El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar el expediente de rehabilitación en la carrera judicial de Baltasar Garzón, separado del servicio en 2012 tras ser condenado por el Supremo por su instrucción del caso Gürtel. Así lo ha acordado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tras recibir un escrito de Garzón en el que aclaraba que lo que pedía al Consejo era la "reparación integral" a la que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene derecho, lo que incluiría una indemnización y su vuelta a la Audiencia Nacional y no su retorno a la magistratura como juez raso obligado a aceptar el primer destino vacante. La decisión le abre las puertas a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, el pasado mayo, dio validez a las resoluciones sobre vulneraciones de derechos humanos de la organización internacional para obtener un resarcimiento del Estado.

Garzón consideraba que el órgano ante el que debía reclamar esa reparación integral era el CGPJ, la institución que acordó su expulsión tras su condena. El juez inhabilitado invocó ante el órgano de gobierno de los jueces una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo. En ella se daba validez al dictamen de un comité de derechos de la la ONU sin la necesidad de revisar previamente las sentencias que se trataban de combatir. En ese caso, en el que se analizaba una resolución del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el Alto Tribunal advirtió de que "no se trata de revisar sentencias firmes" porque lo que el organismo internacional pone de relieve no es la actuación de un juzgado o un tribunal concreto, "sino el conjunto de respuestas del Estado". El proceso reconoció el derecho a recibir una indemnización del Ministerio de Justicia "por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

Sin embargo, en el Pleno del CGPJ del pasado 8 de octubre, el órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de Garzón pese al dictamen de otro comité de la ONU, el de Derechos Humanos, que obligó a España el 13 de julio de 2021 a otorgarle esa "reparación integral" por la violación de tres derechos fundamentales durante el proceso en el que se le condenó nueve años antes: el derecho "a un tribunal independiente e imparcial" –tanto la instrucción como el enjuiciamiento se siguieron íntegramente en la Sala de lo Penal del Supremo–, la garantía del acceso a una doble instancia o apelación en caso de condena penal –Garzón no la tuvo al ser juzgado como aforado– y el derecho a la legalidad penal, es decir, a obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

En contra del criterio establecido por la Sala de lo Contencioso del Supremo del pasado mayo, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces concluyó el pasado 8 de octubre que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española. El CGPJ decidió entonces mantener abierto un expediente de rehabilitación que, sin embargo, no lo hubiera restituido en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible entre los vocales, automático– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción que ya ha cumplido íntegramente. Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos. Garzón, sin embargo, explica que el dictamen de la ONU, con la legislación actual, no es válido para reclamar la revisión de una condena del Alto Tribunal, en contra de lo que le exige el CGPJ. Esa es la razón de que no la haya pedido.

Tras rechazar su "reparación integral" en una resolución de la que fue ponente el vocal conservador Alejandro Abascal, el Consejo decidió dejar abierto el proceso para permitir la vuelta de Garzón a la judicatura. Sin embargo esos trámites no le hubieran permitido retornar a la Audiencia Nacional. El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses –la de Garzón ha durado 13 años– suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

La imposibilidad de obtener esa reparación integral y la vuelta a su último destino es lo que ha provocado que, el pasado lunes, el juez inhabilitado renunciara a su rehabilitación por el Consejo. En su escrito enviado al órgano de gobierno de los jueces, asegura que esa rehabilitación "no es lo que se ha solicitado", sino la "reparación integral", y afirma que "el CGPJ se ha inventado un procedimiento no solicitado". El trámite abierto para facilitar su vuelta a la judicatura dejaba "en papel mojado" el dictamen de la ONU, según el escrito, "a pesar de su efecto vinculante que es prueba indubitada de que fue privado del cargo con base a una triple vulneración de derechos fundamentales". El antiguo juez de la Audiencia Nacional considera que negarle la reparación que solicita supone su revictimización.

El magistrado suspendido en 2012 prepara ya su recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, la competente para revisar las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de la misma Sala que hace solo cinco meses estableció que los dictámenes de Naciones Unidas son vinculantes para todos los poderes del Estado. El proceso en el Alto Tribunal podría, en teoría, reconocerle la indemnización que había reclamado, sin éxito, al Consejo, pero no su vuelta a la magistratura. Porque Garzón cumple 70 años –la edad de jubilación de jueces y magistrados– este domingo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros –diez conservadores y diez progresistas– junto a su presidenta, Isabel Perelló, han rechazado la reclamación del juez pese al acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obligó a España en 2021 a otorgarle una "reparación integral" por considerar que, durante el proceso contra él, se vulneraron derechos fundamentales y garantías procesales básicas.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española, según ha informado. El CGPJ mantiene abierto un expediente de rehabilitación de Garzón tras el cumplimiento de su inhabilitación que, sin embargo, no lo restituirá en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

La resolución adoptada por el Pleno del Consejo ha tenido como ponente al vocal conservador Alejandro Abascal, el mismo que redactó el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado julio con el que ese organismo rechazó la revisión de oficio de esos acuerdos. Contra esa decisión, Garzón presentó un recurso administrativo ante el Pleno recordando que el comité de la ONU, en su dictamen del 13 de julio de 2021, consideró que se había violado su derecho "a un tribunal independiente e imparcial", su derecho fundamental "a una doble instancia o apelación en caso de condena penal y el de obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

Como consecuencia, el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas reclamaba una "reparación integral". La Comisión Permanente, en su resolución del pasado julio, ordenó iniciar un procedimiento para su vuelta a la carrera, pero al haber estado suspendido por más de seis meses, su rehabilitación le obligaría a concursar por la primera plaza disponible, perdiendo su anterior destino en la Audiencia Nacional.

El motivo que los vocales esgrimen para no otorgar a Garzón esa reparación en los términos en los que la reclama es que, en opinión de la mayoría de ellos, no existe un procedimiento para hacerlo. Su separación de la carrera se produjo días después de que la Sala de lo Penal del Supremo lo condenara por prevaricación, por haber grabado las declaraciones de varios letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión, grabaciones que el juez que siguió instruyendo la causa tras la expulsión, Pablo Ruz, prorrogó sin ninguna consecuencia penal.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible, impuesto– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción penal que fue impuesta el 9 de febrero de 2012, por lo que ya se ha cumplido íntegramente.

Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal declaró el pasado mayo que los dictámenes de ese organismo son obligatorios para los tribunales españoles. Garzón no ha presentado hasta el momento el recurso extraordinario de revisión que podría permitir que se anulara su condena, a día de hoy plenamente vigente. La mayoría del Consejo cree que declarar nula su expulsión supondría desobedecerla.

El Consejo, sin embargo, sigue adelante con su proceso de rehabilitación. El órgano de gobierno de los jueces debe darse prisa para llegar a tiempo, ya que Garzón alcanzará los 70 años (la edad de jubilación de los jueces) el próximo 26 de octubre. Esa rehabilitación, sin embargo, no supondrá, casi con total seguridad, su regreso a la Audiencia Nacional, algo que, según los recursos presentados por el juez, sí cumpliría los requisitos de esa "reparación integral" que exige Naciones Unidas.

El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, Garzón estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

El arquitecto financiero de la trama Gürtel, Luis de Miguel, en prisión tras ser condenado a 20 años de reclusión por el Tribunal Supremo, aseguró en su declaración del 16 de diciembre en el juicio sobre las actividades de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que su despacho consiguió que su cliente principal, la cadena de hipermercados Alcampo, "no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte añosimpuesto de sociedades", según la declaración textual a la que ha tenido acceso infoLibre.

Luis de Miguel, que fue condenado por asesorar al empresario Juan Ramón Reparaz para defraudar 25 milllones de euros a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, aseguró al tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que antes de asociarse con Correa su despacho trabajaba para grandes empresas. Y puso como ejemplo la cadena de origen francés: "Yo me estaba dirigiendo fundamentalmente a empresas grandes. Nosotros hemos tenido como cliente principal a Alcampo desde 1978 y estuvimos con él hasta 2007, por culpa de la entrada y registro del despacho", explicó Luis de Miguel, en relación a la actuación ordenada en 2007 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el seno del caso BBV Privanza.

"Planificación fiscal"

"¿Pero qué hacían en relación con esas grandes empresas, con Alcampo y con sus clientes?", interpeló entonces la fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell, que trataba de esta forma de obtener más datos sobre la actuación del conocido como cerebro financiero de la organización encabezada por Francisco Correa.

"Nosotros hacíamos planificación fiscal", contestó Luis de Miguel, que aseguró que esa era una "perfecta" definición de su actividad en el despacho, que llegó a disponer de unos 25 empleados en dos sedes en Madrid.

"De tal modo, a través de la propia ley, conseguimos que Alcampo no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte años. Eso aplicando las previsiones de inversión, las de amortización, las previsiones en relación con los incentivos que antes había por inversiones, por incremento de plantilla, y entonces íbamos haciendo planes en función de la actividad de la compañía e íbamos adaptando qué ley podíamos ir aplicando en cada momento. Y llegamos a conseguir que en veinte años no tuvieran base imponible positiva juntamente con los beneficios que lógicamente eran positivos", completó el procesado. 

"¿Con esa planificación trataba de reducir la tributación?", volvió a preguntar la representante del Ministerio Público, que logró arrancar una respuesta positiva al procesado: "Efectivamente".

Una empresa en Portugal

Y entonces la fiscal se interesó sobre si también creaba "estructuras societarias" en el extranjero, algo que rechazó Luis de Miguel, quien aseguró que Alcampo, "como cualquier multinacional, siempre ha sido muy reservada. Yo daba ideas, aportaba ideas, pero no realizamos ninguna... Se hizo efectivamente una sociedad en Portugal, pero lo hicieron ellos, para que la sociedad portuguesa pudiera invertir en otros países y pudiéramos aplicar los planes que estaban aceptados en Portugal y que eran más beneficiosos que los planes que estaban aplicándose en España. Y entonces ahí indirectamente obteníamos beneficios fiscales", respondió el arquitecto de las empresas de la trama Gürtel.

Luis de Miguel también aportó al tribunal un dato de interés: que conoció a otro de los procesados en Gürtel, a Ramón Blanco Balín, que fue la persona que le sucedió en 2005 en el organigrama de la red corrupta, durante los trabajos de inspección del supermercado de origen francés: "Correa me presenta a Ramón Blanco Balín, que yo le conocí porque trabajaba en la ONI [ahora llamada Delegación Central de Grandes Contribuyentes] como inspector de Hacienda y que formaba parte del grupo que revisaba las cuentas de Alcampo", declaró el reo al tribunal, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

El procesado, que relató que llegó a contar entre sus clientes con la empresa Crédito y Caución, que según su declaración disponía de capital público, reconoció que su despacho profesional aceptaba "cualquier asunto que nos pudiera traer un posible cliente". No obstante, aseguró haber rechazado algunos casos: "Venía gente con cara de marroquíes o incluso unos negros, y con eso no quiero echar en falta nada por el tema del color, que querían que organizáramos alguna cosa para traer dinero a Europa, esas cosas raras, o que me daban un porcentaje por blanquear el dinero. Yo creo que incluso alguien de la mafia se acercó también por el despacho porque nos conocía", explicó el reo, que aseguró que ese tipo de encargos siempre los rechazó.

Las grandes empresas

El caso de Alcampo no es único en España, ya que la multinacional norteamericana Apple pagó en 2014 sólo el 0,005% en impuestos por sus beneficios. El Corte Inglés lleva cinco años sin abonar ni un euro por el impuesto de sociedades, tal y como desveló infoLibre. un lustro en el que Hacienda le ha devuelto 343 millones. Una cifra inferior a la obtenida por el Banco Santander, que en 2013 y 2014 se apuntó contablemente 1.236 millones de euros como ingresos fiscales. Las tres grandes compañías, cada una a su escala y en su sector, obtienen importantes beneficios.

De forma paralela, la recaudación del impuesto de sociedades se ha hundido a niveles desconocidos. En 2015 las empresas ganaron 209.361 millones de euros, casi lo mismo que en 2006. Pero sólo pagaron 20.649 millones por el impuesto de sociedades, un 44,5% menos que entonces.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha nombrado ponente del caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular al magistrado Ignacio Sánchez Yllera, según consta en la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, el tribunal tendrá que decidir si imputa al PP por hacer desaparecer parte de las pruebas, tal y como solicitó el abogado de UPyD Andrés Herzog. Que un partido político pueda ser imputado es posible desde el 27 de diciembre de 2012 el Congreso aprobara una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de los partidos políticos y de los sindicatos con la intención de eliminar la "sensación de impunidad", según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto UPyD como Izquierda Unida y otras acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas se personaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el que recayó la investigación enviada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Auto de inhibición

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional firmó un auto de inhibición en el que ya apuntaba la posible responsabilidad del PP en la destrucción de pruebas del caso Bárcenas, en el que se investiga la posible contabilidad B del PP durante dos décadas: "Tampoco resultaría irrazonable o carente de lógica la eventual calificación de los hechos acontecidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 264.1 del Código Penal, que sanciona al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase programas o documentos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave", indicaba el mencionado auto.

Pero tras el archivo inicial del caso en el Juzgado número 32 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid perdió el sumario. Según fuentes jurídicas, las actuaciones "desaparecieron" después de que la secretaría judicial del número 32 realizara los trámites para remitirlas a la Audiencia Provincial de Madrid. La oficina judicial abrió un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y pidió a las partes los escritos que adjuntaron en su día, para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

Cuando desperté todos seguían allí

La Policía cree haber resuelto el misterio de las siglas P.A.C., que en varios informes de la Gürtel identifican con un todopoderoso personaje perceptor de importantes comisiones de la trama corrupta. La Policía Judicial sostiene que tras el acrónico se encuentra Francisco (Paco) Álvarez-Cascos. Así consta en un informe, remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 31 de enero, en el que se calcula que el exvicepresidente del Gobierno y expresidente asturiano se embolsó un 11% de los beneficios que la sociedad Rialgreen logró por organizar para el PP las campañas generales, autonómicas y locales de los años 2003 y 2004. Cascos negó de nuevo, este lunes, cualquier relación con la trama corrupta.

La Policía no especifica en su informe, al que ha tenido acceso infoLibre, cuánto dinero ganó dicha empresa de la red Gürtel por los trabajos electorales de 2003 y 2004. Pero sí que facturó 3,8 millones de euros. El margen de beneficio obtenido por las empresas del grupo que lideraba Francisco Correa llegó en algunas ocasiones hasta el 80%.

Informe de 2010

La Policía Judicial recurre a otro informe, de 30 de julio de 2010, para determinar cual era el modus operandi de la trama. Primero el PP, concretamente el entonces gerente del partido Luis Bárcenas, acordó con la empresa Rialgreen, de Francisco Correa, que se encargase de la prestación de los servicios publicitarios en las campañas electorales. Y después, ya mediante acuerdos privados, los integrantes de la trama Gürtel comenzaron a repartirse los beneficios. El 50% del total tuvo como destino a la firma MacCann-Erikson, que fue subcontratada por Rialgreen. El otro 50% se lo repartieron a partes iguales las empresas Asian Deluxe y Spinaker.

El 25% de Asian Deluxe se lo "distribuían" el empresario José Luis Rois Gallego y "PAC". La Policía no dice que lo hicieran a partes iguales. Es más, en una operación concreta que sí consta en otro informe anterior de la Policía Judicial, Rois se quedaba con el 70% y PAC con el 30% restante. Por tanto, por la vía de Asian Deluxe, PAC se estaría quedando con el 7,5% del total de los beneficios de Rialgreen.

Pero PAC cobraba más. También recibía una parte del 25% de Spinaker. Tras pagar un 8% por gestiones de facturación al abogado Luis de Miguel, el resto se repartía a partes iguales entre seis dirigentes del PP: PAC, Luis Bárcenas, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exdiputado europeo Gerardo Galeote y el exdiputado en el Congreso Jesús Merino. Todos ellos percibieron, por tanto, el 3,8% del total de los beneficios de Rialgreen.

En consecuencia, si se suman ambos porcentajes, resulta que PAC se quedó con el 11,3% de los beneficios de Rialgreen en las campañas electorales de 2003 y 2004. Y ello convertía a ese personaje, que la Policía identifica ahora como Álvarez-Cascos, en el comisionista que más dinero percibía. Algo que no carece de lógica si tenemos en cuenta que, de los seis dirigentes mencionados, era quien tenía el cargo principal.

La identificación de PAC

La Policía Judicial ha recurrido a la declaración judicial prestada por Luis Bárcenas en la que identificó las letras PAC de los papeles de la contabilidad B del PP como Francisco Álvarez-Cascos. "Existen varios elementos que permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuya identidad está detrás del acrónimo PAC se estaría refiriendo a Francisco Álvarez-Cascos", se dice literalmente en el informe policial.

Como por ejemplo que Correa, según las grabaciones aportadas por el denunciante del caso, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, reconoció que él había llevado a Bárcenas importantes cantidades de dinero procedentes de adjudicaciones de Fomento en época de Cascos. Y también por la relevancia de la persona que se encuentra tras las letras PAC, "por cuanto es el mayor perceptor en la distribución de fondos". Y finalmente por las relaciones establecidas en 2008 entre una empresa de un empleado de Correa y una sociedad a nombre de Cascos (denominada Tecnas).

Pero la Policía también incluye entre las evidencias que implicarían a Cascos en la trama Gürtel que su nombre aparece en la pieza separada de los papeles de Bárcenas como protagonista de la salida y entrada de fondos de la contabilidad B entre los años 1990 y 2004. En concreto, y según Bárcenas, Cascos recibió 35.120 euros de la contabilidad B del PP. Además, según el extesorero, el exministro de Fomento había recaudado más de 250.000 euros para el partido.

El rastro de Tecnas

El único rastro contable de la relación de Cascos con la trama Gürtel se localiza en 2008. Ese año, una empresa del exministro y exsecretario general del PP, Tecnas SL, facturó 69.600 euros a Creative Team SL, una de las sociedades pantalla constituidas con el exclusivo fin de mover dinero y dar cobertura a personas como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien según la Policía fue su “beneficiario económico” al menos entre 2002 y 2004.

La información sobre el vínculo de Tecnas con Gürtel fue desvelada en octubre de 2010 por el diario Público. Un estadillo de pagos remitido por Hacienda e incorporado al sumario Gürtel constató ya entonces el pago de los 69.600 euros a la empresa del exministro, cuyo objeto social contempla desde la elaboración de proyectos urbanísticos hasta la elaboración de informes sin más detalle sobre su contenido.

Cascos se negó en rotundo a explicar qué tipo de servicios había prestado Tecnas SL para Creative Team. En una conversación telefónica con el diario que publicó la noticia, el antaño todopoderoso “general secretario” del PP adujo que nada tenía que explicar sobre “relaciones privadas” entre empresas y lamentó “los intentos” por vincularle al caso Gürtel.

Cascos enfatizó que Tecnas es una empresa “honorable” y remachó que su compañía “no figura en el sumario Gürtel”. El exministro dejó patente su convicción de que Hacienda había filtrado esos datos a unos determinados periodistas. Y no atendió a ninguno de los intentos realizados para explicarle que, en efecto, el documento procedía de la Agencia Tributaria pero no era una filtración sino una prueba incorporada al sumario.

Ayer, Cascos reiteró su total inocencia y calificó de “falsedad absoluta” las afirmaciones de la UDEF y tildó de “incontrovertible que no ha mantenido ningún tipo de relación con el señor Correa ni con sus empresas desde el año 1995”. A través de un comunicado, el exministro abundó en su posición: "Como ya he manifestado en las anteriores querellas que se están tramitando en los Juzgados por agresiones informativas análogamente imposibles –reza el comunicado–, es incontrovertible que no he mantenido ningún tipo de relación con el señor Correa ni con sus empresas desde el año 1995". Cascos sostiene que las informaciones sobre el informe de la UDEF "constituyen un atentado a la dignidad de cualquier ciudadano en un sistema de garantías constitucionales que proclama la seguridad jurídica y la protección de las personas como principios generales" y anuncia que se defenderá "hasta sus últimas consecuencias".

La etapa de Cascos en Aena

Durante su etapa como ministro de Fomento entre 2000 y 2004, la empresa pública de aeropuertos, Aena, adjudicó a empresas de la trama Gürtel contratos por 2,4 millones de euros. Ahora, el juez Pablo Ruz ha reactivado las investigaciones sobre esos contratos, sobre los que distintos informes policiales han extendido la sospecha de amaño. Los informes policiales señalan el posible pago de hasta 84.000 euros a dos antiguos empleados de la compañía, uno de ellos su antiguo jefe de comunicación.

El próximo 6 de febrero se cumplen cinco años del inicio de GürtelGürtel, el caso de corrupción más importante de la historia reciente de España. Con 103 imputados en el tronco principal y 25 en la pieza separada denominada los papeles de Bárcenas, que incluso ha provocado el registro durante más de 14 horas de la sede del PP en la madrileña calle Génova de Madrid, el magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ultima sus trabajos para procesar al extesorero del PP Luis Bárcenas y al considerado cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa.

Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado a infoLibre que la intención del juez es la de partir la instrucción en dos, siguiendo un criterio cronológico. De esta forma, y según las previsiones que Ruz ha ido marcando a las personas adscritas a la investigación, este mes de febrero recibirá los últimos informes de la Policía Nacional, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE), que utilizará posteriormente para concretar los delitos por los que serán juzgados Bárcenas, Correa Bárcenasy el resto de imputados.

Precisamente la unidad 21 de la Policía Judicial ultima en estos momentos los informes solicitados por Ruz de la primera etapa, que incluye todas las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en municipios de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón o Majadahonda. Los principales imputados en estos municipios son los exalcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Juan Siguero y Jesús Sepúlveda y el exconsejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo. 

La compartimentación del caso Gürtel en dos troncos principales tiene como finalidad dar una solución a la situación especial que supone la prisión provisional de Luis Bárcenas, que tras la salida de Francisco Correa de la cárcel es el único preso relacionado con Gürtel.

procedimiento abreviado

Si los plazos previstos por el magistrado Pablo Ruz se mantienen, especialmente si no hay sobresaltos de última hora, el juez estaría en disposición de dictar, entre marzo y mayo, el auto de transformación en procedimiento abreviado. Tras los recursos preceptivos, será la Audiencia Nacional la que juzgue la primera parte de GürtelGürtel, cuyos acusados estrella serán Bárcenas y Correa.

Entre los asuntos que aún tienen que ser investigados, y por tanto que no serán incluidos en el primer juicio de Gürtel, se encuentra el considerado mayor pelotazo del caso: la adjudicación por parte del Ayuntamiento del municipio de Arganda del Rey Arganda del Rey(Madrid) de varias parcelas al dueño de Martinsa, Fernando Martín. La instrucción de este pelotazo sostiene que el constructor de Valladolid pudo haber pagado 13 millones a Francisco Correa a cambio de su intermediación con cargos del PP. En total, las transferencias relacionadas con las supuestas mordidas en Arganda superarían los 23 millones de euros.

La decisión de seguir investigando el pelotazo de Arganda y de no incluirlo en la primera parte de la instrucción se debe, según fuentes de la Audiencia Nacional, a la complejidad de la operación, pero sobre todo a la necesidad de que las autoridades de Mónaco y de Suiza sigan aportando la documentación necesaria. Recientemente se ha constatado la importancia de la sociedad de Fernando Martín Butler, radicada en el paraíso fiscal caribeño de Tórtola.Fernando Martín

También aparece vinculado con esta operación el empresario Amando Mayo, quien gestionó dinero de las cuentas suizas de los dos expresidentes de la constructora Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda.

Las grabaciones de Garzón

Pero un caso tan poliédrico como Gürtel no está exento de posibles contratiempos. Salvado de forma notable el intento de algunos de los imputados de provocar la nulidad del juicio alegando la irregularidad de las grabaciones del exconcejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, todavía la espada de Damocles pende sobre la instrucción de Pablo Ruz, pese a que su trabajo es considerado por juristas como ejemplarsu trabajo es considerado por juristas como ejemplar.

Esta espada de Damocles consiste en la posibilidad de que una parte del caso se anule por estar la instrucción contaminada por las grabaciones decretadas por el juez Baltasar Garzón y que fueron consideradas ilegales. Tras la expulsión de este magistrado de la carrera judicial, tanto Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como el propio Ruz en la Audiencia Nacional, han considerado que las grabaciones anuladas, que fueron registradas después de la detención de Correa, no contaminan el resto de la instrucción. Algunos de los imputados han recurrido estas decisiones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que adoptar una decisión al respecto.

Pero este problema no se acabaría con una decisión de la Sala favorable a las decisiones de Pedreira y Ruz. Fuentes del caso han asegurado a infoLibre que algunos de los imputados han anunciado su intención de esperar a la acusación del fiscal para argumentar, ya durante el juicio oral, que el caso Gürtel está contaminado desde la anulación de las grabaciones algunos de los abogados.

Los papeles de Bárcenas

La pieza separada que camina de una manera más autónoma es la de los papeles de Bárcenas. Hace poco más de un año, en concreto el 31 de enero de 2013, el diario El País publicaba los documentos manuscritos sobre la contabilidad B del PP. Los conservadores, y muy especialmente la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, negó públicamente el contenido de los documentos. Pero un año después el magistrado Pablo Ruz mantiene imputados a 25 personas. Entre ellas a toda la cúpula de la Tesorería del PP.

Además de Luis Bárcenas, han sido implicados los también extesoreros Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, y el exgerente Cristóbal PáezÁlvaro LapuertaCristóbal Páez. También fue imputado Francisco Yáñez, recientemente fallecido.

En relación con la contabilidad B o en negro del PP, el juez Ruz mantiene dos líneas de actuación determinadas por la prescripción de los delitos. La primera de ellas, y en virtud de la cual el magistrado decretó la entrada en la sede del PP nacional, se investiga el pago en negro de la remodelación del edificio de la Calle Génovaedificio de la Calle Génova. Por este caso está imputado el arquitecto Gonzalo Urquijo. Los informes de la Policía Judicial apuntan también a la implicación en el caso de los encargados de las finanzas del PP: Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez.

En los últimos días, el juez Ruz ha abierto dos nuevos frentes en los papeles de Bárcenas. El primero de ellos es por el presunto pago en negro de 200.000 euros para adquirir la nueva sede del PP de La Rioja en Logroño.

El segundo está relacionado con la devolución por parte del PP de Pontevedra de una deuda de 50.000 euros a la Tesorería del PP central de Bárcenas. El propio extesorero del PP aseguró que ese dinero se lo había entregado en sendos sobres que tuvieron como destino al número uno y a la número dos del partido: Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedalnúmero unonúmero dosMariano Rajoy.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reactivado la investigación sobre el presunto soborno por parte de la red Gürtel a dos exempleadosGürtel de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en la época en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, según aseguraron a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exministro de Fomento y expresidente asturiano siempre ha negado haber dado trato de favor a la trama corrupta. Cascos también ha negado, en su declaración como testigo ante el juez Pablo Ruz, estar vinculado con la caja B del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Nuevos informes

Las mismas fuentes de la Audiencia Nacional explican que el juez está a la espera de nuevos informes que complementen los ya existentes, que sirvieron para imputar a principios de 2012 al que fuera director de Comunicación del ente público, Ángel López de la Mota, y su empleado José María Gavari. Ninguno de los dos trabaja ya en la compañía pública de aeropuertos.

A ambos se les considera de forma indiciaria los presuntos autores de los delitos de cohecho y prevaricación, al haber recibido entre 2001 y 2002 regalos y pagos por un valor de 84.000 euros de las empresas de CorreaCorreaa cambio de adjudicaciones que supusieron un desembolso de 2,4 millones de Aena para las empresas Special Events y FCS Travel Group, ambas controladas por la trama que lideraba Francisco Correa.

López de la Mota

El informe de la Policía Judicial, de fecha 25 de octubre 2011, sostiene que Correa comenzó a prestar servicios a Aena tras la entrada de Ángel López de la Mota Muñoz como director de comunicación de Aena, con Álvarez-Cascos de ministro.

Y según este trabajo policial, López de la Mota participó en la elaboración de los pliegos de los concursos para la contratación de la participación de la compañía en Fitur en 2001 y 2002. Además, en 2000, Correa se encargó de presentar la memoria de Aena de 1999. 

Correa percibió otros 41.486 euros por la asistencia técnica para "la participación de Aena en Madrid por la Ciencia"; 275.383 euros por la asistencia técnica para "la participación de Aena en Expo-Ocio", y 138.389 euros por "la participación de Aena en Barcelona".

De forma paralela a las adjudicaciones de Aena, los responsables de la trama anotaron en sus cuentas pagos vinculados a López de la Mota, como por ejemplo la reforma de un ático de Villaviciosa de Odón (39.704 euros), viajes a Eurodisney o Menorca, y estancias en hoteles de Fuerteventura o Chiclana (Cádiz). En total 60.200 euros.

Pablo Crespo

Un segundo trabajo de la Policía Judicial, al que ha tenido acceso infoLibre, pone de manifiesto que una de las empresas del conocido como número dos de Correa, Pablo Crespo, participó en un pago de 20.000 euros relacionado con el stand de Aena en la Feria Internacional de Turismo (Fitur): "Analizando la contabilidad B de Serrano [sede de la trama corrupta] encontramos un apunte donde se recoge la entrega de Pablo Crespo de 20.000 euros en concepto de fra.004/02 del 12 de abril de 2002".

Tres días después Pablo Crespo, a través de una factura de su empresa Cresva a Pasadena Viajes [Francisco Correa], recibe esta cantidad justificando el trasvase como "Honorarios por servicios de asesoramiento relativos a la estrategia y organización del stand de Aena para Fitur Madrid 2002".

La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un escrito al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional cuyo contenido confirma que Ángel Sanchís Herrero, uno de los hijos del extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, ayudó a Luis Bárcenas a tratar de sacar su dinero de Suiza. En concreto, las fiscales atribuyen a Bárcenas la propiedad de la sociedad uruguaya Rumagol, pese a que oficialmente está a nombre del hijo de Sanchís y de Iván Yáñez, este último considerado como testaferro del extesorero encarcelado. En declaraciones a infoLibre, Sanchís reiteró que Bárcenas no tiene ningún tipo de relación con Rumagol: "No hay ningún documento que pruebe que es el propietario. El acta de constitución contradice esta versión. Los dueños son mi hijo e Iván Yáñez".

En su escrito, las fiscales resaltan además la estrecha amistad de Bárcenas con el también exempleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez Román y con Ángel Sanchís Perales, padres de Iván Yáñez y Ángel Sanchís Herrero, respectivamente, y que aparecen como titulares de la sociedad Rumagol y de los fondos de la misma en el HSBC.

Y para demostrar que la familia Sanchís ayudó a Bárcenas, el Ministerio Público destaca que pese a que el hijo de Sanchís e Iván Yáñez aparecen como propietarios de la empresa Rumagol, en la declaración de Luis Bárcenas ante Hacienda se especifica que es realmente el titular de los bienes de Rumagol en Estados Unidos. "Es imposible que Bárcenas haya declarado eso. No puede ser. Si no es el dueño no puede decir que lo es. Quizá se refería a la empresa Cono Sur Land, que sí es suya y de su mujer", argumenta contrariado Sanchís.

Al mismo tiempo, las fiscales resaltan el hecho de que en uno de los viajes de Bárcenas y Yáñez a Argentina, en concreto el realizado el 23 de septiembre de 2010, ambos se desplazaron desde Buenos Aires a Montevideo, la capital de Uruguay. "Este desplazamiento cobra sentido a la vista de la fecha de la junta general de Rumagol en Montevideo con asistencia de quienes dicen ser todos sus socios: Iván Yáñez Velasco y Ángel Sanchís", indican las fiscales.

626.000 euros de Bárcenas a ObispadoObispado

Pero la Fiscalía aporta otros datos, que demostrarían a su juicio que el auténtico propietario de Rumagol es Bárcenas y no los hijos de los dos amigos de Bárcenas, que trabajaron con él en la tesorería del PP. Como por ejemplo que el aporte de fondos a la misma por parte de Iván Yáñez, por importe de 600.000 euros, procedía de la cuenta suiza de su padre, Francisco Yáñez Román, denominada Obispado. Precisamente, esta última cuenta fue el origen de cuatro transferencias por un importe de 626.000 en beneficio de Bárcenas. En sus informes, la Policía ha destacado que Bárcenas llegó a tener capacidad para realizar movimientos en la cuenta Obispado. "A mi hijo le explicaron el día de la constitución de la empresa que el dinero era de Yáñez, no de Bárcenas", explica el extesorero del PP Ángel Sanchís.

Al igual que la inversión en Rumagol de la familia Yáñez, según la Fiscalía, el dinero invertido por el hijo de Sanchís en Rumagol también estaría vinculado con el extesorero. "Los fondos aportados por Ángel Sanchís Herrero a la cuenta de Rumagol tienen su origen en el dinero depositado en la cuenta de Brixco del HSBCÁngel Sanchís Herrero, que recibe fondos de Luis Bárcenas procedentes de Suiza", explican las fiscales, que especifican que la suma total de este dinero es de casi 1,5 millones de dólares. También recuerdan que esta firma de Sanchís también recibió un préstamo de 4 millones de euros de las cuentas suizas de Bárcenas: "Sin que la justificación de que se trate un préstamo se compadezca con la documentación obrante en la causa". Por su parte, Ángel Sanchís sostiene que ambas sumas no están vinculadas.

132.000 euros a Bárcenas

Otros movimientos bancarios, que superan los 2,5 millones de dólares entre 2011 y 2012 avalan la relación de Bárcenas con Rumagol. Entre estas transferencias el Ministerio Fiscal destaca que al cancelar la cuenta de Rumagol en el banco HSBC de Nueva York el dinero de Yáñez se ingresa en la sociedad Interactive BrokersInteractive Brokers, que hizo una transferencia de 132.000 euros a Bárcenas. 

Director: Sebastián Arabia

Guionista: Sebastián Arabia

En 2009 un juez era imputado por el Tribunal Supremo. Se le acusa de un delito de prevaricación. ¿El motivo? Declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La investigación quedo paralizada dentro de las fronteras españolas, pero el eco del proceso había sido internacional.

Las múltiples implicaciones del denominado caso Garzón exceden en el documental la figura del antiguo juez de la Audiencia Nacional para concentrarse, valiéndose de una estructura cronológica, en los acontecimientos jurídicos, políticos y sociales que marcaron el procedimiento. El discurso se construye fundamentalmente en torno a las entrevistas a juristas y representantes de asociaciones por la recuperación de la memoria, sin presencia de los representantes de los partidos pero con alusiones constantes a su labor.

Como ya hiciera en su primer largometraje documental Un largo invierno (2010), en el que daba voz a las víctimas del atentado del 11-M a través del testimonio de Pilar Manjón, el realizador Sebastián Arabia volvía a poner el foco en problemáticas que afectan a la sociedad española y que tras ocupar cientos de efímeras portadas merecen ser sometidas a un análisis más exhaustivo.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado que el dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas hallado en varias cuentas de Suiza "le da la razón" cuando decidió interceptar las comunicaciones entre imputados y abogados de la red Gürtel, una decisión sancionada por el Tribunal Supremo con su inhabilitación como juez durante once años.

"La interceptación se ordenó para impedir la continuación del hecho delictivo de blanqueo de capital y de los movimientos de los fondos ilegales de los que yo ya tenía indicio, en el exterior", explica Garzón en una entrevista en el diario colombiano El Espectador, recogida por Europa Press. "Cuatro años después", continúa Garzón, "se me ha dado la razón cuando se encontraron 22 millones de euros en una cuenta del señor Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Las comunicaciones que estaban interceptadas eran las de los líderes máximos de la red delictiva con cualquier persona, entre otros, sus abogados, que también estaban imputados en la misma causa".

El juez español afirma en la entrevista que adoptó aquella medida respaldado por los fiscales y la Policía, y se muestra muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo en su contra, algo que califica de "aberración jurídica". "El Tribunal Supremo tuvo que crear el delito inexistente hasta el momento", detalla.

Podría regresar a la judicatura "en siete años"

Al ser preguntado si podría volver a ejercer como juez, Garzón responde que "podría regresar dentro de siete años". El juez asevera que entonces lo sopesará teniendo en cuenta si sigue teniendo "muchas energías", y bromea: "No me gustaría negarles a muchos ese dolor de cabeza en caso de que lo volviera a tomar".

Garzón dice que se encuentra feliz con su trabajo en la fundación internacional que lleva su nombre y dice que "lo peor para algunos, dentro y fuera de España, es que quería una especia de muerte civil" contra él. "Sin embargo, sigo trabajando, opinando y analizando los temas que me interesan", enfatiza. En este sentido, se refiere a la negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC, de las que se muestra partidario, aunque rechaza que esta organización terrorista "se llame a sí misma víctima y no admita la existencia de las que produjeron durante la guerra". "Esa posición me parece cínica y es inaceptable", puntualiza.

Izquierda Unida, la formación política que presentó la querella en la Audiencia Nacional tras tener conocimiento de la presunta contabilidad b del Partido Popular contemplada en los denominados 'papeles' del extesorero de este partido Luis Bárcenas publicados por El País, está estudiando qué acciones legales va a emprender tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de suspender la declaración del exsenador ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que admitió a trámite la querella.

"La Fiscalía presentó una resolución anómala que no está contemplada en la ley. Y no es verdad que sea una apelación. De hecho el fiscal especifica que no se trata de una apelación", relata el secretario de Convergencia Político-Social y Movimientos Sociales de IU y uno de los autores de la querella contra Bárcenas, Enrique de Santiago, que especifica que la formación política de izquierda está contemplando "todas las posibilidades". Para De Santiago, la Fiscalía con su intervención para que Gómez Bermúdez no investigue el caso está "conculcando" el derecho de ser juzgado por un juez predeterminado por la ley". En este caso, se tratarái, según IU, de que Gómez Bermúdez continuara con la instrucción, y no el magistrado Pablo Ruz: "No obstante a nosotros nos da igual quien investigue el caso", expecifica De Santiago. 

Entre las opciones que se plantea IU se encuentra la posibilidad de interponer una querella por prevaricación contra los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, Enrique López y Julio de Diego, por admitir la petición de la Fiscalía de suspender la declaración de Bárcenas.

Para Enrique de Santiago la Fiscalía presentó un escrito ante la Sala, que no reunía los requisitos legales: "Porque no dispone de los requisitos legales para considerarse una medida cautelar. Es sorprendente que los magistrados hayan admitido semejante bodrio". De Santiago tambiién defiende la decisión de Gómez Bermúdez de mantener la declaración de los empresarios que aparecen en los'papeles' de Bárcenas como presuntos donantes del PP.

Sobre la diferencia entre los caso 'Gürtel' y Bárcenas, el letrado de IU sostiene que mientras el primero versa sobre "la intervención de Correa en los acuerdos con empresas para recaudar fondos para su entramado criminal", la querella de IU plantea algo "distinto", que es "la relación criminal entre los pagos supuestamente hechos por grandes empresas y la concesión de obras y aprobación de determinadas políticas".

Choclán utiliza como justificación una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se considera ilegal la utilización de la cámara oculta en un reportaje periodístico, "al margen de la veracidad o posible interés público de la noticia".

El letrado de Correa asegura que las grabaciones se realizaron de forma "subrepticia": "Primero las grabó sin el conocimiento de los afectados, y segundo las divulgó igualmente sin su conocimiento ni su autorización. Todo ello aprovechando y abusando de la confianza y de las estrechas relaciones personales mantenidas con sus víctimas. Y lo hizo con la finalidad confesada de acopiar evidencias para incriminar a los grabados, si bien laten sospechas de una intencionalidad próxima a la extorsión".

Y la consecuencia, según esta versión, las grabaciones, al constituir una "lesión ilegítima" y "grave del derecho a la intimidad", no pueden ser tenidas en cuenta en un proceso. "Debiendo ser expulsadas del ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden desplegar consecuencia jurídica alguna, ni tampoco ser tomadas en consideración".

Para Choclán, las grabaciones fueron determinantes para el inicio del proceso, la imputación de Correa y la posterior detención del presunto cerebro de la red corrupta: "O lo que es lo mismo, la investigación policial, fiscal y judicial iniciada en este proceso, con la posterior práctica de diligencias probatorias, no se hubiera obtenido razonablemente, sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad".

Este es el motivo por el que el abogado de Correa solicita al juez Ruz que las grabaciones realizadas por el denunciante del caso, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas se expulsen de la causa, y que se declare la nulidad de la investigación policial, fiscal y judicial iniciada del proceso: "Así como la posterior práctica de diligencias probatorias que no se hubieran obtenido razonablemente, sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad".