La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña sigue marcando los primeros compases de la nueva legislatura. Cinco días después del acuerdo entre PSOE y Junts que salvó in extremis dos de los tres primeros decretos del Gobierno, nadie ha sido capaz de detallar todavía en qué se concretará el pacto alcanzado. Básicamente, apuntan a uno y otro lado, porque el alcance aún no se ha empezado a negociar. No obstante, desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ya se han comenzado a marcar públicamente algunas líneas rojas. Límites que chocan frontalmente con las exigencias planteadas en los últimos días por la formación posconvergente, que ha situado la inmigración como una de sus prioridades políticas a pocos meses de las elecciones catalanas.

El pacto que evitó el primer gran fracaso parlamentario del renovado Gobierno de coalición, y que ha vuelto a situar a la formación independentista en el centro del debate político nacional, no es, por ahora, más que un punto de partida. Parece haber un acuerdo para sentarse a hablar sobre una posible delegación de competencias en materia migratoria en base al artículo 150.2 de la Ley Fundamental, que permite ceder facultades "correspondientes a materia de titularidad estatal" que por "su propia naturaleza" sean "susceptibles" de cesión. Pero más allá de eso no hay nada. Aún no se ha abordado el alcance de la misma. Eso es algo que deberá fijarse en una futura ley orgánica para cuya aprobación es necesario el consenso de todo el bloque de investidura.

Junts se ha esforzado por vender el acuerdo como el inicio de una negociación en la que puede conseguirse todo para la Generalitat. Así lo dejaban entrever en el comunicado que lanzaron el pasado miércoles, en el que hablaban de una "delegación integral" de facultades en materia migratoria. Algo en lo que ha seguido insistiendo este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull. "Nosotros pediremos todas las competencias. [...] Todas las competencias que sean posibles, y todas han de ser posibles, serán delegadas", ha señalado el dirigente independentista en una entrevista en TV3, en la que ha dejado claro que el objetivo es que la Generalitat se convierta en la "administración de referencia" en esta materia.

Los posconvergentes aspiran a que dentro de esa cesión se encuentren cuestiones como el control de los flujos migratorios, los permisos de residencia o la deportación de migrantes que reincidan en múltiples delitos. "Si se expulsa o no a los multirreincidentes se tiene que decidir desde Cataluña", aseveraba la pasada semana el número dos de Junts. Una delegación total de competencias que, sin embargo, los expertos en derecho ven "inviable jurídicamente". Al fin y al cabo, explicaban el pasado viernes en este diario, el decidir quién entra o sale de España, así como a quién se le concede la autorización de residencia o los controles fronterizos que se hacen es algo que compete en exclusiva al Estado y, por tanto, no puede cederse a una comunidad.

Esa, de hecho, es la gran línea roja que se ha encargado de fijar en las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de inmigración irregular y la lucha contra el tráfico de seres humanos está residenciado en la Administración General del Estado", aseguraba este lunes el líder del Ejecutivo en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). Es decir, y así lo trasladó también en una conversación con el diario El País, la expulsión de migrantes es algo que compete a la administración central. En el caso de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos, la última palabra sobre su salida del país corresponde a los propios jueces en base al Código Penal y la Ley de Extranjería.

"Esto no es que lo diga yo, lo dice la Constitución", ha apuntado el presidente del Gobierno. En concreto, pone el foco en el artículo 149 de la Ley Fundamental, que establece que la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" son, al igual que las relaciones internacionales o la defensa, entre otras muchas, "competencia exclusiva" del Estado. De hecho, el Tribunal Constitucional ya dejó claro en su sentencia sobre el Estatut del año 2006 que las cuestiones fundamentales en lo relativo al control de flujos migratorios están en manos estatales: "Es evidente que la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, terreno en el que sólo cabe la competencia exclusiva del Estado".

Otra de las cuestiones en materia migratoria sobre las que ha puesto el foco Junts –que no el Govern de la Generalitat, en manos de ERC– tiene que ver con el reparto de personas que llegan a territorio nacional, que se realiza en función de la disponibilidad de plazas que existen en cada uno de los territorios. La presidenta de Junts, Laura Borràs, afirmó la pasada semana que quieren poder decidir en esta materia. "¿Con esa transferencia de competencias, Cataluña podría decir 'no quiero acoger a los, por ejemplo, migrantes que llegan a Canarias?", le han preguntado este lunes a Sánchez. El presidente ha evitado dar una respuesta contundente. Ahora bien, ha señalado que si la solidaridad debe darse a nivel europeo, "evidentemente" se tiene que dar también en el marco estatal.

La doctrina del Constitucional permite la delegación de facultades en materia migratoria cuando las mismas puedan tener cabida en las diferentes competencias que tenga la comunidad autónoma. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, sanidad, educación o vivienda. Esa interpretación fue la que salvó del recorte el artículo 138 del Estatut de 2006, el que definía las facultades de la Generalitat en relación con la inmigración. De ahí que Sánchez haya limitado este lunes la posible delegación de competencias a asuntos vinculados a la "integración social" o "sociolaboral" de estos migrantes. "Insisto, hay, por supuesto, materia en la que podemos entendernos", ha señalado el líder del Ejecutivo en su entrevista radiofónica.

Cataluña ya gestiona, por ejemplo, la primera fase de acogida de migrantes y solicitantes de asilo, en la que se orienta a estas personas y se les enseña el idioma. Sin embargo, algunos juristas creen que no habría problema para ampliar estas facultades más allá de la orientación. Y lo mismo señalan en relación a los permisos de trabajo. La Generalitat tiene, en estos momentos, competencia ejecutiva para la "tramitación y resolución" de las autorizaciones iniciales, si bien la renovación de las mismas hay que solicitarla a las autoridades estatales. De ahí que algunos expertos planteen también margen de avance en este sentido, de forma que sea Cataluña quien asuma estas renovaciones, siempre en coordinación con el Estado.

Con las primeras posiciones ya fijadas, socialistas y posconvergentes deberán sentarse ahora a debatir hasta dónde se puede llevar el acuerdo alcanzado. Algo que tendrá que plasmarse en una ley orgánica que solo podrá salir adelante con el voto a favor de todo el bloque de investidura. Por el momento, el movimiento del PSOE no ha gustado a su socio dentro del Gobierno. "No compartimos el fondo ni las formas", ha señalado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en rueda de prensa. En la formación política están dispuestos a "discutir la distribución de competencias en materia migratoria". Ahora bien, dejan claro que este tipo de acuerdos "no deben producirse" cuando lo que se quiere es "alentar determinados discursos xenófobos que deberían estar fuera del debate público".

"Y, por otro lado, la política migratoria es algo muy importante que debe ordenarse bien. Por tanto, no parece lógico que este tipo de cosas se discutan en el último minuto en el marco de la negociación de la convalidación de unos decretos", ha completado el también ministro de Cultura. Por eso, creen que lo que se vivió alrededor del superpleno del miércoles pasado "no se debe volver a repetir". Del mismo modo, también desde Podemos han expresado su preocupación ante el uso de "un discurso antiinmigración" como el de Junts que "sitúa a las personas migrantes como un problema de seguridad". Por eso, han querido dejar claro, aunque sin entrar en cuestiones competenciales, que nunca votarán a favor de una ley "que restringa los derechos" de estas personas.

La inmigración se ha convertido en un tema clave para la formación independentista. Tanto es así que este sábado el Consell Nacional del partido ha aprobado celebrar una convención específica sobre esta materia. "Por más ataques, descalificaciones, chantajes y amenazas que haya, no nos apartarán a la hora de afrontar este asunto", señalaba Turull durante el cónclave. Y, al mismo tiempo, se ha convertido en elemento de confrontación entre las dos grandes formaciones independentistas. Desde ERC se ha intentado, en los últimos días, minimizar el alcance del acuerdo alcanzado, al tiempo que se ha acusado a Junts de poner en el centro del debate político "posiciones xenófobas". "A algunos les da miedo asumir más competencias", responden los posconvergentes.

El trepidante Pleno del Congreso del miércoles para convalidar los reales decretos tendrá reverberaciones durante meses en la política española. Y el pacto entre el PSOE y Junts para sacar adelante los textos del Gobierno conlleva, según reveló el partido posconvergente, la “delegación integral” de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña a través de una futura ley orgánica.

Esto ha abierto un mar de dudas y un frente político por las consecuencias que puede tener este movimiento entre administraciones pues el artículo 149.2 de la Constitución Española marca expresamente que el Estado tiene competencia “exclusiva” en materia de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. La derecha se ha echado encima del acuerdo al entender que eso supone un paso más hacia el Estado catalán.

El comunicado que emitió Junts el miércoles por la tarde recogía que se hará en virtud de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución Española, que contempla que el Estado puede “transferir o delegar” en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles. Los posconvergentes explicaban que esto irá acompañado “de los recursos necesarios” y “permitirá a Cataluña hacer una política integral” para que el Govern y el Parlament sean quienes determinen “una política propia y adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”.

El hecho de que se trate de una ley orgánica conlleva que su contenido no pueda ser sólo pactado por el PSOE y Junts, ya que este tipo de normas sólo pueden salir adelante en el Congreso por mayoría absoluta (al menos 176 diputados). Por lo tanto, haría falta que se negocie y acuerdo por parte de todo el bloque de investidura para tener luz verde finalmente (lo que incluye a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG, descartándose acuerdos con el PP o Vox).

Esto supondrá negociar con todos los partidos, con sensibilidades diferentes sobre estas cuestiones. Y, además, se añade el factor del PNV, que estará muy pendiente de la cuestión pues, como recordó el jueves el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el Gobierno central debe "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada.

A pesar del revuelo político y mediático, Cataluña ya tiene competencias en asuntos de esta materia en su actual Estatuto de Autonomía. El artículo 138 se titular “Inmigración” y recoge que corresponde a la Generalitat, por ejemplo, “la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación” y “el desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias”.

Además, el texto le da esa competencia “en el establecimiento y la regulación de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigradas y para su participación social” y “el establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas”. Incluye al hilo: la promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su regreso a Cataluña.

El Estatut también establece que le corresponde a la Generalitat “la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña”. Esta competencia abarca la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena y la aplicación del régimen de inspección y sanción. De hecho, se materializó en 2009 a través de un real decreto, que también incluyó el traspaso de 1,3 millones de euros por parte del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.

El texto estatutario, aprobado por las Cortes y validado en referéndum, recoge un tercer apartado que fija que corresponde a la Generalitat “la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.

Este artículo 138 en su conjunto fue uno de los puntos que intentó tumbar el PP con su recurso contra el Estatut, pero el Tribunal Constitucional estimó finalmente que se ajustaba a la ley de leyes. En la sentencia se plasmaba que ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la “inmigración” no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2 CE), sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma.

El argumento desarrollado por el Alto Tribunal es que tiene cabida ese artículo porque hace referencia a la actuación de la comunidad sobre potestades y competencias que se le atribuyen como los servicios sociales, la sanidad, la educación o la vivienda. 

De hecho, el Tribunal hacía mención a lo que había señalado la propia Abogacía del Estado: “La evolución del fenómeno inmigratorio en España impide configurar la competencia estatal (149.1.2) como un título horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han adquirido especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las correspondientes políticas públicas”. Por lo que ese artículo se salvó del recorte precisamente por enmarcarse ese “contexto de la integración social y económica inmigrante” dentro del conjunto de “competencias o potestades de evidente carácter asistencial y social” que se recogía en el 138, pero: “En ningún caso puede entenderse que releguen la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración”.

La pregunta ahora es qué puede asumir la Generalitat. El comunicado de Junts no citaba ningún aspecto concreto, mientras que el PSOE no emitió ninguna nota especificando en qué consistía el acuerdo. Pero 24 horas después diferentes dirigentes de Junts han empezado a despejar algunas de las aspiraciones que tienen (aunque ellos no las tendrían que aplicar porque la Generalitat está en manos de ERC después de que los posconvergentes abandonaran la coalición en octubre de 2022).

El secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló este jueves que el acuerdo es político pero que ahora hay que negociar la letra de cara a la futura ley. Reconoció que aspiran a que Cataluña pueda llegar, por ejemplo, a decidir sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes y tenga competencia en los permisos de residencia y el control de los flujos migratorios. Lo que rechaza el líder independentista es que se quede en una simple “encomienda de gestión”.

También desde Junts, Laura Borràs consideró que "es evidente que Cataluña debe poder gestionar y regular un tema tan importante y fundamental como los flujos migratorios y su impacto". Indicó que "Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado y debe poder estar en disposición de gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos". 

El Gobierno, en cambio, no ha hecho ninguna concreción sobre materias y emplaza a la negociación de la futura ley orgánica. Pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí está circunscribiendo a “delegaciones” de gestión y no al traspaso de la competencia en sí, que la Constitución enmarca como exclusiva del Estado y que es ejecutada por diversos ministerios, como los de Interior, Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La también ministra de Hacienda reiteró durante el jueves que lo que se ha acordado es una “delegación de competencias, al amparo de la Constitución y de la normativa del derecho comunitario”. La dirigente socialista remarcó que es una materia “compleja” y ahora se tendrá que ir concretando durante la elaboración de la ley orgánica, que requiere del consenso de los grupos parlamentarios.

“Lo que se hace es una delegación de competencias, no la transferencia de la titularidad, que sigue siendo del Estado”, repitió en una entrevista en Al Rojo Vivo la ‘número dos’ del Gobierno, que señaló que ahora hay que delimitar el perímetro de aplicación. Otro de los asuntos, como reconoció, en los que Junts está interesado es en la integración de las personas migrantes con el dominio de la lengua. La vicepresidenta también explicó que ninguna otra autonomía ha expresado su interés por ese proceso y que el Gobierno seguirá aplicando la “cogobernanza” en esta cuestión con comunidades afectadas especialmente como Canarias. Desde el Ministerio del Interior, pieza clave en este proceso, se indica, según fuentes consultadas, que "los límites que se acuerden estarán dentro de la Constitución".

Se da la circunstancia de que tendría que ser ERC quien gestionara esa ley si sale del Congreso al presidir la Generalitat. El Govern rebajó las expectativas del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts con la afirmación de la portavoz, Laura Vilagrà, de que “sólo hay compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña”. De hecho pidió a La Moncloa que explique más detalladamente su plan, a la vez que por la mañana el propio titular de Presidencia, Félix Bolaños, mantenía contactos discretos con el Ejecutivo catalán. Con este mensaje de los republicanos además para Junts, su competencia electoral: "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía".

Hay juristas que hablan de "sainete". Otros insisten en el "bajo nivel jurídico" de los magistrados. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el primer estado de alarma y los pormenores del debate jurídico y la división entre los magistrados han llenado portadas y artículos de opinión y han sacado a relucir la situación en la que se encuentra este órgano, también lastrado por el bloqueo institucional por el que el PP se niega a renovar ciertos organismos constitucionales que acumulan meses y meses de caducidad. Y la realidad del Constitucional a julio de 2021 es esta: cuatro de sus magistrados han agotado sus respectivos mandatos, se ha fracturado como pocas veces y, además, le falta un miembro desde hace casi un año por la dimisión de uno de ellos. A todo esto, se une que tiene asuntos pendientes de resolver desde hace años, leyes tan importantes como la del aborto o la reforma que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal.

Para empezar, hay que recordar que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Varios juristas expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico coinciden en señalar que se trata de un "órgano político". Es el máximo intérprete de la Constitución española de 1978 y su tarea es decidir si los tratados internacionales, las leyes y el resto de normas que se van aprobando en todos los niveles del Estado se atienen a la Ley Fundamental o si invaden competencias que le corresponden a otros. Además, cualquier persona puede solicitar un recurso de amparo cuando considere que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Carta Magna. En los últimos años, se ha convertido en un campo de batalla política más, con partidos recurriendo decisiones del gobierno de turno como forma de hacer oposición.

Los miembros del Constitucional se llaman magistrados, pero no todos son jueces. De los doce que lo componen, cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y dos más por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos deben ser “juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional” y en ese grupo pueden entrar tanto jueces como fiscales, profesores de universidad o incluso abogados. Son nombrados por un periodo de nueve años, pero se van renovando de forma escalonada, por tercios cada tres años y en las Cortes Generales la mayoría necesaria para las designaciones es de tres quintos, por lo que, como pasa con los vocales del CGPJ, hace falta un consenso amplio que pasa casi necesariamente por el acuerdo entre los dos principales partidos.

Mandato caducado y un miembro menos

El bloqueo institucional que el PP mantiene desde hace más de dos años ha llevado a que la situación también afecte al Tribunal Constitucional. Desde noviembre de 2020, cuatro magistrados vieron agotado su mandato. Son los que fueron elegidos por el Congreso: el actual presidente de la institución, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Así, el TC funciona desde hace ya ocho meses con magistrados "en funciones" que aún así siguen participando en el debate diario de los recursos de amparo que les van llegando, algunos tan importantes como el mencionado sobre el primer estado de alarma. La posición de Roca fue, de hecho, determinante para la decisión final de declarar inconstitucional la parte del decreto relativa al confinamiento domiciliario. Además, el presidente puede hacer uso de su voto de calidad en caso de empate.

A todo esto, se suma que desde octubre de 2020 el órgano está funcionando con un miembro menos. Fernando Valdés dimitió de su cargo por una imputación de malos tratos a su esposa. Suya era en un principio la ponencia sobre el primer estado de alarma y, según fuentes jurídicas, sus conclusiones eran radicalmente distintas a la ponencia que finalmente ha correspondido al conservador Pedro González-Trevijano y que se ha aprobado en el Pleno. La dimisión de Valdés, que fue elegido a propuesta del PSOE, llevó al presidente a repartir de nuevo este asunto, que recayó en el citado magistrado, propuesto por el PP.

El Constitucional, así, está funcionando con un miembro menos de lo que debería y el bloqueo político, que no parece que vaya a encontrar solución a corto plazo, hará que continúe en estas circunstancias para decidir sobre otras cuestiones trascendentales como es el segundo decreto de estado de alarma, el que duró seis meses para que las comunidades autónomas pudieran introducir medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales de sus territorios. El debate se espera para el próximo otoño y la ponencia en este caso ha recaído en el también conservador Antonio Narváez, quien votó a favor de declarar inconstitucionales partes del primer decreto, por lo que no parece descabellado pensar que sus conclusiones serán similares en esta ocasión.

Fractura en el tribunal

El debate sobre el primer estado de alarma ha sido largo y agrio. Dos Plenos ha llevado que una mayoría de seis determinara que el confinamiento domiciliario general fue inconstitucional al decretarse bajo estado de alarma y no de excepción. Sin embargo, esta postura ganó por un solo voto, pues otros cinco magistrados se posicionaron en contra y defienden en sendos votos particulares que el estado de alarma fue la fórmula jurídica adecuada. No es infrecuente que haya magistrados que estén en contra de lo que opina la mayoría, pero lo que no se da muy a menudo es una división tan clara. 

Faltaba Fernando Valdés, cuya postura habría estado previsiblemente del lado de avalar el estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez y esto habría generado un empate a seis que el voto de calidad del presidente habría dirimido. González Rivas también forma parte del grupo que no estaba de acuerdo con la ponencia de González-Trevijano y por eso ha formulado su voto particular.

El debate en el TC excedió las diferencias entre los llamados conservadores y los considerados progresistas –en función de si fueron designados a propuesta del PSOE o del PP–. Todos los que se posicionaron a favor de la inconstitucionalidad fueron elegidos a propuesta del PP, a excepción de Encarnación Roca, que lo fue a propuesta del PSOE aunque con el aval de CiU; mientras que entre los que defienden la postura contraria están tres progresistas –Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol– y dos conservadores –Juan José González Rivas y Andrés Ollero–.

Según explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal de garantías, en este artículo publicado recientemente en Ctxt, "los tribunales constitucionales son necesariamente órganos políticos", pues su tarea "no es aplicar una ley existente sino interpretar la Constitución para concretar sus mandatos, a menudo abiertos o genéricos". "Por ejemplo, cuando el artículo 15 de nuestro texto dice que todos tienen derecho a la vida la interpretación de si ese genérico todos incluye a los embriones fecundados en el interior de una mujer o sólo a las personas no es estrictamente jurídica. Sólo a partir de la ideología de cada magistrado, de su comprensión del mundo y de su percepción de la realidad social puede determinarse si la Constitución permite o prohíbe el aborto, el matrimonio homosexual o la negación del genocidio. Muchos casos como estos recorren el texto y se superponen a las cuestiones exclusivamente jurídicas", remarca.

A su juicio, "un buen Tribunal Constitucional debe estar compuesto de grandísimos juristas, elegidos con conocimiento público de su ideología y capaces de ser independientes", porque "para que sea un auténtico tribunal debe ser político, pero no partidista", y así, "puede estar politizado pero ha de ser totalmente independiente frente a los partidos políticos". Sin embargo, lamenta que "la deriva del Tribunal Constitucional español está muy lejos de ese ideal".

Para Urías, "cada vez se eligen más magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos". Una reflexión con la que está de acuerdo Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, para quien el nivel jurídico del tribunal es cada vez más bajo y en los últimos años se eligen magistrados con más "apego" a la voz del partido que los propone. En su opinión, poco a poco instituciones tan importantes como el Constitucional se van cubriendo con personas que "no tienen autonomía" ni la preparación "académica" que se exigiría a un magistrado del tribunal de garantías. "Cuanto más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios inmerecidos", apunta Urías.

Los recursos que se eternizan

El Tribunal Constitucional ha tardado más de un año en pronunciarse sobre el primer estado de alarma. Más de un año después de que éste terminara. Y sacará su sentencia sobre el segundo previsiblemente un año después de que empezara y meses después de su finalización. Con estos plazos, cabría preguntarse de qué sirve un pronunciamiento tan tardío, si ya pocos efectos puede tener, más allá de servir de guía ante futuras situaciones similares. Pero un año no es ni mucho menos un plazo excesivamente largo, si atendemos a la historia de este órgano cuando ha dictado sentencias sobre otros asuntos tan espinosos como este.

La ley del aborto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lleva ya once años encima de la mesa del TC. El recurso de inconstitucionalidad lo presentó el PP en 2010, pero después, en los siete años que este partido estuvo en el poder, no derogó la norma. Este era uno de los motivos por los que el Constitucional había ido retrasando su pronunciamiento, según contó en una entrevista al diario El País un presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos: "Me hubiera gustado que en mi mandato se hubiera resuelto el recurso. Pero había un Gobierno que acababa de ganar las elecciones, que tenía mayoría absoluta, que llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y que anuncia, además, que va a llevarla a cabo. Consulté al pleno y se entendió que si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor esperar". 

Esa reforma profunda nunca se hizo. El Gobierno de Mariano Rajoy tan sólo promovió una modificación mínima para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las jóvenes de 16 y 17 años que quieren abortar. Y desde que el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad, el TC ha tenido cuatro presidentes (María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y el actual, Juan José González Rivas). Ahora, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha anunciado una nueva reforma de la ley del aborto que ampliaría contenidos, como la regularización de la objeción de conciencia y eliminará los tres días de reflexión así como la necesidad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.

El mismo camino lleva el recurso que presentó toda la oposición hace seis años contra la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Uno de los partidos firmantes, el PSOE, está en el Gobierno desde hace más de tres años y, de momento, no se plantea tocarlo. La primera ministra de Justicia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, ya dijo en 2018 que esperarían a que se pronuncie el Constitucional. Mientras tanto, una quincena de presos ya cumplen esta condena y algunas de las sentencias han sido confirmadas por el Tribunal Supremo.

No son los únicos casos de sentencias que se hacen esperar. La resolución sobre el Estatuto catalán –que declaró inconstitucionales catorce artículos de la norma y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27– tardó cuatro años; la de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza –avalada casi en su totalidad–, cinco años; y la de la Ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo –también avalada–, siete años.

Joaquín Urías, quien se conoce bien los entresijos del TC al haber sido letrado durante seis años, explica que en este órgano entran aproximadamente 7.000 asuntos al año. Son cifras que considera "desproporcionadas" para cualquier organismo. Y eso que, según calcula Fernando Flores, más del 90% de las demandas no se admiten a trámite, de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, que previó que los recursos debían tener relevancia constitucional para ser admitidos, todo ello con el objetivo de agilizar los procedimientos.

El acuerdo entre el PSOE y ERC que permitió la investidura de Pedro Sánchez establece la celebración de una consulta en Cataluña. El qué, el cómo y el cuándo de esa consulta, cuyos términos deben acordarse en una "mesa bilateral", están por ver. Sin hacerlo expresamente, los términos del acuerdo descartan de manera implícita el referéndum de independencia, aunque en realidad es una formalidad porque dicho referéndum no tiene cabida con la actual redacción constitucional. A priori ERC –y JxC, que previsiblemente tendrá también algo que decir en la negociación– se oponen a que la consulta sea para la reforma del Estatut de 2007, rebajado en 2010 por el Tribunal Constitucional. Los márgenes para la consulta son escasos. El artículo 92 de la Constitución permite un referéndum consultivo, pero hay dudas jurídicas sobre la posibilidad de celebrarlo sólo en Cataluña y –más aún– sobre la posibilidad de plantear una pregunta que, aunque no fuera vinculante, pudiera dar lugar a una respuesta contraria a la Constitución. Con tan escasas opciones en el muestrario, cualquier detalle o resquicio cuenta. Y cobra valor una rendija que dejó abierta en 2017 el Tribunal Constitucional, que en una sentencia estableció que es posible celebrar un referéndum consultivo sólo en Cataluña si tiene el paraguas de una ley orgánica y se ciñe a asuntos de competencia autonómica.

El tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA liderado por José Montilla entre 2006 y 2010, aprobó en su último año la llamada "ley de consultas populares por vía de referéndum". Hay que situarse en el tiempo. Estamos en marzo de 2010, antes de la sentencia del Estatut, que formó parte de la variada colección de elementos que detonaron el procés. El llamado Govern de Entesa no estaba en una lógica secesionista, pero, en un contexto de creciente descontento popular, pretendía apurar al máximo sus competencias y exprimir los márgenes del Estatut, que en su artículo 122 facultaba a la Generalitat para convocar "consultas populares". Eso es lo que hacía le ley de Montilla.

La Abogacía del Estado, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, recurrió la ley del tripartito al entender que invadía "la competencia exclusiva" del Estado para "autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum", recogida en el artículo 92 de la ley fundamental. El Tribunal Constitucional, que finalmente dio la razón a la Abogacía del Estado, se tomó con calma la sentencia, que no llegó hasta mayo de 2017. Es un ejemplo de libro del desfase entre los tiempos socio-políticos y los tiempos judiciales. Antes de la sentencia de 2017, salió el fallo sobre el Estatut, se celebró la consulta del 9-N de 2014, a pesar de haber sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, que todavía tuvo tiempo en 2015 de anular parcialmente con una sentencia una nueva ley de consultas catalana impulsada por Artur Mas el año anterior. Fueron numerosas las ocasiones entre 2014 y 2017 en que el Constitucional tuvo que reaccionar ante declaraciones, resoluciones, leyes y otros textos alumbrados por el procés.

De modo que, cuando el Constitucional anuló la ley de 2010, la norma ya era en la práctica papel mojado. Pero eso no significa que la aportación del Constitucional al entrar al fondo del asunto no sea del máximo interés. Las sentencias no sólo afectan al caso concreto sobre el que se pronuncian, sino que también indican cómo debe ser interpretada la Constitución. Y eso –cómo interpretar la Constitución– es algo de lo que se va a hablar mucho esta legislatura, sobre todo en torno a la "mesa bilateral" del Gobierno y el Govern y a la "consulta" acordada.

La figura del referéndum autonómico

¿Qué dice la sentencia de 2017? El fallo, del que fue ponente el progresista Cándido Conde-Pumpido, establece que los preceptos impugnados por la Abogacía del Estado, a pesar de dar cobertura a consultas populares, instituyen y regulan en el fondo "un genuino referéndum". Esta figura, la del referéndum autonómico, "no aparece prevista en la Constitución, ni en la Ley Orgánica 2/1980", que regula las diferentes modalidades de referéndum", señala la sentencia. El Constitucional, que subraya la "competencia exclusiva" del Estado para la autorización de referéndums, niega que el parlamento de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, pueda configurar nuevos tipos o modalidades de "consulta popular", al margen de la normativa estatal.

Hasta aquí, el bofetón a la norma. Pero no estamos ante una sentencia monolítica. El fallo recuerda que los referéndums recogidos en la Constitución –esencialmente el consultivo en el artículo 92 y los de reforma del propio texto constitucional en los artículos 167 y 168– "no agotan el elenco de referendos admisibles en nuestro ordenamiento". "En principio el legislador puede articular –aunque, hay que añadir ahora, no sin límites– otras figuras de consulta referendaria", añade. Pero, ¿no decía la sentencia que no era posible? No lo era en el caso de la ley catalana, porque se pretendió articular un nuevo tipo de referéndum autonómico "de la nada", como señalaba la Abogacía del Estado. Es decir, se pretendía hacer sin la cobertura de la ley orgánica. Ahí está la clave, en la ley orgánica. La "relativa apertura de la Constitución" que supondría la creación de nuevos tipos de referéndum queda "confiada al legislador orgánico", esto es, a las Cortes Generales. Congreso y Senado.

La pista está en la Constitución. El artículo 92 dice lo siguiente:

– 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

– 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

– 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Esa "ley orgánica" a la que alude el punto 3 es la que la sentencia del Constitucional indica. Ahí está la posibilidad. "Es a la ley orgánica a la que remite el artículo 92.3, por tanto, a la que correspondería, en su caso, la previsión, genérica o en abstracto, de consultas referendarias distintas a las contempladas de modo expreso en la norma fundamental, consultas cuya regulación constituye contenido necesario, pero no exclusivo, de dicha ley orgánica", señala la sentencia. A juicio del Constitucional, sí se pueden regular y por lo tanto convocar y celebrar referéndums de ámbito autonómico distintos a los previstos en la Constitución y en la ley de 1980, pero tendrá que ser con la aprobación de una ley orgánica –o una reforma de la ley de 1980, claro–.

Abanico limitado

Está por ver si el Gobierno de España y el Govern de Cataluña, que son los agentes que al menos sobre el papel están llamados a negociar en la "mesa bilateral", eligen esta fórmula para la consulta. En principio no hay muchas vías más. Un referéndum de reforma constitucional implicaría el voto en toda España. Uno de reforma del Estatut no colma, al menos de partida, las mínimas aspiraciones independentistas.

Tampoco es que la vía del desarrollo de la ley orgánica prevista por el artículo 92 colme las aspiraciones soberanistas. Hay que tener en cuenta que, incluso aunque hubiera una acotación que permitiese votar sólo en una comunidad autónoma, el abanico de preguntas estaría muy limitado. La propia sentencia del Constitucional lo dice: "El objeto de la consulta popular autonómica, ya sea refrendaria o no, no puede desbordar el ámbito material de las competencias autonómicas". La unidad de España o la posible secesión de un territorio quedan excluidas de estas competencias. Como recuerda Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, la sentencia de 2008 que frenó la consulta popular que impulsaba el Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe establecía que no se podía hacer una pregunta cuya respuesta pudiera ser incompatible con lo que resolvió el constituyente en 1978. Es decir, y aunque sobre este punto hay disparidad de criterios jurídicos, a priori podría resultar difícil celebrar un referéndum con una pregunta sobre la independencia, aunque la respuesta no fuera vinculante.

Arbós señala que un desarrollo legislativo del artículo 92, en el sentido al que apunta la sentencia de 2017, podría regular un referéndum a una escala de un ámbito inferior al estatal, pero siempre "sin privar al Estado de la competencia de autorización" de la consulta, recogida en el artículo 149, y sin que la consulta sea vinculante.

Según este jurista, habría otra vía, que se apoyaría en el artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación [...]". La idea sería delegar estas competencias sobre referéndum a Cataluña mediante ley orgánica, para que pudiera celebrarse un referéndum. Aprovechando que las comunidades tienen competencias para presentar iniciativas de reforma constitucional, se le podría preguntar al electorado catalán si quiere que se plantee una reforma constitucional que contemplase la posibilidad de la independencia. Sería una vía indirecta de preguntar, una especie de "referéndum sobre un referéndum". Esta opción ha sido señalada como posible por otros juristas como Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo en la UNED. También es dudoso que superase el corte de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que previsiblemente va a tener trabajo extra esta legislatura.

El sí de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, o al menos su abstención, resulta fundamental para la viabilidad parlamentaria del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El apoyo de ERC, presionado por las posiciones maximalistas de JuntsXCat, tendría lógicamente un precio. infoLibre analiza, con ayuda de expertos en ciencia política y derecho, si hay encaje legal de los planteamientos independentistas. Descontando la autodeterminación y la amnistía, el grueso de lo que los partidos del procés plantean es constitucionalmente viable. Otra cosa es políticamente.

  Diálogo de tú a tú, de gobierno a gobierno

No hay ningún impedimento formal para el Gobierno de España se reúna con el Govern de la Generalitat de igual a igual. “Se pone en esto un énfasis innecesario, cuando [la igualdad entre administraciones] es una característica del Estado de las autonomías. Actuando dentro de sus competencias, nadie está por debajo de nadie. Si hubiera una jerarquía de partida, no haría falta el Constitucional para decidir cuándo hay invasión de competencias”, explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Tanto ERC como JuntsXCat han insistido en este punto: diálogo de tú a tú, de igual a igual, de gobierno a gobierno. Arbós cree que es un subrayado para destacar, en caso de reunión, un logro político. Porque constitucionalmente no tiene nada de particular. En el terreno institucional, una reunión entre un presidente del gobierno central y otro de un gobierno autonómico no presupone ninguna jerarquía que haya de ser salvada con fórmulas ad hoc para crear un diálogo de tú a tú. La polémica en torno a esta idea –de tú a tú– forma parte del rifirrafe político, a juicio de Arbós, que vincula la insistencia del independentismo con la campaña de Tsunami Democràtic “Spain, sit and talk”. Se trataría, llegado el caso, de hacer pasar un diálogo formalmente convencional por un éxito del independentismo. Pero es un asunto más de relato que de límites legales.

El Gobierno viene insistiendo en que el marco adecuado es la comisión bilateral, un espacio de diálogo previsto en el Estatut. Es cierto que está regulada (sección tercera) y que vale perfectamente como cauce de diálogo para solventar problemas entre ambas administraciones. Cualquier diálogo institucional se podría llevar a cabo ahí. Pero ni JuntsXCat ni ERC quieren, porque supone el reconocimiento del Estatut y del rango autonómico de las instituciones de autogobierno catalanas, precisamente las costuras que el procés quiere hacer saltar. Otra vez, se trata de problemas políticos, no jurídicos.

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, desconfía de las “mesas de negociación”. “Acaban deslegitimando el sistema. Mesa de negociación había a la salida del franquismo. Por mucho que alguien esté en contra del régimen del 78, no se puede comparar”, señala. Ni siquiera cree que la comisión bilateral sea el cauce adecuado, porque “está para debatir problemas del Estatuto, no de la Constitución”. No obstante, ve que los problemas que puede plantear son políticos, no jurídicos. De hecho, no hace falta que representantes de un gobierno de la nación y otro de una comunidad autónoma se sometan a ningún esquema institucional preestablecido para reunirse. Pueden dialogar sin más, en calidad de miembros de tales gobiernos. Es pura normalidad democrática.

“Conflicto político”, mediador, Puigdemont y JunquerasConflicto político”, mediador, Puigdemont y Junqueras

El PSOE ya ha movido su posición en este punto, tratando de facilitar la investidura de Sánchez. Tras la reunión del jueves con ERC, reconoció por escrito la existencia de un “conflicto político”, término que hasta ahora había tratado de evitar, insistiendo en que había un “problema de convivencia”. Ahora bien –cada palabra cuenta–, se trataría, según los socialistas, de "un conflicto político en Cataluña”, no “entre Cataluña y España”. Obviamente, no hay la menor objeción constitucional al reconocimiento de tal problema.

En su comunicado, ERC consideró esta cesión del PSOE un punto de partida. Esquerra, que reclama un calendario y garantías de cumplimiento de lo que se acuerde, parte de una posición más flexible que JuntsXCat. Los neoconvergentes, además del diálogo de tú a tú y la categorización como conflicto político, reclaman un mediador internacional y el reconocimiento como interlocutores de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, huido de la justicia española y reo de sedición, respectivamente. En el terreno hipotético, nada impediría jurídicamente el reconocimiento político del president y el expresident, pero a efectos prácticos ese diálogo "sin exclusiones" que pide JuntsXCat se antoja improbable.

En cuanto a la figura del mediador, tampoco hay nada en su contra en la legislación española. Es una abstracción que podría adoptar múltiples formas, pero las dificultades políticas son evidentes. Un mediador o un relator, a juicio de Arbós, supondría “una distorsión de toda la lógica institucional” de las relaciones entre un gobierno central y autonómico. Ruiz Robledo inscribe esta exigencia, al igual que la de la “mesa de partidos”, en un intento del independentismo de “determinar los marcos”. Pero jurídicamente no habría nada inaceptable ahí, a priori.

Autodeterminación

La autodeterminación –objetivo político último de ERC, JuntsXCat, la CUP, el procés y el independentismo en su conjunto– es inviable con el actual marco constitucional. La interpretación jurídica mayoritaria, y desde luego la que hace el Tribunal Constitucional, es que el texto del 78 no reconoce el derecho de autodeterminación. Las constituciones son textos que se asientan sobre una unidad de soberanía, que es a su vez la que funda el texto. Es decir, la negación de la autodeterminación de sus partes es intrínseca a los textos constitucionales, en España y en el común de las democracias. Pero es que, además, está explícito en la letra. El artículo 2 dice que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”. Si la nación es “indivisible”, no se puede dividir. Para que se pudiera dividir, habría que cambiar la Constitución. Con la actual, no se puede. “La jurisprudencia es clara. Nuestra Constitución se puede modificar, pero hay que utilizar los cauces previstos en la misma”, resume Díaz Robledo.

Sectores independentistas sostienen una opinión, irrelevante en círculos jurídicos, según la cual la Constitución sí que reconoce indirectamente el derecho de autodeterminación porque el artículo 10.2 establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos". El problema es que, para entender que en este supuesto entraría Cataluña, habría que aceptar que puede acogerse a un derecho a la independencia propio de territorios coloniales o sometidos a subyugación extranjera. Una tesis en la que el independentismo no cuenta con aliados.

Una buena noticia para el independentismo es que la Constitución española, a diferencia de la alemana, no tiene cláusula de intangibilidad. Es decir, no tiene nada intocable. Una mala es que el procedimiento para tocar los títulos blindados, los que afectan a los derechos fundamentales, a la Corona y a las normas básicas del ordenamiento jurídico, es muy exigente. Debería aprobarse por dos tercios del Congreso y el Senado y ser ratificada por la totalidad del pueblo español en referéndum. Esa es la única vía constitucionalmente viable para introducir el derecho de autodeterminación. Una vez modificada la Constitución, con un artículo que introdujese la posibilidad de la celebración de un referéndum de independencia bajo determinadas circunstancias, este podría celebrarse. Pero –hay que insistir– antes tendría que haber dado luz verde la totalidad del pueblo español. El procés nace del convencimiento de que es imposible que ocurra algo así, por lo que las fuerzas independentistas optan por la celebración de un referéndum contra la Constitución, sin reconocimiento jurídico ni internacional de un tipo: el 1-O.

Hablar de todo, sin condiciones

El derecho de autodeterminación no es algo que –si hay una mínima aspiración de lograr lo que se reclama– se le pueda pedir a Pedro Sánchez, ni al Gobierno, ni al PSOE. No está en su mano. Ni aunque quisiera, se lo podría dar. Ahora bien, ¿exigen los partidos independentistas el derecho de autodeterminación? En su carta en La Vanguardia fijando las condiciones previas, Pere Aragonès reclama un diálogo “sin condiciones” en el que “cada cual exponga sus legítimas aspiraciones y propuestas”. Aragonès anticipa que, “por la parte catalana” –convierte la posición de ERC en la “catalana”–, se defenderá “el derecho de autodeterminación”. Es decir, pide hablar sobre ello, poder plantearlo.

Nada hay que obste para que se pueda hablar de autodeterminación. No es ilegal perseguirla, ni prometerla al electorado, ni querer convencer al presidente del Gobierno de sus bondades. España no es una democracia militante que exija adhesión a la Constitución, algo que Vox quiere cambiar ahora, por lo que propone ilegalizar a partidos como el PNV. Lo ilegal ahora mismo es tratar de materializar la independencia por medios contrarios a la Constitución (1 de octubre, leyes de desconexión), no llevarla en un programa electoral. Tampoco es ilegal, como da a entender JuntsXCat, “hablar de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña, como ha dicho Laura Borràs. Otra cosa es la aprobación de resoluciones independentistas o la desobediencia al Constitucional.

Que decidan los catalanes

Sánchez podría constitucionalmente hablar con Quim Torra o con Pere Aragonès sobre autodeterminación. Hablar. El coste político sería seguramente alto, pero podría hacerlo. Lo que no podría es ofrecer ni dar ese derecho. No entra dentro de las atribuciones presidenciales, ya que la autodeterminación exigiría una –improbable– reforma constitucional. De otro modo, con una votación sólo en Cataluña sobre algo que afecta al corazón de la Constitución y el modelo de Estado, se estaría permitiendo que los ciudadanos de una sola comunidad autónoma decidieran sobre lo que es de todos.

¿Significa esto que, para que haya un referéndum en Cataluña, tiene que haber una reforma del texto del 78 que así lo permita? No. Hay otras fórmulas para la celebración de un referéndum en Cataluña que diera cobertura al deseo del independentismo de que "decidan los catalanes". Es una expresión de la propia Laura Borràs (JuntsXCat) en la rueda de prensa en la que los neoconvergentes pusieron sus líneas rojas: que "los catalanes decidan sobre su futuro" y que cualquier solución “pase por una votación”. Si esta idea no va vinculada a la autodeterminación, es posible.

De momento, estas opciones de votación alternativas a la autodeterminación no han aparecido en los prolegómenos de la negociación, pero el abanico de posibilidades que implican una votación de la ciudadanía catalana es amplio. Para empezar, podría haber una reforma constitucional que exigiera un referéndum de ratificación. Hay muchas vías para abordar la cuestión catalana con esa fórmula: reconocimiento de Cataluña como nación o de la plurinacionalidad del Estado, ampliación competencial de las comunidades, reforzamiento de las atribuciones en educación de las autonomías con lengua propia, federalización del Estado y establecimiento de mecanismos de decisión de las autonomías en los asuntos generales, reconocimiento –por ejemplo, en disposición adicional– de un estatus económico-fiscal diferente para Cataluña, reforma de instituciones con marchamo centralista como el Senado o el Tribunal Constitucional... Si, sometido a referéndum en toda España, el texto obtuviera el respaldo de la mayoría también en Cataluña, podría haber un avance en la solución del problema. Pero, ¿qué pasaría si el texto recibiera el no del pueblo español? Y algo más, que se pregunta Ignacio Sánchez-Cuenca, director de lInstituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política: "¿Y si se aprueba en el conjunto de España y en Cataluña se rechaza?". A su juicio, en tal caso la única opción que quedaría sería un referéndum sobre la independencia.

Hay más vías. Entre ellas, un nuevo Estatuto de autonomía, cuya tramitación culminara con un referéndum en Cataluña. Ahora bien, el independentismo no quiere ni oír hablar de esa “pantalla pasada”.

Otra posibilidad sería lo que podríamos llamar “un referéndum sobre un referéndum”, una fórmula que ha descrito Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo en la UNED. La fórmula se basa en la competencia del Parlamento de Cataluña para proponer a las Cortes una reforma constitucional, que podría ser por ejemplo el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Si el Estado lo autoriza, el Parlament podría preguntar antes a los ciudadanos en un referéndum sólo en Cataluña si están de acuerdo con dicha iniciativa. No con la autodeterminación, sino con pedir una reforma que haga posible un referéndum de autodeterminación. Sería una forma indirecta de conocer la voluntad mayoritaria en Cataluña sobre la independencia. Las dificultades políticas, por supuesto, podrían ocupar el espacio de diez artículos como este.

Lo que ha venido defendiendo –sin mucho detalle– Podemos es un referéndum pactado. No sería un referéndum de independencia o autodeterminación, sino consultivo. Hay dudas sobre si el artículo 92 de la Constitución puede cubrir una pregunta sobre la independencia. Mucho más después de la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó en 2008 anulando una consulta similar que quería el Gobierno del País Vasco. “Es una cuestión debatida. Francisco Rubio Llorente [que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, fallecido en 2016] lo vio factible, entre otros juristas. Siendo una cuestión debatida, los que opinan que tampoco cabe un referéndum consultivo pueden decir que esa sentencia, la 103/2008, viene a decir que no es posible un referéndum consultivo cuyo resultado pueda evidenciar una opinión contraria al actual orden constitucional”, resume Arbós.

Aparte de los vericuetos políticos que tendría esta vía, el referéndum consultivo con toda seguridad acabaría en el Tribunal Constitucional, que podría suspenderlo.

De momento, el PSOE no “habla de todo” con ERC. De autodeterminación no quiere ni hablar (no digamos ya apoyar o prometer reformas para el ejercicio de la misma). La oferta del PSOE ahora mismo es la introducción de cambios en el Título VIII de la Constitución, la que regula la organización territorial del Estado. El objetivo de la oferta es mejorar el encaje de Cataluña en España. Fuera de España, ni en hipótesis. Pero de eso es de lo que ERC quiere “hablar”. Y hablar, lo que se dice hablar, se puede hacer.

Amnistía

Aragonés (ERC), en su carta en La Vanguardia, defiende también la "amnistía" para los presos independentistas catalanes. También lo plantea dentro del apartado "un diálogo sincero", es decir, como algo que quiere plantear, no que exija su cumplimiento. En cualquier caso, es imposible tal amnistía. Es un término que no viene al caso, ya que la amnistía se da en el tránsito de dictaduras a democracias, o de cambios de régimen.

La Constitución (artículo 62) prohíbe los "indultos generales". La amnistía ni la menciona. No hace falta. "Si se prohíben los indultos generales, más aún la amnistía. Es una regla general. Si se excluye lo menos, también lo más. Si se prohíbe la cadena perpetua, se prohíbe la pena de muerte. Y no es sólo que, como teoría general, un Estado democrático no puede dictar leyes de amnistía. Es que hay una prohibición concreta en nuestra Constitución [la del indulto general]", señala Ruiz Robledo.

Cosa distinta de la amnistía, que supone el perdón del delito, sería el indulto, que supone el perdón de la pena. Pero los presos independentistas, condenados ya por el Supremo, en principio no quieren indulto. Si lo quisieran, sería factible, al menos sobre el papel. "El Gobierno indulta a quien quiere siempre que se siga un procedimiento. Hay mucho margen. Los casos en que el Tribunal Supremo ha anulado el indulto son muy pocos, como aquel caso del kamikaze que propuso Gallardón. La jurisprudencia general dice que es un acto político del Gobierno", añade el catedrático de la Universidad de Granada.

Xavier Arbós recuerda que el problema de la amnistía no se plantea desde la ley del 77, por lo que ahora sería un melón sin catar. Pero al catedrático de Derecho Constitucional se le acumulan las dudas sobre su viabilidad. "No puedo ser terminante, pero me inclino a que no es posible. Un indulto puede ser parcial y total en cuando al cumplimiento de la pena, pero la pena existe, y también los antecedentes. Una amnistía borra no solo la pena, sino los antecedentes. Es como si los hechos no se hubieran producido. Esto plantea dos dificultades. El artículo 118 de la Constitución atribuye a los jueces la facultad de hacer cumplir lo juzgado. Además, puede ocurrir que las víctimas de los delitos cuyos autores se ven beneficiados por la amnistía se vean privados del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque quizás en este caso no esté indicado, porque no hay víctimas concretas", reflexiona Arbós.

Siendo las limitaciones constitucionales insalvables, no eclipsan a las políticas, que también serían abrumadoras. Una amnistía supondría reconocer el carácter de presos políticos de Junqueras y los demás condenados por el Supremo. Lo mismo puede decirse de la exigencia de Borràs (JuntsXCat) de poner "fin a la represión", ya que desde las filas procesistas se entiende que la "represión" forma parte de un retrato de España como Estatuto autoritario y sin respeto por los derechos fundamentales o incluso humanos del "pueblo catalán".

Respeto al 1 de octubre

JuntsXCat abunda en planteamientos irrealizables, al menos si hay una pretensión de que la aceptación sea formal. Los herederos de Convergència exigen al Gobierno que "acepte lo que los catalanes votaron el 1 de octubre", es decir, la jornada del referéndum celebrado contra los pronunciamientos del Constitucional, con resultado sin homologar. El resultado de la consulta, celebrada sin garantías democráticas ni reconocimiento internacional, fue un deseo mayoritario de independencia. No tuvo ningún efecto jurídico.

JuntsXCat reclama al Gobierno que acepte el resultado de una consulta cuya preparación y celebración forman parte de los hechos probados de la sentencia por sedición del Tribunal Supremo contra los líderes del independentismo. En mayo de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una demanda de miembros de Junts pel Sí y las CUP y estableció que la suspensión del pleno donde se iba a aprobar la declaración unilateral de independencia (DUI), resultado director del 1 de octubre, era una "necesidad social imperiosa". Es totalmente imposible un reconocimiento del resultado del 1 de octubre por parte del Gobierno. También es imposible, a pesar de la petición de Borràs al Gobierno, que el Ejecutivo permita a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras convertirse en eurodiputados. Es una decisión que depende de los tribunales.

A pesar de su estatus de referente académico, Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) renuncia al distanciamiento respecto de los hechos que marcan la actualidad pública. Asiste en persona. Participa. Quiere influir en los grandes temas. No como político, claro. No con adhesiones partidistas. Pero sí como experto. Como eminente jurista y prolífico ensayista. Como catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Esta misma entrevista es resultado de esa voluntad de aportación a la discusión pública, en especial sobre los asuntos cruciales del Estado. Citemos dos: la Constitución española de 1978, que cree necesario reformar, y la crisis política catalana, que cree posible solucionar –o paliar– mediante dicha reforma.

Movido por este mismo compromiso divulgador acude a menudo a charlas, conferencias, congresos... En ocasiones lleva bajo el brazo el documento Ideas para una reforma de la Constitución, firmado por Muñoz Machado junto a otros nueve catedráticos de Derecho Constitucional o Administrativo: Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Ana Carmona... El documento –"no es un manifiesto", corrige al escuchar el término–, que defiende una reforma que haga uso de técnicas federalistas para salir del atolladero territorial, se ha convertido en un referente jurídico para abordar la tantas veces nombrada como pospuesta revisión constitucional. Urge una reforma, afirma Muñoz Machado, que avisa de que no hay que confundirla con un "proceso constituyente". "Sería un enorme error", dice.

Muñoz Machado ha ganado el Premio Nacional de Historia de España 2018 por su obra Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América (Crítica, 2017). Se hablará algo del pasado en esta entrevista, pero más del futuro, al que el catedrático mira con una esperanza no exenta de inquietud. A las puertas del 40º aniversario de la Constitución, tiene tres cosas claras: 1) La Constitución tiene recorrido por delante; 2) Hay que modificarla para que no pierda el paso del país; y 3) No será fácil.

La de Muñoz Machado es la segunda de una serie de entrevistas en profundidad realizadas por infoLibre con seis prestigiosos juristas españoles con motivo del 40º aniversario de la Constitución. El miércoles se publicó la conversación con Pablo Pérez Tremps [puedes consultarla aquí] y mañana le toca el turno a Paloma Biglino. 

PREGUNTA: Hace ya un año del documento de propuestas 'Ideas para una reforma de la Constitución'. ¿Ha tenido eco o ha sido una prédica en el desierto?Ideas para una reforma de la Constitución

RESPUESTA: Ha tenido mucho eco en cantidad de coloquios, jornadas... Este mismo mes he asistido a tres o cuatro conferencias en torno a este documento, que presentamos sin pretensiones, sin querer imponer nuestro criterio, sólo para enunciar algunas ideas. Queríamos enfocar los principales problemas que afronta una reforma constitucional. Primero fue muy bien recibido por los medios de comunicación y después ha ido convirtiéndose en un foco de referencia. El Círculo de Economía de Cataluña hizo en abril una presentación en la que recogía como solución las propuestas del documento, con el que tienen relación muchas de las propuestas que se están haciendo para afrontar la tensión. Por ejemplo, reformar el Estatuto, someterlo a referéndum y, con ocasión de eso, reformar en algo la Constitución española y someterla a referéndum.

P: ¿Cree que se está abriendo paso esa idea?

R: No se sitúa muy lejos de la posición que ha adoptado el actual Gobierno. Es difícil que pase nada, la situación es tensa. Ambas partes están empecinadas. El independentismo no quiere oír hablar de la Constitución, ni del Estatut, que es un derivado único de la Constitución. Y muchos de los llamados constitucionalistas prefieren mantener esta situación crítica, sin ofrecer solución. Difícil asunto. Pero hay que mantener la esperanza.

P: ¿Existe el riesgo de que una parálisis descuelgue a la política de la sociedad? ¿Puede la propia Constitución quedarse atrás?

R: Lo que hay es que abrir un tiempo de reformas en el que se vayan atendiendo los puntos más débiles de la norma fundamental. No hay que hacer todo a la vez. El título VIII, el de la organización territorial del Estado, es marcadamente defectuoso. El peligro es que la Constitución se quede atrás. Y en el título VIII ese riesgo es evidente. El resto de la Constitución está bastante fresca y los retoques necesarios son menores.

P: Lo más urgente es lo que menos consenso concita.

R: Hay que enfocar la reforma del título VIII como una operación para que desaparezcan algunos de sus viejos defectos originarios, derivados de que hubo cosas que no fueron bien resueltas, o defectos sobrevenidos, resultado de su aplicación. No está bien el título VIII, hace falta la reforma. Si además conseguimos que la Constitución sea más atractiva para todos los territorios españoles, especialmente para Cataluña, sería lo ideal. Crear un marco en el que todos se muevan con más seguridad, comodidad y tranquilidad.

P: ¿Se puede hacer la reforma con la crisis catalana aún abierta?

R: Ya no se pueden hacer reformas sin oír a las comunidades autónomas. El consenso ya no es sólo entre los representantes del pueblo en las Cortes. También necesita a las comunidades autónomas. Abordarlo ahora en plena crisis tiene sentido. Abordarlo ahora, con el Congreso muy fraccionado, también es adecuado, porque no se pueden imponer reformas constitucionales de una parte del Congreso contra otra parte. Hay que recuperar el consenso y la división facilita que todo lo que se haga sea con todos. El consenso no llega con un simple chasquido de dedos y una solución magistral. Hay que forzarlo con documentos de reforma bien argumentados. Y desde ahí ponerse a trabajar.

P: ¿Ese consenso se podría alcanzar en torno a una solución de tipo federal, con mayor participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado?

R: Eso que se ha llamado federalización del Estado de las autonomías no es otra cosa que utilizar las experiencias, técnicas y herramientas de las que disponen los federalismos para mejorar la organización territorial. Tenemos que buscarlas ahí porque no hay otras. No es un capricho. Las soluciones son de carácter federal. O eso o retroceder hacia fórmulas centralistas. Y eso es imposible en la España de hoy. No es imaginable una España recentralizada en la que desaparezcan las asambleas legislativas.

P: ¿Imposible? El PP, ahora mismo el partido más votado de España, defiende una recuperación de competencias y señala al sistema educativo.defiende una recuperación de competencias y señala al sistema educativo

R: No se trata de negar que en algunas materias el reparto de competencias no ha funcionado bien. Eso hay que revisarlo. No hay necesariamente que ampliar competencias o potenciar las comunidades autónomas. A lo mejor hay cosas en las que hay que dar marcha atrás. No me refiero a esto [al decir que no es imaginable una España recentralizada]. Me refiero a que no pueden desaparecer las comunidades autónomas, o carecer de parlamentos, o no poder dictar leyes. Me refiero a que no pueden perder posición política. Otra cosa es cómo se resuelva el reparto de competencias en turismo, medio ambiente o educación. Ahí habrá que ajustar para que funcione mejor, y no hay que descartar que en algún sentido sea más recentralizado.

P: ¿Se podría llegar a cronificar la crisis constitucional?

R: Se puede cronificar, sí. Si no retocamos la Constitución, estaremos en una situación próxima a las vivencias con algunas Constituciones del siglo XIX, especialmente la de 1876, la de la Restauración. Siempre se presumía de que fue la de más larga vigencia, pero su longevidad se basaba en no hacerle caso, desautorizarla, ningunearla, no aplicar sus preceptos. Se llegaba a acuerdos que no eran acordes con la Constitución. Eso es una tragedia para el constitucionalismo, porque supone desconocer el valor superior de la Constitución y dejar su aplicación al arbitrio del poder legislativo o ejecutivo.

P: Pero eso no está pasando ahora en España.

R: Algunos atisbos hay. ¿O no es esto que describo lo que ocurre en las comunidades que dicen que no aplicarán una determinada ley, o una sentencia del Constitucional? No arriesguemos. No estamos en una situación catastrófica, pero conviene estar atentos. Ha habido declaraciones enfáticas, del tipo: "No acataremos". Y no sólo en Cataluña, las ha habido en otros lugares, a lo mejor con temas de menor calado político.

P: ¿El problema constitucional es de diseño o de práctica? ¿No ha faltado lealtad desde el Gobierno en el uso del recurso de inconstitucionalidad, por no mencionar las llamadas leyes de desconexión catalanas?recurso de inconstitucionalidaddesconexión

R: En el título VIII hay problemas de diseño. El reparto de competencias entre Estado y comunidades está muy mal hecho. Eso nunca se ha arreglado. Luego hay cosas que en la práctica se han dejado de aplicar, como las leyes de armonización del 150.3 o las de transferencia del 150.2. Las primeras son esenciales en cualquier sistema federal. Aquí se emplearon en 1981 con la famosa Loapa [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico], el Constitucional la desautorizó y desde entonces hay un terror reverencial a todo lo que se le parezca. Además tenemos un Senado del que dice la Constitución que es una cámara de representación territorial y no lo es.

P: ¿Por qué?

R: El origen está en el modelo republicano, cuando no sabíamos si España se iba a convertir en un régimen de autonomías o una parte se iba a mantener bajo la disciplina de la descentralización estricta. Aquello hizo que en 1931 se quedaran fuera muchas características de los Estados federales. En 1978 se copió el modelo, con menos sentido aún. Casi todos los territorios tenían ya preautonomías provisionales... Y, a pesar de eso, se incurrió en el mismo defecto. Eso lo hemos ido arrastrando sin arreglarlo.

P: Desde el punto de vista de la técnica jurídica, los problemas son asequibles. La dificultad es política: por un lado, están las tensiones identitarias; por otro, la dificultad para que la diversidad no se convierta en desigualdad, ni la igualdad en uniformidad. ¿Ahí es donde hay que esforzarse políticamente?

R: Como país somos muy de decir: "Más que yo, nadie. Lo que tenga otro lo quiero yo también". Hay que tener en cuenta que existe un problema serio y para resolverlo hay que ser generosos. Está bien la igualdad potencial, pero hay que reconocer las diferencias entre los territorios. ¿Cómo? La desigualdad y la atención a las características territoriales diferentes tienen que venir de la legislación de cada comunidad, que puede recoger esas peculiaridades. Hay hechos diferenciales inevitables, preconstitucionales, que están ahí. Por ejemplo, la lengua. Existen comunidades con derecho civil propio, o con concierto económico propio por razones históricas, con organización diferente, como las veguerías que reclaman en Cataluña o las juntas generales vascas. Esto son cosas relevantes. En cuanto a las competencias, que unas tengan más que otras es difícil. Al Estado le quedan muy pocas competencias que ceder si no quiere desaparecer como Estado.

P: No es entonces un problema cuantitativo, de ceder más competencias.

R: No. Hay cosas que se pueden organizar de otra manera. Las competencias, el Senado. Podemos atribuir a los Estatutos un régimen jurídico nuevo propio de las instituciones federadas: que los apruebe exclusivamente la región. Es decir, la comunidad autónoma. Eso daría una sensación de mucho mayor poder propio.

P: Un problema con el Estatut fue esa poda tras su aprobación en el Parlament.

R: El Estatut es una norma del Estado, aprobada por ley orgánica, que se tramita en las Cortes. Todo eso genera incomodidad. Un argumento que suele aparecer es este: "Hay comunidades tan desleales que lo que faltaba es que pudieran hacerse su propia Constitución". Pero cuando una comunidad tiene potestades legislativas, puede hacer barbaridades siempre, también ahora. No hace falta un Estatuto para hacer leyes inconstitucionales. Siempre se puede cometer una barbaridad. Pero lo cierto es que esto no ocurre frecuentemente. Y si ocurre, en todos los Estados federales se impugna y el Tribunal Supremo hace una revisión. Lo mismo podría hacerse con los Estatutos, incluso si se aprobaran en exclusiva por las comunidades autónomas.

P: ¿Caben nuevos reconocimientos nacionales en la Constitución?

R: Mientras el Estado se defina como unidad soberana, no tienen cabida unidades políticas inferiores que sean soberanas también. En la Constitución actual no caben. Cabría si nos transformáramos en una confederación de Estados, cosa que realmente no existe en ningún lugar del mundo, porque todas las confederaciones acaban convertidas en federaciones. Ahora el Estado está construido de arriba a abajo, desde el poder universal del soberano hasta abajo, hasta la organización del último territorio. La fórmula confederal consiste en que los soberanos confederados territoriales se reúnen para formar una capa de poder supraordenado, la confederación, a la que se le atribuyen ciertas competencias. Las confederaciones no se diferencian mucho de las organizaciones internacionales trabadas mediante tratados que fortalecen a las partes.

P: Partes que deciden deciden unilateralmente si integran o no la confederación.

R: Eso es. Forma parte de la confederaciones el derecho de secesión.

P: ¿Un reconocimiento nacional apareja el derecho a convertirse en Estado?

R: En la nación cultural no. Es un concepto que reconoce características históricas o culturales de un territorio que no implican una soberanía. No tiene nada que ver con ser una nación soberana. Nación soberana en España no hay más que una.

P: ¿Ese reconocimiento de "nación cultural" cabría en un estatuto de autonomía?

R: Sí. Podría estar en un Estatuto de autonomía. Si se aclara bien el sentido, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. En general la clase política, sobre todo los más conservadores, piensan que esto no se puede reconocer porque es la primera fase para alcanzar la segunda, el Estado. Por eso existen tantas reticencias.

P: En Cataluña la demanda nacionalista es de un Estado propio, no de un reconocimiento cultural.

R: A los independentistas ha dejado de interesarles la Constitución española. Lo que quieren es un referéndum de independencia y transformar la forma de Estado: de monarquía a república. Y eso no cabe en la Constitución española. Ni cabe ni puede caber ni se puede arreglar mediante reformas de ninguna clase. Porque no hay ningún soberano en el mundo que reconozca su destrucción en su propia Constitución.

P: ¿Lo ve inviable política o jurídicamente?

R: ¿Inviable políticamente...? Si algún día los políticos españoles se ponen de acuerdo en hacerse el harakiri... Bueno, eso no se podría hacer con una reforma constitucional, pero el poder constituyente es ilimitado por definición. España podría decir: "Yo quiero poner en riesgo una parte del territorio". Eso sí, con una Constitución nueva de arriba a abajo.

P: Todas estas sutilezas jurídicas son ignoradas por la mayoría de discursos políticos. ¿Le frustra asistir a un debate público de tan poca calidad técnica?

R: Nadie se atreve a meterse en estos líos por los intereses electorales inmediatos. Están dejando que las ideas se corrompan. Ya no se sabe muy bien en este país cuál es el alcance de la democracia, si la democracia ejercida por un trozo de la población es superior a la Constitución, si la propia democracia es superior a la Constitución y a la ley, no se sabe qué significa soberanía, quién es el soberano... Todo esto son palabras, pero son conceptos esenciales, que muchos se permiten desconocer. Y como no hay corrección, no se hacen estudios significativos apoyados por el Estado, ni se desarrolla una cultura mediática intensa, pues estamos en esta grave situación.

P: La comisión sobre la reforma territorial del Congreso está más bien mortecina...comisión sobre la reforma territorial del Congreso

R: Yo comparecí hace unas semanas. Trabajar siguen trabajando. Lo que no sé es si al final saldrá un documento serio y útil. Los parlamentarios tienen que trabajar codo con codo con los expertos, porque participar en la política no asegura conocer todos los problemas del mundo... Sería bueno elaborar documentos de Estado.

P: Se encargan documentos a expertos. Por ejemplo, para determinar qué se hace con el Valle de los Caídos. Y luego no se hace excesivo caso a sus conclusiones.Valle de los Caídos

R: Esto puede ocurrir. Pero vamos, nadie que vaya a una comisión, o que aporte una propuesta, puede creer que su opinión va a ir a misa. Hay que asumirlo. Una cosa son los que estudian, piensan y proponen. Y otro los que deciden, que para eso han sido elegidos democráticamente como representantes. Lo importante es que haya ese trabajo.

P: ¿Qué le parece la idea de una nueva Constitución?

R: Me parecería un enorme error desechar definitivamente la Constitución de 1978 para sustituirla por otra, cuando es la mejor Constitución de nuestra historia. No hay ningún motivo para tirarla a la basura y reconstituir nuestro país. Si se examinan los diferentes apartados, algunos quizás no necesiten ningún retoque, otros retoques mínimos... Meter al país en un proceso constituyente para cambiar el régimen de los derechos, la organización de los poderes, la monarquía por la república o algo parecido... provocaría una conmoción de tal calibre que no sé en qué líos nos meteríamos.

P: Pero la idea surge de un cierto desprestigio de la Constitución. O, más que de la Constitución, del llamado "régimen del 78". ¿Qué balance hace usted?

R: Conviene operar con relativismo. No me gustan los absolutismos, tampoco los absolutismos filosóficos. Creo que la Constitución ha dado a España 40 años de tranquilidad política. Hay bastantes cosas que han sido laminadas a lo largo del tiempo, o que están desgastadas. Hay instituciones que podrían funcionar mejor. Hay que estar atentos a un texto tan importante para adaptarlo. Eso es lo que yo recomendaría. Precisamente porque existen las reformas, no hay que tirar la Constitución a la basura. Existen para adecuarla a la sociedad. No hay una Constitución de la Transición, o de una generación. Eso es un asunto que ya abordaron los padres de las Constituciones históricas. Los norteamericanos debatieron si su Constitución serviría sólo para la generación que la hizo. Hubo tensión, porque si era así cada generación tendría que hacer su Constitución. Aquello se resolvió y ya nadie defiende esa idea. Probablemente los que defienden cambiar de Constitución no han leído estos documentos. Lo que hay que hacer, si lo creen necesario, es adaptarla a la siguiente generación.

P: Pero, para eso, se debe perder el miedo a la reforma. ¿A qué atribuye ese temor?

R: No sé. Son intereses conservadores. Desconfianza. Creen que si se abre el melón, una expresión que me parece una idiotez, no se sabe dónde va a acabar la cosa... Hacen falta consensos. Y no pensar anticipadamente que las ideas diferentes lo hacen imposible.

P: ¿La reforma propuesta por el Consejo de Estado en 2006 está obsoleta? Igualdad hombre-mujer en la Corona, participación del pueblo español en la construcción europea, inclusión de los nombres de las autonomías, reforma del Senado...reforma propuesta por el Consejo de Estado en 2006

R: Aquel informe estaba muy condicionado. El Consejo se atuvo a lo que le encargó el Gobierno. Lo que dijo el informe sigue siendo válido. El problema es que ahora hay más.

P: ¿Se puede elevar el rango de protección de los derechos sociales? Por ejemplo, la vivienda o la salud, que ahora no son derechos fundamentales.

R: Hay grupos ideológicos que defienden esta variación en la localización de estos derechos. Otra cosa es que hay que ver cómo. Los derechos sociales son derechos de mucho contenido económico.

P: Una crítica frecuente a la Constitución es que es sagrada en algunos aspectos, mientras que en otros no: derecho a la vivienda, derecho al empleo... ¿Hasta qué punto se pueden garantizar estos derechos?

R: Todos esos derechos se pueden garantizar si hay recursos. Pero hay que ver si el dinero puede salir de tributos viejos, si hay que crear nuevos tipos... No basta con ponerlo sin más. Hace falta ver la viabilidad de ponerlo en práctica. Yo no descarto que haya algún tipo de derecho bien delimitado al que se le pueda dar mayor protección.

P: ¿Y ajustar la Constitución a los cambios sociales? Desde 1978 se ha producido una vertiginosa revolución tecnológica, por ejemplo.cambios sociales

R: La tecnología no tiene por qué generar nuevas necesidades de ámbito constitucional. No tiene que estar todo, sólo los grandes principios. No es un reglamento.

P: ¿La igualdad entre el hombre y la mujer está bien recogida en la Constitución?

R: Creo que sí. Hay una legislación cada vez más avanzada derivada de la Constitución y de la interpretación que ha hecho de ella la jurisprudencia. Siempre se puede pintar mejor una idea, pero lo que tenemos no está mal. Hemos avanzado muchísimo.

P: ¿Es la limitación de los aforamientos una buena idea o desvirtúa la reforma?

R: Todo vale, pero conviene ver qué es imprescindible y limitarse a lo esencial. Lo que sí se puede objetar es que después de 40 años sin que a nadie se le ocurra esta reforma, de repente entren unas prisas enormes, como si este fuera el gran problema de España.

P: ¿Deben los políticos elegir a los representantes de los jueces?elegir a los representantes de los jueces

R: Hay opiniones para todos los gustos. A quien dice que se debe reforzar el control por los propios jueces en Poder Judicial, se le objeta que son los únicos funcionarios públicos que tienen organismos de autogobierno. Lo que ocurre ahora revela una politización, pero problemas así existen en todas partes y tienen difícil arreglo. Hacemos con el poder judicial críticas un poco severas y abusivas. Pensamos siempre en la forma de nombrar a los cargos del Consejo y los miembros de tribunales de alta instancia, sin acordarnos de que hay 5.000 jueces poniendo sentencias, cada uno con su ideología.

P: ¿Somos muy duros los españoles en la consideración de nuestra democracia?

R: Hacemos críticas muy excesivas. Está dentro del carácter español. Nos creemos que somos el peor pueblo del mundo. Es un defecto muy español. Con la Constitución del 78 hay personas que creen que estamos ante la antidemocracia... Así luego no nos creen cuando decimos que somos una democracia igual o mejor que algunas otras europeas.

P: ¿Está el Estado respondiendo con pulcritud jurídica y democrática al 'procés'?

R: Lo está haciendo con mucho retraso e inseguridad. Se le nota titubeante. Ahora, menos... Pero en fin, ha habido cierta indolencia y falta de imaginación.

P: ¿Es excesivo que los presos del 'procés' lleven más de un año en la cárcel preventivamente?

R: Hubiera sido mejor una fórmula más liviana. Pero claro, teniendo presente el ejemplo de Puigdemont y sus colegas, se comprende que el juez haya decidido que si quiere tener disponibles para el juicio a los procesados había que establecer medidas precautorias. Si no se hubiera ido Puigdemont, o si la justicia europea hubiera sido más comprensiva, no estarían en la cárcel estos señores. Sin perjuicio de esa justificación y de la gravedad de los delitos imputados, que a veces nos olvidamos de que esos delitos tan graves tienen una penalidad elevada, que no sé si prosperará, al margen de eso, digo, mantener en prisión sin juicio a una persona es algo que hay que intentar evitar siempre por definición.

P: ¿Le parece peligroso hablar de indultos antes del juicio?hablar de indultos antes del juicio

R: Hay una parte importante de la ciudadanía española que quiere que se aplique la ley de modo estricto y otra que cree que sería bueno, por la pacificación de Cataluña, que no se celebrase el juicio o que a su término se produzca un indulto. Es difícil valorar. Si se apela a la historia, hay casos de esta relevancia, como el de Cataluña en 1934, que son un antecedente que hay que tener presente. Las condenas por hechos consistentes en una sublevación o similar terminaron perdonándose.

Tras veinte años al frente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) se sale de la primera línea del think tank vinculado al PSOE, que ahora ocupa Diego López Garrido, y se embarca en un nuevo empeño como presidente de la recién creada Asociación por una España Federal, defensora de una reforma de la Constitución. El manifiesto fundacional Una España federal en una Europa federal, presentado el martes en Madrid, defiende un cambio profundo de la ley fundamental que clarifique el reparto de competencias, cree espacios eficaces de corresponsabilidad institucional entre el Gobierno y las comunidades –lo que debería ser y no es el Senado– y refuerce los derechos sociales. Todo ello como fórmula para salir de la crisis política catalana con un paso al frente. Junto a Sartorius firman el manifiesto, entre otros, constitucionalistas como Eliseo Aja, Joan Botella y el diputado socialistaGregorio Cámara, así como el propio López Garrido. También hay sindicalistas y economistas. Sartorius afirma que es un proyecto "transversal" e independiente del PSOE, partido en el que no milita.

Sartorius, cofundador de CCOO, histórico militante comunista, encarcelado seis años durante la dictadura, ya en democracia diputado por el PCE e IU, se define hoy como un "demócrata de izquierdas" y defensor de la "unidad" de las fuerzas de izquierdas. Habla del problema catalán como un problema español y se opone rotundamente a cualquier tipo de referéndum de autodeterminación. El vinculante "no es posible", insiste. Y el no vinculante –asegura– tampoco lo es, aunque se repita lo contrario. La fórmula constructiva, a su juicio, es una gran reforma de la Constitución que no excluye el reconocimiento nacional de las comunidades históricas. Aunque el clima de crispación política invita a pensar en que el proyecto lo tiene crudo, Sartorius es optimista.

PREGUNTA: ¿Qué pretende esta asociación?

RESPUESTA: Creemos que la mejor solución para el futuro del país es una reforma constitucional sobre dos temas importantes: los derechos sociales y el Estado federal. Entre las dos posturas enfrentadas, el inmovilismo, que no quiere mover nada, y el secesionismo, que es un disparate, creemos que hay que buscar una solución. La culminación natural del Estado autonómico es el Estado federal.

P: Su manifiesto propone una reforma que permite a las comunidades "ejercer su autonomía política?" ¿No pueden ya?

R: No se trata de tener más o menos autonomía, sino de organizar mejor la que existe. Y seguramente al organizarla mejor, habrá más. Las competencias no están claramente establecidas en la Constitución. Hay confusión y solapamiento, que ha conducido a muchos recursos ante el Constitucional. Hace falta una clarificación. Quién hace qué. Eso es el fundamento de un Estado federal. Todo lo que la Administración General del Estado tiene que asumir será competencia del Estado federal. El resto lo asumen las comunidades autónomas. Ahora mismo no existe un espacio donde las comunidades participen en la gobernación del país, por ejemplo en asuntos europeos. El Senado no cumple los requisitos de la Constitución. Debía ser una cámara territorial, pero no lo es.

P: Ustedes proponen reforzar los mecanismos de participación de las comunidades en los asuntos de Estado: Senado, Conferencia de Presidentes. Pero los independentistas rechazan el reformismo autonomista. Creen que es insuficiente.

R: No planteamos esta reforma para que la aprueben o la rechacen los nacionalistas. Creemos que España necesita una reforma para funcionar mejor. No es para contentar a los independentistas. Habrá una parte que probablemente se mantendrá en sus posiciones de forma irrestricta toda la vida, pero otra iría a una reforma en este sentido.

P: ¿El Estado autonómico no da más de sí?

R: Ha llegado a un cierto agotamiento. Se ha dicho muchas veces que España era un Estado cuasifederal. Pero uno no puede ser cuasialgo. Tiene culminar, ser algo de verdad. Los países que funcionan bien son los federales. Y hay otro motivo de fondo: ante la globalización, ante los grandes poderes económicos y tecnológicos que funcionan a nivel global, la división en espacios cada vez más pequeños es desastrosa.

P: ¿Por qué no propone su manifiesto reformar el Tribunal Constitucional? Es algo que forma parte del abecé de todas las reformas federales.

R: Nosotros apuntamos líneas maestras, no entramos en detalle. Queremos abrir un debate, hacer pedagogía. En España no se tiene ni idea de lo que es el federalismo. Se le ha dicho a la gente que España ya era federal. Muchísima gente ya se cree que esto es un Estado federal. ¡Incluso se ha llegado a decir que hay más competencias que en muchos estados federales! Se ha creado ese clima, como si ya estuviéramos en un Estado federal. Pues no. Ahora lo primero es crear opinión, incluso organizar un movimiento social en favor de la reforma. Y también hablar con los partidos políticos, con el Gobierno, porque al final son los que tienen que hacer la reforma.

P: Vuelvo al manifiesto. Dice que ha habido un "deficiente reconocimiento de la existencia de comunidades con acusados caracteres propios", en referencia entre otras a Cataluña. ¿Ha habido un "deficiente reconocimiento"?

R: Da la impresión de que sí. Si no, no se montarían los cirios que se montan. Pero, en todo caso, se pueden clarificar más las cosas, ya sea en la Constitución o en los estatutos. Es evidente que hay territorios que quieren que se les reconozca una identidad nacional, al menos desde el punto de vista cultural. En la Constitución se llegó a la calificación de nacionalidades, que, bueno, quiere decir casi lo mismo que nación.

P: ¿"Nación" es ahora un término tabú?

R: No tanto. En el último Estatuto se dice que el Parlamento de Cataluña reconoce una nación y y la Constitución una nacionalidad. Y ahí se queda la cosa. Así que totalmente tabú no es. Es un tema que hay que tratar y discutir. Lo que no se puede decir, evidentemente, es que si eres nación tienes derecho a un Estado propio independiente. Eso no. Pero, ¿que hay naciones culturales? Por supuesto que las hay. Pero culturales.

P: ¿Tiene sentido una reforma constitucional sin reforma de la financiación autonómica?

R: La financiación autonómica es un tema central. Aunque para reformarla no es necesario cambiar la Constitución, somos partidarios de que los criterios básicos de la financiación queden reflejados, como en Alemania. Eso facilita los acuerdos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? El Estado autonómico es tan poco efectivo que estamos pasando a una situación confederal de hecho. Como no existen espacios para discutir las cosas colectivamente, ni cámara territorial ni una Conferencia de Presidentes que funcione, cada comunidad intenta establecer una relación bilateral con el Gobierno para decir "qué hay de lo mío". Si tienes posibilidades de sacar cosas, vas y se las sacas, aprovechando que necesita los votos para una mayoría. Esto es un desastre. No hay visión de conjunto, no hay un espacio donde verlo todo entre todos y razonar dónde tiene que invertirse, quién está mejor, quién peor. Esto crea una situación caótica. El gran desiderátum de los presidentes autonómicos es que los reciba el presidente del Gobierno y salir de la reunión diciendo "el AVE va a llegar a mi territorio" o "me va a dar no sé qué". No puede ser. Estamos llegando a una situación muy, muy, muy mala.

P: El manifiesto sitúa claramente el agravamiento de la crisis territorial en la aprobación de las llamadas "leyes de desconexión" en Cataluña. ¿Es el independentismo responsable de la actual situación o las culpas están repartidas?

R: Los independentistas son responsables de sus actos. De lo que hicieron el 6 y 7 de septiembre [de 2017] se quieren olvidar, porque sólo quieren hablar del 1 de octubre. Pero todo empezó el 6 y 7. El origen de todo el follón monumental es el 6 y 7, no el 1 de octubre [cuyo primer aniversario se conmemora ahora]. Un Parlamento con una mayoría exigua, minoritario en voto popular, se cepilló en una sesión, violando todas las normas de la cámara, la Constitución, el Estatuto y las leyes europeas. Ese es el origen de la crisis. ¿Que ha habido errores anteriores? Claro que los ha habido. Como el tratamiento de la crisis económica, o el tratamiento del Estatuto de autonomía, que fue un desastre. Ha habido errores por parte de gobiernos de España y de Cataluña. Pero nada de eso justifica que un Parlamento se cargue una Constitución y su propio Estatuto, que es su razón de ser.

P: ¿Qué le pasa a la derecha española con el federalismo? ¿Por qué ese rechazo?

R: Mmm, no creo que exista ese rechazo. Soy optimista. Es táctica. El Partido Popular ha llevado en algún programa electoral la reforma del Senado para hacerlo cámara territorial. Luego se ha olvidado y ha pasado a otras posiciones. El acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, que luego no salió porque Podemos votó en contra, llevaba la federalización del sistema territorial. Ahora ya no están ahí, es cierto. Hay oportunismo, mucha táctica, mucha búsqueda de votos. Tenemos una fase electoral por delante y cada uno hace sus cálculos. Pero yo veo con bastante optimismo la posibilidad de una reforma federal. No para dentro de un año, pero sí para la próxima legislatura.

P: ¿Es posible una reforma federal con una batalla en el campo de la derecha en la que PP y Cs van subiendo la apuesta centralista?apuesta centralista

R: Bueno, esas cosas duran o no según el resultado electoral. El otro día la encuesta del CIS decía que el 69 y pico por ciento está a favor de la reforma. Y no creo que piensen en una reforma centralista. Si PP y Ciudadanos compiten por ser cada vez más centralistas cometen un error. Nuestra función es crear un estado de opinión favorable a la reforma, explicar que es positiva. La fortaleza de un Estado depende de dos cosas, la cohesión social y la territorial. El federalismo es positivo para la cohesión. No es para dividir ni para disgregar, todo lo contrario. El federalismo es para hacernos más fuertes, unidos y solidarios. Con pluralismo y mayor participación de distintas comunidades políticas. Eso sí, con lealtad institucional. Que nadie piense que esto [una reforma federal] sería la desintegración, como en la Primera República. Todo lo contrario. Los Estados federales como Alemania, Estados Unidos o Austria son fuertes y sin disgregación de ningún tipo.

P: Usted vivió la Transición. ¿Es posible un acuerdo constitucional similar?

R: No creo que sea acertado hablar de transiciones ahora. La Transición fue una vez y se terminó con Constitución.

P: Me refiero a que reformar algo construido con tanto consenso exige un elevado consenso que ahora no existe.un elevado consenso que ahora no existe

R: Es evidente que tiene que haber un acuerdo amplio en el que participen la derecha y la izquierda. No puede haber una reforma de la Constitución de la derecha o de la izquierda. No es posible y no es bueno. Ahora bien, los consensos se construyen. Son un punto de llegada, no de partida. No me vale el argumento, que le he oído al anterior jefe de Gobierno [Mariano Rajoy], de que no puede haber reforma porque no hay consenso. Cuando se hizo la transición desde la dictadura, la derecha no quería la democracia. Y al final llegó. Así que hay que presionar, generar los estados de opinión que hagan posible la reforma. Eso hay que trabajarlo, claro. Hoy, viendo el panorama, me dicen: "¡Pero si es imposible! ¡Si están siempre a la gresca!". Pero las cosas cambian. Tenemos que hacer que sea necesario que las cosas cambien.

P: ¿Es posible un federalismo con Corona? ¿No se adapta mejor el Estado federal a la fórmula republicana?

R: Para mí es un tema secundario. Plantear ahora la república dificulta la reforma federal, es complicar las cosas. El federalismo puede ir con monarquía o república. Ahí está Bélgica. Creo que mezclar el tema de la monarquía con el federalismo lo hace todo más difícil. No creo que hoy en el país haya una corriente poderosa diciendo "queremos la república". Me parece que mezclar las dos cosas sería equivocarse.

P: ¿Los presos preventivos secesionistas deben salir?

R: Deben decidirlo los jueces. Yo soy cauto. Soy abogado, he practicado la abogacía muchos años y he aprendido que es muy aventurado opinar sobre los procesos si no has leídos lo sumarios, porque la información que tienen los jueces no la tengo yo. Eso desde el punto de vista jurídico. Si hablo como político, hubiera preferido que no hubieran entrado en la cárcel. Creo que se ha convertido en un arma para el secesionismo. Lo que ha hecho es unirlos y darles un motivo de movilización y protesta. Hubiera preferido, desde un punto de vista político, que no hubieran ido a la cárcel. No que los saquen ahora, sino que no hubieran ido. Pero, reitero, eso es un juicio político. No es que piense que deben estar o no, porque no lo sé. Lo evidente es que no ha facilitado las cosas y les ha dado [a los independentistas] un arma importantísima fuera de España para hacer un campaña contando que aquí hay presos políticos y exiliados. Presos políticos hubo durante la dictadura, no ahora. Y no son exiliados, son prófugos.

P: Al igual que políticamente podría facilitar las cosas que los presos estuvieran en prisión, ¿las facilitaría el regreso de Carles Puigdemont y el resto de políticos fugados? ¿Cree que deberían volver?

R: Deberían asumir sus responsabilidades y someterse a la justicia. El que ellos se fuguen ha perjudicado a los que están en la cárcel, porque se alega peligro de fuga. No ha sido la actitud más honorable.

P: ¿Es usted partidario de un referéndum de independencia en Cataluña?un referéndum de independencia en Cataluña

R: No, no soy partidario. Soy totalmente contrario. Primero, porque es ilegal. No cabe un referéndum. El derecho a la autodeterminación no existe. Es todo un engaño y una mentira. Lo han envuelto en el derecho a decidir, porque suena mejor. Pero sólo se da en situaciones coloniales, de opresión. Ni en España ni en ningún país de Europa existe. Tampoco en Reino Unido. Lo digo porque se utiliza el caso de Escocia como ejemplo. Es mentira. Escocia hace un referéndum porque el Parlamento inglés se lo permite. Si fuera su derecho, no habrían pedido permiso. No tenían derecho a hacerlo. Pidieron permiso a Camaron, al que le interesaba y se lo dio. Pero no existe ese derecho.

P: ¿Usted sería partidario de que el Congreso autorizase un referéndum? Es una fórmula de difícil encaje, porque requeriría cambiar la Constitución.

R: ¡Es que no puede autorizarlo! Tendría que ser otra Constitución. Y ahí tendría que votar todo el pueblo español para reconocer otras soberanías. En España, con la Constitución actual, no es posible un referéndum para decidir si un territorio se separa o no. No es posible. Hay quien dice que basándose en el artículo 92 podría hacerse un referéndum no vinculante legal y pactado. Es mentira. No sería legal ni pactado. No es legal porque no lo permite a Constitución, y no es pactado porque no se pacta nada, la pregunta es si se quieren ir o no.

P: ¿Le ha faltado al presidente Pedro Sánchez claridad a este respecto en sus declaraciones en Canadá?declaraciones en Canadá

R: Las declaraciones del presidente tienen dos partes. Dice que Canadá puede ser ejemplo por la búsqueda de solución política. Pero no a través de un referéndum, sino dentro del marco de la Constitución. Pues bien, dentro del marco de la Constitución no cabe de ninguna manera un referéndum para ver si un territorio se quiere ir o no. Habría que reformar la Constitución entera. Sería otra Constitución. No hay que crearle a la gente falsas expectativas. En España no se puede hacer un referéndum sobre si una parte del territorio se quiere desgajar o no. No existe. Tampoco existe en Europa.

P: Dice que sería necesaria "otra Constitución". ¿Por qué?

R: Porque en el momento en que un territorio puede decir si se va le reconoces la soberanía. Y el eje de la Constitución es que la soberanía reside en el pueblo español. Sería un proceso constituyente. El artículo que se coge como elemento para decir que se pueden hacer referéndums consultivos en asuntos políticos de trascendencia no está pensado para eso. No hay más que leerse los debates constitucionales, los que hemos estado ahí lo sabemos. Ese artículo no está pensado para ver si un territorio se quiere ir o no, está pensado por ejemplo para el referéndum de la OTAN y decisiones así. Y hay otra cosa que no se ha dicho. ¿Por qué es democrático que un parte de un país decida sobre una cuestión que afecta al conjunto? La independencia de Cataluña afecta a todo el Estado. Se dice que lo más democrático del mundo no es votar. Depende de qué se vote y cómo. ¿Que los ciudadanos de Huelva votaran que ya no pagan impuestos sería democrático? Esa frase de "no nos dejan votar"... No los dejan votar sólo a ellos porque es un tema que afecta a otros.

P: Frente al relato independentista, ¿ha habido una incomparecencia del Gobierno central?

R: Totalmente. Ha habido una dejación completa. No se han dado argumentos, no se ha dado la batalla. El derecho a decidir, por ejemplo. Decidir es transitivo. ¿Decidir qué? Pues se ha vendido como un dogma. "¡Oye, que no nos dejan decidir!".

P: Pero, ¿qué hacer si en Cataluña una gran mayoría demanda un referéndum?

R: ¿Y en Asturias? ¿Y en Andalucía? Todo el mundo quiere decidir.

P: ¿Hasta qué punto se puede invocar el marco institucional existente si una mayoría clara en un territorio quisiera cambiarlo?

R: Lo que tenemos que hacer es explica cómo seguimos juntos, no cómo separarnos. Es fácil decirle a la ciudadanía en Cataluña y donde sea: "¿Usted quiere decidir cómo quiere estar en España?". Pero eso hay que decidirlo entre todos. El mayor disparate es decir que cada territorio debe poder decidir cómo quiere relacionarse con el Estado. ¡Menuda catástrofe! Ahora uno quiere ser confederal, otro federal, otro unitario... Crearíamos un monstruo. Es absurdo. No se sostiene. Pero se convence a la gente. ¿Tú quieres decidir? Pues claro... Ante eso hay que hacer cosas inteligentes para convencer a una parte del independentismo, no a toda, de que es mejor estar en España y en Europa. Que es mucho mejor un régimen de tipo federal, con cosas comunes como exterior, defensa, seguridad, la caja única de la seguridad social. Hay que librar esa batalla.

P: En un contexto de creciente ruido y furia, en el que se abre paso una cultura de la llamada "posverdad", ¿es más difícil que nunca que se abra paso una propuesta matizada como la federal? creciente ruido y furia

P: Probablemente, pero hay que intentar explicarlo de manera sencilla. La complejidad no es enemiga de la claridad, sino del reduccionismo. En mi último libro [La manipulación de lenguaje, 2018, Espasa], intento modestamente desmontar falsedades, engaños y mentiras sobre múltiples cuestiones sociales, políticas y económicas. Se utiliza el lenguaje para engañar. Todos los días, a todas horas. Es un arma poderosísima, donde se pierden y ganan las batallas. Se han utilizado muchos conceptos engañosos, como "crecimiento negativo", "izquierda abertzale", "derecho a decidir" o "España nos roba". Y aparece todos los días en los medios. Hay que limpiar el lenguaje.  

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el hecho de "que haya políticos presos no ayuda en un proyecto de normalización, de concordia", informa Europa Press.

"Son elementos que se deberían superar", ha dicho Ábalos en una entrevista al programa Preguntes freqüents de TV3, que a su vez ha subrayado la responsabilidad y consecuencias a las que se enfrentaban los líderes soberanistas.

"Creo que no les pilló por sorpresa. Creo que son responsables. Eran conscientes, por tanto, de la situación en que estaban, la que se encontrarían. Lo continúan siendo. De algunas de sus manifestaciones se desprende la asunción de esta responsabilidad", ha dicho.

El ministro también defendió "perfeccionar el autogobierno" catalán, y dotar a la comunidad de un nuevo Estatut. "Es importante que la sociedad catalana encuentre un punto de encuentro, de convergencia. Y a nosotros nos parece que ese entendimiento es perfeccionar el autogobierno", dijo Ábalos.

Un nuevo Estatut

Preguntado por la propuesta de referéndum sobre el autogobierno propuesto por el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de la posibilidad de dialogar un nuevo Estatut: "Ahora Cataluña adolece de un Estatut compartido y ratificado", tras los recortes del TC, ha dicho.

"Seguramente, no satisfaría a ninguna de las partes, pero lo que tenemos que encontrar es un punto de convergencia, porque lo importante es mantener la convivencia democrática", ha destacado Ábalos, que ha subrayado el empeño del Gobierno central de normalizar la situación, reconducirla y practicar un diálogo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este martes hacer una "reforma en paralelo" del Estatuto y la Constitución, sobre la propuesta de un referéndum para el autogobierno en Catalunya que hizo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado en una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si teme recortes como los que hizo el Tribunal Constitucional en el Estatuto de 2006, ante lo que ha afirmado que cree que en la Carta Magna cabe más autogobierno para Catalunya, pero sería positivo hacer esta reforma paralela.

"La Constitución hará este año 40 años, y se han hecho un par de reformas muy pequeñitas, pero no una revisión" de lo que se creó como una puesta en marcha del sistema autonómico, ha afirmado, y ha reconocido que antes es necesario que haya acuerdo.

Ha afirmado que el referéndum tiene que ser sobre autogobierno, porque "un referéndum sobre la independencia no solucionaría". A su juicio, "dividiría" la sociedad catalana entre vencedores y vencidos.

"Si los catalanes quisieran ruptura, ya la tendríamos. Ya habríamos tenido en una mayoría de más del 50%" en las elecciones anteriores, ha observado, y ha añadido que los independentistas carecen en el Parlament de los dos tercios necesarios para acordar grandes cambios.

"Hay que descartar las vías unilaterales, que ya se ha visto que llevan al desastre", ha dicho, y ha defendido la propuesta de Sánchez de un nuevo acuerdo sobre autogobierno y proponerlo a votación, sobre el que cree que debería hablarse primero entre las fuerzas políticas catalanas, y buscar mayorías.

Iceta ha defendido que la propuesta de un nuevo Estatuto incluirá "el reconocimiento de la realidad nacional catalana y los derechos históricos"; cómo se reparten las competencias y cómo las puede desplegar la Generalitat; que el sistema de financiación sea equitativo, y cómo participa Cataluña en el diseño de las políticas estatales.

Que Torra "no cierre la puerta al diálogo"

Sobre la conferencia que dará la tarde de este martes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Teatre Nacional de Catalunya, Miquel Iceta ha explicado que en representación del partido asistirá la diputada Eva Granados, y ha lamentado que se haga en el teatro: "Lo normal es que lo haga en el Parlament y podamos discutir entre todos".

Al ser preguntado por la estrategia que planteará Torra, el secretario del PSC ha pedido "que no cierre la puerta al diálogo", y ha afirmado que no cree que sea saltarse la ley porque sería repetir un error que ha tenido costes muy elevados, en sus palabras.

Sobre la próxima reunión entre Sánchez y Torra, ha afirmado que le gustaría que se avanzara en "acuerdos concretos", que en su opinión podrían ser sobre las leyes catalanas actualmente impugnadas, puntos del Estatuto no desarrollados, temas de inversión y financiación, y propuestas de las que presentó el expresidente Carles Puigdemont al anterior jefe del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Con respecto a los lazos amarillos, Iceta ha manifestado que no es partidario de sacarlos, aunque tampoco de que solo haya espacio para una opinión política, y ha defendido que las instituciones tienen que ser neutrales, además de considerar un "error" la postura de Cs.

El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, rechazó este domingo la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los catalanes voten un nuevo Estatut.

"Lo del Estatut no tiene sentido, forma parte del pasado y no es una solución", criticó en una entrevista de El País recogida por Europa Press.

Jordi Sànchez agradeció al presidente del Gobierno "que haya reconocido el conflicto político" en Cataluña, pero cree que no se solucionará con un nuevo Estatut ni una reforma de la Constitución. De esta forma, el parlamentario sostiene que parte de la sociedad catalana cree que se ha ganado el derecho a la autodeterminación y que "la España autonómica tiene un techo de cristal, no da más de sí".

"¿Qué puede tener de diferente un Estatut respecto al de 2006? Su propuesta de reforma constitucional es poco razonable. Y además: ¿y si sale el no? Yo votaría no, por ejemplo. El conflicto seguiría bloqueado", sentenció.

"Abuso del lenguaje"

Sànchez reconoció que el independentismo cometió el error de caer en "un abuso del lenguaje" equiparando el conjunto de la sociedad catalana con los soberanistas Asimismo, afirmó que el referéndum del 1-O "es un mandato político y moral muy grande, pero no legal".

Preguntado por si se arrepiente de algo, tras nueve meses de cárcel, aseguró que no volvería a subirse al coche de la Guardia Civil, como hizo en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía: "Les regalamos un relato", lamenta.

El modelo territorial es, sin duda, uno de los grandes desafíos al que se enfrenta el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró tras el primer consejo de ministros del nuevo gabinete que este es "el principal problema de España". El sábado, en su estreno en Barcelona como ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, dijo que era "urgente y deseable" reformar la Constitución con el objetivo de "superar la crisis institucional". 

Esta posibilidad, no obstante, se antoja complicada. No por nada lleva encima de la mesa desde 2006, precisamente cuando se aprobó el Estatut de Cataluña, cuyo rescate parcial es una de las posibilidades enunciada por el nuevo Ejecutivo como vía para empezar a rebajar la tensión entre Cataluña y el Estado sin esperar a que se pueda abrir el melón constitucional. En muchos entornos se ha vinculado el inicio de la actual crisis del modelo territorial con la sentencia que en 2010 anuló 14 artículos del Estatut y fijó la interpretación que había que dar a otros 23 preceptos y cuatro disposiciones. 

infoLibre explica a continuación qué vías tiene el Gobierno para intentar el rescate de algunos de esos artículos invalidados en 2010: 

01. Reforma de la Constitución. Aunque el tema lleva encima de la mesa desde 2006, cuando el Consejo de Estado publicó –a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– su propia recomendación para renovar el texto, la crisis en Cataluña y los problemas por los que atraviesa el modelo territorial español han disparado en los últimos años las propuestas de reforma constitucional. Entre ellas, las que proponen abordar el papel del Senado, blindar los estatutos de autonomía o incluir las competencias estatales en la Constitución. Los socialistas consideran que es "urgente, viable y deseable" explorar un modelo federal que permita combinar más autogobierno y un mejor reconocimiento de la realidad plurinacional con el respeto a la unidad de España y a la igualdad de derechos de toda la ciudadanía.

Esta es, no obstante, la vía más ambiciosa y complicada, pues requiere una mayoría de tres quintos del Congreso (210) y el Senado (160) y los números no salen sin el apoyo del PP que, por el momento, no se ha mostrado dispuesto a abordar esta cuestión. El pasado septiembre se puso en marcha, a instancias del PSOE, la comisión sobre el Estado autonómico con el objetivo de hablar de una reforma constitucional, si bien actualmente se encuentra paralizada. De hecho, Ciudadanos, la cuarta fuerza político, la abandonó en marzo y Podemos nunca llegó a participar. 

02. Transformación del Estatut. Otra posibilidad es modificar lo que quedó del Estatut tras la sentencia de 2010 para incluir artículos similares que están recogidos en otros estatutos autonómicos, especialmente el de Andalucía, y que no han sido anulados. Aunque esta situación pueda parecer incoherente desde el punto de vista político, es consecuencia del efecto jurídico de las sentencias, que no puede extenderse sobre normas no impugnadas. 

Por ejemplo, en la sentencia de 2010 el TC anuló prácticamente todo lo relativo al Consejo de Justicia de Cataluña, al que Estatut consideraba un órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que en Andalucía sigue vigente el Consejo de Justicia como "órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía". Otro de los artículos que invalidó –y que sigue en vigor en Andalucía– es el relativo a la regulación de las cajas de ahorro.

Eso sí, una hipotética reforma en este sentido tendría que ser aprobada de nuevo por el Parlament y por las Cortes Generales y ratificada en las urnas a través de un referéndum. En la consulta del texto aprobado en 2016, el sí logró el 73,9% de los apoyos, aunque hubo una abstención del 50,6%.

03. Aprobación de leyes orgánicas paralelas. Según las declaraciones públicas de la ministra Batet en los últimos días, la opción preferida por el Gobierno es promover la aprobación en el Congreso de leyes que rescaten partes del Estatut. Y es que en su sentencia, el TC constató que había artículos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales por cuestiones de forma, no de fondo. Es decir, que no fueron anulados por contravenir la Carta Magna si no porque no era ésta el tipo de norma apta para regularlos. En consecuencia, hay medidas que sería factible adoptar reformando leyes de ámbito estatal ya existentes o aprobando algunas nuevas. 

En la Declaración de Barcelona [consultar, aquí], un texto aprobado en julio del año pasado por las ejecutivas del PSOE y del PSC, los socialistas ya preveían utilizar este mecanismo. Por ejemplo, proponían reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar las previsiones sobre el citado Consejo de Justicia de Cataluña y configurarlo como una instancia desconcentrada del propio CGPJ. O promover una proposición de ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España con el objetivo de atenuar "la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y su historia". 

Otra propuesta era reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales. O aprobar una nueva normativa para las entidades locales que reconozca la institución local de las veguerías como entidad distinta de la provincia. 

En todo caso, resulta relevante recordar que después de que el TC publicara la sentencia el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también se comprometió a salvar "por vías legislativas" algunos de los aspectos recortados por el alto tribunal. Sin embargo, a pesar de que los socialistas estuvieron en la Moncloa hasta noviembre de 2011, no dieron ningún paso en este sentido. Además, estas reformas necesitarían contar con una mayoría en el Congreso, que en el caso de tratarse de leyes orgánicas, tendría que ser absoluta y contar, en consecuencia, con el respaldo de 176 parlamentarios. 

04. Delegación de competencias. En último lugar, está la posibilidad de utilizar la vía que abre el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar o transferir materias a las comunidades autónomas a través de leyes orgánicas. En este caso, la ley resultante debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado, lo que puede aliviar las críticas de los más recelosos de la descentralización. En todo caso, se trata de una decisión que deben tomar las Cortes Generales, cuyos miembros tienen que refrendar también con mayoría absoluta. 

Por ejemplo, en los años noventa, a través de este artículo, el Estado transfirió a Generalitat la competencia sobre la policía de tráfico. Esta técnica también fue utilizada en 1982 para compensar a Canarias y la Comunitat Valenciana por el menor techo competencial que les había correspondido estatutariamente en comparación precisamente con Cataluña, pero también con el País Vasco, Galicia y Andalucía. 

Utilizando esta previsión constitucional, la Declaración de Barcelona incluía la posibilidad de culminar el traspaso de transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como ejecutar la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ve posible que, si se reforma la Constitución, pueda haber un acercamiento al Estatut catalán que fue recortado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010, si bien rebate la idea de que ese recorte esté en el origen del aumento del independentismo catalán.

En una entrevista al diario francés Le Figaro, recogida por Europa Press, Dastis afirma que si los independentistas ganan en las elecciones del 21-D, lo que puede hacer el Gobierno es "volver a ofrecer posibilidades de diálogo para encontrar un arreglo que haga coincidir las aspiraciones de los catalanes a una mayor autonomía, e incluso se puede pensar en una modificación de la Constitución".

En este punto, señala que "algunos hablan de la idea de ir hacia un modelo federal para dar más autonomía a las regiones, también financiera" y añade: "Si se modifica la Constitución puede ser que nos pudiéramos acercar al Estatuto de 2010".

No obstante, también cree que "se exagera" cuando se dice que en la decisión del TC sobre el Estatut está el origen del auge independentista, porque se recortaron "nueve artículos de un total de más de doscientos".

Para el ministro, el "origen de esta huida hacia adelante" de la Generalitat está más bien en la crisis económica, los recortes presupuestarios de 2012 y los casos de corrupción de CiU. En su opinión, es evidente que el entonces presidente catalán, Artur Mas, decidió "hacer de un problema económico un problema nacionalista".

Si se reforma la Constitución, prosigue, es posible que se haga un referéndum —es obligatorio si se reforman algunas partes—, pero "es un asunto sobre el que deben pronunciarse todos los españoles", y no puede ser que "una parte decida por todos". "Esto es así tanto para la modificación de la Constitución como para el futuro de Cataluña", añade.

También dice que, si los independentistas vuelven a ganar las próximas elecciones autonómicas, habrá que "hablar con ese Parlamento" y confiar en que haga lo que debe hacer, respetar la ley y no desafiarla. "Espero que haya diálogo, hemos ofrecido numerosas ocasiones de dialogar", ha insistido.

El ministro reconoce que si el president cesado Carles Puigdemont fuese arrestado eso podría agravar aún más la crisis política, pero añade que "el Gobierno no manda en la Justicia". Y añade que es una posibilidad que Puigdemont sea candidato en las elecciones, cosa que "depende de su partido", pero añade que si se dicta una orden de arresto contra él "será más complicado".

Dastis admite que, en esta crisis, los españoles no han sido capaces de encontrar una solución que acomode a todo el mundo pero, preguntado si el Gobierno o el PP admiten algún error, opina más bien que el primer error fue "intentar excluir al PP de cualquier posibilidad de acuerdo".

"En parte, el populismo español es el nacionalismo"

Además, opina que, en parte, el "populismo" español es el nacionalismo: "Tenemos la suerte de no tener partidos xenófobos o racistas, pero el nacionalismo tiene las mismas raíces que el populismo por ejemplo aquí, en Francia".

En la entrevista, realizada este jueves en París, reconoce que le sorprendió "un poco" que Puigdemont decidiera marcharse a Bélgica, aunque añade que "con el señor Puigdemont la capacidad de sorpresa está siempre ahí, porque hace cosas que son imprevisibles" y que él no es experto en "psicología o psiquiatría".

El ministro dice que hubo responsables de la Generalitat que se quedaron en España sin que hubiera "tensiones" —a última hora del jueves la juez acordó su ingreso en prisión— y opina que la marcha de Puigdemont tuvo que ver con "internacionalizar lo que él llama el conflicto".

Eso sí, también recalca que la posición "de retirada" que ha mantenido la UE "es la buena", porque aunque en "algunos rincones de Europa" haya "una especie de simpatía romántica hacia los deseos de independencia de Cataluña, la realidad es que la UE es sobre todo una comunidad de derecho" con valores que han sido desafiados por los independentistas: "la democracia y el Estado de Derecho han sido ultrajados por el señor Puigdemont y quienes le apoyan".

En todo caso, asegura que no teme "una crisis con Bélgica", toda vez que el primer ministro, Charles Michel, ha dejado claro que se le tratará como "a cualquier ciudadano europeo", que el país tiene sus procedimientos y que desde 2001 existe la orden europea de detención y entrega.

Eso sí, admite que "es verdad que la posición de Bélgica en materia de asilo y su experiencia con otros casos de extradición de políticos haya podido hacer pensar a Puigdemont que iba a ser mejor recibido que en otros países europeos".

Quizás Mariano Rajoy sueñe con quedar en la historia política reciente como el hombre que salvó la unidad de España. Quizás Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sueñen con pasar a la historia como los grandes héroes de la independencia de Cataluña, y para ello estén incluso dispuestos a vivir un tiempo entre rejas. A uno le gustaría que los citados fueran conocidos por sus obras, y su obra principal consiste en habernos conducido a un domingo negro en el que el mundo entero verá grandes colas de ciudadanos que quieren votar y miles de policías que lo impiden. Que a partir del día 2 se abra alguna esperanza para abordar el conflicto desde el diálogo pasa probablemente por unos interlocutores distintos, capaces de darse el tiempo suficiente para que amaine la tempestad y sobre todo dispuestos a iniciar ese diálogo sin maximalismos condenados al fracaso.

Lo que ocurra, en cualquier caso, a partir del día 2 dependerá sobre todo de que este “domingo negro” no pueda ser recordado como un domingo violento. Porque entonces la tempestad no amainará.

El Gobierno considera que la ley aprobada ayer por el Parlament para celebrar un referéndum secesionista el 1 de octubre y los decretos firmados por la Generalitat para convocarlo vulneran ocho artículos de la Constitución española y tres del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Así consta en las propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros que el Ejecutivo envió al Consejo de Estado para recabar su dictamen antes de aprobar las impugnaciones, que aparecen recogidas en los textos del órgano consultivo.

Se trata de los artículos 1, 2, 9.1, 23, 81, 92.3, 149.1.32ª y 168 de la Carta Magna y los 1 artículos 1, 2.4, y 3.2 del Estatut. En opinión del Gobierno, va contra todos ellos la ley del referéndum, pero también lo hacen los decretos de la Generalitat de convocatoria y organización del referéndum y la resolución del Parlament para nombrar a cinco síndicos electorales.

Así, aunque el texto definitivo puede sufrir cambios, el Ejecutivo basa el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum en que vulnera el artículo 1 de la Constitución española, en concreto los apartados 1.1 y 1.3 (soberanía del pueblo español y monarquía parlamentaria como forma de Estado), y el artículo 2, que consagra la unidad de la nación española.

También considera vulnerado el artículo 9.1, sobre la primacía de la Constitución; el 168, sobre el procedimiento de reforma constitucional, todo ello desde el punto de vista sustantivo.

Desde el punto de vista competencial, el Ejecutivo ve atacado el artículo 149.1.32ª, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, en relación con los artículos 23.1 (derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos), 81 (elaboración de leyes orgánicas) y 92.3 (ley orgánica de las modalidades de referendos).

También considera vulnerado el artículo 23, sobre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, por la forma en la que se aprobó la ley en el Parlament.

En cuanto al 'Estatut', el Ejecutivo invoca la infracción de los artículos 1, 2.4 y 3.2, que señalan que Cataluña ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución y el propio Estatuto y que tiene en el Estado español su "espacio político y geográfico de referencia", con los valores, principios y obligaciones derivados de ello.

Junto a los artículos de Constitución y Estatuto, la propuesta que el Gobierno envió al Consejo de Estado argumenta que el derecho de autodeterminación de los pueblos reconocido por el derecho internacional no otorga a Cataluña un derecho de secesión y menciona precedentes de la jurisprudencia norteamericana, canadiense, alemana e italiana. También destaca que la regulación contenida en la Ley incumple los estándares del Código de Buenas Prácticas sobre Referendos, adoptado el 16 de diciembre de 2006 por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

De esa autoafirmación parte la Llei del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya que, según su artículo 3.2. prevalece jerárquicamente sobre todas las demás que pudieran entrar en conflicto con ella. Prevalecería, pues, sobre el Estatut d'autonomia de Catalunya y sobre la Constitución Española que jurídicamente son las leyes que dan legitimidad al Parlament y al Govern.

Quizá por eso, la Llei no se ha presentado en el hemiciclo del Parlament, sino en el Teatre Nacional de Catalunya y en el Anfiteatro del Parlament, como si de hecho fuera ley lo que, por ahora, no es más que un texto titulado Llei del referèndum etc. que no ha sido formalmente presentado, tramitado ni aprobado.

En cualquier Estado de Derecho la ordenación del sistema se realiza, entre otros, a través de dos principios: el de jerarquía normativa y el de competencia. El primero ordena jerárquicamente las normas desde la Constitución, que es la norma suprema, hasta los reglamentos, de manera que las de rango inferior no pueden contravenir a las de rango superior. El segundo establece qué organismo tiene competencia para legislar los distintos tipos de normas. Un Ayuntamiento, por ejemplo, no tiene competencia para elaborar y aprobar leyes orgánicas, que son competencia exclusiva de las Cortes. Si una norma legal incumple cualquiera de estos principios no es jurídicamente válida.

La pretendida máxima prevalencia de la Llei de Referèndum, como si fuese una Constitución de hecho que derogase el Estatut, contraviene ambos principios.

Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre

Tal vez seamos una base de reciclaje de lo chungo.

Durante generaciones la derecha de este país cuyo nombre no pronuncio porque llevo de luto mucho tiempo, concretamente desde que he comprobado por reiteración la catadura de una masa votante que elige a ladrones a sabiendas, la derecha, decía, se siente orgullosa de que su patria sea diferente. La reserva moral de Occidente. Así la definían los que carecían de ella y explotaron en exclusiva el privilegio que otorgaba el poder de las armas para saquear las arcas del Estado. Este ha sido un país muy desgraciado, castigado por la rapiña y la crueldad de la clase dirigente, siempre asociada a una burguesía cateta, inculta y despiadada, que legitimada por la bendición dominical que otorga la jerarquía eclesiástica, se encuentra a sus anchas rebozándose en el barro.

Ahora surge un movimiento independentista en Cataluña producto de la negación por parte de esa derecha cerril de una reforma del Estatuto de autonomía, de un encaje mejor en las estructuras del Estado, y gritan los inmovilistas reaccionarios que se imponga la ley.

No fue la negación de la derecha cerril sino una sentencia del Tribunal Constitucional la que tumbó dicha reforma, dirán los amigos de los matices y la precisión en el lenguaje, que no son tan minuciosos a la hora de analizar cómo se forma ese tribunal, cómo se imponen los nombramientos, cómo se sabotean los procedimientos de renovación, y cómo se hacen pactos en la oscuridad para colocar a elementos afines. Algunos dirán que no se puede dudar de la independencia de los magistrados. Están en su derecho, como yo en el mío al afirmar que es precisamente esa lucha contra la independencia de los miembros del tribunal la que hace tan complicada la renovación de sus miembros y enconada la lucha por imponer un nombre. ¿A qué vendrían esas peleas que en ocasiones han durado años si la elección de un magistrado u otro fuera intrascendente?

De hecho, para los minuciosos, diré que se ha llegado a nombrar presidente del Tribunal Constitucional a un juez que era militante del Partido Popular, matiz que ocultó a los senadores que componen el filtro de acceso, para recordarles que a diferencia de otros partidos, en los estatutos del PP se hace de obligado cumplimiento seguir las directrices que marca la cúpula de dicho partido.

El caso de la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Estatuto fue el paradigma de la importancia que tiene la composición del tribunal para los que ganan cuando obtienen la victoria en las urnas, y también cuando los votos no les llegan para gobernar. Recordemos que dicha reforma fue votada en el Parlament catalán con 120 votos a favor y solo 15 en contra (los del PP). El PP inició una serie de recursos ante el Constitucional para evitar que se tramitara en el Congreso de los Diputados esta reforma. Mariano Rajoy se echó al monte, cual perroflauta podemita, e inició en Cádiz una recogida de firmas para que la reforma se votara en referéndum en todo el Estado español. Ahí le tenéis, luchando por el referéndum de la cuestión catalana, pero del otro lado. Esa es la diferencia entre legalidad e ilegalidad.

A pesar de todo, el nuevo Estatut se aprobó por mayoría, con algunas correcciones, tanto en el Congreso como en el Senado. Se devolvió a Cataluña, donde fue sometido a referéndum y salió con un voto favorable del 73,9% (aunque la abstención fue del 50,58. El personal prefirió ir a la playa).

El tema catalán estaba encauzado de cara a los que quieren que Cataluña se quede en España, pero había que sacar votos de los “españoles de verdad” a costa de esta región poco afecta a los principios de la Unidad Nacional, y que tan rácana es a la hora de compartir su voto con la derecha españolista de toda la vida. Se inició de nuevo una campaña para sacar rédito de esta defensa de la unidad de la patria en el resto del Estado a costa de los catalanes, dejando vendidos a los que desde allí apostaban por permanecer dentro.

Optaron por la vía de la supresión del Estatut a través del Tribunal Constitucional, pero antes había que garantizarse la mayoría de los votos de sus ponentes. Así, tras una guerra de recusaciones (¿acaso se sospechaba que algunos de los magistrados no eran independientes?), de la que salió despedido Pablo Pérez Tremps (un voto menos), la reforma quedó declarada en parte anticonstitucional tras seis ponencias de sentencia desestimadas. Parecía imposible dar contento de forma unánime a sus señorías.

Este suceso es el paradigma de cómo se puede abolir la que creen los ciudadanos que es la más alta institución en cualquier democracia, el Parlamento que sale de las urnas. El Tribunal Constitucional echó por tierra una norma meramente política aprobada por el Parlamento, el Senado, el Parlament catalán y un referéndum. Es difícil encontrar una expresión popular que cuente con mayor legitimidad democrática. Pues bien, sucedió.

Doce hombres justos se imponen a la voluntad de millones de votantes, la mayoría, si su responsabilidad se lo exige.

El Tribunal Constitucional se orquesta como una supraestructura que puede, y de hecho lo hace, imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las diferentes elecciones.

¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene quién compone este tribunal?

¿Entendemos la trascendencia que tiene que el PSOE haya vuelto a conceder la mayoría de la composición, hace apenas un par de meses, a los llamados conservadores?

¿Podría pensarse que los miembros del tribunal operan al servicio de aquellos que les nombran?

Bueno, pensar es libre, pero habría que matizar, de nuevo los matices, que no necesariamente. Eso sí, nadie explica, vuelvo a insistir, a qué viene esta pelea encarnizada por colocar a los suyos, si es intrascendente. Como somos tontos, nos abstenemos de sacar conclusiones, miramos para otro lado, y a vivir que son dos días en esta balsa democrática que nos proporciona la tutela del Estado de derecho.

Ahora pagamos las consecuencias de pisotear la voluntad del pueblo catalán al que desde la política de la derecha y los medios que maneja, incluidos los públicos, se humilla de forma sistemática.

Se exige que se imponga la ley.

¿Qué ley? ¿La que fabrica Fernández Díaz en su despacho en comandita con fiscales para perseguir desde los tribunales a los rivales políticos? ¿La que se pisotea en nuestras fronteras a diario en algunos casos con resultado de muerte? ¿La que amenaza y extorsiona a los servidores de la Justicia sin que la autoridad intervenga? ¿La que sanciona y traslada a los miembros de la judicatura que persiguen la corrupción? ¿La que indulta a los corruptos por decisiones del Consejo de Ministros pisoteando las sentencias de los tribunales? ¿La que nombra para los altos cargos de la judicatura, en algún caso saltándose hasta 1.300 puestos del escalafón, a colegas fiables? ¿La que destruye pruebas para evitar que se haga justicia? ¿La que compensa con cargos en las instituciones y embajadas a los que han sido apartados por corruptos? ¿La que se niega a entregar desde los diferentes ministerios y gobiernos autonómicos la documentación requerida por los jueces? ¿Esa misma ley que se pisotea a diario y hoy, dicen, se hace imprescindible su imposición para la convivencia?

No. Es tarde para que aquellos que intentan poner la ley a su servicio, con mayor o menor fortuna, den gritos a favor de la Justicia para reivindicar el Estado de derecho. En un país donde estas cosas funcionaran, nuestro actual presidente del Gobierno no habría podido ser elegido y su partido se habría disuelto por imperativo legal. Algo parecido a lo que le ha pasado a CiU.

En un proceso de retroalimentación, donde el poder judicial debería controlar al legislativo, se está dando, o ése es el intento descarado, lo contrario. Es un proceso de ida y vuelta. El poder legislativo intenta controlar al judicial para, una vez resuelto ese presunto inconveniente, encargar al poder judicial que, ahora sí, controle al legislativo. O sea, a los otros.

Estamos sumidos en ese bache del que no salimos así pasen los años, donde la división de poderes se convierte en una lucha permanente por la sumisión de poderes.

El partido del Gobierno con ochocientos imputados –sí, los llamaré como me dé la gana, no me gusta “investigados”, investigados somos todos, también los decentes–, a pesar de esa masa delincuente, es un partido de orden, el que dice representar mejor que nadie la Constitución.

Veremos cómo se desarrolla este embrollo en el que nos han metido, pero tiene mala pinta mientras los que eluden la ley a golpe de decreto, traslado, destitución, acotamiento de los periodos de instrucción o asfixia presupuestaria para el normal funcionamiento de las instituciones, se empeñen en esgrimirla como argumento irrefutable, como arma de uso exclusivo para derrocar a los adversarios.

Así funcionan las tiranías, no las democracias, pero parece que hay un gen por ahí que algunos portan de generación en generación y del que no se deshacen porque, la verdad, no les va tan mal.

La cabra tira al monte, el escorpión pica a la rana y los refugiados que huyen para no morir entre las bombas serán expuestos ante la opinión pública como potenciales terroristas por este nuevo orden que ya no se llama fascismo sino libre mercado neoliberal.

Todo es parte de lo mismo.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que las críticas del expresidente José María Aznar relativas a la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Cataluña "no son ni mucho menos compartidas" y ha recordado que FAES "ya no forma parte del PP".

Así se ha pronunciado después de que FAES haya cargado duramente contra la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por haber cuestionado la actuación del PP en la reforma del Estatut catalán.

Según la fundación de Aznar, el Ejecutivo de Rajoy está asumiendo el "relato" político de sus adversarios en varios asuntos, incluido el de Cataluña.

Martínez-Maillo ha señalado que el Gobierno está "actuando correctamente" con Cataluña y ha añadido que la vicepresidenta ha ofrecido diálogo intentado "acercar posturas en beneficio de lo que es importante, que son los catalanes".

Sus palabras no son "ni mucho menos compartidas"

El "número tres" del PP, que ha asistido al acto de entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2016 al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha subrayado que es "evidente" que la postura del PP "no ha cambiado en lo que es fundamental", que es la unidad de España y la igualdad de los españoles.

En este sentido, Maillo ha recalcado que eso forma parte de los "principios fundamentales" del PP que se seguirán manteniendo en la Ponencia Política y de Estatutos que se debatirá en el XVIII Congreso Nacional que se celebra en Madrid entre los días 10 y 12 de febrero.

Dicho esto, el dirigente del PP ha dicho que las críticas que ha realizado FAES se hacen "desde fuera del partido", dado que la fundación de Aznar "ya no forma parte del Partido Popular". Por eso, ha insistido en que sus declaraciones "no son ni mucho menos compartidas" y ha reiterado su "apoyo" a la vicepresidenta del Gobierno.

El pasado 3 de octubre, el PP y FAES emitieron un comunicado anunciado que la fundación se desvinculaba del partido, renunciando así a las subvenciones públicas que percibía hasta ahora como fundación vinculada al Partido Popular.

Charla entre Santamaría y Maillo en el Congreso

Precisamente, Martínez-Maillo y la vicepresidenta han conversado este miércoles durante más de quince minutos en una de las dependencias del Congreso, una imagen que han podido captar los fotógrafos.

Está previsto que la "número dos" del Ejecutivo participe el sábado en Barcelona en un acto del PP sobre la Ponencia Económica y de Administraciones Territoriales que el partido llevará a su cónclave de febrero.

La fundación FAES, que preside José María Aznar y que recientemente selló su "divorcio" con el PP, ha criticado este martes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que cuestione la actuación que realizó el PP recogiendo firmas en 2006 contra el Estatut de Cataluña, algo que, a su juicio, evidencia "de nuevo" esa tendencia en el partido a "asumir el relato" de sus adversarios políticos, según ha informado Europa Press.

Así se ha pronunciado la fundación en un análisis tituladoPara firmas, las del Tinnel, un día después de que la vicepresidenta admitiera en una entrevista en Cope que "fue un error" que PP y PSOE no trabajasen "previamente para llegar a un acuerdo" en el Estatut de Cataluña en lugar de "proceder unilateralmente unos y otros".

Según FAES, ante la pregunta concreta de si el PP cometió un error al recoger firmas contra el Estatut, Santamaría contestó con "un conciliador reparto de responsabilidades, indicando que el error de PP y PSOE fue no ponerse de acuerdo previamente sobre el nuevo Estatuto".

En opinión de la fundación, esa "buena idea" de apurar las posibilidades de diálogo en Cataluña "no debería llevarse al extremo de prescindir de una historia reciente en detrimento de las posiciones que el PP adoptó en su compromiso con la Constitución y de la movilización de sus militantes". Ese compromiso, recuerda, incluyó en su día la acción ante el Tribunal Constitucional frente a un Estatuto cuyos promotores sabían que ofrecía motivos claros de inconstitucionalidad.

Excluir al PP de todo acuerdo

FAES lamenta, así, "esa tendencia en el PP a asumir el relato que hacen de él sus adversarios". "De nuevo el PP y sus carencias", señalan.

"Quedaba Cataluña y la exigencia de que el PP expiara lo que la izquierda y el nacionalismo -que maridan tan bien-, por increíble que parezca, han conseguido convertir en el acontecimiento crítico, en el punto de inflexión histórico que abrió las compuertas del independentismo: pedir firmas en la calle para apoyar un recurso de inconstitucionalidad".

Sin embargo, FAES recalca que ese pacto de izquierda y nacionalistas en Cataluña "firmado con pompa y solemnidad en el salón del Tinell de la Generalitat" se basaba "en excluir al PP de todo acuerdo". "Así que el acuerdo con los socialistas no parece que fuera cuestión de esfuerzo. Fue una posibilidad vetada por quienes hicieron un Estatuto con plena conciencia de su inconstitucionalidad y con el objetivo de asentar, en Madrid y en Barcelona, un proyecto de poder que prolongaría la mayoría de Zapatero y el tripartito catalán sobre la base de la exclusión del PP", declara.

Por eso, la fundación de Aznar subraya que, por un "elemental sentido histórico y de fidelidad a los hechos", que, a su juicio, "no están reñidos con la voluntad conciliadora", si se habla de las firmas que se recogieron en aquellos días, hay que recordar que "para firmas, las que se estamparon en el 'pacto del Tinell'".

Zapatero confundió al PP

Según la fundación dirigida por Aznar, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero "consiguió que muchos en el PP se creyeran que eran ellos y no el extremismo ideológico de aquel nuevo PSOE los que crispaban". "De ahí, a la derrota de 2008 que generó un sentida autocrítica, silenciosa pero intensa, por la oposición que el PP había mostrado frente a la negociación política del gobierno socialista con ETA bajo esa distracción que se llamó proceso de paz. Resultó que el PP no sólo crispaba sino que, además, era enemigo de la paz", añade.

Es más, destaca que una vez que el PP ganó las elecciones en 2011 el Ejecutivo asumió "su etiqueta de desalmado recortador, con gesto de resignación, entre apelaciones a la ética de la responsabilidad y a los dictados de Bruselas".

"El Gobierno que había elevado los impuestos como nunca antes en España, haciéndolos recaer especialmente sobre su base electoral, pasaba por reaccionario a ojos de los progresistas cuyo gran referente, Rodríguez Zapatero, había llegado a afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas", sostiene.

El expresidente de Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) ha asegurado que una salida a la tensión política entre Cataluña y el resto de España es volver al Estatut anterior a la sentencia: "La salida al actual laberinto pasa por retornar al punto de partida. Hay que ir siempre al origen de los problemas", ha afirmado.

Lo ha dicho en una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press, donde ha subrayado que el Estatut de 2006 fue para Catalunya una gran oportunidad más que un gran problema, y ha insistido en que se debe volver al texto e invitar a la reflexión al PP y "a los que no eran independentistas y ahora dicen serlo".

Zapatero ha explicado que, a su juicio, un factor clave para entender los acontecimientos en Cataluña es que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall debería haber gobernado en la primera legislatura que ganó en votos a CiU, entre 1999 y 2003, porque esto hizo que la propuesta de Maragall sobre el Estatut fuera "muy ambiciosa" bajo el mandato del expresidente del Gobierno José Maria Aznar.

"Aznar y su clima político. Situación propicia para las tensiones y la alimentación de los extremos", ha expresado, y ha aseverado que los hechos han demostrado que él siempre defendió el Estatut hasta los límites de la Constitución, e incluso, ha señalado, el Tribunal Constitucional (TC) creyó que había llegado más allá.

Zapatero también ha afirmado que el expresidente del PP en Catalunya Josep Piqué mostró capacidad de diálogo, aunque no le dejaron, según él, y ha explicado que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró siempre inflexible en el tema de Cataluña y el Estatut: "Era inflexible cuando se planteaba una visión plural de España y el reconocimiento de las comunidades nacionales", ha dicho.

El expresidente ha expresado que el término comunidades nacionales –sugerido por el exsecretario de Estado y exministro de Justicia, Francisco Caamaño– se debatió mucho como alternativa al término 'nación' en el Estaut de 2006 y que a Maragall "no le disgustaba", aunque ha insistido en que es partidario de una fórmula que pueda generar acuerdo a través del reconocimiento de la identidad de Cataluña y el respeto a la misma.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofreció a su partido un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña. Rufián reveló esta información durante una rueda de prensa con el portavoz de ERC, Sergi Sabrià.

El portavoz adjunto en el Congreso de la formación republicana expuso que en la reunión que mantuvo con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la ronda de contactos que el socialista mantuvo con los grupos con los que trató de llegar a un acuerdo para su investidura, recibió "con sorpresa" la oferta de Sánchez de redactar un nuevo Estatuto para Cataluña. Sin embargo, Gabriel Rufián consideró que se trata de una "propuesta desfasada".

"Demuestra una miopía social y política absoluta", censuró, y aclaró que ERC no tiene manía ni al Estatut ni a los socialistas, pero que tienen memoria y que recuerdan el 'cepillaré' del exdirigente del PSOE Alfonso Guerra antes del recorte del Estatut.

Rufián sostuvo que la sensación que tuvo en ese momento fue la del símil de quien va a comprase un móvil de última generación y recibe como oferta del vendedor un teléfono antiguo.

En ese sentido, comparó a Sánchez con el personaje de 'Los Simpson' que llega a la ciudad de la serie de animación –Springfield– a vender un monoraíl que la ciudad no necesita, que no funciona y que, pese a ello, consigue convencer a los ciudadanos para que lo compren con una cación pegadiza.

Abiertos a propuesta de referéndum 

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, explicó que ERC sigue abierta a una propuesta de referéndum que venga desde el Gobierno central, pero advirtió de que seguirán trabajando en el proyecto independentista que está impulsando el Gobierno catalán porque no creen que la oferta vaya a sustanciarse.

Sabrià insistió: "Nosotros no rechazaríamos una propuesta de urnas si se diera la ocasión, pero han demostrado una vez más que no pasará". En respuesta a la prensa sobre si ERC varió su posicionamiento respecto a cuando afirmó después del 27S que el referéndum se hizo con las elecciones catalanas, Sabrià lo negó.

En este sentido, explicó que la interpretación plebiscitaria sobre la independencia de esos comicios se hizo porque desde el Estado no se permitió celebrar un referéndum que ellos han defendido siempre: "Eso no ha cambiado, pero tampoco renunciamos a tirar para adelante el mandato de las urnas", ha avisado.