La derecha judicial
Los precedentes que prueban que la acusación del juez Peinado contra Begoña Gómez no se sostiene
Dieciocho meses después de iniciar una investigación prospectiva a partir de una denuncia presentada por la organización ultra Manos Limpias, que únicamente aportó recortes de prensa y un bulo sobre una falsa subvención, el juez Juan Carlos Peinado sigue sin hacer público en qué hechos o indicios se basa para acusar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de un delito de “malversación de caudales públicos”.
Este tipo penal está pensado para castigar desde el robo de dinero público hasta el uso de fondos de la administración para fines distintos de los previstos inicialmente. De manera que, para sostener esta acusación, Peinado necesita argumentar que tiene al menos indicios de que hubo afectación del dinero público cuando Gómez pidió a la asistente que Moncloa puso a su disposición —en calidad de cónyuge del presidente del Gobierno— que enviase dos correos sobre asuntos personales.
Es verdad que, desde diciembre de 2022, existe una modalidad, el uso temporal indebido de caudales públicos sin ánimo de apropiación, para la que no es imprescindible acreditar un perjuicio económico concreto. Pero sí se exige que quien lo comete sea “autoridad o funcionario público”, algo que la esposa del presidente no es.
La aparente desproporción entre la calificación penal que hace Peinado y el hecho en sí —que una asistente, cuya tarea es ayudar a la esposa del presidente, enviase dos correos electrónicos relacionados con una actividad privada en la Complutense que Gómez desempeñaba mucho antes de llegar a La Moncloa y por la que cobró aproximadamente 5.000 euros al año entre 2014 y 2022— es lo que ha puesto al juez en el ojo del huracán.
Asistencia
Sobre todo, porque existen precedentes, en todos los gobiernos de la democracia, del nombramiento de personas de confianza para asistir a las esposas de los presidentes (todos hombres, desde las primeras elecciones democráticas), así como del uso de recursos públicos para dar soporte a sus actividades privadas.
La única vez que algo así se judicializó fue durante la presidencia de Mariano Rajoy, aunque, al final, el Tribunal Supremo decidió archivar el caso sin darle siquiera trámite. Ocurrió en 2015, cuando el entonces jefe del Gobierno se encontró con una denuncia por el uso de fondos públicos del presupuesto de La Moncloa para los cuidados de su padre, una persona de 95 años, dependiente, que vivía junto a él en el complejo presidencial.
En aquella ocasión, el Supremo no vio motivos para investigar malversación alguna, a pesar de que Rajoy, en vez de pagar de su propio dinero los cuidados de su padre (asistencia y acompañamiento día y noche por parte de dos personas), decidió cargarlos al presupuesto público.
En este caso sí habría, sobre el papel, perjuicio para el erario público, a diferencia de lo que se conoce, al menos hasta ahora, por parte de Begoña Gómez.
Gasto privado, pago público
Según elDiario.es, Rajoy decidió cargar al presupuesto de La Moncloa los gastos de atención de su padre tras comprobar la importancia de las facturas que se le venían encima. La familia del presidente conocía de primera mano el esfuerzo económico que suponía la contratación de varias personas para realizar labores de acompañamiento y asistencia a su progenitor tras asumir ese coste por espacio de poco más de un mes. La factura más alta que abonaron personalmente fue de 3.600 euros, que a partir de entonces se pagó con cargo al dinero público.
La denuncia por aquel caso la presentó la asociación El Defensor del Paciente, y en ella acusaba al entonces inquilino de La Moncloa de haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos. El Gobierno de Rajoy se negó en redondo a dar explicaciones, escudándose en que se trataba de una práctica (costear con dinero público a asistentes de familiares del presidente) común a todos los presidentes que le antecedieron en el cargo.
La esposa de Rajoy, Elvira Fernández, también utilizó a un asistente pagado con fondos públicos para asuntos personales cuando vivía en el Palacio de La Moncloa: se trataba del hoy diputado del PP Jaime de los Santos. Famosas son las fotos en las que aparece llevando bolsas de establecimientos comerciales de la esposa del entonces presidente, a la que también auxiliaba en su “correspondencia, viajes, asuntos técnicos…”, según una información publicada por El Confidencial en septiembre de 2013. El ministro de Transportes, Óscar López, ironizó recientemente sobre sus funciones en un debate en el Congreso, llamando a De los Santos “personal shopper”.
En la época de José María Aznar (1996-2004) también se reprodujo una polémica similar, aunque sin consecuencias judiciales, igual que en el caso de Elvira Fernández. El Gobierno del PP nunca aclaró cuánto costó ni cuál fue la finalidad del viaje que realizó a finales de marzo de 2000 Ana Botella, la esposa del presidente, a México. El Ejecutivo de Aznar admitió que se financió con cargo al presupuesto del Ministerio de la Presidencia, que se efectuó como consecuencia de una invitación del presidente mexicano y que fue acompañada por tres personas adscritas a Presidencia.
Campañas electorales
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Se sabe también que el propio presidente Aznar utilizó helicópteros, medios y personal de La Moncloa para participar en las campañas electorales del Partido Popular: volaba en el helicóptero oficial cada vez que se trasladaba al aeropuerto de Torrejón para coger un avión y asistir a los mítines de su partido en la campaña de 2003.
Felipe González (1982-1996) también fue objeto de acusaciones de usar recursos públicos para fines privados porque utilizaba el avión presidencial para irse de vacaciones con su familia.
La cuestión del uso de medios públicos para actividades privadas, en particular cuando afectan a la familia de los presidentes —que conviven con él en la sede de la Presidencia— no está regulada en España, lo que abre una amplia zona gris sujeta a interpretación.
