Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

No he leído aún su famosísima novela [La península de las casas vacías], aunque la compré cuando salió y la leeré (espero) posiblemente cuando pase el irrritante famoseo del "boom" (lo suelo hacer con todo lo que es vendible y se pone de moda hasta en las tertulias), y aún más ahora, cuando la intoxicación "mediatílica" coarta nuestra libertad para pensar con un mínimo de rigor lo que a uno le plazca.

En principio me echó para atrás (¿puedo decir "mosqueó"? la vitola "realismo mágico", cuando ya sabemos adónde nos lleva la etiqueta mentada dentro de nuestra historia literaria reciente, algo en principio tan fuerte que hace falta mucha penetración analítica y mucho conocimiento para dilucidar; por eso creo que la tengo "en stop", como en su momento me pasó por ejemplo con (salvando las distancias de género) Titanic (la vi el último día que la ponían en Madrid, en el cine Azul de la Gran Vía, y creo que acuciado por mi pareja)...

Pero además hay otro hecho reciente que me chirría aún más y es la reciente concesión del Premio Nadal a otra novela suya sobre Barcelona. Me dije, ¡ostras, qué casualidad!, que aún estando calentita y ascendiendo en las ventas La península…, al año más o menos aparezca La ciudad de las luces muertas que, ¡oh casualidad también!, me recuerda en el título a la ya legendaria e insuperable La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. (Yo, la verdad, creía que ya no existía el premio Nadal, que como sabemos fue oscurecido enseguida por el Planeta, casi desde que se lo dieron a Carmen Laforet o a la inmensa Carmiña...)

Por eso desconfío de estos escritores que tan jóvenes alcanzan un relumbrón tan soberbiamente instantáneo y que en principio se dedican a rescatar premios extintos y después se prestan a polemizar con el diablo para que todo quisque, haya leído o no, sea alfabeto o analfabeto, hable y hable, se posicione o ponga a parir, con el único objetivo de montar el batiburrillo del negocio.

Desconfío, y lo siento, de Uclés. De Pérez Reverte sólo sé que es un polemista y un provocador que ya en su momento utilizó a Umbral para darse a conocer literariamente y sus novelas son más conocidas por su adaptación al cine que por su verdadero valor literario. Son obras de consumo, como La península…, mal que le pese a Uclés. Tiene mucho éxito, no coincido con él en nada, sólo en que es paisano: nació en Cartagena, y yo en Murcia (lo que históricamente no es muy sinónimo de simpatía y afinidad).

Ya sabemos que es muy loable vivir de lo que a uno le gusta y para lo que sirve pero en mi opinión hay que tener un mínimo de honestidad con uno mismo. Desgraciadamente en los últimos años pululan en nuestra literatura narrativa grandes ladrillos capaces de matar a cualquier hijo de vecino cuyos autores jóvenes en su gran mayoría han sido encumbrados por publicaciones y críticos interesados sin el más mínimo pudor. Para mí que se quiere hacer de Uclés ya el líder de su generación: lo que está por ver, pues eso es un dictamen que sólo otorga el tiempo y hoy no hay ni tiempo y menos para leer. Es por eso que no me cabe duda de que su segunda obra, la premiada, será peor que su Península…, lo puedo asegurar aun sin haberla leído...

Por eso, esta "guerra incivil" con ribetes ideológicos que se ha montado entre él y Pérez Reverte (y siento decirlo) me parece un artificio como la copa de un pino para remover los escaparates de las librerías y las listas de ventas. Y lo digo por la sencilla razón que hasta un peón caminero diría y además con base en mi propia experiencia: a mí si me invitan a cualquier encuentro con una variada participación lo primero que pregunto es quién va y entonces decido en función de mi interés si voy o no.

Uclés me temo que ha esperado a que estuvieran impresos los carteles y lanzada la propaganda para mover el cotarro que en el fondo, estoy de acuerdo, es muy interesante y de alto alcance, pero que esconde una muy cuidada estrategia de marketing para vender como churros su novela ganadora del premio Nadal. E insisto: abomino de Pérez Reverte, pero eso no es óbice para que diga mi opinión y discrepe sobre esa oportunista concesión del Nadal cuando su Península… aún está muy vivita y coleando. Espero que lo piense y se dedique a escribir, sólo a escribir y luego promocionar lo escrito (es inevitable), pero sin caer en otras manos que no sean las suyas. Y es que estamos aún muy lejos de las disputas de nuestro Siglo de Oro... (por lo que llevamos del nuestro diríamos que estamos en el Siglo del Barro).

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Javier Herrera es socio de infoLibre.

La familia del magnate Rupert Murdoch resolvió este lunes una hermética batalla legal por la sucesión en el imperio mediático de Fox News y News Corp y confirmó que el hijo mayor del empresario, Lachlan Murdoch, su elegido, será quien lleve las riendas del negocio, según informa EFE.

La disputa se originó en 2024, cuando el patriarca de los Murdoch, de 94 años, intentó cambiar los términos del fideicomiso familiar para que después de su muerte, las empresas estuvieran bajo control de Lachlan, de 54 años, a quien eligió como sucesor, y alejar así del poder a otros tres hermanos.

Lachlan Murdoch, que preside Fox News y News Corp desde la retirada de su padre en 2023, quedará efectivamente a cargo de los negocios y sus hermanos Prudence, Elisabeth y James abandonarán su participación, según un comunicado que habla de un "acuerdo mutuo" que finaliza el litigio.

Murdoch creó el fideicomiso a finales de los años 90, principalmente para dar control equitativo sobre sus negocios a sus cuatro hijos mayores, pero buscaba bloquear la interferencia de esos tres hermanos de Lachlan, más moderados políticamente, para preservar su línea editorial conservadora.

Según el acuerdo, que cambia los planes sucesorios establecidos por aquella entidad, Prudence, Elisabeth y James Murdoch venderán sus acciones en las empresas en los próximos seis meses y no podrán comprar ninguna más, lo que confirma su salida del imperio mediático.

Los tres hermanos se opusieron a los movimientos de Rupert Murdoch secundados por Lachlan, y el año pasado un juez del tribunal Reno (Nevada) donde transcurría la batalla legal dio la razón a estos, por lo que la resolución en favor del sucesor elegido supone un giro de guion.

Lachlan y dos hermanastras pequeñas, Grace y Chloe, que son hijas de Rupert Murdoch y su tercera esposa, Wendi, tendrán acciones en otro nuevo fideicomiso que controla las empresas, indica la nota.

El canal CNN, que cita a una persona conocedora de la transacción, indica que los tres hermanos "salientes" del conglomerado recibirán 1.000 millones de dólares cada uno por sus acciones.

Tal y como estaba previsto desde hace unos meses, se reunieron este lunes 19 de mayo en Londres los representantes del gobierno británico, presidido por Keir Starmer, y los líderes de las instituciones europeas, especialmente el Presidente del Consejo, António Costa, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. En la misma, se abordaron temas cruciales como la defensa, la pesca, la movilidad universitaria a través del programa Erasmus o la energía, sin apenas tratar las relaciones comerciales y del Mercado Interior, que han quedado pendientes. De tal manera, se abre una nueva etapa, después de cinco años de su retirada de la Unión y de más de seis meses de acercamiento tras la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos.

Hay que recordar que el 1 de febrero de 2020 se produce la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, como consecuencia de las negociaciones realizadas a partir de los resultados del referéndum de junio de 2016, en el que ganó el Brexit. Desde entonces, los británicos iniciaron unas negociaciones comerciales, y de todo tipo, con los Estados Unidos para compensar esta ruptura. Nadie, ni los más optimistas, entre los que muchos dicen que me encuentro, pensó que cinco años después la situación iba a ser la opuesta. Se ha pasado del alejamiento progresivo a un acercamiento cada día más estrecho.

Ya en febrero de 2025, Starmer participó en la cena que el Consejo Europeo informal estaba celebrando. Si bien el motivo inicial de la cita era la profundización en seguridad y defensa, al final se trataron todos los temas políticos pendientes, especialmente las consecuencias de la ruptura de los compromisos internacionales del nuevo Presidente de los Estados Unidos. Es decir, el Reino Unido está viviendo, de forma muy similar al resto de los países de la Unión, las consecuencias de las decisiones políticas que está adoptando la Casa Blanca en sus primeros meses de mandato, y trata de elaborar una posición común con el resto de los europeos.

Esta nueva relación lleva ya meses de desarrollo, desde octubre de 2024 al menos, cuando hubo un primer encuentro entre Von der Leyen y Starmer, pero, posteriormente, se ha ido acelerando el acercamiento a través de diferentes actuaciones. Entre las más importantes está el inicio de las negociaciones en diciembre para conseguir un acuerdo de libre comercio entre ambos actores internacionales. En febrero, ya apuntaron que en los próximos meses se iban a tocar no solo los aspectos comerciales, sino muchos asuntos más, como la seguridad y defensa o la tecnología. Precisamente esto es lo que se ha hecho en la Cumbre bilateral del 19 de mayo.

El acuerdo que se ha alcanzado, al final, ha sido más complicado de lo que parecía, y ha habido tensiones hasta última hora. Esto es fácil de comprender, ya que no se puede pasar de la noche al día sin ciertas reservas. En todo caso, hay que resaltar que este ha sido el primer paso importante y formal en el que se reunieron en una Cumbre bilateral por primera vez desde el Brexit. La relación empieza a caminar en un sentido de acercamiento, y no de división como hasta ahora. Sin embargo, hay que resaltar que los temas económicos y comerciales, especialmente el acceso del Reino Unido al Mercado Interior, de momento siguen sin acuerdo.

No obstante, es importante resaltar lo que sí se ha conseguido. La nueva etapa en la cooperación se define en tres documentos: a) una declaración conjunta identificando los asuntos globales en los que tienen posiciones comunes, como la agresión rusa a Ucrania o la defensa del orden multilateral; b) un acuerdo de entendimiento sobre pesca, cooperación energética, movilidad universitaria y un compromiso renovado para abordar la migración irregular; c) una Asociación de Seguridad y Defensa, que permitirá al Reino Unido unirse a programas de cooperación militar europeos, como SAFE (Security Actions For Europe, que antes se refería como Rearm Europe), aportando fondos. En materia de defensa, el Reino Unido tenía mucho interés en participar en los proyectos militares europeos y en que Europa compre sus productos industriales en armamento. 

El acuerdo de pesca cambia sustancialmente lo pactado en el Brexit, en donde los europeos tenían un acceso muy limitado a las aguas británicas. Ahora, se acuerda un acceso recíproco hasta 2038. Es un cambio importante para los barcos pesqueros europeos y, especialmente, españoles, lo cual refleja el principio de entendimiento que existe entre los dos actores. Además, en relación a la movilidad universitaria, el Reino Unido había rechazado el programa Erasmus; sin embargo, ahora ha pactado negociar su inclusión, aunque se está decidiendo cuál será su contribución al programa.

Son muchos los factores que explican este cambio de la posición británica en el acercamiento a la Unión Europea después de cinco años de alejamiento, y algunos más de insidias, desde el referéndum de junio de 2016. A mi juicio, el acercamiento fundamental se debe a la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, y a las políticas que adopta durante estos primeros cuatro meses de mandato, donde se han confirmado las promesas electorales. No cabe duda que hay que darle las gracias a Trump por su política exterior agresiva, sobre todo frente a Europa, que está permitiendo, de una forma acelerada, el entendimiento entre los países europeos y, en este caso, con el Reino Unido, donde no debemos olvidar sus posiciones erráticas frente a la OTAN y a la política arancelaria, entre otros factores que, indudablemente, han ayudado al acercamiento.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y autor del libro 'La oportunidad de Europa frente a Trump'.

El Gobierno ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, fecha del inicio de la guerra en Gaza, de los que hasta la última consulta en la Plataforma de Contratación del Estado, realizada el 24 de abril de 2025, diez aún no han sido formalizados, según recoge EFE.

Así figura en un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz —del que publica este viernes un adelanto— sobre las relaciones militares de España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, con un listado de todos los contratos adjudicados por el Gobierno español a empresas israelíes, con el detalle de su valor, la fecha de adjudicación y de formalización.

Los diez contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones) y los misiles Spike (237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

El informe del Centre Delàs señala que el Gobierno "ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria". "Mientras que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y/o modernización de productos adquiridos en el pasado, otras suponen nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización", resalta el Centre Delàs.

"La estrategia de que la mayor parte de los contratos adjudicados a la industria israelí también implique y beneficie a la industria española facilita a la industria israelí ser adjudicataria de esos contratos y genera una preocupante complicidad entre las empresas de armas españolas y las israelíes", añade la entidad.

En este sentido, el Centre Delàs considera necesario "cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".

"Los hechos han demostrado —agrega— que el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a revocar la adjudicación de un contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil no se correspondía con la realidad. No se había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación sino que se habían limitado a analizar si la revocación era posible".

Para el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar a empresas israelíes de defensa o a sus filiales "ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado". En la misma línea, alega que si el Gobierno "tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros".

A la luz de los últimos movimientos de la Unión Europea, el aumento en el gasto en defensa de los países miembros va camino de ser una realidad. El belicismo de Rusia, junto con la necesidad de reducir la dependencia del paraguas protector de Estados Unidos, ha llevado a la Comisión Europea a movilizar un presupuesto de 800.000 millones destinado a rearmar el continente y hacerlo de manera coordinada en los próximos cuatro años. Esta decisión ha tenido un efecto inmediato en las empresas de defensa, que han visto mejorar sus cifras en las bolsas europeas. De hecho, en el índice STOXX Europe 600 —que agrupa a las principales compañías europeas por capitalización bursátil— de las diez compañías más revalorizadas en lo que va de año, siete son de defensa. La cotización de la alemana Rheinmetall ha crecido en torno al 120% en lo que va de año; la italiana Leonardo, lo ha hecho un 76% y la francesa Thales, un 77%. Junto a estas, BAE, Rolls-Royce, Dassault Aviation y Safran, encabezan el ranking de las grandes compañías de defensa europeas. Entre todas, según un informe de la plataforma de inversión eToro, acumulan un crecimiento del 46% en lo que va de año. 

En España, Indra también se suma a esta racha dorada, con un incremento en sus cotizaciones desde enero que supera ya el 40%. De hecho, son Airbus, Navantia, Indra y Santa Bárbara Sistemas las que acaparan el mercado nacional, con un volumen de ventas conjunto que cubre el 73,6% del negocio armamentístico, según últimos los datos de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, relativos a 2022. En el Informe sobre la industria de defensa en España, el organismo público señala que en nuestro país hay 376 empresas con actividad en defensa y, aunque la mayoría de ellas son pymes (un 99%), son las cinco grandes quienes manejan el mayor volumen de ventas. 

De este conglomerado de compañías, Navantia es la única grande completamente pública. Dedicada a la fabricación de buques militares, submarinos, armamento, radares o munición, entre otros, es la única compañía española que aparece en el ranking de producción de armas y servicios militares del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y lo hace en la posición 88 de 100. Los cinco primeros puestos de esta lista están ocupados por empresas estadounidenses. Sin embargo, las ventas en defensa a nivel nacional que se realizaron en 2022 las lideró la multinacional europea Airbus (participada también en un 4% por el Estado), con 2.332 millones en su línea de defensa y espacio y 1.231 con su filial Airbus Military. Le siguen, por orden, de Navantia (1.025 millones), Indra (522 millones) y Santa Bárbara (294 millones). 

Indra, participada en un 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es otro de los gigantes del sector y, al igual que las grandes del ámbito europeo, su cotización ha subido al calor del ambiente geopolítico. De acuerdo con el Catálogo de la Industria Española de Defensa, publicado por el ministerio, la producción de esta empresa va desde sistemas de ciberseguridad, hasta misiles, infraestructura y consultoría estratégica. Además, en el capital de Indra también participan otras empresas de defensa como Escribano Mechanical & Engineering, con un 14,3% del accionariado, y Sapa Operaciones, con un 7,9%. De hecho, el actual CEO de Indra, Ángel Escribano, llegó a la compañía desde Escribano M&E, su empresa familiar. Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios para la Paz, explica que Indra es ahora una de las empresas “mimadas” por el Estado, ya que su producción en el área de la tecnología es clave para, por ejemplo, hacer que un misil llegue a su destino. “El 19% de toda su producción es militar y, por lo tanto, tiene un peso importante. Lo que se pretende es que se llegue a medir con las grandes empresas europeas”, concluye.

La última de las cuatro empresas españolas es GDELS-Santa Bárbara Sistemas, que actualmente opera como una filial de la norteamericana General Dynamics, aunque originalmente había sido una empresa pública. Dedicada a la fabricación de blindados, ahora es objeto de atención, ya que Indra está explorando una posible compra para ampliar su volumen de negocio. 

Los movimientos dentro del sector se van sucediendo a medida que se conocen más detalles sobre el nuevo plan de defensa europeo. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no ha concretado cómo se alcanzará el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029. De los 800.00 millones de euros que Bruselas ha calculado para el rearme, 150.00 se articularán a través de préstamos, pero los restantes 650.000 deben salir de los presupuestos nacionales de los países miembros y ello obliga a hacer ajustes a nivel de país. De hecho, países como Alemania ya han aprobado la posibilidad de elevar sus topes de deuda pública para financiar proyectos de defensa. En España aún no se ha concretado, pero Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que las posibles partidas de dinero destinadas a defensa no supondrán una merma del gasto social.

Para Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios para la Paz, esta euforia económica es una consecuencia lógica, aunque peligrosa, de la sensación de inseguridad que se está generando a raíz de las políticas de Donald Trump y de la invasión de Ucrania. “Creo que es un miedo infundado, una locura que les está dando a los dirigentes europeos. Una cosa es la invasión de un país como Ucrania y otra un posible ataque a un miembro de la OTAN, que sí movilizaría a todo el conjunto de países y sus respectivos ejércitos”, explica.

Los argumentos positivos que se esgrimen en el auge de la industria militar son, por un lado, que la investigación en este campo impulsa también la mejora en las tecnologías civiles, y por otro, que esta inyección económica repercutirá en más puestos de trabajo. Para Ortega, que investiga temas económicos relacionados con la industria militar, esto puede leerse de otra manera. “Dicen que muchas tecnologías militares se trasvasan a lo civil, pero resulta más bien al contrario. La tecnología civil, por ejemplo, en el ámbito de la electrónica, es la que acaba adaptándose para usos militares” y advierte que es esta idea “equivocada”, la que se utiliza muchas veces para justificar la entrega de grandes sumas de dinero público a empresas militares.

Son manos privadas las que las manejan. Pasaba en 2020 y pasa ahora. Las residencias de mayores eran ya un negocio antes de la pandemia. Un pastel que se repartían, además, entre ocho grandes comensales que hoy, cinco años después, no han hecho más que aumentar su porción. Los 487 centros que controlaban cuando estalló la crisis sanitaria son hoy 524. Las 64.232 plazas, 71.340. El coronavirus no les afectó, al contrario.

Hubo que esperar un año hasta que el Gobierno pudo publicar datos concretos. Según el informe del Imserso Enfermedad por coronavirus en Centros Residenciales, al menos 29.408 usuarios de residencias de mayores murieron entre marzo y julio de 2020. Estos centros se convirtieron en la diana perfecta para un virus que tenía dos características fundamentales: la primera, que para alimentarse no necesitaba un contacto extremadamente estrecho, y la segunda, que golpeaba con mucha mayor crueldad a los más mayores. Por eso, tal y como demostraron después varios estudios científicos, las macrorresidencias y los modelos público-privados sufrieron todavía más las consecuencias del covid. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. Pero tampoco fue igual en todas.

Los datos de hasta 14 comunidades desvelados por infoLibre mostraron que el más letal fue el de los grandes grupos privados. En concreto, los ocho gigantes del sector que entonces controlaban el 18,07% de las camas en esas autonomías sufrieron el 24,45% de las muertes entre marzo y abril. Eran DomusVi (1.096 muertes), Orpea (597), Ballesol (323), Vitalia Home (269), Sanitas (432), Amavir (819), Colisée (100) y Clece (34). Entre todas esas empresas sumaban en 2020 487 centros y 64.232 plazas, según los datos extraídos del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, escrito por Manuel Rico, ex director de investigación de infoLibre que destapó en este periódico el conocido como Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid. Hoy esos grupos tienen muchas más plazas. Al menos en la mayoría. Según los datos recopilados por este periódico a partir de la información ofrecida por las empresas y de la disponible en sus páginas webs, el poder de estos grandes grupos ha crecido en 37 centros (un 7,6% más) y en 7.108 camas (un 11% más).

Es la mayor empresa geriátrica de todo el país. Su cartera de 2020 estaba formada por 139 residencias y 18.428 camas que en cinco años ha ampliado hasta los 143 centros con más de 20.000 plazas, según los datos proporcionados por ellos mismos. Y su plan es seguir la misma senda, según los datos de Alimarket consultados por infoLibre. En concreto, sólo este 2025 y sólo en Madrid, la empresa planea abrir 130 camas nuevas.

Se trata de un grupo de origen francés que está controlado por tres fondos de inversión: Intermediate Capital Group (ICG), Mérieux Equity Partners y Sagesse Retraite Santé (SRS). Su empresa matriz en España se llama Geriavi y tiene su sede en Vigo. Josefina Fernández Miguélez fue su consejera delegada hasta el año 2021, cuando pasó a desempeñar las funciones de presidenta institucional hasta que abandonó el grupo en 2023. Junto a su hermano, fue una de las primeras en ser vacunada contra el covid en Galicia. Lo hizo en uno de sus centros, que fueron los que registraron la mayor mortalidad durante la pandemia.

Fue la segunda en mortalidad durante lo peor de la pandemia y era, también entonces, la segunda compañía en número de camas en cartera. Ha perdido el segundo título aunque, en cualquier caso, también ha aumentado su poder en estos cinco años. Los 49 centros que Orpea —hoy renombrado como Emeis— controlaba en 2020 son ahora 57, aunque las 7.943 camas se han incrementado hasta poco más de las 8.000 según los datos que también aporta la compañía a preguntas de este diario. En cualquier caso, y del mismo modo que ocurre con DomusVi, sus planes siguen pasando por una mayor expansión. Según Alimarket, sólo este año tiene proyectadas ya 1.114 camas nuevas.

En mayo de 2022, el consorcio periodístico Investigate Europe, donde participa infoLibre como único medio español, destapó una trama ilegal de negocios de la multinacional. En concreto, desveló que sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– investiga por ello la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ballesol no tiene ningún gran fondo internacional detrás. La compañía española empezó su historia con una primera residencia abierta en 1980 en la localidad madrileña de Majadahonda. Su empresa matriz es Intercentros Ballesol, S.A. cuyo principal accionista es la aseguradora Santa Lucía, dueña de más del 75% de las acciones. Hoy maneja una cartera de 51 centros y 7.838 camas, según los datos extraídos de su página web —ya que la compañía nunca respondió a las preguntas de infoLibre. Son, en comparación con 2020, cuatro centros y 523 plazas más. Según Alimarket, proyecta otras 115 en centros de Oviedo para este 2025.

Ninguna empresa ha crecido tanto en todo este tiempo. Los 49 geriátricos que tenía repartidos por España en 2020 son hoy, según los datos que ofrece la propia compañía, 71. Un 44,9% más. En plazas, las 7.180 que tenían hace cinco años suman ya más de 10.000. Un 39,2% más.

¿Pero por qué tantas? En marzo de 2017 la compañía pasó a estar controlada por el fondo británico CVC Capital Partners, que ya está ultimando la venta del grupo al estadounidense StepStone por 600 millones de euros, según informó El Confidencial. Además, la empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para obtener un préstamo de 90 millones de euros para financiar nuevas residencias en siete comunidades autónomas españolas. El plan se extiende ya hasta 2027 y prevé construir 12 nuevos centros de atención residencial, 4 edificios de apartamentos asistidos para personas en situación de dependencia y 3 hospitales de rehabilitación neurológica.

Fue la quinta en mortalidad durante el covid. Y era entonces también la quinta en número de plazas. En concreto, Sanitas tenía en 2020 una cartera de 47 centos y 6.529 camas, un poder que ahora, según informa la propia empresa, ha disminuido. Pero no en gran medida. Los centros son hoy 44 y las plazas, por su parte, alrededor de 6.100, según el conteo de los geriátricos que aparecen publicados en su página web. Según Alimarket, su objetivo es abrir 500 nuevas camas en un total de cinco residencias más.

La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital. Se trata de una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro. Pero aun así, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. En septiembre de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria pero todavía con el covid muy presente, Iñaki Peralta asumió el papel de consejero delegado en sustitución de Iñaki Ereño.

Tiene ahora seis centros más que en 2020, por lo que prácticamente el crecimiento de Amavir en estos cinco años ha sido de una residencia de mayores por cada año. Según los propios datos de la empresa, los 41 centros de 2020 son hoy 47; las plazas, por su parte, han crecido de las 6.340 a las 7.094. Y como ocurre con el resto, el plan es seguir la misma senda. En concreto, y según el informe de Alimarket, los planes el año pasado y hasta 2027 pasaban por crecer en 1.420 plazas más divididas en una decena de geriátricos nuevos.

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille y actualmente el accionista principal de la compañía es la familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

En 2020 tenía 49 geriátricos, lo que le situaba en más o menos los mismos números que al resto de empresas. Sin embargo, en estos cinco años ha alcanzado, según informen fuentes de la compañía, hasta los 60, convirtiéndose ya en el tercer grupo geriátrico más grande en número centros. ¿Y en cuanto a las plazas? Pues en este caso han pasado de 5.804 a 8.018. Colisée firmó a principios de 2024 su propia alianza con el nuevo fondo de Azora, con el objetivo de quedarse con la gestión de la futura residencia de Badalona, que Romano Senior también ha adquirido a Emeis (Orpea).

Es, también, una empresa de origen francés que fue adquirida por el fondo EQT, dueño también de Idealista. Se desconoce el importe de la operación, pero el fondo sueco se refirió en el informe trimestral que coincidía con la adquisión a inversiones por valor de 6.000 millones de euros. Antes estaba en manos de IK Investment Partners —cuya sede está en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

Es la única compañía que tiene bastantes centros menos que en 2020. Controla, según informa a infoLibre, 51 centros y 4.290 camas que hace cinco años eran, en cambio, 66 con 4.693 plazas. Preguntado por los motivos de esta variación, no obstante, el grupo no aclara qué ha ocurrido. Según Alimarket, sus previsiones de crecimiento son mucho más humildes, pues el informe recoge tres centros que suman 397 camas más a su cartera.

Clece es la división del grupo ACS —cuyo accionista principal es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid— dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos, sin embargo, no opera bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en este sector: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

En cualquier caso, en estos cinco años también ha dado tiempo a que nuevos comensales se sienten a la mesa con el objetivo de buscar, también, poder en el sector. Y tres grupos han conseguido tener una presencia importante. Se trata de Caser, Emera y Seniors, de Clariane. Ninguno supera los 25 centros, pero su poder, como ha podido comprobar infoLibre, ha crecido exponencialmente desde el estallido de la crisis sanitaria.

La primera empresa tiene como accionista mayoritario a la aseguradora suiza Helvetia, que compró en 2020 el 70% de su capital, porcentaje que en cualquier caso ya ha crecido siete puntos más. Cuando empezó la crisis del covid tenía una cartera de 20 centros residenciales y 3.266 camas, un poder que ahora, según confirman sus propias fuentes, es ya de 27 centros y 3.800 camas.

Emera, por su parte, no ha respondido a las reiteradas peticiones de información de este periódico, aunque de lo publicado en su página web se puede extraer que tiene ya 16 centros (siete más que en 2020) con 2.155 plazas (822 más). Proyecta además otras 170 plazas para Castellón en 2026, según Alimarket. Seniors, por último, tiene también residencias de Grupo 5 y ya maneja, según los datos de su web, 23 centros y alrededor de 2.500 camas.

Las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado abrirán un restaurante en Arriondas (Asturias), en el que cocinarán para sus clientes pero también elaborarán sus famosos chocolates, una solución temporal a sus problemas económicos mientras se resuelve la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos, según ha informado EFE.

Las exclarisas han alquilado el hotel restaurante Ribera del Chicu, ubicado en Arriondas, por 1.600 euros mensuales, que convertirán en el primer restaurante de clausura, ha explicado su jefe de prensa, Francisco Canals, quien ha indicado que la parte del hotel la dedicarán a residencia y solo abrirán el restaurante, que atenderá personal contratado para el servicio.

Canals ha indicado que serán tres las exreligiosas de Belorado que se marcharán a Asturias, donde cocinarán para mantener el servicio y también prepararán sus dulces típicos, dada la imposibilidad de mantener la actividad del obrador en Belorado, por problemas económicos y trabas burocráticas.

El resto de las exmonjas se quedarán en el convento, pues "no han renunciado a Belorado sino que buscan fortalecer su comunidad", ha matizado Canals, con una actividad económica autónoma que las ayude a pagar sus facturas, en un entorno en el que "el marco normativo sí les permite elaborar sus famosos chocolates", ha apuntado en nota de prensa.

El jefe de prensa de las exmonjas de Belorado ha indicado que, si bien no se les ha prohibido continuar con la actividad del obrador en el monasterio, el tener las cuentas intervenidas por el arzobispo como comisario pontificio, no poder facturar, el "boicot" en materias primas y el silencio administrativo en la renovación de la licencia sanitaria lo hace casi imposible.

Por ese motivo han optado por buscar un lugar más favorable y han alquilado este hotel restaurante, que cuenta con todos los permisos, y en el que las tres exreligiosas trabajarán en la cocina, mientras residen en la zona del hotel, y mantendrán la clausura con una plantilla que se encargará de atender a los clientes.

Canals ha indicado que el restaurante está completamente montado, así que se puede abrir en cualquier momento. No tienen fecha definida pero será en las próximas semanas.

La iniciativa se completa con la compra de un terreno de 7.000 metros cuadrados, próximo al restaurante, que van a destinar a la cría y el entrenamiento de perros, para desarrollar proyectos por ejemplo de atención a mujeres maltratadas o formación de perros guía.

El jefe de prensa ha recordado que el Ayuntamiento de Belorado no les ha concedido la licencia de núcleo zoológico, por lo que no pueden desarrollar este tipo de actividad en el monasterio, así que han adquirido ese terreno en Asturias que ya cuenta con la licencia y los permisos pertinentes.

Francisco Canals ha insistido en que el proyecto en Asturias es temporal, una solución a sus problemas económicos para poder continuar con su actividad empresarial de manera legal mientras se resuelve la demanda de desahucio interpuesta por el Arzobispado, pues se espera que el proceso judicial se alargue en el tiempo.

Al hablar sobre democracia y modelo de Estado es algo común escuchar que en España todas las personas son ciudadanas de pleno derecho y que nos encontramos en igualdad de condiciones, pero nada más lejos de la realidad, especialmente cuando hablamos de juventud. Porque si no podemos vivir con dignidad, no podemos ejercer una ciudadanía plena. 

En 2025, emanciparse antes de los 30 no es solo un sueño, sino que es prácticamente una utopía. El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España muestra cómo la tasa de emancipación juvenil en España apenas alcanza el 14,8%, la más baja en dos décadas. 

El alquiler mediano en España ya supera los 1.070 euros mensuales, el más alto de la historia. En ciudades como Madrid o Barcelona, esa cifra se dispara. Si tenemos en cuenta que el salario mediano de los menores de 30 años ronda los 1.048 euros netos, el cálculo es sencillo: destinamos más del 100% de nuestros ingresos solo para poder vivir bajo un techo (y eso si tenemos la suerte de encontrar uno). 

En España, apenas un 2,5% del parque de viviendas es público, frente al 10% en países como Francia o el 24% en los Países Bajos. Mientras tanto, fondos de inversión y grandes propietarios acumulan pisos vacíos y especulan con nuestras necesidades básicas, especulan con la vivienda, pero también especulan con nuestros proyectos de vida futuros y presentes. 

En este contexto, la compra de una vivienda ya no es una utopía, sino que es un horizonte inalcanzable. Las personas jóvenes deberíamos dedicar 4,5 años de salario íntegro para ahorrar el dinero necesario para la entrada de una hipoteca y así adquirir una vivienda media. Pero claro, para eso habría que estar cuatro años y medio sin gastar ni un solo euro en alquiler, en comida, en transporte, en el dentista, en ropa, en libros... Doce años sin vivir para comprar un sitio en el que vivir. 

Es cierto que desde las administraciones públicas se están haciendo por fin esfuerzos para afrontar esta crisis —el problema no puede ser más evidente— y leyes como la de Vivienda de 2023 y los planes de vivienda pública han puesto el foco en proteger a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, estas medidas, aunque importantes, están muy lejos de ser suficientes para revertir una situación que requiere cambios estructurales y una inversión mucho mayor en vivienda pública y alquiler asequible. 

Las generaciones más jóvenes sufrimos una precariedad radical que supone una importante desigualdad económica, con todo lo que eso supone, inter e intra generacional; el desarrollo del proyecto vital de las personas jóvenes depende de dónde se nazca y el entorno. No podemos hablar de ciudadanía si no tenemos ni igualdad ni libertad. Todo lo que podemos imaginar o elegir viene condicionado por las pésimas condiciones materiales en las que (sobre)vivimos, que hacen imposible que tengamos un mínimo de autonomía. 

A las personas jóvenes nos han robado el derecho a ser ciudadanas plenas y la responsabilidad recae en un sistema que prioriza el mercado y los beneficios de unos pocos por encima del bienestar de la mayoría. Pero también es el resultado de la inacción de las administraciones públicas, que han permitido que este problema crezca sin control y que ahora parecen incapaces —o reticentes— para plantar cara e intervenir de manera decidida. 

La libertad no es hacer lo que se quiere, sino poder decidir sin que el trabajo precario o nuestras realidades nos limiten. Vivimos para trabajar y encima para otros. Si queremos una democracia real el modelo no puede hacer depender el bienestar de las personas de sus condiciones materiales individuales. 

Decía Ricardo Piglia: "Cuando quiero tranquilizarme me refugio en el futuro: dentro de diez años me voy a reír de todo esto". Desgraciadamente, esa opción, la de esperar a que el tiempo solucione las cosas, no está disponible para nuestra generación.  

Sin embargo, hay margen para la esperanza. Movimientos como la PAH o los sindicatos de inquilinas están demostrando que, organizadas, podemos alzar la voz frente a un sistema que nos deja al margen. Como se ha visto, la juventud está dispuesta a participar, a movilizarse, a hacer que su voz sea escuchada y sus problemáticas resueltas. 

Si queremos una sociedad verdaderamente democrática, es necesario escuchar las demandas de la juventud y actuar en consecuencia. Hay que garantizar una ciudadanía real, que suponga libertad e igualdad, a las generaciones que nos lo han prohibido. 

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Javier Muñoz Rodríguez es responsable de vivienda del Consejo de la Juventud de España.

Los enfermos de cáncer u otras enfermedades graves rara vez se dan cuenta de que su vida puede depender de los acuerdos secretos sobre los precios de los medicamentos que se cierran entre las autoridades públicas y los ejecutivos farmacéuticos. "La negociación es totalmente secreta. Todo se mueve en sobres cerrados", revela un negociador de un país mediano de la UE. “Ni siquiera lo ponemos en nuestros sistemas informáticos porque no queremos que el contratista que mantiene nuestros sistemas tenga acceso”.

Los Estados creen que consiguen grandes ahorros con estos acuerdos secretos, pero en realidad están enfrentados entre sí, sin saber lo que pagan los demás. Una investigación de ocho meses realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe y sus socios revela que, a pesar de los descuentos, los Gobiernos pagan a menudo precios desorbitados por medicamentos vitales para ciertos enfermos. Otros países simplemente no tienen acceso a esos fármacos.

infoLibre publicará en exclusiva en España la investigación completa de Investigate Europe, formada por una decena de artículos. Las tres primeras entregas de la serie se publican hoy (puedes leer aquí y aquí las otras dos).

Los pacientes sufren innecesariamente porque las empresas eligen dónde les resulta más rentable lanzar sus medicamentos. “Tenemos ciudadanos europeos de primera, segunda y tercera clase en lo que respecta al acceso. Es un escándalo”, denuncia Clemens Auer, que fue director general del Ministerio de Sanidad de Austria hasta 2018.

Joerg Indermitte, de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, sostiene que los laboratorios exigen precios más altos cada año, a menudo con descuentos ya incluidos. “El último ejemplo que tengo es de 50.000 francos al mes por un nuevo medicamento oncológico. Nunca habíamos tenido un precio tan alto. Aunque sólo se trata a entre 10 y 20 pacientes con este nuevo fármaco, es extremadamente caro".

Los periodistas hablaron con decenas de funcionarios implicados en la fijación confidencial de precios, que describieron un sistema “absurdo” que les obliga a negociar con los ojos vendados. “El secreto de los precios se considera un valor fundamental de la industria”, afirma Wim van Harten, oncólogo holandés que lleva años buscando los verdaderos costes de las terapias contra el cáncer en Europa.

Según la investigación, los países ricos suelen pagar menos que los de Europa Central y Oriental por determinados medicamentos. La investigación revela una alarmante brecha en el acceso a docenas de fármacos innovadores en países de la UE, mientras las empresas farmacéuticas acumulan enormes beneficios a costa de los sistemas sanitarios.

El precio oficial de un medicamento –su precio de lista– puede consultarse fácilmente en Internet o en el reverso de los envases. Pero estos precios suelen ser artificiales y a la industria le interesa que sean altos. La razón es sencilla: decenas de países fijan el importe fijándose en lo que otros Estados dicen públicamente que pagan, los llamados precios de referencia, que en los casos de tratamientos contra el cáncer o enfermedades raras pueden costar cientos de miles de euros por paciente. Los precios de lista elevados son la puerta de entrada de la industria a unos beneficios estratosféricos. 

En realidad, existe un sistema paralelo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) aprueba los fármacos para su uso en toda Europa. Las empresas deciden entonces si quieren comercializar un medicamento en un país o no. El precio oficial lo fija cada país por separado y luego comienzan las negociaciones individuales para acordar descuentos confidenciales. 

La industria “se empeña en mantener en secreto los resultados de estas negociaciones”, explica la abogada y experta en temas de salud pública Ellen 't Hoen. “Mantener todo en secreto les da un enorme poder para jugar al divide y vencerás”, añade.

Los países llegan a acuerdos secretos con la esperanza de contener el aumento del coste farmacéutico, pero los precios de los fármacos innovadores suben en todas partes. En los Países Bajos, la parte del presupuesto hospitalario nacional que se destina a estos fármacos ha pasado del 0,6% al 10% en los últimos 15 años, afirma el oncólogo holandés van Harten. Las autoridades noruegas dicen que han tenido que rediseñar su base de datos para dar cabida a más ceros para los precios millonarios. La empresa Novartis batió el récord con Zolgensma, un tratamiento para la atrofia muscular espinal que cuyo importe fijó en 27 millones de coronas noruegas (2,3 millones de euros), un precio "absolutamente poco ético", dice Anja Schiel, de la Agencia Noruega de Productos Médicos. Finalmente, se acordó una rebaja confidencial en 2021.

El análisis de Investigate Europe indica que los países europeos están pagando precios muy diferentes por medicamentos "milagrosos" contra la fibrosis quística. Vertex Pharmaceuticals, la empresa biotecnológica estadounidense que tiene el monopolio de los tratamientos, puede llegar a pedir más de 200.000 euros por paciente y año por un tratamiento que combina los fármacos Kaftrio y Kalydeco, más de 40 veces el coste de producción estimado, según investigadores británicos. Un portavoz de la empresa destacó que los precios no vienen determinados por los costes de producción, sino por la inversión realizada en su desarrollo, el riesgo asumido y su valor para la comunidad.

Los fármacos han sido alabados por ayudar a los pacientes con esta enfermedad rara que obstruye progresivamente los pulmones y puede conducir a una muerte prematura. Vertex, con unas ventas de casi 10.000 millones de dólares en 2023 (algo más de 9.200 millones de euros al cambio actual), cobra a países con menor renta precios más altos que a algunos de sus vecinos más ricos.

El análisis de las cuentas anuales de las filiales europeas de Vertex y de los datos presupuestarios y sanitarios de las autoridades estatales ofrece por primera vez una visión de la disparidad en cuanto a lo que pagan los países por estos medicamentos innovadores.

En Europa Occidental, Investigate Europe comparó los ingresos locales de Vertex con el número oficial de pacientes que tomaron los medicamentos de la empresa en 2022. La media estimada asciende a 71.000 euros en Francia, 81.000 euros en Italia, 87.000 euros en España y 88.000 euros en los Países Bajos, siempre cantidades sin IVA.

En comparación, el gasto medio por paciente en algunos países de Europa Central y Oriental es más elevado. En la República Checa, el coste anual estimado en 2022 era de 140.000 euros, según datos de VZP, la mayor aseguradora pública del país. "Este es el coste real que se paga por este tipo de tratamiento", afirma VZP, aunque no está claro si esa cifra incluye o no impuestos.

Las autoridades lituanas llevan años intentando negociar con Vertex en medio de la creciente presión de los medios de comunicación y de grupos de pacientes. El Gobierno anunció en abril que estaba dispuesto a pagar hasta 8,4 millones de euros para suministrar Kaftrio y Kalydeco a un máximo de 48 pacientes. Esto equivaldría a 175.000 euros por persona.

“La correlación inversa entre el número de pacientes y los precios refleja probablemente las diferencias en el poder de negociación”, afirma Valérie Paris, economista de la OCDE que ha trabajado extensamente sobre cómo se fijan los precios farmacéuticos. “Me parece que habéis hecho todos los esfuerzos posibles para conseguir precios netos, pero sólo la empresa que vende el producto o las autoridades nacionales podrían confirmar realmente estos datos”, indicó a Investigate Europe respecto a las conclusiones y la metodología de la investigación, que los periodistas le mostraron por adelantado.

Monika Luty, de 27 años, se vio obligada a abandonar Polonia en 2020 porque allí no le reembolsaban el medicamento. Publicó un vídeo en Internet rogando a Vertex que le diera Kaftrio. “Sentí una enorme decepción", recuerda. "Viviendo en la UE, siendo polaca, fui discriminada por no ser alemana o de otra nacionalidad donde el tratamiento estaba disponible. En la UE no debería haber discriminación", afirma Luty.

Sus amigos la ayudaron a recaudar más de 200.000 euros y su padre vendió su coche para que pudiera comprar los medicamentos en Alemania. Al ver su eficacia, cruzó definitivamente la frontera. “Pagué cero, así que lloraba porque era muy fácil. Para conseguir los fármacos en Alemania sólo necesitaba un seguro, un trabajo y vivir allí”, explica. 

Polonia llegó más tarde a un acuerdo de reembolso con Vertex, e Investigate Europe calcula que el precio por paciente en 2023 era de 109.000 euros sin IVA. Mucho más barato que el precio de lista de Vertex, pero aún más caro que en otros países de Europa. 

“El precio de nuestros medicamentos se basa en su innovación y en el valor que aportan a la comunidad de los pacientes con fibrosis quística, a los cuidadores y a los sistemas sanitarios", señala un portavoz de Vertex. “Los precios reembolsados que mencionan son inexactos”, añade, sin aclarar cuáles son esas supuestas inexactitudes ni comentar la situación de países concretos. Además, destaca que en la última década más del 70% del presupuesto operativo de la empresa se destinó a investigación y desarrollo.

A pesar de sus enormes ingresos, Vertex no forma parte de la principal patronal europea, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia, por sus siglas en inglés). "Existe un amplio consenso en que los precios deben reflejar la capacidad de un país para pagar los medicamentos. Efpia y sus miembros proponen un sistema para Europa en el que los países que puedan permitirse pagar menos por los medicamentos paguen menos", afirma Nathalie Moll, su directora general. La patronal no respondió directamente a la pregunta de si los países más ricos pagan más que los más pobres.

Una estrategia habitual para mantener el statu quo del secretismo es la amenaza de boicotear los mercados. "He hecho cientos de negociaciones de este tipo", indica Francis Arickx, responsable de política farmacéutica del Instituto Nacional Belga del Seguro de Enfermedad e Invalidez. "La amenaza de que la empresa no se va a sentar en la mesa de negociación la oímos todo el tiempo y en todas partes".

KCE, un instituto belga financiado por el Estado, intentó en 2016 examinar los acuerdos secretos de descuentos firmados por las autoridades nacionales. Querían presentar los resultados sin divulgar ningún dato protegido sobre acuerdos concretos. Sin embargo, tras la presión de la Asociación Farmacéutica Belga, se publicó un estudio suavizado que excluía cualquier análisis de esos acuerdos. El estudio reveló que la asociación había amenazado con presentar una demanda antes de la publicación.

Cuando una gran farmacéutica suiza presionó para conseguir un precio más alto en Austria, Clemens Auer afirma que un representante le recordó las inversiones que habían hecho allí, dando a entender que éstas corrían peligro si no se llegaba a un acuerdo favorable para la compañía. "Siempre es el mismo juego estúpido y muy primitivo", afirma.

Dinamarca y Alemania, dos países que permiten a las empresas fijar inicialmente los precios oficiales con libertad, suelen ser los primeros puntos de entrada en Europa. En la práctica, Dinamarca pone algunos límites "voluntarios" a los precios, mientras que Alemania revisa cada medicamento un año después de su introducción y entonces puede pedir cambios en los precios. Mientras tanto, los elevados importes iniciales sirven de referencia a otros países, que fijan sus propios precios oficiales. Lo que ocurre después en los dos países está rodeado de secretismo. Los hospitales daneses obtienen descuentos confidenciales en los medicamentos más caros, pero estos acuerdos no aparecen en Euripid, la base de datos europea de precios, según confiesan funcionarios daneses.

Alemania es aún más opaca. Vetó una resolución de la Organización Mundial de la Salud sobre transparencia de precios y ni siquiera forma parte de Euripid. "Siempre preguntamos a las empresas: "Dígannos, por favor, el precio real en Alemania". Pero contestan que no lo saben", afirma un negociador europeo que pidió el anonimato. "No me puedo creer [que no haya descuentos confidenciales] porque tienen un mercado muy potente, podrían conseguir los mejores precios de Europa. Quizá sea posible, pero no me lo creo", concluye.

El resto de Europa parte con desventaja. Un farmacéutico que trabaja para una filial húngara de una multinacional farmacéutica lo dice sin rodeos: "Para una empresa como Novartis o Pfizer, el mercado húngaro es un error de redondeo".

Investigate Europe descubrió que Hungría es uno de los varios Estados que se han quedado sin acceso a medicamentos esenciales.

El instituto de investigación alemán IQWiG elaboró una lista de 32 medicamentos para Investigate Europe y sus socios alemanes, el periódico Süddeutsche Zeitung y las televisiones NDR y WDR. Según los científicos, estos fármacos tienen un beneficio adicional "significativo" o "considerable" respecto a las terapias existentes. Entre ellos figuran tratamientos contra el cáncer de mama, la leucemia y la fibrosis quística.

Los datos recogidos en toda Europa revelan que en seis Estados de la UE no están disponibles un 25% de los fármacos. Sin acuerdos de compra entre países y empresas, que son la base de la financiación pública vía reembolsos, las autoridades sanitarias tienen que recurrir a otros métodos costosos para obtener un medicamento o se quedan sin acceso por completo. La situación es especialmente dramática en Hungría, donde 25 de los 32 medicamentos no suelen reembolsarse, y en Malta y Chipre, donde no están financiados 19 y 15 fármacos, respectivamente. Los pacientes de Chipre y Hungría pueden solicitar el acceso de forma individual, pero a menudo con costes desorbitados para el Estado. En los países bálticos y en Rumanía tampoco se dispone de un gran número de los fármacos de la lista.

Incluso cuando los medicamentos se ponen a disposición de los Estados más pequeños, los precios pueden ser excesivos. Giorgos Pamborides, exministro de Sanidad de Chipre, descubrió en ocasiones que sus precios eran “el doble, el triple o incluso el quíntuple de los que pagaban otros países”. Le horroriza que la UE permita que la industria trate a sus miembros de forma tan diferente: "Los acuerdos de confidencialidad son herramientas para el abuso de posición dominante que tiene la industria frente a sus clientes, los Estados. Sin la menor consideración, la UE está renunciando a su única ventaja, su tamaño".

Las negociaciones individuales amplifican la desigualdad, explica un antiguo funcionario irlandés de sanidad: “Los 27 Estados miembros negociando para sí mismos es algo asombrosamente ineficaz y conduce a la desigualdad de los ciudadanos europeos”.

Cuando seis países –Chipre, España, Grecia, Italia, Malta, Portugal– unieron fuerzas y firmaron la Declaración de La Valeta para cooperar en la adquisición de medicamentos en 2017, la industria mostró un interés nulo, según explicaron varios participantes a Investigate Europe.

Más al norte, la iniciativa  Beneluxa –Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos– ha negociado los precios de algunos medicamentos de alto coste, sobre todo con pequeñas empresas. Dos negociadores afirman que las grandes compañías son reacias a participar. "Las pequeñas empresas dicen "sí, con una negociación puedo acceder a más mercados, así que estoy de acuerdo", mientras que las grandes parecen boicotear este tipo de iniciativas”, afirma Paolo Pertile, profesor de economía de la Universidad de Verona.

La única vez que las grandes empresas negociaron a escala de la UE fue para las vacunas del covid. Demostró que, si se le presiona, la industria puede llegar a un acuerdo que no enfrente a unos países contra los otros. Pero los precios volvieron a ser secretos. "Si la UE hubiera unido sus fuerzas para no aceptar cláusulas de confidencialidad, podría haber cambiado las cosas", lamenta Sabine Vogler, responsable de farmacoeconomía del Instituto Nacional de Salud Pública de Austria.

Las empresas farmacéuticas pueden "chantajear a los gobiernos", afirma Luca Li Bassi, exdirector de la Agencia Italiana del Medicamento, que ha hecho campaña a favor de una mayor divulgación de los precios. “Si se exige transparencia, las farmacéuticas amenazan con no dar el medicamento”, indica.

Mientras tanto, la sospecha de que cada vez que hay un acuerdo de confidencialidad, alguien está siendo estafado, se demostró cierta cuando se filtró el precio de la vacuna del covid de AstraZeneca. Sudáfrica pagó el doble que la UE.

“Cualquier colaboración entre Estados miembros... debe garantizar la confidencialidad de los acuerdos de precios y reembolsos”, defiende Nathalie Moll, de Efpia. “La participación de la industria en cualquier iniciativa de los Estados miembros sobre fijación de precios, reembolso y cuestiones relacionadas con el acceso debe ser voluntaria”, añade.

La idea de que la industria es la única ganadora real de este secretismo está muy extendida entre negociadores como Francis Arickx, quien afirma que Bélgica intentó limitar las cláusulas confidenciales y fracasó: “En realidad está ocurriendo lo contrario, vemos una presión muy clara de la industria para mantener los contratos hasta que lleguen los genéricos o los biosimilares”. 

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, es consciente de la miríada de problemas. "El lugar donde vives no debería determinar si vives o mueres", confesó al presentar el denominado "paquete farmacéutico", un reglamento y una directiva que aún se está, negociando entre las instituciones comunitarias. Pero las resistencias contra ciertos cambios son muy poderosas. La propuesta legislativa no incluye medidas contra el secretismo ni los precios confidenciales. Incluso un intento de reducir la exclusividad de mercado de las empresas farmacéuticas se vio truncado por las presiones de la industria y los Estados miembros.

“Los precios de los medicamentos son competencia nacional y están vinculados a los presupuestos nacionales de sanidad”, señala un portavoz de la Comisión Europea a Investigate Europe. “Sin embargo, como se reconoce en la Estrategia Farmacéutica para Europa, una mayor transparencia en torno a la información sobre precios podría ayudar a los Estados miembros a tomar mejores decisiones en materia de precios y reembolsos”, admite.

El portavoz explica que la Comisión Europea apoya el trabajo del grupo Euripid, la base de datos europea sobre precios. Cuando los periodistas contactaron con Euripid, sus miembros se negaron a facilitar datos sobre el creciente número de acuerdos confidenciales entre los Estados y las empresas farmacéuticas.

Ahora el velo del secreto podría hacerse aún más espeso. El Parlamento alemán está debatiendo una nueva ley de "investigación médica". Si se aprueba, cada vez que las autoridades ordenen un recorte de precios porque un medicamento no funciona como prometía, el resto del mundo no se enterará. Sólo verán los precios “oficiales”, artificialmente altos. La industria estará encantada si esto ocurre, pronostica Josef Hecken, jefe del comité nacional para la aprobación de nuevos medicamentos. “Los fármacos que obtengan grandes descuentos aquí se venderán como oro en paño en otros lugares. Correrá el champán en muchas oficinas corporativas”, concluye.

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Con información de Ingeborg Eliassen, Harald Schumann, Nico Schmidt, Attila Kalman.

Edición: Chris Matthews.

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

María de la Vega (1986) es la fundadora de VE-GA, una oportunidad con la que trató de reinventar la comida tradicional pero preservando la materia prima y el sabor original. Nació como un proyecto de catering, pero que amplió horizontes y dio el salto para dedicar su vida a la gastronomía con la elaboración de recetas de la alta cocina española con un aire vasco-francés.

La cocinera ha elegido las verdinas con taco de bacalao porque es un plato que cocinaba mucho su madre cuando era pequeña. Confiesa que "toda esta historia empezó un poco por ella". Tanto para ella, como para su familia era muy buena anfitriona siempre y recuerda que "desde pequeña era muy habitual que se organizarán cosas en casa, que se cocinara mucho, entonces era un plato muy suyo".

Ingredientes:

Paso a paso

En una cacerola se ponen las verdinas, junto con las zanahorias, las cebollas y el diente de ajo y se cubre con agua, o con agua y el caldo de pescado (opcional), se necesitarán aproximadamente unos 2,5-3 litros en total. Seguidamente se lleva a ebullición hasta que las verdinas estén tiernas. Si durante el proceso consideramos que tenemos poco caldo o agua, vamos añadiendo.

Después se retiran las hojas y laurel y se sacan nuestras cebollas y zanahorias, (el ajo se puede triturar o retirar) y se ponen en un vaso o batidora y se trituran con un chorro generoso de aceite de oliva hasta que esté muy triturado. Para dar una mejor textura se puede añadir más caldo. 

Se devuelve el puré a la cacerola y se salpimenta al gusto con las verdinas. Por último, se dora el taco de bacalao por el lado de la piel sin terminar de cocinarlo, para añadirlo a las verdinas y darle ahí el último hervor (cuidado que no se pase el bacalao).

María de la Vega se licenció en Derecho y ADE en la Universidad Autónoma de Madrid y dejó su trabajo en Loewe para dedicarse a su verdadera pasión; la cocina. Comenzó siendo autodidacta, y ahora trabaja para grandes marcas. "Mis padres habían sido emprendedores, entonces yo eso es una cosa que la he visto en casa muy de cerca y me parecía una opción normal que no me daba el miedo", explica a infoLibre. Es el alma de VE-GA, una idea gastronómica con un área de catering y una línea gourmet saludable, que emprendió como un hobby y se ha convertido en su proyecto y pasión actual. La cocina estaba muy presente en casa gracias a su madre, pero el dulce no le gustaba mucho y María vio la oportunidad por ese camino, "empecé yo haciendo tartas y galletas y, de repente, un día estudiando como en quinto de carrera, o algo así, registré el dominio web".

Su primer encargo fue una entrega de comida, y el segundo ya le pidieron que se presentara como cocinera y se unieran camareros. Aunque confiesa que fue un gran reto, no se arrepiente de nada: "le dije, mira, yo no he hecho nunca, pero me atrevo, te lo voy a hacer genial. Entonces se lo hice, y de ahí salieron muchas más". Después de 14 años desde que creó el negocio destaca, sobre todo, el esfuerzo y las ganas que ha utilizado para que salga adelante. Y, por eso, insiste en algunas claves necesarias para hacer frente a cualquier emprendimiento: "que te encante principalmente y que tengas todo el tiempo del mundo, la paciencia y, sobre todo, que estés muy seguro del proyecto y de ti".

De la Vega admite que le ha costado mucho definirse y con su cocina intenta trasladar su esencia. "Me encanta todo lo tradicional, pero con una estética un poco más moderna. Básicamente somos como una gran familia que intentamos trasladar nuestra esencia a tu casa", admite. Además, revela que no cambiaría nada de lo que ha hecho para estar donde está ahora: "si alguien me hubiera dicho 'te monto una super cocina en el segundo año' digo, 'pues mira no', porque ha sido un aprendizaje constante, desde cero hasta hasta ir creciendo, entonces yo creo que eso tiene mucho más valor, para mí personalmente".

El beneficio económico es el objetivo principal de cualquier empresa, incluidas la industria musical y cinematográfica. La publicidad y el marketing ayudan a vender productos y servicios con cualquier tipo de estrategia. A veces, para conseguir el beneficio buscado, se utilizan tácticas prometiendo un contenido LGTBI del que después no hay ni rastro. Es lo que se denomina fenómeno queerbaiting.

“La palabra queerbait proviene del anglosajón, donde bait se traduce como cebo”, explica Isabel Vega López, experta en género y estudios LGTBI. Añade que esto consiste “en una serie, película o cualquier tipo de medio cultural donde se da a entender, o está fuertemente implícito, que un personaje es LGTBI o que existe una tensión romántica o sexual entre dos o más personajes, pero que nunca se llega a desarrollar o a confirmar que efectivamente esos personajes son LGTBI”. Esto se puede encontrar en muchas películas o series, o hasta en videoclips musicales. “Es de alguna forma apropiarse de la comunidad LGTBI para vender un producto o una idea con un beneficio personal, sin buscar un beneficio colectivo”, aclara Laura Delgado Fernández, experta en industria musical.

El caso que más señalan algunos espectadores es el de la serie Sherlock (2010-2017) de la productora BBC Wales. Los personajes de Sherlock Holmes y John Watson desarrollan una amistad a lo largo de las cuatros temporadas que muestra una clara tensión emocional y sexual entre ellos, sin nunca confirmarlo. 

Este mecanismo no es inocente ni casual. Según explica Isabel Vega, esto se produce “principalmente para atraer a espectadores LGTBI que de manera general buscan representación en diferentes formas de medios debido a la falta de esta a lo largo de las décadas”. Sin embargo, la “no confirmación” de que estos personajes sean realmente queers se explica en que “a la vez se hace para no perder al público más convencional que podría dejar de tener interés si hubiese alguna representación del colectivo”.

En el caso de la industria musical es más difícil identificar el queerbaiting, pero eso no significa que no esté presente. “En general, creo que los casos que hemos podido ver, como Madonna o Dua Lipa, dejan claro la mirada que hace la industria de todo ello”, indica Laura Delgado. Hace pocos días, Madonna subió al escenario con la cantante Tokischa, concluyendo su actuación conjunta con un beso, un acto que la artista lleva haciendo desde 2003. Tanto aquel momento, con Britney Spears y con Christina Aguilera, como ahora, ha generado todo tipo de reacciones: desde aquellos que lo alaban, hasta aquellos que lo tachan de queerbaiting.

Pese a que Madonna ha sido considerada un icono LGTBI durante décadas, muchos seguidores han visto con malos ojos que se haya besado con una mujer durante un evento del Orgullo. “No es representación, sino sexualización, cosificación y banalización de las relaciones sáficas”, protesta un usuario en Twitter. Las personas LGTBI reclaman iconos que sean parte del colectivo. Otro denuncia que “la hipersexualización que esto supone a las mujeres queer es solo para ganar dinero arcoíris”. Laura Delgado explica estas reacciones: “Al ser visto como una idea de negocio", el público LGTBI lo percibe como "un disfraz", cuando la realidad es que "hay muchas vidas detrás de lo que otros entienden como una moda”, asegura.

El otro ejemplo que indica la musicóloga, es el de Dua Lipa, refiriéndose a dos de sus videoclips en colaboración con dos mujeres: Miley Cyrus y Angèle. En ambos vídeos, los personajes presentan química y tensión sexual que muchos llegan a creer que al final podría resolverse. Sin embargo, una vez más, no es el caso. “No sé hasta qué punto es parte de la estrategia que quieren seguir las discográficas o sus managers, o hasta qué punto son ellas mismas las que quieren hacerlo con libertad”, opina Laura Delgado. “Pero al final del día, todos somos conscientes de quien lo hace por moda y quien realmente está involucrado o quiere ser parte de ayudar o visibilizar'', continúa.

Otras veces, la confirmación de que son personajes queer llega, pero tarde. Explica Isabel Vega que esto en otras ocasiones se produce “una vez terminada la serie o la película”. Señala que uno de los ejemplos más claros es el del personaje de Albus Dumbledore. La escritora de la saga de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, destapó la homosexualidad del director de Hogwarts en distintas entrevistas. “Independientemente de la confirmación en películas posteriores a la saga principal, y de lo que cada persona como individuo crea acerca del personaje, está claro que el hecho de declarar la disidencia de un personaje fuera del contenido que llega al público general no es una buena forma de representación o de lanzar un mensaje de diversidad”, opina Vega.

Las personas LGTBI intentan encontrar ejemplos queer, aunque nunca se llegue a confirmar que lo sean, por la falta de representación. Es algo que ocurre con algunos personajes animados, como los de la compañía Disney. Dos ejemplos claros son los personajes Shang Li, de Mulán, y Elsa, de Frozen, a los que el público considera representativos de la bisexualidad y el lesbianismo, respectivamente. Es por esta “no confirmación” de su sexualidad que en el live-action de Mulán Disney decidió eliminar directamente al personaje de Shang Li. La compañía quería evitar que no se estrenase en China, un mercado importante para Disney y donde este tipo de personajes suelen ser restringidos. Del mismo modo, nunca se llegó a confirmar si Elsa era lesbiana, a pesar de incluir en la segunda entrega de la película distintas escenas, con bastante química, junto a otro personaje femenino, por las demandas del público.

Telefónica disparó un 118% su beneficio en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, con 886 millones de euros netos en ganancias, según las cuentas remitidas este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores recogidas por Europa Press.

La multinacional española se ha beneficiado de una mayor eficiencia en la gestión y mejores tipos de cambio respecto a finales de 2020, aunque estos han seguido teniendo un amplio impacto en las cuentas.

Por su parte, el beneficio operativo antes de amortizaciones (Oibda) fue de 3.417 millones de euros, con un incremento orgánico del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la reducción de los gastos operativos en un 9%.

En cuanto a la facturación, Telefónica ingresó 10.340 millones de euros, un 9% menos que en el mismo periodo de 2020 y un 1,3% menos en términos orgánicos, lo que supone un descenso menor que en otros trimestres y la tercera mejora trimestral consecutiva en este apartado.

Telefónica España registra bajadas

La filial Telefónica España ingresó 3.050 millones de euros durante el primer trimestre de este año, un 0,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con una mejora de la evolución de los ingresos de dos puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2020, lo que la compañía considera que constata su recuperación. El beneficio operativo antes de amortizaciones fue de 1.194 millones de euros, un 2,5% menos en términos reportados y un 4,6% menor en términos orgánicos si se compara con los resultados de entre enero y marzo de 2020.

La compañía ingresó 2.432 millones de euros en el segmento minorista, un 1,7% menos, y 536 en el negocio mayorista y otros segmentos, lo que supone una caída interanual del 0,2%. Asimismo, la venta de terminales móviles supusieron 82 millones de euros para la arcas de Telefónica, un 29% más que en el primer trimestre de 2020.

En su presentación de resultados, la compañía asegura que su estrategia para el mercado español impulsa la "racionalidad competitiva" en el sector e indica que la actividad comercial fue afectada por un menor volumen de altas, concentración de fin de promociones y el reposicionamiento de tarifas en el primer trimestre.

A este respecto, Telefónica asegura que el cliente ha batido cifras históricas de satisfacción y que la tasa de clientes ha mejorado, algo que espera que siga haciéndolo con las nuevas tarifas convergentes lanzadas en abril, que incluyen un móvil 5G, y con las que buscan ofrecer un "valor diferencial más evidente" a los segmentos más altos del mercado.

En materia de inversiones, la compañía gastó 334 millones de euros, un 2,9% menos que entre enero y marzo de 2020, aunque esta partida probablemente aumentará notablemente una vez se celebre la subasta de la banda de 700 MHz, prioritaria para el 5G en España, que se espera para los próximos meses.

Clientes

Motivados por dicha caída de altas, los accesos de clientes cayeron casi un 2% en el primer trimestre hasta los 37,1 millones en el segmento minorista, mientras que, en el mayorista, el descenso fue de 2,5% hasta 3,67 millones.

En el segmento móvil, Telefónica cerró marzo con 18,7 millones de clientes, un 1,1% menos, una caída producida principalmente por el sector prepago donde la compañía ha perdido una quinta parte de los usuarios que tenía en marzo de 2020. Por otro lado, los clientes con contrato han aumentado un 0,3% respecto a este periodo, aunque han caído un 0,8% respecto al trimestre anterior. La televisión de pago también ha cedido un 3,4% de sus clientes y ha caído hasta los 3,8 millones de usuarios.

La fibra, no obstante, ha continuado creciendo y Telefónica cerró el trimestre con 165.000 nuevos accesos de fibra hasta el hogar, lo que supone un aumento interanual del 18,1% en el segmento mayorista y del 6,3% en el minorista. Asimismo, el número de unidades inmobiliarias pasadas por fibra era a finales de marzo de 25,63 millones, un 9,5% más que en marzo de 2020

Telefónica concluyó el primer trimestre con 4,78 millones de clientes de tarifas convergentes, que reportaban ingresos por cliente de 89,7 euros, una caída del 2,2% que rebaja a este indicador por debajo de 90 euros, aunque sigue siendo una cifra por encima de la media del mercado en un contexto de caída de precios en las operadoras. 

Este descenso es atribuido a la pandemia, al mayor peso relativo de los clientes de 02 y a la bajada de precio de otros competidores. En el campo de las tarifas convergentes, también han aumentado servicios como alarmas y salud, cuyos clientes se han incrementado un 26%.

El sector del ocio nocturno intenta forzar en los tribunales la reapertura inmediata de las discotecas. La Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, que ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional contra las medidas ordenadas por el Ministerio de Sanidad, ha solicitado además la suspensión de la aplicación de parte de la orden comunicada por el departamento de Salvador Illa a las comunidades autónomas el pasado 14 de agosto. ¿Qué quiere suspender concretamente la patronal? Dos artículos de la orden, el A1 y el B4, informan a infoLibre fuentes de España de Noche. Es decir, el cierre de discotecas, pubs y salas de baile y la limitación de horario de los locales de hostelería.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en un clima de creciente alerta por los rebrotes, acordaron el 14 de agosto por unanimidad el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas. A ello se sumaron nuevas obligaciones y restricciones para el resto de establecimientos de hostelería. La patronal España de Noche, que afirma representar a más de 50 asociaciones, formalizó el pasado 2 de septiembre un recurso ante la Audiencia Nacional contra las medidas ordenadas por el Gobierno y desarrolladas por cada una de las comunidades [ver aquí información en detalle]. Pero, mientras la Audiencia decide, España de Noche quiere el levantamiento provisional de las medidas de mayor impacto.

Los artículos de la orden ministerial cuya suspensión cautelar solicita la patronal son:

– A1: Cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo.

– B4: Cierre de los establecimientos de hostelería y restauración la 1.00 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de medianoche

Fotos del metro de Madrid

La justificación de la solicitud de suspensión de estos artículos reside en tres puntos, explica España de Noche. En primer lugar, siempre según el recurso de la patronal, la orden del Ministerio de Sanidad no respeta la Ley General de Salud Pública ni la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en aspectos como su duración y la posibilidad de audiencia pública de los interesados.

España de Noche considera las medidas desproporcionadas y discriminatorias, ya que según el recurso hay puntos donde se produce diariamente mayor concentración de personas y por lo tanto mayor riesgo, sin que hayan pesado medidas similares. El recurso incorpora fotografías del metro de Madrid atestado.

Perjuicio económico

Como segundo punto, España de Noche alega el perjuicio económico del cierre. Según la patronal, el confinamiento y las prohibiciones a los locales de ocio han hecho que, de marzo a agosto, hayan desaparecido el 23,29% de las empresas. España de Noche afirma que con las restricciones puede destruirse el 68,9% del tejido empresarial, 17.225 pymes de un total de 25.000, y 140.000 empleos. El tercer argumento es la supuesta falta de justificación, mediante informes epidemiológicos o memorias explicativas, de las medidas adoptadas.

La Audiencia deberá dictar un auto donde acepte o deniegue las medidas cautelares, explica España de Noche. Una posible suspensión sería un revés a la línea acordada por el Gobierno y las comunidades. En la orden comunicada a las autonomías, el Ministerio de Sanidad exponía que se había “incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos”. “Entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile). Los primeros son los más numerosos, pero los segundos afectan a grupos más grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que debido a las grandes dificultades de localización que generan impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control”, señalaba.

El 14 de agosto se hizo de noche para el sector de la hostelería, especialmente para el de la noche. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en un clima de creciente alerta por los rebrotes, acordaron por unanimidad el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas. A ello se sumaron nuevas restricciones para el resto de establecimientos de hostelería. Ahora el sector lanza una batalla judicial contra estas restricciones.

La patronal España de Noche, que representa a más de 50 asociaciones, ha presentado este mismo martes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las medidas ordenadas por el Gobierno y desarrolladas por cada una de las comunidades autónomas, confirma a infoLibre esta organización empresarial. Por su parte, la patronal Hostelería de España, que representa a 300.000 empresas, ha acordado la creación de una “comisión jurídica interterritorial” que “analice la interposición de manera coordinada de recursos de oposición por cada una de las comunidades, al tratarse de una norma nacional cuya transposición corresponde a cada una de las autonomías”, señala a este periódico su presidente, José Luis Yzuel.

El motivo de que Hostelería de España opte por iniciativas en las comunidades es que se trata de unas medidas dictadas por las autonomías, aunque acordadas con Sanidad. La orden del ministerio ni siquiera llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Es cada comunidad autónoma la que debía aplicarla, de forma concreta, en función de su normativa”, explican desde el departamento de Salvador Illa, para justificar que no se haya publicado en el muro oficial.

España de Noche sí tiene ya listo un recurso de escala nacional. Esta organización considera las medias adoptadas “absolutamente desproporcionadas” y un golpe “que no se merece” un sector que consta de 25.000 empresas y genera 200.000 empleos directos, suponiendo el 1,8% del PIB, según declaró a Europa Press el presidente de la patronal, Ramón Más, tras el anuncio de las medidas. España de Noche también exige un “plan de rescate” a las comunidades y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Múltiples iniciativas

El recurso ante la Audiencia Nacional no excluye la posibilidad de otras acciones legales a nivel provincial o autonómico, aclara la federación de asociaciones. De hecho, estas ya están teniendo lugar. Y abarcan tanto el ocio nocturno en particular como la actividad hostelera en general. Hostelería Madrid anunció este mismo lunes que ha presentado un recurso judicial contra las restricciones al sector, no sólo al ocio nocturno sino en su conjunto. La patronal ha decidido “interponer un recurso de oposición a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid que restringen la actividad de la hostelería, al considerarlas injustificadas, desproporcionadas y que suponen un agravio comparativo respecto a otros sectores de actividad”, informa Hostelería Madrid. Es una decisión que han adoptado ya numerosas organizaciones integradas en Hostelería de España, según su presidente, José Luis Yzuel.

La patronal Madrid Noche, por su parte, ha anunciado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de avalar la suspensión del ocio nocturno. El cierre no tiene “fundamentación epidemiológica”, en palabras del portavoz de esta organización, Vicente Pizcueta. En Galicia organizaciones de hosteleros de A Coruña, Luego y Pontevedra reclaman ante el Tribunal Superior de la comunidad la suspensión de la resolución autonómica que desarrolla la orden comunicada por Sanidad. Patronales de Aragón, Murcia y La Rioja también han optado por la vía judicial. Así lo hicieron las asociaciones de hostelería de Vizcaya y Guipúzcoa, que vieron desestimada su pretensión de forzar en los tribunales la reapertura del ocio nocturno. El TSJ de Cataluña también ha rechazado un recurso de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).

La justificación de las medidas

En la orden comunicada a las comunidades autónomas que propició el cierre de los locales de ocio nocturno, el Ministerio de Sanidad exponía que se había “incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos”. “Entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile). Los primeros son los más numerosos, pero los segundos afectan a grupos más grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que debido a las grandes dificultades de localización que generan impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control”, señalaba.

Ello justificaba, a juicio de Sanidad y las comunidades autónomas, unas medidas directamente lanzadas contra la actividad de los locales de ocio: el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Además, en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, se debía garantizar la distancia mínima de 1,5 metros en el servicio en barra y una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. Por último, la orden de Sanidad establecía como horario de cierre de los establecimientos la 1.00 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de medianoche.

Concentración en Madrid

El sector de la hostelería no sólo se mueve en los tribunales. Asociaciones de diversos puntos de España están movilizándose para una concentración prevista en Madrid el 9 de septiembre, concretamente a las 11.00 en la Plaza de Cibeles. El lema es "Salvemos la hostelería".

Su impulsora fue la patronal Hostelería Madrid, pero el tirón de la convocatoria ha traspasado ya el ámbito madrileño. Tiene el apoyo de Hostelería de España, de implantación nacional. Organizaciones de otras comunidades están confirmando su asistencia.

El teletrabajo venía de camino desde hace años. Así nos lo repetían estudio tras estudio. Avanzaba. Se prometía a todas horas su implantación definitiva. Pero no acababa de culminar. Hasta ahora, con el empujón del coronavirus. Y es posible que en adelante conserve posiciones, porque el viento de los tiempos sopla a su favor. Lo mismo ocurre con el proptech, la forma acortada y en boga de decir "property technology", es decir, la aplicación de la tecnología digital a la actividad inmobiliaria. También la digitalización del negocio de la vivienda venía ganando terreno desde hace años, comiendo terreno a los agentes tradicionales. Pero no se imponía. Ahora el coronavirus acelera el fenómeno, catalizado por el confinamiento, las restricciones a la movilidad, el teletrabajo y el uso masivo de tecnología...

Ayuda a entender el cambio en marcha el diagnóstico de Albert Bosch, director ejecutivo de Housfy, una pujante plataforma digital que ofrece el aliciente de la compra o la venta rápida, y que ha anunciado en plena pandemia la apertura de su servicio a todos los agentes inmobiliarios. "Todo el mercado se va a resentir... Un 10, un 15, un 20 por ciento. No se sabe. Pero lo seguro es que el que no se adapte a las nuevas maneras de hacer lo va a tener muy difícil", explica Bosch a infoLibre. ¿Qué son las nuevas maneras de hacer? Quizás sea mejor definirlas por oposición a las de siempre. "El sector inmobiliario tradicional es de mucho contacto. Cada día se va al notario, luego a ver al propietario... Un agente inmobiliario, ¿cuántas manos da al día? ¿Cuarenta?", explica Bosch. Al otro lado están las webs como Housfy, con todos los procesos digitalizados y un mensaje claro junto a un buscador: "Vende tu casa en 60 días".

La digitalización no supone sólo un cambio formal o de herramientas. Implica profundas transformaciones. El dato, ligado al conocimiento y segmentación del cliente, se coloca en el centro de los procesos. También lo explica Bosch, que antes de Housfy fue CEO de Groupalia, otra startup, en este caso de ofertas de ocio, servicios y productos: "Cuando un agente inmobiliario tradicional capta un piso, va a tu vivienda a hacerte una valoración. Nosotros calculamos el precio en en base a datos reales de transacciones en las calles en las que vives". El primer lunes con posibilidad de hacer visitas concertadas, Housfy vendió tres viviendas, por debajo de la media, de ocho, pero un resultado "satisfactorio" dentro de las circunstancias. "Dentro de lo malo", subraya, los cambios acelerados por el covid-19 "beneficiarán" su modelo de negocio.

La "ventaja" del "dato"

Este párrafo del informe Transformación Digital. Hoja de ruta para la transformación digital de la compraventa y alquiler de vivienda, del Instituto de Empresa, es elocuente sobre la mentalidad que acompaña a la digitalización del negocio: "Los singles o neosolteros, los diok’s –double income other’s kids, evolución de los dinky–, los seniors o los silver surfers, las mujeres alfa, los hombres beta, los kidults o adultescentes o peterpan, la Generación NET, los geeks o tekkies, los homo mobiles o neoconectados, los socialmitted, los startuperos, los boup o "bottom of the urban pyramid", los co-users, cooperativos y colaborativos, los egobalancers, los dietaddicts, gourmets, los luxuryness o los élite, además de hipsters, indies, twees, darks, emos, sporters, ecotrendies y wellbeings hacen necesario invertir tiempo en entender qué nuevas necesidades debemos satisfacer en el presente y en el futuro".

Se trata, añade el informe, de "colectivos cuya característica clave es que pivotan alrededor de un interés común". Y apunta: "Parece lógico concluir que el diseño de servicios personalizados alrededor de intereses concretos de cada colectivo será un punto crítico para incluir en la nueva propuesta de valor tanto para el alquiler de vivienda, como para la compra". El "dato" se erige como "ventaja competitiva", añade el informe. Y nada como el entorno digital para acaparar datos.

Un mundo en ebullición

La digitalización se materializa en multitud de tipos de empresa: centradas en el P2P, la compraventa, la presentación digital del "producto" –realidad aumentada y virtual–, la domótica, el software o el big data –aplicado a las valoraciones y tasaciones, análisis, investigación, geolocalización–. La mejor panorámica la ofrece el Informe Proptech que realiza la consultora Savills Aguirre Newman. Su última edición, de abril de 2019, detallaba que en seis años se habían creado 174 compañías, hasta alcanzar las 238. Finnovating contabliza 334 empresas en diciembre del año pasado. Se trata de un mundo en ebullición.

El auge del fenómeno ha sido gradual. La generalización de Internet a principios de siglo propició la creación de startups relacionadas con el mercado inmobiliario. Las más destacadas han sido los portales Idealista y Fotocasa, de los que se puede decir que han cambiado la forma de ofrecer y buscar vivienda en España. Más tarde, entre 2008 y 2012, se produjo un incremento en la oferta de servicios en el sector inmobiliario, a raíz del cual aparecieron las conocidas como plataformas P2P, donde firmas como Airbnb y Homeaway han ocupado posiciones prominentes.

Sobre los cascotes de un sector de vivienda machacado por la anterior crisis se han ido levantando una miríada de empresas que, con marchamo de vanguardismo, han ido ganando espacio a los operadores "tradicionales". "Desde 2017 la participación de fondos de inversión, promotores, patrimonialistas, socimis y consultoras en el ecosistema proptech ha tenido reflejo en una mayor profesionalización del sector [...]. Empezaron a forjarse fusiones, adquisiciones y colaboraciones, generando más conocimiento y dando mayor visibilidad al cambio tecnológico", señala el informe de Savills Aguirre Newman.

Hoy en el mapa proptech conviven portales (entre ellos, Fotocasa, Idealista, Vivados, Nestoria o Ruralia), plataformas P2P para alquiler (como Airbnb, Windu, Bytherent, Rentalia o Bemate) o para venta (The Lemon Key, Housfy, Housell, Properista, Tudomus, Cliventa...), firmas de big data (Madiva, Realo, Homeprice, Valoris...), de inversión (como Housers)... También han florecido las conocidas como ibuyers o instant buyers, empresas que usan la tecnología para hacer ofertas por viviendas al instante, como Tiko o Brickbest.

Prácticas sofisticadas

Sin hacer mucho ruido, se van instalando en el sector inmobiliario prácticas cada vez más sofisticadas. Empresas como Inveslar, Privalore, Bricks and People o Urbanitae, por ejemplo, encuentran inmuebles pendientes de reforma, pactan un precio, buscan miles de mecenas que participan con su capital, reforman el piso, lo ponen en alquiler y, finalmente, lo venden.

"Estas plataformas digitales (y las proptech que hay detrás) han añadido un componente muy interesante en el sector inmobiliario al facilitar la compra de participaciones de un piso (en lugar de un piso al completo). Hasta ahora, sólo grandes fondos de inversión o particulares con derecho de usufructo habían invertido en viviendas. Ahora, el capital no tiene por qué ser sólido", exponía en enero la Sareb en su publicación Huellas.

Golpe al trabajo presencial

Mientras tanto, la actividad tradicional de las inmobiliarias, la presencial, comenzó a retomarse la segunda semana de mayo. José María Alfaro, coordinador general de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), afirmaba tras la primera jornada que la reapertura iba despacio. "Muchos asociados nos reportan que están posponiendo hasta el día 11. Abrió una de cada tres, en el mejor de los casos", afirmaba tras el primer día. Gradual y tímidamente, se ha ido retomando la actividad. Pero aún está lejos, muy lejos, de la normalidad. 

La crisis ha supuesto un golpe brutal para el sector. Según los cáculos de la FAI, "entre dos de cada tres, como mínimo, y hasta tres de cada cuatro inmobiliarias" se han acogido algún tipo de ERTE. Medios económicos manejan previsiones de cierre de entre 10.000 y 15.000 oficinas, aunque la FAI considera estos cálculos prematuros. Lo seguro, tan seguro como el auge del teletrabajo, vuelve a ser la pujanza digital. "Esta crisis sanitaria nos lleva a utilizar herramientas que sabíamos que estaban ahí y no eran de uso extendido. Ahora las hemos tenido que usar por razones de fuerza mayor. Esto es un empujón importante para la profesión a la hora de utilizar las herramientas tecnológicas", indica Alfaro a infoLibre. Eso sí, recalca que hay una parte de trabajo "persona a persona" que será "muy difícil de sustituir" y que habrá de retomarse poco a poco.

Movimientos en plena pandemia

Hamzah Shamma, experto proptech en Savills Aguirre Newman, observa que, en todos los ámbitos, "la digitalización se puede acelerar". Pone como ejemplo el teletrabajo, donde se están desarrollando a toda velocidad prácticas que, en otro contexto, hubieran llevado más tiempo. No obstante, prefiere la cautela en cuanto a los derroteros del sector Proptech. "Es muy pronto. Todavía hay que esperar a que todo se asiente y ver las decisiones que toman las empresas", señala.

Otros análisis son más taxativos. "La empresa inmobiliaria post covid-19 será digitalizada o no será", solemnizaba el portal Inmodiario como "conclusión" de un encuentro del sector para analizar la situación.

Aunque, con la economía congelada y el desconfinamiento plagado de incertidumbres, los pronósticos se hacen con cautela, hay un importante consenso en torno al auge del proptechproptech. Y se suceden movimientos significativos. En plena pandemia, el 1 de abril, Casavo, uno de los instant buyers de referencia en Europa, anunció un nueva app "para realizar una visita en remoto de tu casa, poder valorarla y comprarla". La empresa italiana lo presenta como "una idea revolucionaria".

La propia Housfy ha anunciado en plena pandemia la apertura de su plataforma a todos los agentes inmobiliarios. La idea de la compañía es "acelerar el proceso de digitalización del sector" durante la crisis, como indicó su director, Albert Bosch, a Ejeprime.

Tiko, otra plataforma de venta rápida, tiene abierto un apartado con una propuesta directa: "Vende tu casa a pesar del confinamiento". Los planes de la compañía, incluso en plena pandemia, son ambiciosos. “Nuestro objetivo es aumentar en un 300% el volumen de operaciones. Por ponerlo en perspectiva, el 17% de las compraventas de Madrid ya pasan por nuestras manos y esta cuota de mercado es incluso superior en otras ciudades como Sevilla, en donde sube hasta un 24%. Si bien la situación actual va a afectar en el corto plazo, esperamos compensarla en el medio plazo”, indicaba su directiva Ana Villanueva a Idealista, donde estos días se suceden las referencias al auge del proptech.

Necesidad de transparencia

Hay voces que alertan de los riesgos del boom de la digitalización de un mercado escasamente regulado o transparente. Los mecanismos de filtrado por precio o zona, claves para el éxito de las plataformas digitales, no han supuesto ni una democratización del mercado ni mayor transparencia, recalca Jaime Palomera, investigador del Institute of Government and Public Policies (IGOP) y La Hidra Cooperativa y doctor en antropología económica, que cree que habría que revertir el hecho de que plataformas como Idealista sigan siendo hoy día claves para la elaboración de informes oficiales sobre precio de la vivienda, caso de los realizados por el Banco de España.

"Se suele plantear que estos portales son herramientas de transparencia que lubrican oferta y demanda de forma óptima, pero esto es pura ideología", señala Palomera, que destaca que en realidad suele tratarse de plataformas "que trabajan con código cerrado y enorme opacidad", lo que le lleva a la "sospecha" de que generan "horquillas de precio" artificialmente altas. "La financiarización de la vivienda ha contribuido a que gran parte de las gestiones sean digitales. Ahora habrá más actores que sean digitales y las usen. Pero eso no es lo importante, sino lo que ocurre a ras de suelo, en las calles y los barrios. Y ahí todos los factores de la demanda caen, como el poder adquisitivo y el turismo", señala Palomera, que anima a afrontar una "reconversión" del sector de la vivienda para garantizar el ejercio efectivo del derecho a la misma.

El PSOE, el PP y Vox han tumbado este martes, por tercera vez en este mes de marzo, una petición para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I y sus supuestas cuentas en Suiza. En esta ocasión la iniciativa que ha sido vetada había sido promovida por Esquerra Republicana (ERC), el PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG y Compromís.

El órgano de gobierno que preside Meritxell Batet se ha reunido este martes de forma telemática para analizar y calificar, en cada caso, las numerosas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios en los últimos días. Sin embargo, esta solicitud, que los independentistas y nacionalistas registraron el pasado 19 de marzo, ha sido rechazada con los votos del PSOE, PP y Vox. Unidas Podemos, por su parte, ha votado a favor de debate de esta petición, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Al igual que en iniciativas similares anteriores, los tres partidos se han apoyado en los informes de los letrados del Congreso, que alegan que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta que la Cámara Baja no puede controlar al rey.

Más de 12.500 millones de euros de ingresos en un año. Cerca de 400 millones de beneficios. Y un creciente interés de los inversores. Son los trazos que describen la dimensión económica de la educación privada no universitaria en España. Se trata de un sector poco conocido, resistente a la concentración, donde no sobresale ningún transatlántico empresarial y destaca el papel de la Iglesia. Es una área de actividad distorsionada por esa figura híbrida típicamente española, la educación privada financiada con fondos públicos, la llamada concertada, que compite con reglas distintas en un raro ecosistema mixto, en el que la fuerza del mercado intenta ganar espacio a la planificación de la autoridad educativa.

Detrás de todos los debates políticos vinculados al "sistema mixto" o la "red dual", ¿qué cifras contantes y sonantes componen la realidad económica del negocio de los colegios privados, con más de dos millones y medio de alumnos?

Ingresos

Los datos más recientes los ofrece el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). El sector de los colegios privados –privados-privados y concertados– en España, que suman en torno a 9.400, tuvo en 2019 unos ingresos de 12.625 millones, un 0,91% más que en 2018. La línea de ingresos es creciente desde 2014, cuando los ingresos fueron de 12.000 millones.

El dato de 2019 es todavía una estimación elaborada a partir de previsiones de las empresas y de resultados presentados durante el primer trimestre de 2020, aclaran desde Informa. No todas las empresas han presentado ya cuentas, por lo que es imposible un dato cerrado. No obstante, en años anteriores la previsión se ha ajustado al resultado final. En 2018, por ejemplo, la estimación de ingresos fue de 12.475 millones y el resultado final de 12.510. 

Ha subido un 5,2%. De la cifra global de ingresos de 2019 (12.625 millones), 10.050 millones, un 79,6%, corresponden a la educación concertada, que subió un 0,09% con respecto al ejercicio anterior. Es el tercer año consecutivo en que el negocio de la concertada en España supera los 10.000 millones. Más de la mitad de estos ingresos provienen de fondos públicos. Recorriendo la serie de informes de este observatorio –que se basa en las cuentas empresariales de los centros no universitarios–, consta un sostenido crecimiento interanual de los ingresos de la concertada, en ningún caso desmedido, siempre por debajo del 1%. Entre 2015 y 2018, los ingresos de la educación privada financiada con fondos públicos han pasado de 9.895 a 10.050 millones de euros, una subida total del 1,56%, lenta pero ininterrumpida.

Los ingresos de la privada-privada han pasado de 2.155 millones en 2015 a 2.575 en 2019, un incremento del 19,48%. Una subida mucho más pronunciada.

Beneficios

Para ver los datos de beneficios hay que ir al Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, al apartado de resultados corrientes de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada. Su última edición es de 2014-2015. Ese curso, había en España 9.334 centros educativos no universitarios, una cifra que se ha mantenido bastante estable hasta hoy. Sus beneficios alcanzaron en 2014-2015 los 385,14 millones, de los que 205,64 correspondieron a los concertados y casi 180 a los privados-privados. En este dato entra toda la educación no universitaria: Infantil de primer y segundo ciclo, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Si sólo nos centramos en Primaria y Secundaria, ambas obligatorias, los beneficios son de 248,96 millones, de los que 136,55 millones son para la concertada.

El resultado de beneficio global no hay que mirarlo a la luz de los ingresos detectados por DBK, sino del propio INE. En 2014-2015, los ingresos de los colegios privados ascendieron según el INE a 10.963,79 millones (más de mil millones menos que los calculados por Informa para 2014 o 2015, cuya estimación es "más alta", aclaran desde la empresa). Unos beneficios de 385,14 millones sobre unos ingresos de 10.963,79 suponen un porcentaje del 3,51. Pero no es homogéneo en los privados-privados y los concertados. Los primeros son mucho más eficientes, atendiendo a la relación entre ingresos y beneficios. Con unos ingresos de 8.518 millones, los concertados obtuvieron en 2014-2015 un resultado positivo de 205,64 millones, el 2,41%, según los datos del INE. En cuanto a la privada-privada, con unos ingresos de 2.445,55 millones, logró un resultado favorable de 179,49 millones, un 7,33%.

La enseñanza privada-privada es más eficiente que la concertada, mirando su rentabilidad. Apunta a la misma conclusión el examen hecho por Informa de las cuentas de pérdidas y ganancias de una treintena de empresas "muy orientadas la mayoría de ellas a la gestión de colegios privados no concertados" y con una facturación anual de 550 millones de euros. Los tres ratios de rentabilidad ofrecen cifras más que aceptables: 10,6% de ROE (Return of Equity, resultado del ejercicio entre patrimonio neto), 8% de ROI (Return on Investment, resultado de explotación más ingresos financieros entre activo total) y 9,6% de ROS (Return on Sales, resultado de explotación entre ventas y otros ingresos de explotación).

Estructura del sector

La línea de los beneficios es descendente, aunque sólo es posible ver una muestra siguiendo los datos del INE, cuya última encuesta es sobre el curso 2014-2015, cuando sumaron a 385,14 millones. En el curso 2009-2010, sólo cuatro ejercicios antes, los beneficios alcanzaron los 490,59 millones. La bajada, de 105,45 millones, se concentró fundamentalmente en la enseñanza concertada, que se dejó 90 millones.

Víctor Núñez, consejero delegado de Éxito Educativo, web de análisis en profundidad del sector, da claves para entender estos datos. "Hay que tener en cuenta que la educación concertada, en su mayor parte, sigue en manos de congregaciones religiosas, que en sí mismas no tienen ánimo de lucro, y de fundaciones", señala Núñez.

El origen de la concertada, la incorporación de facto a la red pública en 1985 de la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX para atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural, condiciona aún la realidad actual del sector. Se trata de congregaciones con una vocación de influencia social, religiosa, ideológica que supedita incluso al fin económico. Conviene recordar que, en paralelo al progreso de la secularización, la Iglesia viene compensando en las aulas su pérdida de influencia en el púlpito. Además, la red de colegios concertados le sirve de cantera para su red universitaria católica, que vive una auténtica primavera económica [ver aquí].

"Es diferente el caso", apunta Núñez, "de la llamada nueva concertada, con origen en cooperativas o empresas privadas, sociedades anónimas o limitadas, donde sí hay un ánimo de lucro, legítimo por otra parte".

La fuerte competencia entre las redes pública, concertada y privada se erige como una posible explicación del retroceso de los beneficios en el ciclo 2009-2015 que desvelan los datos del INE. El consejero delegado de Éxito Educativo es cauto en el análisis, pero recuerda que es un sector exigente. "Los centros han tenido que que hacer inversiones fuertes, acometer la transformación digital, modernizar infraestructuras... No es fácil. Y además, ha habido una caída de la natalidad que los colegios notan, naturalmente", señala. No obstante, Núñez cree que es un sector interesante para un capital en busca de "refugio en tiempo de crisis".

Movimientos y compras

Ese interés está demostrado por los hechos. Víctor Núñez detectó hace casi un año una tendencia creciente. "Hemos visto la compra de los colegios San Patricio por parte de grupos internacionales como Inspired, pero antes entraron otros grupos y fondos internacionales como Providence Equity Partners, que adquirió el grupo Nace Schools; el grupo sueco IES (Internationella Engelska Skolan) con la compra del Grupo Educativo Iale-Elian’s [...]; o antes International School Partnership, con los siete colegios Laude", señala Núñez en su artículo Algo se mueve en el negocio de la educación.

Los movimientos no atañen sólo a la educación privada-privada, sino también a la concertada, "tradicionalmente en manos de la Iglesia", señala Núñez, pero a la que "se han ido sumando otros tipos de titularidad como las cooperativas, centros fundados o comprados por grupos inversores de sectores como la hostelería, la alimentación, la construcción...". "Algunos de ellos, tristemente, han ocupado titulares por estar vinculados en su origen a tramas de corrupción", añade Núñez, en referencia al caso Púnica.

Principales grupos

Informa, en su estudio sobre el curso 2018-2019, detecta también que "en los últimos años se han implantado en el sector grupos educativos y fondos de inversión extranjeros a través de la compra de sociedades gestoras y centros ya operativos, configurando nuevos grupos de cierto tamaño".No obstante, el sector presenta todavía una alta fragmentación, reuniendo los cinco primeros operadores –excluyendo congregaciones religiosas– solo el 2,80% de los ingresos totales generados en 2018 por los centros privados concertados y no concertados.

¿Cuáles son los principales grupos ya implantados? Preguntada por infoLibre, Informa responde con un listado de nueve grupos: Globeducate, que controla los colegios Ágora, comprados en 2017 por el fondo estadounidense Providence Equity; Gredos San Diego, especializado en concertada; Attendis y Fomento de Centros de Enseñanza, ambos vinculados al Opus Dei, que trabaja tanto enseñanza privada como concertada, y cuya posición sobresale en la educación diferenciada por sexos –niños y niñas separados–; Institució Familiar d’Educació, con mucho arraigo en Cataluña e ideario católico; Educación y Sistemas; las cadenas internacionales International School Partnership e Inspired; y la histórica Institución Educativa SEK.

Un modelo en el punto de mira

El punto más delicado del espectro es la concertada, porque forma en la práctica parte de la red pública, al ser pública su financiación, pero se trata de centros privados. La ley Celaá ha puesto la concertada bajo el foco. La ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, insiste en que su objetivo no es alterar la correlación de fuerzas entre la red pública-pública y la red privada financiada con fondos públicos, a pesar de que los datos indican un desequilibrio a favor de esta última [ver aquí y aquí]. Pese a las palabras de Celaá, la supresión de la "demanda social" como eje de la planificación de plazas y las medidas contra la segregación escolar han sido interpretadas por el sector de la concertada como una amenaza a su estatus. Escuelas Católicas –que afirma representar al 60% de los centros concertados–, la Confederación Católica de Padres de Familias (Concapa) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) han dado la alerta contra la norma.

A menudo el conflicto es planteado como si sólo hubiera una discrepancia sobre la idea de modelo: más "libertad de elección" para las familias, como defienden estas organizaciones y PP, Cs y Vox, un esquema ensayado en la Comunidad de Madrid y que ahora se empieza a imitar en Andalucía; o más control sobre los procesos de asignación de plazas por parte de la autoridad educativa, el modelo que –con matices– propugnan PSOE y Unidas Podemos. Pero no es sólo eso. Hay intereses detrás. El sector de la educación concertada ingresa más de 10.000 millones de euros euros al año, con un beneficio que ronda los 200 millones.

Más de la mitad de estos ingresos provienen del Estado. El gasto público en conciertos y subvenciones a la educación privada supuso en 2018 un total de 6.342 millones de euros, según datos del Ministerio de Educación. El gasto público en la red concertada viene creciendo a mayor ritmo que el gasto público en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis. Este auge de la educación concertada se produce mientras el gasto público educativo en relación con el PIB está en un 4,23%, lejos de su récord de 2009, cuando alcanzó un 5,04%. El gasto público en educación con respecto al total del gasto público (10,13%) también está por debajo de 2009 (10,9%) y 2008 (11,25%).