millones de euros en 2009, un margen del 84,7% que, de nuevo, casi duplica la media de la economía nacional.

Sin embargo, Joan Calzada, profesor de la Universitat de Barcelona, cree que, a diferencia de lo ocurrido con la electricidad, la liberalización de la telefonía ha funcionado razonablemente. Aunque reconoce que los precios soportados por el consumidor nacional son aún más altos que los del resto de Europa, señala que los cambios tecnológicos han potenciado las nuevas entradas en el mercado, algo que no puede decirse del sector eléctrico. Pese a ello, Calzada echa en falta más operadores. En España hay menos que en otros países de la UE “y sólo con que llegara uno más, se notaría”. “Un oligopolio clarísimo de las eléctricas”

“En España ha habido un oligopolio clarísimo de las eléctricas”. Así de contundente se despachaba en 2013 el excomisario europeo de la Competencia Joaquín Almunia, quien denunciaba también la persistencia en España de “las malas prácticas” a las que estaban acostumbrados los monopolios públicos. Joan-Ramon Borrell protesta por las reuniones que celebran públicamente los sucesivos ministros de Industria con las grandes compañías. “Que las empresas se reúnan y pacten no es legal”, asegura, “porque luego dan al Gobierno un mensaje coordinado que es precisamente lo que la ley intenta impedir”.

“Es un lobby muy fuerte, cierto”lobby, admite Mariano Bacigalupo, exsecretario del consejo de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). También reconoce la existencia de “desequilibrios regulatorios” claros, como el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que ingresan las compañías por la factura de la luz y lo que les cuesta suministrar la electricidad– o la sobrerretribución a determinadas tecnologías como la nuclear o la gran hidráulica. Pero precisa que el sector eléctrico español figura entre los avanzados en liberalización, “mejor que Francia o Italia” y sólo por detrás del Reino Unido en cuanto a número de operadores.

Aun así, Bacigalupo cree que todavía hay “mucho recorrido de mejora en la regulación sectorial, necesaria porque, según destaca, el eléctrico nunca será un mercado con la “suficiente madurez competitiva” como para que sólo se le aplique el derecho de defensa de la competencia.

“Ciertamente aún hoy existe una patología excesiva por la tendencia del Gobierno y del sector a pactar la regulación”, concede el exresponsable de la CNE, “una cultura regulatoria donde se da una interacción demasiado intensa y demasiado opaca”. Aunque ya lejos de lo que ocurría en épocas pasadas, cuando las órdenes ministeriales “se escribían en las empresas, se enviaban por fax al ministerio y se publicaban tal cual en el BOE”, relata. Bacigalupo considera “demasiado de brocha gorda” tachar de oligopolio a las eléctricas, un sector “crítico y sensible” donde tampoco sería razonable legislar “de espaldas a las empresas”. Y que ya cuenta con una regulación sectorial “preventiva” que este profesor de Derecho Administrativo considera “bastante incisiva”.

Sólo hay competencia en el 3,5% de las rutas ferroviarias

Donde el monopolio se resiste a desaparecer con más inercia es quizá en el transporte ferroviario. En 1997 Renfe quedó dividida en dos: el gestor de las infraestructuras, ADIF, y Renfe Operadora, la empresa que explota en exclusiva el transporte de viajeros por ferrocarril en España y casi el 90% del transporte de mercancías. En 2006 se liberalizó este último segmento del negocio. Pero, a día de hoy, sólo siete compañías compiten aquí con Renfe: Acciona, Comsa Rail Transport, ACS, Transfesa, Logitren Ferroviaria, Tracción Rail y Transitia Rail.

Uno de los motivos de esta escasez, según el profesor de la Universidad de Las Palmas Javier Campos Méndez, son los elevados cánones que los operadores privados deben pagar y que pueden llegar a equivaler al 40% de sus costes. Una barrera de entrada que puede calificarse “de manual”. El resultado, según los datos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), es que sólo existe competencia efectiva en menos del 3,5% de las rutas. De hecho, en 2014 la CNMC abrió un expediente sancionador a Renfe por abuso de posición dominante en este segmento que aún no ha cerrado.

En el transporte de viajeros, la entrada de operadores privados en la línea del AVE a Levante, prevista para 2015, ha quedado en suspenso. En cualquier caso, sólo se ofertaba una licencia para un competidor. El Gobierno primero se topó con el escaso interés de las empresas, que se quejaban de los elevados cánones. Y después, con la parálisis sobrevenida de encontrarse en funciones. El pasado enero el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, aplazó a 2020 la liberalización total del transporte por tren.

“El sector ni crece ni es capaz de introducir dinamismo, en buena parte debido a deficiencias institucionales”, concluye Javier Campos en su estudio. Un buen síntoma de ese “poder de mercado” excesivo de Renfe es la falta de transparencia. A diferencia de Aena, operador único aeroportuario privatizado en 2015, Renfe no hace públicos sus datos sobre tráfico de viajeros, que considera información “sensible”.

Aeropuertos que compiten como centros comerciales

En efecto, Aena era otro monopolio público, uno de los que podían considerarse natural, aquél donde la necesidad tanto de inversiones iniciales como de costes de mantenimiento muy elevados hace que un solo competidor opere más eficientemente o que la entrada de nuevos operadores sea imposible. Es lo que ocurre con infraestructuras como la red de alta tensión –que en España gestiona Red Eléctrica Española (REE)– o la red de fibra óptica de Telefónica. También con los aeropuertos y redes ferroviarias. De ahí que, al mismo tiempo, sus propietarios y gestores sean los Estados. En estos casos, España no se distingue de los países de su entorno, casi todos han optado en general por su liberalización y paso a manos privadas.

A juicio de Ofelia Betancor y Mari Paz Espinosa, autoras de un informe sobre el sector publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a los aeropuertos no se les deben aplicar muchos de los principios válidos para los oligopolios. Los denominan “plataformas multilaterales” y el grado de competencia con que operan depende de si existen rivales intermodales –otros medios de transporte–, y de los servicios comerciales que ofrecen. Es lo que ha ocurrido en España con el AVE, que ha obligado a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y a las compañías aéreas a intentar frenar el trasvase de pasajeros a la alta velocidad.

En cuanto al segundo factor, en los aeropuertos más pequeños los ingresos “no aeronáuticos”, los comerciales, tienen más peso que en los de mayor tamaño. En el conjunto de los 46 gestionados por Aena, suponen el 28,1% de su facturación, una cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en torno al 50%, según un informe de Juan Santaló y Pilar Socorro también publicado por Fedea.

Ambos profesores concluyen que los aeropuertos de Aena están sujetos a una “escasa competencia real con otros aeropuertos”. Pero, advierten, sus ingresos comerciales les impulsan a bajar las tarifas para atraer más pasajeros, sufren la presión competitiva de la alta velocidad y, en 13 de ellos, la cuota de mercado de la principal aerolínea es superior al 60%, por lo que su “poder de mercado” disminuye.

Las ayudas públicas a Correos

Correos acumula multas de Competencia por abuso de posición dominante. Suma 24,37 millones en sanciones desde 2004 que, posteriormente, han sido anuladas o recortadas en su mayor parte por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea. Su responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sospecha que el Estado compensa en exceso a la empresa pública por prestar el servicio postal universal: que las cartas lleguen hasta el último pueblo de España. Considerado como un servicio público irrenunciable, no es rentable para ningún operador privado y Correos lo tiene concedido en exclusiva al menos hasta 2025. Bruselas permite que las empresas perciban compensaciones en estos casos por el déficit que les supone hacerse cargo de esa función básica. Pero investiga si las recibidas del Estado por Correos le otorgan ventajas indebidas.

Es lo que opina Asempre, la asociación que aglutina a los competidores postales. También los órganos de defensa de la competencia, que en sus sucesivos expedientes sancionaban a Correos por dificultar la entrada de nuevas empresas y aplicar a sus grandes clientes –los que le contratan servicios postales por más de 100.000 euros al año– mayores descuentos de los que ofrece a los pequeños operadores, obligados a utilizar la red de la empresa pública.

La facturación de Correos –1.766 millones de euros en 2015–multiplica por 10 la de Unipost, su principal competidor. La Audiencia Nacional reconoció que esos descuentos diferentes estrechan los márgenes de las pequeñas empresas, pero como éstas no han sido “expulsadas del mercado”, rechaza que exista el abuso de posición de dominio que tan claramente constató la CNMC.

Después de cuadriplicar sus beneficios en 2014, hasta alcanzar los 193,9 millones de euros, Correos regresó a las pérdidas el año pasado, 34 millones, las mayores desde 2001. El motivo ha sido precisamente el recorte en la aportación del Estado por el servicio público universal, que descendió en 2015 de 518 a 180 millones.

Loterías gana, la ONCE pierde, el Estado la cubre

En España Loterías del Estado y la ONCE se reparten por ley el mercado del juego. El monopolio estatal de las apuestas se remonta al reinado de Carlos III. En 2011 el Gobierno socialista planeó privatizar el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, después de modificar la Ley del Juego para regularizar las apuestas online y liberalizar el sector. Pero el anuncio apenas duró unos días. El escaso interés de los inversores y el mal comportamiento de los mercados de capitales en plena crisis hicieron recular al Gobierno para no “malvender” la sociedad, que sólo el año pasado le reportó unos dividendos de 1.556 millones de euros, un 32% más que en 2014. El último ejercicio la sociedad cerró con unos beneficios de 1.778 millones, un 30% más que el anterior. Gestiona la Lotería Nacional, la Lotería Primitiva, los Euromillones y las apuestas deportivas (quiniela e hípicas).

Por el contrario, la ONCE, configurada como una corporación de derecho público de carácter social, pierde mucho dinero cada año. En 2015, 26,22 millones de euros. En 2013 sus números rojos alcanzaron los 87,5 millones. Pero un acuerdo firmado con el Gobierno en 2004 y renovado en 2011, permite a la ONCE cubrir sus pérdidas gracias a una “asignación financiera” del Estado que el Consejo de Ministros aprueba cada año. En el caso de que la ONCE no alcance los objetivos de venta aprobados por el Gobierno, Loterías y Apuestas del Estado le paga, con cargo a los resultados del Euromillones, una cantidad que en 2010 ascendió a 64,5 millones de euros y en 2011 a 88,4 millones, más otros 8,7 de asignación adicional. Así se cubrieron las pérdidas de la organización de ciegos registradas en 2008 y 2009.

Pese a una relación en apariencia tan amistosa, Gobierno y ONCE llegaron a los tribunales por culpa de esa asignación. El Consejo de Ministros acordó en diciembre de 2012 exigir a la organización de ciegos que devolviera 31 millones de euros. La ONCE recurrió y el Supremo falló a su favor en abril de 2014. En total, la organización de ciegos reclamaba el abono de 13 millones de asignación financiera ordinaria y otros 11,5 millones de euros de asignación adicional. En virtud del último acuerdo suscrito, el Estado seguirá cubriendo las pérdidas de la ONCE al menos hasta 2021.

Consumidores y también cautivos. La concentración empresarial y la falta de competencia explican en buena medida que los beneficios empresariales sólo hayan caído en dos años (2009 y 2010) desde 1996, según datos del INE (cuadro página 13). El último ejemplo de burla a la competencia ha afectado al sector de la energía. Las compañías petroleras han realizado prácticas prohibidas al coordinar los precios de los carburantes, establecer pactos de no agresión e intercambiar información. Todo en contra del bolsillo del cliente. Lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que ha impuesto una multa de 32 millones a las compañías Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil. 

Las prácticas irregulares tienen un fin: obtener el máximo beneficio posible en un mercado dominado por tres empresas, Repsol, Cepsa y BP –ésta no ha sido sancionada–. Ganan las compañías y sus accionistas; pierde el conjunto de los consumidores, que no se puede beneficiar de una competencia continuamente burlada.

La polémica que rodea a las compañías petroleras y a sus surtidores podría ser una excepción. El problema es que no lo es. Las estadísticas de reclamaciones que llegan al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) muestran un elevado número de quejas de los consumidores en sectores empresariales clave como son la energía, las telecomunicaciones o la banca.

Fraudes y denuncias

Las operadoras de telecos, según la organización de consumidores Facua, encabezan el ranking de denuncias por supuesto fraude desde hace una década. En banca, electricidad y gas, las denuncias también se han disparado. El informe ¿Qué denuncian los consumidores? de 2014 mostró que el 37,6% de las reclamaciones se dirigió contra compañías de telecomunicaciones, el 19,3% contra bancos y entidades financieras y el 11,2% contra compañías energéticas.

Son los sectores que más se han beneficiado de funcionar como un oligopolio, es decir, de controlar el mercado aprovechando el escaso número de actores. Según el estudio elaborado por el economista Bruno Estrada (Fundación 1º de Mayo), las denominadas "rentas de oligopolio" (beneficios empresariales obtenidos por encima de la media nacional) de los sectores financiero, de telecomunicaciones y eléctrico entre 2000 y 2009 sumaron 202.803 millones de euros en el periodo.

El desglose es el siguiente: 82.521 millones de sobrebeneficio en el sector eléctricosobrebeneficio , 42.622 millones en el sector financiero (banca) y 77.700 millones en el sector de las telecomunicaciones. Total: 202.843 millones de euros.

Pactos y mecanismos imperfectos

El maltrato a los consumidores, mediante pactos o mediante el funcionamiento de mecanismos imperfectos como el mercado mayorista de electricidad, no es fácil de corregir. "A menudo hay muchos indicios (de prácticas anticompetitivas), pero poca carga probatoria", sostiene un antiguo técnico de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Un ejemplo: la CNMC investigó lo sucedido en la subasta de energía trimestral celebrada en diciembre de 2013 para fijar la tarifa eléctrica. Hasta el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba que la subasta estaba manipulada, pero ni hubo pruebas, ni hubo castigo. La subasta, simplemente, se eliminó.

Para los consumidores de electricidad, a pesar de las proclamas de Industria, la situación no ha variado tras la suspensión de la subasta presuntamente manipulada. La luz siguió subiendo en 2014 y el recibo se encareció un 4,4% según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reforma energética que supuestamente iba a liberalizar aún más el sector y a beneficiar a los usuarios no parece haber limado los resultados de las compañías, por mucho que se quejen de los cambios regulatorios. En 2014 continuaron ganando más dinero que en el año anterior con una excepción, la de Iberdrola, que ganó un 9,5% menos.

Beneficios altos

En conjunto, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Red Eléctrica Corporación y Enagás ganaron 8.251 millones, si bien en esa cantidad se incluye la venta de los activos de Endesa a su matriz Enel por más de 3.300 millones. Pero incluso restando esa cantidad, los beneficios se mantienen respecto al ejercicio anterior (ganaron 6.021 millones en 2013).

Además de los servicios más señalados y controvertidos, hay sectores en los que la falta de competencia también es evidente aunque provocan menos polémica. El transporte es uno de ellos. Competencia hizo en su día comprobaciones y multó a las navieras que prestan servicio en el Estrecho con 88 millones. Impuso multas de otros 54 millones a las empresas que operaban entre la Península y las islas Baleares.

Esa sensación de maltrato al consumidor es la que impulsa iniciativas contra la venta de servicios públicos esenciales como el suministro de agua. La tendencia a la privatización del servicio en municipios y ayuntamientos es creciente, lo mismo que la oposición. Lo cierto es que hay razones para temer que la prestación del suministro acabe perjudicando al consumidor. En Barcelona o Madrid, la polémica de las privatizaciones está en todo lo alto.

Un bien esencial

Hay negocio. No se trata sólo de que el agua sea un bien esencial, sino que tiene un gran potencial de subida. La encuesta del INE sobre el suministro y mantenimiento del agua (año 2012) señala que el precio medio del agua en España es de 1,73 euros por cada mil litros aunque con fuertes subidas de más del 9% un año antes. Ese precio medio no es la tarifa que se cobra a los usuarios, domésticos, agricultores y empresas. Pero las empresas han visto gran potencial de beneficio.

Con consumidores cautivos y procesos de concentración que no han finalizado, como sucede en el sector financiero, los beneficios se mantienen a pesar de la crisis. Lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística. El excedente de explotación del PIB (el beneficio empresarial) sólo ha caído en dos años desde 1996. Sucedió en 2009 (caída del 2,2%) y en 2010 (caída del 2,5). 

Un solo poder.

Un pensamiento único.

Inadvertidamente, el "gran dominio" al que tanta referencia hacía y tanto preocupaba a Danielle Mitterrand, se está agigantando. Sigilosamente, el poder mundial financiero, energético, militar, mediático y digital está minando los pilares estatales, está distrayendo a los ciudadanos, está manejando a los gobernantes.

Los grandes "inversores" han alcanzado tanto poder que incluso han tenido la osadía de designar a gobiernos sin urnas... ¡en la propia cuna de la democracia! Y no ha pasado nada, porque la Unión Europea es una unión monetaria, pero no tiene cohesión política ni económica. Está llena de paraísos fiscales, que también sirven a los "grandes inversores" (sólo en Bruselas hay 1.800 lobbistas en favor de los grandes intereses).

Los más importantes productores de artefactos militares no descansan: cuando no consiguen una guerra (el presidente Obama ha frustrado recientemente las expectativas de atacar Irán) buscan rápidamente otros caminos ("El recelo contra China crece en Asia"... anunciaba hace unos días El País, indicando acto seguido que Japón y las potencias orientales se están armando hasta los dientes).

Las grandes entidades bancarias se concentran.

Las grandes compañías aéreas se concentran.

Las grandes industrias farmacéuticas se concentran.

La privatización progresiva (no sólo de bienes sino de responsabilidades) ha servido para que los indeseables monopolios estatales sean sustituidos por los todavía más indeseables monopolios privados.

Si nos descuidamos, en muy pocos años tendremos un sólo consorcio aéreo, bancario, farmacéutico, energético...

No se lo tomen a la ligera: Oxfam ha advertido que 85 personas tienen una riqueza equivalente a la de la mitad de la humanidad (3.300 millones de seres humanos). Dentro de poco serán todavía menos los "magnates".

La dictadura del poder absoluto no tendrá oponentes porque dispondrá de todos los medios de expresión, de todos los medios de financiación, de todos los artificios bélicos.

Movilicemos el poder popular. Favorezcamos la transición de súbditos a ciudadanos. Que las comunidades docente, académica, científica, artística, intelectual,... se sitúen en la vanguardia de esta gran inflexión de la fuerza a la palabra.

"Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes", ha advertido Amin Maalouf. El pasado ya está escrito. El porvenir está por-hacer. Inventémoslo.

Cada ser humano único capaz de crear. Ésta es nuestra esperanza.

Refundemos unas Naciones Unidas eficaces. Repongamos los valores éticos donde ellos pusieron los precios.

Y, en pocos años, los horizontes de nuestros hijos y nietos serán menos sombríos.

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Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO

En efecto, en esta zona hace tiempo que ya no hay disponibilidad de nuevas líneas, y los que tenemos la dudosa suerte de contar con una, porque somos antiguos en el lugar, soportamos una conexión de tan baja calidad que el ADSL no supera los 700kbps, situándonos junto a Ghana respecto a la brecha digital.

La solución que venimos proponiendo desde hace más de un año a Telefónica es muy sencilla: que nos conecten a la central de Boó de Piélagos, que está apenas a 1 km, tiene líneas disponibles y nos cubriría con 10 Mbps. La contestación: que Telefónica no piensa invertir ni un euro en tirar la línea necesaria: que no les es rentable. Que nos dejan tirados.

¿Estamos ante una gestión privada nefasta y una dejación de deberes de las Administraciones? ¿O es que debemos añorar los monopolios estatales? Sólo Telefónica tiene derecho a tirar la línea, pero puede no hacerlo. Luego es un monopolio sin obligaciones que lastra nuestro desarrollo; un monopolio privado.

Raúl Gómez Sánchez es socio de infoLibre