El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión, que supone el sobreseimiento libre para la alto cargo de Moncloa, tras tomarle declaración como investigada este domingo.

Judit González ha contestado a las preguntas del magistrado y de su letrado, desvinculándose de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, detallan las fuentes.

A preguntas sobre las funciones de Álvarez, la alto cargo ha explicado que la asesora de Begoña Gómez no dependía de ella.

Tras Judit González ha declarado como testigo el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar, quien ha contesta a todas las preguntas que le han planteado las acusaciones, precisando que no hubo ningún correo entre IE y Cristina Álvarez en los cuatro años que Begoña Gómez estuvo vinculada a este organismo.

El Instituto de Empresa contrató a Gómez como directora del organismo África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente del Ejecutivo, y Gómez estuvo en el cargo hasta junio de 2022.

Fuentes presentes en la declaración han incidido en que la declaración de Diego del Alcázar ha sido similar a la que ya efectuó en julio de 2024, cuando dijo que la contratación de Gómez se fundamentó en que tenía un currículum adecuado.

La vista y las declaraciones previstas para este domingo en la causa de Begoña Gómez se celebran en el Juzgado de Instrucción número 14 de Plaza de Castilla, ya que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41, ha cambiado la guardia al primero.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez y contra las otras tres personas investigadas, e imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno por presunta malversación de caudales públicos.

Se trata del mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto anteriormente, por el que mantiene imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y por el que llamó como testigo al actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo ejercía cuando se nombró a Cristina Álvarez asesora de Gómez en 2018.

El juez Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento y desempeño de las funciones de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien desempeñó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a la mujer de Pedro Sánchez.

El magistrado tomará declaración también este domingo a tres testigos que ya declararon ante él, una vez que la instrucción ha avanzado: el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa (IE), Diego del Alcázar, y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.

En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

E imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.

El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos.

"Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma el magistrado.

Peinado decide seguir adelante con el procedimiento de jurado y vuelve a sostener que los delitos que investiga son conexos, arrastrando el de tráfico de influencias al resto, y para defender la acumulación cita un auto de la fase de instrucción del caso contra la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

Insiste Peinado en que "el origen de los hechos delictivos" son las acciones de Begoña Gómez derivadas "de su relación de parentesco, con el actual presidente del Gobierno", que considera la "causa" fundamental "para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posible restantes delitos".

"Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente" como delitos, añade.

Así acuerda continuar el procedimiento del tribunal de jurado contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Y sigue la causa contra Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; contra Francisco Martín por el delito de malversación de caudales públicos y contra Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

En su resolución el juez ordena numerosas diligencias, entre ellas varias testificales, pero rechaza que declare como testigo el presidente del Gobierno, como solicitaban las acusaciones, argumentando que es "inútil", ya que Pedro Sánchez ya se acogió a su derecho a no declarar.

Agrega no obstante que "no es descartable, que, como él mismo ha manifestado públicamente, pueda cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

También ve "impertinente" que vuelva a declarar como testigo el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se nombró a la asesora, puesto que "ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió".

Peinado pidió al Supremo imputar a Bolaños por falso testimonio y el alto tribunal lo rechazó al no ver indicios de delito.

El magistrado ordena en el auto conocido este miércoles que se practiquen numerosas diligencias, como la entrega de los correos entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez y de las agendas de ambas para que las analice la UCO, así como la entrega de sus pasaportes para precisar las fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.

Llama a declarar de nuevo como testigos, entre otros, a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector en la Universidad Complutense; Diego de Álcazar, que es presidente del Instituto Empresa, y Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google.

También solicita a Presidencia que remita "toda la información relativa a los viajes de D.ª Cristina Álvarez Rodríguez sufragados con fondos públicos", incluyendo todos los detalles y desde el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta ahora.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar una presunta malversación en el trabajo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa en una pieza desgajada del procedimiento principal en el que investiga delitos como tráfico de influencias, según recoge EFE. 

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la sección 23 de la Audiencia estima parcialmente un recurso de la asesora, Cristina Álvarez, y corrige la decisión del juez de formar una pieza separada, en la que el magistrado propuso que, de llegar a juicio, fuese juzgada por un jurado popular. 

Dicen los magistrados que la prueba de "ambos supuestos delitos (tráfico de influencias y malversación) está intrínsecamente unida", lo que "imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión". 

Además, considera que su decisión de abrir una pieza separada es "prematura e inmotivada" al no justificar las razones por las que Peinado cree que los hechos deben ser enjuiciados por separado.

Mientras ocupó su puesto de asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez recibió cumplidamente cada mes su salario correspondiente procedente de las partidas presupuestarias de Presidencia del Gobierno. Ni un euro más ni uno menos. Lo que le correspondía según su categoría. El hecho de que su labor se centrara en "la gestión de la agenda, del correo o en dar soporte de seguridad y protocolo" a la esposa del presidente, las actividades que consideran lícitas el juez Juan Carlos Peinado y la sección 23 de la Audiencia de Madrid, o mandara correos electrónicos relacionados con el trabajo de su jefa en la Universidad Complutense, no conllevaron ningún perjuicio para los fondos públicos. Tampoco un enriquecimiento para ninguna de las dos. Sin embargo, el instructor de la causa contra Begoña Gómez no ha dudado en procesarla junto a esta por un delito de malversación pese a que, en su auto de este miércoles, no desarrolla ninguna de las conductas de las imputadas que, en teoría, llenarían los elementos del delito.

La debilidad probatoria de la tesis de Peinado es palmaria. Su procesamiento y transformación en un procedimiento de jurado popular se basa en los correos intercambiados por Álvarez con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, el centro donde estaba la cátedra en la que trabajaba Begoña Gómez. O el enviado a una directiva de Reale Seguros para solicitar que continuara como patrocinadora de los cursos que impartía, algo que, según sostuvo la Audiencia de Madrid en junio y replicó este miércoles Peinado, "excede claramente de sus funciones", las de la asistente. Ni el instructor ni la Audiencia pueden plantearse que Álvarez pudiera haber hecho esas gestiones en pleno uso de su libertad –porque le dio la gana– o en virtud de su amistad con la esposa de Sánchez. Podría, incluso, sostener que no lo hizo como asesora, sino a título estrictamente privado. Pero nadie pone en duda que ni ella ni Gómez metieron la mano en la caja.

El auto de Peinado que procesa a ambas y también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sostiene –también parafraseando a la sección 23 de la Audiencia de Madrid– que, tanto Álvarez como Gómez tienen la condición de funcionarias públicas "a efectos penales". En el caso de la antigua asesora es indudable que lo fue –en Presidencia– mientras ocupó ese puesto de confianza junto a la esposa de Sánchez, pero en el de Gómez, lo deriva de su cargo en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Desde esa posición en el centro educativo no se explica cómo pudo valerse de ella para malversar recursos de Moncloa. Álvarez, en principio, sí estaba en el sitio idóneo para poder cometer el delito que se le imputa, pero lo único que hizo fue cobrar su sueldo.

Begoña Gómez no es una excepción. Todas las esposas de presidentes del Gobierno de la democracia han tenido asistentes para sus asuntos personales. Los tuvieron Ana Botella, la mujer de José María Aznar, y Elvira Rodríguez, la de Mariano Rajoy (en el caso de esta última lo fue durante dos años el actual diputado del PP Jaime de los Santos, que acompañaba a Rodríguez incluso a sus compras de ropa). Rajoy llegó a alojar a su padre, muy mayor y dependiente, en Moncloa abonando sus cuidados con fondos públicos. Pese a que fue denunciado por ello ante el Tribunal Supremo, nadie lo imputó por malversación.

La interpretación creativa de este delito no es solo patrimonio de Peinado en el caso Begoña Gómez. La Sala Segunda del Tribunal Supremo también retorció esta misma infracción para dejar de aplicar la ley de amnistía a las malversaciones por las que había procesado o condenado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de los líderes del procés. El alto tribunal, en una resolución de la que fue ponente el que fuera presidente de esa Sala, el conservador Manuel Marchena, los magistrados se negaron a aplicar una ley legítimamente aprobada por el Parlamento y plenamente constitucional, obviando el tenor literal de su articulado, los objetivos que perseguía según su exposición de motivos y la intención declarada de los grupos políticos que la apoyaron –el ruido político y mediático duró meses– de que la norma perdonara la malversación de las personas a las que el Supremo no la aplicó. La más alta instancia penal española era la única institución que desconoció cuál era el propósito concreto de esa disposición.

La argucia de la Sala motivó un duro voto particular de uno de sus miembros, la magistrada progresista Ana Ferrer, que acusó a Marchena y al resto de sus compañeros de "moverse en el terreno de la ficción jurídica" y la "entelequia". También importantes reproches de la academia. La ley contenía en el catálogo de delitos a amnistiar el de malversación pero siempre que no hubiera habido "propósito de enriquecimiento". Después aclaraba que, a efectos de la norma, no existía enriquecimiento si, mediante el delito cometido, el procesado o condenado no había tenido "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". La malversación del proces consistió, no en robar fondos públicos, sino en dedicarlos a un fin ilícito como fueron las consultas de 2014 y 2017. Para evitar amnistiarla, Marchena y otros tres magistrados tuvieron que inventarse ese "beneficio personal de carácter patrimonial". Y lo hicieron al considerar que antes de dedicar dinero del erario público a los referéndums, los condenados y procesados se lo habían apropiado.

El voto particular de Ferrer no solo denunció esa interpretación creativa, sino que también advirtió de infracciones básicas cometidas por Marchena y sus compañeros con esa decisión. Como la vulneración para los procesados y condenados en el juicio del procés del derecho fundamental a que se les aplicara retroactivamente la ley más favorable, en este caso la de la amnistía. También el derecho a la legalidad penal (la norma establecía una amnistía para ese delito que no se aplicó) y las más elementales normas de interpretación del derecho contenidas en el artículo 3 del Código Civil y conocidas por cualquier estudiante en los primeros años del grado en Derecho: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Los afectados han recurrido en amparo al Constitucional que, previsiblemente, dará la vuelta a esa resolución en un nuevo varapalo al Supremo.

En Madrid, a 25 de septiembre de 2025

Señor D. Juan Carlos Peinado:

Le escribo con motivo de su último auto, por el que decide abocar a juicio oral ante un tribunal de jurado popular la pieza separada por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; Cristina Álvarez, asistente de la ya citada en la Moncloa, y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su anterior función como secretario general de Presidencia. 

De nuevo ha sorprendido usted a propios (es un decir) y extraños en fondo, forma y fecha. En el fondo porque, aunque el delito de malversación es uno de los once contemplados para ser dirimidos por jurado popular (ver aquí), hacen falta doce lupas de Sherlock Holmes para hallar un solo indicio mínimamente sólido que sujete esa acusación, hasta el punto que ni usted mismo es capaz de cuantificar la supuesta extracción de dinero público para beneficio privado. ¿Un solo euro que se haya presuntamente llevado a su actividad en la Universidad Complutense Begoña Gómez aprovechando su condición como pareja del presidente del Gobierno? La respuesta es CERO repasando todos los autos de su “investigación” (vamos a ser generosos en los términos). Y no es un capricho que se le dirija a usted este reproche: el artículo 432 del Código Penal exige cuantificar la cantidad malversada, puesto que la pena sobre ese delito va en función de su volumen. (Dejaremos para otro momento la resolución del enigma de por qué ahora advierte del camino al tribunal del jurado para la malversación y no lo ha hecho aún respecto al tráfico de influencias, por ejemplo, también incluído en la Ley del Jurado).

En la forma, porque para salvar el escollo de que usted mismo rechazó en su día la admisión a trámite de una querella por malversación de caudales públicos presentada por Vox, sostiene en este último auto que “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”. ¿En qué indicios se basa usted para explicar esa “progresiva cristalización”? Misterio. No detalla absolutamente ninguno.

En la fecha, porque “casualmente” su auto aparece inmediatamente detrás del de la apertura de juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por esa plaza ‘musical’ creada por la Diputación de Badajoz y, un poquito más atrás (cuestión de horas) del señalamiento de juicio para la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la causa por fraude fiscal iniciada por la inspección de Hacienda por delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal (ver aquí). ¡Ni un solo día sin contrarrestar la más mínima relajación en el Gobierno legítimo! Dicho de otra forma, “el que pueda hacer, que haga” (usted ya me entiende).

En realidad –y recurriendo a su propio y alucinógeno lenguaje– “las leyes de la lógica y de la empírica” me llevan a afirmar que usted descubrió el supuesto carril del delito de malversación en un auto previo de la Audiencia Provincial, esa sala a la que todo el mundo adjudica la encomiable labor de poner freno a sus excesos y excentricidades, pero que en la práctica ha ido blindando su esotérico proceso incluso indicándole por dónde debería ir para llegar a buen (es un decir) puerto.

Me refiero a un auto anterior al suyo, y del que ha dado cuenta Manuel Altozano en infoLibre, porque merecería un examen detenido por parte del Consejo del Poder Judicial o de cualquier instancia superior que tenga el más mínimo interés en proteger el (des)crédito de la justicia y su imprescindible apariencia de imparcialidad y respeto a la presunción de inocencia. Los autores son precisamente los tres integrantes de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que prescribieron este verano lo siguiente: “La investigación tendrá que centrarse en si [la asesora de la esposa del presidente del Gobierno] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer EL PLAN DELICTIVO de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados” (ver aquí). Las mayúsculas en medio de ese párrafo son mías, y pretenden (obviamente) destacar el dislate absoluto de esa sala que se permite con absoluto desparpajo dar por demostrado nada menos que un “plan delictivo” elaborado desde la Moncloa para desviar recursos públicos a manos privadas. Sin juicio ni sentencia. ¡Uff!

A mi humilde entender (incluso apoyándome en “las leyes de la lógica y de la empírica”), ese tribunal debería quedar desautorizado por completo en esta causa, si no sancionado por esa flagrante violación de la presunción de inocencia. A usted ya se ve que no sólo le da igual, sino que le viene de perlas seguir el carril que ese disparatado auto le abre: ya que no termina de encontrar un solo indicio de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional –los cuatro delitos por los que usted abrió la causa contra Begoña Gómez a instancia de la organización ultraderechista Manos Limpias–, aparece la liebre mecánica que le regala la siguiente instancia judicial, claramente inspirada en la interpretación “creativa” que el ínclito y patriotero magistrado del Supremo Manuel Marchena (el de la “puerta de detrás” por la que el PP preveía en su día manejar la Sala Segunda encargada de sus macrocasos de corrupción) se sacó de su ingeniosa manga para bloquear la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por el Legislativo (ver aquí).

Por resumir: no solo malversa quien utiliza dinero público para beneficio privado (lo que las “leyes de la empírica” traducen como latrocinio), sino también quien “se ahorra” la aportación de recursos particulares para un objetivo personal o colectivo sufragado a cargo público, por cívico y hasta ético que el objetivo sea. La respuesta a esta elucubración rayana con el insulto a la inteligencia la dio con claridad meridiana la magistrada Ana Ferrer, que había dado su voto favorable a la sentencia del procés y tuvo que exclamar después en un voto particular sobre la ley de amnistía aquello de “yo estaba allí y nadie mencionó ni por asomo esa inédita interpretación de la malversación”. Todo valga para que Puigdemont no pise España (y, si fuera posible, Sánchez tampoco, ni Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias, ni Gabriel Rufián... y por ahí hasta el infinito que plantea VOX de ilegalizar a los adversarios).

Ya sé que usted, señor Peinado —que llegó a la judicatura por ese cuarto turno que ahora sus correligionarios ideológicos consideran “dedazo” en su guerra contra las reformas que pretenden dotar de transparencia y méritos frente a la endogamia que caracteriza al Poder Judicial—, no siente la menor vergüenza ante los ridículos sucesivos que usted mismo se ha buscado intentando machacar al presidente del Gobierno en su despacho de la Moncloa, o pretendiendo imputar al ministro de Justicia con una argumentación que ni el mismo Supremo –que traza una senda igualmente alucinógena para acabar con el Fiscal General del Estado– se ha atrevido a respaldar. 

Ha sido capaz, señor Peinado, de facilitar la deshumanización y criminalización de un presidente del Gobierno, de su pareja, de su familia y hasta de la asistente personal de la esposa del presidente. ¿Usted se ha molestado en algún momento en conocer cuál fue la función, presupuesto asignado, utilización de fondos públicos, etc., etc., de los/las anteriores asistentes personales de las parejas de los presidentes de Gobierno? (ver aquí). ¿Usted no sabe que del erario público pagamos la atención durante mucho tiempo en la Moncloa al padre de Mariano Rajoy y nadie inició una investigación judicial por malversación? (ver aquí) Calculo que lo sabe usted perfectamente, puesto que está tan pendiente de lo que de usted dicen en redes sociales ministros y periodistas que hasta dedica parte de su tiempo (¿y recursos públicos?) a querellarse contra ellos por lo que comentan o comentamos sobre sus espectaculares actuaciones (ver aquí). 

Le diré mi opinión, sin acritud y guiada por “las leyes de la lógica y de la empírica”. No le acusaré de prevaricación porque es un delito que hay que probar de forma solvente y objetiva. Es decir, con pruebas o indicios sólidos. A mí me llega, por ejemplo, que usted entró no hace mucho en una sede del Partido Popular en Pozuelo pegando gritos porque a su hija Patricia le habían rebajado las funciones de concejal (ver aquí), pero sobre todo el sueldo –de 74.949,98 euros como responsable de Deportes, a los 67.400, o sea 7.500 menos, como edil de la zona sur del municipio madrileño– con la castiza y clasista advertencia del “¡no sabe con quién está hablando!”. Pero yo no me atrevo a encargar una información sobre el asunto porque no tengo indicios suficientes para dedicar recursos (privados, limitados y transparentes de infoLibre) a esa nueva escena de La escopeta nacional. 

Del mismo modo, señor juez, no le acuso de prevaricación, pero me atrevo a trasladarle en esta carta pública que no encuentro forma alguna (ni lógica ni empírica ni tampoco jurídica) de explicar su rosario de actuaciones salvo que exista una motivación política. Repaso su historial en el caso que nos ocupa y veo reflejado al milímetro el funcionamiento del “ciclo del bulo” que hace unos días describía Fernando Varela en infoLibre: recortes de pseudomedios o medios, admisión judicial, rebote en tribunas políticas y de ahí a las portadas y editoriales de medios y pseudomedios. Vuelta a empezar (ver aquí). ¿Por qué hay medios y mercenarios supuestamente periodísticos que se prestan a la labor? Lean la investigación que venimos publicando sobre el grifo de recursos públicos con el que Isabel Díaz Ayuso (por ejemplo) riega a sus medios afines (ver aquí). Lo entiende un tonto. Y usted.

Ha decidido, señor Peinado, celebrar este sábado su 71 cumpleaños aprovechando la guardia de su juzgado para citar a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente en Moncloa y al actual delegado del Gobierno en Madrid con el fin de comunicarles que se sentarán en el banquillo acusados de malversación ante un jurado popular. Tengo curiosidad por saber cómo se hará la selección de los nueve jurados exigidos que no estén de antemano contaminados precisamente por el citado ”ciclo del bulo”, sin el que usted no habría podido abrir (ni por asomo) la causa que le entretiene y en la que tantas expectativas tienen puestas los dos principales partidos que proclaman su absoluta prioridad de “echar a este Gobierno, como sea” (Tellado dixit). 

Tenía previsto incluir como cierre de esta carta, por si se aburriera un poco en esa guardia cumpleañera y festiva, un ingenioso audio (donde se unen el talento de Max Pradera y la habilidad robótica de la Inteligencia Artificial) que refleja lo que, quizás, las “leyes de la lógica y de la empírica” llevan a concluir acerca del extravagante proceso que usted viene ejecutando (en compañía de otros). Se titula Qué le van a dar (por los servicios prestados). La canción insinúa cosas, claro, aunque no tantas como las que sustentan su actuación judicial. De momento me lo guardo, por no cargarle de trabajo extra con su empeño en ver por todas partes acusaciones de prevaricación.

Atentamente,

Jesús Maraña 

Para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se siente delante de un jurado popular por tener –como todos los cónyuges de los sucesivos jefes del Ejecutivo– una asistente, ha hecho falta una insólita instrucción, la del juez Juan Carlos Peinado. Pero en su extravagante investigación, que le ha llevado a visitar en dos ocasiones el palacio de La Moncloa para tomar declaración al propio Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños, y a recibir descalificaciones de bulto del Supremo cuando intentó que el Alto Tribunal actuara contra este último, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tiene tres 'cómplices'. Se trata de tres de los integrantes de la sección 23 de la Audiencia de Madrid. Han sido ellos los que han mostrado a Peinado el camino para sentar a Gómez (y también a su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid) en el banquillo de los acusados.

Peinado ha decidido procesar a los tres este miércoles. Pero las razones por las que lo hace –el auto del instructor tiene escasamente cinco folios– hay que buscarlas en otra resolución. Y no es del juez del caso, sino del órgano superior encargado de corregirle, la sección de la Audiencia que resuelve todos los recursos presentados por las partes contra sus pesquisas. Se trata de un tribunal esencialmente conservador, presidido por María del Rosario Esteban Meilán, que quiere ascender a magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (un puesto para el que necesitaría el apoyo explícito del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial). De él también forma parte Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, hermano del ex secretario de Estado para el Deporte con José María Aznar y exconcejal y exasesor con Ana Botella, Juan Antonio Gómez-Angulo (PP).

Cierra la terna Enrique Jesús Bergés de Ramón, también conservador. Bergés, junto con Gómez-Angulo y un tercer magistrado de esa misma sección (José Sierra, es autor de la única cuestión de inconstitucionalidad que se ha presentado en el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía desde un tribunal ordinario territorial sin sede en Cataluña. Lo hicieron apoyándose en el caso de un condenado por unos altercados sucedidos en la capital tras una manifestación contra la sentencia del procés. Dos de los jueces que sientan ahora a Begoña Gómez entendieron que sus actos entraban dentro del ámbito objetivo, temporal e intencional de la ley de amnistía que, por lo tanto, debía aplicarse al afectado.

Sin embargo, Gómez-Angulo y Bergés consideraron que aplicarla vulneraría el derecho de igualdad, la seguridad jurídica o la interdicción de la arbitrariedad. Para justificar su cuestión, recurrieron al informe sobre la norma del perdón aprobado unilateralmente por el anterior CGPJ de rodillo conservador y que advertía de su supuesta inconstitucionalidad. La impugnación judicial de la norma se planteó solo dos meses después de su aprobación en 2024. La excéntrica iniciativa fue considerada en medios académicos y periodísticos una muestra más del activismo de la derecha judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la aprobación de esa disposición. El TC desechó todos los argumentos en contra desgranados por el PP y la magistratura conservadora y la declaró el pasado junio plenamente constitucional.

Gómez-Angulo, Bergés y la presidenta Esteban son los que ahora dan cobertura a Peinado. Porque consideran que Begoña Gómez y su asesora son culpables. "La investigación tendrá que centrarse en si [la asesora de la esposa del presidente] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito del tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados", sostuvo el tribunal de apelación el pasado 12 de junio. "La constatación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster [...] parece exceder claramente de sus funciones", aseguraron. Y añadían que la relación de Gómez con el grupo Barrabés, cuyo presidente también está imputado en la causa, "supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración".

La resolución abría además las puertas al delito de malversación que, previamente, Peinado no había apreciado al subrayar la condición de funcionarias tanto de Gómez como de su asesora. "Todo ello sin perder de vista el concepto de funcionario público a efectos penales, concepto que incluye a la citada Cristina Álvarez (la asistente), como a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva". El tribunal deja ahí la frase aunque sin explicar cómo pudo valerse la esposa de Sánchez de ese puesto en la Universidad Complutense para malversar dinero público del presupuesto de la Presidencia del Gobierno.

Esa resolución de la Sala le sirve a Peinado para procesar a Gómez, a su asistente y al delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre. A ello, el instructor únicamente añade el silencio de las investigadas durante su última declaración del 10 de septiembre de 2025, lo que constituye un derecho fundamental de cualquier imputado a no declarar contra sí mismo y a que ese silencio no se tome en consideración. "Ninguna de las dos investigadas contestaron [sic] a pregunta alguna que le hubiera podido formular bien este instructor, o la representación de las acusaciones populares e incluso el representante del Ministerio Fiscal", dice Peinado en su auto, a lo que añade sin dar la más mínima argumentación: "Las que contestó la investigada María Begoña Gómez Fernández a su letrado no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio".

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas contra a políticos como Óscar Puente y los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El diario El Confidencial ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.

Así se desprende de los informes enviados al Congreso de los Diputados por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) en los años citados. En los cuatro informes correspondientes, dos por año, se destaca que no se ha incoado ni resuelto ningún procedimiento sancionador por incumplimientos de las obligaciones de las leyes antes citadas. 

Contrasta esta rotundidad con lo informado por la organización Civio respecto a la petición de información sobre asesores de libre designación. De los 948 asesores que se calcula que existían en 2024, Civio sólo ha recibido datos de 520, sin que se haya justificado la negativa de Moncloa y varios ministerios. Alguien no ha cumplido con los deberes de transparencia regulados en la ley 19/2013. 

Los informes de la OCI consisten en un listado personalizado de los altos cargos existentes a la fecha del cada informe, entre 799 y 778 según las fechas. Constan, además, otros listados como el que se refiere a los altos cargos que han formalizado su declaración de bienes en el periodo.   

Los listados más interesantes son los que figuran con el título de Declaración de Actividades al cese, y Comunicación de Cambios de Actividad. Ambos listados son elevados, 384 casos para el primero y 93 para el segundo. Son interesantes porque permiten saber adónde van los altos cargos cesados. No todos, porque algunos reingresan en su puesto anterior o se jubilan u optan por la pensión compensatoria. En otros casos no hay información. El listado de Comunicación de Cambio de Actividad indica, en mi opinión, el cese voluntario del cargo para pasar a otra actividad, normalmente a la empresa privada. 

Combinando ambos listados se ha elaborado la información que se adjunta –no para todos los casos–, en la que se detalla el puesto de la administración ocupado y la empresa  a la que se ha accedido, todo ello referido a los años 2023 y 2024.No se adjunta el nombre y apellido de los titulares aunque todos los datos pueden consultarse en el portal de la Oficina de Conflictos de Intereses, apartado Informes sobre cumplimientos de los altos cargos. El listado se agrupa por sectores comenzando por Defensa.   

Segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire:Airbus 

Idem anterior: Acento (consultora fundada por José Blanco y Alfonso Alonso), Ela Aviatio, Spanish Missile Systems 

Director del Centro de Estudios de la Defensa (Cesedem): Oesia Networks; General de Alquiler; Engineering International. 

Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Escribano Mechanical Engineering 

Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra: Indra 

Jefe del Mando Aéreo de Combate: Telespazio; Integración Técnica Empresarial. 

Director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia de Gobierno: Sun Tzu Consulting; Redondo y Asociados; Llorente-Cuenca; Oesia; Iberdrola. 

Directora del Departamento de Análisis y Estudios: 40dB 

Director del Departamento de Información Autonómica: Associated Press 

Jefe del Gabinete del Ministerio de Justicia: Soluciones de Tecnología, Información, Comunicación y Seguridad (STICS. S.L). 

Jefe de Secretaria de Su Majestad la Reina: Fundación San Pablo CEU 

Jefe de la Casa del Rey: Iberdrola 

Director del Gabinete de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Philip Morris; Redeia. 

Director del Gabinete del Ministerio de Sanidad: Mahou San Miguel 

Comisionado especial para la nueva economía de la Lengua: Grupo Criteria; ONG Global Women Leaders. 

Director de la Fundación para Iberoamérica y Administración de Políticas Públicas: : Senior Fellow en Migration Policy, Instituto MPI, Estados Unidos. 

Secretario general Para la Unión Europea: Acento 

Comisionado para el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica Aeroespacial: Express Launch Ltd; Ceiia; Open Cosmos. 

Secretario General Técnico de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Price Waterhouse. 

Presidente de Cofides: Aesc Battery Spain; Capital Riesgo Nazca 

Director Adjunto de la CNMV: Helios Health Spain (Quirón) 

Secretario de Estado de Transformación, Movilidad y Agenda Urbana: Revenga Ingenieros; Club Ciber Security; FTI Consulting; Air Europa. 

Director General de Correos Express: Logistic Systems Spain 

Director de Efectivos y Sucursales del Banco de España: Currency News; Cashessentials. 

Director de la EOI: Taldig; Asociación española de economía digital. 

Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial: Bogo Equity Partners. 

Director General de Deportes: Instituto Universitario Amerke; Escuela Salut Sport; Dolmi 2000. 

Presidente del Ente Publico Empresarial Renfe Operadora: Consultor externo de Acento. 

Presidente del Consejo Superior de Deportes: Seat 

Ministerio de Consumo: Acento (con posterior renuncia); Alanis; elDiario.es 

Ministerio de Igualdad: Vodevil Entertainment. 

En enero de 2025 cumplían penas por corrupción con sentencia firme 82 personas en España, según datos de la página de transparencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el repositorio de datos sobre procesos de corrupción. 

La mayoría de ellos condenados por malversación (29) y cohecho (24). 

Son una pequeña proporción del total de condenados desde el año 2000 a 2024 por delitos relacionados con la corrupción, según se puede calcular a partir de los datos facilitados por el mismo repositorio. 

En el periodo citado fueron un total de 985 personas las condenadas por estos delitos. Casi la mitad de ellos por prevaricación, 410 personas, el 41 por ciento del total, que no lleva aparejada pena de prisión sino de inhabilitación. 

La malversación ocupa el segundo lugar en el número de personas condenadas con un total de 316, seguida de las condenadas por cohecho (pasivo 65, e impropio 17), seguido por el tráfico de influencias con un total de 35 condenados. 

Para las personas interesadas en datos sobre la situación en la contratación pública son interesantes los informes publicados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRescon) y en particular los Informes anuales de Supervisión. 

El informe correspondiente a 2024 señala que en 2023 se presentaron ante las distintas Agencias Antifraudes existentes (en el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) un total de 221 denuncias; 90 de ellas dieron lugar a la apertura de un expediente de investigación, pero ninguna fue enviada a la fiscalía para su investigación. 

En el mismo año se dictaron 499 resoluciones ante denuncias sobre falta de transparencia.  

El informe ha detectado que el 96,2 de los órganos de contratación incumplen la obligación de publicar el programa de actividades de contratación en el perfil del contratante; detecta que existe escasa información en la fase de ejecución y casi nula en lo referente a la subcontratación. 

Las leyes, informes y datos sobre corrupción y contratación pública en nuestro país son abundantes. Falta sin duda una voluntad política firme para terminar con la lacra ahora revelada como sistémica. 

Habrá que comentar también el proyecto no nacido de la ley de transparencia en integridad de los grupos de interés, clave en esta materia y en los asuntos que se han tratado en este comentario.  

__________________________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El retraso en la prórroga de la instrucción por el juez Peinado de un caso de corrupción contra un cargo del Gobierno de José Luis Martínez Almeida por malversación puede tener relevancia disciplinaria, pero el Consejo General del Poder Judicial, casi con total seguridad, no tendrá tiempo para sancionarlo. Tras la presentación de la queja anunciada por Más Madrid contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid (el mismo que instruye el caso Begoña Gómez), el Promotor de la Acción Disciplinaria abrirá diligencias informativas contra el magistrado, según fuentes del Consejo, pero el ulterior expediente y la hipotética sanción llegarían más allá de agosto de 2026, fecha en la que Peinado alcanzará a la edad de jubilación.

El caso en el que se produjo el error judicial de Peinado fue una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de Ok Diario para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible. El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a OK Diario. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros.

Peinado mantenía imputado al gerente de la EMT y a la trabajadora que redactó el contrato. También a la empresa editora, Dos Mil Palabras SL, y a su director general. Podemos y Más Madrid solicitaron al juez que prorrogara por segunda vez su investigación judicial, algo que Peinado tenía que haber decidido antes del pasado 27 de enero. Sin embargo, el juez no decretó la prórroga hasta el 2 abril. Los imputados recurrieron a la Audiencia Provincial y esta ha confirmado que cualquier diligencia posterior a esa fecha debe ser anulada, según ha adelantado El País. Ahora, el juez solo puede decidir si tiene suficientes indicios para procesar a los imputados o si, por el contrario, archiva el caso. Fuentes cercanas al juzgado aseguran que la decisión la meditará "con calma".

En Más Madrid consideran que la actuación de Peinado constituye "una negligencia". Su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado en X el "ejercicio cortijero y caprichoso de la justicia" que es, en su opinión, "una forma de indefensión". "Las casualidades existen pero hay errores, cuando menos, elocuentes: sobre todo cuando vienen del mismo juez que despliega una investigación espectacular contra la mujer del presidente del Gobierno sin que todavía sepamos por qué", ha añadido Maestre. "Esto no puede quedar impune".

En caso de confirmarse los hechos que denuncia Más Madrid, la supuesta negligencia del Peinado podría constituir una falta sancionada con multa de hasta 6.000 euros, según fuentes del Consejo. El artículo 418.11 contempla como infracción grave "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función".

Fuentes del Poder Judicial explican que con el registro de la queja de Más Madrid, el órgano de gobierno de los jueces dará los primeros pasos de una investigación disciplinaria. El Promotor de la Acción Disciplinaria –el encargado de investigar todas las faltas y proponer las sanciones de los jueces y magistrados– abrirá ahora unas diligencias informativas. Fuentes del Consejo explican que ese primer trámite no concluirá, previsiblemente, hasta después del verano.

Tras este primer paso, la comisión disciplinaria tendría que decidir si abre o no expediente. En caso de hacerlo, la investigación y la propuesta de sanción, según las fuentes consultadas, pueden demorarse más de un año. Llegarán cuando Peinado sea ya un pensionista. El magistrado cumplió los 70 años en 2024, pero en diciembre del año anterior solicitó al CGPJ retrasar su retiro dos años más. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que ese momento se cumplirá en agosto de 2026.

La malversación por la que fueron condenados y están siendo procesados los principales líderes del procés no será abordada en la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. La Sala de lo Penal del Supremo decidió hace un año que el perdón que recoge esa norma no era aplicable a ese delito porque, según su criterio, al organizar el referéndum independentista del 1-O se enriquecieron con los fondos públicos que emplearon. La ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley ya ha transcendido y la decisión final sobre el aval del Constitucional a la ley llegará a finales de este mes. Pero el tema central, el de su aplicación al expresident Carles Puigdemont y al resto de enjuiciados no se estudiará hasta que se aborden sus recursos de amparo. Algo que en el órgano de garantías prevén que solo ocurrirá a finales de año.

El Constitucional ha decidido iniciar el análisis de todas las impugnaciones relacionadas con ley de amnistía por el recurso de inconstitucionalidad del PP, el "recurso de cabecera" que, según dijo el pasado abril su presidente, Cándido Conde-Pumpido, era el más completo de todos los presentados. La resolución de esta primera impugnación de la norma permitiría hacer lo que los miembros del tribunal de garantías denominan "el control abstracto de constitucionalidad", es decir, comprobar si su texto, en general, es o no contrario a la norma fundamental.

Ese control abstracto no se refiere a ningún caso concreto, al contrario que otros sistemas para cuestionar la constitucionalidad de la norma ante el órgano de garantías que se refieren a un proceso determinado, como las cuestiones del constitucionalidad que pueden presentar los juzgados y tribunales (el Supremo ha planteado una) o los recursos de amparo de los afectados porque el Supremo u otros tribunales hayan decidido no amnistiar sus delitos y consideren, por ello, vulnerados sus derechos fundamentales.

La ponencia que ha elaborado la vicepresidenta del órgano de garantías, la progresista Inmaculada Montalbán, no aborda esta cuestión, en contra de lo que se esperaba en medios independentistas. Y no lo hace porque, según recuerdan fuentes del tribunal, el recurso del PP no hace ninguna referencia al delito de malversación por el que Puigdemont está procesado y por el que se condenó a su exvicepresidente, Oriol Junqueras, y a otros dos exconsellers. La previsión que tienen en el órgano de garantías es que la constitucionalidad o inconstitucionalidad del perdón de ese delito concreto solo se aborde con los recursos que presenten Puigdemont y los demás condenados y procesados sobre sus casos concretos.

La malversación, según fuentes del tribunal, tampoco será abordada en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo. Tres meses después de la aprobación de la ley, en contra del propio sentido del texto de la norma y de la finalidad declarada en su exposición de motivos, los magistrados de la Sala de lo Penal decidieron no aplicarla a ese delito. El Alto Tribunal apreció la única causa por la que la ley impide perdonar ese delito, que sus autores se hubieran apropiado de fondos públicos con la finalidad de enriquecerse. Lo hicieron pese a que la propia norma estableció que no existe ese enriquecimiento si los infractores no han tenido "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Los condenados y procesados usaron fondos públicos para la consulta y su promoción, no para incrementar su patrimonio. La decisión fue muy cuestionada entre los expertos penalistas como un acto de resistencia y activismo contra una ley legítimamente aprobada en el Congreso.

El Constitucional, sin embargo, no resolverá sobre ese delito en la cuestión de la Sala de lo Penal porque sus magistrados solo impugnaron la constitucionalidad del otro delito que se imputa y por el que algunos ya han sido condenados, el de desobediencia, que a diferencia de la malversación no conlleva penas de cárcel. Fuentes del órgano de garantías advierten de que solo pueden estudiar las cuestiones concretas que se planteen en cada caso.

Y la cuestión concreta de la malversación solo estará sobre la mesa de sus magistrados, según fuentes del tribunal de garantías, hacia el mes de diciembre. Será en esos días cuando, previsiblemente, se entrará a analizar los recursos de amparo que ya han llegado al tribunal. Se trata de los de Junqueras y los también exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.

La resolución del caso concreto de Puigdemont todavía no tiene fecha. El expresident todavía no ha podido presentar ante el órgano de garantías su solicitud de amparo porque, previamente, su caso tiene que terminar su tramitación en el Supremo, que no lo ha priorizado. Mientras su petición de que se le aplique la amnistía no se resuelva en el Alto Tribunal y posteriormente en el Constitucional, la orden de detención nacional decretada contra él seguirá vigente y correrá el riesgo de ser detenido si decide volver a España.

Pero antes de todo eso, el Constitucional decidirá en el Pleno previsto para el 24 de este mes sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP. La ponencia de Montalbán propone estimar parcialmente la demanda del partido de Feijóo, pero avala en un 95% el texto de la norma. El borrador declara inconstitucional el apartado uno de su artículo primero, que contiene el ámbito de aplicación de la ley, al considerar que la amnistía no solo debe preverse para las infracciones penales de los independentistas, sino también de los que las pudieron cometer los que se opusieron a la secesión. También impide cualquier tipo de perdón para delitos que se extendieran más allá del inicio de la tramitación de la proposición de ley en el Parlamento, el 13 de noviembre de 2023.

La ponencia ya está en manos de los 10 magistrados que formarán parte del tribunal —el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo y el conservador José María Macías fue recusado— y la deliberación y el fallo están previstos para finales de este mes. Con toda probabilidad, la constitucionalidad del grueso de la ley más polémica de la legislatura saldrá adelante con el voto a favor de los seis magistrados progresistas y la oposición de los cuatro conservadores. Pero el análisis de sus efectos sobre los condenados y procesados por el procés a los que no se ha aplicado todavía tendrá que esperar.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al que era coordinador de personal de Moncloa cuando se nombró a una asesora para Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y también ha convocado un careo entre esta asesora —que está investigada en la causa— y la persona que propuso su nombramiento.

El magistrado ordena estas diligencias en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que está fechada el pasado miércoles, el mismo día que tomó declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el fin de indagar en un presunto delito de malversación el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018 (cuando Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno).

En un momento de esa declaración el juez Peinado exigió a Bolaños que le dijera quién fue el responsable del personal en Moncloa cuando se nombró como asesora a Cristina Álvarez —investigada en la causa—, y se acabó comprobando que este dato ya figuraba en la información que Moncloa había remitido al juzgado, según informaron fuentes jurídicas.

Se trata de Raúl Díaz Silva, que ahora es citado por el juez como testigo para el 14 de mayo a las 12:30 horas. En su providencia el magistrado también ordena para ese mismo día la práctica de un careo entre Cristina Álvarez y la persona que propuso su nombramiento: el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.

Precisamente la declaración de estas dos personas dio pie a que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga desde hace un año a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, abriera el pasado mes de marzo una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación" de caudales públicos. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González lo hizo al ser preguntado —como testigo— por quién era su superior entonces.

En su declaración ante el juez, Bolaños defendió que el nombramiento de Cristina Álvarez como cargo eventual se ajustó a la normativa, si bien explicó que él no participó en el mismo porque las competencias para tramitar esos contratos las tenía el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.

Por su parte Cristina Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo —que desempeña desde julio de 2018— en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.

El exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.

Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional— en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y Cristina Álvarez.

¿Un fracaso? ¿Qué fracaso? En el mundo de la Reagrupación Nacional (RN), todo va según lo previsto, según lo prometido. La manifiesta falta de preparación de la formación de extrema derecha, sacudida por la condena por malversación de fondos públicos a su líder, sería completamente normal, a juzgar por los portavoces del partido. Lo mismo ocurriría con la negativa absoluta a pensar en un plan B, en caso de que el juicio de apelación, cuya sentencia definitiva debe dictarse en verano de 2026, confirmara la pena de inelegibilidad.

El lunes 31 de marzo, tras la precipitada salida de Marine Le Pen del tribunal de París, se celebró una reunión de crisis en la sede del partido. Fue un momento de intensa vacilación, ya que el escenario de una condena tan severa no había sido anticipado por nadie. La triple candidata a la presidencia incluso se negó a hablar de ello, por superstición, según algunos. “Nadie se lo esperaba”, afirmó la interesada en Le Parisien. “Racionalmente, nadie podría haber imaginado que la presidenta del tribunal basara su decisión en razones políticas”.

Pero no se trata de sacar lecciones del acontecimiento ni de anticipar escenarios para el futuro. Jordan Bardella, entronizado como primer ministro putativo desde el otoño de 2023, no habrá tenido tiempo de imaginarse como candidato al Elíseo. El lunes, Marine Le Pen dejó las cosas claras en el plató de TF1: “Jordan Bardella es una baza formidable para el movimiento, espero que no tengamos que utilizarla antes de lo necesario”.

Cada uno en su sitio, pues. Y no importa que la responsable política que decide esta cuestión tenga muy pocas posibilidades de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Todo seguirá girando a su alrededor. El martes por la mañana, en CNews, el presidente de RN siguió los pasos de su jefa: “Mientras no hayamos tirado la toalla, me negaré a plantearme esa hipótesis”, respondió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de su candidatura.

Jordan Bardella asumió esta falta total de previsión, reivindicando una lealtad pura y perfecta: “Asumo el riesgo. Marine Le Pen me lo ha dado todo en la política. Lo mínimo que le debo es continuar la lucha con ella hasta el final”. “¿Qué cambiaría usted en el campo nacional para acceder al poder? ¿Será usted, a diferencia de Marine Le Pen, quien una a las derechas?”, insistió la periodista Sonia Mabrouk, sin obtener una respuesta clara.

“Tenemos un partido y un electorado bonapartistas. Si le dices a la gente que el plan B es mejor que el plan A, debilitas el plan A”, teoriza un miembro del partido en Mediapart. “El movimiento tiene las cualidades de sus defectos, la fuerte personificación también nos aporta mucho. El bonapartismo del partido tampoco puede ser una excusa, pero es una explicación.” “Desde hace veinticinco años, he tejido un vínculo especial con los franceses”, justificó Marine Le Pen en Le Parisien, señalando implícitamente el hecho de que no todo el mundo en el partido puede decir lo mismo.

Porque RN sigue siendo un “partido patrimonial”, según la expresión de la politóloga Safia Dahani. “El FN-RN es una organización centralizada, pero también y sobre todo patrimonial, en la que la presidencia es la principal autoridad [...] para afianzar los cuadros. Sus carreras dependen así de patrocinios particulares”, escribe en la obra colectiva Sociologie politique du Rassemblement national (edic. Presses universitaires du Septentrion, 2023).

A los cuadros del partido, totalmente dependientes de la figura tutelar de Marine Le Pen, nos les queda más que repetir su admiración por la jefa, “una auténtica leona que luchará hasta el final” (Jean-Philippe Tanguy), “extremadamente combativa y totalmente decidida a llegar hasta el final de la aventura presidencial” (Sébastien Chenu). Incluso a riesgo de perderlo todo a pocos meses de unas elecciones presidenciales que algunos consideraban casi ganadas. “Si hay algún problema, de todos modos hay una continuidad perfecta entre los dos”, intenta tranquilizar un cacique del partido. “Además, Marine siempre estará ahí...”

La ultracentralización del movimiento, combinada con su falta de preparación, ha provocado numerosas aproximaciones. El lunes, Jordan Bardella (presidente formal de RN, ndt) publicó un comunicado en el que pedía una confusa “movilización popular y pacífica”, sin dar más detalles. “Obviamente, no vamos a hacer una manifestación”, aseguró Jean-Philippe Tanguy al día siguiente a los periodistas presentes en la Asamblea Nacional.

“No estamos haciendo llamamientos a la concentración”, confirma a continuación uno de sus colegas diputados a Mediapart. “Si la gente quiere presentarse ante los palacios de justicia, es cosa suya, pero no es nuestra línea en absoluto”. Pero unas horas más tarde, el partido anunció una gran concentración para este domingo en París.

A lo largo de la semana, el partido ha venido atacando frontalmente al Estado de derecho y a los “jueces rojos” que amenazarían la democracia y transformarían Francia en una “dictadura de los jueces”. “El sistema ha lanzado la bomba nuclear”, exclamó Marine Le Pen en una reunión de su grupo en la Asamblea. Con acentos trumpistas, señaló con el dedo a este supuesto “sistema” que querría “robar las elecciones presidenciales” a los franceses.

“No se dan cuenta de lo que han sembrado. Nosotros sí nos damos cuenta, la batalla no ha hecho más que empezar”, añade un portavoz del partido de extrema derecha. En la revista Frontières, el diputado Julien Odoul ha llamado al máximo de personas a “venir a decir basta a la dictadura de los jueces, para salvar nuestra democracia que está amenazada”.

Atrapado entre activistas dispuestos a atacar a las instituciones y la voluntad de no tirar por la borda diez años de estrategia de “normalización”, el RN navega a la vista. “Deseo una trumpización de la Agrupación Nacional. No lidera la batalla cultural, no tiene movimiento callejero, movimiento juvenil, medios de comunicación...” se quejó el polémico ultraderechista Driss Ghali en CNews frente a un portavoz de RN. “Por eso no disuaden a los jueces que pueden ejercer su falta de neutralidad y darles lecciones de moralidad.”

“Debemos resistir la tentación de ser más duros. Hay que calmarse un poco”, dijo a Mediapart un allegado de Marine Le Pen. “Hay un dicho que dice que tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces, y después hay que pasar a otra cosa. Creo que vamos a aplicar ese dicho”. Es fácil decirlo, después de haber acusado al sistema de dictadura y avivado las brasas de la ira de sus partidarios al señalar a la justicia y al Estado de derecho como enemigos.

Traducción de Miguel López

La justicia rara vez ha quitado el sueño a los responsables políticos y los ciudadanos lo sienten claramente. “De todos modos, nunca serán condenados”; “Tardarán años en ser juzgados”; “Siempre caen de pie”; “Serán demasiado viejos para ir a la cárcel”. Eso es lo que se oye todo el tiempo cuando se habla de los “casos” que afectan a los responsables políticos.

Desde hace algunos años, una sola cosa parece realmente asustar a los dirigentes que parecen acomodarse sin pestañear a las sentencias de prisión con suspensión de pena, como a las multas que les caen: la inelegibilidad. La pérdida de su mandato, su posición social y los privilegios que conlleva.

Por eso los jueces ahora dictan penas de inelegibilidad inmediata. Esto es lo que se conoce en la jerga judicial como “ejecución provisional”. Desde la sentencia en primera instancia, e incluso antes del recurso, los elegidos deben dejar su cargo (elegidos locales) o renunciar a postularse para uno nuevo (parlamentarios).

Eso es exactamente lo que le sucedió el lunes a Marine Le Pen, y desde Jean-Luc Mélenchon hasta Éric Zemmour, la clase política francesa no se lo está tomando bien. Ya no es posible confiar en la saturación de la justicia, en las solicitudes de actos adicionales y otros recursos, o en las solicitudes de nulidad, con el fin de alargar los procesos durante años y años. A partir de ahora, la sanción puede caer rápidamente.

Aunque todo es relativo. El juicio de Nicolas Sarkozy en el asunto libio se está celebrando catorce años después de nuestras primeras revelaciones y diez años después del inicio de la investigación judicial. El juicio de los asistentes de RN, que Marine Le Pen quiso eludir durante mucho tiempo, se celebró once años después de que reveláramos el caso y nueve años después del inicio de la investigación judicial.

Pero para los políticos, eso es todavía demasiado rápido. Desde hace veinticuatro horas, muchos quieren dar marcha atrás y deshacer una ley aprobada en 2016, tras el terremoto provocado por el caso Cahuzac. En aquel momento, para responder a una fuerte demanda popular a favor de una mayor ejemplaridad, los parlamentarios decidieron introducir en el Código Penal una pena de inelegibilidad obligatoria por atentados contra la probidad.

El ámbito de esta pena de inelegibilidad se amplió incluso unos meses más tarde a otros delitos, al comienzo del primer mandato de Emmanuel Macron. La disposición fue defendida por su entonces ministro de Justicia, François Bayrou, en el momento de la presentación del proyecto de ley “para restablecer la confianza en la acción pública”, en nombre de la necesidad de “reforzar la exigencia de probidad de los representantes políticos”.

El centrista veía entonces en ese proyecto la culminación de una carrera construida sobre la ejemplaridad en política. Una carrera en la que se enfrentó a “la inmunidad presidencial” durante los mandatos de Chirac y Sarkozy, en la que reclamó la supresión del Tribunal de Justicia (tribunal especial compuesto por políticos para juzgar a los ministros en el ejercicio de sus funciones), y en la que puso en marcha un proyecto de consulta ciudadana sobre la “moralización de la vida pública” durante la campaña de 2012. “Solo el referéndum podrá oponer la voluntad de los franceses a la mala voluntad de los partidos políticos dominantes”, dijo en ese momento.

Al año siguiente, durante los debates posteriores al caso Cahuzac, François Bayrou no estuvo presente en el hemiciclo, debido a la severa derrota de su partido, MoDem, en las elecciones legislativas de 2012. Pero el líder centrista lanzó inmediatamente una petición y una web (www.moralisation.fr, ahora dedicada a la jardinería) para exigir al presidente socialista François Hollande “una nueva noche del 4 de agosto [1789] para abolir algunos de los privilegios más exorbitantes de la ley”.

Una década después, junto a Éric Ciotti (también inmerso en un caso de malversación de fondos públicos) que quiere presentar una propuesta de ley para eliminar la ejecución provisional de las penas de inelegibilidad, resulta muy simbólico ver al mismo François Bayrou entre las personalidades más propensas a revertir uno de los pocos avances legislativos que hoy hace temblar a la delincuencia de guante blanco.

Convertido en jefe de un gobierno amenazado cada día por la censura de la extrema derecha, Bayrou también se encuentra en un evidente conflicto de intereses cuando habla sobre el tema, ya que él mismo está siendo juzgado, en fase de apelación, y se arriesga a ser condenado, también en un caso de asistentes. El caso es ciertamente menos grave en cuanto a su alcance y duración que el del Frente Nacional, ahora llamado Agrupación Nacional, pero comparable en todos los demás aspectos.

El partido que fundó y que hoy sigue dirigiendo, MoDem, fue condenado en primera instancia (en febrero de 2024) a una multa de 350.000 euros, de los cuales 300.000 en firme, mientras que varios allegados del primer ministro fueron condenados a penas de inelegibilidad condicional. Durante su juicio, en el que Bayrou se eximió de toda responsabilidad en la gestión operativa de su partido, él defendió el principio de una libre organización de los partidos políticos, al margen de la justicia.

Al igual que Marine Le Pen, quiere que los parlamentarios dejen de estar a merced de los jueces en nombre de una “separación de poderes” vaciada de significado. Este principio fundacional del derecho dice precisamente lo contrario: para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder (judicial) pueda detener al poder (político). “La defensa reivindica una impunidad total y absoluta […] en el marco de sus actividades políticas”, tuvo que oír, atónito, el lunes 31 de marzo el tribunal de París en su sentencia, en respuesta a ese argumento presentado por la defensa de Marine Le Pen.

En Francia, el presidente de la República ya goza de inmunidad: se le considera penalmente irresponsable por todos los actos que realiza en calidad de tal. De sus declaraciones se desprende que François Bayrou y Marine Le Pen querrían extender esa inmunidad a los parlamentarios.

Un año antes, preparando el terreno para una posible condena del MoDem en el caso de los asistentes, François Bayrou había salido a dar la cara por el alcalde de Toulon, Hubert Falco, de Los Republicanos (LR), ya en un caso de malversación de fondos públicos. Cuando se le preguntó sobre la pena de inelegibilidad dictada contra el representante de Var, obligado a dimitir de sus mandatos debido a la ejecución provisional de su condena, François Bayrou quiso inmediatamente relativizar este desvío de fondos públicos: “¡No es un crimen contra la humanidad!”

Ya consideraba necesario “que haya proporcionalidad entre la pena y la falta” y que la sentencia que condenó a Hubert Falco equivalía a “la muerte civil”, lo que sería “terrible”. Pero, ¿no es menos terrible tener como única brújula política la propia supervivencia?

Traducción de Miguel López

La condena a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha generado un terremoto político en su país y un aluvión de reacciones internacionales, especialmente por parte de sus aliados. La líder de Reagrupamiento Nacional ha sido condenada por un delito de malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos junto con ocho eurodiputados de su partido. La sentencia considera probado que durante once años la formación ultra desvió las subvenciones del Parlamento Europeo destinadas a la contratación de asistentes en Bruselas o Estrasburgo para pagar a sus empleados en Francia. Le Pen deberá cumplir una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución inmediata —que no afecta a su escaño de diputada—, cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. Así, queda eliminada de la carrera presidencial de 2027.

Desde su formación han llamado a la movilización en las calles contra una condena que consideran desproporcionada e injusta, al tiempo que diversos dirigentes ultras han mostrado su solidaridad con Le Pen: desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pasando por el Kremlin, que calificó la sentencia como "una violación de las normas democráticas" hasta el líder de Vox, Santiago Abascal, que atribuyó lo ocurrido a una campaña para "acallar la voz del pueblo francés". Otros líderes de la ultraderecha europea como la primera ministra Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini también han manifestado su apoyo a la francesa, al igual que el holandés Geert Wilders y el rumano George Simion.

Tampoco se quedó atrás la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, Elon Musk, que se sumó a los reproches contra el veredicto del Tribunal de París. "Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes", escribió el  hombre más rico del mundo, ahora encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de EEUU en X, la red social de la que es propietario. "Este es su libro de jugadas estándar en todo el mundo", añadió.

El caso ha generado división de opiniones en Francia, pero las principales asociaciones judiciales han cerrado filas tras la decisión. El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron "contratos ficticios": "Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea", señalan En 2018, el Parlamento Europeo estimó el importe total desviado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.

El caso de Le Pen recuerda a otros episodios con la extrema derecha como protagonista en los que también se han utilizado recursos públicos para malversar como el 'caso Serrano', que implicó al que fuera juez estrella de Vox y su candidato en 2018 a las elecciones de Andalucía. Francisco Serrano se presentó como un candidato que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", pero al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. Ni siquiera eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

El caso Serrano tuvo su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas. Los fundadores de la sociedad le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

A la espera de que se celebre el juicio, Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones ha impuesto a Serrano y a sus dos socios más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señaló el auto. Serrano sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos.

El 'caso Serrano' no es una excepción dentro del historial de Vox, ya que la formación está siendo actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular por utilizar métodos para captar fondos de manera opaca con unas "huchas", además de fondos extranjeros de modo ilegal al recibir dinero procedente de un banco cercano a Orbán. Además, Macarena Olona, exportavoz en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, también denunció los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene diversos frentes abiertos con la Justicia brasileña, con acusaciones que van desde falsificar su cartilla de vacunación hasta tramar un golpe de Estado para tratar de desbancar a Lula da Silva pasando por la apropiación de forma indebida de unas joyas que la familia real de Arabia Saudí entregó a una comitiva brasileña en una visita oficial a ese país en 2021. Se trataba de relojes Rolex, pendientes, un rosario árabe y un collar de oro y diamantes de Chopard. Según las estimaciones de los peritos policiales, len su conjunto tenían un valor de 5 millones de reales, lo que equivale a un millón de dolares.

Bolsonaro, pese a no participar en ese viaje, trató de lucrarse personalmente y venderlas en Estados Unidos. Cuando el escándalo estalló las devolvió, pero la Policía Federal consideró que había indicios suficientes para acusarle de al menos tres delitos: apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal, ya que involucró a varias personas de su círculo de confianza, incluyendo a altos cargos del Gobierno. Según las investigaciones, Bolsonaro sí vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, pero sus colaboradores las acabaron recomprando una vez que el Estado exigió su devolución.

Esta misma semana transcendió que el expresidente brasileño será juzgado en los próximos meses después de que el Tribunal Supremo aceptara la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Cuando perdió el poder, Bolsonaro perdió también la inmunidad de la que había disfrutado durante más de treinta años y en 2023 los jueces lo inhabilitaron para concurrir a las elecciones hasta 2030, al igual que ha sucedido ahora con Le Pen, por abuso de poder para deslegitimar las elecciones.

En el año 2019 saltó el 'caso Ibiza' que acabó con la carrera del entonces líder de extrema derecha en Austria Heinz-Christian Strache, entonces vicecanciller, tras revelarse un vídeo en el que Strache ofreció contratos públicos a cambio de financiación para su partido a una mujer que se hizo pasar por la sobrina de un oligarca ruso. El escándalo provocó la ruptura de la coalición de gobierno y la convocatoria de elecciones.

El vídeo fue grabado con cámara oculta en julio de 2017 en una villa de Ibiza en el que el líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) planteaba vías de financiar ilegalmente a su partido, y se jactaba de recibir donaciones millonarias de grandes empresas. "No pagan al partido, sino a una asociación sin ánimo de lucro. Le tienes que explicar que eso no pasa por el Tribunal de Cuentas", explicaba a su interlocutora. En 2021 un tribunal de Viena le condenó a 15 meses de prisión  por haber favorecido a una clínica privada a cambio de 10.000 euros, un caso que se descubrió tras confiscar su teléfono a raíz del 'caso Ibiza'.

También se conoció que Strache había cargado durante años de manera indebida gastos personales a su partido y que este le pagaba parte del alquiler de su vivienda y sustanciosas dietas. Así, rápidamente se desbarató su imagen de político que denunciaba las prácticas corruptas, lo que culminó con un batacazo electoral del FPÖ. En las últimas elecciones celebradas en septiembre del 2024, fue la primera fuerza con Herbert Kickl a la cabeza, ministro de Interior cuando estalló el 'caso Ibiza', posteriormente destituido.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen conocerá este lunes la sentencia por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo que perfilará su futuro y que puede acabar con sus ambiciones presidenciales.

Acusada de haber urdido una trama para que los asistentes parlamentarios que destina la Eurocámara a sus parlamentarios trabajaran en realidad para su partido, la Fiscalía solicitó contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos aunque no entre rejas y 300.000 euros de multa.

Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, la Fiscalía incluyó una petición complementaria que se ha convertido en la parte más importante del caso: cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación.

"No creo que (los jueces) lleguen tan lejos", aseguró Le Pen en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche publicadas este fin de semana. 

Si el tribunal siguiera el criterio del Ministerio Público, Le Pen vería truncada su cuarta carrera para la presidencia de Francia, con nuevas elecciones previstas para 2027, tras haber alcanzado dos veces la segunda vuelta, siempre en progresión ascendente.

La líder ultraderechista aparece como una seria favorita para esos comicios, al frente de un partido que encadena éxitos en las urnas y que parece haber roto los techos que, tanto a ella como a su padre, le han cerrado hasta ahora las puertas del Elíseo.

Aunque desde el primer día Le Pen se ha negado a considerar este juicio como un proceso político, en los últimos días del mismo sí puso sobre la mesa las implicaciones que puede tener "para la democracia": "Detrás de mi hay once millones de personas que han votado por el movimiento que yo represento. Millones de franceses que se verían privados de su candidata".

Sus palabras resonaron graves en el juzgado donde durante dos meses defendió su inocencia frente a las pruebas que presentaban la Fiscalía y la acusación particular, que representa al Parlamento Europeo, que eleva a más de 6,8 millones de euros el perjuicio sufrido.

Le Pen y otras 26 personas están acusadas de malversación de fondos públicos entre 2004 y 2016.

 A lo largo de la vista, la acusación trató de demostrar que los asistentes parlamentarios del Frente Nacional, rebautizado posteriormente como Agrupación nacional (RN), no trabajaban para los europarlamentarios, sino para el partido.

Muchos de ellos apenas pisaban la Eurocámara, mientras que quedó acreditada su presencia asidua en los locales del partido, donde buena parte tenía, además, un cargo asignado.

La líder ultraderechista explicó que buscaban asistentes parlamentarios con compromiso político y que trabajaban de forma conjunta, sin hacer distinción entre sus labores parlamentarias y las partidistas.

Una práctica que no llamó la atención del Parlamento Europeo mientras la extrema derecha tuvo un pequeño grupo parlamentario, pero que cambió de dimensión cuando en 2014 fueron el partido más votado en Francia y enviaron 24 parlamentarios a la cámara.

El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi diez años de investigación y acabó en el juicio.

Varios juristas consultados por EFE coinciden en que Le Pen será condenada, pero ninguno es capaz de pronunciarse sobre la cuestión de la inhabilitación y, menos aún, si quedará en suspenso.

Durante meses, los juristas del país han debatido sobre el encaje constitucional de tal pena, sin que nadie haya sabido dar una interpretación clara a una situación inédita.

Muchos piensan que una apelación debería dejarla en suspenso, lo que permitiría a Le Pen alargar el caso más allá de 2027. Si así fuera, en caso de imponerse en la carrera por el Eliseo, la líder de la extrema derecha vería detenerse el reloj judicial amparada por la inmunidad presidencial.

Otros consideran, sin embargo, que hay materia para que la inhabilitación sea impuesta incluso en caso de recurso, lo que dejaría fuera de juego a la política y propulsaría a la primera línea a su delfín, el joven Jordan Bardella, de 29 años.

La cuestión puede terminar en los despachos del Consejo Constitucional, presidido por el fiel macronista Richard Ferrand, cuyo nombramiento fue avalado por el parlamento hace mes y medio por tan solo un voto y con la abstención del partido de Le Pen, que muchos interpretan como un favor que acarreará contrapartidas.

Este organismo no ha sentado aún jurisprudencia sobre la aplicación provisional de una pena de inhabilitación para un cargo nacional, aunque sí lo avaló el pasado viernes para un cargo municipal en un caso de un concejal de Mayotte.

 Los abogados de Le Pen esperan una sentencia más favorable.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por las irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre.

En su sentencia, de 117 páginas y ponencia del magistrado Eloy Velasco, la Sala mantiene la condena a Prada impuesta en septiembre por la Sección Primera de lo Penal salvo en lo relativo a la responsabilidad civil, que rebajan de 40 a 10 millones de euros a pagar, de forma conjunta y solidaria a la Comunidad de Madrid, entre el exconsejero y otros acusados, según informa EFE.

Esta modificación se debe a que los magistrados entienden que, de los 25 contratos por los que Prada fue condenado, no todos pueden considerarse irregulares, pues la mitad han reportado algún grado de utilidad y pueden servir ahora o en un futuro a la continuidad del proyecto del Campus de la Justicia.

Respecto al resto de acusados, el fallo confirma la pena de tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Por contra absuelve de ese tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo, exasesor de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Este último no obstante se sentará de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional en 2026 por el caso Kitchen junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros.

Pese a quedar absueltos por ese delito, les mantiene a todos ellos la condena de inhabilitación por prevaricación administrativa, que no conlleva pena de cárcel.

En cuanto al acusado Félix José García de Castro, asesor jurídico del proyecto, se le rebaja la condena inicial de 3 años y medio de prisión a un año y medio por el mismo delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que para Mariano José Sanz Piñar se confirma su absolución.

La Sala analiza los 25 contratos del proyecto del Campus de la Justicia considerados constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y ratifica la prevaricación en todos por cuanto se adjudicaron de forma arbitraria. Respecto a la malversación, entiende que se cometió en trece de esos contratos, que fueron los que se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para el autobombo, esto es, para publicidad y comunicación, en vez de a proyección y edificación pública.

Entre dichos contratos se encuentran las distintas campañas de publicidad que se pusieron en marcha, con un coste de más 5 millones de euros; el alquiler de una lona publicitaria en una fachada del centro de Madrid; la cobertura fotográfica, o la creación de una revista digital, todo ello por un total de 10.298.034,30 euros. Esta cifra, calcula la Sala, supone en torno a un 25 % de los más de 40 millones totales del proyecto.

Si bien la Sala asume que en una sociedad mediática “un cierto gasto en publicidad/comunicación de lo que se hace habría estado justificado”, cree "arbitrario" que se destinara "tan elevado importe económico, lucrando a adjudicatarios en servicios que, aparte de para darles empleo, solo sirvieron para la autopropaganda de quien los adjudicaba”. Y es que, con ese dinero, añade, “se podría haber puesto en marcha más planificación, más edificación, más ejecución del fin primario de la mercantil pública”.

Confirma también que hubo prevaricación porque "se ideó y puso en marcha un sistema de elección y adjudicación de contratos -públicos y con dinero público- elusivo de la transparencia y la concurrencia contractual”. “Concurrió -prosigue- el inequívoco propósito, la clara conciencia de conculcar la legalidad y se generó concurrentemente un perjuicio evidente a la Administración pública gobernada" .

Entre esas irregularidades, menciona el fraccionamiento de pagos y la aportación de presupuestos de un mismo grupo empresarial para evitar la competencia o el empleo de cantidades económicas sustanciales en contratos alejados de los fines del objeto social a que debe destinarse el dinero público, como publicidad, lonas, patrocinios artísticos o marcas representativas.

La defensa de Prada, en su recurso, rechazaba la existencia de delito de malversación argumentando, entre otras razones, que ni los acusados ni los adjudicatarios de los contratos se lucraron personalmente.

Sin embargo la Sala responde que “no siendo suyos los caudales que podía legítimamente administrar, pues eran de los ciudadanos que los aportan a través de sus impuestos- no los podía adjudicar caprichosa y arbitrariamente –prevaricación administrativa– ni los podía administrar deslealmente, apartándolos como si fuesen particulares, de los fines públicos" para destinarlos a “mera autopropaganda”.

La Sala recoge la doctrina del Supremo sobre la malversación que no requiere el enriquecimiento del autor sino acreditar el perjuicio que al cumplimiento de los fines públicos que cuestan dinero le supone a la Administración, que es la víctima malversada.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha abierto una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación" de caudales públicos. Así lo expone el magistrado en el auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que ha acordado tomar declaración como testigo el próximo 16 de abril a las diez de la mañana en su despacho oficial al ministro de la Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Al respecto de este interrogatorio, el juez precisa que si bien Bolaños actualmente ostenta el cargo de ministro, "los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno". Por tanto, "al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los art. 412 y 413 de la Lecrim, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial".

Explica Peinado que la decisión de abrir esta pieza separada se basa en la declaración que prestaron en su día Cristina Álvarez y el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, la primera como investigada y el segundo como testigo. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González Gómez, al ser preguntado por quién era su superior entonces.

El juez cuenta además, según indica en el auto, con el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con, entre otros, la propuesta de nombramiento de Álvarez, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria.

Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo -que desempeña desde julio de 2018- en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación. Por su parte, el exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno indicó que no conocía a Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.

El titular el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y Cristina Álvarez.

Fuentes del Ministerio de Presidencia indicaron este lunes a EFE que han tenido noticia de la citación "a través de los medios de comunicación" y están a la espera de recibirla y estudiar su contenido. "Por supuesto, de confirmarse esas noticias, el ministro responderá, en su condición de testigo, cualquier cuestión que se le plantee", añaden las fuentes.

Bolaños se ha convertido en el segundo miembro del Ejecutivo citado como testigo por el juez Peinado. El primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar -al afectar la causa a su pareja- el pasado julio, cuando el magistrado se desplazó al palacio de la Moncloa para interrogarle.

El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias previas para investigar un presunto delito de malversación de 235 millones de euros que habría cometido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contrataciones "a dedo" en la provincia de Cádiz y que fue denunciado por Podemos.

En una rueda de prensa que ha recogido EFE, la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, ha explicado este lunes que la formación interpuso una denuncia el pasado octubre porque considera "muy grave lo que está pasando en la Junta de Andalucía y lo que está pasando con el SAS" ya que "se está sorteando la ley de contratos para dar a dedo millones de euros a empresas que ya todos conocemos la mayoría de los nombres".

La denuncia se basó en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, según relataba al juzgado, habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.

La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistemas 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros,(el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones. En esta provincia se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un cantidad total de 2,2 millones de euros.

Podemos interpuso esta denuncia en un juzgado de Sevilla, que, según fuentes del partido, decidió dividirla y remitirla a órganos judiciales de cada provincia los hechos que afectaban a cada territorio. El juzgado de Cádiz en el que recayó esa denuncia por las contrataciones en la provincia ha sido, según fuentes del partido, el primero en tomar la decisión de abrir diligencias.

En un auto fechado el pasado noviembre y dado este lunes a conocer por Podemos, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz indica que estas actuaciones "deben incoarse como diligencias previas" pues hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación.

La jueza acuerda practicar diligencias de investigación como pedir a la Intervención de la Junta de Andalucía que informe "sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo" y dar traslado de las actuaciones al fiscal de delitos económicos "a fin de que interese diligencias a practicar".

En la rueda de prensa, Martínez ha destacado que los informes apuntan a "un fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud" y se ha preguntado "¿A quién benefician estos contratos a dedo?". "Sinceramente yo no conozco a nadie personalmente que se dedique a trabajar de intermediarios de material sanitario, pero el PP y sus contactos parece que sí que los conocen y se están embolsando cantidades millonarias por hacer de intermediarios", ha dicho.

Ha añadido que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "ante los avisos e informes de los trabajadores de la Junta que se dedican a controlar estos contratos" lo que ha hecho es "una limpia y cortar cabezas. Se los está quitando de en medio".

Ha animado a hacer "un trabajo titánico" a "todas las personas y los partidos que creemos en la sanidad pública" para "vigilar que el dinero que sale de los bolsillos de los andaluces y las andaluzas y de nuestros impuestos no va a pagar comisiones millonarias para comprar materiales que podrían salir mucho más baratos".

Louise Neyton y Nicolas Barret, los dos fiscales que ejercen la acusación en este proceso iniciado el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París, solicitaron que la líder de la extrema derecha francesa sea condenada por malversación de fondos públicos y por ser cómplice de ese mismo delito. Según EFE, reclamaron en concreto para ella una pena de cinco años de cárcel, tres exentos de cumplimiento, 300.000 euros de multa y de cinco años de inhabilitación. Los representantes del Ministerio Público también pidieron la condena del Frente Nacional (FN) como persona moral y de los otros 26 encausados a penas en este proceso por haber utilizado de forma indebida el dinero del Parlamento Europeo en favor de la formación ultraderechista a través de los contratos de los asistentes parlamentarios.

En caso de que los jueces del tribunal decidan imponer a Le Pen la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la sentencia que se espera para comienzos de 2025, se da por hecho que ella recurrirá, lo que en principio debería suspender la ejecución de la pena hasta que haya una sentencia definitiva. Pero la Fiscalía reclamó que a todos los acusados se les imponga de forma inmediata la ejecución de las penas de inhabilitación para cargos públicos, lo que supondría un serio obstáculo para las ambiciones políticas de Le Pen. La cuestión es si esa eventual inhabilitación sería ejecutoria de aquí a que se tengan que formalizar las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales que, si no hay cambios -como una poco probable dimisión de Macron antes del fin de su mandato- deben celebrarse en la primavera de 2027.

En su primera reacción a la requisitoria ante los medios, Marine Le Pen denunció la voluntad de la Fiscalía de privarla a ella de la posibilidad de poder presentarse a las elecciones y de privar a los franceses "de poder votar por quien quieran". La líder de la extrema derecha dijo que esperaba que el tribunal no atendiera esas demandas del Ministerio público."Lo único que interesa a la Fiscalía es pedir la exclusión de Marine de la política" y "arruinar" a su partido, acusó.

Según la fiscal Neyton, el FN puso en marcha "un sistema organizado" con el objetivo de "servir a los intereses del partido" para ahorrar dinero con los asistentes parlamentarios en un momento en que atravesaba "una situación financiera particularmente tensa". En su requisitoria, puso el acento en la naturaleza inédita de los hechos que han conducido a este proceso "por su magnitud, su duración y, sobre todo por su carácter organizado, optimizado, sistémico y sistemático", que acarrearon "un ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático (...) y a la transparencia de la política".

Además, señaló que había "un interés personal directo" por parte de los máximos dirigentes del partido, porque la malversación les permitía mantener "un tren de vida confortable" y porque ese dinero les ayudó a consolidar, primero en torno a Jean-Marie Le Pen, y luego cuando su hija Marine tomó el relevo de la formación, un equipo con el que llevar adelante "su ambición política personal". Por eso consideró que hace falta "una respuesta ejemplar" para ella y para los otros acusados.

La Audiencia de Madrid ha confirmado el cierre del caso Neurona, archivado en diciembre de 2013 al descartar el juez irregularidades en el contrato suscrito entre Podemos y una consultora mexicana para las elecciones de 2019, al avalar el informe final que fue clave en la causa y ratificar que el precio que pagó el partido fue "más bajo" que el del mercado. "Decimos que el informe es concluyente: 'no solo es precio de mercado, sino que el precio (de lo contratado) es más bajo'", concluyen los jueces.

En un auto de la Sección 30 de la audiencia madrileña, fechado el 25 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE, los magistrados desestiman así el recurso que interpuso Vox contra el auto del juez que archivó la causa tras tres años de investigación al no apreciar apropiación indebida de fondos electorales ni otro delito electoral en el contrato entre Podemos y la consultora mexicana.

El juez Juan José Escalonilla exoneró así a los exdirigentes de Unidas Podemos Juan Manuel del Olmo, Daniel de Frutos y Carlos García Ramos y al empresario Elías Castejón. Durante el proceso ya había exonerado, tras mantenerle imputado varios meses, al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

La causa nació el 16 de julio de 2020 por los presuntos delitos de administración desleal y malversación tras recibir una denuncia de José Manuel Calvente, un abogado del partido que fue despedido tras ser acusado de acoso sexual y laboral a otra letrada de la formación, Marta Flor, procedimiento que después fue archivado.

Ahora la Audiencia de Madrid avala la decisión del juez de cerrar el caso Neurona frente a la petición de Vox, que solicitaba la reapertura del caso alegando que el perito que hizo el informe final y clave en la causa, Aleix Sanmartín, es asesor del PSOE y por tanto no es imparcial.

Los jueces argumentan que "de la lectura de la noticia de prensa a la que hace referencia el recurrente (Vox), el perito cualificado, también prestó sus servicios para el otro partido, éste de signo contrario al primero de los citados", y concluyen que el experto "llevó a cabo trabajos de colaboración con partidos políticos de ideologías diferentes, sin que ello quiera decir nada más que lo que se dice".

Y destacan que la recusación "es extemporánea, debido a que la misma se tendría que haber formulado tras la aceptación de la pericial que al perito le fue designado, o en su caso haber impugnado el informe pericial llevado a cabo".

Vox pedía en el recurso que, si no se aceptaba esa falta de idoneidad el perito, se valorara que la causa fue cerrada "existiendo indicios de conducta delictiva", y los magistrados responden que la "dilatada prueba testifical" y "la abundante prueba pericial practicada" también lleva a concluir que "los trabajos objeto de encargo se llevaron a cabo y se hicieron por un precio más bajo que el del mercado en aquellas fechas", como dijo el perito.

En el auto recuerdan que los delitos electorales no están recogidos en el Código Penal, sino en ley de Régimen Electoral General, y que las infracciones electorales -menores que los delitos- solo se pueden judicializar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

"Con ello y con las conclusiones del informe pericial tantas veces repetido, decimos que el informe es concluyente: 'no solo es precio de mercado, sino que el precio (de lo contratado) es más bajo'", concluye el auto.